Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 25832-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia del TFN y, en consecuencia, declarar la invalidez de la Resolución DE PRLA 8826/2008, en tanto las facultades del Fisco para exigir el pago de tributos e imponer sanciones se encontraban prescriptas. 2) Imponer las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (conf. art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Alemany, no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
14321/2024 MAGNETI MARELLI ARGENTINA SA (TF 25832-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.-Que por decisorio del 31 de octubre de 2023 y su “rectificatoria” del 7 de diciembre de 2023, el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) resolvió rechazar –sin costas– la nulidad planteada por la firma recurrente, al considerar que, si bien el servicio aduanero incurrió en deficiencias en las notificaciones, ello no afectó el ejercicio pleno de su derecho de defensa. Asimismo, desestimó –con costas– la excepción de prescripción interpuesta por la actora respecto de la multa y los tributos, al verificar que los plazos fueron interrumpidos conforme a lo dispuesto en el Código Aduanero (CA).-
En cuanto al fondo de la cuestión, el Tribunal que previno concluyó que la empresa incumplió la obligación de reexportar en término la mercadería ingresada bajo el régimen de importación temporaria, lo que configuró la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero. En consecuencia, confirmó parcialmente –con costas a la actora–, la resolución DE PRLA 8826/2008 e impuso a la importadora una multa y la obligación de abonar tributos por las unidades en infracción de las destinaciones detalladas en la sentencia. Sin embargo, resolvió revocar la exigencia del derecho adicional y de las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.- Finalmente, el Tribunal declaró determinó la suma adeudada por la firma MAGNETI MARELLI S.A. a la AFIP-DGA en concepto de multa y tributos respecto de cada una de las destinaciones de importación temporal involucradas en autos (cr. Fs. 269/280vta. y 287 vta.), estos últimos (los tributos) ajustados conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), más los intereses previstos en el artículo 794 del Código Aduanero, devengados desde el 21 de noviembre de 2008 hasta la cancelación total de la deuda.-
Alta en sistema: 20/08/2025 II.-Que el 4 de diciembre de 2023, la parte actora interpuso recurso de apelación y expresó sus agravios el 19 del mismo mes y año. Posteriormente, el 22 de diciembre de 2023, el Fisco Nacional también apeló, pero el 23 de enero de 2024 desistió de su recurso, solicitó la devolución de las actuaciones administrativas SEGEA 12039-87-2005 y requirió la regulación de honorarios.-
Los días 26 y 27 de febrero de 2024, el Fisco Nacional presentó su contestación al memorial de la parte actora. Luego, el 11 de marzo de 2024, el TFN reguló los honorarios correspondientes a la representación fiscal por su intervención en esa instancia, tanto en su carácter de letrado apoderado como de patrocinante, por la cuestión de fondo y la excepción de prescripción, fijándolos en la suma de $121.713, a cargo de la recurrente en virtud del modo en que fueron impuestas las costas. En la misma resolución, tuvo por desistido al Fisco Nacional de su recurso de apelación contra el decisorio del 31 de octubre de 2023.- El 21 de marzo de 2024, la representación letrada del Fisco Nacional apeló la regulación de honorarios por considerarlos bajos. Posteriormente, una vez arribadas las actuaciones a esta Sala, el 23 de septiembre de 2024, el Sr. Fiscal General dictaminó sobre la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para perseguir el cobro de multas y tributos, así como sobre la posible vulneración del plazo razonable. Finalmente, el 5 de febrero de 2025, se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que la parte actora impugna la resolución del TFN por entender que vulnera su derecho de defensa y se aparta de la normativa aplicable. Cuestiona el rechazo de la prescripción, argumentando que el sumario fue instruido sin cumplir el artículo 1094 del Código Aduanero. Asimismo, impugna la duración excesiva del procedimiento, y señala que se vulneró el principio del plazo razonable.- Además, sostiene que la destrucción de documentación clave por parte de la Aduana impidió acreditar la reexportación de la mercadería, por lo que invoca la aplicación subsidiaria del artículo 898 del Código Aduanero.-
Al mismo tiempo, objeta la imposición de costas y cuestiona la aplicación del CER e intereses sobre montos actualizados.-
