Abriendo la norma
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.275 FOLIO Nº 061/065 PROT. ELECT. JR101 423I.261
Río Gallegos, 22 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada: “M.V.M. S/ PRESUNTAS LESIONES -V.G.-”, Expte. Nº M-82466/25 Apelación/Causa JR Nº 10356/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 59/63 y vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, Dra. Y.J.B., quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de V.M.M., en orden al delito de “LESIONES LEVES DOBLEMENTE AGRAVADAS POR LA RELACION DE PAREJA Y POR MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO" (arts. 89 y 92 en función del art. 80 incs.1 y 11 del Código Penal).-
Que a fs. 69/71 y vta., la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 80 sostuvo el recurso (cód. validación 6ecb42ac) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos;
La defensa se agravió indicando que la resolución impugnada incumple con el deber constitucional y legal de motivación suficiente de las decisiones judiciales.-
Señaló que motivar una resolución no consiste en enumerar las pruebas reunidas ni en transcribir parcialmente su contenido. La fundamentación exige exteriorizar el razonamiento lógico que conduce desde los elementos de convicción incorporados al proceso hasta la conclusión adoptada, permitiendo a las partes y al tribunal revisor controlar la racionalidad de la decisión.-
Sostuvo que la resolución da por acreditada la materialidad del hecho y la autoría de su asistido partiendo, esencialmente, de la versión brindada por la denunciante, sin efectuar un examen crítico de la consistencia interna de dicho relato.-
Argumentó que se realizó una valoración arbitraria de la prueba incorporada durante la investigación, otorgando a los elementos de cargo un alcance convictivo superior al que razonablemente pueden sustentar en esa etapa del proceso.-
Adujo que la decisión se apoya de manera preponderante en el relato formulado por la denunciante, al que atribuye plena eficacia corroborante a partir de la existencia de lesiones leves constatadas por el examen médico y de la posterior entrevista psicológica; sin embargo, ninguno de esos elementos, analizados con el debido rigor, permite corroborar por sí mismo la mecánica del hecho ni la autoría atribuida a su asistido.- Continuó con su exposición manifestando que el certificado médico únicamente acredita la presencia de lesiones de carácter leve compatibles con un traumatismo, circunstancia que demuestra la existencia de una afectación física, pero en modo alguno identifica a su autor ni permite reconstruir las circunstancias concretas en que aquellas se produjeron.- Cuestionó la pericia psicológica incorporada al legajo; agregó que no resulta jurídicamente válido conferir a dicho informe un valor probatorio pleno o decisivo para sustentar el procesamiento.-
Insistió que el procesamiento aparece sustentado sobre una apreciación unilateral de la prueba, sin que el grado de probabilidad exigido por esta etapa procesal surja de una valoración objetiva, completa y debidamente motivada de las constancias reunidas.-
Objetó la agravante de la calificación legal; la resolución recurrida se limita a efectuar referencias a la normativa convencional y legal vigente, para luego afirmar, de manera prácticamente dogmática, que los hechos habrían ocurrido en un contexto de violencia de género, omitiendo desarrollar cuáles son los elementos concretos del expediente que permiten arribar a esa conclusión, más allá del propio relato de la denunciante.- Sostuvo que el pronunciamiento recurrido aparece prematuro; la investigación se encuentra todavía en una etapa en la cual corresponde profundizar la recolección y confrontación de elementos objetivos antes de adoptar una decisión que, aun sin constituir sentencia definitiva, importa un claro avance sobre la situación procesal del imputado.- El recurrente entendió que correspondería el dictado de una resolución de falta de mérito, permitiendo la continuidad de la investigación sin anticipar un juicio de probabilidad que las constancias probatorias actualmente reunidas no logran sustentar de manera suficiente.-
Solicitó que se revoque el auto de procesamiento recurrido y dictar la falta de mérito de V.M.M., sin perjuicio de la continuidad de la investigación y de la eventual producción de las medidas probatorias que el órgano jurisdiccional estime pertinentes para el debido esclarecimiento de los hechos.- Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
I. La defensa sostiene que la resolución de grado adolece de una falta de motivación suficiente, aduciendo que la magistrada formalizó una mera enumeración de pruebas sin exteriorizar un razonamiento lógico entre los elementos de convicción y la conclusión.-
Sobre este primer punto, el agravio debe ser rechazado. Es criterio constante de esta Alzada y de la doctrina procesal penal imperante que el auto de procesamiento no exige la certeza apodíctica requerida para la emisión de una sentencia condenatoria en la etapa de plenario, sino "un juicio de probabilidad afirmativa o sospecha calificada" respecto de la existencia de la materialidad del suceso y de la intervención del encausado.-
Tal estándar obedece a que el procesamiento constituye una medida de mérito provisoria destinada a habilitar el avance del proceso hacia la fase del juicio oral, donde se desplegará en plenitud el debate probatorio (Criterio seguido en Apelación N° 10009/26).-
Asimismo, las exigencias de motivación (Arts. 115 y 116 del CPP) se encuentran plenamente satisfechas cuando la Jueza de Instrucción analiza de manera conjunta, armónica e integral el plexo probatorio reunido a la luz de la sana crítica racional, sin requerirse exposiciones extensas sino una fundamentación sucinta pero congruente que respalde el dispositivo.-
La proscripción de la arbitrariedad veda únicamente aquellos pronunciamientos que prescinden infundadamente de la solución legal o adolecen de una carencia manifiesta de fundamentación, supuesto que no se verifica cuando el decisorio descansa en un conglomerado indiciario coherente (Postura adoptada en Apelación N° 10127/26).-
En cuanto que el recurrente objetó que el procesamiento se apoya de manera preponderante en el relato brindado por la denunciante, al que tacha de insuficiente e impreciso; para abordar esta queja, resulta insoslayable encuadrar la investigación bajo los parámetros de la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará")", la "CEDAW", las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad" (Acordada TSJ Santa Cruz T° CXLVI, Reg. 141) y la "Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres" (adherida por Ley Provincial N° 3201). Bajo dicho marco convencional y constitucional, opera el "Principio de Amplitud Probatoria" (Art. 16 inc. i de la Ley 26.485).- Como lo ha sostenido pacíficamente el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y esta Alzada, los hechos de violencia intrafamiliar y contra la mujer se caracterizan por desplegarse comúnmente en el ámbito de la estricta intimidad de la pareja, exentos de la presencia de terceros o testigos presenciales directos (Postura adoptada en Apelación N° 10009/26). Por ello, el testimonio de la víctima cobra un rol y valor probatorio de preferente ponderación, el cual no puede ser descalificado apriorísticamente por el mero hecho de provenir de la persona damnificada o aludirse a la figura del "testigo único" (Criterio argüido en Apelación N° 10084/26).-
En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, descalificar o privar de eficacia el relato de la víctima en estos supuestos configuraría una forma de violencia institucional revictimizante contraria a los compromisos internacionales del Estado Argentino.-
Aunado a ello, se desprende como inexacto que la resolución recurrida se erija sobre una única prueba aislada; por el contrario, la versión de la damnificada fue contrastada analíticamente con las circunstancias de tiempo, modo y lugar y con el resto de las constancias incorporadas al legajo (los informes de inicio de actuados, los informes de novedad, la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia, el certificados médico, entre otros -fs.59-), conformando un cuadro indiciario concordante y sin fisuras; con lo cual, lo planteado no tendrá asidero.-
En relación que el certificado médico solo demuestra una afectación física leve pero no identifica al autor ni la mecánica del hecho, en este punto, el apelante incurre en un error conceptual recurrente al pretender que dicho instrumento certifique la identidad de su autor. Tal como tiene establecido la jurisprudencia pacífica de este Tribunal (v.gr. Apelaciones Nros. 10.039/26, 10.077/26 y 10.210/26), la función del certificado médico legal no es individualizar al agresor, sino constatar objetivamente la existencia material de las afecciones físicas sufridas por la víctima (su entidad, carácter y tiempo de curación -fs. 17-).-
La autoría de V.M.M. no surge de la firma de la médica -Dra. R.A-, sino de la perfecta correspondencia anatómica y temporal entre las lesiones constatadas y el señalamiento directo y persistente que efectúa la damnificada (mismo criterio adoptado en Apelación N° 10045/26).-
En referencia a la crítica dirigida a la pericia psicológica obrante en el legajo, adelantamos que no habrá de prosperar.-
Los informes provenientes de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y de Cuerpos Periciales del Poder Judicial, constituyen instrumentos oficiales confeccionados por profesionales e integrantes de cuerpos auxiliares de la administración de justicia, cuya imparcialidad y corrección técnica se encuentran amparadas por garantías específicas, gozando de pleno valor como elementos de convicción (CSJN, Fallos 299:265; Apelación N° 10045/26). Su finalidad no es suplantar la tarea del/la juez/a en la determinación de la culpabilidad, sino brindar un diagnóstico especializado sobre la credibilidad del relato (evaluando la estructura lógica, la ausencia de fabulación o mendacidad, y la coherencia emotiva) y determinar la existencia de situaciones de riesgo y violencia crónica (Postura seguida en Apelación N° 10045/26); valorados de manera armónica junto con el resto de la prueba, dichos dictámenes dotan de una sólida corroboración periférica a la hipótesis incriminatoria.- Por lo tanto, no corresponde exigir que los profesionales se pronuncien de manera directa afirmando o descartando la autoría material del imputado, pues ello excedería flagrantemente su competencia técnica.-
Por otra parte, se recuerda a la defensa que la calificación legal fijada en el auto de procesamiento reviste carácter de "provisorio, mutable y no causa estado", pudiendo ser revisada nuevamente en las oportunidades previstas por los Arts. 329 y 330 del código de rito.-
La Instrucción ha expuesto con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta -fs. 59-, la razón que lo llevó a encuadrar provisoriamente al hecho en orden al delito de “LESIONES LEVES DOBLEMENTE AGRAVADAS POR LA RELACION DE PAREJA Y POR MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO" (arts. 89 y 92 en función del art. 80 incs.1 y 11 del Código Penal)”; es decir, que lo planteado se presenta como un mero disenso con lo resuelto, sin lograr controvertir lo decidido.-
Jurisprudencialmente se ha dicho que, la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase: Cám. Apel.; Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; 28/02/2018; Rubinzal Online;
661/2017 RC J 2642/18).-
En este sentido, en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, esta alzada entiende que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y, asimismo, en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando, no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia (Criterio asentado en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23, 8488/23 y, recientemente, en Apelación Nº 10270/26, por citar algunas).- Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales..." (TR LALEY AR/JUR/56181/2014).-
Nos resulta menester advertir que, en este tipo de pronunciamiento sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación.-
Prueba de ello, resulta ser el reciente fallo de nuestro Tribunal Superior de Justicia, que en autos caratulados: "V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves", Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación, hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.-
En función de todo lo expuesto, -y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado-, corresponde concluir que los planteos introducidos por el presentante no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, ergo, los mismos serán rechazados.-
II. En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 197 del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz, específicamente a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción.- Es que, sin perjuicio de no ser una causal que opere en detrimento de la consistencia respecto de los fundamentos de la resolución recurrida, advertimos que no se han respetado los tiempos que establece nuestro código de procedimiento en materia penal, lo que impone efectuar el presente señalamiento.-
Ello, a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes, con la consecuente restricción de acceso a la justicia. En efecto, se advierte que el inicio de la presente investigación se produjo en el mes de agosto del año 2025 -fs. 21 y vta.-; entre los meses de agosto a noviembre de 2025 se ordenaron diferentes medidas procesales; con fecha 13 de febrero de 2026 se recepcionó declaración indagatoria al imputado -fs. 57 y vta.-; siendo resuelta la situación procesal del encartado el día 28 de julio del cte. año -fs. 59/63 y vta.-.-
Que, en función de lo resuelto, y en aplicación de la debida diligencia reforzada, entendemos corresponderá dar cumplimiento sin más a lo previsto por el art. 197 del CPP que dispone: “…En ningún caso la instrucción podrá exceder de un (1) año. Cumplido dicho término y en el estado en que se encuentre la causa, se correrá vista al agente fiscal y al querellante a fin de que se expidan conforme lo dispuesto por el art. 330º inciso 2º por el término de tres (3) días…”.-
La falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al juzgado actuante que se abstenga de incurrir en procederes de similar naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.-
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR los autos de fs. 59/63 y vta. de estos autos, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER a la INSTRUCCIÓN lo consignado en el punto II) del considerando que antecede, a sus efectos.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia