Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 39694-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de la importadora y confirmar la decisión de fs. 332/335vta.; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
1389/2025 MAGALCUER SA (TF 39694-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 6 de marzo de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 332/335vta., el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría:
(i) Confirmó la resolución DE PRLA 5762/15, recaída en la actuación 12210-4500-2008, en cuanto había condenado a Magalcuer SA al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista por el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la destinación suspensiva de importación temporaria 05 073 IT15 000227X; con costas a la actora.
(ii) Confirmó parcialmente la exigencia tributaria contenida en aquella resolución, y declaró que el importe adeudado por Magalcuer SA ascendía a US$ 475,55 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, más los intereses devengados desde el 20/8/15 y hasta el efectivo pago; con costas a la actora.
(iii) Revocó la exigencia de las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias, contenida en la misma liquidación tributaria; con costas a cargo del Fisco Nacional.
Para resolver como lo hizo, ante todo, recordó que mediante la aludida destinación se habían importado temporariamente insumos para la producción de cinturones de cuero, correspondientes a la PA 8308.90.10.000Z (hebillas), por un total de 7.200 unidades, al amparo del régimen del decreto 1439/96 y con un plazo de permanencia que venció el 28/12/06.
Confirmó la conclusión del servicio aduanero en el sumario, en punto a que no se podían tener por regularizadas 0,4 unidades del ítem 1.1; 0,4 unidades del ítem 1.2 y 675,24 unidades del íte, 1.3 del DIT en cuestión. En este sentido, destacó que la beneficiaria del régimen preferencial era quien tenía a su cargo acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas al acogerse al régimen de importación temporaria, con los correspondientes certificados de tipificación y clasificación (CTC), así como con los permisos de embarque aplicables, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en trato. Hizo hincapié en la relevancia que tenían los CTC para poder determinar la cantidad de insumos importados utilizada en la elaboración del producto final, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo. Mencionó que en sede aduanera se habían reunido copias de ciertos permisos de embarque (06 073 EC03 137X, 236X y 302C), así como del CTC 8404/99. Sin embargo, de su análisis surgían las cantidades sin reexportar que adecuadamente había determinado la Aduana. Y agregó que las impresiones de pantalla de otros permisos, proporcionadas en esa instancia jurisdiccional, no contenían los datos necesarios para verificar la descarga de la mercadería (imputación al DIT y mención del CTC aplicable).
En definitiva, a partir de la compulsa de esa documentación, el tribunal de origen concluyó que debía confirmarse la infracción endilgada por la Aduana.
En cuanto a la liquidación tributaria, dejó sin efecto la exigencia de las percepciones de tributos interiores con remisión a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Cladd ITA SA”, del 26/11/19.
2. Que, disconforme, a fs. 348 interpuso apelación la importadora, que se concedió a fs. 349, se fundó a fs. 353/366vta. y fue replicada a fs. 370/371.
En primer lugar, se agravió por la falta de consideración de la afectación de la garantía a obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable, teniendo en cuenta que el vencimiento de la destinación temporal tuvo lugar en 2006, que la resolución aduanera fue notificada el 31/10/18, y que a la fecha transcurrieron más de 20 años desde la importación temporaria. Hizo hincapié en el vencimiento del plazo de conservación de la documentación comercial y en que esto la colocaba en una clara situación de indefensión. A su vez, afirmó que “operó en exceso el plazo de prescripción de la acción de la Aduana estipulado en los artículos 803 y 934 del Código Aduanero” (fs. 357vta.).
Por otro lado, argumentó que la empresa se encontraba en concurso preventivo de acreedores desde el 25/3/08, que el crédito del Fisco tenía carácter pre-concursal, y que ello imponía la obligación de verificarlo en el concurso, incluso antes de que estuviese determinado. Agregó que el Fisco CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 1389/2025 MAGALCUER SA (TF 39694-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO no había procedido de eso modo y, por lo tanto, debía considerárselo prescripto en los términos de los artículos 32 y 56 de la ley 24.522. Con respecto a la cuestión de fondo, cuestionó la valoración hecha de la prueba. Remitió a las constancias obrantes en autos que acreditarían la reexportación en término de los insumos importadores mediante el DIT “04 001 IT14 008945M” (fs. 362vta.). Hizo consideraciones con respecto a la validez de la copia del CTC, que más adelante individualizó como “definitivo 8399-99” (fs. 363vta.). A su vez, remarcó que había acompañado copias completas de los permisos de embarque, de los que surgía su estado cancelado y fecha de cumplido, así como una planilla de seguimiento de la destinación suspensiva generada en la propia página web del organismo demandado, de donde surge que se reexportaron todos los insumos amparados por el mencionado DIT.
A todo evento, pidió ser absuelta con arreglo al principio que emana del artículo 898 del Código Aduanero. Citó jurisprudencia en apoyo de su interpretación.
3. Que no resulta atendible el planteo de prescripción de las acciones del Fisco.
En el caso no alcanzó a cumplirse el término previsto por la normativa aduanera toda vez que el vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería se produjo el 28/12/06; es decir que la prescripción de las acciones comenzó a correr el 1/1/07 y, de no mediar ninguna causal de suspensión o interrupción, hubiese operado el 31/12/11 (arts. 803, 804, 934, 935 y cctes. del CA).
Sin embargo, en lo que respecta a la acción tendiente a percibir tributos, el plazo se mantiene suspendido desde el dictado del auto de apertura del sumario del 30/9/10 (fs. 14, act. adm.), puesto que, hasta la fecha, esa acción del Fisco no se encuentra expedita (arg. arts. 805, incs. a y c, 1134 y 1172, CA; y doctr. esta Sala, causa 14530/22 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, sentencia del 27/9/22, considerando 4º y sus citas).
Por otra parte, con relación a la acción para imponer penas, el curso de la prescripción se interrumpió con el dictado del referido auto de apertura de sumario (arg. art. 937, inc. a, CA). Como consecuencia de ello, un nuevo plazo quinquenal comenzó a correr el 1/10/10 (doctr. CSJN causa P.407.XXIV “Parquerama SA s/ recurso de apelación c/ ANA”, sent. del 22/02/94), el cual no alcanzó a cumplirse con anterioridad al dictado de la resolución DE PRLA 5762, del 30/9/15 (fs. 89, act. adm.).
En este sentido, debe contemplarse que, con arreglo a la letra de las normas involucradas, el mero dictado del acto de apertura del sumario y de la resolución que le pone fin tienen virtualidad para interrumpir la prescripción en curso, independientemente de su notificación al interesado (cfr. arts. 937, incs. a y d, del CA; y doctr. esta Sala, causa 14530/22 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, sent. del 27/9/22 y sus citas).
4. Que, a continuación, corresponde examinar la eventual extinción de las acciones del Fisco con sustento en la afectación de la garantía a obtener una decisión en un plazo razonable (doctr. Fallos: 334: 1264; 335:1126 “Losicer”; entre otros).
Por razones de brevedad, se remite a la explicación de esta doctrina hecha en la causa 22498/21 “JBS Leather Argentina SA (TF 52824590-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 7/6/22.
En esta causa se evidencia una situación bien distinta de la que analizó la Corte federal en los casos a los que se hace referencia en aquel precedente, donde se resolvieron favorablemente planteos de esta índole porque habían transcurrido quince, dieciocho, veinte años o más entre el acaecimiento de los hechos y la resolución condenatoria; o bien, porque se corroboró que el procedimiento recursivo, incluyendo la instancia de revisión ante la Cámara, se había prolongado durante más de veintitrés años, excediéndose todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso. Se comprueba que la duración de este proceso, incluyendo la actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ha tenido una extensión inferior a la verificada en las causas allí citadas –menos de 9 años entre el acaecimiento del hecho infraccional y la resolución aduanera condenatoria, más 10 años de revisión jurisdiccional en el TFN– (en sentido concordante, cfr. esta Sala, causas 16733/13 “Aseguradora de Créditos y Garantías (TF 29497-A) y acum c/ DGA”, sent. del 20/3/14, y 37465/13 “Alba CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 1389/2025 MAGALCUER SA (TF 39694-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 27/3/14).
Además, en la especie no se configuran las circunstancias excepcionales contempladas en la causa 56632/15 “Iveco Argentina SA C/ DGA”, resuelta el 14/4/16, toda vez que la actora tuvo oportunidad de ofrecer la prueba que hacía a su derecho al contestar la vista del sumario –en 2015 (v. fs. 35/36vta. act. adm.)– y, en definitiva, la documentación acompañada fue evaluada tanto en sede aduanera como en el Tribunal Fiscal de la Nación. Ello, sumado al hecho de que la litigante no efectuó presentaciones instando a su pronta resolución, conduce a descartar una afectación sustancial de la garantía de defensa en juicio y su derecho a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (en igual sentido, cfr. Sala II, causa 1353/14, “Bini, Fabrizio c/ DGA” sent. del 12/6/14, Sala III, causa 42279/12, “Jefferson Sudamericana c/ DGA”, sent. del 6/6/13, y esta Sala, causa 49566/16 “Visteon SA c/ DGA”, sent. del 1/12/16; entre otras).
5. Que tampoco puede prosperar el argumento relativo a la obligatoriedad de la previa verificación del crédito en el concurso del importador –y consecuente prescripción de la acción de cobro del Fisco por no haber cumplido con dicha carga–.
Debe contemplarse que la jurisprudencia de esta Cámara tiene dicho que el eventual crédito a favor del Fisco sólo podría verificarse en el concurso del contribuyente una vez que su determinación haya quedado firme y pasado en autoridad de cosa juzgada (cfr. Sala II, causas “Centro de Ayuda Mutua Empalme Sud (TF15925I) c/ DGI”, sent. del 30/5/02, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF22207A)”, sent. del 27/4/10, y “Arcangel Maggio SA (TF24603A) c/ DGA”, sent. del 22/2/11; Sala III, causa “Jonica SRL c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 11/11/14; Sala V, causa “Valle de las Leñas S.A. (TF 14403I) c/ DGI”, sent. del 1/8/05; entre otros).
En esa misma línea, la Corte federal sostuvo que el fuero de atracción concursal opera una vez finalizado el proceso de impugnación ante el Tribunal Fiscal o, en su caso, ante esta Cámara (cfr. Fallos 326:1774 y 2146; 333:2335; 334:427; B. 109. XLI, “Baterplac S.R.L. c/ A.F.I.P. s/ contencioso administrativo”, sent. del 18/9/07).
Finalmente, en consonancia con los precedentes vinculados al fuero de atracción supra reseñados, esta Sala tiene dicho que la prescripción de la acción de cobro del Fisco Nacional respecto de un contribuyente concursado debe regirse por la ley 11.683 o las previsiones del Código Aduanero, y no por el artículo 56 de la ley 24.522, ya que de lo contrario las normas tendientes a regular relaciones de derecho privado avasallarían el régimen instaurado para el ejercicio de las acciones y poderes fiscales para determinar impuestos y aplicar multas (cfr. “La Mercantil Andina Cía Arg de Seguros SA c/ EN –DGA RESOL 6057/11 (EXPTE 348/05) s/ Dirección General de Aduanas”, sent. del 19/5/15; “La Perseverancia Seguros SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. ambas del 16/7/15). En adición a ello, con relación a los términos del artículo 56, séptimo párrafo de la ley 24.522, aclaró lo siguiente: “Si el título verificatorio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío, si, no obstante haberse excedido el plazo de dos años previsto en el párrafo anterior, aquél se dedujere dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia” (cfr. esta Sala, causa 51359/2016 “Caramelino, Dennis Alfredo c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 13/10/16, y sus citas).
Todo lo expuesto conduce, en definitiva, a desestimar el agravio.
6. Que, corresponde ahora tratar las defensas con las que la actora pretende desvirtuar la configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero y, asimismo, repeler el cobro de los tributos reclamados en los términos del artículo 274 del mismo cuerpo legal.
Debe contemplarse que esta cuestión requiere de la valoración de circunstancias de hecho y prueba que, como principio, se encuentran marginadas del examen que corresponde realizar en esta instancia, atento a la limitación con que ha sido previsto el recurso que se intenta (art. 1180, ap. b, CA); y tampoco surge de las actuaciones que hubiera mediado un error de magnitud suficiente como para apartarse de la decisión tomada por el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 1389/2025 MAGALCUER SA (TF 39694-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Tribunal Fiscal de la Nación en ejercicio de sus facultades propias para apreciar los hechos de la causa (doctr. esta Sala, causas 2708/12 “Maritime Shipping Agency SRL”, sent. 26/6/12 y 7625/19 “Abbot Laboratories Argentina SA”, sent. del 29/8/19, entre otras).
En efecto, en los supuestos de importación temporaria con fines de transformación –como tuvo lugar en el caso– la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación de los insumos son los correspondientes permisos de embarque y CTC ―o copias de aquellos instrumentos, frente a la imposibilidad de acompañarlos―, a fin de poder constatar la relación insumo-producto y, con ello, la efectiva regularización de la mercadería introducida mediante los DIT en cuestión (cfr. esta Sala, causa 35392/10, “Orandi y Massera SA”, sent. del 15/3/11, y sus citas). Además, al tratarse de un régimen de excepción, la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón de su otorgamiento cae en cabeza del beneficiario, o bien, del asegurador que puede subrogarse en sus defensas; quienes han de probarlo por medio de la documentación antes mencionada (doctr. esta Sala, causas 13079/10 “La Mercantil Andina Cía Argentina de Seguros SA”, sent. del 8/7/10, 41282/17 “Chubb Argentina de Seguros SA”, sent. del 12/2/15, entre otras). En el caso bajo examen, tanto el servicio aduanero (v. fs. 85, act. adm.) como el Tribunal Fiscal de la Nación (v. consid. 1°), individualizaron los motivos por los cuales los elementos acompañados solo permitían tener por regularizada una parte de la mercadería; sin que la actora hubiese rebatido esa conclusión con la suficiencia que el caso requería. En especial, no se hizo cargo de la falta de copias completas de ciertos permisos de embarque, que permitiesen constatar las cantidades efectivamente descargadas, con imputación específica a la DIT del caso y mención al CTC aplicable. De hecho, el memorial de agravios aludió a documentos de importación y un certificado que no son los involucrados en esta actuación; lo cual reafirma que no hubo crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado.
7. Que, en línea con lo expuesto, se deja a salvo que para alcanzar el beneficio de obtener la absolución por imperio del artículo 898 del Código Aduanero es preciso que existan elementos de juicio que pongan suficientemente en duda el acaecimiento del hecho o la responsabilidad del imputado en su producción (cfr. esta Sala, causa “Curtiembre Pelicce S.A.”, sentencia del 31/8/04); lo que no es posible afirmar con relación a las copias de la documentación agregadas a la causa, por los motivos que se dieron en la anterior instancia.
8. Que, por todo lo expuesto, se desestima el recurso de la importadora y se confirma la decisión apelada en lo sustancial que decide; es decir, en cuanto la condena al pago de la multa y los tributos resultantes de la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a una parte de la mercadería importada mediante la destinación 05 073 IT15 000227X.
Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente al no advertirse motivos para la dispensa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Por ello, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de la importadora y confirmar la decisión de fs. 332/335vta.; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia