Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 35.024-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 2º de la Resolución DE PRLA N° 2424/2014, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 13/05/2014, en la actuación SIGEA Nº 12210-4555-2008, reduciendo la multa allí impuesta, y fijándola en la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 17/100 CVOS. ($ 2.420,17) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, en relación a 15 unidades del ítem 1 y 23,28 y 25 kgs. del 2 -subítems 1 y 2- de la operación N° 06073IT16000173K. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 22 % a cargo de la actora y en un 78 % a cargo del Fisco.
2Confirmar parcialmente el art. 4º de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XII del presente, declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 44/100 CVOS. (U$S 779,44) suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 41 % a cargo de la actora y en un 59 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-12140300-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 3 de Febrero de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “MAGALCUER S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” Expediente N° 35.024-A, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 2424/2014, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 13/05/2014, en la actuación SIGEA Nº 12210-4555-2008, en cuanto dispone condenar a la actora al pago de una multa equivalente a $ 10.890,77 y formularle cargo, conjuntamente a la aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A., en concepto de tributos, por la suma de U$S 1.332 y $ 1.743,14 (IVA adicional e Impuesto a las Ganancias) con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., por encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a 15 unidades del ítem 1 y a la totalidad del ítem 2 de la destinación N° 06073IT16000173K, con vencimiento el 07/07/2007. Asimismo, resolvió absolverla por 5985 unidades relativos al ítem 1.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 214/217 se presenta por apoderado MAGALCUER S.A. e interpone recurso de apelación. Asevera que la mercadería importada fue utilizada para producir cinturones de cuero, los que fueron debidamente reexportados. Sostiene que ello quedó comprobado con la documentación agregada. Explica que la relación insumo-producto surge de los CTC definitivos Nros. 1951/05 y 8401/99. Agrega que, a la luz de ese razonamiento, la infracción endilgada no se configuró. Para concluir, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: A fs. 227/233 la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Afirma que la importadora era la responsable de incluir la documentación que acredite la reexportación. Reseña las disposiciones del régimen de importación temporal incluidas en el C.A. Puntualiza que la carga de la prueba recae sobre la importadora. Observa que la conducta se encuentra tipificada en la previsión del art. 970 del C.A. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N°12210-4555-2008 se inician a fs. 1/3 con el acta de denuncia N° 418/08. A fs. 4 se agrega el sobre original del despacho. A fs. 6/7 se efectuaron el aforo de la mercadería y la liquidación de tributos. A fs. 20, en fecha 14/05/2009, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 31 y vta., en fecha 17/05/2010, se corre vista de lo actuado, notificada a fs. 34, en fecha 20/05/2010. A fs. 35/46 la importadora contesta vista y adjunta documental. A fs. 49/50 se incluye la póliza N° 535513. A fs. 52 se efectúa nueva liquidación de tributos y multa mínima. A fs. 55 se rectifica la corrida de vista, notificada a fs. 58/59. A fs. 69 consta la Nota N° 3484/2014 (SE PTEZ). A fs. 73/80 se incluyen antecedentes del Registro de Infractores. A fs. 82/85 se emite el acto apelado, notificado a fs. 88 y 89. A fs. 90/91 la actora da cuenta del recurso interpuesto y acompaña formulario F4.
V. Que a fs. 235, en fecha 07/07/2017, se abrió la causa a prueba.
VI. Que por PV-2025-120446037-APN-VOCXXI#TFN se certificó la prueba producida. En fecha 11/11/2025 se elevaron los autos a la Sala “G” (PV-2025-125369495-APN-VOCXXI#TFN). En fecha 12/11/2025 por IF-2025-125981834-APN-VOCXXI#TFN se pusieron para alegar. Finalmente, en fecha 29/12/2025 pasaron a sentencia (IF-2025-143617706-APN-VOCXXI#TFN).
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
VIII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
La Exma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal enfatizó en la importancia de la documentación con aptitud para acreditar la cancelación de la temporal, en este sentido: “En efecto, en los supuestos de importación temporaria con fines de transformación…la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación de los insumos son los correspondientes permisos de embarque y CTC ―o copias de aquellos instrumentos, frente a la imposibilidad de acompañarlos―, a fin de poder constatar la relación insumo-producto y, con ello, la efectiva regularización de la mercadería introducida mediante los DIT en cuestión” (Sala IV, causa 35392/10, “Orandi y Massera SA”, sent. del 15/3/11, y sus citas, citado en MAGALCUER S.A. (TF 39694-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo, 06/03/2025)
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
X. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Mediante la destinación bajo análisis MAGALCUER S.A. importó temporalmente, bajo el régimen del Decreto N° 1439/96 6.000 unidades de cadenas (ítem 1) y 23,28 y 25 kgs. correspondientes a los subítems 1 y 2 (ítem 2).
A fs. 69 de las actuaciones administrativas obra la Nota N° 3484/2014 (SE PTEZ) por la cual la Sección de Procedimientos Técnicos de la Aduana de Ezeiza ratificó la denuncia por 15 unidades del ítem 1 y 23,28 y 25 kgs. del 2 (subítems 1 y 2). En relación a este último aspecto, concluyó que en la planilla anexa al CTC 8401/99 no se identifican ninguno de los códigos de insumo declarados en los respectivos subítems.
Que asiste razón al área técnica en ese punto, ya que efectivamente puede constatarse que no existe correspondencia entre los códigos de los insumos incluidos en el CTC referido y los que surgen de la temporal en trato (subítems 1 y 2, ítem 2).
Esta circunstancia impide determinar cuál fue la relación insumo-producto utilizada y, por lo tanto, obstaculiza efectuar la correspondiente descarga.
En el Expediente N° 35.590-A de igual carátula que la presente (confirmado por unanimidad por la exma. CNCAF, Sala IV, sentencia de fecha 15/07/2025) este Tribunal señaló la importancia de que la documentación que obre en autos tenga entidad para acreditar debidamente la descarga, cuestión que no sucede en autos.
XI. Sin perjuicio de lo señalado en el considerando que antecede, corresponde referirme a la multa impuesta, que según se desprende de la resolución apelada, a los fines de determinar el quantum, se tuvieron en cuenta las impresiones de pantalla del Registro General de Infractores obrantes a fs. 73/80 de las actuaciones administrativas, de las que resultarían antecedentes infraccionales (razón, por la cual se graduó la pena en cuatro veces y media).
Que al respecto cabe destacar que las referidas constancias no pueden ser tenidas en cuenta a los efectos de su consideración para evaluar de la situación de reincidencia a que alude el art. 927 del Código Aduanero, ya que adquirieron firmeza en los años 2009 y 2010, con posterioridad al vencimiento de la destinación en trato.
Que, aunque el art. 915 del Código Aduanero, solo requiere tener en cuenta entre otros aspectos a los antecedentes del imputado, sin mencionar de manera específica a la “reincidencia” como concepto técnico, estimo que las situaciones expresadas en el párrafo anterior pueden ser tenidas también cuenta como un mero antecedente, aunque sin poder equipararse en su evaluación, que no reviste la misma importancia, al supuesto de “reincidencia”.
Que, al respecto, debe recordarse que la Corte Suprema ha dicho que “son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 290:202, 5 considerando y sus citas)” (“SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del 27/12/88, Fallos, 311:2779).
Que, entonces, la graduación de la sanción debe ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias que, en la convicción del intérprete juez administrativo, permitan encontrarla configurada y en los antecedentes computables que puedan endilgársele al infractor.
Que, así las cosas, la multa debe fijarse en una (1) vez el importe de los tributos equivalente a $ 2.420,17 (cfr. fs. 71 vta. de las act. adm.)
XII. Previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, corresponde que me expida sobre la incorporación del derecho adicional, que fuera reclamado en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas (fs. 70/71).
Que la inclusión de dicho rubro no resulta procedente. Ello así, en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero, y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que "...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 (en el caso la resolución 1439/96) puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine." (página 6, considerando 9), párrafo tercero). Por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema “sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212:51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal...” (C.S.. “Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo”, del 4/7/85, Fallos 307:1094 y sus citas).
En el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria “nacionalización ficta”, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Consecuentemente, debe reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 70/71 de las actuaciones administrativas. Asimismo, corresponde señalar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ ENDGA resol. 2590/06 (expte. N° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A), sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de "obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento" (Fallos: 285:177)”.
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal.”
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes reclamados en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
En virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 70/71 de las actuaciones administrativas, sin incluir las percepciones de IVA y ganancias, ni el derecho adicional, conforme se detalla a continuación:
TOTAL ADEUDADO POR TRIBUTOS EN VIRTUD DE LA DESTINACIÓN N° 06073IT16000173K U$S 779,44.
XIII. En el caso de autos, en cuanto a los intereses, teniendo en cuenta la notificación de la corrida de vista, en fecha 20/05/2010 (fs. 34 de las act. adm.) corren desde el 04/06/2010 (art. 794 del C.A.). Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 2º de la Resolución DE PRLA N° 2424/2014, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 13/05/2014, en la actuación SIGEA Nº 12210-4555-2008, reduciendo la multa allí impuesta, y fijándola en la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 17/100 CVOS. ($ 2.420,17) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, en relación a 15 unidades del ítem 1 y 23,28 y 25 kgs. del 2 -subítems 1 y 2- de la operación N° 06073IT16000173K. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 22 % a cargo de la actora y en un 78 % a cargo del Fisco. 2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 4º de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XII del presente, declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 44/100 CVOS. (U$S 779,44) suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 41 % a cargo de la actora y en un 59 % a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto del Vocal preopinante. Sin embargo, en lo que respecta a la posibilidad de modificar el quantum de la multa impuesta, situación que fue introducida por el vocal instructor, encuentro que el examen de esa situación no resulta posible, habida cuenta de que, más allá del acierto o error del acto administrativo sancionatorio, la recurrente no expresó ningún agravio sobre ese punto. Por consiguiente, además de que resulta resorte primario de la autoridad administrativa la determinación de la sanción aplicable, en el caso bajo examen su consideración implicaría actuar en menoscabo del derecho de defensa de la demandada.
Por ello, voto por:
1).- CONFIRMAR el art. 2° de la Resolución DE PRLA N° 2424/2014, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 13/05/2014, en la actuación SIGEA Nº 12210-4555-2008.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 4º de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 44/100 CVOS. (U$S 779,44) suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado.
3).- Costas conforme a los respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 2º de la Resolución DE PRLA N° 2424/2014, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 13/05/2014, en la actuación SIGEA Nº 12210-4555-2008, reduciendo la multa allí impuesta, y fijándola en la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 17/100 CVOS. ($ 2.420,17) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, en relación a 15 unidades del ítem 1 y 23,28 y 25 kgs. del 2 -subítems 1 y 2- de la operación N° 06073IT16000173K. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 22 % a cargo de la actora y en un 78 % a cargo del Fisco. 2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 4º de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XII del presente, declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 44/100 CVOS. (U$S 779,44) suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 41 % a cargo de la actora y en un 59 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones administrativas y oportunamente, archívese. Date: 2025.12.30 13:25:10 ART Date: 2025.12.30 15:52:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.03 16:27:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.03 16:28:20 -03:00
Fin de la sentencia