Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35590-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso deducido por la actora y confirmar la decisión apelada; con costas de esta instancia a la vencida, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
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22518/2025 MAGALCUER SA (TF 35590-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 15 de julio de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 68/72, el Tribunal Fiscal de la Nación:
(i) Confirmó parcialmente la resolución DE PRLA 3162/14, recaída en la actuación 12210-4700-2008, y redujo a $12.737,44 la multa impuesta a Magalcuer SA por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la destinación suspensiva de importación temporaria 06 073 IT14 14D. Distribuyó las costas de este punto en un 25% a cargo de la actora y un 75% a cargo del Fisco.
(ii) Confirmó parcialmente la exigencia tributaria contenida en la misma resolución, y declaró que la actora adeudaba USD 4.114,16, más intereses. Aclaró que dicho importe debería convertirse a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago. Distribuyó las costas de este punto en un 42% a cargo de la actora y un 58% a cargo del Fisco.
Para resolver como lo hizo, sostuvo que —tal como lo había determinado el servicio aduanero—, no se podía considerar regularizada la mercadería ingresada al amparo de la destinación temporaria; por lo que tuvo por configurada la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, así como el hecho generador de la obligación tributaria prevista en el artículo 274 del mismo cuerpo legal, con respecto al saldo de mercadería sin reexportar.
En particular, mencionó que, tratándose de la importación temporaria de 84 rollos de etiquetas con fines de transformación, autorizada en los términos del decreto 1439/96, era indispensable proporcionar los permisos de embarque involucrados en la exportación de los insumos -con sus correspondientes planillas de descarga-, así como acreditar la relación entre los insumos importados y los productos exportados con el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación (arg. art. 14, dto. cit.). Sin embargo, el que había presentado la actora (CTC 2646/04) no permitía efectuar el cruce de información, dado que allí se certificaba una relación insumo producto de 1 a 1, mientras que las descargas de los permisos de embarque resultaron fraccionadas.
Destacó que la propia actora había reconocido durante el trámite del sumario que hubo un error al momento de aplicar la relación insumoproducto del CTC en cada una de las descargas.
Ratificó que si la actora había importado 84 rollos de la mercadería que, luego, fue utilizada en los productos exportados mediante los permisos de embarque agregados por cuerda, en una relación insumo-producto 1/1, resultaba extremadamente dificultoso verificar si existía saldo pendiente de exportar.
Si bien confirmó la configuración de la infracción, se apartó en lo atinente a la graduación de la multa. En este sentido, puso de manifiesto que los antecedentes que había tomado en cuenta el servicio aduanero no podían computarse a los efectos de determinar el carácter reincidente de la actora, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 927 del Código Aduanero, porque habían quedado firmes en 2009 y 2010 -es decir, con posterioridad al vencimiento de la destinación temporaria del caso, que tuvo lugar el 23/01/07-. Por consiguiente, redujo la multa de 4 veces a 1 vez el importe de los tributos que gravaban la importación para consumo.
Con respecto a la liquidación tributaria, revocó la exigencia del derecho adicional, así como de las percepciones de IVA y del Impuesto a las Ganancias, con sustento en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas F. 195.XLII “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ DGA” y I.49.XLII “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA”, sentencias del 14/08/13, y CAF 38004/2007/CS001 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ DGA Resol. 2590/06 s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 26/11/19. Por último, precisó que los intereses debían devengarse desde el 11/6/10, tomando en consideración la notificación de la corrida de vista a la actora.
2. Que, disconforme, la actora interpuso apelación a fs. 76, que se fundó a fs. 79/92, se concedió a fs. 93 y fue replicada a fs. 96/106. En primer lugar, se agravió por la falta de consideración respecto del derecho a obtener una decisión dentro de un plazo razonable. Señaló que la destinación temporaria venció en 2007, la resolución aduanera fue notificada el 24/2/15 y la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación el 3/2/25. Es decir, que han transcurrido 18 años desde los hechos. Asimismo, remarcó la naturaleza sancionatoria de la resolución apelada y la irrazonabilidad de la dilación, teniendo en cuenta que la cuestión no revestía especial complejidad. Finalmente, hizo hincapié en que el vencimiento del plazo de conservación de la documentación la colocaba en una situación de indefensión.
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22518/2025 MAGALCUER SA (TF 35590-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por otro lado, argumentó que vencieron los plazos de prescripción de las acciones del Fisco estipulados en los artículos 803 y 934 del Código Aduanero. En especial, pidió que se contemplase que la resolución aduanera se había emitido el 30/5/14 y recién se notificó el 24/2/15. A su vez, planteó que la empresa se encontraba en concurso preventivo de acreedores desde el 25/3/08, lo que determinaba que tanto la obligación tributaria como la infraccional tuviesen carácter pre-concursal. Añadió que ello imponía al Fisco la obligación de verificar su crédito en el concurso, aún antes de que estuviese determinado; y que, al no haberlo hecho en el caso, debía considerárselo prescripto en los términos de los artículos 32 y 56 de la ley 24.522. Con respecto a la cuestión de fondo, cuestionó la valoración hecha de la prueba. Remarcó que había obtenido y acompañado copia del correspondiente CTC, y de los permisos de embarque involucrados; cuya autenticidad se hallaba reconocida. Además, indicó que las impresiones del sistema de seguimiento de destinaciones suspensivas de la AFIP permitían ver el estado “cancelado” de la DIT, así como la fecha de cumplido de los correspondientes PE. Por último, insistió en que su error consistió en haber declarado en la DIT 84 rollos de etiquetas en vez de 420.000 etiquetas, teniendo en cuenta que cada rollo contenía 5000 unidades. Concluyó que, en esos términos, podía tenerse por probada la reexportación en término de todos los insumos.
3. Que no puede prosperar la apelación de la parte actora en lo que concierne a la prescripción de las acciones del Fisco.
Debe tenerse en cuenta que el vencimiento de la DIT tuvo lugar el 23/1/07, por lo que el plazo de prescripción de la acción tendiente al cobro de los tributos comenzó a correr el 01/1/08 y hubiese vencido el 31/12/12. Sin embargo, se mantiene suspendido desde el dictado del acto de apertura del sumario del 3/6/09 (v. fs. 19, act. adm., arg. art. 805, inc. a, CA). Por consiguiente, al dictarse la resolución definitiva, el 30/5/14 (fs. 66/69vta., act. adm.), la acción tributaria del Fisco aún no había prescripto.
A igual conclusión se llega con respecto a la acción para imponer sanciones, toda vez que el plazo de cinco años se interrumpió con el antes referido acto de apertura sumarial del 3/6/09 (arg. art. 937, inc. a, CA). Como consecuencia de ello, un nuevo plazo quinquenal comenzó a correr el 4/6/09 (doctr. CSJN causa P.407.XXIV “Parquerama SA s/ recurso de apelación c/ ANA”, sent. del 22/02/94); el cual tampoco alcanzó a cumplirse con anterioridad al dictado de la resolución DE PRLA 3162/14, del 30/5/14.
En este sentido, debe contemplarse que, con arreglo a la letra de las normas involucradas, el mero dictado del acto de apertura del sumario y de la resolución que le pone fin tienen virtualidad para suspender o interrumpir la prescripción en curso, independientemente de su notificación al interesado (cfr. arts. 805, inciso a, y 937, incs. a y d, del CA; y doctr. esta Sala, causa 14530/22 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, sent. del 27/9/22 y sus citas).
4. Que, en otro orden de ideas, debe examinarse la eventual extinción de las acciones del Fisco con sustento en la afectación de la garantía a obtener una decisión en un plazo razonable (doctr. Fallos: 334: 1264; 335:1126 “Losicer”; entre otros).
