Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 36414-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación en su sentencia del 8/11/2021 con los alcances dados en el considerando VIII del presente, y
2Imponer las costas de ambas instancias a la actora.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Expte. N° 43.541/2022.-
///nos Aires, 22 de diciembre de 2022.- PAF Y VISTOS, estos autos caratulados: “M3 Construcciones S.A. (TF 36414-
I. c/Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo”, y
I. Que el 8/11/2021 el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, dictó sentencia definitiva y tuvo a la parte actora por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en los términos de la ley 27.541, con costas (cfr. fs. 1/4).
Asimismo, dispuso condonar las multas y los intereses resarcitorios en la proporción dispuesta por el art. 11 de la norma citada, con costas por su orden (cfr. fs. 1/4).
II. Que, para así decidir, recordó que la accionante en el expediente n° 36.414-I había interpuesto recurso de apelación contra la Resolución n° 90/12 (DV RRMR) por la que se determinó su obligación tributaria frente al I.V.A. correspondiente a los períodos fiscales 4, 6, 7 y 8 del 2008, con más intereses resarcitorios y, además, se le aplicó una multa equivalente a dos (2) veces el impuesto presuntamente evadido con sustento en los arts. 46 y 47 inc. b) de la ley 11.683.
En tanto indicó que en la causa n° 36.415-I recurrió la Resolución n° 91/12 (DV RRMR) que determinó su obligación tributaria frente al Impuesto a las Ganancias, correspondiente al período fiscal 2008, con más intereses resarcitorios y se difirió la aplicación de las sanciones por aplicación de la ley 24.769.
Por otra parte, en el expediente n° 46.764-I la actora impugnó la Resolución n° 82/16 (DV RRMR) que le aplicó una multa correspondiente al Impuesto a las Ganancias para el período fiscal 2008, equivalente a dos (2) veces el impuesto presuntamente evadido, con sustento en los arts. 46 y 47 inc. b) de la ley 11.683.
Luego de reseñar el trámite seguido en los expedientes, el vocal preopinante informó que la parte actora con fecha 8/09/2020, denunció su acogimiento a la ley 27.541, señalando que expresamente desistía y renunciaba a toda acción y derecho –incluso el de repetición– respecto de las obligaciones regularizadas, denunciando que no se encontraba incursa en ninguno de los supuestos previstos por el art. 16 de la referida ley. Asimismo, reveló que la accionante había regularizado, mediante el Plan de Facilidades de pago n° 0116515 de fecha 2/11/2020 los montos reclamados por el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2008 y los períodos fiscales 4 y 8/2008 del Impuesto al Valor Agregado, en tanto manifestó que los períodos fiscales 6 y 7/2008 no fueron incluidos toda vez que dichos períodos arrojaban saldo a su favor, conforme surge de las DD.JJ. rectificativas adjuntadas.
Sustanciado con el Fisco Nacional, mediante presentación digital 2021-90593009-APN-SGAI#TFN, señaló que la Agencia N° 16 informó que surgía de la base de datos la presentación por parte de la contribuyente del plan de facilidades de pago n° 0116515 de fecha 2/11/2020 –efectuado en los términos de la ley 27.562– el cual se encontraba vigente a la fecha. Además, comunicó que la actora no se encontraba incursa en las causales de exclusión del art. 16 incisos a) y b) de la ley 27.541, no pudiendo constatar el resto de los incisos. Por otra parte, mediante la presentación RE-2021-3270184704-
APN-SGAI#TFN la accionante acompañó el Certificado de Acreditación de su condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa, con vigencia hasta el 31/12/2021, que le fuera requerido en autos.
Sobre la base de todo lo expuesto el vocal instructor, sostuvo que: “…habiéndose presentado la recurrente manifestado el desistimiento y/o allanamiento total e incondicional a la pretensión fiscal de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos involucrados en autos, y que se hace cargo de las costas y costos del juicio, y no surgiendo de las constancias de autos que la recurrente se encuentre comprendida en las exclusiones previstas por el artículo 16 de la Ley Nº 27.541 (texto según Ley 27.562)…” correspondía tener a la parte actora por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición en la presente causa, con costas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º de la citada ley y artículos 7°, 10 y siguientes de la RG AFIP 4667/20 y modificatoria.
En cuanto a la condonación de multas e intereses destacó que el acogimiento de la actora, de conformidad con lo previsto por el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II mencionado art. 9° de la ley 27.541, “…tiene como efecto el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, así como de toda acción y derecho, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas, siendo este el alcance del pronunciamiento a dictarse en la presente causa. Ello sin perjuicio de que el Organismo Fiscal deberá tenerlo en consideración al momento de verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en los artículos 25 y 46 de la RG 4816/2020 y el criterio adoptado por la Sala B que integro como Vocal titular a los efectos de la conformación de la base de cálculo para la regulación de honorarios, ajustado a la doctrina plenaria de la Alzada fijada en los autos: “Alpargatas S.A.I.C. c/D.G.I. s/R.D.O.E.”, de fecha 16/12/2020”. Por su parte, el Vocal Luis, adhirió al relato formulado por el vocal instructor y recordó lo previsto por la ley 27.541, en particular en sus arts. 8°, 11 y 13 aclarando que: “… En tal inteligencia, en los casos de regularización mediante un plan de facilidades de pago en cuotas, el goce y alcance de los beneficios se encuentra supeditado a una condición diferida en el tiempo, consistente en el cumplimiento total del plan, en la forma y condiciones que establezca el organismo recaudador, y cuyo control le compete exclusivamente a dicho organismo. Ello se traduce en la imposibilidad actual de determinar certeramente la magnitud del beneficio aludido.”
“Por ello, ante el desistimiento formulado por la actora, corresponde que este Tribunal la tenga por desistida de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por remitidos los intereses en la proporción que correspondan, y condonadas las multas; con el alcance y en los términos y condiciones establecidas en los arts. 11 y 13 de la ley 27.541 y su modif. antes citados, conforme las acreditaciones referenciadas en el Considerando IV.- del voto del Vocal preopinante”. En cuanto a las costas, por aplicación del plenario “Alpargatas” del 16/12/2020 las impuso a la parte actora en la proporción de los importes regularizados, y por su orden respecto de la proporción de los intereses remitidos y las sanciones condonadas.
La Vocal Guzmán, adhirió al voto del Dr. Luis reseñado precedentemente.
En consecuencia, por mayoría, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió tener a la parte actora por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en los términos de la ley 27.541, con costas y, asimismo, condonó las multas y los intereses resarcitorios en la proporción dispuesta en el art. 11 de la norma citada, con costas por su orden.
III. Que disconforme con lo decidido, con fecha 27/12/2021, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación (cfr. fs. 1/2). Mediante la presentación del 15/02/2022, la recurrente formuló un desistimiento parcial con relación al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto al Valor Agregado (período fiscal 4/2008), en ambos casos con sus correspondientes multas; ello así, por considerar que la accionante se allanó correctamente respecto de los impuestos y períodos señalados. A tal fin, acompañó el pertinente informe fiscal y la autorización administrativa que le ordenó proceder en tal modo.
En consecuencia, y tal como surge de los informes presentados se advierte que el recurso de apelación interpuesto por la demandada se mantuvo con relación a los períodos fiscales 6, 7 y 8/2008 por el Impuesto al Valor Agregado y las multas oportunamente aplicadas por dichos períodos, por considerar que la contribuyente no se allanó conforme a la pretensión fiscal determinada de oficio (cfr. informes obrante a fs. 15/17 y fs. 19/20).
Con fecha 15/02/2022 presentó su memorial (cfr. fs. 3/13), el cual no fue contestado por la parte actora conforme surge de la constancia de elevación obrante en la causa en formato papel a fs. 768.
Luego de efectuar una reseña sobre los antecedentes del caso y lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación, destacó que la parte actora expresamente manifestó que había regularizado la deuda en el Impuesto a las Ganancias por el período 2008 por la suma de $ 106.292,10 e I.V.A. –períodos 4 y 8 de 2008–, en tanto los períodos 6 y 7 de 2008 no habían sido incluidos por arrojar saldos a su favor.
