Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C= AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.22 09:05:58-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C=AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.22 09:06:10-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 TOMO CLX - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.036 FOLIO N° 055/061 PROT. ELECT. JR101 183I.261
Río Gallegos, 22 de mayo de 2026.-
La presente causa caratulada “M.R. S/ PTA. INF.
ART. 119 C.P.A.” Expte. Nº 8288/23, Apelación/Causa JR Nº 10134/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 135/147, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, Dr. R.N.M., quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de R.H.M., en orden a los delitos de “Abuso Sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por quien se encontraba a cargo de la guarda -hecho uno- en concurso real con el delito de suministro de material pornográfico a menores de catorce años agravado por ser cometido contra una menor de 13 años - hecho dos- ambos en calidad de delitos continuados" (art. 119 párrafo tercero, inciso b, art. 128 párrafo cuarto y quinto, art. 55 del Código Penal); en tanto en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del nombrado por la suma de Pesos Diez Millones ($ 10.000.000).- Que a fs. 151/154, la Defensoría Pública Oficial de Puerto Santa Cruz apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; a fs. 162 sostuvo el recurso (cód. validación 881c5f91) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
La defensa se agravió del resolutorio argumentando que se ha incurrido en inobservancia o errónea aplicación de la ley, considerándolo arbitrario como consecuencia de una absurda valoración de la prueba rendida en autos; agregó que no hay certeza necesaria para fundamentar el procesamiento.-
I. VALORACION DE LA PRUEBA: cuestionó las declaraciones de M.E.E. -fs. 27/28 vta.-, de Y.A.P. -fs. 30/31 vta.-, S.S.M. -fs. 33/34 vta.- y de N.V.R. -fs. 33/34 vta.-.-
Objetó las pericias de la niña -fs. 55/56 vta. y de fs. 93/94-.-
Refirió acerca que el Sr. M. no registra antecedentes -pese a su edad avanzada-, se torna palmariamente evidente la falta de certeza o lo que es más claro, la duda razonable en beneficio del referido.-
Yendo al tratamiento del presente agravio formulado por el recurrente y tomando atenta lectura del interlocutorio recurrido, consideramos que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría suficientemente acreditada la materialidad de los hechos enrostrados y también su autoría, correspondiendo así traspasar la valla del art. 289 del CPP, razón por la que –adelanto-, confirmaré íntegramente el auto apelado por ser adecuado a derecho.- En este aspecto, la resolución dictada cumple con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP, habiéndose analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional.-
En consecuencia, se advierte que las consideraciones que constituyen al planteo, sólo traducen la disconformidad del apelante con el criterio expuesto por el Sr. Juez subrogante, no logrando conmover los argumentos por los cuales se arriba al auto de mérito, pues la discrepancia con la forma en que fueron valoradas las pruebas no constituye un argumento de peso para modificar la decisión a la que se arribó; ni tampoco logra con sus argumentaciones demostrar que el juzgador haya fallado con desapego a las pruebas.-
Por el contrario, el procesamiento se plasma como producto de la valoración razonada de los elementos de cargo obrantes en el legajo, encontrándose acreditados en grado de probabilidad afirmativa los hechos denunciados (por la abuela materna y progenitor en un caso y por lo expresado por la propia pretensa víctima a través de cámara gesell en el otro).-
Es que para arribar al auto de procesamiento el A Quo valoró la copia del Acta N° 158/2023 de la Oficina de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Cmte. Luis Piedra Buena, la copia de Nota N° 208/23 Oficina de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Cmte. Luis Piedra Buena, el informe de antecedentes de R.H.M., las declaraciones testimoniales de E.E.M., de Y.A.P., de S.S.M., el informe de Cámara Gesell y Pericia de A.A.M.P., entre otras probanzas.-
Es decir, el Magistrado sopesó las declaraciones de la pretensa víctima frente a la profesional que hubo de entrevistarla - en dos ocasiones-, Lic. C.M.W., a quien señaló la identidad de la persona que la habría presuntamente accedido carnalmente, el lugar y momento en que éstos actos habrían ocurrido, como así también, le habría exhibido videos pornográficos a través de su teléfono celular.- El imputado fue enrostrado de los hechos en las circunstancias referidas en la denuncia formulada, las cuales guardan coherencia con lo relatado en la denuncia y lo referido por la pretensa víctima y documentación adjunta, ello sin perjuicio que siempre las actuaciones estuvieron en condiciones de ser sujetas a su contralor.- Es que, contrariamente a lo sostenido por el apelante, el Sr. Juez ha arribado a una resolución de mérito cargoso luego de ponderar los elementos colectados.-
Es por lo expuesto que el cúmulo de prueba no es insuficiente, a tal punto de no configurar elementos para sostener que su defendido sea probablemente autor de los hechos que le fueran impuestos. Por el contrario, resulta suficiente para el grado de probabilidad requerido en esta instancia y el Juzgado actuante ha tenido en cuenta las pruebas señaladas.-
Sin embargo, no debemos olvidar que los delitos aquí denunciados son de aquellos que, en la generalidad de los casos, se cometen sin la presencia de testigos. Pese a ello, se ha dicho que no son de imposible investigación, debiéndose analizar no sólo el relato brindado por las propias víctimas sino de todos aquellos que tomaron conocimiento de los sucesos por alguna referencia que la víctima/denunciante les haya efectuado.-
Concordantemente con ello, “...no hay que olvidar que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios, por ello el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés u odio tendiente a perjudicar al imputado...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 4º, 8/11/2001, “Rodas Jaras, Domingo”) y “...con todo acierto se ha sostenido que resulta inimaginable que alguien denuncie a otro como que lo ha sometido sexualmente, inventando gratuitamente episodios que lo exponen a las burlas y comentarios de sus vecinos y conocidos, y que le generan a la par una pérdida de tiempo, al tener que someterse a exámenes, análisis e interrogatorios nada cómodos o placenteros...” (Trib. Oral Crim. Nº 3 Cap. Fed., 7/4/2003, “Gorosito, D.O.”).-
Es por ello que tampoco observamos que el plexo probatorio reunido sea desviado en su interpretación al sólo fin de mantener supuestamente justificada la acusación.-
No nos debemos olvidar que de ninguna manera se han afectado las garantías constitucionales ni se ha alterado el debido proceso.-
Con respecto al valor convictivo de la pericia psicológica es dable señalar que el Magistrado la hubo de ponderar con el resto del material probatorio.-
Más aún, no constituye una prueba irreproducible ni mucho menos definitiva que exija o torne inexorable declarar su nulidad. Está al alcance de la defensa, la posibilidad de peticionar una nueva evaluación y ofrecer perito de parte.-
Incluso, yendo más lejos, llegando a pareceres disímiles se ha dicho que: “…la contradicción existente entre las conclusiones de los peritos jamás podría volverlas írritas siempre que hayan sido realizadas conforme a su ciencia…”.-
En este sentido, ante planteos similares ya se ha expedido en forma concordante esta Alzada (vgr.: Apelación 6938, entre otras).-
Es decir, que contrariamente a lo sostenido por la apelante, la resolución puesta en crisis es una derivación razonada y ajustada a las constancias probatorias colectadas.-
Debemos tener presente que corresponde la aplicación del principio de amplitud probatoria, por las especiales características de los hechos endilgados al imputado: delitos contra la integridad sexual, habiéndose aprovechado del estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la pretensa víctima -niña- al momento de los sucesos investigados, por las circunstancias ya señaladas.-
En tal sentido, acerca de esta particular característica, y en oportunidad de resolver la situación procesal de los imputados, otros Tribunales han dicho: “…el estándar de prueba normalmente exigido para alcanzar el grado de certeza necesario a efectos de pronunciarse sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del inculpado, se satisface de un modo distinto que aquél que puede exigirse para otros supuestos, y ello bajo un doble aspecto. Principalmente, porque los hechos de esta naturaleza son, por regla general, llevados a cabo en ámbitos íntimos excluidos de terceras personas que pudieran dar fe de lo ocurrido. De suerte tal que lo determinante en esta clase de asuntos, a los efectos de la reconstrucción histórica del suceso, suele ser pura y exclusivamente el relato que la víctima pueda brindar al respecto. Además, cuando se trata de víctimas menores de edad, la ponderación de su relato no puede ser llevada a cabo de la misma forma y bajo los mismos parámetros con los que analizan los dichos de los mayores, pues la exigencia de una narrativa histórica coherente, concatenada, descriptiva y lo más detallada posible en relación a un hecho pasado difiere en uno y otro caso, de acuerdo a las distintas capacidades cognoscitivas de los sujetos involucrados.” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional - Sala 1 CCC 73954/2013/TO1/CNC1, causa nº 73.954/2013, caratulada “D. de M., R. F. s/ abuso sexual”).-
En la provincia de Santa Cruz, respecto a la forma de valorar las pruebas en esta clase de delitos, el Tribunal Superior de Justicia, sostuvo: “En los hechos de abuso sexual este Alto Cuerpo expresó que el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual con acceso carnal, alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima, atenta contra una regla de la experiencia común como es, que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales. Los dichos de la menor no deben descalificarse apriorísticamente si el tribunal de juicio los considera dignos de credibilidad –en el caso, se confirmó el abuso sexual denunciado– y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos” (Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Penal, Interlocutorio Nº: 018 - Recurso de casación, 19/08/2008 - autos: “A.G.A. s/ abuso sexual simple agravado”, Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.).- En efecto, de las constancias de autos surge que el Sr. Juez de instrucción valoró de manera adecuada la prueba rendida en autos, atendiendo a las particularidades del presente caso, en el que los hechos habrían acontecido.-
De esa manera dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo a mi criterio atisbo alguno de arbitrariedad o fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, motivo por el cual su agravio no podrá prosperar.-
No corresponde, como pretende la defensa, valorar cada medio probatorio por separado, ni atomizar el análisis y evaluación de las pruebas colectadas. En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad..." (Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).-
Recordemos que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación, y para fundar eventualmente el procesamiento del imputado como es el caso que nos ocupa. Sabido es que en esta instancia priman los elementos de cargo por sobre los de descargo, siendo que el grado de certeza apodíctica de culpabilidad no es necesario en este tramo del proceso.-
En mérito a ello no se hace lugar tampoco al agravio esgrimido por la parte que no se encuentra acreditado con el grado de probabilidad suficiente para atribuirle a su defendido la responsabilidad que se investiga.-
Debemos evocar aquí que, con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por las víctimas de delitos como el que nos ocupa, esta Alzada ya tiene dicho que la sola mención de que se trate de la persona damnificada no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma, tal como lo efectuara el Juez A Quo.-
Es sabido, conforme la normativa vigente en la materia (Ley Nº 26.485 art. 31), que los operadores judiciales deben garantizar la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los mismos y quiénes son sus naturales testigos. Para ello, se deben considerar las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.-
Por otro lado, respecto al valor probatorio de los testimonios acerca de los hechos endilgados al imputado, con acierto se ha dicho que: “La circunstancia de que los testigos no hayan visto por sí mismos los hechos que motivaron la causa penal, sino que se limitan a repetir lo que escucharon de terceras personas, no invalida per se sus declaraciones” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala IV; “M. A. F. R."; 10/11/2008 Cita Online:
AR/JUR/17536/2008).-
En función de lo expresado, no vislumbrándose, se insiste, la resolución atacada violatoria de los derechos de defensa, que deberá confirmarse en esta instancia el procesamiento del imputado R.H.M. dictado por la instrucción y en orden a los delitos allí calificados.-
Por tales motivos, no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan –al menos en esta etapa procesal-, para acreditar los hechos, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en los mismos.-
En este sentido, se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio” (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).-
II. AGRAVIO EN LA CALIFICACION COMO "ABUSO CON ACCESO CARNAL O GRAVEMENTE ULTRAJANTE":
expresó que el A Quo ordenó el procesamiento calificando el hecho delictivo en los términos del segundo y/o tercer párrafo del art. 119 C.P. como gravemente ultrajante, resultando totalmente erróneo y contrario a derecho, en el peor de los casos la imputación debió establecerse como un abuso simple, previsto en el primer párrafo de la norma.-
Consideró que existe una arbitrariedad manifiesta por parte de S.S. en querer imponer agravantes a un posible ilícito con situaciones que no fueron expuestas de ninguno de los relatos testimoniales y de la declaración de la niña.-
Señaló que entre el acusado y la niña existía una relación de guarda y/o de confianza, ya que simplemente es su tío abuelo quien reside en otra casa y de vez en cuando la niña iba de visita acompañada de un familiar a su resguardo. No surge más detalles sobre una relación afectiva o de responsabilidad entre las partes, por lo que se debe desestimar que se haya aprovechado de una situación de convivencia.-
Indicó que no se vislumbra que haya existido acceso carnal, ni siquiera en los dichos de la pequeña, y no hay informe médico que constatara algún tipo de desgarro en el himen de la niña u/o alguna otra lesión de semejanza; además, manifestó que no se puede precisar la exhibición de videos pornográficos.-
Adujo que la expresión gravemente ultrajante debe tener una interpretación restrictiva en beneficio del imputado garantizando su derecho de defensa conforme al principio in dubio pro reo.-
Solicitó, en forma subsidiaria, que para el caso de no prosperar la apelación formulada, se de el cambio de calificación al de Abuso Simple.-
Pues bien, teniendo en cuenta que se ha cuestionado la calificación legal atribuida a los hechos investigados, cabe señalar que la Instrucción ha expuesto con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta -fs. 135vta./136-, la razón que lo llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden a los delitos de “Abuso Sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por quien se encontraba a cargo de la guarda -hecho uno- en concurso real con el delito de suministro de material pornográfico a menores de catorce años agravado por ser cometido contra una menor de 13 años -hecho dos- ambos en calidad de delitos continuados" (art. 119 párrafo tercero, inciso b, art. 128 párrafo cuarto y quinto, art. 55 del Código Penal); es decir, que los planteos formulados por la defensa del causante, se presenta como un mero disenso con lo resuelto, sin lograr controvertir lo decidido.-
Jurisprudencialmente se ha dicho que, la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase: Cám. Apel.; Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; 28/02/2018; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).-
En este sentido, en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, esta Alzada entiende que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y, asimismo, en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando, no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia (criterio asentado en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23, 8488/23 y, recientemente, en Apelación Nº 9577/25, por citar algunas).- Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales..." (TR LALEY AR/JUR/56181/2014).-
En razón de lo expuesto, rechazaremos este punto.-
III. RESOLUCION ARBITRARIA: entendió que la resolución del procesamiento fue arbitraria por existir graves defectos en los considerandos, sin dar una explicación racional sobre las conclusiones que arriban al dictado del procesamiento y su calificación legal.-
Alegó, que si bien en delitos de ésta índole rige un criterio amplio en la valoración de la prueba, esto no autoriza al magistrado interviniente a dictar resoluciones y/o sentencias sin justificación analítica.-
Determinó que el procesamiento se basa exclusivamente en los resultados de la segunda Cámara Gesell realizada otorgando a la perito una función jurisdiccional, sin realizar un análisis del plexo probatorio.-
En relación a este punto, corresponde estar a lo ya explicado y desarrollado en el acápite I).-
IV. Peticionó que se suspenda la medida de embargo hasta que se pronuncie la Alzada sobre el presente recurso de apelación y se dicte el sobreseimiento a su defendido.-
Con relación a este punto, nos vemos impedidos de proceder a su abordaje, toda vez que no ha sido cuestionado por la defensa.-
V. Para finalizar, esta Alzada no puede dejar de mencionar a la Instrucción el ostensible tiempo transcurrido desde el inicio de la presente investigación en el mes julio del año 2023, sin registrarse actividad procesal relevante en las presentes actuaciones, estando paralizada desde la recepción del informe proveniente del Cuerpo Pericial de Psicológos con fecha 06/09/2023 -fs. 55/56 y vta.- hasta el día 08/04/2024 -fs. 58 y vta.-; del 13/08/2024 hasta el 02/12/2024 que se presentó un segundo informe psicológico -fs. 93/94-; del 11 y 13 de diciembre de 2024 en donde la fiscalía solicitó diligencias impulsando el proceso -fs. 96/97- hasta el 08/08/2025; el 29/10/2025 se recepcionó declaración indagatoria al imputado -fs. 116/118 y vta.- y el 10/12/2025 hubo ampliación de declaración indagatoria -fs. 122/123 y vta.- siendo resuelta la situación procesal del Sr. M. el día 20/03/2026.- Que, en función de lo resuelto, y en aplicación de la debida diligencia reforzada, entendemos corresponderá dar cumplimiento sin más a lo previsto por el art. 197 del CPP que dispone: “…En ningún caso la instrucción podrá exceder de un (1) año. Cumplido dicho término y en el estado en que se encuentre la causa, se correrá vista al agente fiscal y al querellante a fin de que se expidan conforme lo dispuesto por el art. 330º inciso 2º por el término de tres (3) días…”.- La falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al juzgado actuante que se abstenga de incurrir en procederes de similar naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones; en atención a la gravedad y sensibilidad propias de los delitos de índole sexual.-
VI. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
VII. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 135/147 de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER a la INSTRUCCIÓN lo consignado en el punto V) del considerando que antecede, a sus efectos.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia