Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-14014303-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 3156/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12210-5272-2008 en fecha 17 de mayo de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 22 de diciembre de 2022.
2Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-109949128-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 2 de Octubre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “MAGALCUER S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2023-14014303- -APN- SGASAD#TFN )
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que mediante RE-2023-14012927-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma MAGALCUER S.A., mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución de PRLA N° 3156 de fecha 17/05/2018, notificada el día 28/12/2022, en el marco de la actuaciones SIGEA N° 12210-5272-2008, en la cual se formula cargo en concepto de tributos por la suma de u$s 7.183,60.- con más la suma de $15.492,22.- correspondiente a percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, todo ello en relación con la destinación de importación temporaria DIT Nº 06 073 IT15 000146 J.
La firma importadora plantea la nulidad del procedimiento, atento que la notificación de la condena aduanera se efectuó 16 años después de la importación temporal objeto de autos. Cuestiona la dilación del sumario, sosteniendo que ello resulta violatorio del derecho de defensa y del principio de “plazo razonable” respecto a la duración del proceso judicial. Afirma que ha cumplido con la reexportación en tiempo y forma, pero que ya no conserva la documentación para acreditar ello, atento que transcurrio en exceso el plazo de conservación de la documentación -10 años-, señalando que la Aduana tampoco cuenta con los archivos correspondientes dado que fueron destruidos, de manera tal que ninguna de las partes conservan los antecedentes de la operatoria de importación temporal y posterior reexportación. Que la situación descripta la coloca en una situación de indefensión, solicitando que se declare nulo e ilegal el reclamo, y por operada la prescripción. Destaca que, de la lectura del expediente administrativo, no se trata de un tema de gran complejidad en el que la Adiministración haya realizado numeroras y engorrosas tareas administrativas, que fueron unos pocos pasos procesales entre los cuales transcurrieron muchos años sin razón ni justificación alguna. Asimismo, plantea la nulidad de la resolución aduanera, toda vez que fue dictada sin haberse corrido vista de la infracción imputada a la importadora, impidiendole ejercer su derecho de defensa en juicio. Por otra parte, manifiesta que la firma se presentó en concurso preventivo de acreedores en el año 2008, y que la obligación tributaria como la multa tienen carácter pre-concursal, imponiendo al Fisco el deber de verificar su crédito en el concurso, pedido que la demandada no realizó en los términos del art. 32 de la ley 24552, encontrándose prescripto el plazo para efectuar dicha verificación y, por ende, la exigibilidad de dicho crédito. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia revocando la resolución recurrida, con costas.
II. Que mediante el IF-2023-47704155-APN-DTD#JGM, la representación del Fisco contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Niega todos y cada uno de los hechos en los que la actora sustenta su libelo apelatorio, que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte, o que surjan de las constancias de las actuaciones administrativas.
Afirma que el escrito recursivo carece de toda razonabilidad y sustento fáctico como jurídico, correspondiendo su desestimación. Que de la lectura de las actuaciones administrativas, no puede calificarse el accionar del Fisco contrario a Derecho, como lo pretende la actora. Recuerda que, respecto al régimen especial de importación temporal, la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al mismo, recae sobre la importadora, quien debe demostrar fehacientemente y con la documentación aduanera pertinente, que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado, lo que no hizo. Señala que no hay cosa fortuito o de fuerza mayor que lo exima, por ello son plenamente válidas las obligaciones que nacen de la resolución aduanera. Respecto a los planteos de nulidad, no corresponde acceder a la misma atento que existe una etapa judicial posterior a la administrativa, por lo que no se produce una efectiva violación por cuanto existe la posibilidad de subsanarse, destacando que la recurrente pudo argumentar en la presente instancia, las cuestiones fácticas y juridicas que considere oportunas, como ofrecer prueba. Asimismo, sostiene que carece de asidero pretender que la instrucción del sumario reúna todos y cada uno de los elementos estipulados por la norma. Niega que la falta de corrida de vista resulte causal de nulidad, citando jurisprudencia que respalda tal afirmación. Rechaza los planteos de prescripción respecto a la acción del Fisco para imponer penas como para percibir tributos, manifestando en lo que respecta al “plazo razonable”, que no resulta aplicable en autos toda vez que se juzga la responsabilidad infraccional de una persona de existencia ideal, entre otros argumentos ezbozados, solicitando una aplicación “mesurada” del mismo. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución objeto de apelación, con costas a la parte actora.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-5572-2008 consta a fs. 1 el Acta de Denuncia N° 545/08 de fecha 25/08/2008, en la que se deja constancia que la firma “MAGALCUER S.A.” se encontraría incursa en la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero toda vez que no habría reexportado o importado a consumo la mercadería importada temporariamente al amparo de la destinación Nº 06 073 IT15 022146 J, cuyo vencimiento habría operado el 22/08/2008. Se observa que no obra agregada la carpeta de destinación referida en su totalidad. A fs. 6/8 se efectúa el aforo de la mercadería. A fs. 14 se emite certificado provisorio de deuda, atento que la firma se encuentra en concurso preventivo. A fs. 18 se dispone la instrucción de sumario con fecha 12/07/2013. A fs. 20 se incorpora la poliza Nro. 617469 emitida por Aseguradora de Cauciones Cía. de Seguros S.A. A fs. 22 obra la liquidación de tributos y multa. A fs. 24 y vta se encuentra la Resolución de PRLA Nº 3156 de fecha 17/05/2018, apelada en la especie.
IV. Que habiendose elevado los autos a la Sala “F”, los mismos se encuentran en condiciones de dictar sentencia.
V. Que se le imputa a la firma importadora la presunta comisión de la infracción al régimen de importación temporaria, tipificada en el art. 970 del C.A., por no cumplir en tiempo y forma con la reexportación o, en su defecto, la importación a consumo de la mercadería amparada por la D.I.T. N° 06 073 IT15 000146 J. Que, bajo tales premisas, corresponde -en primer lugar- tratar la nulidad de la resolución apelada opuesta por la firma actora, con fundamento en que el servicio aduanero dispuso sin más el archivo del sumario y la intimó al pago de tributos, sin posibilidad alguna de defensa al respecto, al no haberle notificado la corrida la vista prevista en el artículo 1101 del C.A., lo que vulnera la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso legal.
En tal sentido, cabe recordar que la referida norma dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
VI. Que de la plataforma fáctica de la litis se desprende que la Aduana omitió notificar la corrida vista de lo actuado, al presunto responsable de la infracción prima facie verificada y, concretamente, de las obligaciones tributarias emergentes de la destinación involucrada en la especie, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa, disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción General 9/17 (DGA) y la formulación de cargo a la aquí recurrente y a la empresa garante, por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento de la destinación de importación temporal Nro. 06 073 IT15 000146 J.
Por ende, cabe colegir que, en el caso, la Aduana se apartó del procedimiento reglado por el Código Aduanero para las infracciones, habida cuenta que, luego del dictado de la instrucción de sumario, ninguna intervención se le otorgó a la firma recurrente, siendo que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, no existió la oportunidad de acompañar o, en su defecto, solicitar el agregado de la documentación que pudiera acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria.
Por lo demás, tampoco debe perderse de vista que la apelante recién pudo tomar conocimiento fehaciente de la existencia del sumario en trato al notificarse del dictado de la resolución apelada en autos, recién con fecha 28/12/2022 (confr. fs. 25 act. adm.), donde se le reclama el pago de los tributos que corresponderían por el incumplimiento del DIT en cuestión.
VII. Que la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual la recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia del reclamo tributario que pretende percibir la Administración y es en el marco del mismo, donde se debe garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado primordialmente en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Asimismo, es dable señalar que el procedimiento para las infracciones resulta ser la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la beneficiaria del régimen, por lo que no cabe duda que la omisión de notificar la corrida de vista de los presentes actuados, desnaturaliza el procedimiento bajo análisis y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada en autos.
En consecuencia, y toda vez que la omisión de notificar la corrida de vista a la empresa recurrente, le impidió ejercer debidamente su derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, causándole un perjuicio que no es susceptible de ser subsanado en esta instancia, vulnerándose así elementales principios de jerarquía constitucional, el derecho a ser oído y derecho al debido proceso, en cuanto se exige el pago de tributos por la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 de la ley 22.415 sin haberse verificado ni constatado la misma, cabe concluir en que no procede exigencia tributaria alguna en relación a MAGALCUER S.A. en las presentes actuaciones, en tanto la DGA no ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero, por lo que resulta ajustado a derecho declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 3156.
VIII. Que, sentado ello, corresponde entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 17/05/2018 y notificada recién el 28 de diciembre de 2022, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentra adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN- SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2009, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 22/08/2008), debiendo haber fenecido el 1/1/2014, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario en fecha 12 de julio de 2013 -fs. 18 act. adm.-, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
IX. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del Código Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Cabe destacar que, si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (12/7/2013) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 17 de mayo de 2018- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el dia 28 de diciembre de 2022 (confr. fs. 25 act. adm.), es decir, cuatro años y seis meses después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
X. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
XI. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
XII. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide el agravio bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la DIT en trato ha vencido en fecha 22 de agosto de 2008 y la resolución apelada ha sido notificada el 22 de diciembre de 2002, casi 4 (cuatro) años y medio después, cuadra repetir, de haber sido dictada (17/05/2018). Por consiguiente, se concluye que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550-
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN- VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto consitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
XIII. Que, por último, corresponde puntualizar que en la especie el servicio aduanero ha procedido –cabe precisar que sólo en materia infraccional, pues también ha formulado un cargo aduanero a la empresa importadora y a la compañía aseguradora interviniente- , al “archivo”, sin más trámite, de las presentes actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 9/17 dela DGA (art. 1° Resol. DE PRLA n° 4395/2018). Por lo tanto, y en la medida en que el suscripto considera que dicha decisión aduanera se ha tornado definitiva e irrevocable, no corresponde pronunciarse sobre dicho extremo, al no existir en la litis un planteo concreto de la interesada en relación a ello, màxime cuando la jurisdicción de este Tribunal se encuentra en este supuesto limitada por los términos del escrito en recurso (confr. doctrina de Fallos: 296:291; 302:283; entre muchos otros). Asimismo, el archivo del presente Sumario en la faz infraccional implicó indudablemente una renuncia de la DGA a ejercer la potestad sancionatoria, por lo que ello impide ingresar en el examen de dicho agravio (confr. Sala I Contencioso Administrativo Federal in re “Denso Manufacturing Argentina S.A.”, del 11 de octubre de 2022).
XIV. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
XV. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813. Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
XVI. Que, asimismo, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 3156/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12210-5272-2008 en fecha 17 de mayo de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 22 de diciembre de 2022.
2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma MAGALCUER S.A. en las presentes actuaciones.
3. Costas a cargo del Fisco.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que, en razón de los fundamentos desarrollados por el Sr. Vocal instructor para dar sustento a la nulidad que postula – y comparto –, entendiendo que la ponzoña esparcida desde la omisión en disponer la corrida de vista abarca – claro está – la resolución que se recurre, entiendo que no corresponde adentrarse en la suerte de la acción del Fisco para percibir tributos en el sentido dispuesto por el Dr. Garbarino, y por ello, sólo cabe como respuesta definitiva a la cuestión, la declaración de nulidad del acto resolutivo por el que se excitó esta jurisdicción, con costas a la perdidosa.
El Dr. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. González Palazzo.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 3156/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12210-5272-2008 en fecha 17 de mayo de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 22 de diciembre de 2022.
2. Costas a cargo del Fisco.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese.
Date: 2025.10.02 11:29:50 ART Date: 2025.10.02 13:00:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.02 22:40:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.02 22:40:54 -03:00
Fin de la sentencia