Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 1 de Mar del Plata · Causa 68548
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 inc. 2 de la Ley 27.348 y la inconstitucionalidad sobreviniente del Art. 7 de la Ley 23.928, texto según Ley 25.561, para el caso concreto.
II. Rechazar las inconstitucionalidades tratadas en la primera cuestión de la presente y declarar competente este Tribunal para resolver la presente causa.
III. Declarar abstracto expedirse sobre las restantes inconstitucionalidades planteadas.
IV. Por los fundamentos legales expuestos rechazar las excepciones de cosa juzgada administrativa y falta de acción y hacer lugar a la demanda incoada por MACHADO CARLOS ORLANDO (DNI 25.580.141) , condenando a LA SEGUNDA A.R.T. S.A. (CUIT 30-68913348-3) a pagarle al actor la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 35/100 ($ 115.416,35) , en concepto de indemnización por la diferencia de Incapacidad Laboral Permanente Parcial y Definitiva (ILPPD) del DIECINUEVE CON CUARENTA POR CIENTO (19,40%) pendiente de resarcimiento, descontado el 40,50% ya indemnizado del porcentaje total de incapacidad del 59,90%, de acuerdo a lo normado en el art. 14 apartado 2 inc. b) de la Ley 24.557 y art. 3 de la Ley 26.773, conforme lo considerado al tratar la cuestión anterior.
V. Imponer las costas a la demandada LA SEGUNDA A.R.T. S.A. (CUIT 30-68913348-3) (arts. 24, 89 y ccds. Ley 15.057 y art. 68 C.Pr.).
VI. Imponer actualización de capital e intereses a la demandada LA SEGUNDA A.R.T. S.A. (CUIT 30-68913348-3) , los que se determinan …
MACHADO CARLOS ORLANDO C/ LA SEGUNDA A.R.T. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL 68548
En la ciudad de Mar del Plata, a la fecha de firma digital del presente, se reúne en Acuerdo ordinario el Tribunal del Trabajo N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata a fin de dictar SENTENCIA en los autos caratulados: " MACHADO CARLOS ORLANDO C/ LA SEGUNDA A.R.T. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL " (EXPTE. N° 68.548). Se observa para la votación de los Señores Jueces el orden establecido en el sorteo practicado, arrojando el siguiente resultado definitivo: Dres. ESCOBAR-MEREB-CORDERO . De inmediato el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones, luego de desarrollar los siguientes:
A fs. 10/58, se presenta HERNÁN GARRA , en representación de MACHADO CARLOS ORLANDO (DNI 25.580.141) , promoviendo demanda contra LA SEGUNDA A.R.T. S.A. , persiguiendo el cobro de la indemnización de pago único prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo para el supuesto de incapacidad laboral permanente parcial y definitiva derivada de un accidente de trabajo, reclamando la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 367.576,72) , y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más actualización monetaria, intereses y costas. Solicita la aplicación del art. 276 LCT, intereses compensatorios a tasa activa y actualización mediante el índice RIPTE.
Relata que el actor ingresó a trabajar el 23/08/2017 para VANELLI MIGUEL ANGEL, con domicilio en Alfonsina Storni N° 5940 de Mar del Plata, desarrollando tareas de construcción, con jornada completa y un ingreso de referencia de $ 5.282,04. Sostiene que las prestaciones dinerarias deben calcularse, liquidarse y ajustarse conforme el art. 208 LCT, invocando el Decreto 1694/2009 y planteando la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley 24.557. Requiere que se incluya la totalidad de los conceptos remuneratorios principales y accesorios, fijos y variables, con la incidencia proporcional del sueldo anual complementario y sin aplicación del tope de remuneraciones sujetas a aportes previsionales.
Refiere que el 23/10/2017, mientras realizaba sus tareas habituales de construcción para su empleador, cortando hierros con una amoladora, saltó una esquirla que impactó en su ojo derecho. Señala que recibió atención médica por parte de la aseguradora hasta el alta del 03/11/2017 y que debió suspender sus tareas. Denuncia lesión ocular derecha, pérdida de agudeza visual, ojo lloroso, limitación de la movilidad activa, signos objetivos de dolor y una reacción vivencial anormal neurótica de grado fóbico que no fue tratada por la ART.
Expone que fue trasladado a un prestador de la aseguradora en Mar del Plata, donde recibió tratamiento médico oftalmológico, estudios, rehabilitación y reposo laboral. Sostiene que evolucionó con dolor y limitaciones funcionales y que el alta fue suscripta en disconformidad, por persistir las limitaciones anatomofuncionales y no encontrarse rehabilitado. En este desarrollo del escrito consigna también el 14/08/2017 como fecha de alta médica y, posteriormente, refiere haberla recibido el 23/10/2017, reintegrándose a su actividad habitual pese al intenso dolor y la limitación funcional. Califica el alta como temprana y sintomática.
Manifiesta que, pese al carácter traumático del episodio, la aseguradora no proporcionó ni recomendó asistencia psicológica, aun cuando el trabajador la solicitó verbalmente en reiteradas oportunidades. Atribuye a los padecimientos, a la violencia del siniestro y al retardo de las prestaciones la aparición de un cuadro depresivo de grado fóbico. Sostiene que las prestaciones en especie resultan debidas hasta la curación completa o la desaparición de los síntomas incapacitantes, conforme el art. 20 de la Ley 24.557.
Relata que se presentó ante la Comisión Médica Jurisdiccional N° 12, que emitió dictamen el 23/02/2018, reconociendo la naturaleza laboral del siniestro y asignándole una incapacidad del 40,50% por afectación del aparato visual, comprensiva de agudeza y campo visual. Afirma que la sintomatología persiste y cuestiona el dictamen por no haber considerado las secuelas de estrés postraumático y por la ponderación asignada a los factores correspondientes al tipo de actividad y edad.
Explica que hubiera correspondido realizar entrevistas psicológicas y un psicodiagnóstico que reflejaran los trastornos del sueño, temores, angustia y depresión que denuncia. Sostiene que las secuelas físicas y psíquicas provocaron cambios en su personalidad, con afectación de su actividad laboral y vida de relación. En cuanto a los factores de ponderación, señala que se trata de un trabajador de cuarenta y un años, con limitaciones que considera definitivas y que dificultan el desarrollo de sus tareas habituales y domésticas. Solicita su aplicación en la máxima escala, especialmente respecto de la dificultad para realizar la tarea y la edad.
Plantea la inconstitucionalidad del DNU 54/2017, por considerar que no existieron circunstancias excepcionales que justificaran su dictado y que la materia se encontraba sometida a tratamiento legislativo, con media sanción del Senado. Sostiene que el Poder Ejecutivo asumió facultades legislativas sin concurrir los presupuestos del art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, vulnerando la división de poderes, la supremacía constitucional y los derechos de propiedad, trabajo, defensa, acceso a la justicia y juez natural. Invoca, entre otros, el precedente "Verrocchi" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cuestiona la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente ante las Comisiones Médicas, la atribución de funciones jurisdiccionales a sus integrantes y los efectos de cosa juzgada administrativa asignados a sus decisiones. Afirma que ello importa una indebida intervención sobre competencias provinciales y que el procedimiento no asegura un control judicial amplio y suficiente. Objeta asimismo los plazos de tramitación y sus posibilidades de prórroga, la incidencia de los gastos de asistencia técnica y las restricciones que, según sostiene, dificultan el acceso efectivo del trabajador a la jurisdicción. Cita los precedentes "Ángel Estrada", "Castillo", "Venialgo", "Marchetti" y "Obregón".
Extiende los cuestionamientos al DNU 54/2017 respecto de la prohibición de celebrar pactos de cuota litis, la limitación del ajuste por RIPTE a las compensaciones adicionales de pago único y pisos mínimos, la modificación de las opciones de competencia territorial, la intervención de los cuerpos médicos forenses y el depósito de las prestaciones en la cuenta sueldo del trabajador. Sostiene que esas disposiciones afectan la libertad contractual, el derecho a una retribución profesional, las garantías procesales y las previsiones del art. 277 LCT.
Solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 14 y 17 de la Ley 27.348 y de la Resolución SRT 298/17, requiriendo que se declare la competencia del Tribunal. Afirma que dichas disposiciones vulneran los principios de razonabilidad, igualdad, protección y progresividad y los derechos de propiedad, acceso a la justicia, defensa, debido proceso y juez natural, invocando las normas constitucionales y los instrumentos internacionales que desarrolla.
Respecto de los arts. 1 y 2 de la Ley 27.348, sostiene que mantienen el sistema de los arts. 21 y 22 de la Ley 24.557 y que la asistencia letrada obligatoria no subsana sus deficiencias. Cuestiona las atribuciones otorgadas a las Comisiones Médicas por los arts. 7, 8, 9, 10 y siguientes de la Resolución SRT 298/17 para admitir o rechazar prueba, disponer medidas, recibir alegatos y resolver controversias. Objeta asimismo el régimen de honorarios previsto por su art. 37 y la desigualdad que denuncia entre trabajadores registrados y no registrados, por encontrarse estos últimos habilitados para acceder directamente a la justicia.
Sostiene que el acceso judicial limitado a una vía recursiva no asegura un proceso de conocimiento pleno y cuestiona los efectos de cosa juzgada atribuidos a las decisiones no recurridas y a las resoluciones homologatorias. Impugna también la intervención obligatoria de los cuerpos médicos forenses prevista en el art. 2 de la Ley 27.348, por considerar que afecta las facultades judiciales de designación de peritos y ocasiona demoras incompatibles con una tutela efectiva, haciendo referencia a la Ley 11.653 y a las reglamentaciones de los superiores tribunales.
En cuanto al art. 14 de la Ley 27.348, objeta la sustitución del art. 46 LRT, las restricciones para elegir la competencia territorial, la limitación del conocimiento judicial y el efecto suspensivo de los recursos. Afirma que esas disposiciones importan un retroceso respecto de la protección del trabajador y le impiden percibir las sumas determinadas mientras continúa la controversia. Respecto del art. 17, cuestiona el depósito obligatorio en la cuenta sueldo por considerarlo contrario al art. 277 LCT y lesivo de los derechos de propiedad, igualdad y libre disposición de la indemnización.
Plantea asimismo la inconstitucionalidad de los arts. 8 apartado 3, 21, 22 y 46 apartado 1 de la Ley 24.557, por imponer el procedimiento ante las Comisiones Médicas para determinar la existencia, carácter y porcentaje de incapacidad y obtener las prestaciones legales. Sostiene que tales organismos administrativos sustituyen al juez natural, resuelven cuestiones ajenas a la incumbencia médica y federalizan conflictos de derecho común. Desarrolla los precedentes "Castillo", "Venialgo" y "Marchetti", afirmando que habilitan la intervención de la justicia laboral ordinaria, aun cuando el trabajador hubiera transitado previamente la instancia administrativa.
Al tratar la naturaleza de los dictámenes de las Comisiones Médicas, sostiene que constituyen opiniones médicas anticipadas, susceptibles de revisión mediante un proceso judicial amplio y sin efectos de cosa juzgada administrativa. Afirma que la intervención previa del trabajador no configura un sometimiento voluntario ni impide su cuestionamiento posterior. Solicita que se otorgue mayor eficacia a la pericia médica judicial, por producirse con posibilidad de control de las partes y respeto de los principios de contradicción y bilateralidad.
Cuestiona el art. 4 de la Ley 26.773 en cuanto ratifica la intervención administrativa previa al reclamo y establece la opción excluyente entre sistemas de responsabilidad. Sostiene que ello desconoce la jurisprudencia que invoca y obstruye el acceso directo a la justicia especializada. Plantea también la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 2 de dicha ley, por remitir las acciones fundadas en el derecho común al fuero civil y disponer la aplicación de sus normas y principios, considerando que se aparta al trabajador de su juez natural y se vulneran los principios protectorio y de progresividad. Cita, entre otros, los precedentes "Aquino", "Milone", "Arcuri Rojas" y "Munilla".
Impugna el art. 17 apartado 3 de la Ley 26.773 respecto de la determinación del monto del proceso para regular honorarios y la prohibición del pacto de cuota litis. Sostiene que la exclusión de las prestaciones dinerarias y en especie percibidas por el trabajador afecta el carácter alimentario de los honorarios y desalienta la asistencia letrada. Invoca el art. 277 LCT y la admisibilidad del pacto dentro del límite del veinte por ciento, sujeto a ratificación personal y homologación judicial.
Al fundar la legitimación pasiva, afirma que, en la acción sistémica, la aseguradora es obligada directa y deudora personal de las prestaciones previstas por la Ley 24.557. Sostiene que debe asumir las consecuencias del daño comprendido en la cobertura contratada por el empleador y que una solución contraria importaría un enriquecimiento sin causa. Invoca los precedentes "Castro" y "Cura" de la Suprema Corte provincial.
En el desarrollo de los daños reclamados, señala que el actor tiene cuarenta y un años y mantiene con su trabajo a su cónyuge e hijos. Requiere que se consideren sus circunstancias personales y la proyección de las secuelas sobre la actividad laboral y la vida de relación. Reitera las lesiones oculares, pérdida de agudeza visual, lagrimeo, limitaciones y dolor y estima una incapacidad del 50%, incluidos los factores de ponderación. En este apartado menciona también la actividad habitual de chofer y refiere la reacción vivencial anormal neurótica como tratada por la ART, mientras que en el desarrollo relativo a la atención psicológica sostiene que no recibió ese tratamiento.
Para cuantificar la prestación utiliza el ingreso de referencia de $ 5.282,04, el factor 53, el coeficiente 65/41 y una incapacidad del 50%. Al desarrollar el piso mínimo menciona la suma de $ 416.934,90 y, seguidamente, consigna la operación $ 1.090.945 por el 50%, obteniendo $ 545.472,50. Invoca el art. 17 inc. 6 de la Ley 26.773 y utiliza los índices RIPTE de 733,06 para julio de 2012 y 344,73 para el 01/10/2010, estableciendo un coeficiente de ajuste de 2,12. Aplica ese coeficiente sobre $ 545.472,50 y cuantifica el capital ajustado en $ 1.156.401,70.
Reclama asimismo los gastos realizados y futuros por atención psicológica y/o psiquiátrica. Refiere la necesidad de tratamiento durante, al menos, dos años, estima un costo de $ 200 por sesión y solicita por ese concepto PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) , con más intereses desde la sentencia y lo que en más o en menos resulte de la prueba. Expone que el tratamiento debe permitirle afrontar las secuelas, los cambios en su personalidad y las limitaciones derivadas del accidente.
En la liquidación individualiza incapacidad ajustada por RIPTE por $ 1.156.401,70; pago adicional del art. 3 de la Ley 26.773 por $ 231.280,34; y gastos realizados y futuros de atención psicológica y/o psiquiátrica por $ 30.000. Al concluir dicho apartado consigna como total reclamado la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 367.576,72) , y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba, con más intereses moratorios, gastos y costas.
