Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 105.355
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la sentencia del 7.10.2024 en cuanto decretó la inconstitucionalidad del plazo de seis meses previsto en el art. 525 el CCyC y se declara la caducidad del derecho por el transcurso del plazo de seis meses para promover la pretensión de compensación económica desde el momento que indica la norma. Costas ambas instancias a la actora objetivamente vencida. Se difiere la regulación de honorarios (art. 31 de la LHP).
Reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial Dolores, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa nº 105.355, caratulada: "C. S., M. C/ Z., F. J. S/ COMPENSACIÓN ECONÓMICA", votando los Señores Jueces según el siguiente orden: Dres. Mauricio Janka y Leandro Adrián Banegas (Juez subrogante conf. Ac. 3428 y Ac. 4129 SCBA, Vinc. NE 319/22), quien integra el tribunal.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión: ¿Procede el recurso de apelación contra la sentencia del 7.10.2024?
Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Janka dijo:
I. Contra la sentencia del 7.10.2024, el demandado interpuso recurso de apelación el 10.10.2024; concedido en relación el 15.10.2024, se fundó en el memorial de agravios del 21.10.2024, contestados el 2.11.2024. El funcionario subrogante del fiscal general evacuó la vista que le fuera conferida, con fecha 20.12.2024.
II. El 8.5.2024, M. C. S. promovió demanda de compensación económica contra F. J. Z., con quien dijo haber mantenido una unión convivencial con asimetría de roles basada en violencia económica, psicológica y simbólica, que generó más oportunidades laborales y financieras para el accionado y desequilibrio económico a su disolución.
Señaló que la unión comenzó en febrero de 2016 y terminó a finales de julio de 2023; esto último según el contenido de las cartas documento adjuntas, lo declarado en sede policial y el contrato de locación temporario con inicio de ejecución a partir de agosto de ese año.
Manifestó ejercer su derecho a reclamar en el plazo del art. 525 CCyC, dado que en las cartas documento remitidas al exconviviente manifestó que, de no llegarse a un acuerdo, procedería al reclamo judicial.
Para el supuesto que se considere el transcurso del plazo, solicitó su inconstitucionalidad con fundamento en antecedentes jurisprudenciales en los que -como aquí ocurrió- se dio una situación familiar generadora de una denuncia por violencia con medida cautelar de restricción de acercamiento. En el caso, hizo una denuncia por violencia el 25.11.2023, que derivó en el dictado de una medida protectoria de noventa días anterior al cumplimiento del término de la caducidad. Por lo que el plazo, según su parecer, debe empezar a contarse pasados esos noventa días, es decir, desde el 26.2.2024, operando la caducidad el 26.8.2024 en una interpretación amplia, siendo temporánea la acción del 8.5.2024.
El 16.8.2024 el demandado se opuso a la inconstitucionalidad, planteó la caducidad de la acción y, subsidiariamente, la contestó. Refirió que, según la ley, el único acto que impide la caducidad es la interposición de la demanda dentro del plazo de seis meses computable desde el cese de la unión. No las misivas a las que refirió la accionante. Alegó que se separaron a fines de junio de 2023 -no de julioconforme surge de la denuncia efectuada ante la comisaría de la mujer el 25.11.2023 y que no existió un obstáculo emocional o psicológico para no iniciar en tiempo la acción.
Después de la separación, la actora inició una serie de acciones judiciales relacionadas, omitiendo sin razón reclamar la compensación. Consideró que abusa del instituto y tergiversa los hechos para intentar reflotar una acción caduca.
III. La jueza decretó la inconstitucionalidad del apartado tercero del art. 525 del CCyC, que prevé el plazo de caducidad de seis meses para interponer la pretensión de compensación entre exconvivientes. Consideró que lo contrario sería convalidar el decaimiento de un derecho por estrictas razones formales, teniendo en cuenta el contexto familiar y las particularidades del caso. Refirió a actuaciones habidas entre las partes. La primera, iniciada el 24.11.2023 por una denuncia de violencia familiar, donde el 27.11.2023 se dispuso una medida de protección de persona por noventa días. Luego, un expediente por atribución de vivienda el 13.12.2023. El 20.12.2023, se promovió la pretensión de alimentos. Y el 8.5.2023, el incidente de aumento de cuota y la presente compensación económica.
Refirió a la naturaleza de la caducidad del derecho cuyo plazo no es pasible de interrupción, por lo que desestimó los intentos de notificación por carta documento a que aludió la accionante como actos interruptivos del transcurso del plazo.
Indicó que, en el marco de las actuaciones sobre violencia, atribución de vivienda y alimentos, surge un contexto situacional del grupo familiar que exige una mirada más severa que un simple conteo de plazos. Que, en la unión convivencial, el origen del problema se remonta al desarrollo de la vida en común y proyecciones derivadas en la ruptura: el hombre fue el proveedor y la mujer no logró independencia económica y laboral, dedicada al cuidado de los niños y a las tareas del hogar, panorama que exige la perspectiva de género que debe impregnar todo decisorio para evitar que, a través de un rigor formal, se desatienda la realidad y se genere discriminación en el acceso a la justicia. Que es cierto que debió iniciarse directamente la compensación económica - además de las otras pretensiones-, pero la actora no puede ser perjudicada por estrategias de su representación letrada.
IV. El recurrente indica que lo resuelto responde a una distorsionada interpretación de los hechos y del derecho, apartándose la jueza de su labor jurisdiccional, que es emitir una decisión razonadamente fundada.
Señala que el objeto del instituto es compensar el desequilibrio patrimonial de una parte respecto de otra, como consecuencia del cese de la convivencia, siendo razonable que deba peticionarse en un plazo próximo e inmediato a la circunstancia generadora del desequilibrio, a fin de que no se consolide.
Que, por ende, el plazo no responde a un capricho del legislador, sino que encuentra sustento en la inmediatez de la tutela del derecho que se denuncia lesionado.
Destaca que la sentenciante estriba en otras actuaciones judiciales para respaldar su decisión, en una supuesta diferencia de roles o problemática familiar que habría impedido acudir a la justicia. Pero de ellas no surge ninguna situación material, emocional o psicológica que no le permitieran ocuparse del debate judicial de sus derechos en tiempo. De hecho, inició otras actuaciones en épocas cercanas a la separación, dentro del plazo semestral, sin hacer lo mismo con la compensación y sin que exista elemento que habilite la inconstitucionalidad, aun cuando la jueza evoque la praxis de la representación letrada de la contraria.
Afirma que el análisis del resto de las actuaciones para concluir en una supuesta situación de violencia económica o psicológica, es arbitraria, porque los dichos de la actora en cuanto a que el demandado tenía el control económico de la pareja no están probados siendo -en todo caso- insuficientes para no considerar un plazo de caducidad.
Que la dependencia laboral o económica de la actora, dedicación a la crianza de los hijos o a las tareas del hogar, nada tienen que ver con la pérdida del derecho de accionar por compensación.
Que no existe motivo de impedimento del ejercicio del derecho, pues la interesada no estaba afectada psicológica ni emocionalmente. Pudo iniciar los expedientes citados por la sentenciante, por lo que también pudo iniciar estas actuaciones en el plazo del art. 525 del CPCC.
Que del texto de la denuncia por violencia y manifestaciones vertidas en otros expedientes, no emana un real motivo para frenar plazos de caducidad. Si bien es cierto que alguna jurisprudencia lo dejó de lado en casos de violencia, fue fundada en circunstancias que impidieron en concreto el ejercicio del derecho, que no se dan en el caso.
V. En el abordaje de la cuestión, parto de recordar que el reconocimiento de los efectos jurídicos de las uniones convivenciales encuentra fundamento en el concepto de familia emergente de la Constitución Nacional, instrumentos internacionales que tras la reforma de 1994 conforman el bloque del art. 75 inc. 22 de la dicha carta magna, recomendaciones generales y particulares y decisiones de los organismos internacionales y regionales de protección de derechos humanos, en especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de igual jerarquía que los citados instrumentos. Sin duda existe un marco supralegal que da cuenta del reconocimiento de diversas formas de familias y uniones, como parte de la realidad que derivó en que la unión convivencial, como una de esas formas, fuera expresamente reconocida en el Código Civil y Comercial (arts. 14 bis, 16 de la CN; 509, 510, 518, 525 y concs. del CCyC; Corte IDH en “Atala, Riffo y niñas vs. Chile”, sent. del 24.02.2012).
El diseño jurídico tiene entonces justificación racional en la consolidación del proceso de constitucionalización del derecho familiar, que impone preservar los valores fundantes de un sistema inclusivo que, respetando las diferencias, rechace cualquier solución normativa que se reduzca a un único estereotipo de organización; y en el principio de realidad, que reconoce que las uniones convivenciales son una práctica social relevante en todos los estratos de la comunidad y que, por tanto, no puede ser ignorada.
Sin embargo, los efectos jurídicos de las uniones convivenciales también quedaron sujetos por el legislador a pautas reguladoras específicas; determinó su ámbito de aplicación, formuló las diferencias con el matrimonio y profundizó sobre el alcance de la autonomía personal en relación con los pactos de convivencia. Finalmente, desarrolló los efectos patrimoniales, entre ellos, la división de bienes y la compensación económica.
En el caso de esta última, su procedencia dependerá de la configuración de presupuestos formales y sustanciales, expresamente previstos, aun cuando deban ser analizados de manera armónica con el resto de las normas y principios.
Si bien el código entrega herramientas para proteger una situación especial, no es a costa de anular derechos individuales dejando de lado la regulación expresa, sin justificación en razones de igual magnitud. La acción personal cuyo objeto es exigir al otro el cumplimiento de una prestación destinada a corregir el desequilibrio económico manifiesto que existe producto de la vida en común y su ruptura (arts. 524, 526 y concs. del CCyC), está sujeta -entre otros aspectos- a un plazo de caducidad de seis meses, computable desde la producción de cualquiera de las causas de finalización de la convivencia enumeradas en el art. 523 del CCyC (art. 525). Al igual que en el matrimonio, en que el legislador previó también un plazo de seis meses desde la sentencia de divorcio (art. 442, CCyC).
La actora realiza disquisiciones sobre el plazo de caducidad previsto para el matrimonio y para la unión convivencial. Subraya que se computa de manera diferente, asistiéndole a la mujer casada un tiempo mayor para decidir si reclamará la compensación, porque puede “pensarlo durante todo el trámite del proceso de divorcio”, a diferencia de la que se separa. Pero, como anticipaba, el legislador estableció diferentes reglamentaciones entre la convivencia, reconocida como tipo de proyecto de vida, y la institución matrimonial; lo que no implica que pueda posicionárselos en el mismo plano legal, dado que la aplicación de normas para situaciones disímiles puede generar un resultado opuesto a la finalidad con que fueron concebidas (arts. 1, 2, 3, 10 y concs. del CCyC).
Si las personas en el ejercicio de su voluntad deciden bajo qué formato conformar una familia o proyecto de vida en común, es lógico que se atengan luego a las disposiciones que reglamentan a cada una en sentido amplio -derechos y obligaciones-, cuyo desconocimiento nadie puede alegar (art. 4, CCyC).
La reforma trajo una regulación específica de una forma distinta de organización familiar que no es el matrimonio, de características propias y que tiene como protagonista a la autonomía de la voluntad (art. 19 de la CN). Este reconocimiento de efectos jurídicos a la convivencia, reitero, es limitada o especial, lo que se funda en aceptar que, en respeto del espíritu del art. 16 de la CN, es posible brindar un tratamiento diferenciado a modelos distintos de familia, cuyos integrantes decidieron libremente formar. Uno es el modo de computar el plazo de caducidad de seis meses para ambas formas de unión; en un caso desde la sentencia de divorcio, y en otro desde la separación.
La caducidad se define como la extinción de un derecho positivo por la expiración de un término legal durante el cual debió ejercérselo. Reconoce su fundamento en razones de política legislativa y orden público, que anidan en la idea de una sanción ante la negligencia de quien alega ser titular de un derecho que no procuró hacerlo efectivo en un tiempo. La única acción que impide que se produzca, es el efectivo ejercicio del derecho en los términos del art. 2569 del CCyC: el cumplimiento del acto previsto por la ley. De ahí que carece de sustento lo señalado por la actora en relación a que ejerció su derecho a reclamar mediante el envío de misivas al demandado, pues la única forma de impedir el transcurso del plazo es con la acción, supuesto que no cabe extender a una reserva del derecho a reclamar, según se acuerde o no en el ámbito extrajudicial.
En la pretensión tendiente a compensar el desequilibrio patrimonial de una parte respecto de la otra con causa del cese de la convivencia, es lógico que se deba peticionar su fijación en un plazo cercano a la circunstancia generadora de tal desequilibrio, a los fines de que no se consolide. Dicho plazo procura que los exconvivientes resuelvan las cuestiones patrimoniales que se derivan de la ruptura de manera simultánea a la misma. Se apoya en el principio de concentración de los efectos de la separación, coherente con la posición pacificadora de conflictos familiares asumida por la reforma, evitando también el abuso del derecho que podría configurarse si después de meses o años se habilita a continuar o reflotar pleitos relacionados con la situación patrimonial.
Para dejar de lado ese plazo de caducidad -decretando su inconstitucionalidad o análogamente su no aplicación-, debe configurarse una situación justificadora que implique para quien se crea titular del derecho, un impedimento para promover la acción.
No ha de tratarse de cualquier circunstancia sino de una que efectivamente impacte de algún modo en el “poder” acudir a la justicia; máxime cuando se trata de un plazo de caducidad que no admite dispensas (arg. art. 2567 del CCyC), si bien debe interpretarse en un diálogo entre fuentes legales que no puede desprenderse de las directivas de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, en tanto establecen que se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
En ese camino, que se intente dejar de lado un plazo de caducidad con fundamento en que es exiguo, no sería suficiente por sí solo. Más aun cuando para la figura cuasi paralela del matrimonio, el plazo es el mismo; si bien su cómputo será desde la sentencia de divorcio -atravesada ya una etapa judicial- y en las uniones convivenciales desde la ruptura, lo cierto es que ello es una consecuencia de cada régimen al que las partes se sometieron como señalé, en cuyo marco el matrimonio requiere una sentencia que ponga fin al vínculo, no así la convivencia.
La inconstitucionalidad se planteó en base a situaciones que derivaron en una denuncia en el marco de la ley 12.569, que mereció el dictado de una medida cautelar de restricción de acercamiento, anclando razones la actora en que fue la parte débil de la relación sumida en una situación de violencia, como dejó asentado al denunciar, inestabilidad del grupo familiar y estado de vulnerabilidad emocional que atravesaba.
Indicó que no es una simple acreedora, sino una madre de tres hijos que busca protegerlos y mantener su nivel de vida previo a la ruptura de la unión.
Concretamente, se refirió a la denuncia del 25.11.2023 adjunta a la demanda, que originó los autos “C. S. c. Z. s. ley 12569” -expte. 56410 de trámite ante el mismo juzgado-.
De dicha denuncia surge que relató: "…mantuve [con el demandado] una relación de 8 años de concubinato (…) en el transcurso de la relación, siempre me dijo que no lo acompañé y que jamás hice nada, todo me venía de arriba y servido en bandeja, con lo cual lo ha vuelto a repetir al alquilarnos un departamento y quedarse con la casa que estábamos construyendo juntos, ahora le mando msj y el hostigamiento es porque quiere que le devuelva las griferías y hornos que yo elegí para nuestra cocina (…), tenemos una cuenta en el Banco Santander Río y nos dieron una llave a cada uno de la caja fuerte (…) y el día 30 de junio del año 2023 me saca las llaves y se lleva nuestros ahorros de 230.000 dólares y a raíz esto yo me llevo muebles, camas, electrodomésticos- hoy me encuentro alquilando en Cul de Sac 1888 Pinamar, ahí me alquiló hasta julio de 2024, a raíz que yo hice la mudanza, el empieza a hostigarme por mi situación económica, me trata como un trapo de piso y que no soy nada (…) si bien no nos hace falta nada, me dijo que no me involucre más en la casa de pioneros, que lo supere y que haga mi vida, en el día de ayer 24 de noviembre se aparece en mi departamento para saber la situación de mis hijos y pregunta dónde están las cosas de grifería tengo mucho miedo y miedo de caminar tranquila con mi hijo, quiero que mis hijos tengan la misma calidad de vida que llevaban y yo no tengo otro sostén para mis hijos que no venga del padre, quiero dejar en claro que sólo quiero un cese de hostigamiento hacia mi persona y el maltrato psicológico a raíz de toda esta situación, que siga viendo a sus hijos y compartiendo horas extracurriculares, danza, etc..." (sic). Tales manifestaciones dieron lugar al dictado de una medida cautelar de restricción de acercamiento en protección de la denunciante, por lo que que habrá existido suficiente verosimilitud respecto de una situación que la justificó según valoró la jueza. Incluso los motivos que dieron lugar a la medida cautelar, junto con otros elementos de juicio emanados de otras actuaciones relacionadas -atribución de vivienda y alimentos citados por la sentenciantepodrían descubrir el velo de un panorama del desarrollo de la vida en común, en cuanto a la organización de la familia, roles asumidos dentro de la pareja, dependencia económica y laboral de la actora, posibilidades de desarrollo personal o desequilibrio económico, entre otros elementos que cabría analizar para meritar el fondo de la pretensión.
Sin embargo, no observo configurado algún fenómeno o acontecimiento que hubiera realmente generado un impedimento para demandar por compensación dentro del plazo de seis meses, porque para no aplicar excepcionalmente un plazo de caducidad deberían darse dificultades concretas de hecho o de derecho que obsten al ejercicio de la acción tempestiva, como la imposibilidad de acceder a información necesaria, de realizar actos judiciales, de obtener documentación, conductas de mala fe del destinatario de la acción, eventos imprevistos e inevitables, enfermedad grave, alguna fuerza irresistible o amenaza que generen temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, teniendo en cuenta la situación del amenazado y demás circunstancias del caso (arg. arts. 257, 259. 260, 276 y concs. del CCyC). El dictado o, mejor dicho, la vigencia de una medida cautelar de restricción de acercamiento, en sí misma, no implica una limitación o impedimento para el ejercicio de la voluntad para reclamar judicialmente la compensación. Evidencia de ello es que la exconviviente pudo iniciar otras acciones con posterioridad a la ruptura de la convivencia, con anterioridad al término del plazo de caducidad y estando vigente la mentada medida cautelar que ahora alega como obstativa del ejercicio de la pretensión de compensación. El 13.12.2023 accionó por atribución de la vivienda hogar convivencial, y el 20.12.2023 lo hizo por la fijación de alimentos, sin advertir justificativo válido para no hacerlo por compensación económica.
Tampoco señaló la peticionante alguna situación especial para esclarecer por qué pudo accionar por otros conceptos, pero no por compensación.
La dependencia laboral o económica, aun un desequilibrio patrimonial manifiesto al momento de la separación, no significan de por sí que la actora hubiera estado sometida a una situación que le impidiera accionar exclusivamente por compensación. Es posible (y entendible) que, en casos excepcionales, no se aplicara el plazo permitiendo que una persona víctima de un contexto específico pueda ejercer su derecho -siendo particularmente relevante en casos de violencia por razones de género-, pero lo cierto es que debe haber estado impedida de ejercerlo por razones físicas o psicológicas de intimidación u otras dificultades concretas, que deben ser invocadas y probadas. A tales fines considero insuficiente la mera invocación de la situación de dependencia laboral, cómo se dio la vida en común, proyecciones personales derivadas en la ruptura, si uno fue el proveedor y otro se dedicó al cuidado de los niños y a las tareas del hogar, cuestiones que carecen de entidad para viciar la voluntad.
