Abriendo la norma
TOMO: CXXIV REGISTRO: 007 FOLIO: 052/065
Caleta Olivia, 24 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “O. M. S/ TENTATIVA DE HOMICIDIO (AGRAVADO)” Expte. Nº 64063/26, N° de Juzgado de Recursos 8525/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1de Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 180/203, el Sr. Juez de Instrucción Subrogante, decidió decretar el procesamiento con prisión preventiva de O. M. S., en virtud de lo establecido por el art. 289 y 295 del C.P.P., por encontrarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de HOMICIDIO AGRAVADO POR ALEVOSÍA EN GRADO DE TENTATIVA (art. 80 inc. 2 y 42 del C.P.) en perjuicio de T. M. A., en concurso real con el delito de LESIONES DOLOSAS AGRAVADAS POR HABER SIDO COMETIDAS CONTRA QUIEN HABÍA MANTENIDO UNA RELACIÓN DE PAREJA CON EL IMPUTADO Y MEDIANDO VIOLENCIA DE GÉNERO (arts. 89, en función del art. 80 inc. 1 y 11 del C.P.), en perjuicio de L. S. G., decretando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la SUMA DE PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS ($12.634.206), actualizables (art. 499 y ccs. del C.P.P.)
Contra dicha resolución el Sr. Defensor Particular, doctor Alex Sandro Díaz Navarro, interpone recurso de apelación a fs. 208/216 vta., motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs.221. En esta instancia es mantenido a fs. 229 por el letrado defensor, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver. II.-Al motivar el recurso, la Defensa se agravia, por considerar que la resolución, le ocasiona un gravamen irreparable y se encuentra sustentada en una valoración parcial, fragmentaria y arbitraria de la prueba reunida durante la investigación.
Sostiene que el Juez de Instrucción habría privilegiado los elementos compatibles con la hipótesis acusatoria y omitido ponderar circunstancias objetivas favorables a la defensa. A criterio del recurrente, esa metodología vulnera las reglas de la sana crítica racional, el deber constitucional de motivación suficiente, el principio de inocencia, el derecho de defensa en juicio y las garantías del debido proceso.
Solicita que se revoque el procesamiento y se deje sin efecto la prisión preventiva. Subsidiariamente, requiere que se adecue la calificación jurídica provisoria a la plataforma fáctica efectivamente acreditada, descartando la agravante de alevosía y la existencia de un dolo homicida suficientemente demostrado.
Destaca que la resolución impugnada produce un gravamen actual e irreparable, dado que mantiene restringida la libertad ambulatoria del imputado y consolida una imputación de extrema gravedad.
Asimismo, señala que la apelación constituye el medio ordinario destinado a permitir el control de las resoluciones instructorias que afectan derechos fundamentales, tanto respecto de la suficiencia de su fundamentación como de la razonabilidad de la valoración probatoria.
Invoca el precedente “Casal”, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto exige a los tribunales revisores ejercer la máxima capacidad de revisión compatible con las características del recurso, evitando restricciones formales que impidan controlar la corrección del razonamiento judicial cuando se encuentran comprometidas garantías constitucionales.
Realiza una síntesis del hecho.
Sostiene que la investigación se inició a raíz de un hecho ocurrido el 14 de junio de 2026, en el que resultaron lesionados T. M. A. y L. G.. Que durante la instrucción se incorporaron, entre otras pruebas, las declaraciones de O. M. S., L. G., L. Q., M. A., L. C. y T. M.
A..
Que el Juez de Instrucción atribuyó provisoriamente a O. M. S. una conducta planificada y dirigida a causar la muerte de T. M. A., calificando el hecho como homicidio simple en grado de tentativa agravado por alevosía. Cuestiona esa reconstrucción por entender que no surge acreditada, con el grado de probabilidad exigible en esta etapa, ni la existencia de dolo homicida ni la configuración de la agravante.
-Primer agravio: valoración arbitraria de la prueba. La defensa sostiene que el auto de procesamiento no efectuó una valoración integral del material probatorio, sino que seleccionó los elementos que respaldaban la hipótesis acusatoria y omitió aquellos que podían conducir a una reconstrucción diferente del hecho.
Invoca el precedente “Zapata L. G. Alberto Alejandro y Cruz Cid José Sebastián s/Homicidio en tentativa”, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, en cuanto establece que la responsabilidad penal debe sustentarse en una valoración integral y razonada de la prueba, con explicación de los motivos por los cuales se otorga mayor credibilidad a ciertos elementos y se descartan otros.
En particular, cuestiona que el Juez haya considerado incriminatorio el ingreso de O. M. S. al inmueble sin autorización, pues L. G. declaró que el imputado conocía una modalidad de acceso utilizada habitualmente durante la relación que ambos mantenían. Según la defensa, esa circunstancia modificaría el significado atribuido al ingreso, ya que no se trataría necesariamente de un acceso clandestino ni demostrativo de una planificación homicida.
También objeta la afirmación de que O. M. S. se dirigió directamente hacia T. M. A. sabiendo que este se encontraba en la vivienda. Señaló que no existen mensajes, comunicaciones, amenazas ni testimonios que acrediten ese conocimiento, mientras que el imputado sostuvo que desconocía la presencia de la víctima y que la habitación se encontraba oscura.
La defensa concluye que el procesamiento habría convertido una hipótesis en una certeza, imponiendo al imputado la carga de demostrar que desconocía la presencia de T., cuando correspondía a la acusación acreditar positivamente ese conocimiento.
-Segundo agravio: valoración parcial de la declaración de L. G..
La defensa atribuye especial relevancia a la declaración de L. G., por su conocimiento del contexto previo, de la relación mantenida con el imputado y de las circunstancias cercanas al hecho. Sostiene que el Juez solo valoró los pasajes compatibles con la acusación y omitió otros de contenido favorable.
Entre las circunstancias omitidas, señaló que: la modalidad de ingreso al domicilio era habitual entre L. G. y O. M. S.; ambos habían mantenido comunicación durante la noche y acordado encontrarse luego de la salida; L. G. manifestó que O. M. S. nunca había sido violento con ella; la testigo expresó que no creía que el imputado hubiera concurrido con intención de producir el resultado ocurrido; al despertarse, observó que O. M. S. y T. M. A. ya se encontraban forcejeando.
Para la defensa, esos elementos resultaban relevantes para analizar el contexto del episodio, la existencia de una planificación previa, el dolo homicida y la posibilidad de una ejecución sobre seguro. Sostiene que la falta de consideración de tales circunstancias configuraría una valoración fragmentaria y carente de motivación suficiente, contraria a la doctrina del precedente “Zapata L. G. Alberto Alejandro y Cruz Cid José Sebastián s/Homicidio en tentativa”, del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.
-Tercer agravio: falta de prueba suficiente del dolo homicida.
La defensa cuestiona la aplicación del artículo 42 del Código Penal, alegando que la tentativa exige que el autor haya comenzado la ejecución de un delito determinado con la finalidad específica de consumarlo. En el caso del homicidio tentado, ello requeriría acreditar la intención concreta de causar la muerte, la cual no podría presumirse únicamente por la gravedad de las lesiones, el empleo de un arma blanca o la zona anatómica afectada.
Sostiene que el auto de procesamiento infirió el dolo homicida principalmente a partir del ingreso al domicilio, la utilización de un arma blanca y la ubicación de la lesión, sin analizar integralmente el contexto previo, la dinámica del enfrentamiento ni la conducta posterior del imputado. La defensa destaca que O. M. S. negó haber concurrido con intención de matar; no se acreditaron amenazas previas, mensajes, audios ni comunicaciones que revelaran un propósito homicida; no existieron testigos que hubieran escuchado al imputado anunciar su intención de matar; T. M. A., en su declaración, refirió haber escuchado insultos, pero no afirmó que O. M. S. le hubiera dicho “te voy a matar”.
Con base en ello, sostuvo que la gravedad de la lesión y el medio empleado no resultan suficientes para acreditar el elemento subjetivo exigido por el artículo 42 del Código Penal. También invoca nuevamente el precedente “Zapata L. G. Alberto Alejandro y Cruz Cid José Sebastián s/Homicidio en tentativa”, del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, respecto de la necesidad de acreditar tanto los elementos objetivos como los subjetivos del delito.
-Cuarto agravio: improcedencia de la agravante de alevosía.
La defensa cuestiona la aplicación del artículo 80, inciso 2°, del Código Penal, por entender que el hecho de que la víctima se encontrara descansando o desprevenida al inicio del episodio no basta para configurar alevosía. Sostiene que la agravante requiere una situación objetiva de disminución o eliminación de las posibilidades de defensa de la víctima; y el conocimiento y aprovechamiento deliberado de esa situación por parte del autor, con la finalidad de asegurar el resultado y evitar riesgos para sí.
Afirma que esos requisitos no se encontrarían acreditados, pues T. M. A. declaró que, al advertir la presencia de O. M. S., comenzó un forcejeo, intentó defenderse, se desplazó por el ambiente y logró empujar al imputado. Asimismo, se incorporaron constancias relativas a lesiones sufridas por O. M. S. durante el enfrentamiento. Agrega que la declaración de L. G. también habría indicado que, al despertarse, ambos ya se encontraban peleando, lo que describiría un enfrentamiento dinámico y con resistencia física, incompatible -según la defensa- con una ejecución sobre seguro. La declaración de L. Q. fue invocada para señalar que T. M. A. permaneció consciente y pudo interactuar con quienes lo auxiliaron luego del episodio.
La defensa agregó que no existe prueba objetiva de que O. M. S. supiera previamente que T. M. A. se encontraba durmiendo en la vivienda ni de que hubiera elegido deliberadamente esa modalidad para asegurar el resultado. Por ello, entendió que la agravante no podía sostenerse mediante meras inferencias.
-Quinto agravio: valoración de la declaración de T. M.
A..
La defensa cuestiona que el auto de procesamiento haya atribuido a O. M. S. expresiones inequívocamente demostrativas de una intención homicida. Señala que, al declarar, T. M. A. solo refirió haber escuchado insultos, como “hijo de puta” o similares, pero no manifestó expresamente que el imputado le hubiera dicho “te voy a matar”.
A criterio del recurrente, la resolución no podía incorporar expresiones no mencionadas claramente en la declaración de la víctima ni utilizarlas como fundamento del dolo homicida mediante interpretaciones extensivas. En consecuencia, solicita que ese argumento sea privado de eficacia probatoria y que se revoque el procesamiento o, subsidiariamente, se adecua la calificación jurídica. -Sexto agravio: omisión de valorar la conducta posterior al hecho.
La defensa sostiene que el auto de procesamiento omite analizar la conducta de O. M. S. inmediatamente después del episodio, pese a que dicha conducta constituiría un elemento relevante para inferir su estado subjetivo.
Que según la declaración de L. C., O. M. S. llegó a su domicilio alterado, llorando y afectado, y manifestó espontáneamente: “Creo que lastimé a alguien”. La defensa destaca que esa expresión no demostraría la concreción de un plan homicida, sino incertidumbre respecto de las consecuencias producidas.
También señala que O. M. S. habría manifestado su intención de entregarse y afrontar las consecuencias, y que luego mantuvo una conducta procesal compatible con el sometimiento a la investigación, prestó declaración indagatoria, respondió preguntas, brindó una explicación de los hechos y no intentó destruir pruebas, influir sobre testigos ni entorpecer la investigación.
La defensa afirma que el imputado mantuvo sustancialmente la misma versión durante todo el proceso y que esas circunstancias no excluyen automáticamente su responsabilidad, pero sí deben ser ponderadas antes de concluir que existió un plan homicida previamente elaborado.
-Séptimo agravio: improcedencia de la prisión preventiva.
Cuestiona el mantenimiento de la prisión preventiva por entender que no se acreditaron riesgos procesales concretos, actuales y objetivos. Invoca las exigencias del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz, la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sostiene que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional y que no puede imponerse automáticamente como consecuencia del procesamiento ni fundarse exclusivamente en la gravedad del delito o en la expectativa de pena. A su juicio, la decisión debe demostrar la existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
La defensa destaca que O. M. S. no se sustrajo de la acción de la justicia, no abandonó la jurisdicción, no modificó su domicilio, no destruyó prueba ni ejerció influencia sobre testigos. También señala que las principales medidas probatorias ya se encontraban producidas, incluyendo las declaraciones de los protagonistas y testigos, la inspección ocular, las actuaciones policiales y los informes médicos.
Por ello, cuestiona que la resolución no identificara diligencias pendientes, pruebas susceptibles de alteración, testigos que pudieran ser influenciados ni actos concretos que permitieran inferir un riesgo actual de entorpecimiento.
Invoca la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el carácter excepcional de la prisión preventiva y la insuficiencia de la sola gravedad del delito o de la pena en expectativa. Asimismo, cita los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según los cuales la prisión preventiva no puede operar como pena anticipada ni basarse en criterios abstractos. Solicita que se revoque la medida y se disponga la libertad de O. M. S. o, subsidiariamente, que se adopte una medida cautelar menos gravosa.
-Octavo agravio subsidiario: errónea calificación jurídica provisoria.
Para el supuesto de que se mantuviera el procesamiento, la defensa solicita adecuar la calificación jurídica provisoria a la plataforma fáctica efectivamente acreditada.
Sostiene que no se encuentra demostrado que O. M. S. hubiera concurrido al domicilio con una decisión previa de causar la muerte de T. M. A., que conociera la presencia de la víctima, que hubiera planificado el hecho o que hubiera recibido amenazas, mensajes o comunicaciones que evidenciaran un propósito homicida. También afirma que no estarían acreditados los presupuestos de la alevosía ni el dolo homicida, por lo que la calificación adoptada se apoyaría en circunstancias que todavía no cuentan con respaldo probatorio suficiente. La defensa recuerda que el procesamiento es una decisión provisoria, destinada a verificar la existencia de un grado suficiente de probabilidad sobre la materialidad del hecho y la participación del imputado, pero que no permite tener por acreditadas circunstancias calificantes sustentadas únicamente en inferencias débiles. En consecuencia, solicita que se deje sin efecto la agravante de alevosía y que se descarte, al menos en esta etapa, la existencia de un dolo homicida suficientemente demostrado, sin desconocer la gravedad objetiva de las lesiones sufridas por T. M. A..
-Falta de motivación suficiente.
Como agravio autónomo, la defensa sostiene que el auto de procesamiento, no satisface el deber constitucional y legal de motivación, especialmente por tratarse de una decisión que restringe la libertad personal. Señala que motivar no consiste en enumerar o transcribir las pruebas reunidas, sino en exteriorizar el razonamiento lógico que vincula esas pruebas con la conclusión adoptada y explicar por qué se otorga valor a ciertos elementos y se descartan otros.
Afirma que la resolución no explicó: por qué consideró clandestino el ingreso al inmueble, pese a la declaración de L. G. sobre la habitualidad de esa modalidad; qué prueba objetiva acreditaría que O. M. S. sabía que T. M. A. se encontraba en la vivienda; por qué el dolo homicida surgiría de la modalidad de la agresión y de la ubicación de la lesión, omitiendo valorar la declaración del imputado, la de L. G. y la manifestación realizada ante L. C.; cómo se compatibiliza la alevosía con la dinámica de forcejeo, resistencia y desplazamiento descripta por los testigos; por qué las circunstancias posteriores al hecho no modificarían la hipótesis de una planificación homicida. En suma, la defensa considera que el Juez habría adoptado la hipótesis acusatoria como premisa y valorado el resto de la prueba desde esa perspectiva, configurando una fundamentación aparente e insuficiente.
Añade que la deficiencia adquiere mayor gravedad porque la resolución, además de disponer el procesamiento, mantiene la prisión preventiva. -Reserva del caso federal.
Finalmente, formula reserva del caso federal con fundamento en el artículo 14 de la Ley 48, para el supuesto de que sus agravios no fueran acogidos. Afirma que se encontrarían comprometidos el derecho de defensa en juicio, el debido proceso legal, el principio de inocencia, el principio de legalidad, el deber de motivación suficiente y el derecho a la libertad personal, reconocidos por los artículos 18 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sostiene que el mantenimiento de la resolución impugnada configuraría una cuestión federal suficiente y dejó planteada la posibilidad de interponer oportunamente el recurso extraordinario federal.
III.-El Sr. Fiscal de Cámara, doctor Carlos Rubén Rearte, al contestar la vista corrida sostiene que, conforme surge del acto procesal de fs. 173/174, entiende que la narración del hecho que le fuera enrostrado en la declaración indagatoria a O. M. S. de fs. 173/174 no se ajusta a lo exigido por la norma procesal penal, no haciéndole mención en forma clara y precisa la modalidad y las circunstancias criminalidad de su conducta en el hecho ilícito.
Que puede notarse que no se ha incluido en la redacción del hecho una proposición fáctica esencial en relación al tipo penal elegido para intimar a O. M. S. y en el cual se debía describir concretamente el resultado de la conducta del imputado que constituye un elemento del tipo objetivo y subjetivo, esto es, la tentativa de homicidio. Que, en el caso, se advierte que el instructor se excede en proponer la materia fáctica de lo sucedido, pues agrega circunstancias no sucedidas y que distan de las pruebas incorporadas al proceso. Que, en autos se verifica que la dueña de casa y víctima L. S. G. a fs. 87/88 da otra versión de los hechos y expuso...me lave la cara y ahí escuche que el auto de M. se fue... Asimismo se desprende que T. M. A., (víctima) en su declaración en sede judicial de fs. 112/114 manifestó:....no peleo con nadie, no quería pelear, él todo lleno de sangre, no sé en qué momento se fue.... Que, estas declaraciones derriban las circunstancias de criminalidad atribuida al imputado, al no describirse con meridiana claridad su conducta lesiva en el hecho, cuyo resultado fue la declaración de tentativa de homicidio.
Que también se verifica que las expresiones vertidas por el imputado..... te voy a matar hijo de puta no fueron aclaradas y descriptas por las víctimas, todo por lo cual, entiende que la redacción del hecho resulta confusa e imprecisa. En este sentido, la intimación consiste en poner al imputado en pleno conocimiento del hecho objeto del proceso, con todas la circunstancias jurídicamente relevantes para que el imputado pueda contestarlo eficazmente, aspecto que el incuso en autos no tuvo la posibilidad de conocer y contestar.
Por todo ello y visto la falencia del acto procesal defensista de fs. 173/174 solicita su nulidad absoluta y de todos los actos dictados en su consecuencia.
IV.-Analizadas las presentes actuaciones, es dable indicar que se comparte, in totum, lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, pues se advierte una irregularidad en la descripción de las proposiciones fácticas en el acta de indagatoria, que trae aparejada la sanción de nulidad absoluta.
En los autos caratulados “G. L. D. C. S/ Denuncia” Expte. Nº 15.587/20, N° de Recursos 6182/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "Liminarmente débese señalar que el Artículo 160 del CPP. impone el deber general a todos los órganos jurisdiccionales que intervienen en el proceso penal, de analizar la regularidad de los actos del proceso, y en caso de comprobar una causa de "...nulidad tratará, su fuere posible, de eliminarla inmediatamente", actividad que débese realizar de forma oficiosa, siendo además factible declararla a pedido de parte…”.-
Cabe señalar que en autos existe información para fundamentar, correctamente, la proposiciones fácticas relativas al hecho atribuido a O. M. S., no resultando acorde a dicha información la descripción efectuada por el A quo en la indagatoria obrante a fs. 173/174, pues la misma contiene proposiciones que no surgen de las constancias de autos.
Así, se le hace saber al imputado en la descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar "...además de proferirle expresiones tales como ´te voy a matar, hijo de puta´, exteriorizando de ese modo su intención de quitarle la vida a T. M. A....", cuando específicamente las expresiones "te voy a matar" no surgen de ninguna de las constancias del expediente.
En autos caratulados “HERRERA MARCOS MIGUEL Y OTRO S/Robo calificado en grado de ttva. ” Expte. Nº H-29339/20, N° de Recursos 5896/20, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "...Cuando se sabe con certeza el despliegue de acciones de cada sujeto interviniente, el mismo debe ser detallado en dicho acto procesal acusatorio y defensivo a la vez. No se puede perder de vista que el acto de indagatoria es la materialización del derecho a ser oído por el "Estado" cuando éste acusa a una persona por la supuesta comisión de un delito. Así se ha expresado que: "...A partir de ello puede verse que si bien la calidad de imputado se adquiere con anterioridad, esta audiencia es el acto formal a partir del cual se le informa la persecución que el Estado, a través del fiscal, dirige en su contra en cuanto a los hechos, calificación legal y las pruebas que al efecto se disponen de forma tal de que pueda ejercitar su derecho de defensa...Si presta conformidad para declarar podrá hacerlo libremente, invitándoselo a que exprese cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos que se le atribuyen.
Los presupuestos son de sustancial importancia en tanto demuestran que la declaración del imputado es inicialmente un medio de defensa. No se busca la confesión sino que se le otorga la posibilidad de que ejercite su defensa material. (TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL de EDUARDO JAUCHEN- EDITORIAL RUBINZAL CULZONI - TOMO II, pág. 458 y 467)".- En este sentido, la información integrada por todas y cada una de las proposiciones fácticas que integran el acto acusatorio que se realiza en la declaración del imputado y que es un acto de ejercicio del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la C.N.), deben ser precisas, claras, y hacer referencia a las conductas que cada persona acusada llevó adelante, sumado a la existencia de un plan y una finalidad común.
La falta de información precisa en la imputación conspira con la posibilidad de una defensa efectiva. En este sentido el Dr. Nelson R. Pessoa en la obra "LA NULIDAD EN EL PROCESO PENAL. Estudio de los "Silencios normativos aparentes"" 3ra. edición ampliada y actualizada, Editorial Rubinzal- Culzoni, año 2013, págs. 221 y ss., señala que: "... En síntesis, cabe pensar que el derecho de defensa del imputado se encuentra lesionado, tanto cuando se omite poner en conocimiento del acusado en forma total el hecho que se le atribuye (o las pruebas obrantes en la causa) como cuando tal información es incompleta o insuficiente, pues ello hace que no se tenga un acabado conocimiento del hecho a fin de realizar la actividad judicial defensiva.
Por tal motivo pensamos que trasladar el tema de la nulidad a los actos posteriores, por ejemplo, al auto de procesamiento, no hace más que ratificar que lo que está en juego que es la validez o invalidez del acto de indagatoria pues la invalidez del procesamiento no es sino la consecuencia de la nulidad de la indagatoria a causa de la información "incompleta" del hecho, que no es otra cosa que la falta de información en debida forma del hecho imputado. Hay un conjunto de pronunciamientos que merecen citarse porque han desarrollado conceptos que constituyen aportes valiosos en torno al derecho en cuestión. En tal sentido es importante el fallo de la CNCCorr., sala I, del 20 de Marzo de 2000, en la causa "C.J.C.".
En este proceso el Tribunal invalidó la indagatoria en razón de que al llevarse a cabo tal acto procesal al acusado de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar no se le hizo saber qué períodos había omitido cumplir con sus obligaciones alimentarias. El Tribunal entendió acertadamente que la información respecto del hecho era incompleta y, por lo tanto, era inválida la declaración de imputado, en razón de que tal situación afectaba el derecho de defensa. En igual sentido, es decir, de "información deficiente", la CNCCorr., sala VII, causa "El viño", del 16 de Septiembre de 1993, pues no se informó al imputado "detalladamente" de los hechos atribuídos", o de la misma Cámara, Sala IV, causa "Oyarzábal", del 14 de Marzo de 1997, aquí el tribunal se refiere a una "deficiente intimación del hecho que se efectuara al causante", aunque de la lectura del fallo no surge lo que tal vez constituye una falencia del mismo en qué consiste tal defecto, o si no se definió la imprudencia atribuida al imputado, ni tampoco de individualizó a los damnificados, CNCCorr., sala VII, causa "Brever", del 11 de Febrero de 1998.
En esta sentencia el tribunal al declarar la nulidad de la indagatoria en razón del defecto señalado, que en este caso consistía en que frente a una imputación de un comportamiento imprudente, no se precisaban los sujetos víctima del hecho, y tal vez, lo principal en que no se delimitaba debidamente cuál era el deber de cuidado infringido por el imputado, lo que, según el fallo comentado, recién se produjo con el dictado del procesamiento, sostuvo que tal ambigüedad atenta contra el ejercicio adecuado del derecho de defensa, pero no invocó norma alguna como fundamento normativo de la declaración de invalidez. En tiempo mas reciente, la CNCCorr., sala IV, en la causa "Colucci", del 14 de Febrero de 2009, declaró la nulidad de la indagatoria en razón de que la imputada de ser cómplice primaria de un robo de automóvil en la vía pública, no fue informada con debida precisión del hecho que le era atribuido; específicamente se habló de una información deficiente de la acusación, respecto a cuál era el aporte que hizo a fin de que los autores pudieran trasladar el vehículo." Que al comentar la doctrina el art. 289 del CPPN.
(de idéntico tenor al art. 281 del C.P.P. de nuestra Provincia) se ha señalado que: "...Descripción del hecho. Este elemento esencial al derecho de la defensa en juicio constituye en la imposición al individuo de un actuar concreto y delimitado que se le enrostra; así como también los efectos materiales que se hallan colectado en la investigación. No debe admitirse la formulación generalizada ni la imposición de una calificación jurídica vacía de contenido fáctico...Lo trascendente es qué se imputa y cuáles son los elementos en que se basa la sospecha....Asimismo, la indicación del hecho resulta crucial a los fines de verificar el cumplimiento del principio de congruencia, comprendido dentro de la inviolabilidad de la defensa en juicio, pues todo pronunciamiento judicial debe relacionarse con los hechos sobre los cuales versó la indagatoria.
De esta manera, tal información no consiste solamente en hacer conocer al encausado la imputación o contenido de la acusación, sino que se le debe informar concretamente los hechos sobre la que recae, así como se lo debe anoticiar de los derechos que le asisten y que pueda hacer valer en juicio, ya que nadie se puede defender eficientemente de lo que no conoce... Es decir que los hechos deben serle impuestos al imputado en forma clara, precisa y circunstanciada, no pudiendo validarse una declaración por las curcinstancias concomitantes o por el mero encuadre legal de los mismos. Resulta en tal sentido necesario que sea conocida por el imputado la cuestión fáctica por la cual se lo requiere o se lo inculpa, esto es, algo que se le atribuya haber hecho u omitido hacer en el mundo físico, con su correspondiente significado en el mundo jurídico..." (Conforme CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, COMENTADO Y ANOTADO, DIRECTOR DR.
ALMEYRA, COORDINADOR DR. BAEZ, PÁGS. 523 SS. CC. COMENTADAS POR EL DR. MARIANO LA ROSA
EDITORIAL LA LEY). Surge claro que la información que deberá brindarse a los imputados al momento de recepcionársele su declaración, debe estar detallada informando qué, cómo, cuándo y dónde, y respecto de quien o quienes se realizó el acto. Asimismo y en caso de existir calificantes por elementos subjetivos del tipo distintos del dolo, deberá consignarse la ultra-finalidad específica y cuando se trate de elementos de ánimo o motivaciones especiales para calificar la conducta con agravantes que las contengan, también deberán serle señaladas. Cada una de estas pautas deben necesariamente ser integradas con proposiciones fácticas surgidas de la información recolectada en autos a través de los medios probatorios "lato sensu", que deberán ser lo más precisas posibles para garantizar la descripción de la o las conductas que son objeto de imputación penal, las que y además, deberán subsumir en una o varias figuras delictivas, según el caso, para que en su conjunto puedan ser tenidas como violatorias de las distintas normas prohibitivas que se deducen de los tipos penales.
Esta es la primera faz de la imputación penal, pues el estado solo puede imputar conductas que subsumen en tipos penales, no puede imputar conductas atípicas, a los fines de resguardar el debido proceso adjetivo. La segunda faz de la correcta imputación, es permitir fijar y precisar el objeto procesal para posibilitar una debida y efectiva defensa en juicio (Art. 18 de la C.N.). En nuestro proceso penal provincial están regulados los actos que incumplen formas procesales que hacen a la garantía de la defensa en juicio, y se establece la sanción que implica la vulneración constitucional convencional en la que puede incurrir un acto, a través del supuesto establecido en el segundo párrafo del artículo 160 que sanciona con nulidad y que en virtud de los derechos en ciernes, no es otra que la absoluta.
Como bien explica el Dr. Nelson R. Pessoa en la obra citada, nuestro sistema combina dos supuestos, uno de nulidades tasadas, donde se encuentran las genéricas, específicas y las implícitas y otro referido a garantías constitucionales y que hacen al control constitucional convencional de los actos del proceso. El artículo 160 segundo párrafo del CPP. establece que "Solamente deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo anterior (hace referencia al artículo 159 del CPP.) que impliquen violación de las normas constitucionales (lo que debe leerse como normas constitucionales- convencionales). En este sentido, tanto sea por conducto de dicha norma, como por lo expresamente normado en el artículo 281 respecto a la imputación que deberá realizarse de manera circunstanciada, dejándose constancia en el acta, bajo pena de nulidad, ambas declaraciones debe ser nulificadas.
Por lo expresado, entiendo que debe hacerse lugar al planteo articulado por la defensa debiendo declarar la nulidad de la audiencia indagatoria a ambos imputados y todos los actos posteriores a las mismas...". Y en los autos caratulados:
“INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS: "JUZGADO
S/INSTRUCCIÓN (S.A.B.)” Expte. Nº 66984/18, N° de Juzgado de Recursos 7185/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "Bajo estas pautas hermenéuticas, lo que puede observarse de la intimación de los hechos al imputado efectuada en autos, transcripta supra, surge que le asiste razón a la defensa en cuanto a que no se establece en la imputación, un tiempo aproximado del acaecimiento del hecho, pues si bien se hace referencia a que la víctima tenía entre diez y doce años, nada impedía consignar el lapso temporal, máxime cuando se constató, reitero, la edad de la víctima al momento de su declaración, conforme las prescripciones del art. 234 ter del C.P.P..Cabe señalar que, sobre este punto, existe información en la causa que debería haberse brindado como una proposición fáctica, para que el imputado pudiera controvertirla de alguna manera.
No comparto la explicación que brinda el Ministerio Público Fiscal respecto a que si el imputado pudo defenderse, ello implica, sin análisis crítico alguno, que la conducta, en cuanto a su imputación, estuvo bien formulada. Cuando el Estado acusa a una persona de la comisión de un delito, éste ejerce su defensa material frente a cualquier imputación que se le haga al igual que lo hará su defensa técnica, salvo que estemos ante un hipotético caso en el cual la falta de información, la ambigüedad, vaguedad, y la textura abierta del lenguaje sea tan amplia, que le resulte imposible defenderse. Aún en un hipotético supuesto como éste, puede la persona, sin entender ni comprender la acusación, negarla.
Ahora bien, que se pueda defender, no significa que la acusación este correctamente formulada. El razonamiento no puede ser esgrimido de manera dogmática para todos los casos, pues de ser ello así, se justificaría cualquier arbitrariedad. El razonamiento puede ser válido o no, depende las circunstancias de cada causa. Lo que se debe evaluar es la trascendencia de la información omitida o expresada errónea, vaga, ambiguamente, para establecer si, pese a que el imputado se haya defendido, lo pudo hacer de manera correcta. La Corte Suprema, por mayoría, utilizó un argumento similar en la causa “Schoklender” Fallos 311:340 y “Acosta” Fallos 323:935, frente a la omisión de hacerle saber al imputado su derecho a no declarar contra sí mismo.
Ahora bien, el mismo no debe trasladarse acríticamente, en lo referente al hecho y de la información que existe sobre el mismo, pues allí está en juego el principio de congruencia. En autos "RECURSO DE CASACIÓN FECHA:20/9/2022 AUTOS: M.H.M. Y L.G.D. S/INF. ART. 119 1º PÁRR. Y 3º PÁRR. INC. B), D) Y F) DEL CP Expte. Nro. 4369/17 (M-1066/18/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "El principio de congruencia impedirá juzgar por fuera de los hechos descriptos en aquellos actos, esto es por fuera de las circunstancias históricas que conforman el objeto procesal del debate. El exceso implica violación de la contradicción y, en definitiva, de la garantía del debido proceso, por ausencia de defensa.
Asimismo, cabe agregar, atento lo manifestado en forma general por los recurrentes, que en el sub judice incólume se mantuvo el derecho fundamental de defensa en juicio consagrado en nuestra Constitución Nacional en el art. 18 y tratados de Derechos Humanos incluidos en el bloque de constitucionalidad de su art. 75 inc. 22. Siguiendo dichos lineamientos constitucionales, como reiteradamente lo ha recordado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha asegurado no un formal sino real y efectivo ejercicio de defensa tanto material como técnica del enjuiciado. Las manifestaciones de los recurrentes no han pasado de una generalización que ausente se ha visto de ser acompañada por una circunstancia particular acontecida en este proceso judicial.
En conclusión, los hechos por los cuales se ha condenado a los recurrentes resultan ser idénticos a los atribuidos desde el inicio de este proceso, manteniéndose, en tal sentido, incólume el derecho de defensa del imputado, al no haber experimentado la imputación ninguna variación fáctica perjudicial para ello."(La negrita es de mi autoría) El análisis que se debe efectuar en autos es si existe información para cubrir una proposición fáctica como la que se discute, y que hace al espacio temporal en donde se habría materializado la conducta. No estamos hablando de un aspecto secundario en una imputación, que puede ser o no motivo de una proposición fáctica, como cuestiones incidentales o contextuales, que dan marco a una imputación, sino uno de los puntos centrales de toda acusación.
Asimismo, tampoco puede perderse de vista que el Estado debe producir prueba de cada proposición fáctica que afirma y asevera, es decir que las mismas deben apoyarse y sostenerse en información aportada por un medio probatorio realizado en legal forma, para llegar a la determinación de un hecho punible. ..." Y finalmente en los autos caratulados: “BENITEZ ROCIO AYLEN S/Denuncia Amenazas” Expte. Nº B-52586/21, Nº de Juzgado de Recursos 7460/240, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "Que establecido ello, frente al estudio de las presentes actuaciones, se advierte que en el presente se ha incurrido en una irregularidad en la declaración indagatoria que acarrea la sanción de nulidad absoluta.
Por lo que siendo ello una cuestión de orden público y por ende, de previo y especial pronunciamiento, no corresponde abordar el análisis de los agravios expuestos por el recurrente. Sobre esta plataforma de análisis y valoración, comparto "in totum" lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara de fs. 76 y vta. En referencia a lo antedicho, se evidencia que a fs. 37 y vta. obra declaración indagatoria recepcionada al imputado Sr. José Alberto Almonacidad, en la cual, y al realizarse la enumeración de pruebas, se indicó una certificación, pero no se sustanció la prueba documental de manera posterior, a la cual la actuaria refiere, por lo que la falta de realización de dicha medida, al no poder ser suplida con el certificado actuarial, implica una omisión probatoria que impacta en la reseña de pruebas, conforme lo establece como formalidades previas el art. 281 del Código Procesal Penal de la Provincia.
Esto es así, siendo que de la lectura de la normativa procesal se establece que en el acta de indagatoria deberán ser indicadas las pruebas mediante su ubicación en el expediente, bajo pena de nulidad. El artículo 281 en su parte pertinente, establece que: "El hecho imputado deberá transcribirse circunstanciadamente en el acta y las pruebas serán indicadas mediante su ubicación en el expediente, lo que también constará en el acta, bajo pena de nulidad".- Como puede apreciarse, en autos solo existe una certificación actuarial en relación a la imputación del delito de desobediencia Judicial, no encontrándose agregadas las piezas procesales pertinentes en cuanto el auto y/o decisión jurisdiccional que así lo dispuso, la correspondiente notificación del imputado, etc., que permita asumir que el mismo conocía la existencia de dicha restricción, vale decir que no se observa en los presentes, la información suficiente para cubrir esa proposición fáctica.
Estamos ante una omisión probatoria, que impacta, directamente, en la omisión a reseñar prueba, pues va de suyo que no se puede reseñar lo que no se sustanció. La individualización de las pruebas, tal y como lo expresa la norma, de forma siguiente a la transcripción de los hechos imputados, tiene la finalidad que la persona acusada de un delito, pueda comprender de donde surge la información que se le brinda como una conducta realizada u omitida, de forma dolosa o culposa, por él. Sin la enumeración de la prueba, o de la omisión de alguna de ellas, que aportan información que se traduce en las proposiciones fácticas que integran una acusación o imputación, la garantía de una defensa en juicio eficaz se ve directamente afectada, y no puede suplirse con la lectura de la causa que regula el artículo 281 en el párrafo siguiente.
Peor aún, como en el caso, que la omisión no solo impacta, como dije, en la enumeración e individualización de la prueba, sino en la realización de la misma directamente, pues la prueba documental debe ser agregada en la causa. En este orden, y retomando el razonamiento, una vez transcripto el hecho y la prueba, el art. 281 establece que: "El Juez permitirá la lectura de las mismas y de la denuncia por el imputado, si este así lo requiere otorgándosele el tiempo necesario para hacerlo". Ahora bien, como adelanté, si el imputado o su defensor, hacen uso del derecho a compulsar todas las actuaciones, ello no puede suplir la falta de enumeración de todas o algunas medidas probatorias que aportan información para la formulación de las proposiciones fácticas, pues es obligación del Estado, detallar debidamente las pruebas en las cuales basa su acusación o imputación, como forma de garantizar el principio de congruencia.
Agrégase a ello que, la norma, regula un derecho, no establece una obligación en cabeza del imputado o su defensa técnica de compulsar las actuaciones, razón por la cual, si el imputado o su defensor no hacen uso del mismo, la deficiencia en la enumeración probatoria, con más razón, tiene la misma resolución procesal que la indicada en el párrafo anterior. Tampoco puede ser suplida la omisión, dando por sentado que si está la medida probatoria o de investigación agregada en la causa, el imputado o su defensa, pueden haber tenido conocimiento de la misma, sea a través de presentación de escritos o peticiones, pues en el acto de indagatoria, debe ser específicamente reseñada la misma. Existe un orden lógico para acusar a una persona, que se inicia con la denuncia o instrucción policial de oficio, la investigación que se abre a partir de esta circunstancia, la sustanciación de medidas de investigación y probatorias, las que, a la postre, aportan información para la determinación de un hecho punible, por lo que, claramente, al momento de imputarle a una persona los hechos, deben agregarse expresamente, todas las pruebas y medidas de investigación que aportaron información al mismo.
