Abriendo la norma
TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.101 FOLIO Nº 116/118 PROT. ELECT. JR101 248I.261
Río Gallegos, 29 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: “M.W.M. S/ ROBO RESULTARA DAMNIFICADO” Expte. Nº 23732/23, Apelación Nº 10198/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 131/135, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de C.H.G. y G.E.G., en orden al delito de “robo” (arts. 164 del Código Penal).
Que a fs. 150/151 la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 155 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos los agravios esgrimidos, en el orden propuesto por los recurrentes en el escrito de apelación.
I. De los agravios en particular: en primer término, la defensa señala que la resolución apelada deviene arbitraria pues, a su criterio, existe un examen fragmentado del testimonio del denunciante. Asimismo, asegura que los fundamentos del auto son aparentes y, apartándose del método de la sana crítica racional, se habría afectado la garantía constitucional de defensa en juicio y el debido proceso.
En esa dirección, destaca que en el allanamiento sólo se habría secuestrado cuatro, de los más de veintidós elementos cuya sustracción se atribuyó a sus pupilos, inclusive una valija que no fue denunciada como robada.
En idéntico sentido, pone de resalto que, al practicarse el allanamiento y las requisas, no se logró dar con la campera y el calzado que llevaba la persona que habría observado la pretensa víctima ingresar al domicilio de los imputados; todo lo cual, a su juicio, desincrimina a sus asistidos.
En palabras de los recurrentes, no se puede predicar que era uno de los imputados quien ingresó a la vivienda de sus defendidos, pues señalan que el denunciante expresó que no pudo identificar a la persona que allí habría ingresado. Refieren que no hay elementos probatorios que acrediten que la persona que vio el denunciante era una de los imputados, pues no lo identificó y no se practicó una rueda de reconocimiento. También esgrimen que no hay prueba alguna que indique que fueron sus asistidos, quienes ingresaron al domicilio del denunciante. En tal sentido, critican que el auto no funde la coautoría atribuida, ni enuncie el razonamiento que lleva a suponer la existencia de un supuesto plan común. Inclusive, señalan que no hay elementos de prueba que sitúen a sus asistidos en el lugar del hecho. Refieren que habría tantos autores como personas vivían en el domicilio allanado.
Así, en palabras de la defensa, atento a la orfandad probatoria reinante y el principio in dubio pro reo, se debería revocar el auto atacado y declarar la falta de mérito en relación a sus representados.
Pues bien, analizados los agravios impetrados, adelantamos, serán desestimados. En efecto, en cuanto al planteo relativo a que el auto apelado pudiera resultar arbitrario recordemos que, desde hace varios años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene dicho que la doctrina sobre arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que el apelante considere tales a raíz de su mera discrepancia con el alcance atribuido por el a quo, sino que: “… tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. ” (Corte Suprema de Justicia de la Nación; R.R. y otro; 26/06/1990; 70034077, o T.F.E.; 13/08/1991; 70030430).
En nuestro caso, es evidente que se trata sólo del criterio divergente del apelante, pues el magistrado fundó su decisorio, el cual se encuentra apoyado en la correcta valoración en conjunto de las pruebas reunidas, a la luz de la sana crítica racional. Así, consideró acreditada la materialidad del hecho a partir del faltante de elementos en su vivienda denunciado por el damnificado (fs. 01/01vta. y 19), y el acta de inspección ocular y croquis ilustrativo confeccionados en el lugar del hecho (fs. 02 y 03), que dan cuenta del forzamiento de la puerta de ingreso al inmueble (depósito).
En tanto, juzgó acreditada la presunta coautoría de los imputados, mediante la ampliación de denuncia del damnificado (fs. 19), quien dijo haber visto en la vía pública a un masculino de aproximadamente 1,70 mts., de contextura delgada, el cual vestía una campera similar a la que denunció como sustraída, aportando el domicilio al cual este individuo ingresó. Asimismo, se ponderó el resultado del allanamiento y requisa vehicular dispuestos en el domicilio de los imputados y uno de sus automotores (fs. 23/25), y el acta de reconocimiento de elementos por parte del denunciante (fs. 29).
En este sentido, recordemos que nos encontramos en una etapa embrionaria de la causa, y que el procesamiento es un juicio de probabilidad que no requiere de certeza plena, motivo por el cual, es común que éste se apoye en indicios. Por otro lado, es relevante señalar que la decisión calificada como arbitraria por la defensa, no se aleja de los pronunciamientos jurisprudenciales dictados al respecto, pues nótese que el denunciante dijo que le habrían sustraído de su domicilio una serie de elementos que, en parte, y –tras las medidas de allanamiento y requisa vehicular dispuestas por la instrucción-, habrían sido hallados en poder de los imputados, luego reconocidos por su dueño, y entregados al mismo mediante acta de estilo; todo lo cual, en función de la tenencia de la cosa robada, hace presumir que el hecho pudo ocurrir tal como concluyó el magistrado.
En lo que aquí concierne, hace varios años, precisamente a raíz de un hecho de robo, se sostuvo: “La tenencia de la res furtiva es un importante indicio de autoría en el hecho…” (Cámara 1ª de Apelaciones en lo Criminal de General Roca; 18/03/2010; M., R.A. La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44071/2010). Y este criterio se ha mantenido incólume, pues en un pronunciamiento no tan lejano, se resolvió que el hallazgo de parte del botín en la vivienda de uno de los imputados, proporciona el convencimiento suficiente para confirmar el procesamiento de ambos (véase: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala IV; P. A., E. y otro s/ Procesamiento e Inhibición de Bienes; 14/09/2020; Cita: TR LALEY AR/JUR/42515/2020).
A mayor abundamiento, en este mismo sentido se ha venido pronunciando esta alzada, en los autos caratulados: “G.J. y Otro s/ robo” - Expte. N° G-9.230/16, Apelación N° 6141/18; “Incidente de apelación en autos: C.A.L. y Otro s/ robo calificado” - Expte. N° I-71767/21, Apelación N° 7369/21; “A.G. y Otro s/ robo agravado” - Expte. Nº 25427/22, Apelación Nº 8517/23; “Local comercial T.B. s/ robo resultara damnificado” - Expte. Nº 23688/23, Apelación Nº 9753/25, por citar algunas.
Tampoco podrá prosperar la crítica referida a que se hubiera fraccionado el análisis de la declaración del denunciante, pues ella se tuvo en cuenta en su totalidad –tanto la inicial, como su ampliación-, mediante las cuales se pudo conocer las circunstancias de modo y lugar del hecho, la descripción de los bienes presuntamente sustraídos, y se logró determinar el supuesto domicilio de los imputados.
Asimismo, no advertimos que el magistrado se hubiera apartado del método de la sana crítica racional en el análisis de la prueba reunida, pues teniendo libertad para admitir toda la prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad, el pronunciamiento se presenta lógico, motivado y racional, apoyado en los elementos probatorios adunados al legajo; razón por la cual, rechazaremos este primer agravio. Ahora bien, sorprende a esta alzada que la defensa destaque como beneficioso para los intereses de sus pupilos, que en el allanamiento efectuado no se halló la campera que el denunciante dijo que habría vestido uno de los presuntos autores, pues se hallaron otros elementos reconocidos como propios por el damnificado (fs. 29); todo lo cual, en este tramo del proceso, constituye un indicio de autoría del ilícito.
En ese mismo sentido, resulta insostenible que la defensa señale que en la referida diligencia sólo se hallaron cuatro, de los veintidós elementos denunciados como faltantes, pues los incusos no pudieron explicar su procedencia.
Al respecto, se tiene dicho que la convicción de un tribunal puede estar razonablemente fundada en una prueba indiciaria, construida sobre la base de circunstancias graves, y es totalmente posible que la existencia de numerosas presunciones coincidentes pueda proporcionar al juez un grado de probabilidad suficiente para concluir en la culpabilidad del acusado. (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III; R.,D.Á.; 25/08/2005).
En suma, contrario a lo postulado por la defensa, existen en autos suficientes elementos probatorios que acreditan prima facie la presunta coautoría de los encartados, pues en el domicilio en cual el denunciante dijo que vio ingresar a uno de los imputados, se hallaron elementos de propiedad del damnificado, y otros en el vehículo de uno de los incusos, los cuales fueron reconocidos como propios por denunciante.
En función de lo explicitado, se impone confirmar íntegramente el auto apelado.
II. Reserva: finalmente, la defensa formula reserva de recurrir en Casación y Recurso Extraordinario Federal, la cual se tendrá presente oportunamente.
III. Observaciones: Ahora bien, sin perjuicio de lo resuelto, se advierte que, entre la declaración testimonial de fs. 89 (04/10/23), y la providencia de fs. 92 (19/12/2024) las actuaciones permanecieron paralizadas por más de un (01) año, cuestión que no fue explicada a la fecha, motivo por el cual se exhorta al juzgado de origen evite, en lo sucesivo, dejar transcurrir los plazos procesales sin motivo, a fin de no conculcar los derechos y garantías de los justiciables.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 131/135, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva de recurrir en casación y caso federal formuladas por la defensa técnica.
3. HACER SABER al juzgado de origen lo expuesto en el punto III) de la presente.
4. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia