Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 33.989-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el art. 3º de la Resolución DE PRLA nº 5756, recaída en la Actuación nº 12210-2345-2008, en los términos de lo indicado en el considerando nº XII.-, por aplicación del principio de bagatela.
2Revocar el art. 5º de la Resolución DE PRLA nº 5756, recaída en la Actuación nº 12210-2345-2008, con relación a la firma aquí apelante, en los términos de lo indicado en el considerando nº XII.-, por aplicación del principio de bagatela.
3Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-57345939-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 9 de Junio de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura (Vocal subrogante), Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “MAGALCUER S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 33.989-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 5756/2013 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en la actuación SIGEA N°12210-2345-2008, en cuanto resuelve condenar a la firma MAGALCUER S.A. al pago de una multa equivalente a $ 7.736,09 y formularle cargo, conjuntamente a la aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en concepto de tributos adeudados por U$S 1.318,48, atento a encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 05 073 IT15 000229 K, con vencimiento el 28/12/2006.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 165/167vta. se presenta por apoderado MAGALCUER S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución aquí apelada. Sustenta su pretensión en el cabal cumplimiento del régimen legal al que se adhirió. Explica que procedió a importar temporalmente mediante la DIT Nro. 05 073 IT15 000229K, determinados insumos a emplear en su actividad industrial con destino a la exportación, y que luego, y dentro del plazo previsto para ello, procedió a exportar la producción resultante, empleando la totalidad de la materia prima ingresada temporalmente. Precisa que el servicio aduanero no constató en sus propios registros la cancelación de la DIT. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: A fs. 180/185 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto y, posteriormente, acompaña las actuaciones administrativas. Formula una negativa genérica. Realiza un breve raconto de lo acontecido en Sede Aduanera. Expresa que la actora no ha dado cumplimiento con los requisitos legales establecidos por la normativa, que por ello se presume que la mercaría fue importada para consumo y corresponde que sean abonados los tributos aplicables a ese hecho imponible. Sostiene que la carga de la prueba recae sobre la importadora. Asevera que quedó comprobado que la actora no cumplió con las obligaciones a su cargo y que ello habilita el reproche infraccional. Se expide sobre la obligación de responder de la aseguradora, dado que se configuró el siniestro frente al aludido incumplimiento. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el Fallo Aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-2345-2008 se inician a fs. 1/3 con el Acta de Denuncia N° 188/08. A fs. 4 se agrega el sobre contenedor de la destinación en trato. A fs. 6 se efectúa el aforo de la mercadería y a fs. 7 la liquidación de tributos. A fs. 12/13 se informa que la firma Magalcuer SA se encuentra en estado de concurso preventivo. A partir de fs. 16 se refolia la causa, se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1.090 inc. c) del CA con fecha 01/10/2008 y se corre vista a la importadora (notificada el 17/05/2010 a fs. 31). A fs. 18 luce Actuación Nro. 10496-38-2009 sobre Sustanciación de Sumario Contencioso. A fs. 23 obra consulta de garantía global o unitaria. A fs. 32/40 se presenta la actora, contesta vista y aporta documentación. A fs. 41/42 luce determinación de tributos y multa. A fs. 43 se tiene por presentada a la firma, por contestada la vista en tiempo y forma, y se la intima para que aporte copia certificada de los PE que se detallan. Asimismo, se rectifica la vista de fecha 01/10/2008, se informan nuevos tributos adeudados y se cita a la firma aseguradora, siendo ambas notificadas el 30/04/2023, cfme. surge fs. 47 y 48. A continuación se adjunta el Alcance Nro. 12210-2345-2008/2. A fs. 95/99 la firma importadora contesta la rectificación de vista y a fs. 117/122 contesta vista la aseguradora. A fs. 122 obra Póliza de Seguro. A fs. 132 luce Nota nº 665/2013 (SE PTEZ) por la cual se Rectifica la denuncia de fs. 3, informando que la infracción es por 13.391,63 unidades, las cuales no se encontrarían descargadas en las Planillas de Seguimiento de fs. 57/58, las copias a fs. 46/47 y de los Print de pantalla SIM de fs. 78/101. A fs. 133 obra nueva Determinación de Tributos y Multa. A fs. 134/153 lucen consultas de Declaración Detallada y a fs. 154/160 consultas al Registro de Infractores. A fs. 162/165 obra la Resolución DE PRLA Nº 5756/13, a fs. 166 se emite Dictamen nº 1365/13 (DV DSAD). A fs. 168/170 se aprueba la Resolución Aduanera apelada. A fs. 176 la aseguradora acredita el pago de los tributos, generándose la liquidación manual N° LMAN 14073LMAN032154 D.