Las remisiones a medios probatorios sustanciados en otras actuaciones, si no se cuentan con el original de las mismas acollaradas por cuerda a la causa principal dejándose debida constancia, individualizando estrictamente las fojas pertinentes; o en copia certificada, impide valorar y analizar a la defensa, tanto material como técnica, en que prueba documental, como sería en éste caso, se basa el Juez para imputar y procesar a una persona. Esta imposibilidad no se acota solo a la Defensa, sino que impide a las partes y a la función jurisdiccional, en sus distintos grados, poder analizar y valorar los hechos y la información en la cual se sostienen. ... Por todo lo expresado, corresponde declarar la nulidad absoluta del acta de declaración indagatoria y lo obrado como su consecuencia directa, y se reitera que deberá realizarse nuevamente la declaración indagatoria, debiendo detallarse al momento de celebrarse la misma, las pruebas obrantes en su contra y la ubicación de las mismas en las actuaciones.
En este caso, deberá adjuntarse en copia certificada o en sus originales, la prueba documental en la cual se basa el A quo para imputar el delito de desobediencia a la autoridad (art. 239 del C.P.); y en los autos caratulados: “LEDESMA, ROBERTO LEOPOLDO S/ LESIONES LEVES, AMENAZAS CALIFICADAS ATENTADO Y RESISTENCIA” Expte. Nº L-38086/23, N° de Juzgado de Recursos 7313/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras sostuve que: "Sobre estas pautas hermenéutica, hay que tener presente que las proposiciones fácticas que integran la imputación de un hecho punible tienen como origen o causa eficiente en la información que debe haber en un legajo de investigación. La selección de las proposiciones fácticas y la necesaria subsunción de las mismas en una figura delictiva, requisito indispensable para poder ser imputadas, demanda un acto de determinación y precisión al momento de ser establecidas, a cargo de la autoridad judicial o a propuesta de la acusación (Querella Particular o Ministerio Público Fiscal), el que no puede darse por supuesto por el ejercicio de la competencia, sino que, y además de ello, debe tener un anclaje en la información agregada en la causa.
No puede la autoridad judicial establecer proposiciones fácticas sin que las mismas se funden en la información que se produjo en una causa. Esa información es la que se valora y analiza al momento de establecer y determinar un hecho punible, y esta actividad debe realizarse de manera integral, máxime cuando como en autos, existen varios órganos de prueba que aportan datos esenciales para el presente proceso. Finalmente en los autos caratulados: “INC. DE APELACIÓN EN AUTOS: "GEIS CARLOS MICHAEL S/ Homicidio Simple” Expte. Nº I-60304/24, N° de Juzgado de Recursos 7806/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "Sobre este camino, surge claro lo señalado por la Fiscalía de Cámara, pues y tal, como quedó redactada la imputación, no se puede establecer frente a qué estructura típica nos encontramos, es decir si estamos ante una conducta dolosa o culposa, o si lo que se le está imputando es una conducta preterintencional.
(Conf. art. 81 inciso 1, apartado b) del C.P.) En este sentido, surge de autos información suficiente para poder precisar una estructura típica determinada, razón por la cual, entiendo que le asiste razón a la Fiscalía de Cámara, pues y va de suyo, no es lo mismo defenderse de una imputación por homicidio preterintencional, que defenderse de una acusación de homicidio dolosa o culposa. Las proposiciones fácticas redactadas deben establecer claramente la conducta y la subsunción de la misma en una figura delictiva dolosa, culposa o preterintencional, y ello no puede obviarse o suplirse al momento de asignarle la calificación legal. La acción humana, para que sea delito, debe ser típica, y la estructura de tipicidad debe surgir clara de la imputación, no siendo constitucional-convencional que, ante la vaguedad de la misma o su ambigüedad, la luz la arroje la calificación provisoria que le otorgue por el a quo al momento de la indagatoria, pues además, ni siquiera es un requisito legal que la misma sea impuesta en ese momento".
Asimismo, en los autos caratulados: “BAEZ OSCAR ALFREDO Y OTRO S/Robo en poblado y en banda en grado de tentativa” Expte. Nº 39693/24, N° de Juzgado de Recursos 7643/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Cabe señalar que, con la prueba reunida en autos, existía información suficiente para describir correctamente la plataforma fáctica, independientemente de la calificación legal atribuida y su posible controversia o control. Es decir que se cuenta con información precisa acerca de la modalidad que llevaron adelante los coimputados para sustraer las chapas del techo de la vivienda, lo que no fue descripto en la imputación, no bastando la transcripción de los requisitos y elementos típicos que exige la figura delictiva.
Hay que precisar que lo que se imputan son conductas es decir actos y acciones disvaliosas y sus respectivos resultados típicos que afectan y lesionan bienes jurídicos por lesión o por peligro, y éstas deben subsumir un una figura delictiva precisa, no es a la inversa como se realizó en la audiencia indagatoria, es decir que se imputó una figura delictiva (léase sus medios comisivos) sin señalar la modalidad de las conductas realizadas. Así en el primer acto de defensa se estableció una calificación legal específica, pero no se describieron, reitero, qué conductas tipo de conductas realizaron los presuntos coautores, sino el verbo típico, y conforme la imputación realizada, la misma podría subsumir en los alcances de la figura delictiva de robo o de hurto, pues no existe precisión a éste respecto.
A fs.30 y 31 los hechos imputados se describen: “El hecho ocurrido en la ciudad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz, el día12 de mayo de 2024 sin horario preciso pero con anterioridad a las 17:00 horas en circunstancias en que el compareciente-en connivencia y junto al ciudadano Báez Oscar Alfredo-, se habrían apersonado en el domicilio de la ciudadana Vanesa Albarracín, sita en Avenida Ángel Bezunartea y calle Koluel Kaike de esta ciudad una vez allí se habrían apoderado ilegítimamente, de chapas del sector techo, no pudiendo lograr así sus cometidos, por circunstancias ajenas a la voluntad, dado que el personal policial los interceptaron al momento del hecho”. (La negrita y el subrayado son de mi autoría).
De la narración del hecho, se observa la utilización de los significantes típicos que no tienen que ver directamente con el caso en análisis y las acciones desplegadas por los coautores. El apoderamiento ilegítimo presupone la sustracción de una cosa total o parcialmente ajena (cosa sustraída, modalidad, actividad desplegada por casa partícipe, etc.) y depende de la existencia de fuerza en las cosas o violencia en las personas para que la misma subsuma en una figura distinta a la de hurto, y en el presente caso, esa acción concreta no se halla descripta. Estas proposiciones fácticas ausentes, reemplazadas por el relato de la figura delictiva imponen declarar la nulidad de las indagatorias y de todos aquellos actos que son su consecuencia.
Por su parte, en los autos caratulados: “TOLEDO, GABRIEL ALEJANDRO S/DENUNCIA” Expte. Nº 53.429/21, N° de Recursos 7869/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado", sostuve que: Por último en lo que respecta a la nulidad de la declaración indagatoria por imprecisión en los hechos narrados, se observa que el Magistrado interviniente efectúa una transcripción de los términos típicos legales, pero no realiza una descripción detallada de la proposiciones fácticas que subsumirían en dichos supuestos, invirtiendo así, el juicio de tipicidad. Comparto lo expresado por la Defensa y la fiscalía de Cámara. Es más, claramente surge el que a quo imputa segmentos de figuras delictivas (tipo objetivo sistemático) y las entrelaza con proposiciones fácticas, estableciendo una imputación, que en lo central, no señala las acciones del imputado ni describe el estado de la víctima.
Como señalé, esto impide realizar el normal juicio de subsunción típica, que debe partir de la conducta que se imputa, para luego, analizar si es o no típica, y en su caso en que figura delictiva encuadra. En los autos caratulados:
“DEFENSORÍA OFICIAL PERITO MORENO S/ DENUNCIA INFRACCIÓN AL ART. 119 DEL C.P.A.”
Expte. Nro. D-31411/21, Nro. de Juzgado de Recursos 7889/24, procedentes del Juzgado de Instrucción de Las Heras; sostuve que: "De la lectura de la descripción de las proposiciones fácticas atribuidas al imputado, surge que, en el primero de los hechos, ocurrido en xxxxxxxxxmde la localidad de Los Antiguos, se le describe a R.A.L. que le habría hecho tocar sus “partes íntimas” a la adolescente I.N.G. Lo mismo sucede en el último de los hechos descriptos, ocurrido en el domicilio sito en xxxxx del Barrio xxxxx de Las Heras, en cuya descripción se detalla que el imputado le efectuó tocamientos a I.N.G en sus “partes íntimas”. Dicha terminología resulta imprecisa. Todo el cuerpo de la persona pertenece a su esfera de intimidad, por lo que la acepción “tocar partes íntimas” puede tener diferentes significados o interpretaciones de acuerdo a su emisor o su receptor.
Dicha oración, tenía significancia en ciertos ámbitos sociales a principios del siglo pasado (léase siglo XX, en ámbitos sociales denominados oligarcas) y se la utilizaba para indicar los genitales de varones y mujeres, pues nombrarlos, solo estaba reservado a ciertos lenguajes como el científico, Nombrarlos era señal de pertenencia a las clases sociales marginadas, en los cuales los genitales eran nombrados, aunque por sinónimos valorados como “vulgares”. Ahora bien, la construcción de este significante, no solo carece de actualidad en el lenguaje común en donde a nadie se le ocurre señalar las “partes íntimas”, pues el cuerpo de la persona es una unidad psicofísica, ya que son nombradas abiertamente, sino y aún, no puede tener acogida cuando se detalla una acción que subsume en una figura delictiva.
Las acciones no pueden ser reemplazadas por construcciones metafóricas que remitan a la inteligibilidad de cada persona. Las figuras retóricas deben ser evitadas y solo utilizar un lenguaje descriptivo, el que se enfoca como narración de acciones humanas (de allí la expresión “relato del hecho”), desprovisto de cualquier consideración que se pueda realizar de los mismos. Ello permite el entendimiento y la comprensión de la persona que es destinataria de la acusación, y centra, fundamentalmente, el objeto procesal, al permitir una subsunción que sea transparente, allende discusiones, para cualquier persona. En otras palabras, la oración utilizada en la imputación puede significar una acción concreta para una persona y una diferente para otra.
Claramente dicha terminología utilizada resulta confusa e imprecisa. Sobre todo cuando existe en autos información suficiente para poder precisarla, pues I.N.G. en la audiencia en cámara gesell, cuando se le pide que aclare como se llaman las partes íntimas, menciona a los pechos y la vagina en referencia a las suyas, y luego hace mención al pene en referencia al imputado. Contándose en autos con información suficiente para efectuar una descripción precisa y detallada de la acción desplegada por el imputado, la efectuada en el acto indagatorio no satisface las exigencias del art. 281 del C.P.P. ocasionando un perjuicio para el imputado ya que no le permite conocer de qué hecho concreto se tiene que defender, cual fue la conducta específica que se le está atribuyendo.
Por otra parte, de la escucha del testimonio de la adolescente, se aprecia que I.N.G. refiere a una situación precisa ocurrida en un auto, que no fue objeto de imputación. Asimismo, en la imputación de los hechos, tampoco se ha tenido en cuenta que en el último de aquellos, el imputado se encontraba bajo la guarda de hecho de la niña pues había sido dejada en la casa y al cuidado de éste y su esposa, ante un viaje de los progenitores... Más allá de que no se efectuó ningún análisis del mérito de la prueba, más que el referido respecto del informe pericial, ninguna consideración han merecido para el A quo los dichos de la adolescente I.N.G. vertidos en la audiencia realizada en cámara gesell, la que obra en filmación resguardada en el DVD incorporado a estos obrados.
La prueba fundamental sobre la que se debe partir y anclarse el análisis valorativo, no fue objeto de apreciación por parte del Sr. Juez de Instrucción, lo que priva al auto de mérito de ser debidamente motivado."
Sobre éstas pautas de hermenéutica, entiendo que la descripción del hecho atribuido al imputado se ha extralimitado, describiendo proposiciones fácticas que no surgen de la información que emana de las constancias de autos, poniendo en jaque, de ese modo, no solo el derecho de defensa del imputado sino el principio de congruencia entre la información y la imputación del hecho punible, tal como surge de los antecedentes reseñados.
Por todo, como Juez de Recursos;
I.-DECLARAR LA NULIDAD de la declaración indagatoria de fs. 173/17, y del auto de procesamiento de fs. 180/203 que es su consecuencia.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia