Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul · Causa 73.817
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Admitir el recurso interpuesto por el demandado con fecha 24/02/2025 y rechazar la demanda de desalojo.
II. Con costas de ambas instancias a la parte actora (arts. 68, 274 y conc. del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
Causa: 1-73817-2025-
"EL M. S.C.A. C/ T. S. S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
En la ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores, Yamila Carrasco y Esteban Louge Emiliozzi, encontrándose en uso de licencia la Dra. Lucrecia Inés Comparato al momento de la presente, para dictar sentencia en los autos caratulados: "EL M. S.C.A. C/ T. S. S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)", (Causa Nº 1-73817-
2025), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores: LOUGE EMILIOZZI-COMPARATO-CARRASCO.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
lra.- ¿Es justa la sentencia del día 17/02/2025?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION: el señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:
I. El presente proceso es iniciado por “El M.
S.C.A.”, quien promueve demanda de desalojo contra S. T. y subinquilinos y/u ocupantes en relación a un inmueble ubicado en la calle Chacabuco 440, 2do. piso, depto. “B” de la ciudad de Tandil (v. e.e. del 31/10/2022).
A su turno, el accionado contestó demanda, solicitando su rechazo, con costas (v. e.e. del 08/05/2023).
II. Luego de transitarse por la etapa probatoria, se dicta la sentencia mencionada al formular esta primera cuestión en la que se resuelve: “1°) HACIENDO LUGAR a la demanda de desalojo promovida por EL M. SCA contra S. T. y en consecuencia 2°) CONDENANDO a este último y a los demás SUBINQUILINOS y OCUPANTES que hubiere, a que en el plazo de DIEZ (10) días, entreguen a la actora el inmueble ubicado en la calle Chacabuco 440, 2do. piso, depto. “B” de la ciudad de Tandil, Pcia. de Buenos Aires, Matrícula 47305/N/5/44, Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección: A, Manzana 58; Parcela 7c; Subparcela: 44, bajo apercibimiento de lanzamiento. 3°) IMPONIENDOSE las costas a la demandada vencida, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad en que obre en autos la estimación del cánon locativo en los términos del art. 40, 3° párr. de la Ley 14.967”
La mentada sentencia contiene una minuciosa reseña de los hechos y fundamentos invocados por las partes en sustento de sus pretensiones, los que doy por reproducidos para no extender innecesariamente este voto. En tal sentido, señala Carlos Camps, comentando el art. 266 del C.P.C.C., que si bien es obligación de los tribunales de justicia resolver las cuestiones esenciales –de hecho y de derecho- que les fueren sometidas oportunamente por las partes, tal obligación no implica formalmente la necesidad de reseñarlas o mencionarlas con detalle, ya que si bien ello puede resultar útil no es exigencia que se desprenda de las normas que rigen la materia (aut. cit., “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Segunda Edición, T. II, pág. 784, con sus citas). Por lo demás, y como antes dije, esa reseña ya fue prolijamente hecha en primera instancia, y a la misma remito, por lo que ha de considerársela parte integrante de esta propuesta decisoria.
Por los mismos motivos, no mencionaré ahora los fundamentos de hecho y/o de derecho que dieron sustento a la sentencia que viene apelada (doctr. art. 163 inc. 5to. del C.P.C.C.), sin perjuicio de mencionarlos, en la medida en que resulte necesario, en el análisis que sigue.
III. El decisorio mencionado en el apartado anterior fue apelado por el demandado el día 24/02/2025, el recurso se le concedió libremente el día 26/02/2025 y expresó agravios el día 06/05/2025, los que fueron contestados por la actora el 15/07/2025.
Al contenido de estas piezas lo iré mencionando más abajo, a medida que vaya abordando los distintos agravios y demás planteos, para ganar en claridad y evitar reiteraciones.
El día 18/08/2025 la Asesoría de Incapaces de Tandil contestó la vista que este tribunal le confirió el día 14/08/2025.
IV. El día 26/09/2025 se llamó autos para sentencia y el día 31/10/2025 se practicó el sorteo de ley, por lo que las actuaciones se encuentran en estado de resolver.
V. A título introductorio, es dable observar que la parte demandada apelante vierte cinco agravios, por lo que, en el desarrollo que sigue, procuraré abordarlos con un orden lógico, que no coincidirá necesariamente con el propuesto por la recurrente.
Por otra parte -aunque vinculado a esa circunstancia- es dable aclarar que ceñiré el análisis que sigue a los agravios y planteos que devienen necesarios para la resolución de la litis. En tal sentido, la doctrina y la jurisprudencia tienen reiteradamente dicho que los jueces no tienen la obligación de seguir a las partes en todas sus argumentaciones en apoyo de sus pretensiones, siendo suficiente que se pronuncien sobre las cuestiones esenciales objeto de la litis (esta Cámara, esta Sala, causa nº 52.016, “H.J. Navas y Cía. S.A.”, del 29.10.08., entre otras; Sala II, causa nº 48.257, “Arla”, del 06.10.05. y citas allí contenidas: Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales, tomo II-C, pág.27 y precedente de la misma Sala en causa n° 48621, entre otras), o, lo que es lo mismo, sobre los planteos recursivos que resulten esenciales y decisivos para dictar el veredicto en la causa (CSJN en Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).
En el mismo sentido, el Superior Tribunal de nuestra provincia tiene reiteradamente dicho que no existe omisión de cuestión esencial si ésta quedó desplazada por el razonamiento seguido por el sentenciante (Ac. 37.682 S 28-12-1987, Juez San Martín (SD) “Cariac, Carlos c/ Brandauer y Cía. S.A. s/ Indemnización daños y perjuicios”; Ac 87732 S 19-10-2005, Juez Soria (SD) “Acosta, Zunilda c/ Empresa de Transporte Fournier S.A. y C. s/ Daños y perjuicios”; citadas por esta Sala en causa n° 58942, “Centeno”, del 03.07.2014; causas n° 63574 “Giles” y n° 63577 “Barneche” (acumuladas), del 16.04.2019; causas n° 64680 “Rodríguez” y n° 64681 “Alijuaya S.C.A.” (acumuladas), del 30.06.2020, entre otras).
Y, en idéntica orientación, la doctrina judicial interamericana ha señalado que “el deber de motivación no exige una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino una respuesta a los argumentos principales y esenciales al objeto de la controversia que permitan garantizar a las partes que han sido oídas en el marco del proceso” (Corte IDH, “Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas”. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90; “Caso Mémoli c. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas”. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 40; “Caso Flor Freire c.
Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas”. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C. No. 315, párr. 186; citados por esta Sala, causa 70945, “Juliano”, del 25/10/2023, con primer voto de nuestra estimada colega Dra. Yamila Carrasco).
a) En primer lugar, es dable abordar el planteo que la apelante introduce a modo de cuarto agravio (págs. 18/21 del escrito de expresión de agravios), ya que en rigor no consiste en un agravio propiamente dicho sino en un planteo de nulidad procesal -fundado en la circunstancia de no haberse conferido vista al Asesor de Incapaces pese a que en el inmueble también habita la hija del accionado que es menor de edad-, por lo que, en el hipotético caso de prosperar, provocaría la nulidad de la sentencia por errores in procedendo (arts. 169 y sig. del C.P.C.C., esp. art. 174) y no su modificación o revocación por errores in judicando. Versando entonces el agravio en ciernes sobre defectos u omisiones de procedimiento, ha de señalarse que la vía procesal idónea para incoar dicho planteo no es la apelación sino el incidente de nulidad (art. 169 y ss del Código Procesal Civil y Comercial), el cual solamente puede ser promovido por la parte afectada en la misma instancia en que se produjeron las irregularidades alegadas y en el plazo y forma establecidos en la ley procesal, motivando así el dictado de una resolución por parte del mismo magistrado al que se imputa el defecto u omisión (Maurino, Alberto L., "Nulidades Procesales", citando fallos de tribunales de la Nación, págs. 215/216; Cám.
Civ. 2ª La Plata, Sala III, causa B-70.364 "Calleja, Luis A. c/ Parodi, Pedro s/ Rendición de cuentas"; conc. Cám. Civ. 1ª La Plata, Sala I, "Esterovich Nora c/ Chávez, Julio C. s/ Daños y Perjuicios"; conc. Cám. Civ. 1ª Bahía Blanca, Sala II, "Cánepa Néstor c/ Bruna Salvador y otra s/ Cobro Hipotecario", sumarios y fallos disponibles en JubaOnline; esta Cámara, esta Sala, causas nº 52700 “SEDESA” del 18.02.2009, nº 56644 “Merlo” del 14.08.2012, nº 56345 “Ledesma” del 01.10.2013, nº 58330 “Gianetti” del 17.10.2013, n° 59475 “Rivarola” del 11.12.2014, n° 61494 “Marmissolle” del 23.09.2016, n° 61855 “Colavitta” del 26.05.2017, n° 64467 “Redolatti” del 04.07.2019, n° 71328 “Cuadernillo” del 24.08.2023, n° 66447, “Leveau” del 06.02.2024, entre muchas otras; esta Cámara, Sala II, causas nº 37517 "Cabrera de Quin” del 17.04.1997, nº 50723, “Banco Provincia de Buenos Aires” del 06.03.2007, entre otras).
En esa línea, ha puesto de resalto la doctrina que el incidente de nulidad es la vía idónea para pretender la nulidad de cualquier acto realizado en el curso de la instancia, cuando se controvierta un defecto de procedimiento, ya que "...cada defecto de procedimiento debe reclamarse en la misma instancia en que se originó y esto hace a la esencia del incidente nulificatorio …” (Maurino, Alberto L., "Nulidades Procesales", citando Tribunales de la Nación, págs. 215/216; citado por esta Sala en causa n° 59979 “Nicora” del 14.04.2015, entre otras).
Por último, no se pasa por alto que nada impide que, aun presentando el recurso de apelación y el incidente de nulidad las nítidas diferencias antes apuntadas, ambas vías se intenten simultáneamente –esto es, cuando se cuestiona la justicia de una determinada resolución y, al mismo tiempo, se señala que fue precedida por vicios de procedimiento-, pues conforme ha señalado la Suprema Corte bonaerense “…no existe ninguna norma que imposibilite que respecto de una misma resolución se formule un incidente de nulidad y se la apele (doct. art. 19 Constitución Nacional). Esta alternativa constituyó el legítimo ejercicio del principio de eventualidad, haciéndose uso -acumulativamente- de todos los medios de impugnación o defensa que el ordenamiento autoriza, más allá de que éstos puedan aparecer como excluyentes entre sí…” (SCBA, Ac. 34.825, “Olicap S.R.L. s/ quiebra”, del 18.11.1986, voto Dr. Mercader, L.L., t. 1987-C, pág. 267, entre muchos otros; criterio seguido por esta Sala, causas nº 52389 “Ordoñez” del 13.06.2008, n° 52700 “Sedesa” del 18.02.2009, n° 57797 “Mihanovich” del 09.05.2013, n° 59979 “Nicora” del 14.04.2015, n° 64817 “Gaillur” del 03.09.2019, entre otras). Sin embargo, lo cierto es que ello no ha ocurrido en el caso de autos, porque la accionada solo dedujo un recurso de apelación y no promovió un incidente de nulidad.
En consecuencia, corresponde desestimar el agravio en ciernes (en el mismo sentido y ante un planteo similar, esta Sala, causa 69819, “Palmiche”, del 28/03/2023).
Sin perjuicio de lo anterior, es dable mencionar que -conforme surge de la breve reseña que antecede- una vez radicado el presente proceso en este tribunal se procedió a dar vista a la Asesoría de Menores e Incapaces de Tandil (v. providencia del 14/08/2025 con sus citas), quien la contestó el día 18/08/2025, señalando -en lo medular- que su intervención resultará operativa frente a una eventual condena de desalojo y a una también eventual imposibilidad de los progenitores de procurar otra vivienda para sus hijos que habitan con ellos.
b) En segundo lugar corresponde abordar el quinto agravio (págs. 21/23 del escrito de expresión de agravios) por el cual la recurrente critica el fallo por haber omitido expedirse respecto de su solicitud para que se suspenda el dictado de la sentencia hasta tanto se dicte decisión definitiva en el proceso de disolución y liquidación de sociedad promovido por su parte. Es dable aclarar que si bien esta crítica es específicamente desarrollada en ese pasaje de la pieza recursiva, también existen consideraciones similares en otros párrafos de la expresión de agravios en los que se recuerda que en la contestación de demanda se había solicitado que esta litis sea resuelta coetáneamente al proceso de disolución y liquidación de “El M. SCA” (v. págs. 9 y 12, entre otras). A fin de dar respuesta a esta crítica, asiste razón a la recurrente al señalar que su parte, en oportunidad de contestar demanda, hizo especial énfasis en la especial relación existente entre este proceso y el de disolución y liquidación de la persona jurídica actora y, como consecuencia de ello, solicitó que ambos procesos sean resueltos coetáneamente y una vez producida toda la prueba en cada uno de ellos (v. págs. 1, 2/5 y 20 de la contestación de demanda).