Alta en sistema: 20/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V IV.-Que razones de orden lógico imponen el tratamiento prioritario del agravio relativo al rechazo de la defensa de prescripción, en tanto su análisis, esto es, la determinación de si su desestimación se encuentra ajustada a derecho, resulta condición previa para establecer la utilidad del examen de los restantes planteos recursivos.- En este contexto, se procederá al análisis considerando la naturaleza penal del presente caso, en tanto el acto impugnado tiene su origen bajo un régimen infraccional que conllevó a la determinación de tributos y la imposición de sanciones pecuniarias de conformidad al artículo 970 del CA. De tal modo, corresponde recordar que, en materias de indiscutida naturaleza penal (conf. Fallos: 287:76; 288:356), los jueces se encuentran investidos de la facultad de indagar la verdad objetiva con independencia de las concretas refutaciones formuladas por las partes (conf. Fallos: 287:78; 289:336; 290:202).- En consecuencia, dado el carácter de orden público que reviste la prescripción de la acción en este ámbito, su análisis no puede considerarse ajeno al deber jurisdiccional, debiendo ser declarada incluso de oficio, en tanto opera de pleno derecho (conf. Fallos: 304:1395; 305:2089; Sala IV, expte. N° 39183/2017, "Gibaut Hnos. Manufacturas de Cuero S.A. c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo", sentencia del 19/12/2017).-
IV.1.-Aclarado lo anterior, importa destacar que en autos se ha debatido la defensa de prescripción en un doble orden. Por un lado, la prescripción de la potestad del Fisco para aplicar multas y, por el otro, para reclamar tributos. No obstante, todo ello responde a un alegado incumplimiento al sistema de destinación suspensiva de importación temporaria.-
Ello, obliga a recordar que el CA establece un régimen específico de prescripción para la acción del Fisco en materia de percepción de tributos e imposición de sanciones. En lo que respecta a la acción para exigir el pago de tributos, los artículos 803 y 804 disponen que la misma prescribe a los cinco años, computados desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que acaeció el hecho gravado, salvo algunas excepciones (cfr. art. 804, inc. a y b). No obstante, el artículo 805, inciso a, de dicho código establece que, en los casos en que el cobro del tributo esté Alta en sistema: 20/08/2025 subordinado a la resolución de un sumario infraccional, el curso de la prescripción se suspende desde la apertura del sumario hasta que recaiga una decisión que habilite la exigencia del tributo.-
Por su parte, la acción para imponer multas se encuentra regulada en los artículos 934 y 935 del CA, que establecen que el plazo de prescripción es de cinco años, contados desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o, en su defecto, desde su constatación. No obstante, conforme el artículo 937, dicho plazo se interrumpe por diversos actos, entre ellos el dictado del auto de apertura del sumario, la comisión de una nueva infracción o el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.-
En virtud de lo dispuesto –y en lo que aquí interesa–, el plazo de prescripción, en lo que refiere al régimen de admisión temporal de mercadería, se interrumpe o se suspende con el acto de apertura del sumario infraccional.
IV.2.-Ahora bien, conforme lo resuelto por esta Sala, por mayoría, en la causa "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ DGA s/ Recurso Directo", expediente N° 61.569/16, sentencia del 30 de marzo de 2017, el auto de apertura del sumario solo adquiere eficacia jurídica si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1094 del CA. En igual sentido, esta Sala, por mayoría, reiteró dicho criterio en la causa "General Trading S.A. Argentina c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo", expediente N° 23.412/16, sentencia del 4 de abril de 2017.
En consecuencia, corresponde examinar si el acto de apertura del sumario, obrante a fojas 12 de las actuaciones administrativas, reúne las exigencias normativas y sustanciales aplicables. En particular, resulta imperioso verificar si la resolución que lo dispuso identificó los hechos constitutivos de la infracción y contempló, según la naturaleza del caso, la adopción de medidas cautelares, la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado, su clasificación y valoración arancelaria, la recepción de declaraciones de los presuntos responsables y testigos, la liquidación de los tributos o importes reclamados por el Fisco, así como cualquier otra diligencia conducente al esclarecimiento de los hechos investigados.
IV.3.-A partir de lo expuesto, si bien la resolución que dispuso la apertura del sumario identificó que la recurrente Alta en sistema: 20/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante los Despachos de Importación Temporal N° 257-1/97 (vencimiento el 17 de enero de 1998), N° 728-6/97 (vencimiento el 30 de enero de 1998), N° 6776-3/97 (vencimiento el 17 de agosto de 1998) y N° 65-0/97 (vencimiento el 2 de enero de 1998), y que dicha omisión configuraría la infracción tipificada en el artículo 970 del CA, lo cierto es que no se verifica —y ello resulta determinante en atención a los hechos del caso—la liquidación de los tributos o importes reclamados por el Fisco. En tal sentido, aun cuando esta Sala ha sostenido –por mayoría- en reiteradas oportunidades que el auto de apertura del sumario puede integrarse válidamente con la liquidación practicada en un acto separado (conf. causas N° 61.569/16 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ DGA s/ Recurso Directo”, sentencia del 30/03/2017; y N° 3.822/2020 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 16/09/2021, entre otras), en el presente caso tal integración no puede sostenerse. Ello obedece a que, a pesar de que a fojas 51/70 de las actuaciones administrativas obran constancias que reflejarían la determinación de los importes reclamados por el Fisco, dicha liquidación recién fue efectuada en el año 2008, es decir, casi 5 años más tarde. De tal modo, el auto de apertura del sumario resultaba “incompleto” y no cabe asignarle efectos suspensivos o interruptivos del plazo de prescripción, sino hasta luego ser debidamente integrado. Conforme a lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal situación debe verificarse necesariamente antes de su vencimiento, toda vez que mal puede suspenderse o interrumpirse un plazo ya cumplido (Fallos: 320:1081; 318:2558; entre otros).
En consecuencia, dado que no se encuentra controvertido que ambos plazos prescriptivos comenzaron a correr el 1 de enero de 1999, y que el auto de apertura del sumario, dictado el 21 de diciembre de 2003, no adquirió eficacia sino hasta el año 2008, las facultades del Fisco para exigir el pago de tributos e imponer sanciones se encontraban prescriptas, en virtud del cumplimiento de los plazos previstos en los artículos 803 y 934 del CA.
IV.4.-Cabe precisar que, en razón de la naturaleza penal que reviste el supuesto infraccional contemplado en el artículo 970 del Código Aduanero (conf. en el mismo sentido, Sala II del Alta en sistema: 20/08/2025 fuero, in re “Unilan Trelew S.A. –TF 12330-A– c/ DGA”, sentencia del 24/06/2003), lo expuesto previamente no implica orientar el análisis del caso bajo una óptica meramente formalista. Por el contrario, la observancia sustancial de los requisitos establecidos en el artículo 1094 del mismo cuerpo normativo resulta esencial para asegurar el pleno ejercicio del derecho de defensa, conforme a las circunstancias del caso.
En todo procedimiento de naturaleza penal, la imputación de una conducta infractora exige la verificación de su veracidad a partir de una sospecha inicial, con miras a determinar la procedencia de una eventual sanción. En este marco, la garantía del derecho de defensa adquiere un carácter central, no solo como mecanismo de contradicción y refutación, sino como un principio estructural del debido proceso. Así, dicha garantía impone que toda imputación sea notificada al inculpado de manera clara y detallada (conf. artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humano).
V.-Que en virtud de lo expuesto, resulta inoficioso pronunciarse respecto de los restantes agravios invocados por la recurrente.-
En consecuencia, SE RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia del TFN y, en consecuencia, declarar la invalidez de la Resolución DE PRLA 8826/2008, en tanto las facultades del Fisco para exigir el pago de tributos e imponer sanciones se encontraban prescriptas. 2) Imponer las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (conf. art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Alemany, no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 20/08/2025
Fin de la sentencia