Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 33670-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la firma actora y confirmar la sentencia apelada.
2Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar la sentencia apelada con arreglo al considerando IX.
3Declarar la prescripción de la potestad del Administración Federal de Ingresos Públicos de aplicar sanciones de multa en el período fiscal 2003 (considerando X).
4Imponer las costas con arreglo al considerando XII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
15371/2024 MAGALCUER SA (TF 33670-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 18 de marzo de 2025.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La firma Magalcuer S.A. interpuso el recurso previsto en el artículo 76, inciso 'b', de la ley 11.683, contra las resoluciones nºs 21/2010, 219/2015 y 159/2019 (DV NRR1) de la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva (AFIP -DGI), que determinaron de oficio su obligación tributaria en el impuesto a las ganancias (períodos fiscales 2003 y 2004), liquidaron intereses resarcitorios y aplicaron sendas sanciones de multa con sustento en los artículos 46 y 47 de la ley 11.683.
II. El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: "1. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 21/2010, conforme lo indicado en los considerandos VI a XIV. 2. Confirmar la sanción aplicada en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2004, en proporción al impuesto que se confirma. 3. Las costas se imponen en relación a sus respectivos vencimientos" (ver la sentencia del 7 de marzo de 2024 y su aclaratoria del 9 de abril).
Sobre el plano sustancial de la controversia, expuso diversos
(i) Con relación a "la impugnación de compras y gastos de los ejercicios 2003 y 2004":
—La prueba informativa que la firma actora ofreció en el Tribunal Fiscal de la Nación sólo fue contestada por "la firma TECBOFILCO [...] quien informó que efectivamente había tenido una relación comercial con la empresa actora durante el año 2003, acompañando la documentación correspondiente".
—Por tanto "corresponde tener por acreditadas las operaciones registradas con dicho proveedor [...] y mantener la impugnación respecto de los restantes, atento a que no se pudo verificar la veracidad de los mismos, toda vez que los oficios no pudieron ser recepcionados y no surgiendo de la pericia elementos hábiles a tal fin".
(ii) "[E]l organismo fiscal detectó que los depósitos bancarios depurados correspondientes al ejercicio fiscal 2004" superaban "en $ 21.233.690,29 a los fondos generados por la empresa". "Dicho monto más $2.123.369,03 correspondiente al 10% en concepto de renta dispuesta o consumida fue considerada ganancia neta del período, de acuerdo a lo establecido por el artículo 18 inc. g) de la ley 11.683". —"[E]l proceder fiscal se ajustó a derecho, toda vez que se evidencia de los antecedentes acompañados y del acto apelado, que se efectuó -durante el procedimiento llevado adelante en sede fiscal-, un análisis pormenorizado de los elementos colectados".
—El planteo de la firma actora con relación a que la diferencia detectada en los depósitos bancarios responde a aportes financieros de los directores es inadmisible pues los expertos contables informaron que "las registraciones contables referidas a tales aportes (vid. rta. punto 9)" y el "flujo de fondos de aportes y retiros (vid. rta. punto 10) [...] se encuentran desprovistos de la correspondiente documentación respaldatoria".
—Sin embargo, en función de lo expuesto en el "punto 11 del informe pericial" es parcialmente admisible el planteo en relación a que la AFIP "omitió efectuar la depuración de los conceptos individualizados como: diferencia de cambio cobro exportaciones, reintegros de IVA y reintegros de asignaciones familiares". (iii) Respecto a "la imputación efectuada respecto de los ingresos que consideró como no declarados en el período fiscal 2004" puntualizó que "le asiste razón al Juez Administrativo cuando expresa CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 15371/2024 MAGALCUER SA (TF 33670-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO que de la letra del inciso involucrado se desprende que tanto los depósitos bancarios, como las ventas que se comparan, corresponden al mismo período, razón por la cual no existe motivo para ser imputado a otro período que no fuera aquel en cual se detectó la diferencia".
(iv) "[E]n la columna I de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2003" se detectó "un importe de $ 154.037,17 que corresponde a reembolsos de exportaciones [...] que había sido restado por la recurrente del resultado impositivo": —Debía confirmarse el ajuste pues la ley nº 25.731 dispuso suspender hasta el 31/12/2003 "la exención que gozaba según lo normado en el inciso I) del art. 20 de la ley del Impuesto a las Ganancias".
(v) "[E]l organismo fiscal concluyó que la recurrente había declarado un monto de intereses presuntos inferior [...] de acuerdo con el mutuo otorgado a la firma Cueromax por los períodos 2003 y 2004 y con lo registrado en las cuentas de directores en el período 2004":
—"[L]os peritos contadores informaron [...] que la tasa de interés aplicada por la actora en el mutuo analizado no se condice con las tasas normales de mercado, [...] por ende resultó ajustado a derecho el proceder fiscal al calcular los intereses presuntos por la diferencia".
—"En cuanto a las disposiciones de fondos a favor de sus directores, cabe señalar que [la firma actora] no aportó probanza alguna en apoyo de su postura".
(vi) En relación "a la impugnación de los montos que habían sido restados al resultado impositivo por parte de la empresa, en concepto de 'ajuste de bienes de cambio' por $ 336.758,22 y 'cargos diferidos' por $ 105.066,83, el Fisco sustentó su postura en la ausencia de documentación respaldatoria":
—"[T]eniendo en consideración que los peritos informaron que solo tuvieron a la vista registraciones contables y los papeles de trabajo y que no les fue aportada ninguna otra documentación respaldatoria" correspondía confirmar el ajuste.
(vii) "[E]l Fisco impugnó el cómputo de quebrantos por $ 454.609,68, provenientes del período fiscal 2002, dado que dicho período fue objeto de una determinación de oficio que absorbió dicho quebranto":
—El Juez Administrativo expuso que esa determinación estaba "firme al no haber sido recurrida por la empresa". Sin embargo, "la actora sostiene que dicho decisorio fue objeto de demanda promovida en el año 2003 [...] causa que está pendiente de resolución". —El juzgado interviniente informó "que la demanda interpuesta por la actora fue rechazada, y se encuentra firme" por tanto "el proceder fiscal ajustado a derecho".
(vii) "Que en cuanto a los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido la contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias". (viii) En relación a la sanción de multa del período fiscal 2003: —"[R]econocido el carácter punitivo de las multas tributarias, resulta de aplicación el principio que impide la aplicación retroactiva de leyes que impliquen empeorar las condiciones de los infractores en cuyo concepto claramente debe incluirse las que establezcan un mayor tiempo de prescripción".
—"[S]entado lo que antecede, la suspensión de la prescripción contenida en el art. 44 de la ley 26.476, en tanto implica la aplicación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 15371/2024 MAGALCUER SA (TF 33670-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO retroactiva de una norma que coloca al contribuyente en una situación más gravosa [...] resulta incompatible en la especie".
—"En razón de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción respecto de la sanción aplicada por el período fiscal 2003".
(ix) "[R]especto a la sanción aplicada por el período fiscal 2004, corresponde señalar que el 10/04/2008 el Tribunal Oral Penal Económico N° 3 resolvió declarar extinguida la acción penal por prescripción" y el 13 de diciembre de 2018 "se declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por el Fisco": —"[D]e acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes entiendo que se encuentra acreditado en la litis el elemento material de la infracción".
—La conducta de la firma actora fue encuadrada correctamente "pues ha quedado claramente comprobada la voluntad de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas".
III. La firma actora apeló y expresó agravios que fueron replicados por la AFIP-DGI.
Preliminarmente, denuncia la invalidez de la resolución que efectuó el ajuste por ventas presuntas pues considera que "no se sustentó '...en el derecho aplicable', sino en otra ley ulterior" en los siguientes términos:
(i) "Tanto del texto de la Resol. 21/10 cuanto de la sentencia apelada, surge la incontrastable evidencia de que [para determinar la materia imponible] se basaron en el texto del art. 18 de la ley 11.683 modificado por la ley 26.044 (B.O. 6/7/05), que derogó la redacción que para dicho artículo había consagrado la ley 25.795 (B.O. 29/10/03)".
—La ley 25.795 era "la 'legislación vigente', tanto durante el ejercicio 2004 cuanto al momento en que mi parte presentó la declaración jurada anual de dicho ejercicio" y establecía "que las diferencias que pudieran emanar de diferentes indicios o presunciones legales deben siempre atribuirse a ventas del ejercicio fiscal del año anterior"
—La ley 26.044 cambió el criterio interpretativo y estableció que "las diferencias de base imponible así como las ventas presuntamente omitidas se atribuirían al ejercicio fiscal en que el Fisco las detecte".
—Toda vez que "su texto cambió radicalmente el criterio de interpretación legal vigente en esa época" su aplicación retroactiva vulneró garantías constitucionales y "conlleva su nulidad absoluta e insanable conforme dispone el art. 14, inciso b) de dicha ley". Subsidiariamente, limita sus agravios a cuestionar la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación respecto: al "ajuste por ventas presuntas resultante de diferencia de depósitos más 10% (art. 18, inc. g), ley 11.683)" y la "multa impuesta por violación a los artículos 46 y 47 de la ley 11.683".
(i) "[L]a sentencia se apartó injustificadamente de las conclusiones" de los expertos contables y "[s]olo mencionó genéricamente que lo informado por los peritos se encuentra desprovisto de la 'correspondiente documentación respaldatoria'". (ii) "En relación con la descalificación del 'flujo de fondos' que reflejaba el detalle de los préstamos del Sr. Castellán y de su respectiva devolución, [...] constituye una originalidad contable afirmar que no tiene tal carácter porque no incluye gastos". (iii) Los expertos contables efectuaron un minucioso control "que constató que los movimientos informados en el flujo de fondos presentado inicialmente por la empresa [...] era correcto".
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15371/2024 MAGALCUER SA (TF 33670-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (iv) "Llama la atención que se impute a la empresa" no acompañar "los resúmenes de las cuentas bancarias de los directores para verificar si los aportes que supuestamente habría realizado a la actora, se encuentran allí".
(v) "Más allá de que dichos extractos resultarían absolutamente irrelevantes, pues los depósitos y retiros en las cuentas de la empresa fueron hechos en efectivo".
(vi) La sentencia prescinde "del hecho más notorio y evidente, que es que el Sr. Castellán efectuó aportes -cuyo origen y justificación mi parte no conoce ni tiene por qué conocer-, y que no declaró a la AFIP la existencia de ese dinero".
(vii) "[L]os hechos posteriores y la evolución ecómico/financiera de la empresa sí permiten suponer que seguramente los aportes del Sr. Castellán se dieron en un contexto de dificultades crecientes, para evitar descubiertos bancarios". (viii) "[L]a sentencia debe ser revocada porque confirmó la Resol. 21/10 y calificó los hechos como constitutivos de la infracción dolosa prevista en los arts. 46 y 47 de la ley 11.683 cuando, a todo evento, cabría encuadrarlos en la figura culposa del art. 45 de dicha norma".
(ix) "[L]a revocación de lo relacionado con las diferencias de cambio, reintegros de iva y reintegros de asignaciones familiares ya decidida por la sentencia del Tribunal Fiscal, modifican y reducen los hechos pasibles de ser considerados infraccionales".
IV. La AFIP apeló y presentó el memorial que fue replicado. Sus agravios se limitan a cuestionar la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación "en cuanto resolvió por mayoría 'hacer lugar a la excepción de prescripción respecto de la sanción aplicada por el período fiscal 2003'".
Sus críticas pueden ser sintetizadas de la siguiente manera: (i) "[L]a suspensión dispuesta por la Ley 26.476 en su art. 44 resulta de aplicación al caso de autos [...] 'toda vez que no existía deuda prescripta al momento de la suspensión, y la actora sólo poseía una mera expectativa y no un derecho consolidado, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos o a su simple inalterabilidad".
(ii) "[D]e conformidad con el artículo 50 de dicha norma, sus disposiciones 'son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial'".
(iii) "[E]n cuanto al 'carácter general' de la suspensión, cabe expresar [...] que abarca a la generalidad de los contribuyentes responsables y no solamente a los que hubiesen ejercido el derecho a acogerse al régimen de normalización tributaria".
(iv) "[L]as acciones y poderes del organismo para aplicar multa no se encontraban prescriptas a la fecha que se formuló la denuncia penal (20/04/2010)" pues la sentencia quedó firme el 18 de septiembre de 2014 y debe computarse que "los 180 días que dispone el art. 65 inc. d) se cumplieron el 17/06/2015, a lo que debe sumarse el plazo de 1 año y 8 días que se encontraba pendiente de transcurrir". (v) "[L]a prescripción se rige por las leyes en vigor al momento en que se cumple" pues "las normas procesales son de aplicación inmediata a partir de su entrada en vigencia".
(vi) "[L]a Corte ha precisado que no corresponde validar la aplicación indiscriminada de los principios que rigen la materia penal a las infracciones administrativas".
V. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado, reiteradamente, que las nulidades procesales requieren un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no proceden en el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 15371/2024 MAGALCUER SA (TF 33670-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO solo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que la declaración de una nulidad por la nulidad misma es una solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fallos: 320:1611; 322:507; 324:1564; 325:1649; 334:1081; 339:480).
Ha explicado, asimismo, que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un prejuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia (Fallos: 334:1081; 339:480).
En ese mismo sentido se ha pronunciado esta sala (causas “ Cooperativa de Trabajo AEI ‘Colonia Barraquero’ LTDA c/ INAES– resol. 806/08”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012, “Velito Castillo, Luis Antonio c/ EN- DNM Ley 25.871”, pronunciamiento del13 de noviembre de 2014, “Incidente Nº 6 - s/ inc. apelación ‘Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimiento’”, pronunciamiento del 10 de julio de 2018, y “Catardo Emmanuel c/ ENCSJN-Resol Adm 50/11 2/13 (expte 57/10) s/empleo público” pronunciamiento del 12 de septiembre de 2019).
VI. El planteo de nulidad que la firma actora introdujo en su recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación y que reitera en esta instancia no puede ser admitido.
En efecto, la parte actora sostiene que la aplicación del artículo 18 de la ley 11.683, según la modificación realizada por la ley 26.044, vulnera garantías constitucionales. Sin embargo, su planteo fue introducido sin una línea argumentativa que permita apreciar cómo se materializa ese gravamen en el caso concreto.
Nótese que, sencillamente, se limitó a afirmar que la determinación de la materia imponible "no se sustentó '...en el derecho aplicable', sino en otra ley ulterior", y que "[e]llo conlleva su nulidad absoluta e insanable conforme dispone el art. 14, inciso b) de dicha ley".
Sin embargo, en ningún punto de su recurso fundamenta en qué medida el criterio de imputación que implementó la ley 26.044 torna más gravosa la determinación de la materia imponible en el impuesto a las ganancias con relación al que preveía la ley 25.795.
VII. Esta cámara, por sus diversas salas, ha dicho invariablemente que no corresponde apartarse de la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación de las circunstancias fácticas de la causa, dado los límites del recurso que prevé el artículo 86, inciso ‘b’, de la ley 11.683, a menos que se pruebe que aquel tribunal haya incurrido en un error en la apreciación de los hechos (esta sala, causas “ABC Maderas SA (TF 16870-I) c/ DGI” y “ Junquera, Marta Aurora”, pronunciamientos del 6 de diciembre de 2011 y del 4 de agosto de 2015, respectivamente; en igual sentido, Sala III, causa “ Ambulancias Privadas Argentinas SA ”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011, Sala IV, causa “L Guillon SA”, pronunciamiento del 27 de junio de 2024, y Sala V, causa “Granja La Loma SRL”, pronunciamiento del 18 de junio de 2024).
VIII. Desde esa perspectiva el recurso de la firma actora no puede prosperar, pues la totalidad de sus agravios se limitan a disentir con la valoración que de los hechos y las pruebas hizo el Tribunal Fiscal de la Nación.
En efecto, reseñó que el informe final de inspección expuso las siguientes conclusiones en relación al ajuste que aquí se discute:
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15371/2024 MAGALCUER SA (TF 33670-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO —El "denominado por la actora 'flujo de fondos' de los aportes de los directores" sólo expone "los movimientos de los aportes y retiros del director Norberto Castellán, sin considerar gastos, es decir no es un flujo de fondos".
—"[E]n las DDJJ presentadas por el Sr. Castellán, tanto de bienes personales como de impuesto a las ganancias, no se refleja ningún crédito con la sociedad".
—"[N]o se aportaron los resúmenes de las cuentas bancarias de los directores para verificar [...] los aportes que supuestamente habría realizado a la actora se encuentran allí".
Asimismo, ponderó en relación al argumento de la firma actora que gira en torno a que "la diferencia en los depósitos [...] responde a aportes financieros de los directores":
—Los expertos contables informaron "respecto de las registraciones contables referidas a tales aportes (vid. rta. punto 9) y del flujo de fondos de aportes y retiros (vid. rta. punto 10)" que eran insuficientes "para tener por acreditada la veracidad de lo alegado por la recurrente, toda vez que se encuentran desprovistos de la correspondiente documentación respaldatoria".
—"[L]a recurrente intenta probar que no se verificó, en el período 2004, un salto en la producción, respecto de los períodos inmediatos anteriores y posteriores y que los ingresos declarados por la actividad de la firma guardan afinidad con las modificaciones en los niveles de personal ocupado, compras de materias primas y maquinarias (vid. rta. 6 del informe pericial), pero se trata de una cuestión que no resulta conducente para conmover el criterio fiscal, toda vez que los ingresos omitidos pudieron originarse en otras actividades llevadas a cabo por la recurrente en forma paralela, y no necesariamente en la comercialización de su propia producción". Por tanto, el examen de las consideraciones efectuadas por el Tribunal Fiscal de la Nación en la apreciación de los hechos y de las pruebas no permite advertir que haya mediado un error que justifique apartarse de la aplicación del principio legal recordado, de modo que cabe tener por válidas sus conclusiones.
IX. La AFIP, en su memorial, defiende la validez y la aplicación al caso de las normas que el Tribunal Fiscal de la Nación en el pronunciamiento recurrido consideró inaplicables en el punto 8 del considerando II.
Esta sala sostuvo que "el TFN no está facultado a declarar la invalidez constitucional —o convencional— de una norma dictada por el Congreso de la Nación" (causa nº 57.427/2022, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 112544550-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” y nº 30.461/2023/CA1 "Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA (TF 39625-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo", pronunciamiento del 10 de julio del 2023, y sus citas y 14 de diciembre de 2023).
Y también afirmó que no se puede "prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad, pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación a principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu" (Fallos 301:958; 324 :3345; 344:307) (causas nº 57.427/2022, "Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 112544550-A)" y nº 30.461/2023/CA1 "Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA (TF 39625-A)", citadas).
Por ese motivo, la sentencia recurrida debe ser revocada en este punto.
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15371/2024 MAGALCUER SA (TF 33670-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO X. Toda vez que la firma actora insiste en su planteo de prescripción al contestar los agravios de la AFIP, este tribunal debe pronunciarse.
Esta sala ha reconocido, en numerosos precedentes, el indiscutido carácter penal de las sanciones tributarias (causas "Sol Naciente Seguro de Personas S.A.", "Frigorífico la Colorada SA (TF 34654-I) c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo" y "Tropini y Salcedo SA (TF 37717-I) Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo", pronunciamientos del 14 de septiembre de 2015, del 20 de agosto de 2019 y del 19 de agosto de 2021, respectivamente).
Y puntualizó que "el instituto de la prescripción cabe sin duda en el concepto de 'ley penal', desde que ésta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de la extinción de la pretensión punitiva" (causa nº 58086/2019 "SA Importadora y Exportadora de la Patagonia (TF 43471-I Y ACUM.) c/Direccion General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo" y sus citas, pronunciamiento del 12 de julio de 2023). En este contexto, las disposiciones contenidas en las leyes 26.476 (artículo 4) y 26.860 (artículo 17), que prevén de una manera general la suspensión de los plazos de prescripción de las acciones para aplicar multas, conllevan la aplicación retroactiva de una norma que coloca, indudablemente, al contribuyente en una situación más gravosa; circunstancia que transgrede la aludida garantía contemplada en el artículo 2 del Código Penal.
Con fundamento en esas consideraciones se advierte que la facultad para aplicar sanciones respecto del período fiscal 2003 prescribía el 1 de enero 2010, por tanto, toda vez que la denuncia penal se efectuó el 20 de abril de 2010, debe admitirse el planteo y declarar extinguida la potestad sancionadora.
XI. Respecto de la sanción de multa aplicada por el período fiscal 2004, teniendo en cuenta la forma en que quedó probado el elemento objetivo de la infracción, de conformidad con la reseña efectuada en el considerando II y dado que la firma no demostró la falta del elemento intencional ni ofreció prueba conducente para demostrar la falta de dolo en su conducta, corresponde confirmar el encuadramiento efectuado por la AFIP respecto de la conducta atribuida.
Por tanto, tampoco puede ser admitido el pedido de encuadramiento de su conducta en la figura prevista en el artículo 45 de la ley 11.683.
XII. Las costas quedan a cargo de la firma actora en tanto resulta sustancialmente vencida (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la firma actora y confirmar la sentencia apelada. 2. Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar la sentencia apelada con arreglo al considerando IX. 3. Declarar la prescripción de la potestad del Administración Federal de Ingresos Públicos de aplicar sanciones de multa en el período fiscal 2003 (considerando X). 4. Imponer las costas con arreglo al considerando XII. Regístrese, notifíquese y remítase al Tribunal Fiscal de la Nación.
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Fin de la sentencia