Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2268/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 373.-
2Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 344/356 vta. y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 364/365 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2268/18-TSJ Interlocutorio N°: 3480 Actor: MACÍAS, ERNESTO MAURICIO Demandada: PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.
Objeto: SUMARÍSIMO LABORAL S.R.L Fecha: 08-04-2019 Texto: TOMO XXX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3480 FOLIO Nº 5942/5946 PROT. ELECT. TSS1 022 I.191
Río Gallegos, 8 de abril de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “MACÍAS, ERNESTO MAURICIO c/ PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A. s/ SUMARÍSIMO LABO- RAL”, Expte. Nº M-25.138/14 (M-2268/18-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término la excusación for- mulada por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, que a foja 373 expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del ar- tículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha integra- do el tribunal que dictó la sentencia de fs. 301/321.”.- En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magistrada, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo, los presentes autos vienen al Acuerdo en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letra- do apoderado, Dr. Mario R. Paradelo (cfr. fs. 344/356 vta.), contra la sentencia dicta- da por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mine- ría de la Primera Circunscripción Judicial. Esta última revocó la sentencia de Primera Instancia e hizo lugar a la demanda. En consecuencia declaró la nulidad del despido del actor (comunicado el 7 de marzo de 2014); ordenó la inmediata restitución en su puesto de trabajo o en uno acorde a su actual estado de salud; condenó a Skanska a abonar los salarios caídos desde el 7 de marzo de 2014 hasta su efectiva reincorporación y al pago de la suma de cincuenta mil pesos ($50.000) en concepto de daño mo- ral, con más los intereses a tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días a contarse desde la fecha del distracto declarado nulo y hasta su efectivo pago; y con imposición de costas en ambas instancias a la demandada (cfr. fs. 301/ 321).-
III. Que la parte recurrente sustenta su casación en: “una violación o quebrantamiento de la ley y doctrina legal aplicable al caso (Ley 22250 y CCT 75/76)”; en la violación al artículo 17 de la Constitución Nacional y del principio de congruencia del artículo 164 del CPC y C; y en la incorrecta interpretación al caso de autos del artículo 476 CPC y C. También cuestiona el fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones por estimar que se aparta de la doctrina sentada por el “superior” en lo que hace a la arbitrariedad en la apreciación de la prueba sometida a su análisis y que fuera interpretada en perjuicio de su mandante (cfr. fs. 346 y vta.).- Entiende que se violó: “la doctrina legal de V.E. por exceso ritual manifiesto.” (cfr. foja 347).-
Estima que la sentencia de Cámara ha incurrido en arbitrariedad, violando la defensa en juicio, el principio de la doble instancia y el debido pro- ceso legal -derechos de raigambre constitucional- (cfr. foja 347 y vta.). Dice que: “La arbitrariedad se magnifica al desnaturalizar una forma -proceso sumarísimo del art. 476 (sic) del C.P.C. y C.-, empleándola en exceso, malversando en sus fines, e im- portando normas del Derecho Civil, en la especie el art. 1078 del C.C, (sic) aplicando una norma legal bajo un supuesto inexistente, como es la Ley n° 23.592 -antidiscriminatoria-, e inaplicando en el sub lite la norma correspondiente, es decir, la Ley 22250 y el CCT 75/76, es decir ignora las normas especiales que correspondía aplicar.” (cfr. foja 347 vta.).- La recurrente agrega que: “...es el marco legal de la relación laboral que el propio actor la invoca en su demanda, más allá que luego reclame rubros como el daño moral, propios del Derecho Civil, en una mixtura totalmente incompatible con el tipo de procedimiento sumarísimo elegido para litigar, y que al ser receptada por en el (sic) fallo puesto en crisis lo invalida como pronunciamiento válido.” (cfr. foja 351).-
Señala que las causas de la arbitrariedad son: “Haber ignorado normas procesales generales y Especiales. Haber fundado el fallo en normas ajenas al proceso laboral, contrariando principios fundamentales de la Ley 22.250, Convenio de la UOCRA, cuando se han acreditado los presupuestos para que dicha normativa sean aplicables (sic). Haber dado fundamentos aparentes. Haber incurrido en exceso ritual manifiesto.” (cfr. foja 347 vta.).-
Considera que la Alzada no valoró que en el recibo de sueldo de la actora surgía que se trataba de un trabajador encuadrado en el régimen laboral de la construcción, amparado por el CCT 75/76. Afirma que esta norma no garantiza la estabilidad absoluta de tales trabajadores y que una vez concluida la obra para la cual fueron contratados finaliza el vínculo entre las partes (cfr. foja 348 vta.).-
Manifiesta que: “El actor se encontraba afectado a la obra 'Servicio de ejecución de obra para el lavadero de equipos pesados mantenimiento de mina para CVSA', para Cerro Vanguardia S.A. y tal como el mismo describe porme- norizadamente, tuvo carpeta médica reconocida por una grave afección médica, y fue dado oportunamente de alta, y tal como acontece en estos casos, una vez concluida la obra para la cual los trabajadores de la construcción son contratados, estos son des- vinculados. De allí el manifiesto absurdo en el cual incurren los Juzgadores, cuando en el pto. 2º del auto puesto en crisis, declaran la nulidad del despido comunicado el 07/03/2014, ordenando la inmediata restitución del actor a un puesto de trabajo, que en la especie ya no existe, no sólo porque la firma que lo ha contratado, como hemos expuesto precedentemente, no se encuentra más en la región, sino porque dicha obra, como toda obra de construcción ya ha culminado, habiéndose dado de baja a la totali- dad de la plantilla de trabajadores afectados a la misma.” (cfr. foja 348 vta./349).- Añade que: “...la Excma.
Cámara realiza un típico razonamiento contradictorio, y preñando de rigorismo formal, forzando un procedimiento suma- rísimo, por sobre el principio de defensa en juicio que emana directamente de la Constitución Nacional y Constitución Provincial, que obligaba necesariamente a ga- rantizar el debido proceso adjetivo mediante el procedimiento ordinario laboral que es de aplicación imperativo en casos con el del sublite (sic). En efecto, la condena esta- blecida en el fallo puesto en crisis no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en los procedimientos especiales del art. 104 y sgtes. de la Ley 1.444, por ende debió ser enmarcado dentro del procedimiento ordinario del título IV de la Ley 1.444 de Procedimientos Laboral (sic); conforme lo ordena el art. 48 de dicho texto legal, no habiéndose procedido en consecuencia, deviene en totalmente nulo dicho fallo, vio- lándose claramente el proceso del art. 476 del C.P.C. y C..
Al no respetar el Tribunal dichas pautas procesales, implica ello una grave lesión al derecho de defensa de mi mandante, y al principio constitucional del debido proceso, quedando viciado de nuli- dad todo lo que se sustancie en el presente.” (cfr. foja 349 y vta.).- Señala que: “Más aún resulta claramente contradictorio que en propio (sic) fallo puesto en crisis el Tribunal tiene presente la Doctrina de la CSJN, que claramente establece que: '...Es que las normas de procedimiento y reglamentaciones no se limitan a una mera técnica de organización de procesos, sino que tienen por finalidad regular el ejercicio de derechos y lograr la concreción del valor justicia, en cada caso, en salvaguarda del derecho de defensa en juicio' (Fallos 310:870, 319: 1600, 321:2082).
Doctrina bien citada, por cierto, pero que aparece violada en el sub lite al establecer condenas de naturaleza civil -daño moral-, otras de naturaleza ordi- naria laboral como salarios caídos, en un proceso sumarísimo sin amplitud probatoria, que lo único que podría haber ventilado es la existencia o no de una arbitrariedad pa-tronal, que el Juez de Primera Instancia en un fallo apegado a derecho, dejo claramente establecido que no ha existido arbitrariedad o discriminación alguna. Otra prueba de tales contradicciones inaceptables del fallo puesto en crisis lo constituye el si- guiente considerando cuando, como parece advertir con acierto, pero en forma contra- dictoria con sus conclusiones, reconoce que 'la Ley 22.550 no impone al empleador expresar ni acreditar causa alguna para despedir lícita y válidamente a un trabajador'.
Así como también hay otro párrafo donde el Tribunal admite con sumo acierto que: '...el despido del actor dispuesto por la demandada sin expresión de causa es, aparen- temente, un acto lícito en tanto se ajustó a las directivas de las normas pertinentes de la Ley 22.250', pero posteriormente interpreta en forma totalmente desacertada que dicho despido es discriminatorio, aplicando en el sub lite, el régimen de la Ley 23.592. Desde este cuadrante entonces, la conceptualización, juicio, o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las normas jurídicas precitadas y la prueba documental tergiversa las reglas de la sana crítica y viola las normas jurídicas sustantivas vigen- tes, (arts. 46 y 47 del C.P.C. y C.) de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insosteni- ble en la discriminación axiológica.” (cfr. foja 345 vta./350).- Añade que no se discriminó al actor.
Destaca que le fueron abonados sus haberes y liquidación. Apunta que el actor tuvo expreso reconocimiento de su carpeta médica; fue desvinculado por haber concluido la obra por la cual fue contratado; y fue desvinculado como decenas de trabajadores contratados en idénticas circunstancias (cfr. foja 353 vta.). Al respecto agrega que: “Sin duda al haberse pro- ducido tales omisiones provoca una evidente nulidad del fallo como sentencia válida, conforme se desprende de la ausencia de motivación como presupuesto procesal de la misma, como determina el art. 34 inc. 4° del C.P.C y C.” (cfr. foja cit.).- Entiende que la Cámara ha violentado precedentes de la Corte Suprema de Justicia: “...en distintos casos como 'CABRED' o 'BESADA'...”, vincu- lados con que los jueces deberían extremar la averiguación de los hechos y dar prima- cía a la verdad jurídica objetiva (cfr. foja 354 vta.).-
También sostiene que la posición de la Cámara provoca además un quebrantamiento de formas y solemnidades esenciales. Sobre la cuestión se- ñala que: “...la violación de la Ley del art. 3 de la Ley 1687, emerge claramente al no haber ponderado la Excma. Cámara, el verdadero alcance de las normas procesales aplicables y del debido respeto de las garantías constitucionales, que tienen mayor je- rarquía y trascendencia, que las cuestiones formalistas de menor cuantía que la Cá- mara pretende preservar.” (cfr. foja 354 vta.).-
Asevera que el fallo vulnera los artículos 18, 19 y 31 de la Constitución Nacional por lo que mantiene reserva de caso federal (cfr. fs. 355 vta./ 356).-
A fs. 364/365 vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 372 pasan los presentes al Acuerdo.-
IV. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte de la atenta lectura del escrito casatorio que el mismo no alcanza a cumplimentar con los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
Se verifica que los planteos tienen como núcleo fundamental cuestionar la valoración probatoria vinculada a si el Sr. Macías sufrió un despido dis- criminatorio en atención a su padecimiento cardiológico. Es decir que se remite a te- mas de hecho y prueba, cuestión esta, en principio, ajena al ámbito casatorio salvo ar- bitrariedad o absurdo (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3150, Folio 5171/5175).-
En atención a lo expuesto, es menester recordar que el absurdo en la valoración de la prueba se produce cuando nos encontramos ante: “'…un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…”' (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984).- La revocación de una sentencia por absurdo es un remedio excepcional (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica.-
En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha entendido que: “'…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhi- bición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demos- trarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fa- llo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'…'” (cfr. Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788 y XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003).-
Examinados los términos del recurso se observa que el mismo contiene sólo meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio en cuanto a la interpretación y valoración de la prueba, lo que hace inatendible a aquél.-
Por otro lado, se constata que la Alzada realiza una interpretación de los elementos probatorios que no se vislumbra como arbitraria, absurda o que carezca de fundamentación.-
Así, la Cámara observa que: “...se impone señalar que Skanska no contestó la demanda...” (cfr. foja 306 vta.). Luego destaca que en función de lo estatuido en el artículo 50 de la Ley Nº 1444, ante la falta de contestación de la demanda, se deben tener por cierto los hechos expuestos en la demanda, salvo prueba en contrario (cfr. foja 308) y “Por ende, si bien la norma prevé la posibilidad de que se desvirtúen los efectos del reconocimiento ficto mediante la producción de prueba en contrario, si dichas probanzas enervatorias no se producen, una vez analizada la verosimilitud y licitud de los hechos reconocidos por esa vía, el magistrado se encuentra totalmente habilitado para dictar sentencia sobre dicha base.” (cfr. foja 308 vta.).- Destaca la Cámara que era práctica de la empresa contratar em- pleados, luego despedirlos y volverlos a tomar (cfr. fs. 309 y vta.).
En atención a lo expuesto entiende: “Como conclusión de la información obtenida por el actor, cabe señalar que -a la fecha del despido del señor Macías, 07/03/2014- todos sus compa- ñeros de equipo, continuaron laborando para Skanska, por lo tanto, la causal invocada por la demandada en su carta documento (finalización de una obra), al contestar la in- timación por despido discriminatorio resultó falsa. Ello, sumado a las presunciones derivadas de la incontestación (sic) de la demanda y a la actitud reticente de Skanska al brindar información sobre sus dependientes, resultan indicios suficientes para este juzgador, de que el despido del señor Macías tuvo como finalidad deshacerse de un trabajador enfermo.” (cfr. foja 310).- Luego hace referencia a varios tratados internacionales con jerarquía constitucional que prohíben la discriminación (cfr. foja 312).
Destaca que el derecho a la no discriminación forma parte del ius cogens (cfr. foja 315 vta.). Agrega que: “La necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de facultades legales, pasa por considerar la especial dificultad que -en no po- cas ocasiones- ofrece la operación de develar en los procedimientos judiciales corres- pondientes la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad del acto empresarial. En consecuencia, aunque se trate de un acto discrecional o no causal, el empleador está obligado a hacer transparentes las razones de la medida adoptada cuando se sos- peche que, cobijada tras la ausencia de motivación, existe una violación de los dere- chos fundamentales del trabajador, pues el ejercicio de facultades legales, aún discre- cionales o no causales, no puede conducir en ningún caso a la producción de resulta- dos inconstitucionales, lesivos de aquellos derechos fundamentales, máxime si vulne- ran el jus cogens...Entonces, estando en cabeza de la empleadora demostrar que el despido del señor Macías obedeció a causas extrañas a la discriminación por él ale- gada, y no habiéndolo hecho, corresponde tener por acreditado que el distracto fue ilegítimo porque tuvo como motivación el estado de salud del actor.” (cfr. fs. 315/ 316).- Aunque lo decidido por la Cámara pueda resultar opinable, lo cierto es que los argumentos brindados por la recurrente no han intentado demostrar que la resolución recurrida constituya una decisión sujeta a descalificación -que le permita arribar a esta instancia excepcional- por carecer de fundamentos o por aban- dono notorio de prescripciones legales.
Motivo por el cual el recurso de casación de- viene inadmisible.-
Por otro lado, resulta extemporáneo y por ende inatendible en esta instancia extraordinaria provincial, la alegada falta de idoneidad del tipo de pro- ceso por el que transitó la causa (sumarísimo laboral), pues tal argumentación no fue sometida en tiempo oportuno ante el tribunal de grado (cfr. Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2684, Folio 4092/4096).-
Así ha dicho este Tribunal que: “…Corresponde reiterarlo, no se puede en esta excepcional instancia atender las reflexiones tardías de las partes, re- cuérdese que tal como lo explica Hitters (Recursos Extraordinarios y Casación, Ed. LEP, 2da. ed., pág. 182) en la casación hay motivos de impugnación reglados en for- ma expresa, se controla lo decidido en instancias ordinarias y que el recurso tiende a controlar providencias ya dictadas, de ahí entonces que resulten ajenas a este carril aquellas cuestiones que no han sido propuestas en las instancias ordinarias (pág. 613). Así se ha dicho que: '…Resultan inaudibles los planteos del recurrente que no fueron sometidos a conocimiento de la Cámara en el tiempo procesal oportuno, pues no pue- den ser traídos intempestivamente a esta instancia extraordinaria…' (SCBA, 'Granea, Aldo M. s/ Robo calificado', 2/04/03). Si las argumentaciones que desarrolla el recu- rrente no fueron oportuna y suficientemente propuestas a los jueces de grado, ello im- pide su consideración en la instancia extraordinaria (Fallos: 313:342).” (cfr. Sentencia, Tomo XI, Reg. 400, Folio 2165/2170).- También es inadmisible la alegada violación de la doctrina legal, ya que el recurrente ni siquiera invoca concretamente un precedente emanado de este Alto Cuerpo que contraríe lo resuelto por la Cámara y que reúna las condiciones descriptas en el artículo 3 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Manda esta que dispone, en lo que aquí interesa, que: “Habrá lugar al recurso de ca- sación por violación de la ley o doctrina legal cuando la sentencia: a) Haya violado o aplicado erróneamente la ley o la doctrina legal sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años...”.- Asimismo debemos agregar que la incongruencia que la recurrente plantea no se encuentra debidamente fundada.-
En su demanda, el actor solicitó que se deje sin efecto el despido incausado; que se lo reincorpore al puesto de trabajo; y el pago de haberes deven- gados desde el despido hasta el efectivo reintegro, una suma en concepto de daño mo- ral, más intereses (cfr. foja 105). Sobre estos tópicos fue que decidió la sentencia im- pugnada.-
Sobre esta cuestión, este Alto Tribunal ha sostenido que: “…el principio de congruencia -que debe estar presente en las sentencias- consiste en la co- rrelación que debe existir entre la pretensión y la decisión, de conformidad al art. 34, inc. 4to. y 164, inc. 6to. del C.P.C. y C., sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…” (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 425, Folio 2322/2327). En virtud de lo antedicho, se advierte que la recurrente no realiza una argumentación adecuada res- pecto de la pretendida conculcación del mencionado principio, ni tampoco se observa en la sentencia atacada el defecto alegado ni la inclusión de cuestiones ajenas al obje- to del proceso o pronunciamiento sobre cuestiones no incluidas en la demanda. Razón por la cual deviene inadmisible el pretenso agravio.- En cuanto, a la alegada violación de derechos y garantías que emanan de la Constitución Nacional, no podemos soslayar que la recurrente sólo se ha limitado a enumerar artículos, derechos y garantías que considera violados sin ex- plicar, de que manera el fallo de Cámara produjo tal vulneración. No basta la sola in- vocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar un planteo en tal sentido. Este Tribunal Superior de Justicia en reiteradas oportunidades ha puntualizado que: “... la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de que manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio...” (cfr. Interlocutorio, To- mos XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156; XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594).-
V. Que en conclusión, se constata que las críticas de la parte recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficien- tes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta, máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara resulta coherente. Más allá que se pueda o no coincidir con la solución arribada.-
En esta inteligencia, tiene dicho este Alto Cuerpo que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opi- nión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para de- mostrar que esta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. Interlocutorio, Tomos VI, Reg. 893, Folio 1044/1046; XI, Reg. 1462, Folio 2044/2045, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalo- rizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo; violación de la ley o de la doctrina legal; y/o quebrantamiento de forma, circunstancia esta que no se avizora en el sub lite.-
VI. Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citada, el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 344/356 vta., no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declarar- lo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 364/365 vta. de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 373.-
2. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 344/356 vta. y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 364/365 vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en vir- tud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé G. Fernández (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1022I.191 Tomo: XXX Interlocutorio: 3480 Folio N°: 5942/5946 Secretaría: 1
Fin de la sentencia