Abriendo la norma
Cámara Civil de la 1º Circunscripción · Causa 19.113/21
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando el recurso de apelación incoado por el señor S. R. R., confirmando la sentencia apelada en lo que ha sido materia de agravios.-
2Imponiendo las costas de esta instancia al recurrente y difiriendo la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a esta instancia, hasta tanto ocurra lo propio en la anterior.-
3Notificando -por la anterior instancia- a los domicilios reales de las señora M. T. C. S., C. I. R. y A. B. R. los párrafos cuarto y quinto del parágrafo VII de la presente.-
4Haciendo saber a la señora Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, Dra. J. C., y a la Licenciada F. Y. C. lo dispuesto en el parágrafo VII de la presente.-
5Remitiendo copia de las presentes (previa anonimización) al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género dependiente del Tribunal Superior de Justicia.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Primera Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 19.113/21 Sentencia: 3570 Actor: C. S. M. T.
Demandada: R. S. R.
Objeto: MEDIDAS DE ABORDAJE INTRAFAMILIAR Fecha: 21/04/2023 Texto: En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil veintitrés se reúne la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, integrada por el señor Juez Dr. Eduardo Gabriel López con la Presidencia del Dr. Carlos E. Arenillas, para dictar sentencia en los autos caratulados: "C. S. M. T. c/R. S. R. s/medidas de abordaje intrafamiliar", Expte. Nº V-.../14 (.../21), venidos del Juzgado de Primera Instancia de Familia Número Dos, Secretaría de Violencia Doméstica, con asiento en la ciudad de Río Gallegos en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandado al PE...-2020 (C.V.: ...) y fundado al PE...-2020 (C.V.: ...), contra la sentencia de fs. 369/381. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Carlos E. Arenillas, 2º) Dr. Eduardo Gabriel López y las siguientes cuestiones a tratar: Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?, Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión el Dr. Arenillas dijo:
I. La sentencia dictada en la anterior instancia -en lo que nos interesa- resolvió: a) tener por acreditado el comportamiento violento del señor S. R. R. en contra de la señora M. T. C. S. y sus hijos C. I., A. B., F. S. y S. L., todos de apellido R.; b) intimar al señor R. a evitar nuevos hechos de violencia, hostigamiento, amenazas persecución directa o indirecta contra los nombrados; c) intimar al señor R. a acreditar el inicio de un tratamiento psico social efectivo, continuado y controlado destinado a revertir su comportamiento, por el término mínimo de un año, bajo apercibimiento de imponerle sanciones conminatorias; d) intimar al señor R. a asistir a los talleres psico educativos brindados por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, bajo apercibimiento de aplicarle una multa e inscribirlo en el Registro de Personas Violentas y librar oficio a dicha Secretaría poniendo en conocimiento de que el denunciado se presentará a la misma para evaluar su admisión en los talleres; e) intimar al denunciado al inicio de una actividad de solidaridad comunitaria en una organización a su elección. f) intimarlo a evitar -en el futuro- generar conductas o comportamientos inadecuados para con su[s] hijo[s] y g) imponer las costas al señor R.-
II. El apelante se queja de que el a quo tenga por acreditados los hechos de violencia denunciados por su ex pareja sin prueba alguna al respecto.-
Agrega que el magistrado ha forzado la interpretación de los hechos “…para colocar al Sr. R. como responsable de una violencia que jamás logró acreditar la accionante.” (v. pág. 2).-
Refiere que lo decidido por el a quo va a contrapelo de lo que surge de los informes sociales y las entrevistas psicológicas realizadas a los hijos de las partes, de los cuales surge que los malos tratos hacia ellos provienen de la señora C.-
Agrega que la actora no denunció que hubiera cometido ningún hecho violento hacia sus hijos agraviándose de que se tengan por sucedidos hechos de violencia psicológica que no han sido probados por ningún medio en el expediente, “…basándose únicamente en los dichos de la denunciante,...” quien no ha podido demostrar nada de lo alegado (v. pág. 3).-
Aduce que a fs. 213 (febrero de 2017) la señora C. presentó un desistimiento de la denuncia y solicitó el archivo de las actuaciones, pero aún así el magistrado “…decidió seguir adelante con un proceso respecto del cual la propia denunciante manifestó no tener interés ni fundamentos para continuar, por haber logrado en ese entonces superar la conflictiva familiar,…” (v. pág. 3 in fine).-
Acusa al a quo de realizar una valoración segmentada y parcial de los elementos probatorios obrantes en el expediente, entre ellos, de la pericial psicológica realizada en 2013 que daría cuenta de una hostilidad mutua y agresión recíproca entre los progenitores.-
También referencia a la experticia realizada el 11/03/2019 que daría cuenta del deseo del grupo fraterno de vivir con su parte porque es quien está atento a sus necesidades.-
Solicita se admita la apelación, se revoque la decisión apelada y se impongan las costas a la actora.-
III. Cabe indicar que a instancias de lo señalado por el señor Defensor Público Oficial ante esta Cámara al PE...-2022 (C.V.: ...) este Tribunal dispuso una medida para mejor proveer (ver PE...-2022, C.V.: ...) la que ha sido cumplida de modo incompleto: ver pericia social obrante al PE...-2022 (C.V.: ...) o tardío: ver constancias de oficios PE...-2022 (C.V.: ...), PE...-2022 (C.V.: ...), PE...-2022 (C.V.: ...), cédulas a la Titular de la Oficina de Niñez de la Municipalidad PE...-2022 (C.V.: ...), PE...-2022 (C.V.: ...) y su respuesta al PE...-2022 (C.V.: ...). Sobre el particular se volverá más adelante.- Atento el tiempo transcurrido y centrándonos en lo que hace al objeto de este proceso y de la apelación en curso, a fin de no dilatar mas aún la cuestión se evaluará el recurso intentado.-
IV. Previo a ingresar a tratar el fondo de la cuestión debemos recorrer el marco normativo aplicable al caso.-
La ley Nº 26.485 traslada, a nuestro derecho interno, las obligaciones asumidas por el Estado a través de la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de jerarquía constitucional conforme el art. 75, inc. 22 de nuestra Constitución Nacional y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) de jerarquía supralegal.-
Esta ley establece en el art. 4°: "Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.".- Dicha ley no establece sanciones respecto de la situación de violencia, sino que busca que ésta cese a partir de la actividad jurisdiccional; entonces, dispone "sanciones" cuando, una vez ordenadas las medidas de protección a favor de la víctima, se produce la "desobediencia" del denunciado de la orden judicial.-
En otro orden de ideas, las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, elaboradas en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, considera que el género constituye una posible causal de aquella y establece en el punto 20 que: "...[s]e prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna".- Es imprescindible señalar que el Estado argentino ha asumido obligaciones internacionales en materia de prevención, investigación y sanción de los hechos de violencia contra las mujeres.-
Entre las obligaciones legales del Estado con respecto a la violencia de género se incluye la de garantizar, a las personas sometidas o amenazadas por esa violencia, entre otras el derecho a la vida, a no sufrir torturas y otros tratos inhumanos y degradantes, a la integridad física, mental y moral, el acceso a la justicia, a una decisión justa, al debido proceso. Atento ello, es indispensable destacar los estándares de debida diligencia tanto en la investigación como en la prevención de hechos de violencia contra las mujeres.- El desarrollo de la jurisprudencia internacional ha consolidado la idea de que el deber de debida diligencia, tanto en la prevención como en la protección judicial, se relaciona con la necesidad de evitar la impunidad en caso de violaciones a los derechos humanos. Por ello, una adecuada investigación sienta las bases necesarias, por un lado, para cumplir con la obligación de esclarecer los hechos y sancionar a los perpetradores y, por el otro, para impedir violaciones futuras.-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, C.I.D.H.) estableció, en su documento "Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas", que: "un acceso de jure y de facto a recursos judiciales idóneos y efectivos resulta indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres, así como también lo es el cumplimiento de los Estados de su obligación de actuar con la debida diligencia frente a tales actos". Sin embargo, la labor de la C.I.D.H. y de la Relatoría sobre los derechos de las mujeres revela que a menudo las mujeres víctimas de violencia no logran un acceso expedito, oportuno y efectivo a recursos judiciales cuando denuncian los hechos sufridos. Por este motivo, la gran mayoría de estos incidentes permanece en la impunidad y, en consecuencia, sus derechos quedan desprotegidos (ver www.cidh.org/women/acceso 07/resumeneje.htm).- En este punto vemos necesario expresar que la respuesta judicial efectiva frente a la violencia contra las mujeres importa que los recursos judiciales sean no sólo accesibles, sino también oportunos, que claramente tengan una perspectiva de género y que permitan investigar, sancionar y reparar estos actos.-
Continúa diciendo la C.I.D.H., en el documento antedicho, que la Declaración Americana y la Convención Americana han consagrado una serie de principios básicos y obligaciones relacionados con el derecho de acceder a una adecuada protección judicial. Los arts. XVIII de la Declaración Americana y 25 de la Convención Americana, establecen que todas las personas tienen el derecho a acceder a recursos judiciales y a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial cuando creen que sus derechos han sido violados.- La Convención de Belém do Pará establece el deber de los Estados de "...adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad,..." (cfr. art. 7°, inc. d) y de "establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos,..." (cfr. art. 7°, inc. f).- Que en la recomendación general 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su apartado t) se "insta a que los Estados Parte adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas: i) medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el hostigamiento en el lugar de trabajo; ii) medidas preventivas, entre ellas programas de información y educación para modificar las actitudes relativas al papel y la condición del hombre y de la mujer; iii) medidas de protección, entre ellas refugios, asesoramiento, rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo.".- Finalmente, debemos destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expedido en diversos casos donde se trataba la violencia contra la mujer.
A modo de ejemplo, se puede citar el caso "María da Penha Maia Fernandes" (C.I.D.H., informe 54/01, caso 12.051, "María de Penha Maia Fernandes (Brasil)", 16/4/2001, donde el mencionado tribunal estableció que la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia necesaria para prevenir, sancionar y erradicar violaciones de los derechos humanos, se aplica a casos de violencia doméstica, e interpretó el alcance del deber de actuar con la debida diligencia frente a la violencia doméstica en un sentido amplio, comprendiendo no sólo la pronta investigación, procesamiento y sanción de dichos actos, sino también la obligación de "prevenir estas prácticas degradantes".- Sobre la específica situación que se presenta en las cuestiones domésticas, que ocurren puertas adentro y la valoración del testimonio de la víctima de violencia, resulta esencial hacerlo con una perspectiva que tome en cuenta la asimetría de las relaciones que se plantean en el caso particular.-
V. Dicho esto y considerando que los hechos que motivaron el inicio de esta acción se produjeron en el ámbito intrafamiliar, deviene de esta característica que no obren otras pruebas, tales como testigos directos de los hechos denunciados, por lo que cobran especial relevancia los informes y las periciales producidos a fs. 53/54; 102/103 vta.; 120/122; 239/241 vta.; 308/309; 336/338 vta.; 358 y vta.; 361/362 valoradas por el magistrado actuante.-
Sobre el particular, cabe indicar que las referencias a comportamientos violentos en el ámbito de la intimidad de esta pareja han sido sostenidos por la señora C. de manera constante en cada denuncia que ha realizado tanto en sede policial como judicial.-
En relación al desistimiento -sobre cuya falta de aceptación se agravia el apelante, obrante a fs. 213 y vta.- no puede ser considerado como lo pretende el señor R. en tanto se debe ponderar una nueva denuncia realizada por la actora en el mes de noviembre de 2018 y que diera lugar a la formación de un expediente que fuera acumulado al presente. (ver fs. 242 en adelante).-
Asimismo, no puedo dejar de señalar las conclusiones de la pericial de fs. 239/241 vta. que da cuenta de que “La pareja sostiene una modalidad vincular de tipo disfun[c]ional, con indicadores de relación conyugal asimétrica, con maltrato verbal, emocional y sexual de parte del Sr. R. hacia la Sra. C.”.-
Relevante resulta lo sostenido en el contexto de la misma por el señor R. en tanto afirmó: “…que su esposa trabaja porque quiere, ya que su ingreso solo le alcanza para solventar los gastos de la empleada, y que sería coherente que se quedara en la casa cuida[n]do de los hijos y que busca constantes excusas para no estar en el vivienda.” dando cuenta a la vez de la desvalorización que hace el denunciado de su esposa y del rol que le asignó en su esquema familiar (v. fs. 240 vta.).- Desde un análisis interseccional, corresponde señalar que se presentan en esta mujer una suma de vulnerabilidades que transforman su caso en uno paradigmático.-
Es así que debe sopesarse el contexto de esta familia, donde ambos resultan ser migrantes (ambos nacieron en P...), con la diferencia que la señora C. no tiene ningún familiar en la ciudad, mientras que el señor R. cuenta con su madre y -por lo menos- un hermano en ésta, no teniendo la actora más que una amiga a la cual recurrir, y que las testigos de su matrimonio fueron la madre del denunciado y otra mujer que terminó declarando en esta causa a instancias del señor R. denotando la falta de contención y de redes de apoyo que signaron la vida de la actora en esta ciudad (v. fs. 21 y 98 y vta.).- En particular, cabe interrogarse cómo una persona (la actora) calificada en las pericias psicológicas como de “…un rendimiento intelectual estimado por debajo del término medio…”, con problemas de memoria y concentración, pueda inventar y sostener en idénticos términos los ataques sexuales de los que acusa al señor R. a lo largo de los años (2013/2018).-
Así las cosas, de las pericias realizadas en concordancia con el relato realizado por la denunciante, surge el comportamiento violento del señor R. para con su esposa, siendo los hechos relatados por la víctima, la punta del iceberg de una situación estructural normalizada por esta mujer durante largo tiempo.-
A la par, no se advierte que la denuncia realizada por la señora C. S. haya tenido el objetivo de sacar un provecho económico o de impedirle el contacto con sus hijos.-
Encaminada la cuestión desde esta perspectiva, he de considerar que -contrariamente a lo afirmado por el apelante- han existido los hechos de violencia relatados por la señora C. S. fs. 3/5 vta. y 246/249. Por lo expuesto, estos agravios deben ser rechazados.-
VI. En relación a la esgrimida falta de pruebas de ejercicio de violencia sobre los hijos, cabe indicar que los niños que presencian violencia dentro del hogar se ven afectados en su desarrollo emocional y social, pudiendo generar un trauma, siendo considerados por ello, víctimas indirectas.-
Sobre el particular se ha dicho que: “La cuestión acerca de si el maltrato a las madres se debe incluir como una forma de maltrato infantil, ha dado lugar a debates, si bien son mayoría quienes mantienen una respuesta afirmativa, y es porque gran parte de los problemas que se generan en el desarrollo de estos niños y niñas, tienen su origen, bien en las situaciones de tensión, negligencia o abandono a las que se ven sometidos por parte de sus progenitores, incapaces de satisfacer sus necesidades básicas en el clima familiar violento, bien porque son también víctimas del maltrato activo (físico o emocional) similar al que reciben sus madres o las figuras femeninas que ejercen dicho papel. En este sentido, UNICEF, basándose en la Convención de Derechos del Niño, que en su Artículo 19 habla de la protección ante 'cualquier forma de violencia física o mental', determina la necesidad de considerar maltrato, no solo la violencia directa, sino también los efectos indirectos de la violencia familiar sobre los niños; basándose en estudios acerca de la violencia intrafamiliar que han puesto de relieve los efectos psicológicos potencialmente adversos que tienen sobre los niños presenciar o escuchar situaciones violentas (tanto físicas como psicológicas) entre sus progenitores.” y que: “Uno de los mitos de la violencia de género es que el maltrato a las mujeres, no supone un riesgo para sus hijos; esta idea sin embargo choca con la realidad, puesta de manifiesto, tanto por la frecuencia con la que los comportamientos violentos de los padres maltratadores afectan a los niños y niñas de forma directa, como por los efectos negativos que sobre el desarrollo infantil y adolescente tiene la exposición a situaciones de violencia indirecta.” (cfr.
A. Sepúlveda García de la Torre, “La Violencia de Género como causa de Maltrato Infantil” https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062006000100011).- Según esta autora, los problemas que presentan los niños expuestos a la violencia indirecta, son superponibles al patrón descrito en menores víctimas directas de maltrato, concluyendo que: “De una forma general basándonos en la Victimología Evolutiva, se puede decir que los efectos de ser testigo de violencia son característicos de las etapas de la Psicopatología del Desarrollo, siendo propensas las víctimas a presentar problemas en su desarrollo evolutivo, emocional, cognitivo y social, que le impide el bienestar y un progreso adecuado como persona.”.- Así, de los informes elevados por la Autoridad de Infancia Municipal surgen varias aristas a tener en cuenta en este aspecto.
Ya, las observaciones de los psicólogos, en el año 2013, dan cuenta del profundo malestar emocional que atravesaban estos niños.-
Por ejemplo, la apreciación profesional respecto de la joven C. I. R. (que en esa época contaba con diez años de edad) transmite que: "Las características de su producción, sus modos de comunicación y simbolización muestran indicadores de sobreadaptación, inflación del Yo, racionalización, en términos defensivos y sentimientos de indefensión frente a un contexto vincular vivenciado como adverso. La niña presenta elementos discursivos adultizados… Las representaciones parentales muestran escasos elementos de protección, lo cual incrementa los sentimientos de desamparo y afrontamientos defensivos ligados a establecer alianzas alternantes con su progenitora y su progenitor,…” (ver pág. 1 del adjunto ESC00147950.pdf del PE...-2022, C.V.: ...).- En relación a F. S. R., que en esa fecha contaba con cinco años de edad, la psicóloga interviniente dejó constancia de que: “Las características de su producción, sus modos de comunicación y simbolización muestran numerosos indicadores de angustia y confusión en torno a una dinámica familiar conflictiva, sin límites y funciones claros. Dicha angustia, …, sólo logra ser tramitada a través de la conducta y de un llamado, … Estas proto-identificaciones presentan cualidades beligerantes, violentas y se hallan imbricadas en la descalificación y la denigración de género.” (ver pág. 2 de dicho adjunto).- El informe sobre A. R., que en esa época contaba con 9 años, da cuenta de que: “Las características de su producción, sus modos de comunicación y simbolización muestran indicadores de una conflictiva internalizada, cuyos contenidos refieren a los vínculos familiares. …El vínculo de amor protagónico con el objeto paterno conlleva sentimientos de pérdida y de culpa, en un conflicto que es incapaz de resolver ni de afrontar sin angustia y malestar significativos.” (v. pág. 3).-
De estos escasos informes psicológicos puede advertirse claramente que las alarmas que -desde el marco teórico desarrollado se encienden sobre los efectos en los hijos de la violencia en la pareja- se había hecho tangible -triste y efectivamente- ya, en aquellos niños, hoy adolescentes y adultos y cuyas consecuencias a mediano y largo plazo son difíciles de predecir.-
Desde esta perspectiva, se advierte que la situación vivenciada dentro de este hogar han generado daños en estos niños habiéndolo gestionado algunos de mejor manera (al menos en lo que se observa en la superficie) que otros, ya que hasta ahora el único que -de modo ostensible- ha demostrado un profundo malestar por esta situación ha sido F., pero no puede dudarse que la situación vivida por la madre los ha atravesado. Por lo tanto, los agravios en torno a la violencia ejercida sobre los hijos debe ser rechazada, debiendo la lectura de la presente sentencia ser un llamado a la reflexión al señor S. R. R.-
VII. Retomando la cuestión de la medida para mejor proveer ordenada por esta Cámara, en la que se solicitó que la asistente social: “...realice un informe social amplio en el domicilio donde residen los niños y adolescentes de autos a los fines de constatar su actual situación y condiciones de vida, indagando especialmente sobre sus rutinas y actividades, teniendo una entrevista personal a solas con cada uno de ellos.” lo cual no fue cumplido, debe llamarse la atención a la Asistente Social F. Y. C. sobre este punto, para que en lo sucesivo ejecute a cabalidad los requerimientos realizados por esta Cámara (v. archivo adjunto al PE...-2022, C.V.: ...).- Asimismo, el magistrado de primera instancia, ante la situación presentada en la audiencia del 13/02/2019 -especialmente respecto de F.- y por pedido expreso de la señora letrada adjunta de la Defensoría Pública Oficial Nº Dos (ver fs. 316), ordenó que la Autoridad Municipal de Infancia tome “…inminente contacto con los niños C.
I. (15), A. B. (14), F. S. (10) y S. L. (4), todos de apellido R., a los fines de conocer su situación actual incorporarlos en terapias psicológicas de acuerdo a sus requerimientos, e informar a la brevedad posible sobre las medidas a implementar respecto de los mismos, ya sean ordinarias o extraordinarias, como así también evaluar si resultaría beneficioso para el grupo familiar la [inserción] de una operadora. Asimismo, hágase saber que deberá poner mayor énfasis respecto del niño F. …” (ver providencia del 27/03/2019) y que este pedido de intervención de la Autoridad de Infancia Municipal fue reiteratorio de otro anterior ordenado el 7 de noviembre de 2018 (ver fs. 253/255 y 278), sin que a la fecha este organismo haya cumplido lo ordenado en relación a esta familia.- Sobre la actuación del Organismo Municipal de Infancia llama la atención la respuesta brindada en el adjunto ESC00147949.pdf obrante al PE.-2022 (C.V.: ...) en el que la Dra.
J. C. deja constancia que: “El equipo no solicitará espacio terapéutico para el menor S. y F. ...”, (el resaltado es propio) por lo que ante la conflictiva de esta familia, nos interrogamos si el “no” consignado se debió a un error de tipeo o existe una decisión expresa en tal sentido; decisión que aclaro, estaría en franca contradicción con lo solicitado por la señora Letrada Adjunta de la Defensoría Pública Oficial Nº Dos y lo ordenado por el magistrado interviniente.- También cabe indicar -en relación a las mujeres adultas de esta familia- que si bien no es posible imponerles la realización de un tratamiento psicológico, sí, se las puede asesorar en relación a la disponibilidad de profesionales de la salud mental para poder gestionar la situación de violencia estructural que las ha atravesado, máxime teniendo en cuenta lo expresado por la actora en relación a que dejó el tratamiento psicológico porque se le dificultaba pagar la consulta.-
A tal fin se pone en conocimiento de las señoras M. T. C. S., C. I. R. y A. B. R. el listado de organismos oficiales a los cuales pueden recurrir a fin de acceder a tratamiento u orientación terapéuticos: a) Centro de Asistencia a la Víctima del Poder Judicial ubicado en calle Fagnano N° 562, teléfono 2966-439062; b) Ministerio de la Igualdad e Integración, ubicado en avenida Gobernador Gregores N° 412, teléfono 2966-15-767954; c) Taller presencial: “A tu tiempo” que funciona en calle Tucumán N° 323 - todos los martes 14 hs., teléfono 2966-15-644232, correo electrónico: [email protected]; d) Centro de Salud Mental, en calle Santiago del Estero 580; teléfonos 2966-423845/2966-426089; e) Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, ubicado en calle 25 de Mayo N° 475 - teléfono 1164021817, correo electrónico: [email protected]; f) Dispositivo “Hablemos para sanar” - Dirección de Políticas de Género dependiente de la SE.N.A.F. de la Municipalidad de Río Gallegos, que funciona en calle 25 de Mayo N° 83 - Planta Alta - todos los miércoles de 18:00 hs. a 20:30 hs. teléfono de guardia de la SEN.A.F. 2966-15-416646. A fin de hacer accesible esta información, se ordena -por la anterior instancia- la notificación en el domicilio real de las nombradas de los párrafos cuarto y quinto de este parágrafo VII.- Asimismo se notificará la presente sentencia a la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, Dra. J. C. -en persona- a fin que -previo análisis de la situación actual de los jóvenes S. y F.-, disponga la intervención y/o acompañamiento más apropiado en relación a este grupo familiar poniendo especial foco en F. S. R. (pero no sólo a su respecto).-
A fin de integrar el proyecto para el análisis y difusión de las decisiones que involucran los derechos humanos de las mujeres, remítase copia de las presentes (previa anonimización) al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género dependiente del Tribunal Superior de Justicia.-
VIII. Atento como se resuelve, y habiéndose confirmado la decisión impugnada, las costas de la instancia de grado se mantienen al vencido (cfr. art. 68 del C.P.C. y C.) e impuestas las de ésta de igual forma, difiriéndose la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior (cfr. art. 24 de la ley N° 3330).-
Asimismo, se debe hacer saber a la Licenciada F. Y. C. y a la señora Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, lo dispuesto en el punto VII de la presente.-
- - - - - - - - Por lo antedicho, Voto pues, a la primera cuestión por la AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. López por los mismos fundamentos adhiere al voto precedente respondiendo en igual sentido a esta primera cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión el Dr. Arenillas dijo:
En virtud de lo antedicho a la anterior cuestión propongo el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar el recurso de apelación incoado por el señor S. R. R., confirmando la sentencia apelada en lo que ha sido materia de agravios; 2º) Imponer las costas de esta instancia al recurrente y diferir la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a esta instancia, hasta tanto ocurra lo propio en la anterior (cfr. arts. 68 del C.P.C. y C. y 24 de la ley Nº 3330); 3º) Notificar -por la anterior instancia- a los domicilios reales de las señora M. T. C. S., C. I. R. y A. B. R. los párrafos cuarto y quinto del parágrafo VII de la presente; 4º) Hacer saber a la señora Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos Dra. J. C. y a la Licenciada F. Y. C. lo dispuesto en el parágrafo VII de la presente; 5º) Remitir copia de las presentes (previa anonimización) al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género dependiente del Tribunal Superior de Justicia; 6º) Regístrese, notifíquese y devuélvase. Así, lo VOTO.- - - - - - - - - - - - - El Dr. López por análogas razones adhiere al voto que antecede respondiendo del mismo modo a esta segunda cuestión.-
En virtud de lo cual se dicta el siguiente fallo:
Río Gallegos, 21 de abril de 2023.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto concordante de los señores Jueces, habiendo tomado intervención el Defensor Público Oficial ante esta Cámara al PE...-2022 (C.V.: ...) y al PE...-2023 (C.V.: ...), la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial,
1. Rechazando el recurso de apelación incoado por el señor S. R. R., confirmando la sentencia apelada en lo que ha sido materia de agravios.-
2. Imponiendo las costas de esta instancia al recurrente y difiriendo la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a esta instancia, hasta tanto ocurra lo propio en la anterior.-
3. Notificando -por la anterior instancia- a los domicilios reales de las señora M. T. C. S., C. I. R. y A. B. R. los párrafos cuarto y quinto del parágrafo VII de la presente.-
4. Haciendo saber a la señora Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, Dra. J. C., y a la Licenciada F. Y. C. lo dispuesto en el parágrafo VII de la presente.-
5. Remitiendo copia de las presentes (previa anonimización) al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género dependiente del Tribunal Superior de Justicia.-
Atento existir conformidad de opiniones se suscribe la presente conforme lo establece el art. 44 de la Ley Nº Uno (texto según Ley Nº 2345).-
Fdo: Carlos E. Arenillas - Presidente, Eduardo G. López - Juez, ante mí: Norma E. González, Jefe de Despacho a cargo de Secretaría.-
Protocolización electrónica: A10123S.231 Tomo: CVIII Sentencia N° 3570 Folio Nº: 56/60 Secretaria: 1
Fin de la sentencia