Por razones de brevedad, se remite a la explicación de esta doctrina hecha en la causa 22498/21 “JBS Leather Argentina SA (TF 52824590- A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 7/6/22. En esta causa se evidencia una situación distinta de la que analizó la Corte federal en los casos a los que se hace referencia en aquel precedente, donde se resolvieron favorablemente planteos de esta índole porque habían transcurrido quince, dieciocho, veinte años o más entre el acaecimiento de los hechos supuestamente infraccionales y la resolución condenatoria; o bien, porque se corroboró que el procedimiento recursivo, incluyendo la instancia de revisión ante la Cámara, se había prolongado durante más de veintitrés años, excediéndose todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso. Se comprueba que la duración de este proceso, incluyendo la actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ha tenido una extensión inferior a la verificada en las causas allí citadas –7 años entre el acaecimiento del hecho infraccional y la resolución aduanera condenatoria, sumados a 10 años de revisión jurisdiccional en el TFN– (en sentido concordante, cfr. esta Sala, causas 16733/13 “Aseguradora de Créditos y Garantías (TF 29497-A) y acum c/ DGA”, sent. del 20/3/14, y 37465/13 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 27/3/14).
Además, en la especie no se configuran las circunstancias excepcionales contempladas en la causa 56632/15 “Iveco Argentina SA C/ DGA”, resuelta el 14/4/16, toda vez que la actora tuvo oportunidad de ofrecer la prueba que hacía a su derecho y, en definitiva, las copias de la documentación acompañadas fueron evaluadas tanto en sede aduanera como en el Tribunal Fiscal de la Nación. Ello, sumado al hecho de que la litigante no efectuó presentaciones CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 22518/2025 MAGALCUER SA (TF 35590-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO instando a su pronta resolución, ni efectuó ninguna consideración con respecto a la dilación del proceso en el alegato presentado el 25/10/24 (v. fs. 54/57 de este expediente), lleva a descartar una afectación sustancial de la garantía de defensa en juicio y su derecho a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (en igual sentido, cfr. Sala II, causa 1353/14, “Bini, Fabrizio c/ DGA” sent. del 12/6/14, Sala III, causa 42279/12, “Jefferson Sudamericana c/ DGA”, sent. del 6/6/13, y esta Sala, causa 49566/16 “Visteon SA c/ DGA”, sent. del 1/12/16; entre otras).
5. Que, a su vez, corresponde desestimar el argumento relativo a la obligatoriedad de la previa verificación del crédito en el concurso del importador –y consecuente prescripción de la acción de cobro del Fisco por no haber cumplido con dicha carga–.
La jurisprudencia de esta Cámara tiene dicho que el eventual crédito a favor del Fisco sólo podría verificarse en el concurso del contribuyente una vez que su determinación haya quedado firme y pasado en autoridad de cosa juzgada (cfr. Sala II, causas “Centro de Ayuda Mutua Empalme Sud (TF15925I) c/ DGI”, sent. del 30/5/02, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF22207A)”, sent. del 27/4/10, y “Arcangel Maggio SA (TF24603A) c/ DGA”, sent. del 22/2/11; Sala III, causa “Jonica SRL c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 11/11/14; Sala V, causa “Valle de las Leñas S.A. (TF 14403I) c/ DGI”, sent. del 1/8/05; entre otros).
En esa misma línea, la Corte ha sostenido que el fuero de atracción concursal opera una vez finalizado el proceso de impugnación ante el Tribunal Fiscal o, en su caso, ante esta Cámara (cfr. Fallos 326:1774 y 2146; 333:2335; 334:427; B. 109. XLI, “Baterplac S.R.L. c/ A.F.I.P. s/ contencioso administrativo”, sent. del 18/9/07).
Finalmente, en consonancia con los precedentes vinculados al fuero de atracción supra reseñados, esta Sala tiene dicho que la prescripción de la acción de cobro del Fisco Nacional respecto de un contribuyente concursado debe regirse por la ley 11.683 o las previsiones del Código Aduanero, y no por el artículo 56 de la ley 24.522, ya que de lo contrario las normas tendientes a regular relaciones de derecho privado avasallarían el régimen instaurado para el ejercicio de las acciones y poderes fiscales para determinar impuestos y aplicar multas (cfr. “La Mercantil Andina Cía Arg de Seguros SA c/ EN –DGA RESOL 6057/11 (EXPTE 348/05) s/ Dirección General de Aduanas”, sent. del 19/5/15; “La Perseverancia Seguros SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. ambas del 16/7/15).
En adición a ello, con relación a los términos del artículo 56, séptimo párrafo de la ley 24.522, aclaró lo siguiente: “Si el título verificatorio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío, si, no obstante haberse excedido el plazo de dos años previsto en el párrafo anterior, aquél se dedujere dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia” (cfr. esta Sala, causa 51359/2016 “Caramelino, Dennis Alfredo c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 13/10/16, y sus citas); todo lo cual conduce, en definitiva, a desestimar este agravio.
6. Que, corresponde ahora tratar las defensas con las que la actora pretende desvirtuar la configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero y, asimismo, repeler el cobro de los tributos reclamados en los términos del artículo 274 del mismo cuerpo legal. Debe contemplarse que esta cuestión requiere de la valoración de circunstancias de hecho y prueba que, como principio, se encuentran marginadas del examen que corresponde realizar en esta instancia, atento a la limitación con que ha sido previsto el recurso que se intenta (art. 1180, ap. b, CA); y tampoco surge de las actuaciones que hubiera mediado un error de magnitud suficiente como para apartarse de la decisión tomada por el Tribunal Fiscal de la Nación en ejercicio de sus facultades propias para apreciar los hechos de la causa (doctr. esta Sala, causas 2708/12 “Maritime Shipping Agency SRL”, sent. 26/6/12 y 7625/19 “Abbot Laboratories Argentina SA”, sent. del 29/8/19, entre otras).
En efecto, en los supuestos de importación temporaria con fines de transformación –como tuvo lugar en el caso– la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación de los insumos son los correspondientes permisos de embarque y CTC ―o copias de aquellos instrumentos, frente a la imposibilidad de acompañarlos―, a fin de poder constatar la relación insumo-producto y, con ello, la efectiva regularización de la mercadería introducida mediante los DIT en cuestión (cfr. esta Sala, causa 35392/10, “Orandi y Massera SA”, sent. del 15/3/11, y sus citas).
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22518/2025 MAGALCUER SA (TF 35590-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Además, al tratarse de un régimen de excepción, la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón de su otorgamiento cae en cabeza del beneficiario, o bien, del asegurador que puede subrogarse en sus defensas; quienes han de probarlo por medio de la documentación antes mencionada (doctr. esta Sala, causas 13079/10 “La Mercantil Andina Cía Argentina de Seguros SA”, sent. del 8/7/10, 41282/17 “Chubb Argentina de Seguros SA”, sent. del 12/2/15, entre otras).
En el caso bajo examen, tanto el servicio aduanero como el Tribunal Fiscal de la Nación individualizaron el motivo por el cual la documentación proporcionada resultaba ineficaz para corroborar la relación entre los insumos importados y los productos exportados, y así considerar regularizada la mercadería ingresada al amparo de la destinación temporaria; sin que ese argumento hubiese sido directamente atacado por la recurrente. En especial, se debe aclarar que las impresiones del sistema de AFIP donde consta el seguimiento de la destinación involucrada son ineficaces para tener por acreditada su cancelación, si carecen de respaldo en la documentación específicamente requerida por el régimen al que la actora se sometió de manera voluntaria.
7. Que, por las consideraciones precedentes, corresponde desestimar el recurso de la parte actora y confirmar la decisión apelada en lo sustancial que decide; es decir, en cuanto la condena al pago de una multa y tributos resultantes de la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la mercadería importada mediante la destinación temporaria 06 073 IT14 14D.
Por ello, SE RESUELVE: Rechazar el recurso deducido por la actora y confirmar la decisión apelada; con costas de esta instancia a la vencida, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 27/6/25.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia