Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXXVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8224 FOLIO Nº 085/090 PROT. ELECT. JR101100.231
Río Gallegos, 06 de noviembre de 2023.-
La presente causa caratulada: "S.M.A. Y Y.R.A. S/ Robo Calificado", Expte. Nº 23.470/23 - Apelación/Causa JR Nº 8.394/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 85/92 obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de El Calafate, quien en el punto 1º) dispuso el procesamiento con prisión preventiva de M.A.S., en orden al delito de “robo calificado –dos hechos- en concurso real” (arts. 166 inc. 2º y 55 del CP), en el punto 2º) dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de R.A.Y., en orden al delito de "robo calificado" (art. 166 inc. 2 del CP) y en el punto 3º) trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos cien mil ($100.000).- Que a fs. 96/98 y 99/105, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante esta Alzada a fs. 125, sin acompañar ampliación de agravios conforme lo previsto por el art. 437 del CPP. En consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
Que la defensa interpone el recurso de apelación en contra del auto de procesamiento de sus asistidos por ocasionarles un gravamen irreparable a sus intereses. I) Recurso de apelación del imputado M.A.S.: a.- Agravio relativo al mérito de los elementos de prueba: En primer lugar la defensa se agravia alegando que las pruebas en las que se funda el auto de mérito no configuran elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener que su representado sea probablemente autor o partícipe penalmente responsable del hecho que le fuera impuesto, vulnerando el principio de inocencia. Pues bien, efectuando una atenta lectura de la resolución atacada como de los agravios planteados por el recurrente, debo desde ya adelantar que considero que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento, estaría suficientemente acreditada la materialidad del hecho enrostrado al encartado, y también la intervención que en él habría tenido, correspondiendo así traspasar la valla del art. 289 del CPP, razón por la que confirmaré el auto apelado.
Así, el a quo ponderó la denuncia del ciudadano E.F.G., y su ratificación –oportunidad en la que reconoció el machete y el pasamontañas que le fueran exhibidos-, la denuncia del ciudadano F.G.O., y su ratificación judicial –reconociendo el machete y las secuencias fotográficas exhibidas y efectuando llamado al celular de quien sería el primo de K. activándose la llamada en uno de los teléfonos celulares que se le exhibieron-, la declaración testimonial de F.G.O., en la que reconoce las prendas de vestir que se le exhiben como las que usaban sus atacantes-, el acta de inspección ocular, el croquis ilustrativo, los informes policiales de novedad de servicio, el acta de aprehensión, la orden judicial de allanamiento y el acta del resultado de allanamiento, entre otros elementos incriminantes.
Es por ello que desestimaré este infundado agravio. b.- Agravio relativo a la prisión preventiva: En segundo lugar se agravia del encarcelamiento de su asistido, toda vez que carece de antecedentes penales y el delito enrostrado no reviste la peligrosidad para dañar uno de los pilares más importantes de la CN, debiendo considerarse la privación de la libertad como ultima ratio. Entiende que resulta procedente analizar otras medidas tendientes a asegurar los fines del proceso pero que sean menos lesivas, tales como la restricción de la libertad en el domicilio, mediante una vigilancia las 24 hs., designando a una persona como tutora que se responsabilice del encierro o mediante custodia policial permanente.
Igualmente propone una caución real, mediante el depósito de una suma de dinero determinada o una caución personal, con la obligación de presentarse a firmar en la Comisaría dos o tres veces por semana, la prohibición de salir de la localidad, la ayuda social o el tratamiento psicológico, terapéutico o psiquiátrico. Dando respuesta al cuestionamiento relativo a la medida cautelar de prisión preventiva dispuesta al imputado M.A.S., debemos decir que no se comparten las apreciaciones vertidas por la recurrente, por lo que este agravio quedará desestimado. Esta Alzada ya se ha expedido en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal, que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones.
En ese contexto, es criterio de esta Alzada que, el derecho a permanecer en libertad durante el proceso, no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso de marras, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa. Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245).
Del estudio del punto concreto de agravio, se observa que la prisión preventiva fue debidamente motivada luego de disponer el procesamiento del imputado, a fs. 90vta./91 de la resolución atacada, es decir, luego de tener la Instrucción satisfecho el motivo de sospecha bastante que el encausado ha participado de los ilícitos que se le reprochan con pena privativa de la libertad, y consecuentemente, entendió que se ve reducida la expectativa de resolución favorable, incrementándose objetivamente en el caso concreto los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de fuga. Merituó la seriedad de la imputación, el peso probatorio reunido en la causa y que se encuentran pendientes de producción una cierta cantidad de medidas probatorias, entendiendo que, en caso de obtener su libertad, se vería incrementado el riesgo de entorpecimiento de la investigación, pudiendo obstaculizar la misma, impidiendo su normal desarrollo e intimidar a las víctimas.
Destacó la peligrosidad demostrada a través de las conductas presuntamente desplegadas por el encausado, quien esgrimiendo un arma tipo machete habría puesto en peligro la integridad física de su víctima, reiterando similar conducta a los pocos días junto a su consorte de causa. Se advierte, por ende, que a pesar de su loable intento por mejorar la situación de su asistido, la defensa no ha logrado desvirtuar los argumentos que sustentan la decisión recurrida, ni se vislumbra la vulneración de los derechos y garantías de que goza el imputado. Es criterio de esta Alzada que la peligrosidad del imputado en función de la naturaleza del hecho que se le reprocha y la pena en expectativa, constituye una presunción legal de riesgo procesal que no resulta contraria a los principios y garantías que asisten a los incusos.
Otros tribunales del orden nacional han resuelto en igual sentido, entendiendo que: “…El hecho de que en las normas procesales en materia de encarcelamiento preventivo se consagre en una presunción iure et de iure en razón de la escala penal no resulta, per se, contraria a norma constitucional alguna…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, sala B • 02/03/2005 • García, Héctor R. s/inc. de excarcelación •35001358). Que a mayor abundamiento, cabe traer a colación lo asentado por otros jueces nacionales, quienes han dispuesto que: “…Cabe denegar la excarcelación solicitada a favor de quien se encuentra procesado con prisión preventiva (…) pues (…) la ley procesal no impone al juez la tarea de evaluar una eventual elusión de la acción de la justicia por el imputado, sino que se parte de una presunción del legislador que se encuentra consagrada en los arts. 316 y 317 del Código Procesal Penal en el sentido de que en las hipótesis mencionadas el encartado no se someterá a la acción de la justicia por la gravedad de la condena que se pronostica…” (Cita online: AR/JUR/45/2005).
Finalmente, con relación a la solicitud de aplicación de alguna medida menos gravosa para el encartado, debemos mencionar que no corresponde a esta Alzada expedirse sobre lo peticionado, toda vez que no fue materia de tratamiento por parte de la Instrucción, que se encuentra en inmejorables condiciones para decidirlo (admisibilidad, pertinencia, utilidad) en función de la inmediación con las partes involucradas en el legajo, so pena de afectarse el principio constitucional de la doble instancia judicial. Por todo lo expresado, confirmaré la prisión preventiva dispuesta contra el imputado M.A.S., por los delitos que se le reprochan, toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa y no luce desajustada a sus características personales. c.- Agravio relativo al embargo: Finalmente la defensa se agravia respecto del monto del embargo, expresando que no habría constancias que acrediten que una suma tan abultada sea la necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y eventual responsabilidad civil que pudiera caberle a su asistido.
En ese sentido, y en función que el imputado no posee ingresos que le permitan afrontar libremente el pago del monto referido (realiza changas y tatuajes, viviendo al día con lo que puede), solicita su reducción. Que tampoco este agravio podrá prosperar en razón que debe tenerse en cuenta que la medida cautelar de embargo está destinada a garantizar el pago de la tasa de justicia, los honorarios profesionales y el resarcimiento por el daño ocasionado, aun cuando el actor civil no se haya constituido como tal, por ser una medida de protección eventual al ejercicio de sus derechos; sin que deba tenerse en cuenta a los fines de su cuantificación, la situación económica del imputado. Y en el caso en estudio, se comparte la determinación del Magistrado, advirtiendo que lo dispuesto cumple con las reglas establecidas en el art. 499 del CPP, pues a fs. 91/91vta., se señalaron los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria.
Y ponderando el monto establecido en función del ilícito endilgado y su modalidad de comisión, la suma ordenada de cien mil pesos ($ 100.000), no luce irrazonable máxime dentro del contexto inflacionario argentino teniendo presente la fecha de la resolución. Por todo lo expresado confirmaré también el monto del embargo dispuesto al imputado M.A.S.. En este sentido, calificada jurisprudencia del orden provincial tiene dicho que: “...el texto del Art. 554º C.P.P. (art. 518º CPPN y 499º del CPPSC) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas.
El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...”. (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Ángel”. Vocales: Funes, Pueyrredón, Vargas. Secc. Nº 1). II) Recurso de apelación del imputado R.A.Y.: a.- Agravio relativo a la autoría. Arbitrariedad: En primer término la defensa se agravia de la liviandad con la que se arriba al auto de procesamiento, toda vez que entiende que no existe ni una sola prueba que determine que su asistido hubiera participado del hecho o ni siquiera, haber estado en las cercanías del lugar de los hechos.
Asevera que su pupilo procesal es falsamente acusado por una confusión, en razón que fue detenido por ebriedad y llevado a la Comisaría, donde al ingresar fue supuestamente reconocido por el damnificado del robo como el segundo de los agresores, por su vestimenta y su fisonomía. Al respecto argumenta que en las escalinatas donde sucedieron los hechos reprochables, no existe iluminación, dificultando la visión de los sospechosos. Asimismo critica que no obran constancias de la vestimenta que poseía su asistido al momento de su detención y que el allanamiento efectuado en su domicilio arrojó resultados negativos. Agrega que su representado brindó un descargo en la oportunidad de la declaración indagatoria, lo que se encontraría corroborado mediante la declaración testimonial de J.A.R., y no fue tenido en cuenta por el juzgador.
Por el contrario de lo afirmado por el a quo, la defensa postula que el aparente robo sucedió a las 04:00 hs. am en el centro de la ciudad, cuando su asistido se encontraba en el local nocturno “L.M.”, a más de quince cuadras de distancia, muy ebrio. En consecuencia se pregunta cómo pudo la víctima identificarlo posteriormente si el lugar es oscuro?, cómo pudo estar su asistido en dos lugares distantes entre sí al mismo tiempo?. Por todo lo expuesto, solicita que prevalezca el principio de in dubio pro reo y se opte por desvincular a su pupilo del proceso. De lo contrario, se estaría incurriendo en una arbitrariedad por haber dispuesto el procesamiento sin pruebas y en estado de detención. Pues bien, este agravio no podrá prosperar, dado que si bien es cierto que el imputado R.A.Y. hubo de ser conducido a la Comisaría desde calle P.
Nº XXX en virtud de su estado de ebriedad, y que al ingresar a la dependencia el damnificado F.G.O. lo reconoce como el masculino que acompañaba al imputado M.A.S., ello no es suficiente para pretender desvincularlo del hecho reprochado alegando que sería producto de una supuesta “confusión” del damnificado. Al respecto, se debe ponderar que ese reconocimiento por el propio damnificado no es el único elemento de cargo obrante en su contra, sino que la Instrucción logró reunir otros elementos probatorios, por los que valorados en su conjunto y a la luz de la sana crítica racional, le permitieron arribar al pronunciamiento incriminante con el grado de probabilidad que la instancia requiere. Concretamente, el damnificado reconoció el machete con el que hubieron de intimidarlo e intentaron agredirlo.
Asimismo reconoció la vestimenta incautada con motivo de los allanamientos, describiendo claramente dentro de esas prendas, cuáles eran vestidas por el imputado R.A.Y., dando cuenta del mismo modo y sin contradecirse, cuál fue el accionar desplegado por el encausado. Por otra parte, y habiendo efectuado un descargo con motivo de la declaración indagatoria, se advierte que la Instrucción hubo de tomar declaración testimonial al testigo J.A.R. ofrecido por el imputado R.A.Y., quien relata que estuvo junto a su compañero de trabajo bebiendo cervezas primero en el domicilio del testigo, luego se fueron a la casa del imputado, donde éste se cambió la ropa y se dirigieron a la cervecería “P” en el centro y luego al boliche “L.M.” entre las 02:45/ 03:00am del día domingo, que fueron caminando los dos solos, entraron, el testigo compró dos latas de cerveza y permanecieron un ratito donde estaba el DJ.
Que el imputado se fue al baño y el testigo se fue del boliche a su casa, y que la última vez que vio al imputado estaba muy borracho. Que, en virtud de la pruebas obrantes, el Magistrado hubo de desestimar la versión del imputado con apoyo en la declaración testimonial de su compañero de trabajo disponiendo su procesamiento, puesto que de sus relatos surge como posible que en el margen de horario del hecho imputado, el encartado se hubiera retirado del boliche dirigiéndose a las escalinatas donde junto a su consorte de causa M.A.S., habrían interceptado al ciudadano F.G.O. y tras exhibirle el machete, le habrían sustraído del bolsillo de su campera la suma de pesos cincuenta mil ($50.000), y ante la resistencia del damnificado, lo habrían agredido mediante golpes de puño y usando el machete, sin ocasionarle lesiones, para luego retirarse a pie, en razón que su víctima logró huir del lugar.
Cabe recordar al recurrente que en cuanto a la valoración de la prueba; la doctrina enseña: “… para poder arribar a una decisión respecto de la existencia o no del hecho delictivo y, en su caso, la autoría penalmente responsable del acusado, los jueces deben analizar las probanzas reunidas -independientemente de quién las haya suministrado- en su conjunto y no aislada o separadamente (…) este examen debe ser integral, pleno y completo...” (Florián, Eugenio; De las pruebas penales; Ed. Temis; Bogotá; 2002; pág. 384). Por otra parte entiende la jurisprudencia que: “…Los indicios y las presunciones no pueden ser atacados individualmente, de modo de ir invalidándolos uno a uno y evitando su valoración articulada y contextual dentro del plexo probatorio, pues la fuerza de las segundas radica en el correcto silogismo que lleva de los indicios a los hechos indicados que surgen mediante un proceso lógico de inferencias y deducciones, llevando a una conclusión con un alto grado de univocidad a partir de una valoración conjunta y no aislada coincidente con las reglas de la lógica y de la experiencia...” (Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, Sala IV; 16/09/1999; “R.,B.F.”; LLLitoral 2000, 810; Cita: TR LALEY AR/JUR/936/1999).
En idéntica línea de pensamiento, la doctrina recomienda: “… valorar la prueba indiciaria en forma general, y no aisladamente, pues cada indicio, considerado separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, la cual podrá ser superada en una evaluación conjunta...” (Cafferata Nores, José Ignacio - Hairabedián, Maximiliano, “La Prueba en el Proceso Penal”, sexta edición, Editorial Lexis Nexis, año 2008, pág. 221 y ss.). Pues ésta fue precisamente la tarea realizada por el Juez. Asimismo, en relación al indicio que surge de la vestimenta que portaba el imputado R.A.Y.; se ha dicho: “…El procesamiento por el delito de robo debe decretarse, pues, (…) el damnificado (…) al momento de entrevistarse con el personal policial precisó sus rasgos fisionómicos y de vestimenta, los cuales se compadecen con los que exhibiera el imputado...” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala IV; 26/06/2014; “C.
D., A. G. s/ procesamiento”; La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/33823/2014). Y en el caso de marras, el damnificado expresó en sede policial que de volver a ver a sus atacantes, los reconocería, describiendo su fisonomía y vestimenta con claridad y contundencia, logrando reconocer posteriormente las prendas de vestir que se le exhibieron como la que usaban los imputados y más aún, reconoció el machete incautado. En virtud de lo expresado, advirtiendo la armonía de las piezas probatorias reunidas por la Instrucción, cabe resaltar que: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”.
(Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). El mismo autor al respecto señaló “...Es una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...”. (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. II, páginas. 502 y sgtes.; Ed. Rubinzal y Culzoni, 1998). En otras palabras, para el dictado de este auto “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “Antonini Rosetti, Miguel A. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334).
En consecuencia y teniendo en consideración las probanzas agregadas hasta el momento, entiendo que los elementos probatorios reunidos resultan ser suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del CPP, razón por la que descartaré este primer agravio. b.- Agravio relativo al embargo: Por último la defensa se agravia respecto del monto del embargo, alegando que no habría constancias que acrediten que una suma tan abultada sea la necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y eventual responsabilidad civil que pudiera caberle a su asistido. En ese sentido, y en función que el imputado no posee ingresos que le permitan afrontar libremente el pago del monto referido, solicita su reducción.
Finalmente, en relación al planteo referido al monto de embargo, y al efectuar una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -sobre este punto-, surge que el Magistrado a fs. 91/91vta., dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499º del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por el a quo, limitándose genéricamente a calificarlo como `excesivo´, pues a su asistido le resulta imposible afrontar el pago de su cuantía.
En tal sentido, cabe recordar que: “A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009). Por ello, rechazaré este infundado cuestionamiento. III) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Resolución del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 85/92, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente y al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
(A.I.G.)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia