Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial ( Sala Ii) de Azul
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Decretar la deserción del recurso de apelación oportunamente deducido por J. L. por sí y en representación de P. G. S.A. (arts.260 y 261 del Cód. Proc.).
2Confirmar la sentencia apelada de fs.664/672vta., en lo que ha sido materia de agravio.
3Imponer las costas de alzada a los demandados apelantes que han resultado vencidos en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.).
4Regular los honorarios de la Dra.
V. A. S., en la suma de pesos ... ($...), los del Dr. R. A. S., en la suma de pesos ... ($...) y los del Dr.G. L. C., en la suma de pesos ... ($...), en todos los casos, con más aporte legal e IVA en caso de corresponder, Confirmándose, así dada la forma de apelación, con respecto a la Dra. S. la regulación de fs.672/672vta., Modificándosela en lo demás que decide (arts.10, 15, 16, 21, 51 y 54 del Decreto Ley 8904/77). Por los trabajos realizados en esta instancia, se regularon los honorarios en la siguiente forma: los de los Dres. J. H. A. (h) y V. A. S., en la suma de pesos ... ($...) a cada uno; y por los que originaron el dictado de la presente, los del Dr. J. H. A. (h) en la suma de pesos ... ($...), en todos los casos con más aporte legal e IVA en caso de corresponder (art.31 Dec Ley 8904/77).
Causa nº: 2-58323-2013 "C. M. R. C/ P. G. SA Y OTROS S/ INTERVENCIÒN JUDICIAL- DILIGENCIAS PRELIMINARES "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N°2 -OLAVARRIA-
Sentencia Registro nº: 60 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 10 días del mes de Junio del año Dos Mil Catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, encontrándose excusado el Dr.Jorge Mario Galdós (arts. 47 y 48 Ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados: “C. M. R. C/ P. G. S.A. Y OTROS S/ INTERVENCIÓN JUDICIAL – DILIGENCIA PRELIMINAR”
(Causa N° 58.323), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. PERALTA REYES- Dra. LONGOBARDI.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Corresponde decretar la deserción del recurso de apelación interpuesto a fs.680 por J. L., por sí y en representación de P. G. S.A. ? 2da. ¿Es justa la sentencia apelada de fs.664/672vta.?
3era. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. PERALTA REYES, dijo:
Contra la sentencia dictada a fs.664/672vta., interpusieron recurso de apelación los demandados F. L., E. L., ambos por derecho propio, y J. L., por sí y en representación de P. G. S.A. (fs.680), el que fue concedido libremente mediante auto de fs.681.
Elevadas las actuaciones a esta alzada se dictó la providencia de fs.684, a los fines de que expresaran sus agravios los referidos apelantes. Practicada la notificación de esta providencia en debida forma (fs.685/685vta.), puede advertirse que la expresión de agravios de fs.688/695 ha sido presentada únicamente por E. L. y F. L., ambos por derecho propio. En consecuencia, habiéndose emitido el pertinente informe de secretaría, corresponde decretar la deserción del recurso de apelación oportunamente deducido por J. L., por sí y en representación de P. G. S.A. (arts.260 y 261 del Cód. Proc.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. El presente proceso tuvo su inicio con la demanda de remoción de administrador y/o directorio que, en forma conjunta con medida cautelar de intervención judicial, promovió M. R. C. contra P. G. de Olavarría S.A. (comercio "M." o "M."), J. A. L., E. G. L. y F. L.. Se sostuvo en dicha demanda que en el año 1992 se constituyó la firma P. G. de Olavarría S.A., la que en el mes de diciembre de ese año procedió a la inauguración del emprendimiento gastronómico que comenzó a girar con el nombre "M.", en calle Rivadavia n° 2730 de Olavarría. Dicho negocio se instaló sobre un local de propiedad de J. A. L., quien, además, tenía el conocimiento y la capacidad para conducir el comercio; por lo que en los inicios del emprendimiento, J. A. L. manejó en forma personal y con eficiencia el negocio, y no admitía casi sugerencias de sus socios (fs.15/16). Adujo el demandante que la situación comenzó a complicarse cuando, en el año 1999, tuvo que trasladarse a la ciudad de Buenos Aires por razones laborales; razón por la cual comenzó a plantearle a L. la necesidad de que le rindiera cuentas, así como también la posibilidad de que éste último le adquiriera su participación accionaria, que para ese entonces era del orden del 50%, teniendo en cuenta que la sociedad fue recomprando las acciones de los socios salientes (por lo que tan solo quedaron L. y C. como titulares de todo el paquete accionario). Expresó el actor que se realizaron tratativas por intermedio de un notario, a fin de establecer el valor de cada proporción accionaria, pero sostuvo que L. se negó a llegar a un acuerdo, y no sólo no rindió cuentas, sino que ni siquiera se avino a exhibir la documentación del negocio (fs.16vta.).
Prosiguiendo con el relato de los hechos de la demanda, dijo el actor que se fue enterando que la razón social del negocio había variado, tras lo cual señaló que L. le negó lisa y llanamente su calidad de socio, en base a una supuesta venta de acciones que nunca existió, habiéndole manifestado, asimismo, que la sociedad se había disuelto por resolución de Asamblea General Extraordinaria y en base a la causal del art.94 inciso 8 de la ley 19.550 (fs.17, primer párrafo, y fs.17vta., in fine). Luego de aseverar el actor que nunca vendió o cedió sus acciones de la mencionada sociedad, y que jamás se resolvió en asamblea la disolución de la sociedad, pasó a cuestionar una supuesta asamblea protocolizada con fecha 16 de setiembre de 1997, a la que compareció J. A.
L. en su calidad de único accionista poseedor de la totalidad del capital social (como consecuencia de la adquisición de las acciones de C.), y donde se resolvió la disolución de la sociedad por reducción a uno del número de socios (fs.18/18vta.). Fue así que el actor denunció la comisión de distintos delitos por los que ha resultado defraudado, los que consistieron en el falseamiento de los libros sociales, ya que nunca cedió sus acciones ni a L. ni a ningún otro socio, y en el vaciamiento de la empresa gastronómica. Así expresó el actor que en enero de 1999, J. L. obtuvo la baja del negocio, y, simultáneamente, lo dio de alta su hijo F. L. (fs.18vta./19). Precisando los términos de la acción de fondo intentada, puntualizó el actor que, en forma paralela con la cautelar de intervención judicial, la misma persigue la remoción del directorio de P. G. de Olavarría S.A. (fs.20/20vta.). Dijo contar con legitimación activa en su calidad de socio de la sociedad demandada (fs.20vta./21), y se explayó en consideraciones sobre la legitimación pasiva de los accionados y los diferentes aspectos de la intervención judicial pretendida (fs.21/24vta.).
II. La referida demanda fue contestada por J. A. L., por sí y en representación de P. G. de Olavarría S.A., quien sostuvo que el actor no tiene ninguna participación accionaria por haber cedido sus acciones, y que la sociedad se disolvió por la causal prevista en el art.94 inciso 8 de la ley 19.550, esto es, la existencia de un solo socio (fs.106). Adujo que se le extravió el instrumento que firmaron en su momento y que incluso no recuerda precisamente el precio final de la cesión, si bien indica la forma en que se habría pagado dicho precio (fs.106vta.). Dijo que por asamblea extraordinaria fue designado liquidador de la sociedad en su carácter de único socio (fs.106vta.), opuso excepción de falta de legitimación pasiva y afirmó que no existe ningún manejo societario errado que justifique su remoción (fs.107). Con invocación del art.848 inciso 1 del Código de Comercio, que establece un plazo de prescripción de tres años para las acciones derivadas del contrato de sociedad y de las operaciones sociales, planteó defensa de prescripción como cuestión de fondo a resolver en la sentencia definitiva (fs.108vta./109). Se refirió, finalmente, a la situación económico-financiera de la sociedad (fs.109/109vta.).
A su turno, contestaron la demanda F. L., por derecho propio y en su carácter de propietario del fondo de comercio denominado M., representado por J. A. L. (conforme copia de poder de administración que se agregó a fs.112/114), y E. L., por derecho propio, quienes adhirieron a la contestación de demanda analizada en el párrafo precedente (fs.115/115vta.).
La parte actora contestó el traslado que le fue conferido, desconociendo la autenticidad y validez legal de la documentación allegada con la contestación de demanda; insistió en que nunca vendió las acciones de P. G. de Olavarría S.A. (ni a J. A. L. ni a nadie); y contestó las excepciones de falta de legitimación pasiva y de prescripción, solicitando el rechazo de las mismas (fs.183/184vta.). Tras ello, se abrió la causa a prueba por el plazo de cuarenta días (fs.185).
III. Habiendo transcurrido el período probatorio se arribó al dictado de la sentencia de la anterior instancia (fs.664/672vta.), que ha llegado apelada a esta alzada.
En la sentencia apelada se analizó, en primer lugar, la falta de legitimación pasiva articulada en autos, desestimándose la misma mediante una referencia a la situación de cada uno de los codemandados, a quienes se consideró involucrados en el litigio (fs.668vta./669). Seguidamente, se examinó la defensa de prescripción y se puntualizó que el plazo de prescripción no ha comenzado a correr, razón por la cual se concluyó en su rechazo (fs.669/670).
Luego destacó la a quo que no se encuentra controvertida la constitución de P. G. de Olavarría S.A., con fecha 15 de agosto de 1992, entre el actor M. R. C. y los Señores M. M. y E. G. L., la que tuvo por objeto la explotación del negocio gastronómico denominado "M.", con domicilio en calle Rivadavia n° 2730 de Olavarría; habiéndose procedido a la inscripción de la sociedad en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas con fecha 29 de marzo de 1993. Adujo que tampoco está controvertido que a J. A. L., si bien no fue socio fundador, se le confirió la gestión y administración del negocio, por ser quien tenía el "know how" sobre el rubro (fs.670).
Tras ello, entendió la magistrada que el hecho controvertido medular de autos resulta ser si existió la compra de la totalidad de las acciones por parte de J. A. L. a M. R. C., conforme da cuenta el acta de protocolización de asamblea agregada a fs.100/100vta., así como la copia del libro societario glosada a fs.101/102, de donde resulta que se procedió a la disolución de la sociedad P. G. de Olavarría S.A. (véase fs.670, último párrafo).
Y aquí se estableció la decisión central del pronunciamiento de grado, al puntualizar la juzgadora que luego del análisis de las pruebas colectadas en el presente proceso civil y en la allegada causa penal, debe concluirse en que la referida compra de acciones no se encuentra acreditada y que, por ende, los actos llevados a cabo deben reputarse inoponibles al actor M. R. C. (fs.670vta., segundo párrafo). Expresó la sentenciante que en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas sólo obra el trámite de inscripción de la sociedad, no habiéndose registrado ninguna modificación societaria; tras lo cual afirmó que habida cuenta de la existencia de modificaciones sociales realizadas en perjuicio del actor, las mismas deben considerarse inoponibles a éste (véanse las consideraciones de fs.670vta., párrafos tercero y cuarto).
Luego de sentar la decisión antedicha examinó la juzgadora el objeto procesal planteado por el actor (remoción de administrador y/o directorio de P. G. de Olavarría S.A. y comercio "M." o "M."), para contrastarlo con la realidad de los hechos. Y así sostuvo que la explotación del comercio "M." ya no resulta ser de titularidad de aquella sociedad que integraba el actor M. R. C.; para continuar precisando que, en los hechos, dicha sociedad primigenia fue disuelta (sólo ha quedado con su forma ya que todavía perdura su inscripción registral). Aclara que todas estas mutaciones le son inoponibles al actor, conforme a la conclusión del fallo a la que he referido en el párrafo anterior (fs.670vta./671, considerando V).
En base a dicha valoración de la situación fáctica, en la sentencia apelada se entendió que ha devenido abstracta la acción de intervención judicial y remoción de directorio, por cuanto resulta materialmente imposible remover algo que actualmente no existe; todo ello sin perjuicio de los derechos del socio actor que ha sido excluido contra todos los participantes de dicha exclusión, los que deberán hacerse valer en otro proceso (puesto que en éste no se ha intentado), conforme también la reserva que el propio actor formuló en el capítulo VIII del escrito de demanda (fs.671vta., segundo párrafo).
Como consecuencia de ello, se resolvió declarar abstracta la cuestión planteada en la demanda en relación a la remoción de administrador y/o directorio, declarándose, a su vez, la inoponibilidad de las modificaciones sociales realizadas en perjuicio del actor, con costas a la parte demandada (fs.671vta., cuarto párrafo, y fs.672, punto 2). También se procedió a la regulación de honorarios profesionales (fs.672/672vta.).
IV. La referida sentencia fue apelada por todos los demandados (fs.680), pero en esta instancia sólo expresaron sus agravios E. L. y F. L., ambos por derecho propio, mediante la pieza glosada a fs.688/695. Es así que al tratarse la primera cuestión se decretó la deserción del recurso deducido por J. L., por sí y en representación de P. G. S.A. (arts.260 y 261 del Cód. Proc.). También se dedujeron recursos contra la regulación de honorarios practicada en el fallo (fs.675 y 688). En su escrito recursivo aducen los mencionados apelantes que en la sentencia debió rechazarse la demanda, toda vez que la parte actora no acreditó los extremos fácticos y jurídicos que hacen a su pretensión. Consideran absurdo y carente de fundamento que la juzgadora concluyera en que la cuestión principal devino abstracta, lo cual resulta contradictorio con las consideraciones formuladas para arribar a tal conclusión (fs.688/688vta.). Expresan que se ha invertido arbitrariamente la carga de la prueba, puesto que en el marco del objeto procesal de la acción intentada, la parte actora debía probar que en autos se daban los extremos fácticos y jurídicos que hacían procedente la remoción de los administradores y/o directores (fs.688vta./689). Así sostienen que en autos no hay prueba alguna que acredite el sustrato fáctico de lo que constituye el objeto procesal, esto es, el mal desempeño de los directores y/o administradores que sostenga la remoción peticionada (fs.690). Y en función de ello dicen los apelantes que a través de una inexplicable declaración de abstracción se omite resolver la cuestión sometida a decisión de la a quo, produciéndose una contradicción entre la conclusión de la sentencia y sus considerandos (fs.690).
Manifiestan los recurrentes, más adelante, que no hay ni afirmación ni prueba de ninguna de las partes, que puedan sostener la referencia contenida en el fallo a que la sociedad ha ido mutando, o a que se han realizado en la misma modificaciones sociales. Recuerdan los términos de los escritos iniciales, donde el actor afirmó que la sociedad existe y que tiene en la misma una determinada participación accionaria, mientras que ellos afirmaron que la sociedad fue disuelta y que la explotación gastronómica corresponde ahora a la familia L.. Por esta razón interpretan los apelantes que si en la sentencia se resolvió que la cuestión devino abstracta es porque la sociedad no existe, y si no existe es porque se aceptó la validez de la disolución por ellos invocada. Aducen, seguidamente, que la referencia a que la sociedad no existe en los hechos, no constituye una categoría jurídica válida que pueda sostener un fallo (fs.691). Luego realizan una descripción de las pruebas de la disolución societaria por ellos alegada, asumiendo la limitación derivada del extravío del instrumento de cesión de las acciones del actor (fs.691vta.). Pese a ello, entienden que de la prueba resulta que de los libros surgía la existencia de un solo socio que era J. A. L., puntualizando que el cambio de titularidad del negocio a nombre de esta persona data de noviembre de 1997, mientras que el cambio a nombre de F. L. es de fecha 1 de marzo de 1999. Y así remarcan la inacción del actor, quien no sólo no impulsó ningún mecanismo societario sino que tampoco formuló reclamo alguno hasta diciembre de 2004, es decir, siete años después de que el fondo de comercio dejara de pertenecer a P. G. de Olavarría S.A. Aseveran que, mientras tanto, el actor retiraba una suma mensual de dinero y asistía impávido al cambio de nombre del fondo de comercio, sin formular manifestación ni actividad societaria alguna (fs.692). Concluyen este capítulo de su memorial destacando que la explotación de M. pasó a ser una sociedad de la familia L., tal como surge de los cambios de titularidad del fondo de comercio ya mencionados, y de la adquisición del local comercial en el cual funciona el negocio. Deducen de ello que existen pruebas y presunciones graves, precisas y concordantes de la veracidad de sus afirmaciones, en cuanto a la adquisición de la totalidad del paquete accionario (fs.692vta.).
Finalmente, en el escrito de expresión de agravios se vuelcan críticas relativas a las excepciones rechazadas en la sentencia apelada, brindándose argumentos tendientes a lograr el acogimiento de la falta de legitimación pasiva y de la prescripción que oportunamente articularon los demandados (fs.692vta./694). También se agraviaron los accionados por la imposición de las costas del juicio (fs.694vta.).
Al contestarse la expresión de agravios por la parte actora (fs.697/699vta.), y haberse llamado autos para sentencia (fs.703), se practicó el sorteo de rigor (fs.704), por lo que las actuaciones han quedado en estado de ser abordadas a los fines del dictado de la presente sentencia.
V. Surge de las constancias de la causa que con fecha 15 de agosto de 1992, mediante escritura n° 556 otorgada ante el Escribano R. Z. M. A., se constituyó la sociedad P. G. de Olavarría S.A., integrada por los socios M. M., M. R. C. y E. G. L., la que tenía por objeto la explotación del negocio gastronómico, entre otras actividades; habiéndose formalizado, con fecha 29 de marzo de 1993, la respectiva inscripción ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (ver constancias documentales de fs.34/57vta.). También surge de los elementos de autos que P. G. de Olavarría S.A. obtuvo la habilitación municipal para desarrollar la actividad de gastronomía en el domicilio de calle Rivadavia n° 2730 de la ciudad de Olavarría (véase la constancia municipal que luce agregada a fs.530).
Ahora bien, la situación conflictiva que ha generado el presente proceso se desencadena con la realización de la Asamblea General Extraordinaria de la firma P. G. de Olavarría S.A., cuya acta fue protocolizada mediante escritura n° 295 de fecha 16 de setiembre de 1997, otorgada ante el Escribano D. O. G. (fs.100/102). En dicha acta se hizo constar que al acto asambleario concurrió J. A. L., en su condición de único accionista y poseedor de la totalidad del capital social, quien hizo depósito de sus acciones en término y suscribió el libro de asistencia; encontrándose también en la asamblea el otro director E. G. L., quien perdió su condición de accionista al haber cedido sus acciones a favor de J. L. (fs.100). Siendo J. A. L. el único accionista, en la asamblea se dejó constancia de lo siguiente: "Que de acuerdo al asiento del libro de registros de acciones J. L., , adquirió al señor C. la totalidad de sus acciones y posteriormente el señor E. G. L.. debió trasladarse por razones laborales a la ciudad de Buenos Aires lo que motivó la transferencia de acciones en favor de su padre quien ha quedado a cargo en forma personal de los negocios sociales. Las cesiones relacionadas han dejado en manos del señor J. Li la totalidad de las acciones, en consecuencia la sociedad se encuentra comprendida en las condiciones del artículo 94 inciso octavo de la ley de sociedades que establece como causal de disolución 'Por reducción a uno del número de socios' lo que impone su disolución por imposibilidad de funcionamiento. Sobre el punto tercero del orden del día siendo el único accionista el señor J. A. L. queda designado como liquidador de la sociedad, todos los puntos se consideran aprobados" (fs.100/100vta.).
Esta acta de asamblea fue presentada ante la autoridad municipal con fecha 13 de noviembre de 1997, con la finalidad de solicitar el cambio de titularidad del referido negocio ubicado en calle Rivadavia n° 2730 de la ciudad de Olavarría, lo que dio inicio al expediente 3126/P/97 (ver fs.529/532). En ese marco se produjo el dictado de la Resolución n° 0743 de fecha 25 de noviembre de 1997, por parte del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Olavarría, donde se autorizó el cambio de razón social del comercio ubicado en el inmueble de calle Rivadavia n° 2730 del rubro gastronomía, de la razón social P. G. S.A. al señor J. A. L., a partir de septiembre de 1997, quien continuará con el mismo rubro y en un todo de acuerdo a las disposiciones Nacionales, Provinciales y/o Municipales que rigen la actividad (ver fs.537). A su vez, luego de tramitado el expediente municipal 4078/L/98, se dictó la Resolución n° 0096 de fecha 1 de marzo de 1999, por parte del Secretario de Gobierno del Municipio de Olavarría, donde se autorizó al señor F. L. a instalar un negocio dedicado a la actividad de "Restaurant y comidas para llevar", ubicado en el inmueble de calle Rivadavia n° 2730 de Olavarría (ver fs.526).
VI. Se desprende de las consideraciones precedentes que han quedado demostradas las maniobras realizadas por los demandados y que fueron denunciadas por el actor en su escrito de demanda (véase el tercer párrafo del apartado I de este voto). Precisamente, la magistrada de la anterior instancia entendió que el hecho controvertido medular de autos resulta ser si existió la compra de la totalidad de las acciones por parte de J. A. L. a M. R. C., conforme da cuenta el acta de protocolización de asamblea agregada a fs.100/100vta., así como la copia del libro societario glosada a fs.101/102, de donde resulta que se procedió a la disolución de la sociedad P. G. de Olavarría S.A., por la causal de reducción a uno del número de socios (ver fs.670, último párrafo).
Y luego se estableció la decisión central del pronunciamiento de grado, al puntualizar la juzgadora que luego del análisis de las pruebas colectadas en el presente proceso civil y en la allegada causa penal, debe concluirse en que la referida compra de acciones no se encuentra acreditada y que, por ende, los actos llevados a cabo deben reputarse inoponibles al actor M. R. C. (fs.670vta., segundo párrafo). Asimismo, expresó la sentenciante que en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas sólo obra el trámite de inscripción de la sociedad, no habiéndose registrado ninguna modificación societaria; tras lo cual afirmó que habida cuenta de la existencia de modificaciones sociales realizadas en perjuicio del actor, las mismas deben considerarse inoponibles a éste (fs.670vta., párrafos tercero y cuarto).
O sea que si no fue probada la compra de las acciones de M.
R. C. por parte de J. A. L., se encuentra viciada de falsedad el acta asamblearia esgrimida por los demandados y que obra agregada a fs.100/102, al ser incierto lo allí expresado en el sentido de que éste último sería el único accionista y poseedor de la totalidad del capital social. Y en esta línea de pensamiento resulta contraria a derecho la disolución de sociedad dispuesta en dicha asamblea, por cuanto no se había cumplido el recaudo previsto en el art.94 inciso 8 de la ley 19.550, esto es, la reducción a uno del número de socios. Por supuesto, que también fue ilegal el cambio de razón social del comercio que se formalizó en el ámbito municipal, donde se dictó una resolución administrativa que autorizó el cambio de su anterior titular P. G. S.A. a favor de J. A. L. (arts.931, 932, 935, 954, 961, 1044, 1045, 1046, 1050, 1052, 1056, 1057, 1058 bis, 1066, 1067, 1068, 1069, 1190, 1191, 1192, 1193 y ccs. del Código Civil; arts.94 inciso 8, 208, 211, 212, 213, 214, 238 y ccs. de la ley 19.550). Es así que le asiste razón a la magistrada de la anterior instancia, cuando declara la inoponibilidad de las modificaciones sociales realizadas en perjuicio del actor (fs.671vta., cuarto párrafo, y fs.672, punto 2); y deja a salvo los derechos del socio actor que ha sido excluido contra todos los participantes de dicha exclusión, los que deberán hacerse valer en otro proceso puesto que en el presente no se ha intentado (fs.671vta., segundo párrafo). Conforme lo habré de poner de resalto en el apartado venidero, las críticas vertidas por los demandados en su escrito de expresión de agravios no alcanzan a conmover -ni en mínima medida- las sólidas motivaciones de la sentencia apelada; motivo por el cual, el recurso de apelación intentado no puede prosperar.
VII. Efectivamente, los apelantes no cuestionan la conclusión medular del fallo en el sentido de que no se encuentra acreditada la alegada compra de acciones por parte de J. A. L. a M. R. C., habiendo asumido -desde el inicio- la limitación derivada de un supuesto extravío del instrumento de cesión de las acciones del actor (fs.691vta.). Extravío que, cabe resaltar, se muestra claramente inverosímil a la luz de la diligencia que es dable exigir a un buen hombre de negocios (art.59 de la ley 19.550), y de la profesionalidad que debe guiar sus acciones (art.909 del Código Civil); valorando todo ello con arreglo a las reglas de la sana crítica (art.384 del Cód. Proc.).
Las restantes alegaciones vertidas en esta parte del escrito recursivo se muestran claramente inconsistentes, pues hacen referencia a los libros sociales y a las declaraciones del Escribano D. G. (fs.692, segundo párrafo), cuando ha quedado sobradamente demostrado que la referida acta de asamblea se encuentra viciada de falsedad. Por lo demás, carecen de todo asidero las afirmaciones relativas a la supuesta inacción del actor, ya que ello no puede mitigar las graves maniobras que los demandados concretaron en su perjuicio (fs.692, tercer párrafo). Asimismo, también resulta inaudible la referencia a los cambios de titularidad del negocio que se formalizaron en sede municipal, pues ello también constituyó una maniobra ilegal en perjuicio del actor, conforme lo destaqué en el apartado precedente (fs.692, tercer párrafo).
Y, finalmente, nada probaron los demandados con relación a los invocados retiros de dinero que le atribuyen al actor, por lo que también se presentan estériles las afirmaciones relativas a esta temática (ver fs.692, tercer párrafo). Se muestra absurda la pretensión de rechazo de la demanda que formulan los apelantes, aduciendo que la actora no acreditó los extremos fácticos y jurídicos de su pretensión (fs.688/688vta.). Muy por el contrario, la demanda ha resultado claramente exitosa, porque en la sentencia se acogió el planteo medular del actor y se decidió que la compra de acciones no se encuentra acreditada, por lo que, en consecuencia, las modificaciones sociales llevadas a cabo por los demandados deben considerarse inoponibles al accionante (asamblea de disolución de sociedad donde se invocó una incierta reducción a uno del número de socios; sucesivas transferencias del comercio mediante trámites municipales; mutación de una sociedad anónima regularmente inscripta en una empresa de familia sin registración en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, donde no consta ninguna modificación societaria).
Asimismo, en la sentencia se le indicó al actor que debía hacer valer sus derechos en otro proceso, puesto que aquí no se ha intentado (fs.671vta.). Todo esto constituyó la decisión de la magistrada de la anterior instancia, que emerge -con absoluta claridad- de los considerandos de la sentencia (ver fs.670/671vta.), aunque en la parte resolutiva sólo se haya hecho constar la declaración de inoponibilidad de las modificaciones sociales realizadas en perjuicio del actor (fs.672, punto 2). Es sabido que la decisión del juez, que constituye la materia del recurso de apelación, está generalmente ubicada en la parte dispositiva de la resolución; pero hay supuestos en que está en la parte de la sentencia llamada "considerandos", sin que por tal circunstancia pierda su calidad de "decisión" (Loutayf Ranea, El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, tomo 1, pág.353).
No media ninguna contradicción entre la sentencia y sus considerandos, como se manifiesta a fs.690, sino que, por el contrario, se aprecia una total armonía cuando se analiza el pronunciamiento en su marco integral (arts.163, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
Por lo demás, la antedicha decisión de la a quo guarda perfecta congruencia con las cuestiones planteadas en los escritos constitutivos de la litis (ver apartado I y II del presente voto), por lo que resulta insostenible lo afirmado por los apelantes en el sentido de que la juzgadora habría omitido resolver la cuestión sometida a su decisión (arts.34 inciso 4 y 163 inciso 6 del Cód. Proc.). Es por todo lo hasta aquí expuesto que el pronunciamiento de grado se encuentra ajustado a derecho, ya que la declaración de abstracción se encuentra únicamente referida a la remoción de administrador y/o directorio (fs.671vta./672), surgiendo evidente la razonabilidad que presenta esta conclusión del fallo, ya que la misma aparece ineludible en atención a la variación que experimentó la situación fáctica (arts.163 inciso 6, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
En efecto, más allá de la existencia formal de la sociedad anónima (que aún permanece inscripta ante la autoridad de aplicación), lo cierto y concluyente es que la explotación del comercio gastronómico dejó de pertenecer a dicha sociedad (la que quedó vaciada de toda actividad), y este vaciamiento constituye una directa consecuencia de las ilegales maniobras acometidas por los demandados, las que han quedado claramente sentadas en el decisorio apelado (véanse las constancias de la causa que obran a fs.64/65, fs.123vta., fs.144/145, fs.255/256 y fs.619/622vta.). Es por ello que le asiste razón a la a quo cuando contrasta la realidad de los hechos y concluye en que ha devenido abstracta la acción de intervención judicial y remoción de directorio, por cuanto resulta materialmente imposible remover algo que actualmente no existe, ya que no puede hablarse de un órgano societario de administración cuando la sociedad ha quedado vaciada de toda actividad económica; todo ello sin perjuicio de los derechos del socio actor que ha sido excluido contra todos los participantes de dicha exclusión, los que deberán hacerse valer en otro proceso, puesto que aquí no se ha intentado (fs.671vta., segundo párrafo). Mediante un juego de palabras intentan sostener los apelantes que en la sentencia se habría aceptado la validez de la disolución societaria por ellos invocada (fs.691), siendo que, muy por el contrario, la juzgadora de grado ha rechazado categóricamente todos los actos que se concretaron en perjuicio del aquí accionante (arts.163 inc. 5 y 6, 375, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.).
De allí que se encuentre ajustada a derecho la declaración de abstracción contenida en el fallo, la cual, reitero, sólo se encuentra referida a una parcela de la cuestión litigiosa, cual es la relativa a la remoción de administrador y/o directorio (fs.671vta./672). Ha sostenido este tribunal que el interés procesal es uno de los presupuestos de admisibilidad del recurso de apelación, el cual se traduce en la necesidad o imprescindibilidad del proceso para satisfacer, en cada caso concreto, el derecho afirmado como fundamento de aquella (Palacio, Derecho Procesal Civil, tomo I, pág.411). Se señala en doctrina "que los pronunciamientos abstractos o meramente académicos están vedados a los tribunales de justicia” (Azpelicueta Juan José-Tessone Alberto, “La Alzada. Poderes y Deberes”, pág.65 Nºd). Ha decidido la Suprema Corte Bonaerense que “hay ausencia de los requisitos jurisdiccionales allí donde no existe una discusión real entre el actor y el demandado, ya porque el juicio es ficticio desde un comienzo, o porque a raíz de acontecimientos subsiguientes se extinguió la controversia, o ha cesado de existir la causa de la acción, o cuando las cuestiones a decidir son enteramente abstractas” (S.C.B.A. Ac.32096 del 28/6/83; Ac.L35666, 18/3/86 “Fantaguzzi”, A.y S. 1986-I-177; Ac.L83132 16/10/2002 “Benitez”; L80770, 12/9/01 “Municipalidad de General Pueyrredón”). Añaden Azpelicueta y Tessone que “es menester que exista una efectiva colisión y que el proceso sea necesario para dirimirla; presupuesto que debe estar presente, no sólo en el inicio, sino, además, durante todo el desarrollo del proceso. No son desdeñables los supuestos en los que durante el transcurso de las diversas etapas que lo conforman, factores extraños a la voluntad de las partes tornan abstracta la cuestión debatida” (aut. y ob.cit. pág.66), (esta Sala, causa n°45.355 del 20/2/03, “De Martino...”,, causa n°45.386, del 29/5/03, “Moreno...”, causa n°50.765, del 8/3/07, “Esnaola...”).
VIII. Tampoco son de recibo los agravios de los apelantes donde se procura cuestionar lo decidido en la sentencia sobre la falta de legitimación pasiva y la defensa de prescripción (fs.692vta./694), conforme lo pondré de resalto a continuación.
Con respecto a la primera temática, en la sentencia apelada se examinó detenidamente la legitimación de cada uno de los demandados. En lo que atañe a los accionados que han sostenido su recurso de apelación, se dijo en la sentencia que F. L. cedió las acciones a su padre, y de allí que la demanda haya sido bien dirigida en su contra; mientras que E. G. L. resulta ser socio fundador de P. G. de Olavarría S.A., por lo que también deviene incuestionable su legitimación pasiva (fs.669). El agravio en examen carece de todo asidero porque se halla exclusivamente focalizado en la acción de remoción de administradores y/o directores, la cual, como se vio, fue declarada abstracta (ver fs.693). Pero nada dicen los aquí apelantes de la actuación que tuvieron en las maniobras ilegales que se consumaron en perjuicio del actor, todo lo que ha quedado certeramente acreditado en el presente juicio.
En efecto, E. G. L. fue socio originario y participó en la asamblea donde se esgrimió la inexistente cesión de las acciones de M. R. C. (ver apartado V del presente voto, párrafos primero y segundo). A su turno, F. L. fue el beneficiario de la posterior transmisión de la explotación comercial, conforme lo puse de resalto en el tercer párrafo del apartado V. En virtud de todo ello, corresponde desestimar el agravio referido a la alegada falta de legitimación pasiva (art.345 inciso 3 del Cód. Proc.). Asimismo, resulta inadmisible el agravio relativo a la defensa de prescripción, por cuanto no se plantea una crítica concreta y razonada de la parcela de la sentencia donde la misma se rechaza (fs.669/669vta.).
La sentenciante analizó las constancias de la causa y concluyó en que el plazo de prescripción no comenzó a correr, por cuanto el actor no tuvo conocimiento real de las maniobras ilegales consumadas en su perjuicio, máxime que no se le notificó al accionante la asamblea realizada ni se registró ninguna modificación societaria (fs.669vta.). Estas motivaciones del fallo no son impugnadas en forma idónea por los apelantes, quienes se limitan a afirmar que el actor conocía el cambio de nombre del negocio, y que él o su familia concurrían diariamente a buscar comida y dinero (fs.694, in fine), circunstancias que no han sido acreditadas en modo alguno. Insisten en que el objeto procesal versa sobre la acción de remoción, perdiendo de vista la restante parcela del litigio que ha sido expresamente decidida en la sentencia apelada, tal como lo destaqué en el anterior apartado VII (art.260 del Cód.
Proc.).
Finalmente, carece de todo basamento el agravio sobre la condena en costas (fs.694vta.)., puesto que las mismas han sido correctamente adjudicadas en la anterior instancia, con arreglo a la regla objetiva del vencimiento (art.68 del Cód. Proc.). En ese mismo orden de ideas, también deben imponerse a los demandados apelantes las costas de alzada, quienes han sido vencidos en el trámite recursivo (citado art.68 del código ritual).
Como corolario de todo lo anteriormente expuesto, propicio al acuerdo la confirmación de la sentencia apelada de fs.664/672vta., en lo que ha sido materia de agravio.
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos. A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Dr. PERALTA REYES, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: 1) Decretar la deserción del recurso de apelación oportunamente deducido por J. L. por sí y en representación de P. G. S.A. (arts.260 y 261 del Cód. Proc.). 2) Confirmar la sentencia apelada de fs.664/672vta., en lo que ha sido materia de agravio. 3) Imponer las costas de alzada a los demandados apelantes que han resultado vencidos en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.). 4) Regular los honorarios de la Dra. V. A. S., en la suma de pesos ... ($...), los del Dr. R. A. S., en la suma de pesos ... ($...) y los del Dr.G. L. C., en la suma de pesos ... ($...), en todos los casos, con más aporte legal e IVA en caso de corresponder, Confirmándose, así dada la forma de apelación, con respecto a la Dra. S. la regulación de fs.672/672vta., Modificándosela en lo demás que decide (arts.10, 15, 16, 21, 51 y 54 del Decreto Ley 8904/77). Por los trabajos realizados en esta instancia, se regularon los honorarios en la siguiente forma: los de los Dres. J. H. A. (h) y V. A. S., en la suma de pesos ...($...) a cada uno; y por los que originaron el dictado de la presente, los del Dr. J. H. A. (h) en la suma de pesos ... ($...), en todos los casos con más aporte legal e IVA en caso de corresponder (art.31 Dec Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 10 Junio de 2014. -
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Decretar la deserción del recurso de apelación oportunamente deducido por J. L. por sí y en representación de P. G. S.A. (arts.260 y 261 del Cód. Proc.). 2) Confirmar la sentencia apelada de fs.664/672vta., en lo que ha sido materia de agravio. 3) Imponer las costas de alzada a los demandados apelantes que han resultado vencidos en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.). 4) Regular los honorarios de la Dra. V. A. S., en la suma de pesos ... ($...), los del Dr. R. A. S., en la suma de pesos ... ($...) y los del Dr.G. L. C., en la suma de pesos ... ($...), en todos los casos, con más aporte legal e IVA en caso de corresponder, Confirmándose, así dada la forma de apelación, con respecto a la Dra. S. la regulación de fs.672/672vta., Modificándosela en lo demás que decide (arts.10, 15, 16, 21, 51 y 54 del Decreto Ley 8904/77). Por los trabajos realizados en esta instancia, se regularon los honorarios en la siguiente forma: los de los Dres. J. H. A. (h) y V. A. S., en la suma de pesos ... ($...) a cada uno; y por los que originaron el dictado de la presente, los del Dr. J. H. A. (h) en la suma de pesos ... ($...), en todos los casos con más aporte legal e IVA en caso de corresponder (art.31 Dec Ley 8904/77).
Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. Firmado: Dra. María Inés Longobardi – Presidente – Cám. Civ. y Com. Sala II – Dr. Víctor Mario Peralta Reyes- Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II. Ante mí: Marcos Federico Garcia Etchegoyen – Auxiliar Letrado – Cám. Civ. y Com. Sala II.
Fin de la sentencia