El examen de los elementos probatorios conducentes para resolver la cuestión y los argumentos expuestos hasta aquí como derivación de dicho análisis, aun provistos de un enfoque con perspectiva de género, no justifican lo pretendido; no encuadran en los parámetros indicados. Según expone Ricardo L. Lorenzetti, la situación de impedimento que afecte a la víctima debe tener una gravedad suficiente de acuerdo con un juicio realista y razonable de la situación del impedido, la que debe ser adecuadamente ponderada en relación con la trascendencia del valor que se posterga: la seguridad jurídica (Código Civil y Comercial -comentado- de la Nación, t. XI, pág. 322). Existen diversas clases de plazos con efectos jurídicos, pero el más gravoso es el de caducidad, dadas las consecuencias irremontables que entraña su cumplimiento. Es una figura que denota como ninguna, la temporalidad de los derechos concedidos a los sujetos, por lo que no es apta -en principio- para interpretarla ampliamente, por vía de hermenéutica extensiva o conjetural, analogía o inducción, sino ante casos trascendentales donde la voluntad y posibilidad de accionar esté efectivamente comprometida.
Analizado el escenario fáctico y jurídico citado, no advierto una situación de hecho que haya actuado como una circunstancia impeditiva u obstáculo para que la actora reclamara judicialmente dentro del plazo legal. No lo describe en su presentación inicial, no surge de los elementos de juicio aportados ni lo expone fundadamente la jueza al resolver (arts. 330, 354, 365, 384 del CPCC).
Tampoco surgen esos elementos que avalen la inconstitucionalidad, de los autos caratulados “C. S., M. c. Z., F. s. atribución vivienda familiar” -expte. 56543- ni de “C. S., M. c. Z., F. s. alimentos” -expte. 56596- de trámite ante el mismo juzgado, visualizados a través de la mesa de entradas virtual. La jueza extrae, sin otro aval probatorio, párrafos de los escritos postulatorios, tales como “…circunstancias que tornaron imposible la vida en común debido a situaciones que diariamente se producían y que hacían sumamente difícil el mantenimiento de nuestra convivencia nos hemos separado a fines del mes de julio del corriente año…” (sic); mas ello no puede fundar un aspecto como la inaplicabilidad del plazo de caducidad por las razones que vengo desarrollando. Estos plazos responden a la necesidad de que ciertos actos se cumplan dentro de un breve tiempo por exigencias que responden a la naturaleza de la figura sobre la que operan, al movimiento de la vida jurídica, a la rapidez de los procedimientos, a la sucesión y concatenación de las relaciones. De allí que, en principio y salvo ciertos supuestos que considero no se dan en el caso, ante la negligencia del titular o incluso -en ciertas condiciones- ante la imposibilidad de actuar, la ley atiende al hecho objetivo del transcurso del plazo en que ese derecho debió ejercitarse. Hay una necesidad de certeza de las situaciones jurídicas y, en miras a ello, el derecho tiene por finalidad su pronta consolidación (arts. cit.).
En consecuencia, concluyo en que la demanda por compensación económica promovida el 8.5.2024, lo fue una vez transcurrido el plazo de caducidad de seis meses previsto en el art. 525 del CCyC, computado desde la separación de la pareja, ya sea ésta a fines de julio de 2023 -como alegó la actora- o a fines de junio de 2023 -como señaló el demandado- (art. 2566, CCyC).
Afirmar que un derecho caducó significa que nació regular y válidamente, pero que posteriormente perdió sus efectos jurídicos debido a que sobrevino un hecho, como el vencimiento de un plazo, que impidió su ejercicio posterior; la aniquilación de efectos se produce de pleno derecho por el solo vencimiento del plazo de caducidad.
Aclaro que no me son ajenos los principios que consagran la visión o perspectiva de género, como parámetro necesario en favor de una decisión razonable, visión que se proyecta fundamentalmente al modo de valorar el plexo probatorio (arts. 16, 75 inc. 22 de la Const. Nac.; Recomendación General 28 del Comité CEDAW, párrafo 10; 2, 3, 6 y 7 incs. b, d, f y g de la Convención de Belém do Pará; 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).
Sin embargo, esta conquista -si bien es una herramienta de análisis fundamental y obligatoria para los jueces- no implica lisa y llanamente la anulación o inversión de la carga de la prueba sobre aspectos que podía y debía probar la interesada. De configurarse ese extremo, se estarían desvirtuando los principios y efectos de los significativos avances que, en materia procesal y de derecho de fondo, se han producido en la materia. En otras palabras, va de suyo que los fundamentos de este voto no se sustentan únicamente en perspectivas de apreciación aisladas, que se traducirían en la distorsión de estos postulados, sino contextualizados con el resto de las pautas legales que regulan la figura de la unión convivencial y la vigencia de sus efectos jurídicos de modo armónico, coherente y en aplicación práctica de las reglas de la sana crítica (arts. 706, 710 CCyC; art. 384 CPCC). En definitiva, estimo que los agravios alcanzan para revocar la sentencia apelada que declaró la inconstitucionalidad del plazo de seis meses previsto en el art. 525 el CCyC para la promoción de la acción por compensación económica entre convivientes. Comprobado el transcurso de dicho plazo desde el momento que indica la norma, al tiempo de la interposición de la demanda, es que considero que debe prosperar la caducidad del derecho opuesta por el demandado en su presentación del 16.8.2024.
VI. Como los agravios dan la medida de la competencia de esta alzada (arts. 260, 261 y 266 CPCC), propongo acoger el recurso y revocar la sentencia del 7.10.2024 en cuanto decretó la inconstitucionalidad del plazo de seis meses previsto en el art. 525 el CCyC, declarando la caducidad del derecho por el transcurso del plazo de seis meses para promover la pretensión de compensación económica desde el momento que indica la norma (arts. 14 bis, 16, 18, 19, 75 inc. 22 de la CN; Recomendación General 28 del Comité CEDAW, párrafo 10; 2, 3, 6 y 7 incs. b, d, f y g de la Convención de Belém do Pará; 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 15, 171 de la Const. Prov.; 1, 2, 3, 4, 10, 257, 259. 260, 276, 442, 509, 510, 518, 523, 524, 525, 526, 706, 710, 2566, 2567, 2569 del CCyC; 330, 354, 365, 384 del CPCC).
Considero que las costas de ambas instancias deberán ser asumidas por la actora, en su objetiva condición de vencida (arts. 68, 274 del CPCC). Voto por la afirmativa.
El señor juez doctor Banegas adhirió al voto precedente por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Janka dijo:
Conforme se ha votado la cuestión anterior, corresponde revocar la sentencia del 7.10.2024 en cuanto declaró la inconstitucionalidad del plazo de seis meses previsto en el art. 525 el CCyC y declarar la caducidad del derecho por el transcurso del plazo de seis meses para promover la pretensión de compensación económica desde el momento que indica la norma. Costas ambas instancias a la actora en su objetiva condición de vencida (arts. cit.). Así lo voto.
El señor juez doctor Banegas votó en análogo sentido.
Con lo que terminó el presente acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A De conformidad al resultado que instruye la votación del acuerdo que antecede, citas legales y jurisprudenciales que se dan por reproducidas, se revoca la sentencia del 7.10.2024 en cuanto decretó la inconstitucionalidad del plazo de seis meses previsto en el art. 525 el CCyC y se declara la caducidad del derecho por el transcurso del plazo de seis meses para promover la pretensión de compensación económica desde el momento que indica la norma. Costas ambas instancias a la actora objetivamente vencida. Se difiere la regulación de honorarios (art. 31 de la LHP).
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de Dolores, en la fecha indicada en la constancia digital de la firma (Ac. 3975/20 SCBA).
Fin de la sentencia