Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 25.832-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la nulidad planteada por la firma recurrente, sin costas.
2Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la actora respecto de la multa y de los tributos, con costas.
3Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 8826/2008, recaída en la actuación 12039-87-2005, en los términos del art. 970 del C.A. en tanto impone multa y tributos con relación a las unidades en infracción de las destinaciones 257- 1/97, 728-6/97, 6776-3/97 y 065-0/97 detalladas en el considerando IX de la presente, con costas a la actora.
4Revocar la exigencia del derecho adicional y de las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
5Declarar que la firma importadora MAGNETI MARELLI S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de pesos veintisiete mil quinientos setenta con treinta y dos centavos ($ 27.570,32.-) en concepto de multa.
6Declarar que la firma importadora MAGNETI MARELLI S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de pesos veintisiete mil quinientos setenta con treinta y dos centavos ($ 27.570,32.-) en concepto de tributos más el CER. Todo ello, con más los intereses del art. 794 del CA devengados desde el 21.11.08, hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-129573934-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 31 de Octubre de 2023 Reunidos en el día de la fecha, los Vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia del Vocal nombrado en segundo término (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “MAGNETI MARELLI ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, EXPTE. N° 25.832-A;
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 18/21 y vta. la firma recurrente mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 8826/2008, recaída en la actuación 12039-87-2005 (Expte. 605221/03), en cuanto la condena al pago de multa y de tributos con más el CER y los intereses -en forma solidaria con la aseguradora- por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero (en adelante “CA”), como consecuencia de la falta de la reexportación en término de la mercadería importada mediante las destinaciones 257-1/97, 728-6/97, 6776-3/97 y 065-0/97. Manifiesta que luego de la primera notificación efectuada por la Aduana -de la que tomó conocimiento en forma fehaciente y constituyó domicilio procesal- las restantes notificaciones se diligenciaron en distintos domicilios, lo que le impidió conocer oportunamente la imputación y ejercer adecuadamente su legítimo derecho de defensa. Opone la excepción de prescripción, por cuanto considera que se habría superado en exceso el plazo de cinco años contados desde el vencimiento de cada importación temporaria. En cuanto a la cuestión de fondo, se agravia del argumento del servicio aduanero de que no puede constatar el cumplimiento de la reexportación porque los permisos de embarque fueron desafectados por haber superado el plazo de conservación. Afirma que el organismo tiene el deber de guarda de la documentación vinculada a un sumario por infracciones. Se opone a la aplicación del CER, en tanto la Aduana no hizo reserva alguna ni invocó el decreto 214/02, lo que considera que agrava la condena en perjuicio de su mandante. Cita el mencionado decreto y jurisprudencia. Se opone a la aplicación de la tasa prevista por el art. 794 del CA respecto del monto ajustado por CER, por considerar que la misma resulta confiscatoria. Ofrece prueba documental, pericial, informativa y testimonial. Hace reserva del caso federal. Solicita que se tenga presente la excepción de prescripción opuesta y que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, corrido el pertinente traslado, a fs. 36/44 la representación fiscal lo contesta y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de la reseña de los hechos y de la negativa genérica de rigor, sostiene que la mercadería importada en forma temporaria no fue reexportada en tiempo y forma. Afirma que la carga de la prueba recae sobre la importadora, quien debe demostrar en forma fehaciente que ha cumplido con las obligaciones a su cargo y cita jurisprudencia. Con relación al CER, sostiene que resultan aplicables los arts. 4° y 8° del decreto 214/02 a la liquidación tributaria, puesto que al producirse el hecho imponible se encontraba vigente el art. 20 de la ley 23.905, por lo que la liquidación se practicó en dólares equivalentes en su paridad en pesos conforme la ley 23.928. Transcribe los artículos pertinentes del decreto 214/02 y sostiene que su aplicación implica preservar el crédito y la renta fiscal. Cita jurisprudencia. Afirma que la notificación de la resolución aduanera con el cargo en pesos no genera para la contraria un derecho adquirido y no puede desconocer que la obligación pactada en dólares se transformó en pesos con más el CER por aplicación de la ley 25.561. Señala que ello no implica la reformatio in peius sino la correcta aplicación de la normativa vigente al momento imponible. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
III. Que la actuación 12039-87-2005 (Expte. ADGA-2003-605221) se inicia a fs. 1 con la denuncia 31/03 por la presunta infracción del art. 970 del CA, respecto de la mercadería importada en forma temporaria mediante las destinaciones 257-1/97, 728-6/97, 6776-3/97 y 065-0/97 (cuyas carpetas obran por separado), cuyos vencimientos se produjeron los días 17.01.98, 23.01.98, 14.08.98 y 5.01.98, respectivamente. A fs. 2ref./5ref. obran las impresiones de pantalla del SIM correspondientes a las mencionadas destinaciones. A fs. 9 se cita a la firma importadora para que presente la documentación que acredite la reexportación y que informe la aduana de origen de los permisos de embarque detallados en las planillas obrantes en las carpetas de las DIT o que acompañe copia de estos. A fs.14/15 obran las impresiones del SIM correspondientes al domicilio de la firma importadora. Ante la falta de comparecencia de esta, a fs. 23 se ordena reiterar la notificación. A fs. 30 y vta. se presenta el letrado apoderado de la firma recurrente. A fs. 31 se tiene por constituido el domicilio y como medida para mejor proveer, se solicita a la División Registro de Exportación los permisos de embarque. A fs. 34ref./50ref. obra el alcance 1203-87-2005/1 mediante el cual se agregan las copias de las declaraciones juradas de insumos importados presentadas por la firma recurrente ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 2, Secretaría n°3. Asimismo, se agregan las constancias de la desafectación y destrucción de los permisos de embarque de conformidad con la actuación 291/07 del Archivo General de la Nación, por haber superado el plazo de conservación. A fs. 52/53, 54/58, 59/60 y 62 se practica el aforo de la mercadería y a fs. 66/69 obran las liquidaciones de tributos y multas. A fs. 70 y vta., con fecha 4.11.08, se corre vista a la firma importadora y a Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. (v. cédulas de fs. 81 y vta. y 82 y vta.). A fs. 83/88 la aseguradora contesta la vista. A fs. 89 se declara la rebeldía de la recurrente y se provee la prueba ofrecida por la aseguradora. A fs. 94, el letrado de la recurrente se presenta, reitera el domicilio constituido en Lavalle 1546, piso 6° “A” y se opone a la declaración de rebeldía. A fs. 95 se desestima la revocatoria planteada y a fs. 97/101 se dicta la resolución DE PRLA 8826/2008 apelada en autos.
IV. Que a fs. 46 se hace saber que la excepción de prescripción será tratada con la cuestión de fondo y se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 58/60 y su ampliación de fs. 183/185 (informe del domicilio de la recurrente), 75/150, 151/175, 202/211 (impresiones del SIM correspondientes a los permisos de embarque). A fs. 281 se presenta el nuevo letrado de la actora. A fs. 245 se declara cerrado el período probatorio. Elevados los autos a la Sala “E”, a fs. 249 se ponen para alegar. A fs. 253/258 y 261 y vta. obran los alegatos de la actora y del Fisco, respectivamente. A fs. 265 pasan los autos a sentencia.
V. Que, corresponde referirse en forma preliminar, al planteo de la actora con relación a las notificaciones practicadas en el sumario aduanero que le habrían impedido de ejercer oportunamente su derecho de defensa.
Que el artículo 1001 del CA, en su redacción actual, dispone que: “Toda persona que compareciere ante el servicio aduanero deberá, en su primera presentación, constituir domicilio dentro del radio urbano en que la oficina aduanera respectiva tuviere su asiento o bien mediante alguno de los medios electrónicos que estableciere la reglamentación.” Que según resulta de las actuaciones, la primera intimación que se formula a la recurrente a fs. 9 -a fin de que acompañe la documental que acredite la reexportación- se diligenció al domicilio sito en Chascomús 4760 informado por la importadora en las DIT, siendo éstas las primeras actuaciones realizadas en sede aduanera de conformidad con el art. 1001 del CA.
Que al instruirse el sumario con fecha 23.12.03, se reitera la intimación de fs. 9 al domicilio antes mencionado. A fs. 17 obra la cédula de notificación librada el 23.12.03 y diligenciada en el domicilio de Chascomús 4760 el 4.06.04. Sin embargo, ante la falta de respuesta por parte de la firma importadora, a fs. 23, se ordena reiterar la notificación de la instrucción del sumario al domicilio sito en Della Paolera Carlos 297, of. 24, que es el informado por el registro de consulta de empresas activas del SIM obrante a fs. 22. Dicha cédula se notifica a la recurrente el 12.12.07 (fs. 26 y vta.). A fs. 30 y vta. el letrado apoderado de la firma recurrente se presenta y constituye domicilio procesal en Lavalle 1546, piso 6° “A”. Asimismo, opone la excepción de prescripción y contesta la intimación informando que los permisos de embarque corresponden a la aduana de Buenos Aires.
Que el 4.11.08 (fs. 70) se corre la vista a la importadora y a la aseguradora y se libra la cédula de notificación nuevamente en el domicilio de Chascomús 4760. Edl oficial notificador diligencia dicha cédula el 6.11.08 fijándola en la puerta de acceso. Como consecuencia de la incomparecencia de la importadora, se declara la rebeldía a fs. 89. Este proveído se notifica nuevamente en Chascomús 4760 y es recibida por una persona del domicilio el 12.12.09 (fs. 92 y vta.). A fs. 94, el letrado de la recurrente se presenta, reitera el domicilio constituido en Lavalle 1546, piso 6° “A” y se opone a la declaración de rebeldía. A fs. 95 se desestima la revocatoria planteada y se dicta con posterioridad la resolución condenatoria apelada en autos.
Que cabe destacar que en materia de nulidades debe primar un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe pronunciarse por la anulación de las actuaciones cuando exista un derecho o interés legítimo lesionado, de modo que cause un perjuicio irreparable (Fallos, 323:929; 325:1404; 331:994).
Que, en consonancia con la mencionada doctrina, se advierte que se practicaron las notificaciones a los domicilios de Chascomús 4760 y Della Paolera Carlos 297, oficina 24. Dichos domicilios fueron declarados por la recurrente ante el servicio aduanero conforme las constancias obrantes en las DIT y en el SIM, y le permitieron tomar conocimiento de la instrucción del sumario y de oponer, en su primera presentación, la excepción de prescripción. Por otro lado, si bien la corrida de vista y la declaración de rebeldía fueron notificadas en el domicilio sito en Chascomús 4760, a pesar de que el letrado había constituido el domicilio procesal a fs. 30 y vta., ello no le impidió presentarse nuevamente para solicitar el cese de la rebeldía y ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
Que constituye doctrina de la Corte Suprema que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la CN no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos, 205:549; 247:52 considerando 1°; 267:393 considerando 12).
Que, por lo expuesto, si bien se observa que el servicio aduanero omitió diligenciar las notificaciones de la corrida de vista y la declaración de rebeldía al domicilio constituido por el letrado en su primera presentación, el derecho de defensa no se ve afectado por cuanto la importadora pudo oponer oportunamente la excepción de prescripción y deducir la apelación ante este Tribunal en tiempo y forma y acompañar la documental que permite analizar la reexportación de la mercadería, por lo que corresponde desestimar el planteo de nulidad, sin costas.
VI. Que, en segundo lugar, la actora opone la excepción de prescripción para imponer multas y percibir tributos, por cuanto considera que se habría superado en exceso el plazo de cinco años contados desde el vencimiento de cada importación temporaria.
Que cabe señalar dicho planteo se lo resolverá, por fundamentales razones de seguridad jurídica e imparcialidad, conforme el criterio mayoritario de esta Sala (fundado en la interpretación del Código Aduanero del precedente de la Corte Suprema "WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO" del 12.05.09 y el plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal "HUGHES TOOL S.A. C/A.N.A. (T.F. 7830-A)" de fecha 21.09.03), sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión sobre la cuestión expuesta en la causa “LA CARDEUSE S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, sentencia del 12.11.19, Expte. 35.693-A (se puede ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/35693-A-12-11-19-1.p df).
Que, en primer lugar, con respecto a la multa, el art. 935 del CA dispone que la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas “... comienza a correr el 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación”. En el caso de autos, el vencimiento del plazo para reexportar previsto en las DIT 257-1/97, 728-6/97, 6776-3/97 y 065-0/97 se produjo los días 17.01.98, 23.01.98, 14.08.98 y 5.01.98, respectivamente. Ello implica que el plazo de prescripción comenzó a computarse el 1.01.99 y vencía el 01.01.04.
Que, con fecha 23.12.03 se produjo el primer acto interruptivo de la prescripción, es decir, el auto de apertura de sumario (conf. art. 937, inc. a) del C.A.), por lo que el plazo quinquenal se reinició a partir del día siguiente (24.12.03). El plazo de prescripción vencería, así, el 24.12.08. En atención a que la resolución condenatoria se dictó el 22.12.08, es decir, dos días antes la fecha de vencimiento del plazo, no operó la prescripción de la multa por lo que corresponde su rechazo, con costas.
Que, en cuanto a los tributos, cabe señalar que el plazo de la prescripción de la acción del Fisco comienza a correr el 1º de enero del año siguiente al de la fecha en que ha acaecido el hecho gravado, esto es, el vencimiento del plazo de permanencia, siendo éste el hecho imponible.
Que si bien la prescripción de dicha acción se interrumpe por la notificación de la liquidación tributaria (en el caso de autos, con la corrida de vista de fs. 70, conf. art. 806 inc. a) del C.A.), por tratarse de un sumario por infracciones “el curso de la prescripción se suspende desde la apertura del sumario en el cual se investiga la existencia del ilícito aduanero, hasta que recaiga la decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (conf. art. 805 inc. a) del C.A.).
Que atento a que el auto de apertura del sumario se dictó el 23.12.03, el plazo de la prescripción para percibir los tributos quedó suspendido a partir del día siguiente de su dictado hasta que recaiga la sentencia definitiva en la presente causa. Que, por lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de prescripción respecto de los tributos reclamados en autos y, en consecuencia, debe proseguir la sustanciación de la causa, con costas.
VII. Que corresponde, entonces, resolver acerca de la procedencia de la multa y de los tributos reclamados a la firma importadora MAGNETI MARELLI S.A. por la mercadería importada en forma temporaria mediante las destinaciones 257-1/97, 6776-3/97, 65-0/97 y 728-6/97 oficializadas ante la aduana de Buenos Aires con fechas 10.01.97, 19.08.97, 3.01.97 y 28.01.97, respectivamente.
Que, acaecido el vencimiento del plazo de permanencia (17.01.98, 14.08.98, 5.01.98 y 23.01.98), el servicio aduanero formuló denuncia en los términos del art. 970 del CA, por considerar que la mercadería no habría sido reexportada en forma oportuna.
VIII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios de este es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
Que, cabe destacar, que las destinaciones involucradas en autos fueron documentadas en los términos del decreto 1439/96 -que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial- en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual. La mercadería importada de acuerdo con este régimen no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios.
Que la resolución ANA 479/95, vigente a la fecha de oficialización de las destinaciones, enumera la documental requerida a los fines de la cancelación de la importación temporaria, esto es, el permiso de embarque correspondiente a la reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante, en el cual se debe consignar “... lo relativo al Certificado de Tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT (Aduana de registro-dígito), clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria” (Anexo III, punto 3.3.3.).
Que, para acceder a dicho beneficio, el decreto 1439/96 impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo con las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que, al respecto, el art. 14 del citado decreto establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”.
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través de este, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que, asimismo, de acuerdo con lo previsto por el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92, en los CTC debe individualizarse tanto la posición arancelaria del insumo importado en forma temporaria como la del producto para el cual el mismo es emitido. De esta manera, el certificado describe cuál es la mercadería a exportar e indica expresamente su posición arancelaria.
Que de ello se desprende que la relación insumo/producto establecida en el CTC se refiere en particular a la mercadería involucrada y a la posición arancelaria que se detalla en el mismo.
Que, en virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
Que, asimismo, cabe destacar que el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se acogió la firma importadora le exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. art. 14 del Dto. 1439/96).
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 1.10.91).
IX. Que, en consecuencia, teniendo en consideración la normativa antes reseñada y las constancias de autos, resulta que mediante las destinaciones 257-1/97, 6776-3/97, 65-0/97 y 728-6/97, la recurrente documentó la importación temporaria de piezas y partes de automóviles. A fin de acreditar la reexportación acompaña las declaraciones juradas de los insumos importados de fs. 34ref./46ref. de las actuaciones administrativas y las copias de los permisos de embarque y de los CTC que corren agregados por separado.
Que de la compulsa de la documental agregada en autos -mediante los cuadros que forman parte de la presente como anexos I a IV- resulta la siguiente mercadería en infracción:
• DIT 257-1/97: ítem 5, 900 unidades; ítem 7, 1.140 unidades, ítem 9, 2.800 unidades, ítem 10, 420 unidades; ítem 11, 1.900 unidades.
• DIT 6776-3/97: ítem 2, 3.640 unidades.
• DIT 65-0/97: ítem 1, 1.174 unidades; ítem 4, 4.302 unidades; ítem 5, 74.616 unidades; ítem 6, subítem 4, 140 unidades y subítem 5, 1056 unidades; ítem 8, subítem 2, 8.904 unidades; ítem 9, subítem 2, 784 unidades y subítem 5, 280 unidades; ítem 10, subítem 1, 38 unidades.
• DIT 728-6/97: ítem 1, 2.000 unidades; ítem 2, 10.000 unidades, ítem 3, 1.000 unidades; ítem 4, 3.000 unidades; ítem 5, 500 unidades; ítem 6, 9.862 unidades; ítem 7, 12.000 unidades; ítem 8, 30 unidades; ítem 9, 500 unidades; ítem 10, subítem 1, 200 unidades y subítem 2, 500 unidades; ítem 12, 21.328 unidades; ítem 13, subítem 6, 900 unidades y subítem 7, 24 unidades; ítem 14, 184 unidades; ítem 15, subítem 1, 2.688 unidades, subítem 2, 216 unidades y subítem 3, 900 unidades; ítem 16, 150 unidades; ítem 17, subítem 5, 351 unidades; ítem 18, subítem 1, 700 unidades, subítem 2, 450 unidades, subítem 3, 1.052 unidades, subítem 5, 150 unidades, subítem 8, 500 unidades, subítem 9, 800 unidades, subítem 10, 1.100 unidades; subítem 11, 996 unidades y subítem 12, 300 unidades.
Que, por lo expuesto, atento a que la documentación acompañada en autos resulta insuficiente para tener por cancelada la mercadería en su totalidad de conformidad con lo dispuesto por el decreto 1439/96 y la resolución ANA 479/95, corresponde tener por configurada la infracción prevista en el art. 970 del C.A. respecto de las unidades indicadas precedentemente.
X. Que, en consecuencia, corresponde modificar la liquidación de tributos y de la multa practicada a fs. 66/69 de las actuaciones administrativas de acuerdo con la mercadería en infracción, con excepción de las 1.900 unidades del ítem 11 de la DIT 257-1/97 atento a que la aduana no las incluyó en la liquidación de fs. 67 de las actuaciones administrativas. Asimismo, del cálculo de los tributos, se excluyen el derecho adicional previsto por el art. 23 del decreto 1439/96 de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A) c/ A.N.A”, y las percepciones de IVA adicional y de ganancias en virtud del criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas” según el cual al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones.
Destinaciones 257-1/97, 6776-3/97, 65-0/97 y 728-6/97:
Total de tributos = $ 27.570,32.-
Total de multa = $ 27.570,32.-
XI. Que, con respecto al agravio relativo a la exigencia del CER, cabe señalar que el art. 1° del decreto nº 214/02 dispuso la transformación en pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero que, existiendo a la fecha de la sanción de la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario -6.01.2002-, estuvieran expresadas en dólares estadounidenses y no se encontraren ya convertidas a pesos.
Que el art. 8º del decreto 214/02 dispone que “las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un dólar estadounidense (u$s 1 = un peso ($1).”
Que el art. 4º del mencionado decreto establece la aplicación de un Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina.
Que el vencimiento de las destinaciones 257-1/97, 6776-3/97, 65-0/97 y 728-6/97 se produjo con fechas 17.01.98, 14.08.98, 5.01.98 y 23.01.98, respectivamente, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.561 y el decreto 214/02.
Que de la compulsa de las mencionadas destinaciones surge que la base imponible fue determinada en dólares estadounidenses y recién al practicarse las liquidaciones de fs. 66/69 con fecha 3.11.08, se calcularon los montos en pesos con la reserva del CER, de lo cual se corrió vista a la importadora y a la aseguradora (fs. 70 y vta. de las act. adm.). Que atento a que la primera vez que la deuda fue expresada en pesos ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 214/02, resulta aplicable lo dispuesto por los arts. 4º y 8º del mismo. Ello así, atento a que la conversión de la deuda a razón de $1 con más el CER correspondiente a la fecha de pago viene impuesta legalmente de conformidad con el criterio sentado por la CSJN in re “S.A. Cinematográfica c/ Bentivogli e Hijos S.R.L.”, sentencia del 17.04.07, en el sentido de que el CER es inescindible del capital adeudado, motivo por el cual corresponde que, al monto resultante de capital ajustado por el CER, se liquiden los intereses del art. 794 del CA.
XII. Que, en consecuencia, corresponde declarar que la actora MAGNETI MARELLI ARGENTINA S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de pesos veintisiete mil quinientos setenta con treinta y dos centavos ($ 27.570,32.-) en concepto de multa y de pesos veintisiete mil quinientos setenta con treinta y dos centavos ($ 27.570,32.-) en concepto de tributos más el CER. Todo ello con más los intereses del art. 794 devengados desde el 21.11.08 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
XIII. Que, por ello, VOTO POR:
1. Rechazar la nulidad planteada por la firma recurrente, sin costas.
2. Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la actora respecto de la multa y de los tributos, con costas.
3. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 8826/2008, recaída en la actuación 12039-87-2005, en los términos del art. 970 del C.A. en tanto impone multa y tributos con relación a las unidades en infracción de las destinaciones 257- 1/97, 728-6/97, 6776-3/97 y 065-0/97 detalladas en el considerando IX de la presente, con costas a la actora.
4. Revocar la exigencia del derecho adicional y de las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
5. Declarar que la firma importadora MAGNETI MARELLI S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de pesos veintisiete mil quinientos setenta con treinta y dos centavos ($ 27.570,32.-) en concepto de multa.
6. Declarar que la firma importadora MAGNETI MARELLI S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de pesos veintisiete mil quinientos setenta con treinta y dos centavos ($ 27.570,32.-) en concepto de tributos más el CER. Todo ello, con más los intereses del art. 794 del CA devengados desde el 21.11.08, hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto precedente.
En virtud de la votación que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Rechazar la nulidad planteada por la firma recurrente, sin costas.
2. Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la actora respecto de la multa y de los tributos, con costas.
3. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 8826/2008, recaída en la actuación 12039-87-2005, en los términos del art. 970 del C.A. en tanto impone multa y tributos con relación a las unidades en infracción de las destinaciones 257- 1/97, 728-6/97, 6776-3/97 y 065-0/97 detalladas en el considerando IX de la presente, con costas a la actora.
4. Revocar la exigencia del derecho adicional y de las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
5. Declarar que la firma importadora MAGNETI MARELLI S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de pesos veintisiete mil quinientos setenta con treinta y dos centavos ($ 27.570,32.-) en concepto de multa.
6. Declarar que la firma importadora MAGNETI MARELLI S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de pesos veintisiete mil quinientos setenta con treinta y dos centavos ($ 27.570,32.-) en concepto de tributos más el CER. Todo ello, con más los intereses del art. 794 del CA devengados desde el 21.11.08, hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª. Nominación (arts. 52 del RPTFN y 1162 del CA).
Date: 2023.10.31 13:48:47 -03:00 Date: 2023.10.31 13:58:28 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.31 13:58:29 -03:00
Fin de la sentencia