Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 27.342-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 98 001 IT14 000075 L, por la firma MAGNETI MARELLI ARGENTINA S.A., en la Actuación N° 12034-1050-2006 – ADGA 2001-605249, en los términos de los arts. 934 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
2No hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos. Sin costas.
3Confirmar parcialmente el art. 5° de la Resolución N° 2180/07, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.271,94) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más el CER aplicable a la fecha de pago y los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 25/04/2002 hasta la fecha de total y efectivo pago. A su vez, revocar parcialmente el citado artículo, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, y la aplicación del CER sobre tales rubros. Costas según los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-92508227-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 22 de Septiembre de 2026 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados “MAGNETI MARELLI ARGENTINA S.A.
c/D.G.A. s/Recurso de apelación”, Expediente N° 27.342-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 10/11 se presenta por apoderado la firma MAGNETI MARELLI ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución dictada en la Actuación N° 12034-1050-2006 mediante la cual se la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA al pago de una multa de $ 9.182,60 y se la intimó a abonar la suma de $10.250,24 en concepto de tributos. Opone defensa de prescripción contra la imposición de pena y percepción de tributos que reclama el servicio aduanero. Expresa que desde la fecha de denuncia de la presunta configuración de la infracción al art. 970 del CA a la fecha de notificación de la resolución el 18/12/09, operó de pleno derecho el plazo de 5 años que determina el C.A. Señala que a fs. 147 de las act. adm., la Sección Procedimientos Técnicos informó la descarga del DIT involucrado, expresando que de un total de 19.130 unidades de mercadería ingresada temporalmente fueron descargadas en legal tiempo y forma 11.076 unidades, quedando en infracción 8.054 unidades. Cuestiona los términos del citado informe por cuanto las unidades ingresadas por la temporal en trato fueron 14.976 y no 19.130, cantidad que resulta errónea y que refiere al valor FOB de la mercadería ingresada, según surge del DIT en trato. Sostiene que si a la cantidad de unidades verdaderamente ingresadas de 14.976 se le resta el total de 11.076 unidades descargadas, cantidad que el Depto. Técnico y la Resolución aduanera aceptan como realizadas, se obtiene que el total de unidades no descargadas asciende a 3.900 (14.976-11.076=3.900) y no 8.054, que deriva de tomar erróneamente el valor FOB de la DIT como total de unidades ingresadas (19.130-11.076=8.054). Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II. Que a fs. 28/30 la representación fiscal contesta el traslado conferido. Niega todos y cada uno de los hechos y documentación aportada por la contraria que no sea objeto de su expreso reconocimiento. Expone que según surge de las actuaciones, la mercadería del DIT en trato no fue reexportada en tiempo y forma ya que de acuerdo al informe de la Sección Procedimientos Técnicos, de un total de 19.130 unidades, se descargaron 11.076, en infracción 8054 unidades. Recuerda que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora, quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado, lo cual no lo hizo en las act. adm. Ofrece prueba y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 31 se abre la causa a prueba que se produce a fs. 50/54. A fs. 82 se cierra el período probatorio. A fs. 85 se elevan los autos a la Sala G y a fs. 86 se ponen para alegar, agregándose a fs. 89/93 el alegato presentado por la actora y a fs. 94/98 el alegato presentado por el Fisco Nacional. A fs. 100 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 12034-1050-2006 – ADGA 2001-605249 se inicia con el acta denuncia N° 1005/01 contra la firma MAGNETI MARELLI ARGENTINA SA por presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, respecto del DIT N° 98 001 IT14 000075 L cuyo vencimiento operó el 02/01/2000. A fs. 3vta. se produce la clasificación y valoración de la mercadería. A fs. 4 se practica liquidación de tributos. A fs. 7 se procede a la determinación de base de tributos y multa. A fs. 11, el 22/03/2002 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. “c” del CA y se corre la vista del art. 1101 del CA., que se notifica a la interesada el 10/04/2002 (fs. 14). A fs. 15/42 y vta. la importadora contesta vista y acompaña copias oficiales del DIT involucrado y de los permisos de embarque que acreditarían la reexportación de la mercadería en cuestión (fs. 15/38). A fs. 52/145 la imputada acompaña copia de los CTC. A fs. 147 la Nota N° 465/07 (SE PRTE) efectúa la descarga de 11.076 unidades del DIT en cuestión y concluye que la mercadería en infracción asciende a 8.054 unidades. A fs. 148 se procede a determinación de tributos y multa. A fs. 149/159 se agregan prints de pantalla de consulta al registro general de infractores. A fs. 160/162, el 31/01/2007 se dicta la Resolución DE PLA N° 67/07. A fs. 164, el 21/02/2007 se emite el Dictamen N° 362/07 DV DSAD. A fs. 166/168 se dicta la Resolución N° 216/2007 (SDGTLA). A fs. 182/183, el 18/04/2007 se dicta la Resolución N° 2180/07. A fs. 185 se emite el Dictamen N° 697/07 (DV DSAD). A fs. 187/189 se dicta la Resolución N° 446/2007 (SDGTLA) que se notifica a la interesada el 18/12/2009. Obra por separado la Actuación N° 12197-13088-2005.
V. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., respecto de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 98 001 IT14 000075 L, de la firma MAGNETI MARELLI ARGENTINA S.A., oficializado ante la Aduana de Buenos Aires el 05/01/1998 al amparo del régimen del Decreto 1439/1996, con vencimiento del plazo de permanencia el 02/01/2000.
Que ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., condenándose a la actora mediante la resolución aduanera aquí apelada.
VI. Que en primer lugar, corresponde resolver el planteo de prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer penas, opuesto por la actora en su escrito de apelación.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 establece que “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del CA).
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 02/01/2000 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva, ver carpeta DIT obrante en las actuaciones administrativas), y que, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción comenzó a correr el 01/01/2001 y vencía el 31/12/2006.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a)- desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 22/03/2002 (fs. 11 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 1 año, 2 meses y 21 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 3 años, 9 meses y 9 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 22/03/2002) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; ...”.
Que, no cabe duda de que la decisión a la que la norma hace referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución N° 2180/2007 dictada el 18/04/2007. Que entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 19/04/2007. Es decir, que desde allí comenzó a correr los 3 años, 9 meses y 9 días, que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Que sin que haya operado el transcurso de dicho plazo se efectuó la notificación de la resolución Aduanera, el 18/12/2009, con los correspondientes efectos que la legislación le atribuye en materia interruptiva del plazo de prescripción (“... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.). Que por ello, corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos, sin costas por su tratamiento integrativo con el fondo.
Que en relación a la prescripción de la acción de fisco para imponer penas, el art. 934 del C.A expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella.
Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción para imponer penas, comenzó a correr el 01/01/2001 (teniendo en cuenta que el vencimiento de la importación temporaria se produjo, como se vio en el apartado anterior, el 02/01/2000) y vencía el 31/12/2006. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario en fecha 22/03/2002 interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 937 inc. a) del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 23/03/2002 y el nuevo vencimiento ocurría el 22/03/2007.
Que en relación con la posible comisión de otra infracción aduanera o delito aduanero, cabe reseñar que en las act. adm., a fs. 149/158 y 169/173 obran impresiones de pantalla de la consulta efectuada al registro de infractores. Que del análisis de las citadas constancias se observa que no indican la fecha de comisión de infracción sino la “Fec. Proced.”; circunstancia que impide dilucidar si esa fecha refiere a la efectiva fecha de comisión de infracción o a la fecha de inicio del procedimiento infraccional. Por ello, no puede determinarse que la firma recurrente hubiera cometido una infracción -o delito aduanero- con posterioridad a la involucrada en la causa que pudiere tener efecto interruptivo, en los términos de lo dispuesto por el art. 938 del CA. A modo de ejemplo, a fs. 159 y 169 de las act. adm. obra print de pantalla que revela “Fec. Proced.” 16/04/2004 y fallo firme el 26/06/2004, con un mínimo lapso de tiempo entre ambos eventos. Por lo demás, no fueron agregadas copias de las resoluciones que se invocan.
Que por último, se analizará lo dispuesto por el art. 937 inc. d) del C.A. en cuanto a que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera. Que teniendo en cuenta que la Resolución Nº 2180/07 -apelada en autos- se dictó el 18/04/2007 y la Resolución N° 446/2007 (SDGTLA) -aprobatoria del art. 1° Resolución Nº 2180/2007- data del 22/05/2007, cabe concluir que al momento del dictado de la Resolución Nº 2180/07 como también de la posterior Resolución N° 446/2007, el plazo de prescripción ya había vencido el 22/03/2007. En efecto, la obligatoriedad de la aprobación por la Dirección General de Aduanas de las resoluciones por las que el Administrador absuelve -total o parcialmente- a la imputada de la pena por la que inicialmente se formuló la denuncia torna a ambas resoluciones (fallo aduanero y su aprobación) en necesariamente complementarias.
Que, en virtud de ello, corresponde hacer lugar al planteo de la recurrente y declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas, con costas.
VII. Que sentado lo que antecede, corresponde adentrarse a analizar la cuestión de fondo.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: "La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo". Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que "no cumpliere con las obligaciones asumidas coma consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria". Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados a demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
VIII. Que mediante el DIT N° 98 001 IT14 000075 L, oficializado ante la Aduana de Buenos Aires el 05/01/1998, la firma MAGNETI MARELLI ARGENTINA S.A. documentó la importación temporaria de mercadería de la P.A. Nº 8536.41.00.900T, cuyo vencimiento operó el 02/01/2000.
Que en oportunidad de contestar la vista, la empresa aseveró que la totalidad de la mercadería del DIT en trato se encontraba reexportada a través de los PE N° 4628-T/98, 4742-Z/98, 5169-U/98, 5319-R/98 y 5514-Y/98. La importadora acompañó copias simples de los PE expresados en la contestación de vista y los CTC correspondientes (fs. 15/42vta. act. adm.).
Que a fs. 147 de las act. adm., la Nota N° 465/07 (SE PRTE) detalló que de un total de 19.130 unidades de mercadería ingresadas temporalmente, la cantidad descargada ascendía a de 11.076 unidades, resultando en infracción 8.054 unidades. La referida Nota especificó que los PE N° 98 001 EC03 004742 Z, 98 001 EC03 005169 U, 98 001 EC03 005319 R, 98 001 EC03 005514 Y, descargaron la cantidad de 3570, 4620, 2520 y 366 unidades, respectivamente. Asimismo, informó que no pudo determinarse la cantidad de mercadería descargada con el PE N° 98 001 EC03 004628 T, dado que no obraba en autos su correspondiente anexo de descarga.
Que, finalmente, la Resolución N° 2180/2007 -y su aprobatoria N° 446/2007- dispuso absolver a la recurrente respecto de 11.076 unidades que se tuvieron por canceladas en tiempo y forma. En cambio, condenó a la actora en los términos del art. 970 del C.A. respecto de 8.054 unidades de la mercadería en cuestión.
Que al interponer recurso ante esta instancia la recurrente expuso que la Nota N° 465/07 resultaba equivocada en tanto las unidades efectivamente ingresadas temporalmente fueron 14.976 y no 19.130, cantidad ésta última que resultaba errónea y que solo refería al valor FOB de la mercadería importada, todo ello conforme se extrae de la lectura en trato. En ese orden de ideas, expresó que el razonamiento del servicio aduanero arrojó un saldo en infracción de 8.054 unidades (19.130-11.076=8.054) mientras que si del total 14.976 unidades importadas, se restaba la cantidad 11.076 unidades descargadas que el Depto. Técnico y Resolución aceptaba como realizadas, se obtenía un total 3.900 de unidades no descargadas.
Que el informe pericial producido a fs. 50/54 de autos expresó que la cantidad no descargada asciende a 3900 unidades.
IX. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del DIT en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería no reexportado.
Que de la compulsa del DIT N° 98 001 IT14 000075 L resulta que en el campo “cantidad unidades” se consigna “14.976” y que en campo “FOB total en dólar” se asienta “19.130,42”, circunstancia que también resulta de la factura comercial en la que en el campo cantidad se expresa “14.976”.
Que en ese orden de ideas, le asiste razón a la actora respecto a que la cantidad efectivamente importada asciende a 14.976 unidades y no a 19.130 que corresponde al valor FOB de la mercadería. En este punto, se advierte que en la Nota N° 465/07 el servicio aduanero computó erróneamente la cantidad de unidades importadas.
Que ello no resulta óbice para considerar la cantidad reexportada en la citada Nota, que asciende a 11.076 unidades, y que fue receptada por la resolución aduanera aquí cuestionada.
Que de lo dicho, se desprende que del total de 14.976 unidades importadas por el DIT denunciado, 11.076 unidades fueron canceladas mediante los PE detallados en la Nota N° 465/07 (SE PRTE) (fs. 146 act. adm,) quedando un saldo de mercadería sin nacionalizar, ni reexportar, y por lo tanto, en infracción de 3.900 unidades.
Que en tales condiciones, debe de considerarse configurado el hecho imponible de importación irregular a consumo de la mercadería previsto en el art. 274 del C.A., con relación al saldo de 3.900 unidades de mercadería del DIT en cuestión, correspondiendo por ende confirmar parcialmente la resolución apelada, en cuanto exige tributos respecto de esa parte de la mercadería del DIT en trato.
X. Que sentado lo precedente corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada en autos. Que, por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, in re “Codorniu Argentina S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” (CAF 30796/2016/CA1-CS1) del 26/12/2017, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96.
Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (..) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal ...” (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo, del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria -”nacionalización ficta”, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Que en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así –tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177). 10) Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”. Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XI. Que en ese orden, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos de 3900 unidades mercadería en infracción, sin incluir el derecho adicional, ni las percepciones de IVA Adicional y el impuesto a las ganancias, en virtud de lo expuesto en el Considerando anterior. A tales efectos se tiene en consideración la liquidación obrante a fs. 7 y 148 de las act. adm.
Liquidación de Tributos VALOR EN ADUANA 5.094,61 DERECHOS IMPORTACION 19,00% 967,98 TASA DE ESTADÍSTICA 0,50% 25,47 BASE IMPONIBLE IVA 6.088,06 IVA 21,00% 1.278,49 TOTAL PESOS 2.271,94 Total Tributos adeudados: $2.271,94.
XII. Que en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), se formulan las siguientes consideraciones. Que el decreto 214/02, en su artículo 8, dispone: “Las obligaciones de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el artículo 4 del presente decreto”. El artículo 4, al que dicha norma remite establece que a dichas deudas “se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.
Que tratándose, la de autos, de una deuda u obligación generada por un hecho anterior a la entrada en vigencia de la Ley 25.561 -importación para consumo irregular de fecha 02/01/2000 - esa suma debió liquidarse conforme el art. 20 de la ley 23.905, en dólares (U$S). En el caso, el importe exigido en la corrida de vista de fs. 11 en fecha 22/03/2002 (notificada a la importadora el 10/04/2002), fue expresados en pesos, cuando ya $ y U$S no eran equivalentes (pues se había derogado la ley 23.928 no encontrándose vigente la paridad cambiaria $ 1 - U$S 1), y se efectuó después del Decreto 214/02. La deuda tributaria quedó así “pesificada” por el Decreto 214/02 (con la paridad 1 a 1), es decir “en virtud” de dicho decreto (y no había sido pesificada -por la Aduana- antes de dicho decreto). Por eso no es aplicable al caso el criterio de la C.S.J.N. sentado en el caso “Editorial Perfil”, sent. del 12/08/2008, y sí es aplicable el criterio de dicha C.S. sentado en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica”, sent. del 17/04/2007, en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Dec. 214/02 el CER es inescindible del capital adeudado.
Que en conclusión, la obligación tributaria nació expresada en dólares estadounidenses al tiempo de registro del DI en cuestión, por aplicación del art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991), subsistiendo como tal a la fecha en que entró en vigencia la ley de emergencia 25.561, por lo cual no cabe duda que resulta alcanzada por la pesificación dispuesta por el Decreto N° 214/02, del 3/2/2002.
Que, por aplicación de la doctrina sentada por la C.S.J.N. ya referida, el C.E.R. es inescindible del capital adeudado, por lo que procede su inclusión a los efectos del cómputo de los intereses.
XIII. Que en cuanto a los intereses de tributos, teniendo en cuenta la notificación de la corrida de vista, en fecha 10/04/2002 (fs. 14 de las act. adm.), corren desde el 25/04/2002 (art. 794 del C.A.).
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 98 001 IT14 000075 L, por la firma MAGNETI MARELLI ARGENTINA S.A., en la Actuación N° 12034-1050-2006 – ADGA 2001-605249, en los términos de los arts. 934 y concordantes del C.A. Costas a la DGA 2.- No hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos. Sin costas.
3. Confirmar parcialmente el art. 5° de la Resolución N° 2180/07, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.271,94) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más el CER aplicable a la fecha de pago y los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 25/04/2002 hasta la fecha de total y efectivo pago. A su vez, revocar parcialmente el citado artículo, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, y la aplicación del CER sobre tales rubros. Costas según los respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad SE RESUELVE:
1. Declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 98 001 IT14 000075 L, por la firma MAGNETI MARELLI ARGENTINA S.A., en la Actuación N° 12034-1050-2006 – ADGA 2001-605249, en los términos de los arts. 934 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
2. No hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos. Sin costas.
3. Confirmar parcialmente el art. 5° de la Resolución N° 2180/07, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.271,94) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más el CER aplicable a la fecha de pago y los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 25/04/2002 hasta la fecha de total y efectivo pago. A su vez, revocar parcialmente el citado artículo, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, y la aplicación del CER sobre tales rubros. Costas según los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2026.09.18 14:15:07 ART Date: 2026.09.22 16:26:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.22 16:47:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.22 16:48:24 -03:00
Fin de la sentencia