Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 2-75129-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto contra el informe solicitado al agrimensor, respecto al plano de mensura (art. 34 y 36 del C.P.C.C.9.
2Rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la intimación para el pago de la tasa de justicia (art. 338 del Cód. Fiscal y art. 83 del C.P.C.C.).
3SIN costas, en atención a la forma en que se resuelve la cuestión (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
Nro. Expte: 2-75129-2026
" MACHADO CARLOS JOSE C/ NOVAL ARTURO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA "
JUZGADO DE GARANTIAS Nº 1 - OLAVARRIA
I. Téngase presente el dictamen presentado con fecha 04/11/2026, por los Secretarios del Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Ejecución de Tasa de Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial de Azul.
II. Arriban los autos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora con fecha 05/10/25, en subsidio de revocatoria, contra el proveído de fecha 14/08/25 en lo que se refiere a la intimación del pago de la tasa de justicia; y al requerimiento de elaboración de un informe del Agrimensor que realizó el plano de mensura.
Al fundar el recurso, el apelante sostiene que resulta innecesario el informe solicitado, ya que el plano de mensura cumple los requisitos establecidos por la ley. Se agravia también de la exigencia del pago de la tasa de justicia, pues sostiene que ello impide el acceso a la justicia, por lo cual sostiene que debe hacerse extensivo el beneficio de litigar sin gastos al pago de la tasa de justicia.
Con fecha 06/11/25 la Sra. Juez a quo rechazó la revocatoria. Arribados los autos a este Tribunal se ordenó correr traslado del recurso al Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Ejecución de Tasa de Justicia de la S.C.B.A., quien sostuvo que: "...en el entendimiento de que no corresponde la concesión con efecto retroactivo del beneficio de litigar sin gastos por aplicación del principio de preclusión procesal, solicitamos se confirme la resolución apelada de fecha 28-10-2025 que intima a la parte actora a integrar la tasa de justicia y sobretasa...".
III. En primer lugar corresponde analizar el agravio referido al informe requerido al agrimensor, respecto al plano de mensura.
Entiende este Tribunal que dicha exigencia constituye una medida de carácter ordenatorio e instructorio, adoptada en ejercicio de las facultades previstas por los arts. 34 y 36 del C.P.C.C., y orientada a procurar que el trámite avance con la debida certeza en torno al bien inmueble a usucapir.
Así, el requerimiento no resuelve sobre la procedencia y/o rechazo sustancial de la usucapión, ni impide definitivamente su promoción, sino que procura recabar una información previa necesaria a la luz del análisis formulado por el Juzgado de origen. Por ello, no se advierte que la medida ocasione al apelante un gravamen irreparable que habilite su revisión por esta Alzada.
Al respecto ha sostenido reiteradamente este Tribunal que "las diligencias que se decreten como consecuencia de las facultades instructorias de los jueces, previstas en el art. 36 del C.P.C.C., mientras no alteren la igualdad de las partes o causen gravamen irreparable en los términos del art. 242 inc. 3º del C.P.C.C., son irrecurribles" (cf. Morello, Augusto Mario - Sosa, Gualberto - Berizonce, Roberto, "Código ...", Tº III, pág. 374; esta Sala, causas nº 53.236, del 25/03/09, "Grasselli ..."; nº 61.832, 21/03/17, "Pastor ..."; nº 62.860, 03/04/2018, entre muchas otras).
En el mismo sentido: "cuando se está frente a una potestad ordenatoria o instructoria, cuyo ejercicio depende del prudente arbitrio judicial, no se advierte que la providencia -actuación de una facultad- sea susceptible de engendrar un gravamen irreparable, presupuesto liminar de todo recurso. Las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia, fundadas en los arts. 34 y 36 del C.P.C.C., que establecen expresamente los deberes de los jueces, y sus facultades ordenatorias e instructorias, son inapelables" (cf. Juzg. Paz Villa Gesell, causa nº 970, "Portas c/ Fernández", RSI-485-95 del 07/12/1995, pub. en JUBA Sum. B-9990175). Y también que "las diligencias que se decretan como consecuencia de las facultades instructorias de los jueces previstas por el art. 36 del C.P.C.C., son irrecurribles, pues tales atribuciones revisten carácter privativo y constituyen, en definitiva, una prerrogativa discrecional de la que están investidos los magistrados y tribunales" (cf. Cám. Civ. 1ª, Sala 1ª, La Plata, causa nº 232.840, "Petraccia c/ Pérez de Barros" RSI-18-1 del 15/02/2001, pub. en JUBA Sum. B-101417; esta Sala, causas cits. anteriormente).