Sobre el punto indicó que de sus registros surgía que la contribuyente presentó DD.JJ. rectificativas correspondientes a los períodos 6 a 8/2008 no respetando lo resuelto en la resolución determinativa de oficio ya que tanto las DD.JJ. de junio y julio declaró mayor crédito fiscal al determinado de oficio (junio/2008: $ 89.577,78 vs. $ 64.535,73 y julio/2008: $ 51.060,80 vs. $ 38.279,70) mientras que en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II agosto/2008 incrementó el débito fiscal y disminuyó el crédito fiscal (DF $ 35.928,80 vs. $ 19.262,94 y CF $ 826,09 vs. $ 1.560,96).
Señaló que, por lo expuesto, se advierte que la firma actora se allanó correctamente al Impuesto a las Ganancias 2008, más no lo hizo acabadamente en cuanto al I.V.A., puesto que rectificó las DD.JJ. sin conformar el ajuste fiscal apelado –que consistió en impugnar crédito fiscal– y respecto de los períodos 6 a 8 declaró un crédito fiscal que no se condecía con el determinado por la división revisora.
En tal sentido, destacó que su agravio se configura por cuanto la contraria no se allanó conforme al derecho de la pretensión fiscal determinada de oficio para los períodos 6, 7 y 8/2008 por el I.V.A. y, asimismo, indicó que tal agravio se extiende a la forma en que fueron impuestas las costas por tal impuesto y período.
En razón de lo expuesto, interpretó que el desistimiento debió haberse resuelto únicamente respecto al Impuesto a las Ganancias -P.F. 2008- y por el período fiscal 4/2008 para el I.V.A. y su consecuente condonación de la porción respectiva de intereses como de la multa cuestionada en autos.
Consideró que el T.F.N. efectuó una errónea valoración de los elementos fácticos y probatorios arrimados a la causa y una incorrecta aplicación de la normativa involucrada por no efectuar un análisis integrador de la misma, arribando así a una sentencia que luce arbitraria, resultando improcedente el reconocimiento de los beneficios previstos en la ley 27.541 para tales períodos.
Por todo lo expuesto, solicitó se revoque la sentencia recurrida en lo que fuera materia de agravios, con costas de ambas instancias.
IV. Que así planteadas las cuestiones entre las partes, en primer lugar es preciso señalar que de conformidad con lo establecido por el art. 86 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), en cuanto al análisis de las cuestiones de hecho y prueba relacionadas con la causa, se prevé una limitación en razón de la cual corresponde –en principio– estar a lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación, salvo que se demuestre que se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta, en la valoración de dichos aspectos (conf. Fallos: 300:985 y esta Sala, in re, “Ferrari, Carlos Isidoro c/D.G.I.”, del 7/08/2014, entre muchos otros).
En especial, la ley hace referencia a la ocurrencia de una violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el T.F.N., lo que habilitaría a esta Cámara a declarar la nulidad de las actuaciones, salvo que corresponda abrir a prueba la causa en esta instancia lo que, de por sí, constituye una situación excepcional.
V. Que a modo de recapitulación, corresponde recordar que la cuestión a resolver por esta Cámara se centra en discernir si el acogimiento dispuesto por el Tribunal Fiscal de la Nación mediante la sentencia del 8/11/2021, con relación a los períodos fiscales 6, 7 y 8 de 2008 del I.V.A. y sus multas e intereses, se encuentran ajustados a derecho puesto que, tal como fuera reseñado en el considerando que antecede, el Fisco Nacional calificó de arbitrario e improcedente lo decido por el Tribunal a quo sobre el punto.
En orden a estos razonamientos es que solicitó se revoque el pronunciamiento dictado en cuanto fuera materia de agravios.
De lo expuesto, cabe aclarar que nada corresponde dirimir con relación al acogimiento formulado por el Tribunal a quo respecto del Impuesto a las Ganancias (P.F. 2008), así como tampoco por el período fiscal 4/2008 del I.V.A. y lo decidido en su concordancia por la condonación de multas e intereses por tales rubros, por cuanto ello no fue materia de agravio de las partes.
VI. Que, a fin de resolver la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, es preciso señalar que de la compulsa de las actuaciones digitales y en formato papel que se tiene a la vista –en cuanto al caso interesa– se observa:
1. Mediante la Resolución n° 90/2012 (DV RRMR), del 31/05/2012, luego de efectuar un análisis acerca de los antecedentes del sumario MS-DRR/28/2011, el organismo fiscal determinó de oficio la obligación impositiva de la parte actora con relación al Impuesto al Valor Agregado para los períodos abril, junio, julio y agosto de 2008, por la suma total de $ 43.352,63 a favor del Fisco Nacional.
De la lectura de su art. 1° surgen los siguientes cálculos que dieron lugar a dicha determinación:
Saldo a Saldo a Reten.
Débito Crédito Saldo Monto Período favor p/ favor Ant. Perche Conf. Saldo Fiscal Fiscal Técnico Util.
ant. 2° p .
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
4/2008 15.436,21 5.021,69 4853,28 5.561,14 5.224,93 762,11 0,00 547,07 551, 6/2008 85.155,51 64.535,70 0,00 20.619,78 0,00 0,00 140,75 0,00 20.479, 7/2008 4.2900,27 38.279,70 0,00 4.620,37 0,00 0,00 0,00 0,00 4.620, 8/2008 19.262,27 1.560,96 0,00 17.701,98 0,00 0,00 0,00 0,00 17.701, Total: 43.352,6 Asimismo, se le aplicó una multa a la contribuyente actora por la suma de $ 86.705,26 equivalente a 2 (dos) veces el impuesto evadido respecto de los períodos fiscales indicados (cfr. art. 2°); se liquidaron los intereses resarcitorios en la suma de $ 46.676,76 y se intimaron de pago de los montos referidos previamente dentro del término de 15 (quince) días, bajo apercibimiento de ejecución (conf. art. 92 ley 11.683) (cfr. art. 4°).
Además, en su art. 6° se instruyó a la A.F.I.P. -D.G.I. -Dirección Regional Norte para que: “…efectúe el control e intimación de las sumas adeudadas originadas en la utilización del saldo de libre disponibilidad devenido inexistente en virtud de la impugnación del crédito fiscal computado” (énfasis agregado).
En el art. 7° se dejó asentado que la determinación de oficio era de carácter parcial y sólo abarcaba los aspectos a los cuales se hicieran mención en la presente resolución y en la medida que los elementos de juicio tenidos en cuenta lo permiten.
Disconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (cfr. fs. 1/70), formándose el expediente n° 36.414-I;
2. Mediante la Resolución n° 91/2012 (DV RRMR), del 31/05/2012 (cfr. fs. 1/24), el organismo fiscal determinó de oficio la obligación impositiva de la parte actora con relación al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2008 por la suma total de $ 106.292,10 a favor del Fisco Nacional, intimándola a su cancelación junto con los intereses resarcitorios $ 104.168,76; todo ello bajo apercibimiento de ejecución - conf. art. 92 ley 11.683- (cfr. arts. 1° a 4°), y se difirió la aplicación de sanciones de conformidad con la ley 24.769.
Disconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, formándose el expediente n° 36.415-I;
3. Por la Resolución n° 82/2016 (DV RRMR), del 20/04/2016 (cfr. fs. 25/35), se le aplicó a la contribuyente una multa correspondiente al Impuesto a las Ganancias para el período fiscal 2008, equivalente a dos (2) veces el impuesto evadido, con sustento en los arts. 46 y 47 inciso b) de la ley 11.683, que ascendió a la suma de $ 212.584,20 (cfr. art. 1°); habiéndose intimado de pago bajo apercibimiento de ejecución –conf. art. 92 ley 11.683– (cfr. art. 2°).
Disconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, formándose el expediente n° 46.764-I (cfr. fs. 71/88);
4. Sustanciados que fueran los recursos deducidos con el Fisco Nacional y dispuesta la acumulación de las causas n° 36.415-I y n° 46.764-I en la n° 36.414-I, se ordenó la apertura de la prueba ofrecida por la parte actora (informativa y pericial contable);
5. Con posterioridad, la parte actora efectuó una presentación, con fecha 23/04/20121, mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), donde informó su acogimiento a un plan de facilidades de pago registrado como n° 0116515 (cfr. fs. 702/715).
Tras denunciar la regularización de las obligaciones objeto del presente litigio, formuló su desistimiento de los recursos que hubiera interpuesto contra la A.F.I.P.
Expuso que el plan se consolidó con fecha 2/11/2020 tras acogerse al marco previsto por la ley 27.562 y en el plan realizado en donde se incluyeron obligaciones por la suma de $ 1.198.178,78; encontrándose entre ellos –en lo que hace a la cuestión de esta causa – los montos reclamados en concepto de IVA PF 4 y 8/2008 y del Impuesto a las Ganancias PF 2008.
Cabe añadir que de la lectura del citado Plan de Facilidades se advierte que regularizó deudas correspondientes a recursos de la seguridad social e impositiva, ascendiendo esta última en la suma de $ 872.792,78; debiéndose resaltar que dicho plan fue pautado para ser cancelado en 61 cuotas mensuales, es decir, un poco más de 5 (cinco) años.
Asimismo, aclaró que los períodos de I.V.A. -P.F. 6 y 7/2008- no se encontraban incluidos en el mentado plan de pagos: “…dado que las Declaraciones Juradas rectificativas correspondientes a dichos períodos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II arrojan saldos a favor del contribuyente. En efecto, se acompañan al presente las constancias de presentación de Declaraciones Juradas ante A.F.I.P. que así lo demuestran”.
Sostuvo que el acogimiento al plan de facilidades encuentra sustento en el art. 2° de la ley 27.562 –modificatorio del art. 8° de la ley 27.541– y, en cumplimiento con dicho mandato legal desistió y renunció a toda acción y derecho, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas a través del mencionado plan. Además, denunció no encontrarse incursa en ninguno de los supuestos de exclusión previstos por el art. 11 de la ley 27.562, modificatorio del art. 16 de la ley 27.541.
Por otra parte, señaló que el Certificado MIPyME no constituye un requisito para el desistimiento del recurso habida cuenta que la ley 27.562 no lo incluyó entre sus previsiones y añadió que tampoco correspondía acompañar el formulario F.408/NM puesto que, a su entender, éste no se encontraba previsto para el desistimiento de los trámites de repetición, conforme art. 9° de la RG AFIP 4816, cuyo texto transcribe;
6. Mediante providencia del 3/05/2021 el Tribunal a quo sustanció el desistimiento presentado por la parte actora con el organismo recaudador y, ante el silencio de éste último, fue intimado mediante providencia del 6/07/2021.
En el mismo acto le requirió a la parte actora que acredite su carácter de sujeto previsto en el art. 8° de la ley 27.541 y su modificatoria; habiendo sido adjuntado el Certificado MIPyME requerido el 25/08/2021 (cfr. fs. 725/727).
Por auto del 23/08/2021 se intimó al Fisco Nacional para que conteste el traslado conferido, bajo apercibimiento de resolver con las constancias obrantes en la causa;
7. A fs. 733/734 el organismo fiscal confirmó que se encontraba registrado el acogimiento denunciado por la parte actora e informó que el plan consolidado el 2/11/2020 se encontraba vigente a la fecha de dicha presentación –el 24/09/2021–.
Además, sostuvo que la accionante estaba inscripta en el Registro MIPyME hasta el 31/12/2021 y que no surgía que se encuentre inmersa en las exclusiones previstas por los incisos a) y b) de la ley 27.541. Asimismo aclaró que no pudo constatar la existencia o no del resto de las demás causales de exclusión previstas en el art. 16, incisos c) y d), de la citada ley; motivo por lo cual es que indicó que no pudo expedirse sobre la condonación de la multa pretendida por la actora.
VII. Que sentado lo expuesto, en primer lugar, es preciso recordar que la ley 27.562 (B.O. 26/08/2020) dispuso, entre otras cuestiones, una ampliación de la moratoria prevista en el art. 8° de la ley 27.541 al incluir para su adhesión al régimen de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones, a las obligaciones vencidas al 31/07/2020, inclusive. En concordancia con ello, la A.F.I.P. dictó la RG 4816 (B.O. del 15/09/2020, modificada por la RG 4873 del 4/12/2020) que reglamentó la moratoria ampliada.
Tal como lo señalara este Tribunal en diversos pronunciamientos emitidos respecto de la normativa referida (cfr. in rebus, “Unisolutions S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I. s/D.G.I.”, causa n° 60.943/19, resolución del 29/12/2020; “Pérez Ponsa, Luis María c/E.N. -A.F.I.P. s/proc. de conoc.”, causa n° 27.682/17 resolución del 26/3/2021; “Río Plagas S.R.L. (TF 57199970-I)”, causa n° 11.352/21, sentencia del 26/10/2021;
“Exportadora e Importadora Bras S.A.”, causa n° 55.481/19, sentencia del 18/3/2022; “Lorenzo Annecchini S.A.”, causa n° 67.818/15, sentencia del 9/08/2022 y “Supermercados Mayoristas Yaguar S.A.”, causa n° 9.839/22, sentencia del 12/10/2022), la ley 27.541 (B.O. 23/12/2019) dedicó el Capítulo I del Título IV a establecer un régimen de regularización de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras que permite incluir deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social en planes de facilidades de pago o incluso, solicitar exenciones y condonaciones de multas, de demás sanciones previstas por la ley 11.683 y de intereses resarcitorios y/o punitorios (cfr. arts. 8° a 17 de la ley).
El art. 9° de la ley 27.541 –con las modificaciones introducidas por el art. 3° de la ley 27.562, y en lo que al caso interesa– indicó que quedan incluidas las obligaciones objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la presente ley modificatoria.
Además aclaró que, en dichos casos, el acogimiento al régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II recursos en trámite, asumiendo el responsable las costas y gastos. Asimismo, dispuso que su acogimiento importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas.
Los sujetos que adhieran al presente régimen –siempre y cuando cumplan con los pagos requeridos por la norma– gozarán de la exención y/o condonación de multas, intereses y sanciones previstas en la ley de rito (cfr. art. 11, ley 27.541).
Por su parte, el art. 12 de la referida ley, en su 4° párrafo prevé el beneficio de condonación de pleno derecho de multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 30/11/2019 (fecha prorrogada por la ley 27.562 hasta el 31/07/2020), siempre que no se encontrasen firmes y la obligación principal hubiese sido cancelada a la fecha de entrada en vigencia de las referidas leyes (diciembre de 2019 o agosto de 2020, respectivamente).
A su turno, la A.F.I.P. dictó la RG 4667 (B.O. 30/01/2020) mediante la cual se reglamentó el procedimiento para la adhesión al régimen previsto por la ley- y en su Capítulo G, se expidió acerca de las deudas en discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial y, en particular, para los casos de allanamiento-, el art. 7° estableció lo siguiente: “En el caso de incluirse en este régimen de regularización deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, los contribuyentes y/o responsables -con anterioridad a la fecha de adhesión- deberán allanarse y/o desistir de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que formulen el acogimiento, mediante la presentación del formulario de declaración jurada N° 408 (Nuevo Modelo), en la dependencia de este Organismo en la que se encuentren inscriptos y que resulte competente para el control de las obligaciones fiscales por las cuales se efectúa la adhesión al régimen previsto en el Capítulo I del Título IV de la Ley N° 27.541…” (el resaltado es un agregado del Tribunal).
Asimismo, el art. 25 de la RG 4816 (B.O. del 15/09/2020, modificada por la RG 4873 del 4/12/2020), establece: “El beneficio de condonación de sanciones que no se encuentren firmes ni abonadas correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria o previsional, resultará procedente cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) Haberse efectuado el pago íntegro de la obligación sustancial al momento de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, siempre que la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha. b) Haberse regularizado la obligación sustancial e intereses no condonados mediante compensación, pago al contado o plan de facilidades de pago, en los términos de la presente resolución general, en la medida en que la sanción no se encuentre firme a la fecha de acogimiento al régimen de regularización. c) Haberse regularizado la obligación sustancial y su respectivo interés mediante planes de facilidades de pago vigentes dispuestos con anterioridad al momento de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, siempre que la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha” (el énfasis es un agregado del Tribunal).
VIII. Que, de lo expuesto se observa que la adhesión el régimen analizado es de carácter voluntario para los contribuyentes y, por tanto, los beneficios impositivos allí dispuestos (la inclusión de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social en planes de facilidades de pago o incluso, solicitar exenciones y condonaciones de multas, de demás sanciones previstas por la ley 11.683 y de intereses resarcitorios y/o punitorios) resultarán procedentes, siempre y cuando, se encuentren verificados los requisitos previstos por la normativa al efecto. Así, cabe señalar que luego de una interpretación literal del marco normativo referido precedentemente –pauta de hermenéutica que se impone cuando las normas no exigen realizar esfuerzo intelectual, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas (cfr. Fallos: 311:1042, entre otros)– y lo que surge de la reseña efectuada con anterioridad; a criterio de este Tribunal y en el marco de los presentes actuados, corresponde decidir el acogimiento del recurso interpuesto por la parte demandada.
Ello así, y tomando en consideración lo informado por la actora en cuanto a los conceptos y períodos que incluyó en el plan de facilidades n° 00116515, se observa que al presentar el referido acogimiento, no acató el cuerpo normativo reseñado previamente al que, como se indicara, voluntariamente se sometió.
En efecto, de la compulsa de la documentación adjuntada con el escrito en el que informó su acogimiento, fácilmente se advierte que no CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II sólo no incluyó en el plan de facilidades el I.V.A., período fiscal 6 y 7/2008, por entender que los mismos no consignaban un saldo deudor a ser cancelado/regularizado (cfr. fs. 707/710 y reseña efectuada en el punto 5° del considerando V); sino que tampoco surge respecto del IVA, período fiscal 8/2008 que su acogimiento hubiera respetado los cálculos practicados por el organismo fiscal en el art. 1° de la Resolución n° 90/12 (DV RRMR) (cfr. punto 1° del Considerando VI), resultando que lo informado por la contribuyente no es coincidente con los ajustes practicados y determinación de oficio efectuada por el organismo recaudador.
Lo expuesto denota que la contribuyente no conformó las determinaciones acabadamente, habiendo –inclusive– modificando el resultado de éstas en su beneficio al consignar en las DD.JJ. rectificativas –sobre las cuales, cabe aclarar, ninguna mención se efectuó acerca de su resultado: aceptación o rechazo por parte de la demandada– que arrojaban un saldo a su favor cuando, manifiestamente, se advierte que las determinaciones dieron un resultado exactamente inverso: saldo a favor de la A.F.I.P.; debiéndose destacar que, justamente por ello, el art. 6° de la Resolución n° 90/12 expresamente aclaró que la Agencia n° 16 de la Dirección Regional Norte debía efectuar: “…el control e intimación de las sumas adeudadas originadas en la utilización del saldo de libre disponibilidad devenido inexistente en virtud de la impugnación del crédito fiscal computado”.
Así, se desprende con claridad que la firma actora no dio cumplimiento con los requisitos necesarios para que su adhesión al régimen instaurado por la ley 27.541 –modificado por la ley 27.562– sea considerado válido por cuanto no regularizó las obligaciones impositivas que se encontraban a su cargo en su totalidad puesto que formuló su allanamiento por montos inferiores a los que le correspondía cancelar; motivo por lo cual, erróneamente puede entenderse que los períodos 6, 7 y 8/2008 de I.V.A. se encuentren alcanzados con los beneficios instaurados por el marco normativo indicado.
Sobre la base de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional y revocar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación en su pronunciamiento del 8/11/2021 en cuanto a los períodos fiscales 6, 7 y 8 del año 2008 correspondientes al I.V.A.
IX. Que en atención a la forma en la que se decide, y dado que no existe mérito alguno para apartarse del principio de la derrota que rige la asignación de los accesorios, se imponen las costas de ambas instancias a la actora (conf. art. 68 y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif.).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación en su sentencia del 8/11/2021 con los alcances dados en el considerando VIII del presente, y 2º) imponer las costas de ambas instancias a la actora.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia