Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa 1968/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 303.-
2Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Estado Provincial a fs. 259/268 contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 2 de esta ciudad -que interviene en el presente como Tribunal de Apelación- a fs. 242/256
3Confirmar, por los motivos expuestos en el Considerando V, el fallo de la anterior instancia en cuanto dispone la revocación de la Disposición N° 271/S.E.T. y S.S./2011.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: 1968/14-TSJ Interlocutorio N°: 691 Actor: A.M.E.T. EN AUTOS: 'CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Demandada: ESTADO PROVINCIAL Objeto: S/ PROMUEVE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY NACIONAL 23.929 EXPTE. 552299/07' S/RECURSO DE QUEJA Fecha: 20-08-2021 Texto: TOMO XXI -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 691 FOLIO Nº 4052/4057 PROT. ELECT. TSS1 019 S.211
Río Gallegos, 20 de agosto de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “A.M.E.T. EN AUTOS: 'CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN S/ PROMUEVE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY NACIONAL 23.929 EXPTE. 552299/07' S/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. N° A-15.316/11 (A-1968/14-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término, la excusación formulada por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, que a foja 303 expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la sus-cripta ha integrado el tribunal que dictó la sentencia obrante en copia a fs. 171/183, por medio de la cual se dirimieron cuestiones íntimamente vinculadas con el objeto de la presente controversia.”.- En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magistrada, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo, los presentes autos vienen a conocimiento de este Alto Cuerpo en virtud del recurso de casación interpuesto por el Estado Pro-vincial, por intermedio del Fiscal de Estado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 2 de esta ciudad -que interviene en el presente como Tribunal de Apelación- a fs. 242/256, denunciando violación de la ley (cfr. art. 3º, inc. a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) y arbitrariedad (cfr. fs. 259/268).- Estas actuaciones tienen su génesis en la sanción pecuniaria que la entonces Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social Provincial, actual- mente Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, le impuso a la entidad sin- dical Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, en adelante AMET, por no haber acatado la conciliación obligatoria dispuesta ante los conflictos suscitados en el marco de la apertura de paritarias para el sector que tuvieron lugar en el mes de febre-ro del 2011.
En dicha oportunidad y ante las medidas de acción directa que realizaba el citado gremio, la referida Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dispuso el llamado a conciliación obligatoria -Disposición N° 204/2011- e intimó reiteradamente al sindicato a atenerse a ella suspendiendo la medida de fuerza. Finalmente, ante el incumplimiento, aplicó la sanción -mediante Disposición N° 271/2011- consistente en una multa de mil pesos por la cantidad de cincuenta (50) afiliados, resultando el total de la misma de pesos cincuenta mil ($50.000).- Contra ésta última disposición AMET interpuso recurso de apelación, cuya inadmisibilidad motivó que presentara un recurso de queja ante el Juzgado de Primera Instancia con competencia laboral, el cual recibió favorable acogida (cfr. fs. 208/216).
Como corolario de lo actuado en la anterior instancia, el magistrado interviniente hizo lugar a la apelación interpuesta por AMET y dispuso la revocación en todas sus partes de la disposición N° 271/2011, imponiendo las costas al Estado Provincial (cfr. foja 256).- Para así decidir, el Juez de grado señaló: “Por todos los argu-mentos expuestos considerando que -conforme los principios internacionales reco-gidos por el Convenio 151 y las recomendaciones efectuadas a nuestro país por el CLS- el organismo administrativo no se encuentra habilitado a imponer sanciones cuando el Estado Provincial intervenga como parte en un conflicto colectivo sometido a conciliación obligatoria, sumado a que no se ha resguardado el derecho de defensa en el proceso administrativo y que el acto administrativo posee deficiencias en la enunciación de su causa y selección de la normativa aplicable, no queda mas (sic) concluir que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Aso-ciación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), revocando en todas sus partes la Disposición 271/S.E.T. y S.S./2011.” (cfr. foja 255 vta.).- Contra este pronunciamiento se alza en casación el Estado Provincial a fs. 259/268.-
Manifiesta la recurrente, que la penalidad que se le impuso a AMET por no acatar la conciliación obligatoria se encuentra prevista en la normativa vigente, de la cual se la puso en conocimiento en las reiteradas intimaciones que se le cursaron para que cumpliera con el procedimiento conciliatorio. Así, “…remitió nota a la Asociación Gremial intimándola a que en el plazo de 24 horas cesaran con las medidas de fuerza y se retrotraiga al estado de cosas anterior al conflicto, bajo apercibimiento de lo prescripto en los artículos 46º y ccs. de la Ley N° 2.450, artículo 4°, inciso, f) del Anexo II, Capítulo 2 del Pacto Federal del Trabajo sin perjuicio de dar intervención al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, conforme lo dispone el artículo 56º, punto 2, inciso b) y punto 3, inciso a) y ccs. de la Ley N° 23.551.” (cfr. foja 261).- Alega que el Juez de grado fue más allá de los agravios concretos de AMET y resolvió la causa con argumentos que no fueron planteados por ésta, por ello, dice, se aparta gravemente de la materia sometida a recurso.
Indica que hizo suyos los argumentos vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la causa “Asociación Trabajadores del Estado c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción declarativa” (cfr. causa: L.115.211, del 11/03/ 2013) (cfr. foja 264 y vta.) y en base a ellos concluyó en que si bien la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es el organismo habilitado para llamar a conci- liación obligatoria (cfr. 263 vta.) no puede fijar multas en caso de no acatamiento.- Señala que los fundamentos del fallo citado no son aplicables en esta jurisdicción pues en Provincia de Buenos Aires existe un artículo de la Constitución que expresamente señala que debe intervenir un organismo imparcial en aquellos conflictos colectivos en los que el Estado es parte.
En esta provincia, expresamente, no existe tal previsión y las normas vigentes, respecto a las cuales AMET no ha deducido inconstitucionalidad, disponen que sea el actual Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Provincial quien llame a conciliación obliga-toria, ante la inminencia de que se tomen medidas de acción directa; ello a fin de resolver el conflicto pacíficamente, evitando perjuicios a terceros, en el particular que nos ocupa, salvaguardando el derecho a la educación, y así preservar la paz social.- A su entender el Juez de grado ha violado la ley e incurrido en arbitrariedad al fallar aplicando al caso los fundamentos del fallo de la Provincia de Buenos Aires, pues así ha desconocido la normativa provincial que rige la materia, además que se ha excedido, violando el principio de congruencia, por cuanto ha ido más allá del contenido del recurso, introduciendo temas no propuestos por la ape-lante, como indagar si el órgano administrativo estatal puede imponer sanciones en el procedimiento de conciliación obligatoria cuando el Estado Provincial resulta ser una de las partes del conflicto.- Por último, se agravia de la imposición de costas a su parte “…cuando se revoca el acto administrativo impugnado por fundamentos que no guar-dan relación con el planteo de la recurrente AMET, por lo tanto al hacerse lugar al recurso no se está reconociendo la certeza de su planteo, sino innovando o generando pretensiones no deducidas en autos.” (cfr. fs. 267 vta./268).-
A fs. 282 y vta., este Tribunal Superior de Justicia declara formalmente admisible el recurso casación, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-; haciendo uso de tal derecho solo la parte actora a fs. 286/293.-
En su memorial, AMET inicia peticionando un llamado de atención para el Sr. Fiscal de Estado por ciertas palabras que utiliza en su recurso, las que considera agraviantes.-
En lo que atañe a la cuestión controvertida, expresa que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no es un ente imparcial que pueda mediar en un conflicto entre AMET y el Consejo Provincial de Educación. Dicha falta de neutralidad, a su entender, le impedía actuar como tercero imparcial en el conflicto sindical y menos aun sancionar a AMET. Agrega que no es cierto, como dice la contraria, que la huelga llevada a cabo por AMET fuera declarada ilegal ya que la sentencia que así lo había decidido no se encuentra firme porque fue apelada por AMET (cfr. fs. 286 vta./287).- Considera que no existió un exceso en la actuación del juz-gador, como pretende la contraria pues AMET planteó agravios concretos contra la falta de imparcialidad de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para mediar en el conflicto en cuestión, como así también la ausencia de marco normativo para imponer multas como lo hizo (cfr. foja 289); y además, a su modo de ver, el Magistrado actuó dentro de sus facultades puesto que: “…es el Juez quien debe determinar y aplicar el derecho vigente, con independencia de las alegaciones de las partes…” (cfr. foja 289 vta.).- Indica que su parte no planteó inconstitucionalidad alguna debido a que de lo que se trata es que ninguna de las normas citadas por el organismo estatal (Leyes Provinciales Nº 2986, 2450 y Pacto Federal de Trabajo Ley N° 25.212) prevé sanción alguna para el caso de incumplimiento de las asociaciones sindicales de su deber de someterse a la conciliación obligatoria, tal como se expresara en la sentencia recurrida (cfr. fs. 290 y vta.).-
Por último critica el libelo casatorio por restarle validez a los Convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (que fueron cita-dos por el Juez de grado como uno de los fundamentos de su decisión). Sobre el parti-cular, manifiesta: “Es por ello que yerra gravemente la contraria, puesto que mal que le pese los Convenios OIT 151 y 154 son ley vigente en nuestro país, y la normativa nacional y/o provincial que se oponga a los mismos ha quedado desplazada desde el momento en que fueron ratificados dichos Convenios Internacionales.” (cfr. foja 291).- Formula reserva del caso federal (cfr. foja 292 vta./293).-
A fs. 295/299 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, quien -por los argumentos que allí esgrime y a los cuales nos remitimos por razones de brevedad- expresa que el recurso de casación interpuesto debe prosperar (cfr. foja 299).-
A foja 300 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 301 pasan los presentes a estudio.-
III. Sintéticamente y a fin de clarificar la controversia a decidir, apuntaremos que la pretensión de la recurrente es que se revoque la sentencia apelada y se mantenga, contra la actora, la multa que fue fijada en sede adminis-trativa, por no haber, esta última, acatado la conciliación obligatoria.-
El Juez revocó la sanción en base a los siguientes argumentos:
a) El organismo administrativo laboral, la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social no es un órgano independiente e imparcial, en casos como el de autos cuando el Estado es el empleador, lo cual, según el magistrado, si bien le permite llamar a conciliación obligatoria, le impide sancionar en caso de no acatamiento (cfr. foja 252 vta.).-
b) No se cumplieron con las formalidades requeridas en el procedimiento administrativo y así se violó la garantía de defensa en juicio. En este aspecto postula que no se encuentra justificado, en las constancias del expediente administrativo, el quantum de la sanción. Ya se explicó que la multa se fijó en pesos mil por afiliado disponiendo la administración que ese número debía multiplicarse por cincuenta (50) afiliados. Ahora bien no se explica de donde se toma el número de cincuenta (50) afiliados, según el Juez, no queda claro si fueron los docentes que adhirieron o la cantidad de afiliados del gremio, o cualquier otra causal, lo cierto, dice, es que no se brinda ninguna justificación al respecto (cfr. fs. 254 y vta.).- c) No se ha seguido el procedimiento previsto en las Leyes Nº 2450 y 2506 para aplicar multas. Expresa: “No se ha implementado el procedimiento del art. 58 y sig. de la ley 2.450 en tanto no se ha instruido sumario alguno con la imputación concreta realizada, no se ha permitido tampoco a la parte afectada ejercer adecuadamente su derecho de defensa, efectuando el correspondiente descargo, brindando la posibilidad de ofrecer prueba y en su caso obtener una resolución fundada una vez que ello haya acontecido…” (cfr. foja 255).- d) Las normas en que se sustenta la multa -artículos 46 y concordantes de la Ley Provincial N° 2450 y 4° inciso f, Capítulo 2, Anexo II de la Ley Nacional Nº 25.212, incorporada a la Provincia por la Ley Nº 2506- no contemplan, a criterio del magistrado, el supuesto de autos, ya que no tratan en forma expresa y específica la situación del incumplimiento a la intimación por parte de una asociación sindical. Además, con relación a la Ley Nacional Nº 25.212, agrega que ella no es aplicable a las relaciones de empleo público provincial pues se trata de una facultad no delegada por las provincias (cfr. foja cit.).-
IV. Definido el marco de estudio, por una cuestión de orden metodológico, nos avocaremos en primer lugar a verificar si se ha cumplido en legal forma el procedimiento llevado a cabo por el órgano administrativo. En esta tarea debemos constatar si se han cumplido, o no, los pasos que el procedimiento adminis-trativo prevé para arribar a una sanción, como la que se ha impuesto en este caso.-
A fs. 880/885 del Expediente Administrativo N° 552.299/07 se decretó la conciliación obligatoria y se citó a las partes AMET y ADOSAC a una audiencia, en los términos de los artículos 21 y 31 de la Ley Nº 2450 y se las intimó al cese de la medida de fuerza que estaban llevando a cabo (Disposición N° 204/11). AMET fue notificado de la misma, el 2/5/2011 (cfr. foja 888 del Expte. Adminis-trativo cit.).-
AMET comunica que no acatará la conciliación obligatoria, al tiempo que solicita la convocatoria a una audiencia paritaria a foja 891. A foja 907 es intimada para que deponga la medida de fuerza y se avenga a la conciliación obligatoria, y realiza su descargo a fs. 910/915. Nuevamente se la intima a foja 917 a los fines de acatar la conciliación, la cual es respondida negativamente por AMET a fs. 918/919.-
A fs. 923/924 se dicta la Disposición N° 271/2011 -mediante la cual se fija la multa objeto de recurso- contra AMET quien la impugna con el recurso de apelación y nulidad interpuesto a fs 929/940 y que se rechaza mediante Dis-posición Nº 344/2011, a fs. 970/971.-
A fs. 966/967 se acredita la concurrencia de AMET y ADOSAC a la audiencia fijada a foja 962, oportunidad en que ambas entidades gre-miales manifiestan el rechazo a la conciliación obligatoria y solicitan al gobierno que les acerque una propuesta para destrabar la situación.-
Conforme surge de estas actuaciones (cfr. fs. 22/30 vta.) AMET recurrió en queja por apelación denegada la que se radicó ante el Juzgado en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería N° 2, donde el Magistrado interviniente hizo lugar a dicho recurso (cfr. fs. 45/53) y finalmente dictó la sentencia que ahora es objeto de casación (cfr. fs. 242/256).-
La síntesis efectuada permite concluir que, a lo largo del pro-ceso seguido en sede administrativa, no se han producido las violaciones al debido proceso alegadas por AMET y contempladas en la sentencia recurrida. No se observa que se haya afectado el debido proceso ni el derecho de defensa, toda vez que la nombrada pudo tomar conocimiento de lo acontecido y, en ningún caso se vio privada de efectuar los planteos que hacían al amparo de su derecho. Más aún, concurrió a las audiencias que se dispusieron en dichas actuaciones y, no dejó constancia de los defectos que a la hora de recurrir menciona, a pesar de que tuvo la oportunidad de conocerlos al compulsar el expediente, en el cual, vale reiterarlo, se fijaron audiencias a solicitud de los gremios en conflicto (AMET y ADOSAC). Las resoluciones adop-tadas fueron siempre debidamente notificadas y pudo efectuar las presentaciones que hacían a su defensa.-
V. Sin embargo, y a pesar de lo expuesto en el punto anterior, debemos coincidir con el magistrado preopinante en que el acto administrativo (Resolución Nro. 271/2011) que fijó la multa contiene vicios que traen aparejada su anulación. Ello así pues el quantum de dicha multa, esto es pesos mil ($ 1000) por la cantidad de cincuenta (50) afiliados, no se encuentra justificado ni en la mentada resolución ni en ningún tramo del expediente administrativo. No ha aportado el ente administrativo ningún elemento que permita conocer de donde ha deducido la cantidad de cincuenta (50) afiliados que multiplicó por el importe de pesos mil ($ 1000) que se fijó como sanción por afiliado. Sobre el particular expresa, acertada-mente, la sentencia recurrida: “Así, no surge del expediente informe alguno que indi-que la cantidad de '50' afiliados adheridos a las medidas de fuerza o adheridos a la asociación sindical, ni se encuentra justificado en las consideraciones efectuadas en el acto administrativo el parámetro utilizado para su cálculo, amén de que el órgano ad- ministrativo sostiene que el mismo surge de la 'aplicación de un porcentaje' de los docentes adheridos informados por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada (fs. 233 vta.).
Lo cierto es que, de ser esto así, nada se ha explicitado en la disposición y, conteniendo la norma utilizada para la imposición de la sanción una graduación o escala, deviene imprescindible explicar las razones que determinan el 'quantum' de la multa a efectos que (sic) motivar adecuadamente el acto […] En tanto ello no resulta factible, tampoco podría la demandada ejercer un adecuado derecho de defensa, pues desconoce los parámetros utilizados para graduar la sanción impuesta, la que aparece así como meramente discrecional e injustificada.” (cfr. fs. 254 y vta.).- Compulsado el expediente administrativo, no surge elemento alguno que permita conocer como se arribó a la cantidad de cincuenta (50) afiliados, tampoco obra constancia en la resolución impugnada, ni la propia administración en su libelo casatorio ha brindado fundamento alguno que permita llenar ese vacío.
Asimismo, las expresiones vertidas, sobre el particular, a fs. 233 y vta., son meras expresiones que carecen de sustento probatorio, pues no obra en las actuaciones administrativas informe alguno de donde surjan los datos que la recurrente refiere en dicha presentación. Más aun, sus dichos sólo llevan a suponer que el número de afiliados fue elegido al azar sin tener bases ciertas para apoyarlo. Así sostuvo el ente administrativo “...Al respecto, cabe también destacar que resulta complejo obtener un número preciso y detallado, toda vez que no es posible obtener información ni recabarla dado que la mayor parte de los Establecimientos Educativos no la suminis-traban...” (cfr. foja 233 vta.).- Este aspecto del acto administrativo carece, así, de la debida motivación en tanto no ha brindado fundamentación alguna de cómo se ha graduado el quantum de la multa, requisito indispensable para su validez.
Esta carencia, no permite además, ejercer en debida forma el derecho de defensa, pues el destinatario de la pena no conoce los parámetros en base a los cuales se la ha graduado.-
A la luz de lo indicado precedentemente, la situación descripta configura una hipótesis de nulidad, puesto que la motivación es requisito de validez de los actos administrativos.-
Tal afirmación cuenta con respaldo jurisprudencial: “La decla-ración de nulidad del acto administrativo procede ante la omisión de alguno de los requisitos establecidos en los artículos 70 y 114, en el sub iudice, el monto del grava-men reclamado. Dicha sanción nulificante halla fundamento en que el yerro señalado ocasiona un perjuicio, al colocar al apelante en un indiscutible estado de indefensión, ante la falta de certeza respecto del monto y origen de las diferencias reclamadas, causándole un agravio que no puede ser subsanado en esta instancia, sin que se vea afectado el derecho de defensa en juicio […] Que cabe recordar que la motivación es el sustento del acto administrativo, es una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación del acto, o sea los motivos o presupuestos del mismo; constituye por lo tanto, la fundamentación fáctica y jurídica con que la administración pretende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada y es el punto de partida para el razonamiento de esa legitimidad. Y así, cuando la motivación falta o es insuficiente, puede afirmarse que la ausencia de un razonamiento justificado en las decisiones administrativas supone una grave erosión del principio de seguridad jurídica (conforme Gordillo, Agustín 'Tratado de Derecho Administrativo', Tomo III, Editorial Macchi, Bs. As. 1991, punto X-7 y Asorey, Rubén 'El principio de seguridad jurídica en el Derecho Administrativo', Principios Constitucionales; Tribunal Fiscal de Federación, p. 314)'. Que consecuentemente, deviene inevitable declarar la nulidad de la Disposición Delegada SEFSC Nº 3/11, dictada en fecha 10 de junio de 2011, por la Gerencia de Operaciones Área Interior de la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (fs. 884/894)...” (cfr. TFA Buenos Aires, sala I, “Carnes Santa María S.A.”, del 03/02/2015, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/12332/2015).- Corolario de lo hasta aquí analizado es que el acto adminis-trativo objeto de autos es nulo, confirmando entonces, la decisión impugnada.-
VI. En virtud del análisis efectuado en los considerandos precedentes, la decisión motivada en ellos pone fin a la contienda y, consecuente-mente, deviene abstracto expedirse sobre los demás planteos esgrimidos por la recurrente con relación a la cuestión de fondo.-
VII. La censura por el modo de imposición de las costas no puede prosperar ya que, como reiteradamente ha sostenido este Tribunal Superior de Justicia, se trata de una facultad exclusiva de los jueces de grado que excepcional- mente resulta atendible en esta instancia extraordinaria cuando se impusieran a quien no ha resultado vencido, o exista inequidad en los criterios de distribución (cfr. Sen-tencia, Tomo XVII, Reg. 583, Folio 3332/3338). En el caso, nada de ello sucede, ya que le han sido impuestas a la parte vencida en juicio; derrota que, por distintos mo-tivos, se sostiene en esta instancia.-
VIII. Por último, en lo atinente al pedido de un llamado de atención al Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, formulado por AMET al contestar el recurso de casación (cfr. foja 287 vta.); en el caso bajo examen, no se advierte que la conducta del nombrado exceda el normal ejercicio del derecho de defensa, motivo por el cual debe desestimarse la petición.-
La jurisprudencia ha señalado que las sanciones de este tipo, deben aplicarse en casos extremos, cuando no quepa lugar a dudas que se ha actuado con la intención de agraviar, debiendo los jueces ser prudentes cuando entra en el ámbito de las sanciones que pueden afectar un principio constitucional como el de defensa en juicio. “No corresponde que cualquier expresión gramatical utilizada por el letrado se califique como exceso o desmesura. En dicha valoración debe prevalecer la serenidad y cautela por parte del tribunal...” (cfr. Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Córdoba, sala III, “P., R. y otro”, del 07/03/1997, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/3645/1997).-
IX. De conformidad con los argumentos vertidos en los Consi-derandos que anteceden, corresponde no hacer lugar al recurso de casación inter-puesto por el Estado de la Provincia de Santa Cruz a fs. 259/268; por los motivos expuestos en el Considerando V, confirmar el fallo de la anterior instancia en cuanto dispone la revocación de la Disposición N° 271/S.E.T. y S.S./2011.-
Las costas del proceso se imponen a la recurrente, en virtud del principio objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del CPC y C).-
Que, en mérito a todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 303.-
2. Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Estado Provincial a fs. 259/268 contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 2 de esta ciudad -que interviene en el presente como Tribunal de Apelación- a fs. 242/256 3º) Confirmar, por los motivos expuestos en el Considerando V, el fallo de la anterior instancia en cuanto dispone la revocación de la Disposición N° 271/S.E.T. y S.S./2011.-
5. No hacer lugar al llamado de atención al Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz solicitado a foja 287 vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernán-dez (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1019S.211 Tomo: XXI Interlocutorio: 691 Folio N°: 4052/4057 Secretaría: 1
Fin de la sentencia