En consecuencia, en tanto la exigencia cuestionada se inscribe en el marco de las facultades ordenatorias e instructorias contempladas en los arts. 34 y 36 del C.P.C.C., y no se advierte que ocasione un gravamen irreparable ni vulnere el derecho de defensa de las partes, corresponde concluir que el recurso de apelación ha sido mal concedido.
IV. En lo que se refiere al agravio referido al requerimiento de pago de la tasa de justicia, cabe adelantar que el recurso deberá ser rechazado.
En efecto, nótese que el fundamento utilizado por el Juzgado de origen para requerir el pago de la tasa de justicia resulta ser que el beneficio de litigar sin gastos fue promovido con posterioridad a la demanda de autos, y siendo que carece de efectos retroactivos, corresponde intimar a abonar la tasa de justicia, bajo apercibimiento de comunicar a "...ARBA, a la Asesoría Pericial de Azul y a la Caja de previsión de abogados...".
Sin embargo, los fundamentos esgrimidos por el apelante, versan sobre la inconstitucionalidad de lo requerido, pues impide el acceso a la justicia, violando el art. 15 de la Const. Provincial. Todo los fallos citados se refieren a la tutela judicial efectiva.
Conforme puede apreciarse, el auto apelado en modo alguno cercena el acceso a la justicia, toda vez que no paraliza el proceso iniciado en caso de que no se obtenga el cumplimiento de la tasa requerida. Simplemente, por cumplirse las condiciones establecidas en el código fiscal (art. 338) y el código procesal (art. 83 del C.P.C.C.), se requirió el pago bajo apercibimiento de informar a los organismos detallados en el auto apelado. Por lo cual, puede concluirse que los agravios esgrimidos no resultan ser una crítica concreta y razonada de las partes del auto apelado (art. 260 del C.P.C.C.
Sin perjuicio de lo dicho, debe tenerse en cuenta que el art. 83, primera parte, del C.P.C.C., dispone que las exenciones a que da lugar el beneficio de litigar sin gastos operan desde el inicio mismo del trámite (esta Sala, causa nº 47253, "González...", del 26.05.04; 48426, " Maña.", del 12/04/05; 53110, "Giglio.", del 05/05/09; 64.978, "Vitale, del 19/12/2019, entre otras).
Claro está que tal principio -que se ha dado en denominar "efecto provisional" del beneficio de litigar sin gastos-, no debe confundirse con la retroactividad, tal como el principio de "aplicación inmediata de la nueva ley" no implica su aplicación retroactiva.
Así se ha dicho que "..El código de procedimiento provincial establece que aquellos que carecieren de recursos podrán solicitar antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos (art. 78 del CPCC). Sin embargo, ello no implica que corresponda extender sus efectos hacia el pasado, anteriores al inicio de la demanda incidental. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que "el hecho de que el art. 78 del CPCC disponga que el beneficio pueda solicitarse en cualquier estado del proceso, no significa que pueda ser invocado hacia el pasado (.). El cargo judicial colocado a la presentación del pedido de esta franquicia marca el hito temporal hasta el cual podrá retrotraerse el efecto de la resolución que lo confiera" (Camps, Carlos E., "Beneficio de litigar sin gastos", págs. 172/175, LexisNexis, 2006).
Por ello, siendo que la demanda de autos fue iniciada con fecha 12/08/25 y el beneficio de litigar sin gastos el 29/09/25 (ver. M.E.V., en la página web de la Suprema Corte de Justicia de Bs. As.), corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto.
V. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE : 1) DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto contra el informe solicitado al agrimensor, respecto al plano de mensura (art. 34 y 36 del C.P.C.C.9. 2) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto contra la intimación para el pago de la tasa de justicia (art. 338 del Cód. Fiscal y art. 83 del C.P.C.C.). 3) SIN costas, en atención a la forma en que se resuelve la cuestión (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). REGÍSTRESE . NOTIFÍQUESE en forma electrónica por Secretaría y DEVUÉLVASE .
Firmas
Funcionario firmante: PERALTA REYES Victor Mario - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA ETCHEGOYEN Marcos Federico - JUEZ
Funcionario firmante: LONGOBARDI María Inés - JUEZ
Funcionario firmante: CAMINO Claudio Marcelo - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 670-2026
Fin de la sentencia