Ahora bien, es dable señalar que si lo que la parte demandada pretendía era la acumulación de procesos a los fines del dictado de una sentencia única debió oponer una excepción de litispendencia por conexidad, lo que habría dado lugar a una resolución que disponga la acumulación de ambos procesos a esos efectos (arts. 188 y sig. -esp. art. 190-, 345 inc. 4, 352 inc. 3 y conc. del C.P.C.C.). Sin embargo, la accionada no procedió de ese modo en la contestación de demanda, ya que no opuso una excepción de litispendencia de modo expreso, a lo que se suma que consintió el llamado de autos para sentencia de primera instancia a sabiendas de que el proceso conexo se encuentra en estado de prueba. No soslayo que tanto los fenómenos procesales de litispendencia por identidad (art. 352 inc. 3° del C.P.C.C.), como los de litispendencia por conexidad (art. 352 inc. 3° y art. 188 y ss. del C.P.C.C.), son susceptibles de ser declarados en ambas instancias (Azpelicueta- Tessone, “La Alzada. Poderes y deberes”, págs. 69/71). Además y en lo que aquí trasciende, la resolución respectiva podrá recaer tanto a pedido de parte como de oficio, ya que de lo contrario existe el riesgo del dictado de pronunciamientos contradictorios y se provoca un dispendio jurisdiccional innecesario (Azpelicueta-Tessone, ob. cit., p. 71 y 72; esta Sala, causas n° 55557, “F. C. E…”, del 09.06.11. y 55772, “Rodríguez” del 23.11.21.; esta Cámara Sala II, causa n° 50.226 “S.C.M.” del 13.09.06).
Sin embargo, entiendo que en este caso no es necesario disponer la acumulación de ambos procesos de oficio en esta instancia, lo que conduciría a aguardar la culminación del proceso de disolución y liquidación de la sociedad y su eventual apelación para el dictado de una sentencia única en esta sede. Ello es así porque -conforme surge de lo dicho hasta aquí y de lo que profundizaré en el apartado que sigue- la cuestión a decidir en autos gira en torno a si resulta posible promover un proceso de desalojo contra uno de los socios que ocupa un bien de la sociedad, o si ello excede el ámbito de conocimiento de dicho proceso especial. Por lo tanto, se trata de una cuestión que puede analizarse en la sentencia a dictarse en el mismo proceso de desalojo, tal como ocurre cuando se genera el mismo interrogante frente a otros legitimados pasivos. c) Abordaré ahora, de manera conjunta, las críticas que la recurrente vierte en el segundo y tercer agravio (págs. 9/14 y 14/18, respectivamente, del e.e. del 06/05/2025), donde señala, en lo medular, que no se analizó en profundidad el planteo introducido por su parte, referido al conflicto societario vigente, y que no es exacto que al contestar demanda haya reconocido la existencia de un comodato propiamente dicho.
A fin de dar respuesta a esas críticas, corresponde determinar en qué casos procede la acción de desalojo y, si el que nos ocupa, se inscribe en alguno de tales supuestos.
Diré para comenzar que el Código de Rito específicamente recepta al desalojo como un proceso especial; si bien sustentado o basado en el juicio sumario, con claras variantes que responden a la peculiaridad del derecho reclamado (art. 676 y ss. del CPCC; Conf. Rodriguez Saiach, Luis; “Derecho Procesal…”, T. II, p. 105; esta Sala, causa n° 56.862, “Garnica” del 18/9/12).
Siguiendo las enseñanzas de Areán, debo señalar también, que el proceso de desalojo tiene por finalidad recuperar la tenencia de un inmueble de manos de quien reconoce en otro la posesión del mismo, resultando sujetos pasivos de la acción, el locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso, o cualquier otro ocupante cuya obligación de restituir o entregar sea exigible (art. 676 segundo párrafo del CPCC; autora citada, “Juicio de Desalojo”, Ed. Hammurabi, págs. 52/61, con cita jurisprudencial y opinión de doctrina).
Enseña la autora, que el proceso de desalojo no es la vía procesal adecuada para debatir y dilucidar cuestiones que desbordan su objeto, como son las relativas al mejor derecho a la posesión o la posesión misma, por ser propias de acciones petitorias o posesorias. Es obvio, agrega –siguiendo doctrina plenaria sobre la materia-, que todo asunto referente a la posesión en sí, cabe discutirlo por las pertinentes acciones posesorias y no admite ventilarse en un juicio de desalojo, pero de tal premisa no es dable concluir con acierto que basta que el demandado invoque su calidad de poseedor para que tal postura tenga por efecto enervar el proceso de desalojo y menos fulminarlo. En esa misma dirección se ha expresado nuestro Máximo Tribunal Provincial (causa C. 118.196, “Viviendas 18 de Julio Sociedad Civil c/ Del Carmen, Mario s/ Desalojo por falta de pago”, del 19/9/18) sosteniendo que:
“…sabido es que procede el desalojo solamente cuando el demandado está obligado a restituir el inmueble en virtud de una obligación nacida en un contrato, como la locación de cosa, el comodato, el otorgamiento de la tenencia precaria o cuando quien lo detenta resulta un intruso (conf. causas Ac. 50.546, "Bianchi de Oneto", sent. de 22-II-1994 y Ac. 75.700, "Sotelo de Palavecino", sent. de 30-IV-2003), así como que corresponde desestimar la acción por desalojo intentada si el accionado ha acreditado prima facie el carácter de poseedor que invoca, lo que impide que pueda considerárselo como deudor de una obligación exigible de restituir, como lo exige el art. 676 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causas C. 97.416, "Rodríguez", sent. de 13-II-2008; C. 107.959, "Echenique de Pirotta", sent. de 5-X-2011 y C. 119.770, "Ferreyra", sent. de 23-V- 2017)”.
“En este sentido, constituyen cuestiones de hecho determinar en qué carácter ocupa la finca el demandado por desalojo y si resulta verosímil la condición de poseedor que invoca (causa Ac. 75.700, "Sotelo de Palavecino", sent. de 30-IV-2003)…”
En sentido análogo se pronunció esta Sala en la causa n° 61.746, “Macaya” del 4/4/17, donde sostuvo que “… si bien la acción de desalojo es una pretensión personal reglada en el art. 676 del Código Procesal Civil y Comercial (norma citada en su amparo por la parte actora al promover el juicio), y se halla prevista para los casos en que exista una obligación exigible de restituir el bien o para aquellos otros casos en que haya habido una ocupación absolutamente ilegítima o una intrusión (al respecto, ver causas SCBA Ac. 56.925, sent. del 8-VII-1997; Ac. 76.761, sent. del 27-XII-2000, Ac. 87.374, sent. del 3-VII-2005; etc.), esta acción no suple otras acciones reales (como la reivindicación) ni personales (como el cumplimiento de contrato), ni procede contra quien es mero tenedor de una cosa cuya devolución aún no le ha sido reclamada. De hecho, como se ha resuelto “nada impedía que en una etapa de ejecución del juicio de reivindicación se hubiera dilucidado la posibilidad de que la misma se haga efectiva…” (conf. Cám. Apel. Civ. y Com. de La Plata, Sala II, del 26.04.94, “Pabón”, cit. por Kiper en ob. ya reseñada; asimismo esta Sala, causas n° 54.861, “Bedria” y n° 60216 “Vargas”)…”. (en la misma dirección, esta Sala, causas n° 66.248, “Criado” del 27/4/21; n° 67.791, “Córdoba” del 15/3/22; n° 70.607, “Schremmel” del 3/10/23; n° 70.901, “Nuevos Vientos S.A.” del 20/10/23, entre otras).
Aplicando los principios expuestos al caso de autos, asiste razón al apelante al señalar que -contrariamente a lo afirmado en el considerando II del decisorio en crisis- su parte, al contestar demanda, no reconoció la existencia de un comodato (v. expresión de agravios, esp. págs. 11 y 14, entre otras). En efecto, puede observarse que en la demanda sí se relata que el bien fue dado al demandado mediante un comodato celebrado en forma verbal, sin precisarse la fecha en que ello ocurrió (v. demanda págs. 1/2). Pero el demandado, al contestar demanda, manifiesta que siempre vivió en el inmueble del que se lo pretende desalojar, “haciendo uso de sus derechos de socio” (textual de la pág. 4 de la contestación de demanda) y agregando que es uno de los pocos bienes de la sociedad que tiene en su poder.
De modo que, como ya lo anticipé sobre el final del apartado anterior, la cuestión a decidir en este estado gira en torno a si resulta posible promover un proceso de desalojo contra uno de los socios que ocupa un bien de la sociedad, o si ello excede el ámbito de conocimiento de dicho proceso.
En primer lugar, es dable observar que ni el Código Civil y Comercial ni la Ley General de Sociedades 19.550 regulan la figura del uso “regular” de un bien social por parte de un socio. No paso por alto que el art. 54 de la LGS sí menciona el uso de fondos o efectos de la sociedad para negocios de cuenta propia o de terceros, pero esa es una norma referida a la responsabilidad del socio, tema que no atañe directamente al presente caso, en especial porque, aun estando al relato de los hechos contenido en la demanda, la sociedad habría dado el bien en comodato a uno de sus socios. Distinta es la situación que se presenta en relación a otras figuras, como el condominio o la indivisión hereditaria, respecto a las cuales si está regulado el uso de la cosa por parte de los condóminos o coherederos (arts. 1986 y sig. y 2328 y concordantes, respectivamente, del Código Civil y Comercial). Es más, resulta interesante acotar, a los fines de este proceso, que tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado que el proceso de desalojo es inviable entre coherederos o entre condóminos, ya que en tales casos la cuestión relativa al uso o entrega del bien debe ventilarse en el marco del trámite sucesorio o, en su caso, en el de la división de condominio que cualquiera de los cotitulares pueda requerir (S.C.B.A., C. 103.177, sentencia del 30.03.2011, “Giménez”; esta Cámara, Sala II, causa 56.456, “Bruno”, del 06.09.2012, con cita de Beatriz Areán, “Juicio de desalojo”, pág. 206; esta Sala, causas n° 59.643, “Marino”, del 10.03.2015; 62.100, “Lamarche”, del 29.08.2017; 69.816, “Moriones”, del 30.05.2023, entre otras).
Pues bien, volviendo al interrogante de si es posible que la sociedad promueva un desalojo contra un socio que ocupa un bien de propiedad de aquélla, existe un interesante precedente de la Cámara Nacional Civil que guarda marcadas similitudes con el presente, en el que se revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda y se hizo lugar al desalojo (“LELIE S.A. c/ Chmea, Alberto y otros s/ Desalojo: comodato”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Sala G, 10-11-2008, El Derecho - Digital, 2009, Cita Digital: ED-DCCXCVI-81. Para así decidir el tribunal trajo a colación la obra de Areán antes citada (“Juicio de desalojo”, ed. hammurabi, p.579), prestigiosa jurista que a su vez integraba la Sala que emite el fallo, para sostener que si bien es cierto que la existencia del contrato de comodato debe interpretarse con criterio restrictivo, también lo es que si quien demanda por desalojo aduciendo la existencia de un comodato es el propietario (como ocurre en el supuesto de autos), la duda que origina la insuficiencia de prueba puede ser resuelta a su favor, en atención a la jerarquía de su derecho (art. 2523 de la ley sustantiva; actualmente art. 1941 del CCyC). El otro pilar sobre el cual se asienta el fallo -y que también fue correctamente traído a colación en este caso por el a quo- es que el inmueble reconocía la titularidad registral de la sociedad actora, lo que conduce a recordar que las personas jurídicas son entes enteramente distintos de los miembros que la componen, de manera que los bienes de aquélla no pertenecen a ninguno de éstos (art. 39 del Código Civil; actualmente art. 143 del CCyC).
Por el contrario, Jorge Ramírez, en su obra “El Juicio de Desalojo” (edit. Nova Tesis) se refiere a los contratos mediante los cuales el propietario se desprendió de la tenencia y no procede el juicio de desalojo, y dentro de ellos menciona a los “contratos sociales”, diciendo que para la devolución de las cosas por parte de la sociedad o los socios (siempre que no haya sido transferida en propiedad), habrá que promover juicio por disolución y liquidación de aquélla (ob. cit., pág. 16). A mi modo de ver, se trata de una materia en la cual no se puede adoptar una solución apriorística, ya que hay que estar a las particularidades de cada caso. A modo de ejemplo, no es asimilable la situación de una sociedad compuesta por varios socios en cuyo marco uno solo de ellos comienza a hacer un uso indebido de uno de los bienes sociales -en cuyo caso podría ser viable el desalojo y su eventual responsabilidad en los términos del art. 54 de la LGS, pareciendo excesivo que deba recurrirse a la disolución de la sociedad- a la de una sociedad compuesta por pocos socios, máxime si se trata de una sociedad “de familia” y los bienes sociales, por sus características, están destinados a vivienda. Esta última es la situación que se presenta en este caso, ya que la sociedad actora está compuesta por el aquí demandado Sr. S. T. y su hermano Sr. G. T., y el inmueble objeto del desalojo es un departamento, cuyo destino natural -o al menos uno de los más habitualeses el ser destinado a vivienda, y en la demanda no se indica qué otro uso tuvo el inmueble antes de ser dado en comodato al ahora demandado, ni qué uso pretende darle la sociedad actora una vez que lo recupere, especialmente teniendo en cuenta que el ente se dedica básicamente a la actividad agropecuaria.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la sociedad actora ya se encuentra en proceso de disolución y liquidación como consecuencia del proceso conexo que inició el aquí demandado con fecha 06/10/2022, es decir, pocos días antes del inicio de este proceso de desalojo que fue promovido el día 31/10/2022 (v. autos “T., S. C/ T., G. S/ DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD (INC. SOC. DE HECHO)”, expediente TD 2275/2022, en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial nro. 3 de Tandil).
Finalmente, es dable traer a colación lo resuelto por esta Sala en causa 70.901, “Nuevos Vientos S.A.”, sentencia del 20/10/23 que contó con primer voto de nuestra estimada colega Dra. Yamila Carrasco, ya que también tiene aristas similares al presente caso e inclusive coinciden parcialmente algunas de las personas humanas involucradas. En efecto, la sociedad actora estaba conformada por el Sr. G. T. y su padre fallecido Sr. V. R. T., y la acción se dirigía contra quien había sido la conviviente de Víctor R. T., explicándose en la demanda que el inmueble le había sido dado en comodato a este último y era el único autorizado para el uso de la vivienda (demanda, pág. 1). En la sentencia emitida por este tribunal se confirmó la sentencia que rechazó la demanda de desalojo, aclarándose que no se pasaba por alto que la titularidad del inmueble en cuestión se encontraba en cabeza de la sociedad actora NUEVOS VIENTOS S.A.; sin embargo, también se valoraron otras circunstancias, en especial que el Sr. V. T. había otorgado un testamento mediante el cual instituyó a sus hijos como sus únicos herederos, imponiéndoles el cargo de mantener el plan de la obra social de quien fuera su conviviente y de constituir a su favor un derecho real de habitación gratuito y vitalicio sobre el inmueble objeto del presente, o bien cedérselo en comodato. Este proceso es demostrativo o al menos un indicio de que en las dos sociedades de familia mencionadas (“Nuevos Vientos S.A.” y “El M. S.C.A.”) se adquirieron bienes para ser utilizados como vivienda de los socios y sus familias, por lo cual, valorando estas especiales circunstancias, entiendo que -tal como lo postula el recurrente- la cuestión excede el trámite del proceso de desalojo y debe dirimirse en el proceso de disolución y liquidación de la sociedad. Así lo voto.
La Señora Jueza Doctora Carrasco adhirió por los mismos fundamentos al voto precedente.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor ESTEBAN LOUGE EMILIOZZI, dijo:
Atento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al acuerdo:
I. Admitir el recurso interpuesto por el demandado con fecha 24/02/2025 y rechazar la demanda de desalojo.
II. Con costas de ambas instancias a la parte actora (arts. 68, 274 y conc. del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
Así lo voto.
La Señora Jueza Doctora Carrasco adhirió por los mismos fundamentos al voto precedente.-
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del C.P.C.C., se Resuelve: I) Admitir el recurso interpuesto por el demandado con fecha 24/02/2025 y rechazar la demanda de desalojo. II) Con costas de ambas instancias a la parte actora (arts. 68, 274 y conc. del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967. Regístrese, notifíquese en forma electrónica (conf.art.10 del Reglamento para presentaciones y notificaciones electrónicas (SCBA. Ac.4039 del 14/10/2021) y oportunamente devuélvase.-
OTROS
Fin de la sentencia