V. Que a fs. 209 se abrió la causa a prueba, la que fue producida a fs. 221/445, 453/457, 475/477 y 508/511 y 526/527. A fs. 542 se elevan los autos a la Sala “E”, a fs. 543 se ponen para alegar. A fs. 546/550 se agrega el alegato presentado por la actora. A fs. 552 se pasan los autos a dictar sentencia.
VI. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la Destinación Nro. 05 073 IT15 000229K. Que de la compulsa de los antecedentes administrativos, resulta que la firma MAGALCUER SA, realizó mediante el referido DIT, registrado ante la Aduana de Ezeiza, el 28/12/2005, la importación temporaria de los insumos detallados en el mismo al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 28/12/2006. Ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia, se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA, condenándose a la actora mediante la resolución aduanera aquí apelada en relación a parte de la mercadería amparada por el DIT señalado.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los CTC eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el CTC se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
VIII. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que en el caso de autos, la firma MAGALCUER S.A. importó-mediante la DIT N° 05 073 IT15 000229 K 138.375 unidades de manufacturas de plástico bajo la P.A. N° 3926.90.90.
Que respecto a la referida destinación mediante la Nota nº 6665/2013 obrante en las Act. Adm. el Jefe (int.) de la Sec. Proc. Técnicos informó que “…se Rectifica la denuncia que obra a fs. 3 toda vez que se habrían reexportado en tiempo oportuno 124.983.37 unidades del ítem-1, quedando en infracción un saldo de 3,07 unidades del ítem-1/Subitem-1 y 13.388,56 unidades del ítem-1/Subitem-2, dado que se mencionan 13.356,24 unidades descargadas en el permiso EC03-13815-P y en el mismo se han exportado 6.678,12 unidades no correspondiéndose la relación Insumo/Producto del CTC (1,010/1); sería un total en infracción de 13.391,63 unidades, las cuales no se encontrarían descargadas en las planillas mencionadas y por lo expuesto en relación al P.E.”
Que así las cosas, del análisis de la documentación obrante en autos, se desprende que el Permiso de Embarque N ° 06 073 EC03 013815 P (cuya copia fue aportada como prueba documental a fs. 115/127) alude en su hoja de descarga la cancelación de 6.678,12 unidades correspondientes a la Destinación 06 073 IT15 000011 A, y la cancelación de 13.356,24 unidades de mercadería del Subitem2 de la Destinación 05 073 IT15 000229 K, Solicitud de CTC nº 061000032.97 (CTC 8399-99), por el cual se establece la relación Insumo: Manufacturas de Plástico -NCM 3926.90.90-, Producto: Perchas Plásticas – NCM 4203.30.00-, con el detalle de la relación insumo-producto de 1,010 por 1 unidad, y se reconoce como mermas y perdidas un 1.00%.
Que de la lectura de ello, se advierte un error por parte del Servicio Aduanero al momento de efectuar la descarga, tras considerar descargadas 6.678,12 unidades, cuando las mismas correspondían a otra Destinación, y no las 13.356,24 unidades efectivamente descargadas mediante la DIT en trato.
En ese sentido, en el marco de la prueba producida ante esta instancia, se solicitó a la DGA la remisión de los Permisos de Embarque involucrados en autos - dentro de los cuales se encuentra el PE N° 06 073 EC03 013815 P -, frente a dicha solicitud, a fs. 221/445, la Aduana informó “que no hay datos que permitan la localización física de las destinaciones solicitadas…” “… se procedió a imprimir planillas SIM (Sist. Informático Malvina) de las destinaciones solicitadas en los presentes actuados…”, de dicha documentación se desprende que el permiso controvertido figura en estado 'CANCELADO', registrando la cancelación de 13.356,24 unidades el 06/11/2006, fecha anterior al vencimiento de la Destinación 05073IT15000229K (ver fs. 380/387). Que conforme lo expuesto, se concluye que ha quedado en infracción, un saldo respecto del subítem1 (3.07 unidades) y del subitem2 (32.32 unidades), ello, conforme surge del cotejo de la documentación que obra en los actuados y que surge en forma manifiesta de las Planillas de Seguimiento de la Destinaciones Suspensivas, obrantes a fs. 4/8 de autos, de igual tenor a las que obran a fs. 36/38 de las Act. Adm., aportadas, en ambas oportunidades, por la actora.
IX. Que, previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, corresponde que me expida sobre la incorporación del derecho adicional, que fuera reclamado en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas.
Al respecto, previamente a efectos de los rubros que componen los tributos, como se explicará, debe dejarse sentado que no procede el cálculo del derecho adicional.
Ello así, en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero, y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 (en el caso la resolución 1439/96) puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (página 6, considerando 9), párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal..." (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307- 1094 y sus citas). Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria –“nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Consecuentemente, debe reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 133ref. de las Act. Adm.
X. Que, asimismo, debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XI. Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 133ref. de las act. adm., sin incluir las percepciones de IVA y ganancias, ni el derecho adicional, (conf., a la doctrina reseñada por la CSJN). Que, sentado ello, corresponde proceder a reliquidar los importes de multa y tributos, conforme lo señalado en los considerandos precedentes.
Que, para las liquidaciones que deberán practicarse, tanto para la base de multa como para los importes nominales de los tributos (de los saldos sin reexportar), deberá tomarse en cuenta el proporcional de la mercadería en infracción tomando como referencia las bases imponibles (Valor en Aduana) para el DIT involucrado en autos, los mismos rubros tributarios y las mismas alícuotas determinados por el servicio aduanero en la liquidación de fs. 133ref de los antecedentes administrativo.
Que sin perjuicio de ello, corresponde referirme puntualmente a la multa impuesta, que según se desprende de la resolución apelada, a los fines de determinar el quantum, se tuvieron en cuenta las impresiones de pantalla del Registro General de Infractores obrantes a fs. 154/160 de las actuaciones administrativas, de la que resultarían antecedentes infraccionales (razón por la cual se graduó la pena en 4 veces y media).
Al respecto cabe destacar que, según resulta de las aludidas constancias, las resoluciones con condena por infracciones han quedado firmes en los años 2009 y 2010, es decir, con posterioridad a la comisión de la infracción de autos.
En tal situación, no puede afirmarse que se dé la situación de reincidencia a que alude el art. 927 del Código Aduanero, que considera que se es reincidente cuando con posterioridad a una condena firme, cometa una nueva infracción o delito aduanero. Aunque el art. 915 del Código Aduanero, solo requiere tener en cuenta entre otros aspectos a los antecedentes del imputado, sin mencionar de manera específica a la “reincidencia” como concepto técnico, estimo que las situaciones expresadas en el párrafo anterior pueden ser tenidas también en cuenta como un mero antecedente, aunque sin poder equipararse en su evaluación, que no reviste la misma importancia, al supuesto de “reincidencia”.
Al respecto debe recordarse que la Corte Suprema ha dicho que “…son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos’ 290:202, 5º considerando y sus citas)” (“SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del 27/12/88, Fallos, 311:2779).
Por ello, la graduación de la sanción debe ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias que, en la convicción del intérprete -juez administrativo-, permitan encontrarla configurada y en los antecedentes computables que puedan endilgársele al infractor.
En consecuencia, la multa debe fijarse en una vez y media (1 y 1/2).
XII. Que, seguidamente, corresponde efectuar la liquidación actual de los tributos adeudados y de la multa aplicable:
Liquidación tributos Sub ítem 1.1 (3.07ud) y Sub ítem 1.2 (32.32ud)
BASE TRIBUTOS V.A US$ 4,12 D.I 18% 0,74 T.E 0,5% 0,02 D.A 0% 0,00 BASE IVA U$S 4,86 IVA 21% 1,02 IVA ADIC 0% 0,00 IIGG 0% 0,00
TOTAL u$s 1,78 TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS POR LOS ITEM 1.1 y 1.2 DE LA DIT N° 05 073 IT15 000229 K= U$S 1,78.
Liquidación multa Sub ítem 1.1 (3.07 ud) y Sub ítem 1.2 (32.32ud)
BASE MULTA V.A US$ 4,12 TC 3,076 D.I 18% 0,74 T.E 0,5% 0,02 BASE IVA U$S 4,86 IVA 21% 1,02
TOTAL u$s 1,78 TOTAL MULTA ADEUDADA POR LOS ITEMS 1.1 Y 1.2 DE LA DIT N° 05 073 IT15 000229 K = $ 8,21 (U$S 1,78 *3.076) POR 1 VECES Y ½.
Que, no obstante lo expuesto, en atención a la insignificancia del monto de la multa ($ 8,21) y los tributos (U$S 1,78) resultantes de la liquidación efectuada en la presente, considero que debe dejarse sin efecto el reclamo de dichos conceptos, por aplicación del principio de bagatela. Ello no significa revocar la aplicación de la multa y los tributos por no haberse dado la configuración de la infracción investigada en autos, sino por la insignificancia del monto y el costo administrativo que irrogaría su percepción. Es decir, que no se revoca la multa por no haberse configurado la infracción imputada sino por la insignificancia del monto, resultando este muy poco lesivo. En el mismo sentido, me expedí en la causa caratulada “Indugraf S.A c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, expediente nº 24.436-A, de la Sala “G”, fallado en 21/3/16.
Que, en consecuencia, también respecto de los tributos adeudados, corresponde revocar la resolución apelada, en atención a lo expresado en el párrafo precedente.
XIII. Que en atención a modo en que se resuelve, corresponde que las costas se impongan por su orden (conf. art. 1163 CA).
Que, por ello, VOTO POR:
1. Revocar el art. 3º de la Resolución DE PRLA nº 5756, recaída en la Actuación nº 12210-2345-2008, en los términos de lo indicado en el considerando nº XII.-, por aplicación del principio de bagatela.
2. Revocar el art. 5º de la Resolución DE PRLA nº 5756, recaída en la Actuación nº 12210-2345-2008, con relación a la firma aquí apelante, en los términos de lo indicado en el considerando nº XII.-, por aplicación del principio de bagatela.
3. Costas por su orden.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto precedente.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero en lo sustancia al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Revocar el art. 3º de la Resolución DE PRLA nº 5756, recaída en la Actuación nº 12210-2345-2008, en los términos de lo indicado en el considerando nº XII.-, por aplicación del principio de bagatela.
2. Revocar el art. 5º de la Resolución DE PRLA nº 5756, recaída en la Actuación nº 12210-2345-2008, con relación a la firma aquí apelante, en los términos de lo indicado en el considerando nº XII.-, por aplicación del principio de bagatela.
3. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese a la actora en el CUIT 27-23091439-2, al fisco nacional en el CUIT 33-69345023-9 y al sr. perito Javier Da Pos en el domicilio constituido en la calle Alberti 1680, CABA y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2026.06.09 13:42:49 ART Date: 2026.06.09 14:33:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.09 15:47:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.09 15:48:46 -03:00
Fin de la sentencia