Ofrece prueba documental, testimonial, confesional, informativa, pericial médica, psicológica y contable, reservando la pericial caligráfica y escopométrica para el supuesto de desconocimiento documental. Entre la documental individualiza copia del DNI, dos recibos de haberes, denuncia del accidente, certificado médico, constancia de fin de tratamiento, dictamen de la Comisión Médica del 23/02/2018 y carta poder. Propone como testigos a JUAN CARLOS QUINTEROS y MARIA AMELIA DURAN y solicita la absolución de posiciones del representante legal de la demandada respecto de las prestaciones brindadas y el tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Solicita informativa a AFIP-DGI acerca de la registración del trabajador por VANELLI MIGUEL ANGEL y a este último para que acompañe los recibos de sueldo correspondientes a octubre de 2016 a octubre de 2017 inclusive, o al período inferior que corresponda. Requiere a FUNDACIÓN MÉDICA MDP y POLICLÍNICA PRIVADA GASCÓN la remisión de las historias clínicas o fichas de atención y el reconocimiento de la documentación atribuida a esas instituciones. Solicita a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO la remisión del expediente SRT N° 664/18 y de las restantes actuaciones vinculadas con el accidente, así como la verificación de la documentación correspondiente.
Requiere que la pericia médica examine los antecedentes preocupacionales y periódicos, las lesiones, su compatibilidad con la sintomatología denunciada, la afectación de la agudeza y campo visual, su eventual incidencia sobre ambos ojos, la necesidad de tratamientos o cirugía y las secuelas futuras. Solicita que se determine la incapacidad, con indicación del baremo utilizado, la aptitud para las tareas habituales, la posibilidad de superar un examen preocupacional y la eventual necesidad de reubicación laboral. Entre los puntos propuestos requiere también la evaluación conforme las tablas del doctor Juan Félix Basile.
Solicita que la pericia psicológica determine el estado del actor, la influencia del accidente en su vida familiar, social y laboral, la existencia de daño psíquico y su relación causal con el siniestro. Propone la aplicación de las técnicas que el experto considere pertinentes, mencionando Bender, H.T.P., Desiderativo, Dibujo Libre, Rorschach, T.A.T. y Raven. Requiere la determinación del porcentaje de incapacidad, la evaluación de estrés postraumático, angustia, ansiedad y alteraciones del sueño y la indicación de tratamiento, cantidad de sesiones y costo.
Respecto de la pericia contable, solicita que se determinen fecha de ingreso, categoría, tareas y remuneraciones del último año, discriminando sus conceptos; ingreso base con inclusión de sumas remunerativas y no remunerativas; aplicación del índice RIPTE e intereses; importe correspondiente al reclamo; vigencia de la cobertura al momento del accidente y piso mínimo legal actualizado. Requiere que los peritos informen anticipadamente lugar, día y hora de sus diligencias, reservando el derecho de asistir con profesionales especializados. Solicita asimismo que se intime a la demandada a acompañar la documentación relacionada con el caso que obre en su poder, bajo apercibimiento del art. 387 C.P.C.C.
Funda su pretensión en la Ley 24.557, sus modificatorias, disposiciones reglamentarias, Ley 26.773, LCT y doctrina y jurisprudencia invocadas. Formula reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la Ley 48, mantiene el reclamo sujeto a lo que resulte de la prueba, solicita la eximición de acompañar copias conforme el art. 120 C.P.C.C. y presta juramento sobre los hechos y datos denunciados que debieron ser registrados por la empleadora.
Plantea la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar contenida en los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928, modificados por el art. 4 de la Ley 25.561, refiriendo también al art. 5 del Decreto 214/2002. Sostiene que, en un contexto inflacionario, esas disposiciones afectan el derecho de propiedad del acreedor y el contenido alimentario del crédito. Propone la actualización mediante el índice nacional de precios al consumidor, nivel general, hasta el efectivo pago y solicita que se preserve el contenido patrimonial de la condena mediante la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina que indica.
Solicita intereses a tasa activa, invocando las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo relativas a prestaciones dinerarias abonadas fuera de término y la tasa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos, desde que cada suma resulte exigible hasta su pago. Finalmente, requiere que se haga lugar a la demanda en todos sus términos y se condene a la accionada al pago de la suma reclamada, o la que en más o en menos resulte de la prueba, con actualización, intereses, costos y costas.
Corrido el traslado de ley, con fecha 15/10/2019 se presenta el doctor LUIS AURELIO FERNANDEZ SCUDELLER , en representación de LA SEGUNDA A.R.T. S.A. , acreditando personería mediante copia de poder general para juicios, y contesta demanda solicitando su íntegro rechazo, con costas. Rechaza los planteos de inconstitucionalidad, opone cosa juzgada administrativa como defensa de fondo, falta de acción por ejercicio de la opción excluyente y por reclamos ajenos al baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo, y plantea defecto legal.
Niega todos y cada uno de los hechos y antecedentes expuestos en la demanda que no sean objeto de expreso reconocimiento. Desconoce la autenticidad material, formal e ideológica de la documental acompañada, con la salvedad de aquella que se atribuya a su representada, y rechaza particularmente los recibos de haberes y la copia del certificado médico. Cuestiona el valor probatorio de las fotocopias no certificadas ni reconocidas por la parte a quien se oponen, invocando jurisprudencia de la Suprema Corte provincial.
En particular, niega que su representada adeude suma alguna al actor; que la fecha de ingreso fuera el 23/08/2017; que su categoría correspondiera a construcción; que cumpliera jornada completa; que el ingreso de referencia ascendiera a $ 5.282,04; y que resulten procedentes los parámetros utilizados para determinar las prestaciones dinerarias. Desconoce asimismo la mecánica del accidente descripta en la demanda, las lesiones y limitaciones denunciadas y la existencia de una incapacidad superior a la determinada en sede administrativa.
Niega que el tratamiento hubiera sido inadecuado, insuficiente o insatisfactorio; que existiera retardo en las prestaciones; que el alta fuera temprana o sintomática; que el trabajador no se encontrara rehabilitado; y que hubiera retomado sus tareas con dolor y limitaciones que le impidieran desarrollarlas normalmente. Rechaza haber incurrido en un accionar negligente o dilatorio y niega que la Comisión Médica hubiera omitido considerar secuelas o factores de ponderación.
Desconoce la existencia de reacción vivencial anormal neurótica, estrés postraumático, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, temores, angustia o cambios en la personalidad vinculados con el accidente. Niega que el actor hubiera solicitado asistencia psicológica ante la ART o las Comisiones Médicas y que su cuadro hubiera requerido tal prestación. Impugna la incapacidad del 50%, la procedencia de gastos de atención psicológica o psiquiátrica, la inclusión de conceptos no remunerativos en el ingreso base y las fórmulas, actualizaciones, intereses, normas y precedentes invocados en la demanda.
Al exponer los antecedentes del caso, reconoce el accidente denunciado como ocurrido el 23/10/2017 y señala que, entre octubre y noviembre de 2017, brindó prestaciones médicas mediante distintos prestadores, entre ellos HPC, Policlínica Privada Gascón y Clínica Privada de Ojos S.R.L.; prestaciones en especie, comprendiendo estudios, kinesioterapia, ortopedia y medicamentos; y prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria y permanente parcial definitiva. Consigna por tales conceptos un total de $ 754.998,84.
Refiere que el actor transitó el procedimiento ante la Comisión Médica, donde se determinó una incapacidad del 40,50%, y afirma que le abonó la suma de $ 752.476. Reproduce el examen que consigna párpados, conjuntivas, córnea, iris, pupilas y motricidad ocular sin las alteraciones allí individualizadas, con referencia a pérdida de agudeza visual y sin otras alteraciones objetivas relacionadas con el siniestro. Menciona como diagnóstico trastornos de la esclerótica y de la córnea y cuerpo extraño en ojo derecho.
Expone que la evaluación administrativa estableció una incapacidad del aparato visual del 36,47%, adicionando un 3,65% por dificultad intermedia para la actividad y un 0,38% por edad, sin necesidad de recalificación laboral, arribando al 40,50% de incapacidad permanente, parcial y definitiva. Señala que no se registraron preexistencias y que se reconoció el carácter laboral de la contingencia, determinándose las secuelas conforme el baremo de la Ley 24.557.
Sostiene que el actor no presenta informes ni diagnósticos médicos que sustenten una incapacidad superior y que el porcentaje reclamado del 50% resulta discrecional y carente de fundamento clínico. Afirma que la incapacidad reconocida constituye el máximo previsto por el baremo para las lesiones del caso y destaca que no se cuestionó la constitucionalidad de los decretos que regulan su medición. Invoca la obligatoriedad del Decreto 659/96 y del art. 9 de la Ley 26.773, reservando el planteo de nulidad de una pericia que se aparte de sus disposiciones. Cita, entre otros, los precedentes "Cannao", "Izquierdo" y "Tejada". Solicita eventualmente la aplicación del método de capacidad residual si se verificaran enfermedades preexistentes concurrentes con otras de carácter laboral.
Respecto del daño psíquico, sostiene que no fue denunciado ante la aseguradora ni ante la Comisión Médica y que tampoco se acompañan informes profesionales o constancias de tratamiento que lo sustenten. Distingue el daño psicológico de las lesiones psiquiátricas contempladas por el baremo y afirma que únicamente pueden reconocerse las secuelas previstas en él, con nexo causal específico con el accidente y previa exclusión de causas ajenas, tales como personalidad predisponente y factores familiares o socioeconómicos.
Opone cosa juzgada administrativa como defensa de fondo, sosteniendo que el trabajador decidió voluntariamente transitar el procedimiento y quedó sujeto a las normas que lo regulan. Afirma que la acción judicial fue promovida en septiembre de 2018, cuando ya había adquirido firmeza la resolución administrativa, por no haberse deducido dentro de los diez días de su notificación. En su desarrollo alude también a la excepción previa de cosa juzgada e invoca el art. 31 de la Ley 11.653. Distingue los reclamos sistémicos de las acciones de reparación integral y cita los precedentes provinciales "Altamirano" y "Leal", junto con decisiones de tribunales laborales que individualiza.
Plantea falta de legitimación activa y pasiva y falta de acción por ejercicio de la opción excluyente del art. 4 de la Ley 26.773, para el supuesto de que la pericia determine que las discrepancias del actor no encuentran recepción en el baremo. Sostiene que, en ese caso, la pretensión excedería la órbita sistémica y quedaría comprendida en la responsabilidad civil, vía que considera vedada por haber percibido el trabajador la indemnización tarifada en marzo de 2018. Afirma que su representada no brinda cobertura por fuera de los límites del sistema ni debe responder por una reparación integral en los términos pretendidos.
Explica que la Ley de Riesgos del Trabajo constituye un sistema cerrado, integrado por sus propias pautas de determinación del ingreso base, evaluación de incapacidades y cuantificación de prestaciones. Invoca el precedente "Chávez" de la Suprema Corte de Mendoza y sostiene que no corresponde seleccionar disposiciones de distintos regímenes para construir una reparación ajena a ellos. Refiere al criterio de conglobamiento por instituciones, al art. 9 LCT, al objeto de las aseguradoras previsto en el art. 26 apartado 3 LRT y a las obligaciones asumidas en el contrato de afiliación.
Sostiene que una condena fundada en el derecho común exige la adecuada invocación y acreditación de sus presupuestos, la relación causal y la insuficiencia concreta de la reparación tarifada, extremos que considera ausentes. Invoca jurisprudencia de la Suprema Corte provincial sobre responsabilidad civil y comparación entre sistemas y rechaza que pueda atribuirse a la aseguradora responsabilidad extrasistémica por la sola existencia del accidente.
Al tratar la cuantificación del daño, invoca los precedentes "Fontana" y "Marando" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sostiene que no resultan admisibles montos determinados mediante pautas genéricas que impidan conocer el método y los fundamentos utilizados. Reitera que el reconocimiento de incapacidades ajenas al baremo importaría desconocer una norma nacional y configura, según afirma, cuestión federal.
Plantea defecto legal por considerar que la demanda se presenta como sistémica y simultáneamente incorpora rubros extrasistémicos, sin fundar adecuadamente la responsabilidad civil atribuida. Cita el precedente "Medina" de la Suprema Corte provincial y afirma que el principio iura novit curia no permite suplir los presupuestos fácticos omitidos ni convertir una acción de un régimen en otra de distinta naturaleza, por afectación de la congruencia y del derecho de defensa. Rechaza que se encuentren configurados actos u omisiones antijurídicos y un nexo causal que habiliten una condena civil contra su mandante.
Defiende la constitucionalidad del art. 12 LRT frente al cuestionamiento basado en el congelamiento del salario y cita el precedente "Dell Acqua". Sostiene que no basta invocar las garantías constitucionales para sustituir el mecanismo legal de determinación del ingreso base por otro considerado más conveniente. Impugna expresamente el ingreso base de $ 5.282,04 y los parámetros y métodos utilizados para obtenerlo.
Rechaza la inconstitucionalidad del art. 4 de la Ley 26.773, sosteniendo que reinstauró una opción excluyente entre el régimen especial y el derecho común, semejante a la prevista por las leyes 9.688 y 24.028. Afirma que los precedentes "Llosco", "Cachambi", "Vallejos" y "Sotelo" fueron dictados en un contexto normativo diferente y que no pueden trasladarse automáticamente al nuevo régimen. Destaca que las prestaciones en especie y las dinerarias sustitutivas de salarios durante la curación no importan ejercicio de esa opción y sostiene que no se acredita una lesión constitucional concreta.
Defiende la validez de un sistema específico y autónomo para reparar los infortunios laborales, invocando, entre otros, los precedentes "Gorosito", "Cardelfi", "Brítez" y "Starc". Sostiene que el régimen especial no vulnera por sí mismo la igualdad, la propiedad ni el deber de reparación y que debe considerarse su funcionamiento integral, comprensivo de prevención, asistencia, rehabilitación, recalificación y prestaciones dinerarias. Rechaza las impugnaciones abstractas y afirma que la insuficiencia resarcitoria debe demostrarse en cada caso.
En cuanto a los arts. 8, 21, 22 y 46 de la Ley 24.557, sostiene que las Comisiones Médicas cumplen una función técnica y pericial, independiente de las aseguradoras, y que sus conclusiones están sometidas a revisión judicial suficiente. Invoca la incorporación de asesoramiento jurídico para las controversias sobre la naturaleza laboral de la contingencia y las facultades reglamentarias previstas por la ley. Respecto de las sumas no remunerativas, afirma que no corresponde incorporarlas al ingreso base sin cuestionar las normas convencionales y los actos de homologación que les asignaron ese carácter.
Sostiene la constitucionalidad del DNU 54/2017, de la Ley 27.348 y de la Resolución SRT 298/17. Afirma que la instancia administrativa especializada preserva el debido proceso mediante patrocinio letrado, posibilidad de asistencia médica de parte, producción de prueba y alegatos y posterior revisión judicial. Señala que el plazo de sesenta días hábiles administrativos es perentorio y que su vencimiento habilita la instancia judicial local. Defiende asimismo la intervención del Servicio de Homologación, el dictamen jurídico previo y los efectos de cosa juzgada administrativa de los acuerdos, sujetos al control judicial.
Rechaza la procedencia del pacto de cuota litis sobre las prestaciones de la LRT, invocando su carácter irrenunciable y la prohibición de cederlas o enajenarlas, junto con el plenario N° 329 "Vallejo" de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sostiene que el pago en la cuenta bancaria del trabajador no altera el art. 277 LCT, referido a pagos judiciales. En materia de RIPTE, invoca los precedentes "Staroni", "Maidana" y "Espósito" y desarrolla las reglas de vigencia temporal de las mejoras de la Ley 26.773, rechazando su aplicación retroactiva fuera de los supuestos legalmente exceptuados.
Impugna la liquidación, las fórmulas empleadas, el ingreso base, el porcentaje de incapacidad, la edad y los restantes parámetros de cálculo. Niega que exista daño remanente por indemnizar en la salud e integridad psicofísica, daño moral, psíquico, espiritual o estético, o gastos médicos pendientes de reparación. Formula reserva de repetir contra el empleador afiliado los eventuales montos de condena, si de la prueba resultara un ingreso base superior al denunciado por aquel.
En materia de intereses, sostiene que cumplió sus obligaciones en tiempo y forma e invoca los plazos de pago y constitución en mora previstos por las resoluciones SRT 104/98 y 414/99. Para el supuesto de condena, solicita que los intereses se computen desde la sentencia y conforme la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a treinta días. Invoca doctrina de la Suprema Corte provincial respecto de los créditos reclamados y reconocidos judicialmente y de la inaplicabilidad, en ese ámbito, de la tasa activa prevista por la reglamentación administrativa.
Solicita la aplicación de las leyes 24.432, 25.561 y 24.283 y del Decreto 1813/92. Requiere que la responsabilidad por costas y honorarios no exceda el veinticinco por ciento del monto de la sentencia, invocando el art. 505 del Código Civil, el art. 277 LCT y el precedente "Farías". Solicita asimismo que cualquier actualización respete el valor real y actual de la prestación al momento del pago. Impugna el juramento prestado por el actor en los términos del art. 39 de la Ley 11.653, por considerar que el relato no se ajusta a los hechos.
Ofrece prueba documental, documentación en poder de terceros y del empleador, informativa, confesional y pericial contable, médica y psiquiátrica. Acompaña poder y legajo del siniestro, integrado por autorización para llevar libros, constancias médicas y administrativas, contrato de afiliación, historia clínica, listado de pagos, datos del siniestro y actuaciones ante la SRT.
Solicita que se intime al actor a denunciar las instituciones donde recibió tratamiento y las obras sociales a las que estuvo afiliado, bajo apercibimiento de temeridad y malicia si omitiera información conducente. Requiere al empleador los recibos de haberes, incluidos los correspondientes a los doce meses anteriores a octubre de 2017; documentación relativa a un eventual distracto y su causa; exámenes preocupacionales; información sobre tareas, categoría y exposición a agentes de riesgo; e identificación de sus representantes comerciales y de recursos humanos.
Propone informativa a AFIP sobre el historial de actividades dependientes y autónomas del actor, reservando los pedidos a las obras sociales que surjan de ese informe. Solicita historias clínicas y constancias a HPC, Clínica Privada de Ojos y Policlínica Privada Gascón y, respecto de esta última, información sobre las afecciones, su carácter, etiología, estudios y tratamientos. Requiere a la Comisión Médica N° 12 y a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO la totalidad de las actuaciones relacionadas con el trabajador, el expediente N° 664/18 y las fechas de notificación de las resoluciones.
Ofrece la absolución de posiciones del actor respecto del desenvolvimiento de su vida familiar, social y recreativa y la existencia de ansiedad, angustia o depresión. Designa a su letrado apoderado para absolver posiciones en representación de la aseguradora.
Solicita que la pericia contable verifique el contrato de afiliación, su vigencia y el ingreso base declarado, si fueran desconocidos; determine el ingreso base conforme el art. 12 LRT; y cuantifique las prestaciones médicas, dinerarias, farmacéuticas y en especie, con cálculos actualizados a tasas pasiva y activa del Banco Provincia. Requiere información sobre actividad laboral posterior al siniestro, fecha y causa de un eventual distracto y cobertura de obra social. Pone a disposición los libros y documentación necesarios y solicita la identificación de las fuentes y operaciones utilizadas por el experto.
Requiere que la pericia médica se ajuste al Decreto 659/96 y restantes disposiciones que individualiza, bajo reserva de nulidad. Solicita que se examinen las afecciones del ojo derecho, su etiología, carácter transitorio o permanente y relación con el accidente; los fundamentos para discrepar con la medición y conclusiones de la Comisión Médica; los estudios y tratamientos brindados y sus resultados; y la incidencia de las secuelas en la actividad laboral y social. Requiere asimismo que se determine si el dolor constituye un parámetro de medición del baremo y si existen elementos médicos que sustenten los reproches formulados al tratamiento.
Solicita la designación de un especialista en psiquiatría y psicología médica para examinar los antecedentes personales, familiares y patológicos, la eventual denuncia y tratamiento previos, la existencia de trastornos vinculados con el accidente y la incidencia de causas ajenas. Requiere diagnóstico conforme DSM IV o CIE 10, determinación de incapacidad y su carácter, discriminación de concausas y evaluación de tratamiento, frecuencia, duración, costo, reversibilidad y pronóstico. Designa al doctor MARINO para asistir a la revisación y, en el petitorio, autoriza también al doctor ALEJANDRO MARINO y al licenciado MARIO ARRAIGADA a presenciar los actos periciales. Manifiesta desinterés en la pericia psicológica, reiterando que no se denunció esa incapacidad en sede administrativa y sosteniendo que la tabla contempla secuelas psíquicas y no psicológicas.
Manifiesta que lleva sus libros, planillas y registros laborales y de pólizas en legal forma y los pone a disposición en su sede de Rosario. Explica que cuenta con autorización para llevar documentación contable en formato digital y refiere al régimen de póliza digital de riesgos del trabajo. Solicita que se admitan las copias simples acompañadas, con posibilidad de control mediante la pericia contable e informativa. Aclara que el listado de pagos y los resúmenes del siniestro e historia clínica son documentos de creación unilateral de la aseguradora y que ofreció prueba complementaria para acreditar su contenido.
Finalmente, formula reserva de recurrir ante la Suprema Corte de Justicia provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación y plantea el caso federal en los términos de los arts. 14 y 15 de la Ley 48. Solicita que se tenga por contestada la demanda, por ofrecida la prueba y que oportunamente se rechace íntegramente la acción, con costas al actor.
En tales términos queda trabada la litis
El 25/11/2019 la actora contesta traslado en los términos del art. 29 de la Ley 11.653 (actual 34 Ley 15.057).-
Por SENTENCIA INTERLOCUTORIA del 29/06/2020, el Tribunal declara abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 27.348 planteada por la actora y su contestación por la demandada, por encontrarse cumplida la instancia administrativa previa, conforme el precedente de la SCBA L. 121.939 "Marchetti", sentencia del 13/05/2020, y se declara competente para resolver en las presentes actuaciones (arts. 12 y 31 inc. a de la Ley 11.653). Asimismo, difiere el tratamiento de las excepciones de cosa juzgada administrativa y falta de acción para el momento de dictar sentencia (art. 44 de la Ley 11.653). Impone las costas por la excepción de incompetencia a la demandada vencida (art. 19 de la Ley 11.653), difiere la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.-
Por resolución del 11/08/2021 y 03/09/2021 es dictado el auto de apertura a prueba, proveyéndose la ofrecida por las partes.-
Por resolución del 10/09/2024 se fija fecha de celebración de la audiencia de vista de la causa.-
Proveídas oportunamente las pruebas ofrecidas, producidas las mismas y realizados los alegatos por escrito, quedan las actuaciones en estado de dictar sentencia.
PRIMERA : ¿Es procedente la demanda instaurada?
SEGUNDA : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION el Sr. Juez Dr. Escobar dijo:
Desde ya adelanto para esta cuestión y las restantes a fin de no ser reiterativo, que el Juez no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino solo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que - a su juicio- no sean decisivos (CSJN, 29/4/1970, LL. 139-617; 27/8/1971, LL 144-611, citas jurisprudenciales en Morello, Augusto Mario, Código Procesal Civil y Comercial, T.II-C, pág. 68 punto 2, Edit. Abeledo Perrot, art. 386 última parte CPC; C.N.A.T., " Bazaras, Noemí c/ Kolynos" S.D. 32. 313 del 29/6/1999 y C.N.A.T del 30/4/2008 " Correa / Niro Construcciones S.A. y otros", T.T. nro. 3 MDP del 12/5/2010 " Arendt, Matías c/ Asociación Mutual Empleados de Casino y otros s/ Accidente", " MATTIA, Cesar Gerardo c/ Servicio Penitenciario Bonaerense s/ Accidente de Trabajo ", Expte 66.258 y · TOLEDO, Ramón Alberto c/ MAPFRE Argentina ART SA s/Accidente de trabajo "Exp. 58.306, los dos últimos de este Tribunal Trabajo nro. 1.-
Sentados los antecedentes de la causa a los fines de resolver la presente cuestión se agregaron las siguientes pruebas.
1. DOCUMENTAL : adjuntada a la demanda y con la contestación de la demanda .
2. INFORMATIVA :
Oficio SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) : agregado electrónicamente con fecha 25/10/2024, quien informa: "Por medio del presente se da respuesta al Oficio Judicial de referencia".
Se acompaña Nota D.A.P. y P.F. N° 118030/24, de fecha 24/10/2024, suscripta por PABLO JAVIER TELLE , de la Subgerencia de Asuntos Contenciosos y Prevención del Fraude, mediante la cual se remite copia fiel del expediente SRT N° 664/18, copia del expediente SRT N° 251624/17, historial de accidentabilidad del actor, datos del empleador y plan de focalización de la empresa.
El expediente SRT N° 251624/17 fue iniciado el 08/11/2017 ante la Comisión Médica N° 12 de Mar del Plata, bajo el trámite "Divergencia en el Alta", correspondiente a MACHADO CARLOS ORLANDO (CUIL 20-25580141-5) , figurando como empleador VANNELLI MIGUEL ANGEL (CUIT 20-20040653-3) y como aseguradora LA SEGUNDA A.R.T. S.A. . Se individualiza el accidente del 23/10/2017, registrado con el N° 885396201703325100, y se consigna alta médica del 03/11/2017.
Con fecha 08/11/2017 se celebró audiencia médica, con intervención del trabajador y del doctor JOSE NICOLAS GOMEZ , matrícula nacional 52.836. Se registraron tareas de hormigonado y una antigüedad referida de tres meses en la empresa. El actor relató que, mientras cortaba hierros con una amoladora, una esquirla impactó en su ojo derecho; que recibió asistencia de la ART hasta el alta y que, luego de reincorporarse, presentaba disminución de la visión y lagrimeo. Se consignaron examen oftalmológico y tratamiento con colirios, sin preexistencias referidas por las partes ni registradas en el sistema y con capacidad restante del 100%.
En el examen físico se describieron párpados sin alteraciones anatómicas ni funcionales, conjuntivas sin alteraciones, córnea transparente, iris sin alteraciones, pupilas redondas y centradas con reflejos conservados y motricidad ocular conservada. Se dejó constancia de la pérdida de agudeza visual referida por el trabajador y se diagnosticó cuerpo extraño en ojo derecho, solicitándose interconsulta oftalmológica. En la constancia de estudios figura como prestador EDUARDO RUBEN MARIANO , con fecha de prestación el 09/11/2017 y recepción el 23/11/2017.
Con fecha 27/11/2017 la Comisión Médica emitió dictamen, suscripto por el doctor JOSE NICOLAS GOMEZ , matrícula nacional 52.836. Se consignó como diagnóstico "S058 - Otros traumatismos del ojo y de la órbita Traumatismo del conducto lagrimal - Contusión ojo derecho". El dictamen transcribe el informe oftalmológico del doctor MARIANO EDUARDO , matrícula provincial 14.209, que informa agudeza visual sin corrección de 2/10 en ojo derecho y 10/10 en ojo izquierdo; con corrección, 4/10 en ojo derecho y buena visión cercana; presión ocular de 12 mmHg; leucoma cicatrizal central derecho; medios transparentes en el ojo izquierdo y fondo de ojos con papilas y máculas normales en ambos ojos.
La Comisión concluyó que no correspondía continuar con tratamiento por parte de la ART, no revocó el alta y consignó que no existían patologías crónicas que ameritaran prestaciones de mantenimiento de por vida. Se acompañan constancias de notificación postal del dictamen dirigidas al trabajador. Con fecha 02/01/2018 se dispuso el archivo del expediente.
El expediente SRT N° 664/18 fue iniciado el 02/01/2018, bajo el trámite "Divergencia en la Determinación de la Incapacidad", respecto del mismo trabajador, empleador, aseguradora y accidente del 23/10/2017. En el formulario de inicio se describe que el actor cortaba varillas de acero con una amoladora cuando una esquirla ingresó en su ojo derecho, debiendo suspender sus tareas. Se consigna primera atención en Policlínica Gascón, realización de fondo de ojo y extracción del cuerpo extraño.
Se acompaña constancia de alta médica y fin de tratamiento del 06/11/2017, con retorno al trabajo previsto para el 07/11/2017, sin secuelas incapacitantes ni necesidad de recalificación, suscripta por el doctor DANIEL ALEJANDRO MARINO y por el trabajador, quien dejó asentada su disconformidad. En los formularios del trámite y antecedentes del sistema se registra, asimismo, el 03/11/2017 como fecha de alta y cese de la incapacidad laboral temporaria.
La historia clínica remitida por la aseguradora registra el 25/10/2017 una úlcera sin signos de infección, con compromiso del eje visual. El 03/11/2017 se consigna visión borrosa luego de la extracción de un cuerpo extraño, leucoma centrocorneal, halo de óxido e inyección conjuntival leve, con indicación de lágrimas y Lotesoft y alta oftalmológica. En otra anotación de la misma fecha, el doctor DANIEL ALEJANDRO MARINO dejó constancia de la persistencia de visión borrosa luego del regreso al trabajo, suspendió el alta y solicitó interconsulta en el Hospital Privado de la Comunidad. Se registran posteriormente derivaciones y aceptación con alta el 06/11/2017.
Con fecha 26/01/2018 se celebró audiencia médica ante la Comisión Médica N° 12, con intervención del trabajador, del perito médico de la ART doctor LOPEZ , matrícula 94.149, y de la doctora MARIANA EDITH NUÑEZ , matrícula nacional 105.533. Se consignaron tareas de construcción, una antigüedad referida de cinco meses y que el actor se encontraba trabajando para otro empleador. En las observaciones, el trabajador refirió disminución de la visión y fotofobia, mientras que el médico de la aseguradora ratificó lo actuado por esta. Se diagnosticó cuerpo extraño en ojo derecho y se solicitó campimetría. Se incorporan también carta poder del 26/01/2018 y formulario que individualiza como patrocinante al doctor HERNÁN GARRA .
En la constancia de estudios se registran interconsulta oftalmológica y campimetría computarizada a cargo de MELINA GUARNASCHELLI , solicitadas el 26/01/2018, con fecha de prestación el 07/02/2018 y recepción el 22/02/2018.
Con fecha 23/02/2018 la Comisión Médica N° 12 emitió dictamen, suscripto por las doctoras MARIANA EDITH NUÑEZ , matrícula nacional 105.533, y LORENA SILVANA ROSSOMANNO , matrícula nacional 105.056. En el apartado de estudios y documentación se consigna agudeza visual con corrección de 2/10 en ojo derecho y 10/10 en ojo izquierdo, leucoma corneal derecho extenso y afectación del campo visual del ojo derecho, con referencia al estudio del 07/02/2018. Se diagnosticó "H19 - Trastornos de la esclerótica y de la córnea en enfermedades clasificadas en otra parte - Cuerpo extraño en ojo derecho".
El dictamen calificó la contingencia como accidente de trabajo y determinó una incapacidad del aparato visual, comprensiva de agudeza y campo visual, del 36,47%. Consignó preexistencia del 0% y capacidad restante del 100%. Adicionó un 3,65% por dificultad intermedia para la actividad, correspondiente al factor del 10%, y un 0,38% por edad, sin necesidad de recalificación laboral, arribando a una incapacidad del 40,50%, permanente, parcial y definitiva. Indicó que no correspondía continuar con prestaciones por la ART ni se verificaban patologías crónicas que requirieran mantenimiento de por vida.
En el dictamen se informa la posibilidad de apelación dentro de los cinco días de su notificación y las vías de revisión allí individualizadas. Se acompaña aviso de recibo dirigido al actor, correspondiente al dictamen del 23/02/2018, con fecha manuscrita de recepción "6/3" y firma del receptor. Con fecha 23/03/2018 se dispuso el archivo del expediente.
El historial de accidentabilidad, emitido el 24/10/2024, registra el accidente del 23/10/2017 para el empleador VANNELLI MIGUEL ANGEL , con cobertura de LA SEGUNDA , alta y finalización el 03/11/2017 y once días de incapacidad laboral temporaria. Se consigna como diagnóstico trastornos de la esclerótica y de la córnea, lesión por contusión y zona afectada ojos, con inclusión de párpados, órbita y nervio óptico.
El historial contiene asimismo registros posteriores: accidente del 19/09/2024 para COARCO S.A., con cobertura de PREVENCIÓN, por traumatismo del ojo y alta del 27/09/2024; accidente del 26/12/2022 para PLANTEL S.A., con cobertura de ASOCIART, por cuerpo extraño en la parte externa del ojo y alta del 27/12/2022; accidente del 03/08/2021 para PLANTEL S.A., con cobertura de PROVINCIA, por lesión muscular en muslo; y accidente del 09/04/2018 para MARCO DEBORA FLORENCIA, con cobertura de PREVENCIÓN, por traumatismo del tendón de Aquiles, con alta del 19/10/2018.
Entre los antecedentes anteriores al accidente de autos se registran los del 04/10/2011 y 29/08/2011 para CONSTRUCTORA PABLO ROMERO S.A., con cobertura de PROVINCIA, por cuerpo extraño en la córnea y herida en dedos de la mano, respectivamente; los del 31/03/2006, 15/02/2006 y 23/08/2005 para INGENIERO MICONI Y ASOCIADOS, con cobertura de RESPONSABILIDAD PATRONAL, por lesiones en dedos, hombro y dedos, respectivamente; y los del 21/07/1997, 30/06/1997, 14/06/1997 y 13/05/1997 para INFRIBA S.A., con cobertura de LA SEGUNDA, por lesiones en tórax, brazo, mano y dedos.
En la consulta de expedientes administrativos figuran, además de los Nros. 251624/17 y 664/18, el N° 309626/18, iniciado el 02/11/2018 por cálculo anticipado; el N° 323111/18, iniciado el 15/11/2018 por valoración de daño; y el N° 295759/21, iniciado el 06/09/2021 por pie de cama. Respecto del expediente N° 323111/18 se registra dictamen del 07/12/2018, correspondiente al accidente del 09/04/2018, con incapacidad del 5%, permanente, parcial y definitiva.
En los datos del empleador se individualiza a VANNELLI MIGUEL ANGEL (CUIT 20-20040653-3) , con domicilio en Alfonsina Storni N° 5940 de Mar del Plata y actividad de hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado. En el detalle de afiliaciones figura el contrato N° 126591 con LA SEGUNDA, desde el 29/12/2009 hasta el 29/06/2023, consignándose al momento de la consulta "Sin Afiliación". Se acompañan registros de accidentabilidad agrupada, plan de focalización y avisos de obra.
Respecto del establecimiento identificado con el N° 127470, se informa su inclusión en los registros correspondientes a la Resolución SRT 463/09 y se registra una visita del 24/09/2019, informada el 16/10/2019. En el apartado de denuncias constan presentaciones de LA SEGUNDA de fechas 06/02/2013, 12/02/2014, 13/02/2015, 11/02/2016 y 03/02/2017, por falta de presentación del relevamiento de agentes de riesgo con la nómina de trabajadores expuestos, todas con estado "ACTIVA". En los campos relativos a responsables de higiene y seguridad y medicina laboral no se encontraron datos.
3. PERITAJES :
PERICIA CONTABLE: presentada electrónicamente con fecha 23/04/2022 por el perito contador HERNÁN ÁNGEL RENZELLA , matrícula N° 31.182/1, Tomo 121, Folio 59 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, quien refiere haber solicitado información a las oficinas de la demandada, constatado su veracidad y auditado la documentación puesta a su disposición.
Consigna que no hay puntos de pericia de la parte actora y responde los propuestos por la demandada. Reproduce el requerimiento de verificación de la autenticidad del contrato de afiliación, su vigencia y el ingreso base declarado, sin desarrollar una respuesta específica sobre el contrato.
Al calcular el ingreso base conforme el art. 12 LRT, informa que la relación laboral comenzó el 23/08/2017 y que el accidente ocurrió el 23/10/2017, por lo que contó con pocos recibos para efectuar el cálculo. Consigna como resultado "$ 5.883.17".
Respecto de las prestaciones brindadas, informa prestaciones dinerarias por $ 752.476, integradas por $ 627.063 correspondientes a incapacidad laboral permanente parcial definitiva y $ 125.413 por la Ley 26.773; prestaciones farmacéuticas por $ 397,85; y prestaciones médicas por $ 2.127,99. Consigna como total la suma de $ 754.998,84.
Informa que, aplicando la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el importe asciende a $ 2.131.139 y que, utilizando la tasa activa de la misma entidad, alcanza $ 2.172.382, en ambos casos según la página del Colegio de Abogados de Mar del Plata.
En cuanto a la actividad laboral posterior al siniestro, señala que corresponde responder mediante prueba informativa a AFIP y ANSES y que no tuvo a la vista la baja ni recibos posteriores. Finalmente, no responde el punto relativo a otros datos de interés por considerar que la pregunta resulta "muy ambigua".
PERICIA PSIQUIÁTRICA: presentada electrónicamente con fecha 06/03/2023 por el perito médico psiquiatra FRANCISCO LADISLAO BORDÓN CUETO RÚA , matrícula provincial N° 38.991, quien informa haber realizado evaluación psiquiátrica semidirigida y estructurada, sin consignar la fecha del examen.
Individualiza al actor como una persona de cuarenta y seis años, nacido el 30/09/1976, con educación primaria completa, soltero, con cuatro hijos y de profesión medio oficial de mecánica vial. Refiere que trabaja desde los trece años en distintos rubros y desde los treinta con maquinaria vial, desarrollándose su vida fundamentalmente en los ámbitos laboral y familiar. Entre los antecedentes personales consigna enfermedades infectocontagiosas comunes de la infancia, sin epilepsia ni traumatismos encefalocraneanos con pérdida de conocimiento.
En la evaluación psicosemiológica describe presentación pulcra, vestimenta acorde a la estación y actitud colaborativa. Lo encuentra vigil, orientado auto y alopsíquicamente, con atención, memoria y juicio conservados, sin alteraciones sensoperceptivas. Registra pensamiento de curso ligeramente enlentecido, sin rumiaciones ni interceptaciones. Consigna ideación evitativa respecto de espacios elevados, relacionada con eventos traumáticos, y fenómenos de activación reactivos a manifestaciones neurovegetativas en dichos ámbitos. Considerando su historia vital y desempeño en las distintas etapas evolutivas, caracteriza su personalidad de base como predominantemente normal.
En el relato de los hechos registra que, mientras trabajaba en pavimentación, una esquirla de hierro impactó en su córnea, provocando pérdida de capacidad visual del ojo derecho.
Informa haber aplicado la Escala de Trauma de Davinson -DTS-, de diecisiete ítems, con sistema Likert de cero a cuatro y punto de corte de cuarenta sobre ciento treinta y seis. Consigna un puntaje de treinta y ocho, que considera cuantitativa y cualitativamente insuficiente para diagnosticar trastorno de estrés postraumático. Señala que la evaluación clínica permite diagnosticar un trastorno adaptativo mixto. Entre los diagnósticos diferenciales considerados menciona trastornos de ansiedad, depresivos, adaptativos, postraumáticos, simulación, trastornos fácticos y de personalidad.
Formula como diagnóstico pericial, conforme el DSM 5, trastorno de adaptación con alteración mixta de las emociones y la conducta, consignando los criterios A, B 1 y 2, C y D. Concluye que el actor presenta daño psíquico que no fue diagnosticado ni correctamente abordado al momento de producirse y que actualmente persisten síntomas residuales limitantes, de menor intensidad, que disminuyen su capacidad de desarrollo personal y goce.
Desarrolla el modelo dimensional de cinco elementos de Ricardo Risso, referido a síndrome psiquiátrico coherente, novedad, nexo, secuela incapacitante e irreversibilidad o consolidación. Califica el trastorno adaptativo mixto como consolidado y lo equipara, mediante el baremo de la Ley 24.557, a una reacción vivencial anormal neurótica fóbico-depresiva de grado II. En el apartado relativo a la novedad del cuadro consigna ausencia de antecedentes psicopatológicos de la serie diagnosticada y alude a su inicio luego de "un accidente de tránsito", con posterior proceso de diagnóstico, tratamiento y recuperación.
Al responder los puntos de la demandada, informa que no consta documentalmente denuncia de incapacidad psíquica ante la ART o la Comisión Médica, tratamiento por reacción vivencial anormal neurótica mediante obra social o profesionales particulares, ni evaluación psiquiátrica previa. Explica que el paciente no siempre advierte las modificaciones de su psiquismo y que la toma de conciencia puede requerir tiempo, mientras los padecimientos físicos adquieren mayor relevancia y el cuadro psíquico se desarrolla subyacentemente.
Fundamenta la vinculación de la patología con el evento en la relación ontogénica y cronológica entre el hecho traumático, la vivencia de estrés y los síntomas consolidados. Reitera el diagnóstico de trastorno adaptativo mixto, correspondiente a una reacción vivencial anormal neurótica fóbico-depresiva de grado II, con incapacidad laborativa del 10%. Afirma haber descartado patología psiquiátrica previa y señala que durante la evaluación no observó indicios sugerentes de patología del carácter ni simulación.
Sitúa el desarrollo de las manifestaciones después del proceso de recuperación física, rehabilitación y retorno a la rutina, estimándolo en seis meses posteriores al accidente. Indica que algunos síntomas del cuadro cronificado pueden mejorar mediante tratamiento psicofarmacológico y psicológico cognitivo conductual, durante un período no menor a seis meses, con pronóstico reservado por el tiempo transcurrido desde su aparición. No precisa frecuencia ni costo del tratamiento.
Respecto de los resultados clínicos y neurológicos, manifiesta que no se expedirá por no corresponder a su especialidad, remitiendo al informe en cuanto a los aspectos psicopatológicos. Finalmente, en la respuesta relativa al baremo y porcentaje de incapacidad, consigna literalmente: "Utilizando baremo decreto 659/69: RVAN Depresiva Grado II: Incapacidad 10%".
Observación a la pericia psiquiátrica. Con fecha 19/03/2023, la demandada, observa el informe pericial. Deja planteada su impugnación para el supuesto de una respuesta meramente ratificatoria o evasiva.
Cuestiona la incapacidad psíquica determinada, señalando que el actor regresó a sus tareas luego del alta y que no solicitó asistencia en salud mental ante la aseguradora ni durante el trámite ante la Comisión Médica. Objeta que el único indicador sintomático consignado sea la ideación evitativa respecto de espacios elevados y los fenómenos de activación asociados, interrogando qué relación guardan con el ingreso de una esquirla en el ojo al manipular una amoladora.
Sostiene que el informe no describe la vivencia particular del trabajador durante el hecho, sus reacciones inmediatas y posteriores ni las modificaciones concretas que afectarían su desenvolvimiento. Cuestiona la caracterización de la personalidad como normal sin descripción de su tipología y mecanismos defensivos y sin realización de un psicodiagnóstico. Afirma que este permitiría ampliar la evaluación, conocer antecedentes, diferenciar aspectos estructurales de reacciones al episodio y fundamentar la relación causal. Invoca bibliografía de Siquier de Ocampo, Grassano, Celenen y Lunazzi.
Objeta el diagnóstico de trastorno adaptativo por no encontrarse explicitadas las desadaptaciones. Invoca las consideraciones de López Ibor sobre introspección y extrospección y las de Ricardo Ernesto Risso respecto de la necesidad de identificar una enfermedad psíquica que produzca una afectación perdurable de las aptitudes del sujeto. Sostiene que el actor retomó iguales tareas, no presenta fobias ni menoscabo laboral y no procuró tratamientos médicos o psicológicos. Cuestiona que referencias generales a la aptitud para el goce, disconfort o recuerdos penosos permitan establecer y cuantificar una incapacidad con rigor científico.
Solicita que el perito precise si determina incapacidad por el hecho puntual o por un contexto multicausal; qué porcentaje atribuye a estresores ajenos al accidente; y qué bibliografía sustenta la vinculación entre los síntomas descriptos y los diagnósticos contemplados por el Decreto 659/96. Requiere que explique si una entrevista sin pruebas de psicodiagnóstico permite establecer un nexo causal específico, con indicación de sus fundamentos bibliográficos; que diferencie el malestar derivado de un contexto adverso policausal del relacionado con el siniestro y discrimine los porcentajes correspondientes; que fundamente la entidad psicotraumática del hecho; y que explique por qué no practicó pruebas de psicodiagnóstico.
Desde la asesoría letrada sostiene la aplicación obligatoria del baremo del Decreto 659/96 en una acción sistémica, conforme el art. 9 de la Ley 26.773, y plantea que su apartamiento tornaría nula la experticia. Invoca el precedente "Izquierdo" y los fallos "Cannao" y "Ledesma" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, referidos a la fundamentación de las incapacidades y a la utilización de las tablas legales. Formula reserva de cuestión federal ante el eventual reconocimiento de una incapacidad contraria a esas disposiciones.
Respuesta al pedido de explicaciones. Con fecha 23/03/2023, el perito contesta el requerimiento.
Explica que el actor presenta una reacción emocional psicológicamente comprensible, reactiva al hecho traumático de pérdida de capacidad visual del ojo derecho, que corresponde a una reacción vivencial anormal neurótica de grado II conforme el baremo del Decreto 659/96. Al ser interrogado por los estresores ajenos al accidente, atribuye causalmente el desarrollo del cuadro a la pérdida de visión y al temor a quedar ciego, sin individualizar porcentajes por otras causas.
Respecto del fundamento para relacionar los síntomas con los diagnósticos del baremo, remite a la propia reglamentación y sostiene que las reacciones neuróticas, no psicóticas, se vinculan con las categorías allí mencionadas, a las que atribuye una naturaleza jurídica más que propiamente psiquiátrica.
Aclara que realizó dos entrevistas y señala que la asesora de la demandada pudo haber participado para verificar u opinar sobre la evaluación. Reitera la existencia de un nexo causal cronológico, lógico y ontológico entre el evento traumático y el desarrollo de la psicopatología.
Al fundamentar la entidad psicotraumática del episodio, refiere que el temor, la ansiedad y la angustia desarrollados por Machado, luego de comprender que había perdido -según expresa- el 50% de su capacidad visual e intentar elaborar psíquicamente lo sucedido, produjeron una reacción evitativa, ansiosa y distímica correspondiente al desarrollo diagnosticado.
En cuanto a la ausencia de pruebas de psicodiagnóstico, manifiesta que su aproximación se basa en la clínica psiquiátrica y los criterios diagnósticos del DSM 5. Sostiene que utilizó la metodología propia de su especialidad, manuales oficiales y bibliografía adecuada y que no existen marcadores biológicos para la entidad diagnosticada.
Invoca a López Ibor, Graciela Gardiner, Mariano Castex, Francisco Alonso-Fernández y Daray para sostener el valor de la entrevista clínica, el carácter complementario de los tests y las diferencias metodológicas entre psiquiatría y psicología. Afirma que un dictamen médico no se encuentra necesariamente organizado conforme la práctica de psicodiagnóstico mediante tests y concluye que la reacción emocional del trastorno adaptativo apareció después del accidente, con congruencia temporal con una reacción de estrés adaptativo moderado compatible con una reacción vivencial anormal neurótica de grado II.
PERICIA MÉDICA TRAUMATOLÓGICA: presentada electrónicamente con fecha 03/04/2024 por el perito médico SERGIO IVAN SEMENSI , especialista en Ortopedia y Traumatología y Medicina Laboral, matrícula provincial N° 93.176, quien informa haber examinado al actor el 20/10/2022, sin concurrencia de médicos de parte ni representantes de la demandada.
En los antecedentes refiere que el trabajador, de cuarenta y seis años, manifestó que el 23/10/2017, mientras se desempeñaba como operario de una obra vial y cortaba hierros con una amoladora, recibió el impacto de una esquirla metálica en el ojo derecho. Consigna asistencia por la ART en Clínica Santa Lucía, extracción del cuerpo extraño, indicación de antibióticos y oclusión ocular, con controles hasta el alta del 03/11/2017. Menciona la intervención posterior de la Comisión Médica N° 12 por divergencia en el alta, la evaluación oftalmológica del doctor Mariano y el dictamen del 23/02/2018 que determinó una incapacidad del 40,50%, por afectación de agudeza y campo visual, incluidos factores de ponderación.
Señala que el actor no refirió preexistencias traumáticas, clínicas, congénitas o hereditarias en la región afectada, ni incapacidades laborales anteriores. Diagnostica herida corneal por esquirla metálica en ojo derecho, curada con secuela de leucoma corneal central. Describe como tratamiento recibido extracción de la esquirla, colirios antibióticos y antiinflamatorios, oclusión ocular y controles oftalmológicos.
Informa haber solicitado interconsulta oftalmológica con evaluación de agudeza visual y campimetría, realizada el 28/11/2022 en Clínica de Salud Visual por la doctora MELINA GUARNASCHELLI . Consigna agudeza visual de 2/10 en ojo derecho y 10/10 en ojo izquierdo y campimetría computarizada que muestra pérdida total del campo visual derecho.
En el examen físico describe que el actor se presentó deambulando por sus propios medios, sin elementos ortésicos ni claudicación. Registra agudeza visual con corrección de 2/10 en ojo derecho y 10/10 en el izquierdo y campo visual manual completamente alterado a derecha y normal a izquierda. Deja constancia de que no evidenció secuelas en las restantes regiones examinadas y de haber realizado pruebas tendientes a descartar simulación.
Al responder los puntos de la actora, informa que no constan en el expediente exámenes preocupacionales, periódicos ni otros exámenes de salud. Explica que el cuerpo extraño metálico provocó una úlcera corneal central que cicatrizó con un leucoma y considera compatible la signosintomatología referida con esa secuela. Califica la lesión como irreversible y señala que no puede agravarse por la exposición a los riesgos mencionados, pero que impide realizar actividades que requieran visión binocular completa y superar un examen preocupacional para tales tareas. Precisa que la afectación corresponde únicamente al ojo derecho.
Para determinar la incapacidad aplica el baremo del Decreto 659/96, modificado por el Decreto 49/2014. Asigna un 24% por pérdida de agudeza visual conforme la tabla de Sená y un 25% por pérdida del campo visual, que aplica sobre una capacidad restante del 76%, obteniendo un 19%. Suma ambos componentes y establece una incapacidad del 43%. Aclara que la incapacidad parcial de un segmento no puede superar la correspondiente a su pérdida completa, consignando un 45% para la pérdida del globo ocular.
Sobre el 43% adiciona factores de ponderación por dificultad alta para las tareas -20%-, necesidad de recalificación laboral -10%- y edad de cuarenta y seis años -2%-. Aplica la sumatoria del 32% sobre la incapacidad física, obteniendo un incremento de 13,76% y una incapacidad laboral permanente parcial definitiva del 56,76%.
Sostiene que el actor no se encuentra apto para tareas que impliquen manejo de maquinaria utilizada en la construcción y que amerita recalificación laboral. Refiere limitaciones tanto en la actividad laboral como en la vida cotidiana y, particularmente, para aquellas actividades que exijan integridad anatomofuncional completa del sistema visual. Indica que no existen elementos que disminuyan las secuelas.
Respecto de tratamientos futuros, señala que podría recibir un trasplante de córnea, cuya procedencia debe ser definida por un especialista en oftalmología. Manifiesta que las lesiones se encuentran consolidadas, aunque las secuelas podrían disminuir si ese tratamiento resultara indicado y tuviera evolución favorable. No cuantifica su costo por considerar que excede su especialidad.
Al contestar los puntos de la demandada, afirma que las secuelas guardan relación directa con la lesión del accidente y que sus diferencias con la Comisión Médica se encuentran en la valoración de la campimetría y la ponderación de recalificación laboral. Sostiene que aquella no valoró correctamente el campo visual o que este empeoró desde la evaluación administrativa y que no contempló la necesidad de recalificación derivada de la pérdida visual derecha.
Consigna que el actor refirió encontrarse trabajando para otro empleador y desconocer la realización de nuevos exámenes preocupacionales. Señala que el dolor no constituye causal de incapacidad en el baremo aplicado y que la demanda no cuenta con documentación médica. Considera que el tratamiento brindado fue correcto y se encontraba agotado al momento del alta, sin perjuicio de la eventual alternativa de trasplante, sujeta a evaluación del receptor y disponibilidad de córnea donante. Refiere que el trabajador no realizó nuevas consultas por desconocer esa posibilidad y considera que corresponde a la ART evaluar su procedencia.
En sus conclusiones atribuye exclusivamente al accidente de autos la secuela grave de la lesión corneal derecha y reitera una incapacidad del 56,76%, incluidos factores de ponderación y aplicación del método de capacidad restante, sustentada en la evaluación oftalmológica y campimetría actualizadas. Finalmente, consigna que la ART indemnizó previamente un 40,50% y establece una incapacidad incremental del 16,26% .
Impugnación a la pericia médica. Con fecha 18/04/2024, el doctor LUIS AURELIO FERNANDEZ SCUDELLER , en representación de la demandada, impugna el informe pericial sobre la base del asesoramiento del auditor médico de la ART, doctor ALEJANDRO MARINO , matrícula provincial N° 94.131, y solicita explicaciones.
Cuestiona la incapacidad determinada, sosteniendo que el perito utiliza como referencia la pérdida del globo ocular, valorada en un 45%, cuando el actor presenta pérdida de agudeza y campo visual, sin enucleación. Invoca los apartados 1.3 y 1.4 del baremo, que transcribe, señalando que establecen un 42% para la pérdida total de la visión de un ojo y un 45% para la pérdida del globo ocular.
Afirma que la agudeza visual de 2/10 en el ojo derecho representa conservación del 20% de la visión y que, por tratarse de una pérdida parcial, la incapacidad debe ser inferior a la correspondiente a la pérdida total. Sostiene que, habiendo abonado la aseguradora una incapacidad del 40,50%, el incremento máximo posible sería del 1,50%. Solicita que se corra traslado de la presentación.
Respuesta a la impugnación. Con fecha 15/08/2024, el perito SERGIO IVAN SEMENSI , matrícula provincial N° 93.176, contesta las observaciones de la demandada.
Respecto del límite aplicable, sostiene que el cuestionamiento parte de un error conceptual, por considerar que el baremo refiere al segmento anatómico total y no únicamente a la función visual. Afirma que el máximo correspondiente al segmento es del 45%, por pérdida completa del ojo.
Explica que el auditor omite considerar, además del 24% por pérdida de agudeza visual, el 25% correspondiente a la pérdida del campo visual. Reitera que este último porcentaje, aplicado sobre una capacidad restante del 76%, representa un 19%, cuya suma con el componente de agudeza visual determina una incapacidad del 43%.
Sobre ese porcentaje adiciona los factores de ponderación por dificultad alta para las tareas -20%-, necesidad de recalificación laboral -10%-, por no poder manejar maquinaria en una obra vial, y edad de cuarenta y seis años -2%-. Consigna una sumatoria de factores del 32%, que aplicada sobre el 43% representa un incremento de 13,76%, manteniendo una incapacidad laboral permanente parcial definitiva del 56,76%.
Rechaza el incremento máximo propuesto por el auditor, por considerar que deriva de errores de interpretación del baremo y de cálculo. Ratifica una incapacidad incremental del 16,26%, resultante de restar al 56,76% determinado el 40,50% previamente indemnizado. Finalmente, ratifica íntegramente su informe médico pericial y da por finalizado el intercambio.
Luego de analizar íntegramente la prueba producida conforme las reglas de la sana crítica (art. 57 Ley 15.057), considero acreditado que no se encuentra controvertida la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por MACHADO CARLOS ORLANDO el día 23/10/2017, mientras cortaba hierros con una amoladora y una esquirla metálica impactó en su ojo derecho, ni la cobertura otorgada por LA SEGUNDA A.R.T. S.A. respecto del empleador VANNELLI MIGUEL ANGEL . La cuestión debatida queda circunscripta, entonces, a determinar la entidad de las secuelas incapacitantes, la diferencia respecto del porcentaje ya indemnizado y las bases salariales necesarias para calcular la prestación dineraria correspondiente.
La contingencia fue tramitada ante la Comisión Médica N° 12 de Mar del Plata, inicialmente en el expediente SRT N° 251624/17 por "Divergencia en el Alta" y posteriormente en el expediente SRT N° 664/18 por "Divergencia en la Determinación de la Incapacidad". En este último se emitió dictamen el 23/02/2018, reconociéndose el carácter laboral del accidente y la existencia de un leucoma corneal derecho extenso, con disminución de la agudeza visual y afectación del campo visual. Se determinó una incapacidad visual del 36,47%, que, adicionados los factores de ponderación, alcanzó el 40,50% de incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva. Este porcentaje fue indemnizado por la aseguradora, por lo que el debate judicial debe comprender las secuelas y diferencias incapacitantes que permanecen sin indemnizar.
La lesión ocular se encuentra corroborada por los antecedentes médicos remitidos por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO . La historia clínica registra la extracción del cuerpo extraño, una úlcera con compromiso del eje visual y su posterior cicatrización con leucoma centrocorneal, persistiendo visión borrosa. Asimismo, los estudios incorporados al trámite administrativo documentaron una agudeza visual con corrección de 2/10 en el ojo derecho y de 10/10 en el izquierdo, junto con afectación del campo visual derecho. Existe, por tanto, correspondencia entre el mecanismo del accidente, la lesión inicialmente asistida y la secuela posteriormente constatada.
En cuanto a las secuelas físicas, asigno valor probatorio a las constataciones clínicas y a los estudios considerados en la pericia médica presentada el 03/04/2024 por el Dr. SERGIO IVAN SEMENSI y en su explicación del 15/08/2024. El experto examinó al trabajador el 20/10/2022 y requirió una evaluación oftalmológica, realizada por la Dra. MELINA GUARNASCHELLI el 28/11/2022, que informó agudeza visual de 2/10 en el ojo derecho y de 10/10 en el izquierdo, así como pérdida total del campo visual derecho. Estos elementos sustentan la persistencia de una secuela ocular consolidada y las limitaciones para actividades que requieren visión binocular completa, particularmente el manejo de maquinaria utilizada en obras viales. Cabe señalar que ambas evaluaciones preceden a los accidentes oculares posteriores registrados en el historial de accidentabilidad, de fechas 26/12/2022 y 19/09/2024.
Para cuantificar la incapacidad, el perito atribuyó un 24% a la disminución de la agudeza visual y un 25% a la pérdida del campo visual, aplicando este último sobre la capacidad restante del 76%, con un resultado del 19%. Arribó así a una incapacidad funcional del 43%, sobre la que adicionó factores de ponderación del 32%, obteniendo el 56,76%.
No obstante, considero atendible la impugnación de la demandada respecto del límite correspondiente al deterioro visual. El apartado 1.3 del capítulo "Ojos" del baremo distingue la pérdida total de la visión de un ojo, valorada en un 42%, de la pérdida del globo ocular por enucleación, contemplada en el apartado 1.4 con un 45%. En autos no se acreditó enucleación. Por ello, la explicación del experto que toma como límite la pérdida anatómica del ojo no permite mantener el 43% funcional calculado, correspondiendo limitar el componente visual al 42%, antes de incorporar los factores de ponderación. Ello no conduce, sin embargo, al incremento máximo del 1,50% propuesto por la aseguradora, pues tal comparación prescinde de los factores de ponderación y del daño psiquiátrico acreditado.
Asimismo, pondero la pericia psiquiátrica presentada el 06/03/2023 por el Dr. FRANCISCO LADISLAO BORDÓN CUETO RÚA , quien diagnosticó un trastorno adaptativo mixto, equiparable a una reacción vivencial anormal neurótica fóbico-depresiva de grado II, estimando una incapacidad del 10%. El experto distinguió este cuadro del trastorno de estrés postraumático, para cuyo diagnóstico consideró insuficiente el resultado obtenido en la escala aplicada, y fundamentó sus conclusiones en la evaluación clínica, los antecedentes personales y la evolución de los síntomas.
Frente a las observaciones formuladas el 19/03/2023, el perito explicó el 23/03/2023 que había realizado dos entrevistas y vinculó específicamente el cuadro con la pérdida de capacidad visual del ojo derecho y el temor a quedar ciego. Si bien el informe inicial contiene referencias inespecíficas a espacios elevados y a un accidente de tránsito, la respuesta posterior individualiza la lesión ocular que motiva estas actuaciones y explica la reacción ansiosa, evitativa y distímica atribuida a sus consecuencias. La ausencia de reclamos o tratamientos psiquiátricos anteriores no resulta, por sí sola, suficiente para desvirtuar esa evaluación. Considero, en consecuencia, acreditada una secuela psíquica diferenciada de la disminución funcional del aparato visual.
Ahora bien, para combinar ambas secuelas corresponde aplicar el criterio de capacidad restante contemplado en el Baremo del Decreto 659/96 para incapacidades concurrentes derivadas de un único accidente. Debe partirse de la incapacidad médica del 42%, adicionando previamente los factores de ponderación. Considero fundados los valores informados por el perito médico: dificultad alta para las tareas -20%-, necesidad de recalificación laboral -10%- y edad -2%-, atendiendo a las restricciones constatadas para el manejo de maquinaria vial. La sumatoria del 32%, aplicada sobre el 42%, representa un incremento de 13,44 puntos porcentuales, alcanzándose una incapacidad médica, incluidos los factores de ponderación, del 55,44%.
Sobre la capacidad restante del 44,56%, corresponde calcular luego el 10% de incapacidad psiquiátrica informado por el experto, lo que arroja un 4,456%. De tal modo, la incapacidad total resultante asciende al 59,896%, equivalente, redondeada a dos decimales, al 59,90%, integrada por el 55,44% correspondiente a la incapacidad médica con sus factores de ponderación y el 4,456% resultante de aplicar la incapacidad psiquiátrica sobre la capacidad restante.
También resulta sustancial la pericia contable presentada el 23/04/2022 por el contador HERNÁN ÁNGEL RENZELLA . Con sustento en la documentación puesta a su disposición por la demandada, informó como fecha de ingreso el 23/08/2017 y calculó el ingreso base sobre los recibos disponibles correspondientes al período anterior al accidente del 23/10/2017, consignando como resultado "$ 5.883.17". Este dato será considerado al practicar la liquidación, sin atribuirle una actualización que el informe no documenta.
El contador corroboró, además, prestaciones dinerarias por $ 752.476, integradas por $ 627.063 correspondientes a incapacidad laboral permanente parcial definitiva y $ 125.413 por la Ley 26.773. Esta comprobación, concordante con el reconocimiento de la aseguradora y el dictamen administrativo, acredita que el actor ya percibió la indemnización correspondiente al 40,50%. Dicho porcentaje comprende parte de las mismas consecuencias del accidente y debe descontarse del grado total determinado, sin tratarlo como una preexistencia ajena a la contingencia ni duplicar posteriormente el descuento del mismo pago.
Por ello, tengo por acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el 23/10/2017, MACHADO CARLOS ORLANDO padece una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 59,90% . Descontado el 40,50% ya abonado, subsiste una diferencia incapacitante de 19,40 puntos porcentuales correspondiente a secuelas sin indemnizar, cuyo resarcimiento deberá determinarse en la liquidación pertinente .-
No encuentro acreditado en autos ningún acuerdo homologado en sede administrativa que torne operativa la excepción de cosa juzgada administrativa interpuesta al momento de contestar la acción; razón por la cual -y en virtud de la totalidad de los argumentos hasta aquí expuestos y de la prueba producida- se impone su rechazo en esta instancia al igual que ocurre con la excepción falta de acción, ambas oportunamente diferidas para definitiva.
Solicita la parte actora inconstitucionalidades de los arts. 21, 22, 46, 50 de ley 24.557, decretos 717/96, 1278/00 y 410/01. Inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/2014, reglamentario de ley 26.773, Inconstitucionalidad del DNU 54/17; inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3,12, 14,15, 16 y 21 de ley 27.348, y decretos reglamentarios, y de la ley 14.997 que adhirió la Provincia de Bs. As. a la ley 27.348. La demandada defiende la constitucionalidad de los layes mencionadas.
Aclaro que, en autos, el actor demanda por la vía sistémica de la LRT, y solo tratare las inconstitucionalidades pertinentes para el presente reclamo, ya que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; L. 119.002, "Carabajal", sent. de 25-IV-2018; e.o.; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o. La declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004; e.o.).
Considerando que la ley 14.997 de la Provincia de Bs As fue publicada en el BO el 08/1/18; la cual adhiere a la ley 27.348, y el accidente reclamado en autos acaeció el 23/10/2017, posterior a la misma; debe aplicarse la mencionada ley. En todo de acuerdo con la doctrina de los fallos "Marchetti", "Delgadillo" y otros de la SCJBA, los que consideraron constitucional la ley 14.997 y el paso previo por las Comisiones Médicas, indispensable para concluir la vía administrativa y poder incurrir en la acción ordinaria ante los Tribunales del Trabajo, considero constitucional la misma. También en acuerdo al fallo "Pogonza" de la CSJN, manifestando que resulta razonable la finalidad perseguida por el legislador al atribuir competencias decisorias a las comisiones médicas, ya que los vicios de la ley 24.557, fueron subsanados por la ley 27.348, la que permite recurrir las decisiones de las comisiones medicas jurisdiccionales o de la Central ante los tribunales con competencia laboral de la Jurisdicción local; garantizando la revisión Judicial plena de hechos y derechos. Considero constitucional a dichas Comisiones Médicas.
Vale aclarar, que a la fecha de esta sentencia se encuentra vigente el Decreto 549/2025 del día 05/08/2025 (B.O. 06/08/2025) que en su art. 1 sustituye "el ANEXO I del Decreto 659 del 24 de junio de 1996" por un nuevo ANEXO "TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES", modificando así la tabla vigente que cuya última actualización fue mediante el art. 2 del dto de 49/2014.El decreto 549/2025 dispone en su art. 3 que "-La "TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES", sustituida por el artículo 1 del presente decreto, entrará en vigencia a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, y a partir de esa fecha resultará de aplicación a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentre.
Considero que el mencionado artículo no supera la condición de legalidad requerida para que avanzar satisfactoriamente en el análisis de su constitucionalidad, dado que supone la aplicación retroactiva de la norma en franca violación con lo dispuesto por el art. 7 del CCCN. - En mi opinión, la norma cuya aplicación se pretende retroactiva, no posee un estricto carácter procesal en cuyo caso admitiría aplicación retroactiva y además seria materia reservada a cada jurisdicción (arts. 75, incs. 12 y ccdtes). La norma regula sobre el grado de incapacidad que se reconoce por cada lesión o secuela que se deriva de un infortunio laboral, siendo esta una de las variables que integra la fórmula para determinar la indemnización correspondiente que deviene del infortunio laboral (arts. 11, 14 y 15 LRT). Es decir, impacta sobre el derecho de fondo al integrar la formula aplicable para determinar la reparación del daño.
Considero que el momento en que ocurrió el evento dañoso, primera manifestación invalidante o fecha del accidente, fija el marco normativo aplicable. Estamos en presencia de situaciones jurídicas consumadas bajo la norma anterior, la aplicación retroactiva altera las consecuencias jurídicas de un hecho ya consumado afectando lo previsto en los arts. 7 del CCCN, 17 y 28 de la CN. Así lo dispone al art. 2 de la Ley 26773 que "El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso".
Por ello he resuelto en base al dictamen pericial oportunamente presentado, con la valoración efectuada en base al baremo temporalmente vigente.
Luego de comprobados los hechos expuestos precedentemente, corresponde una decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según corresponde por ley y declarando el derecho de los litigantes (arg. art. 57 inc. 6to. Ley 15.057), y resolver la procedencia de los créditos reclamados en la acción del siguiente modo:
Que, al momento del accidente de trabajo padecido por el actor, de fecha 23 de octubre de 2017, su empleador VANNELLI MIGUEL ANGEL se encontraba asegurado por LA SEGUNDA A.R.T. S.A. , conforme surge de las constancias de autos.
Que corresponde aplicar al caso lo normado en el art. 14 inc. 2 apartado b) de la Ley 24.557, de acuerdo al porcentaje total de incapacidad del 59,90% padecido por el actor, teniendo presente que el 40,50% ya fue indemnizado y que subsiste una diferencia de 19,40 puntos porcentuales correspondiente a secuelas sin indemnizar.
Que la edad del actor al momento del accidente de trabajo era de 41 años, correspondiendo aplicar el coeficiente 65/41: 1,59.
A los fines de determinar el ingreso base mensual (IBM), conforme el procedimiento aplicado, se toma el denunciado por el perito contador, que lo determina en un INGRESO BASE MENSUAL (IBM) de $ 5.883,17 el cual arriba a esta instancia firme y consentido por no haber sido objeto de impugnaciones ni pedidos de explicaciones.-
Ahora bien, ocurrido el evento dañoso denunciado en autos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 27.348, corresponde efectuar el cálculo del inciso 2 del art. 11 de la Ley 27.348, esto es, la actualización por intereses conforme tasa activa Banco Nación como estipula la norma. Realizada la actualización arroja para el IBM un total al 12/11/2026 (Capital + Intereses) = $ 5.883,17 + $ 29.054,03 = $ 34.937,20 .
Que de lo expuesto se obtiene una indemnización por la diferencia de incapacidad laboral permanente parcial pendiente de resarcimiento del DIECINUEVE CON CUARENTA POR CIENTO (19,40%) , que resulta de la siguiente operación:
53 x $ 34.937,20 (IBM actualizado) x 19,40 % x 1,59
53 x $ 34.937,20 = $ 1.851.671,60
$ 1.851.671,60 x 19,40 % = $ 359.224,29
$ 359.224,29 x 1,59 = $ 571.166,62
Que cabe también aplicar una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado, equivalente al veinte por ciento (20%) de la indemnización por ILPPD conforme lo dispone el art. 3 de la Ley 26.773, por la suma de $ 114.233,32, conforme el siguiente cálculo: $ 571.166,62 x 20 % = $ 114.233,32.
Correspondiéndole al actor por el porcentaje de ILPPD pendiente de indemnizar como consecuencia del accidente de trabajo relatado en autos, la suma de $ 571.166,62, de acuerdo a la fórmula aplicada ut supra, debe agregarse a dicho monto lo dispuesto por el art. 3 de la Ley 26.773 que asciende a la suma de $ 114.233,32.
Dando un Total a resarcir de $ 685.399,94 .-
Que habida cuenta el tenor del siniestro debatido en autos y el tiempo transcurrido desde el mismo, se denota claramente la insuficiencia de la indemnización resarcitoria que resulta del monto que arroja la actualización dispuesta por el inciso 2° del art. 11 de la Ley 27.348. Que para la confirmación de ello es adecuado efectuar una comparación con otra forma de actualización del crédito, apartándolo de la solución de la normativa y aplicar un índice para actualizarlo con el objetivo de preservar el crédito del trabajador. En dicha lógica lo más conveniente y cercano a la realidad laboral es utilizar a estos fines el índice RIPTE que elabora el MTSS y que fuera utilizado comparativamente por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa "Barrios".
En este orden de ideas, la situación de autos tendría la siguiente resolución: tomando el Ingreso Base Mensual determinado a la PMI (art. 11 inc. 1 Ley 27.348) de $ 5.883,17 , se efectúa el cálculo de la fórmula polinómica prevista en el art. 14 inc. 2 apartado a) de la Ley 24.557, esto es:
53 x $ 5.883,17 (IBM) x 19,40 % x 1,59
53 x $ 5.883,17 = $ 311.808,01
$ 311.808,01 x 19,40 % = $ 60.490,75
$ 60.490,75 x 1,59 = $ 96.180,29
Correspondiéndole al actor por el porcentaje de ILPPD pendiente de indemnizar como consecuencia del accidente de trabajo relatado en autos, la suma de $ 96.180,29, de acuerdo a la fórmula aplicada ut supra, debe agregarse a dicho monto lo dispuesto por el art. 3 de la Ley 26.773 que asciende a la suma de $ 19.236,06.
ILPPD: $ 115.416,35 .-
El resultado actualizado por RIPTE desde la PMI (23/10/2017) hasta el presente acuerdo arroja el siguiente resultado: $9.031.329,39
Que el capital indicado en primer término se encuentra calculado conforme el mecanismo de determinación previsto en el art. 11 incs. 1 y 2 de la Ley 27.348.
Que dicho mecanismo legal dispone que las remuneraciones utilizadas para el cálculo de las prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo se actualicen mediante el índice RIPTE hasta la fecha de la primera manifestación invalidante, fijando de tal modo el valor económico de la indemnización a ese momento. Para luego traerlos hasta la fecha del acuerdo con una actualización a tasa activa del Banco Nación.-
Que la aplicación estricta de dicho esquema conduce a que el capital indemnizatorio quede expresado a la PMI pero sin contemplar un mecanismo que permita preservar razonablemente su valor real durante el tiempo que insume la tramitación de un proceso judicial.
Que en un contexto inflacionario como el ocurrido tiempo atrás puede producir -y de hecho lo hace- una significativa pérdida del valor económico de la indemnización reconocida por ILPPD, generando una desproporción negativa entre el daño sufrido y la reparación efectivamente percibida.
Que en un razonamiento equivalente al utilizado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cuando al resolver la causa Barrios, Héctor Francisco y otra c/ Lascano, Sandra Beatriz y otra, examinó las consecuencias que el mantenimiento rígido del nominalismo legal podía producir sobre créditos indemnizatorios en contextos de depreciación monetaria, concluyó que tal situación conducía a resultados manifiestamente irrazonables al licuar el contenido económico del crédito reconocido judicialmente.
Que dicha doctrina pone de relieve que la garantía de propiedad consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional de la República Argentina no se satisface mediante el mero reconocimiento nominal de un crédito, sino que exige preservar razonablemente su contenido económico real.
Que trasladada dicha lógica al presente caso, la aplicación estricta del mecanismo previsto en el art. 11 inc. 2 de la Ley 27.348 conduciría a una degradación sustancial del valor real de la indemnización reconocida al trabajador, circunstancia incompatible con las garantías constitucionales de propiedad (art. 17), protección del trabajo (art. 14 bis) e igualdad ante la ley (art. 16) ya que los siniestros no alcanzados por esta normativa tendrían una reparación más amplia económicamente de un siniestro sufrido por un trabajador con motivo o en ocasión de su labor.
Que, en consecuencia, declaro la inconstitucionalidad de dicha disposición - inc. 2 Art. 11 Ley 27.348- exclusivamente para el caso concreto, en ejercicio del control difuso de constitucionalidad que compete a este Tribunal, por considerar que el mismo no preserva adecuadamente el crédito indemnizatorio del trabajador, prescindiendo de su aplicación en lo relativo al mecanismo de actualización del crédito indemnizatorio de la LRT. El que dispongo se realice de la siguiente manera: declarar la inconstitucionalidad sobreviniente del Art. 7 de la Ley 23.928, texto según Ley 25.561, y proceder a la actualización de los créditos que en autos se reclaman mediante un índice de actualización.
Que conforme surge de las constancias de autos, se consideró una incapacidad laboral permanente del CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA POR CIENTO (59,90%) , de la cual el 40,50% ya fue indemnizado, subsistiendo una diferencia del DIECINUEVE CON CUARENTA POR CIENTO (19,40%) pendiente de resarcimiento.
Que de lo expuesto se obtiene una indemnización por la diferencia de incapacidad laboral permanente parcial pendiente de resarcimiento del DIECINUEVE CON CUARENTA POR CIENTO (19,40%) , que resulta de la siguiente operación:
53 x $ 5.883,17 (IBM) x 19,40 % x 1,59
53 x $ 5.883,17 = $ 311.808,01
$ 311.808,01 x 19,40 % = $ 60.490,75
$ 60.490,75 x 1,59 = $ 96.180,29
Correspondiéndole al actor por el porcentaje de ILPPD pendiente de indemnizar como consecuencia del accidente de trabajo relatado en autos, la suma de $ 96.180,29, de acuerdo a la fórmula aplicada ut supra, debe agregarse a dicho monto lo dispuesto por el art. 3 de la Ley 26.773 que asciende a la suma de $ 19.236,06 = ILPPD: $ 115.416,35.
Que, en consecuencia, el capital indemnizatorio correspondiente a la diferencia de incapacidad laboral permanente parcial pendiente de resarcimiento del DIECINUEVE CON CUARENTA POR CIENTO (19,40%) asciende a la suma de $ 115.416,35.-
Conforme lo expresado anteriormente y declarada la inconstitucionalidad del inc. 2 del art. 11 de la Ley 27.348 y la inconstitucionalidad sobreviniente del Art. 7 de la Ley 23.928, texto según Ley 25.561, el capital indemnizatorio será actualizado por RIPTE, desde la PMI al presente acuerdo conforme último índice publicado y según el siguiente cálculo:
Coeficiente de Ajuste 78,25
Desde OCTUBRE 2017 $115.416,35
Equivalen al presente acuerdo a $9.031.329,39 .
Al monto resultante de la actualización por RIPTE se adicionará un interés puro del TRES por ciento (3%) anual, desde que cada suma es debida hasta la fecha en que quede firme la presente Sentencia.
En caso de falta de pago de la liquidación judicial en el plazo de 10 días que otorga la sentencia, los intereses moratorios allí liquidados se acumularán al capital. (art. 770 inc. c. C.C.C.N.). Para el caso de incumplimiento de la sentencia, luego de la indicada acumulación, se actualizarán los créditos insatisfechos mediante el mismo criterio utilizado para actualizar el capital de sentencia con un interés moratorio anual del 6%.-
Con el sentido y alcance expuestos más arriba , ASI LO VOTO (Art. 168 y 171 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As; art. 57 ssgtes y ccdtes ley 15.057).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DOCTOR MEREB, dijo:
Adhiero por mis fundamentos y voto en idéntico alcance que el Dr. ESCOBAR a excepción del agravamiento de la tasa de interés para el supuesto de incumplimiento, toda vez que considero prematuro expedirme en este estadio sobre la eventual y ulterior conducta renuente del deudor.-
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASI LO VOTO (Art. 168 y 171 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As; art. 57 ssgtes y ccdtes ley 15.057).-
A LA PRIMERA CUESTION EL DOCTOR CORDERO , dijo:
Que por mis fundamentos adhiero al voto y con idéntico alcance que el Dr. ESCOBAR -
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASI LO VOTO. (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Pcial., art. 57 y conc. Ley 15.057).-
A LA SEGUNDA CUESTION: El señor Juez Dr. Escobar dijo:
Atento el resultado de la votación habida precedentemente y por los fundamentos legales allí referidos corresponde:
Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 inc. 2 de la Ley 27.348 y la inconstitucionalidad sobreviniente del Art. 7 de la Ley 23.928, texto según Ley 25.561, para el caso concreto.-
Rechazar las inconstitucionalidades tratadas en la primera cuestión de la presente y declarar competente este Tribunal para resolver la presente causa.-
Declarar abstracto expedirse sobre las restantes inconstitucionalidades planteadas.-
Por los fundamentos legales expuestos corresponde rechazar las excepciones de cosa juzgada administrativa y falta de acción y en consecuencia hacer lugar a la demanda incoada por MACHADO CARLOS ORLANDO (DNI 25.580.141) , condenando a LA SEGUNDA A.R.T. S.A. (CUIT 30-68913348-3) a pagarle al actor la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 35/100 ($ 115.416,35) , en concepto de indemnización por la diferencia de Incapacidad Laboral Permanente Parcial y Definitiva (ILPPD) del DIECINUEVE CON CUARENTA POR CIENTO (19,40%) pendiente de resarcimiento, descontado el 40,50% ya abonado del porcentaje total de incapacidad del 59,90% acreditado en autos, de acuerdo a lo normado en el art. 14 apartado 2 inc. b) de la Ley 24.557 y art. 3 de la Ley 26.773, conforme lo considerado al tratar la cuestión anterior.-
Imponer las costas a la demandada LA SEGUNDA A.R.T. S.A. (CUIT 30-68913348-3) (arts. 24, 89 y ccds. Ley 15.057 y art. 68 C.Pr.).-
Imponer actualización de capital e intereses a la demandada LA SEGUNDA A.R.T. S.A. (CUIT 30-68913348-3) , los que se determinan, actualizando el capital nominal de la sentencia según índice RIPTE desde la fecha de la PMI de autos hasta la fecha del presente acuerdo; y a su monto resultante se aplicará una tasa de interés puro del 3% anual desde que cada suma es debida hasta la fecha del presente acuerdo, sin perjuicio que a pedido de parte se actualicen hasta que quede firme la sentencia, los que se calculan de la siguiente forma:
Capital Nominal procedente en Sentencia $ 115.416,35 actualizado por RIPTE desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la fecha del presente acuerdo, $ 9.031.329,39.-
Tasa de Interés pura 3%, sobre capital actualizado por RIPTE, desde la fecha de la primera manifestación invalidante -23/10/2017- hasta la fecha del presente acuerdo, $ 2.454.789,56.-
Totalizando de este modo el monto de condena que contiene esta sentencia entre capital actualizado por RIPTE ($ 9.031.329,39) e intereses al 3% anual ($ 2.454.789,56), la suma de PESOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 11.486.118,95) .-
En función de la reforma que recientemente entró en vigencia y lo ahora dispuesto por el art. 277 LCT (texto según Ley 27.802), en cumplimiento de la citada normativa y de las facultades ordenatorias previstas por el artículo 12 de la Ley 15057, hágase saber a la obligada al pago que deberá efectivizar los mismos mediante depósitos en la cuenta cuya titularidad exclusiva denuncie y acredite la parte actora que deba percibir acreencias en autos.-
A los fines de efectivizarse los pagos pactados en concepto de CAPITAL propongo se INTIME a la parte actora para que en el término de dos (2) días acredite en el expediente la titularidad exclusiva de una cuenta bancaria abierta a su nombre en la entidad que disponga, donde se efectuarán los depósitos que correspondan a los importes reconocidos en autos, a excepción de los que pertenezcan a pacto de cuota litis en caso de corresponder.
Hasta tanto se encuentre acreditada debidamente en autos la cuenta a nombre del actor, el plazo para el pago del CAPITAL de condena contenido en la presente sentencia se encuentra SUSPENDIDO.
Hágase saber que, en caso de no contar con una cuenta bancaria, podrá gestionarse la apertura de una "Cuenta D.N.I." del Banco de la Provincia de Buenos Aires (mediante la descarga de la aplicación respectiva en smartphones, tablets o similares).
A efecto de evitar que se practiquen retenciones o percepciones bancarias o tributarias, los depósitos o transferencias a favor del actor en concepto de CAPITAL deberán efectuarse consignándose como CONCEPTO la opción "HABERES" y en caso de estar disponible también la opción MOTIVO consignándose que se trata de un PAGO POR ORDEN JUDICIAL.
Cada depósito que se realice en la forma indicada precedentemente deberá ser justificado en el expediente, acompañando los comprobantes que den muestra de su cancelación, dentro de los cinco (5) días de cumplidos. Hágase saber a las partes que todo pago efectuado sin observar lo prescripto ut supra, será nulo de pleno derecho (conf. art. 277 t.o ley 27.802 y concds. LCT; y Tribunal de Trabajo de Chacabuco, TCH-330-2023; "Álvarez"; sent. 15/11/2023 y TCH -3-2021; "Acevedo"; sent. 14/3/2022).
En caso de falta de pago de la liquidación judicial en el plazo de 10 días que otorga la sentencia, los intereses moratorios allí liquidados se acumularán al capital. (art. 770 inc. c. C.C.C.N.). Para el caso de incumplimiento de la sentencia, luego de la indicada acumulación, se actualizarán, por mayoría de votos Dres. Escobar y Cordero , los créditos insatisfechos mediante RIPTE y con un interés moratorio anual del 6%.-
Estimo los honorarios de acuerdo al monto de condena ($ 11.486.118,95) (capital actualizado más interés), remitiendo a los antecedentes obrantes en la sentencia y habiéndose tenido en cuenta el valor mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, la responsabilidad que de las particularidades del caso puede derivarse para el profesional, al resultado obtenido, la trascendencia de la resolución a la que se llega para casos futuros, las actuaciones de los profesionales intervinientes en el desarrollo del proceso en las distintas etapas, la trascendencia económica y moral que para el interesado reviste la cuestión en debate, la posición económica y social de las partes y el tiempo empleado en la solución del litigio, estimo justo regular los siguientes honorarios, los del letrado apoderado de la parte actora doctor HERNAN GARRA en la cantidad de CUARENTA CON SETENTA Y UNO (40,71) JUS (Equivalentes al día de la fecha a $ 2.297.223,79 , valor del JUS a la fecha $ 56.426 conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), los de la asesoría letrada de la parte demandada, doctor LUIS AURELIO FERNANDEZ SCUDELLER en la cantidad de VEINTIOCHO CON CINCUENTA (28,50) JUS (Equivalentes al día de la fecha a $ 1.608.056,65 , valor del JUS a la fecha $ 56.426 conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), (arts. 21, 22, 23 última parte, 26, 28, 30, 51 y conctes ley 8904, arts. 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27 inc. c), 28 inc. h), 43, 51, 54, 63 y conctes ley 14.967) a los que se adicionará el 10% del art. 12 inc. a) de la ley 8455, (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), los del perito contador HERNÁN ÁNGEL RENZELLA , en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUATRO MIL VEINTIOCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 804.028,33) (arts. 175, 206 y 207 Ley 13.750 modificatoria de la Ley 10.620) a los que se adicionará el porcentaje de ley (art. 193 de la ley 10.620 y art. 33 de la ley 12.724 texto según ley 13.948), los del perito médico SERGIO IVAN SEMENSI , en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUATRO MIL VEINTIOCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 804.028,33) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, los del perito médico PSIQUIATRA FRANCISCO LADISLAO BORDÓN CUETO RÚA , en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUATRO MIL VEINTIOCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 804.028,33) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, y en caso de resultar dichos profesionales inscriptos al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho impuesto.
Sin perjuicio de ello y atento lo dispuesto por los arts. 277 LCT, 730 CCyCN y doctrina legal SCBA en el fallo L. 117.701 "Titos María Luciana c/ Atento Argentina S.A s/ cobro de salarios", corresponde en este estado limitar la responsabilidad de la condenada en costas hasta el 25% del monto de la sentencia, prorrateando el monto de los honorarios profesionales a su cargo, incluyendo en dicha limitación aparte de los honorarios, los aportes e Impuesto al Valor Agregado en caso de resultar dichos profesionales inscriptos al IVA, la tasa de justicia y la contribución por los montos que se detallan, a continuación: los del letrado apoderado de la parte actora doctor HERNAN GARRA en la cantidad de VEINTIUNO CON TREINTA Y SEIS (21,36) JUS (Equivalentes al día de la fecha a $ 1.205.486,76 , valor del JUS a la fecha $ 56.426 conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), (arts. 21, 22, 23 última parte, 26, 28, 30, 51 y conctes ley 8904, arts. 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27 inc. c), 28 inc. h), 43, 51, 54, 63 y conctes ley 14.967) a los que se adicionará el 10% del art. 12 inc. a) de la ley 8455, (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), los del perito contador HERNÁN ÁNGEL RENZELLA , en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 421.920,37) (arts. 175, 206 y 207 Ley 13.750 modificatoria de la Ley 10.620) a los que se adicionará el porcentaje de ley (art. 193 de la ley 10.620 y art. 33 de la ley 12.724 texto según ley 13.948), los del perito médico SERGIO IVAN SEMENSI , en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 421.920,37) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, los del perito médico PSIQUIATRA FRANCISCO LADISLAO BORDÓN CUETO RÚA , en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 421.920,37) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, y en caso de resultar dichos profesionales inscriptos al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho impuesto.
Los pagos de tales honorarios y pacto de cuota litis en caso de corresponder, aportes y/o IVA, deberán efectivizarse mediante depósitos en la cuenta bancaria que a tales fines denuncie en autos los profesionales interesados, quienes quedarán obligados a justificar el cumplimiento de sus aportes respectivos dentro del plazo legal (conf. art. 14 Ley 6716 y/o la que correspondiere), adjuntando los comprobantes pertinentes, bajo apercibimiento de oficiar a la Caja de Abogados y/o caja previsional pertinente.
A los fines de efectivizarse tal pago, hágase saber a los profesionales y perito interviniente, que deberán acreditar en el expediente la constancia de inscripción en ARCA, la titularidad de una cuenta bancaria y número de CBU, donde se efectuarán los depósitos que correspondan a sus acreencias, debiendo emitir -en caso de serles requerido- la factura según corresponda conforme su categoría tributaria (conf. Res. AFIP 1415 Anexo I). Hasta tanto se encuentre justificada debidamente en autos la cuenta y CBU a nombre de los profesionales aludidos y -en su caso- la emisión de la factura pertinente, el plazo para el pago de la acreencia en cuestión se encuentra SUSPENDIDO, dejándose aclarado que no podrá requerirse -por el obligado al pago a los profesionales - la emisión de recibo de pago si el mismo no fue aún efectuado. Cada depósito que se realice en la forma indicada precedentemente deberá ser justificado en el expediente, acompañando los comprobantes que den muestra de su cancelación, dentro de los cinco (5) días de cumplidos. A efectos de dar previsibilidad y seguridad jurídica a los cobros de honorarios, pactos de cuota litis, aportes y/o IVA correspondientes a los profesionales intervinientes en autos, en ningún caso deberá depositarse suma alguna imputable a tales conceptos en la cuenta denunciada o a denunciarse para los depósitos de capital de la/s parte/s, quedando suspendido el plazo para el depósito de aquellos emolumentos de los profesionales acreedores hasta tanto se encuentren resueltas y firmes las cuestiones que puedan suscitarse entre los acreedores letrados de pactos de cuota litis y la homologación de los mismos, lo que será resuelto por el tribunal de oficio o a pedido de los interesados (arts. 12, 27 y concds. ley 15.057; 4,6 y concds. ley 8904; 3, 6 y concds. ley 14.967; 20, 277 y concds. LCT, Ac.1840/24 SCBA).-
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASÍ LO VOTO (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Pcial., art. 57 y conc. Ley 15.057 y 375 C.P.C.C.)
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DOCTOR MEREB , dijo:
Adhiero por sus fundamentos al voto del doctor ESCOBAR , con idéntico alcance.
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASÍ LO VOTO (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Pcial., art. 57 y conc. Ley 15.057 y 375 C.P.C.C.)
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DOCTOR CORDERO , dijo;
Adhiero por sus fundamentos al voto del doctor ESCOBAR , con idéntico alcance.
Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASÍ LO VOTO (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Pcial., art. 57 y conc. Ley 15.057,Arts. 375 C.P.C.C.)
Suscripto y registrado por el Actuario firmante la Sentencia dictada en autos, en la ciudad de Mar del Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.
Mar del Plata,
A mérito del resultado de la votación y citas legales formuladas en el Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 inc. 2 de la Ley 27.348 y la inconstitucionalidad sobreviniente del Art. 7 de la Ley 23.928, texto según Ley 25.561, para el caso concreto. II) Rechazar las inconstitucionalidades tratadas en la primera cuestión de la presente y declarar competente este Tribunal para resolver la presente causa. III) Declarar abstracto expedirse sobre las restantes inconstitucionalidades planteadas. IV) Por los fundamentos legales expuestos rechazar las excepciones de cosa juzgada administrativa y falta de acción y hacer lugar a la demanda incoada por MACHADO CARLOS ORLANDO (DNI 25.580.141) , condenando a LA SEGUNDA A.R.T. S.A. (CUIT 30-68913348-3) a pagarle al actor la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 35/100 ($ 115.416,35) , en concepto de indemnización por la diferencia de Incapacidad Laboral Permanente Parcial y Definitiva (ILPPD) del DIECINUEVE CON CUARENTA POR CIENTO (19,40%) pendiente de resarcimiento, descontado el 40,50% ya indemnizado del porcentaje total de incapacidad del 59,90%, de acuerdo a lo normado en el art. 14 apartado 2 inc. b) de la Ley 24.557 y art. 3 de la Ley 26.773, conforme lo considerado al tratar la cuestión anterior.
V. Imponer las costas a la demandada LA SEGUNDA A.R.T. S.A. (CUIT 30-68913348-3) (arts. 24, 89 y ccds. Ley 15.057 y art. 68 C.Pr.). VI) Imponer actualización de capital e intereses a la demandada LA SEGUNDA A.R.T. S.A. (CUIT 30-68913348-3) , los que se determinan, actualizando el capital nominal de la sentencia según índice RIPTE desde la fecha de la PMI de autos hasta la fecha del presente acuerdo; y a su monto resultante se aplicará una tasa de interés puro del 3% anual desde que cada suma es debida hasta la fecha del presente acuerdo, sin perjuicio que a pedido de parte se actualicen hasta que quede firme la sentencia, los que se calculan de la siguiente forma: Capital Nominal procedente en Sentencia $ 115.416,35 actualizado por RIPTE desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la fecha del presente acuerdo, $ 9.031.329,39.
Tasa de Interés pura 3%, sobre capital actualizado por RIPTE, desde la fecha de la primera manifestación invalidante -23/10/2017- hasta la fecha del presente acuerdo, $ 2.454.789,56. Totalizando de este modo el monto de condena que contiene esta sentencia entre capital actualizado por RIPTE ($ 9.031.329,39) e intereses al 3% anual ($ 2.454.789,56), la suma de PESOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 11.486.118,95) . VII) En función de la reforma que recientemente entró en vigencia y lo ahora dispuesto por el art. 277 LCT (texto según Ley 27.802), en cumplimiento de la citada normativa y de las facultades ordenatorias previstas por el artículo 12 de la Ley 15057, hágase saber a la obligada al pago que deberá efectivizar los mismos mediante depósitos en la cuenta cuya titularidad exclusiva denuncie y acredite la parte actora que deba percibir acreencias en autos.- A los fines de efectivizarse los pagos pactados en concepto de CAPITAL propongo se INTIME a la parte actora para que en el término de dos (2) días acredite en el expediente la titularidad exclusiva de una cuenta bancaria abierta a su nombre en la entidad que disponga, donde se efectuarán los depósitos que correspondan a los importes reconocidos en autos, a excepción de los que pertenezcan a pacto de cuota litis en caso de corresponder.
Hasta tanto se encuentre acreditada debidamente en autos la cuenta a nombre del actor, el plazo para el pago del CAPITAL de condena contenido en la presente sentencia se encuentra SUSPENDIDO. Hágase saber que, en caso de no contar con una cuenta bancaria, podrá gestionarse la apertura de una "Cuenta D.N.I." del Banco de la Provincia de Buenos Aires (mediante la descarga de la aplicación respectiva en smartphones, tablets o similares). A efecto de evitar que se practiquen retenciones o percepciones bancarias o tributarias, los depósitos o transferencias a favor del actor en concepto de CAPITAL deberán efectuarse consignándose como CONCEPTO la opción "HABERES" y en caso de estar disponible también la opción MOTIVO consignándose que se trata de un PAGO POR ORDEN JUDICIAL.
Cada depósito que se realice en la forma indicada precedentemente deberá ser justificado en el expediente, acompañando los comprobantes que den muestra de su cancelación, dentro de los cinco (5) días de cumplidos. Hágase saber a las partes que todo pago efectuado sin observar lo prescripto ut supra, será nulo de pleno derecho (conf. art. 277 t.o ley 27.802 y concds. LCT; y Tribunal de Trabajo de Chacabuco, TCH-330-2023; "Álvarez"; sent. 15/11/2023 y TCH -3-2021; "Acevedo"; sent. 14/3/2022). VIII) En caso de falta de pago de la liquidación judicial en el plazo de 10 días que otorga la sentencia, los intereses moratorios allí liquidados se acumularán al capital. (art. 770 inc. c. C.C.C.N.). Para el caso de incumplimiento de la sentencia, luego de la indicada acumulación, se actualizarán, por mayoría de votos Dres.
Escobar y Cordero , los créditos insatisfechos mediante RIPTE y con un interés moratorio anual del 6%.- IX) Estimo los honorarios de acuerdo al monto de condena ($ 11.486.118,95) (capital actualizado más interés), remitiendo a los antecedentes obrantes en la sentencia y habiéndose tenido en cuenta el valor mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, la responsabilidad que de las particularidades del caso puede derivarse para el profesional, al resultado obtenido, la trascendencia de la resolución a la que se llega para casos futuros, las actuaciones de los profesionales intervinientes en el desarrollo del proceso en las distintas etapas, la trascendencia económica y moral que para el interesado reviste la cuestión en debate, la posición económica y social de las partes y el tiempo empleado en la solución del litigio, estimo justo regular los siguientes honorarios, los del letrado apoderado de la parte actora doctor HERNAN GARRA en la cantidad de CUARENTA CON SETENTA Y UNO (40,71) JUS (Equivalentes al día de la fecha a $ 2.297.223,79 , valor del JUS a la fecha $ 56.426 conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), los de la asesoría letrada de la parte demandada, doctor LUIS AURELIO FERNANDEZ SCUDELLER en la cantidad de VEINTIOCHO CON CINCUENTA (28,50) JUS (Equivalentes al día de la fecha a $ 1.608.056,65 , valor del JUS a la fecha $ 56.426 conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), (arts. 21, 22, 23 última parte, 26, 28, 30, 51 y conctes ley 8904, arts. 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27 inc. c), 28 inc. h), 43, 51, 54, 63 y conctes ley 14.967) a los que se adicionará el 10% del art. 12 inc. a) de la ley 8455, (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), los del perito contador HERNÁN ÁNGEL RENZELLA , en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUATRO MIL VEINTIOCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 804.028,33) (arts. 175, 206 y 207 Ley 13.750 modificatoria de la Ley 10.620) a los que se adicionará el porcentaje de ley (art. 193 de la ley 10.620 y art. 33 de la ley 12.724 texto según ley 13.948), los del perito médico SERGIO IVAN SEMENSI , en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUATRO MIL VEINTIOCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 804.028,33) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, los del perito médico PSIQUIATRA FRANCISCO LADISLAO BORDÓN CUETO RÚA , en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUATRO MIL VEINTIOCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 804.028,33) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, y en caso de resultar dichos profesionales inscriptos al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho impuesto.
X. Sin perjuicio de ello y atento lo dispuesto por los arts. 277 LCT, 730 CCyCN y doctrina legal SCBA en el fallo L. 117.701 "Titos María Luciana c/ Atento Argentina S.A s/ cobro de salarios", corresponde en este estado limitar la responsabilidad de la condenada en costas hasta el 25% del monto de la sentencia, prorrateando el monto de los honorarios profesionales a su cargo, incluyendo en dicha limitación aparte de los honorarios, los aportes e Impuesto al Valor Agregado en caso de resultar dichos profesionales inscriptos al IVA, la tasa de justicia y la contribución por los montos que se detallan, a continuación: los del letrado apoderado de la parte actora doctor HERNAN GARRA en la cantidad de VEINTIUNO CON TREINTA Y SEIS (21,36) JUS (Equivalentes al día de la fecha a $ 1.205.486,76 , valor del JUS a la fecha $ 56.426 conforme Resolución 1517 del 23 de octubre del 2026), (arts. 21, 22, 23 última parte, 26, 28, 30, 51 y conctes ley 8904, arts. 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27 inc. c), 28 inc. h), 43, 51, 54, 63 y conctes ley 14.967) a los que se adicionará el 10% del art. 12 inc. a) de la ley 8455, (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), los del perito contador HERNÁN ÁNGEL RENZELLA , en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 421.920,37) (arts. 175, 206 y 207 Ley 13.750 modificatoria de la Ley 10.620) a los que se adicionará el porcentaje de ley (art. 193 de la ley 10.620 y art. 33 de la ley 12.724 texto según ley 13.948), los del perito médico SERGIO IVAN SEMENSI , en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 421.920,37) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, los del perito médico PSIQUIATRA FRANCISCO LADISLAO BORDÓN CUETO RÚA , en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 421.920,37) (Art. 35 inc. e y f de la Ley 6742), a los que se adicionará el porcentaje de ley, y en caso de resultar dichos profesionales inscriptos al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho impuesto.
XI. Los pagos de tales honorarios y pacto de cuota litis en caso de corresponder, aportes y/o IVA, deberán efectivizarse mediante depósitos en la cuenta bancaria que a tales fines denuncie en autos los profesionales interesados, quienes quedarán obligados a justificar el cumplimiento de sus aportes respectivos dentro del plazo legal (conf. art. 14 Ley 6716 y/o la que correspondiere), adjuntando los comprobantes pertinentes, bajo apercibimiento de oficiar a la Caja de Abogados y/o caja previsional pertinente. A los fines de efectivizarse tal pago, hágase saber a los profesionales y perito interviniente, que deberán acreditar en el expediente la constancia de inscripción en ARCA, la titularidad de una cuenta bancaria y número de CBU, donde se efectuarán los depósitos que correspondan a sus acreencias, debiendo emitir -en caso de serles requerido- la factura según corresponda conforme su categoría tributaria (conf.
Res. AFIP 1415 Anexo I). Hasta tanto se encuentre justificada debidamente en autos la cuenta y CBU a nombre de los profesionales aludidos y -en su caso- la emisión de la factura pertinente, el plazo para el pago de la acreencia en cuestión se encuentra SUSPENDIDO, dejándose aclarado que no podrá requerirse -por el obligado al pago a los profesionales - la emisión de recibo de pago si el mismo no fue aún efectuado. Cada depósito que se realice en la forma indicada precedentemente deberá ser justificado en el expediente, acompañando los comprobantes que den muestra de su cancelación, dentro de los cinco (5) días de cumplidos. A efectos de dar previsibilidad y seguridad jurídica a los cobros de honorarios, pactos de cuota litis, aportes y/o IVA correspondientes a los profesionales intervinientes en autos, en ningún caso deberá depositarse suma alguna imputable a tales conceptos en la cuenta denunciada o a denunciarse para los depósitos de capital de la/s parte/s, quedando suspendido el plazo para el depósito de aquellos emolumentos de los profesionales acreedores hasta tanto se encuentren resueltas y firmes las cuestiones que puedan suscitarse entre los acreedores letrados de pactos de cuota litis y la homologación de los mismos, lo que será resuelto por el tribunal de oficio o a pedido de los interesados (arts. 12, 27 y concds. ley 15.057; 4,6 y concds. ley 8904; 3, 6 y concds. ley 14.967; 20, 277 y concds.
LCT, Ac.1840/24 SCBA).- XII) Registrar. Practicar liquidación. Notifíquese electrónicamente (Ac. 4039 S.C.B.A.).-
ARTÍCULO 54 Ley 14.967 : Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.-
En Mar del Plata en la fecha indicada en la constancia de la firma digital CERTIFICO, que el doctor ESCOBAR recibió las presentes actuaciones el día 25/11/2025 y se expidió con fecha 13/11/2026, el doctor MEREB las recibió el día 13/11/2026 y se expidió el día 17/11/2026 y el doctor CORDERO las recibió el día 17/11/2026 y se expidió el día 18/11/2026. CONSTE.-
Firmas
Funcionario firmante: ESCOBAR Alejandro Javier - JUEZ
Funcionario firmante: CORDERO Carlos María - JUEZ
Funcionario firmante: MEREB José Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: CENTENO Anabela Paola - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1311-2026
Fin de la sentencia