Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2021-35378647-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 031/2021 (AD CORD), dictada en la Actuación Nº 17508-34-2015, en cuanto condena a la firma MAGNETI MARELLI CONJUNTOS DE ESCAPE S.A. por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1º, inc. a) del C.A.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-65762105-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Junio de 2024 CONJUNTOS DE ESCAPE S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Reunidos los Señores vocales miembros de la Sala “G” Dres. Horacio Joaquín Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en los autos caratulados: “MAGNETI MARELLI CONJUNTOS DE ESCAPE S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expte. Nº EX-2021-35378647- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución N° 031/2021 (AD CORD), dictada en la Actuación Nº 17508-34-2015, en cuanto condena a la firma MAGNETI MARELLI CONJUNTOS DE ESCAPE S.A. en los términos del art. 954, ap. 1º, inc. a) del C.A., al pago de la suma de $ 6.499.673,60.- en concepto de multa y, a su vez, se le intima al pago de la suma de U$S 711.357,52 en concepto de tributos.
II. Fundamentos de la apelación: Conforme surge de RE-2021-35367946-APN-SGASAD#TFN se presenta MAGNETI MARELLI CONJUNTOS DE ESCAPE S.A. mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra la referida resolución. En primer lugar, efectúa un completo relato de los antecedentes de la cuestión y plantea la prescripción de las acciones del fisco para imponer penas y reclamar tributos. Cita el texto de los arts. 954 inc. a) y 956 del C.A. Señala que la infracción en trato requiere la concurrencia de dos elementos: la existencia de una declaración que difiera de la comprobación, y que esa diferencia provoque un perjuicio fiscal, sosteniendo que en el caso no se produjeron ninguno de los dos.
Argumenta que la mercadería fue correctamente declarada en su calidad, cantidad, especie y valor y que la Aduana sólo cuestiona la posición arancelaria. Sostiene que se acompañó el certificado de origen respectivo que ampara la mercadería facturada desde Brasil y posteriormente nacionalizada. Agrega que la potencial discrepancia respecto de la PA no origina diferencia tributaria alguna ya que, tanto la posición arancelaria declarada como la denunciada por la Aduana, se encuentran negociadas como autopartes en el “Acuerdo sobre la política automotriz común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil” (38º Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 14, ALADI), con idénticos requerimientos de origen.
Refiere a operaciones documentadas con posterioridad a la denunciada en autos, donde la firma oficializó diversas destinaciones de importación bajo la PA denunciada y acompañó los CO que acreditan la aplicación de las mismas reglas de origen, y la Aduana de Córdoba reconoció el origen y la preferencia arancelaria correspondiente a la mercadería. Determina en base a ciertos datos obtenidos de la documentación aduanera que la individualidad del producto exportado desde Brasil e importado a la Argentina es la misma. Resalta que la mercadería es la misma y la diferencia radica en la posición arancelaria que le resulta aplicable, existiendo coincidencia entre la determinada por la exportadora, la entidad emisora del CO y la Aduana de Brasil.
Enfatiza que se trata de una mera cuestión formal y abstracta, pues tanto la PA declarada en los PE por la exportadora en sus documentos y por la entidad emisora del CO, como la sostenida por la Aduana de Córdoba, no tienen diferencias de preferencias ni de requisitos de origen. Cita y analiza la normativa contenida en los Protocolos Adicionales 38 y 40 del “Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil” y de la Decisión 1/2009, incorporada al 77 Protocolo Adicional. Sostiene que el certificado de origen fue correctamente emitido respecto de su contenido, forma y fecha y que, aunque la Aduana podría objetar la discrepancia arancelaria, de ningún modo puede desconocer el origen de la mercadería.
Considera que los Acuerdos de Complementación Económica tienen supremacía legal, prevaleciendo sobre los actos de la Administración argentina, ello con fundamento en lo dispuesto en los arts. 31 y 75 incs. 22 y 24 de la C.N. Cita abundante jurisprudencia al respecto. Prosigue con referencias técnicas de la mercadería objeto de autos. Reitera que la divergencia clasificatoria no tiene efectos fiscales, ya que junto con el dictamen clasificatorio de la División Clasificación Arancelarias la DGA informó expresamente a la Aduana de Córdoba que las PA dictaminadas se encontraban incluidas en el ACE 14. Subsidiariamente solicita la aplicación del art. 898 del C.A. Alude a la garantía de seguridad jurídica y a la vulneración del principio de confianza legítima.
Cita doctrina y jurisprudencia al respecto. También, en subsidio plantea la inconstitucionalidad de la deuda expresada en dólares y de la tasa de interés. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2021-58904669-APN-DTD#JGM se presenta la representante del fisco y contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora. En primer lugar, efectúa un breve relato de los hechos acontecidos en sede aduanera y niega todas y cada una de las afirmaciones, los hechos, el derecho, la documentación y/o copias invocadas por la contraria, que no fueran expresamente reconocidos, o bien surgieran de las constancias de las actuaciones. Rechaza el planteo de prescripción opuesto por la actora. Manifiesta que es el origen el que puede determinar la exención -o no- de aranceles y que para ello, es necesario acreditar que una mercadería determinada (y no otra) tenga ORIGEN en un determinado país.
Considera que como consecuencia de la declaración inexacta se ha configurado una discordancia entre la mercadería efectivamente amparada por el certificado de origen y aquella ingresada al territorio aduanero nacional. Cita jurisprudencia y doctrina. Efectúa un pormenorizado análisis del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías y a la Reglas Generales de Interpretación del Sistema Armonizado, y sus Notas Explicativas. Destaca que la facultad de clasificar las mercaderías objeto del comercio internacional se encuentra otorgada por el ordenamiento jurídico exclusiva e indelegablemente a la AFIP. Cita el texto del art. 954 inc. a) del C.A. y jurisprudencia al respecto.
Analiza los elementos configurativos del tipo infraccional. Hace referencia a la definición de la declaración comprometida y cita el texto del art. 234 del C.A. Entiende que la declaración que se compromete es la referente a la clasificación arancelaria de la mercadería que se importa, sin que se contemple la posibilidad de ingresar una descripción sobre la calidad, clase o naturaleza de la misma, que implique una ampliación de los textos de la Nomenclatura. Señala que mediante el sistema informático de registro aduanero, la función clasificatoria es asumida en primera instancia por el declarante y que, de la selección que haga el mismo, dependerá la descripción de la mercadería y, en su caso, la liquidación de los gravámenes, limitando la función del organismo aduanero al control de la correcta clasificación.
Hace referencia al concepto de perjuicio fiscal y cita a tal fin el texto del art. 956 del C.A. Cita jurisprudencia. Rechaza la aplicación del art. 898 del C.A. y cita jurisprudencia al respecto. Hace referencia a la improcedencia por parte de este Tribunal de cualquier pronunciamiento respecto de la ilegalidad de las resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo. Agrega que los derechos de importación y de exportación, así como los demás tributos que gravaren tales operaciones, deben ser calculados en dólares hasta el momento de su efectivo pago y que, sobre ellos, deben calcularse los intereses previstos en el artículo 794 del C.A. y cita jurisprudencia al respecto. Argumenta que el capital debe convertirse a pesos al tipo de cambio correspondiente al día hábil anterior a la fecha del efectivo pago y que, de corresponder, el cálculo de los accesorios debe realizarse sobre el capital adeudado en pesos, hasta la fecha de su pago.
En relación a los intereses, cita los arts. 794, 795 y 796 del C.A. Cita jurisprudencia y doctrina al respecto. Finalmente, ofrece como prueba las actuaciones administrativas (dejando asentada la posibilidad de acompañarlas en su formato original), rechaza la ofrecida por la actora, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
IV. Que, conforme fuera ordenado en autos mediante PV-2024-31210272-APN-VOCXXI#TFN, como medida para mejor proveer, el fisco acompañó las actuaciones administrativas N° 17508-34-2015 (Sumario N° 017SC- 288-2015/4) en soporte papel, conforme constancia agregada en autos mediante IF-2024-40903853-APN- DTD#JGM. Las mismas se inician a fs. 1/2 con la Nota INSP. SIM. NRO. 379/2015 de fecha 15/07/2015. A fs. 10 luce el Acta de Denuncia de misma fecha, formulada a MAGNETTI MARELLI CONJ. DE ESCAPES S.A. A fs. 11/14 obra agregada la Disposición N° 1159/15 de fecha 17/09/2015 (AD CORD) mediante la cual se instruye sumario por presunta infracción del art. 954 ap. 1 inc. a) del C.A. A fs. 15, con fecha 04/05/2016 obra la liquidación de la multa mínima. A fs. 16/17 luce la Disposición N° 846/16 de fecha 16/05/2016 mediante la cual se corre vista a la firma de la infracción imputada y de la multa mínima por la suma de $ 6.499.673,60. A fs. 19/32 luce la contestación de vista de fecha 02/06/2016 y a fs. 33/747 la prueba documental acompañada por la firma, consistente en el poder, fotografías de la mercadería y copias de las destinaciones de importación involucradas con sus correspondientes CO e impresión de pantalla de la página web del Banco Nación con las tasas de interés para plazos fijos en dólares. A fs. 748, con fecha 30/09/2016, se tiene por presentada a la firma. A fs. 757/760 luce respuesta de oficio al Banco Nación. A fs. 763 obra la respuesta al oficio dirigido al BCRA. A fs. 764, en fecha 06/02/2018 se dispone la clausura del periodo probatorio y, como medida para mejor proveer, se ordena la remisión del expediente a la División Clasificación Arancelaria. A fs. 766/781 obra el dictamen técnico N° 33/2020 de fecha 26/08/2020. A fs. 782 luce la Nota N° 106/2020 (DV ARIN) de fecha 04/09/2020. A fs. 783, en fecha 02/11/2020, se dispone poner los autos para alegar. A fs. 785/787 presenta el alegato la firma imputada en fecha 18/12/2020. A fs. 791/792vta. obra el dictamen N° 05/21 (AD CORD) de fecha 20/01/2021. Finalmente, a fs. 793/794vta. luce la resolución aduanera N° 031/21 (AD CORD), de fecha 02/03/2021, mediante la cual se condena a la firma MAGNETTI MARELLI CONJUNTO DE ESCAPES S.A. por la comisión de la infracción del art. 954 ap. 1 inc. a), al pago de una multa por la suma de $ 6.499.673,60, como así también el pago de tributos por la suma de U$S 711.357,52.
V. Que preliminarmente, cabe analizar el planteo de prescripción opuesto por la actora relativo a las acciones que recaen en cabeza del fisco para perseguir el cobro de los tributos e imponer sanciones.
Que, en tal sentido el art. 803 del C.A establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.). Que, en el caso de autos, tratándose de una infracción relativa a varios despachos de importación, y teniendo en cuenta que los mismos fueron oficializados todos en el año 2012 (año de registro de los despachos que presuntamente contienen la declaración inexacta), el hecho generador de la obligación tributaria se habría cometido en dicho año. Por ende, en todos los casos el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2013 y vencía el 31/12/2017.
Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 17/09/2015 (ver fs. 11/14 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 2 años, 8 meses y 16 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 2 años, 3 meses y 13 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 17/09/2015) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que se hace allí literal referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” (la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.) ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución N° 031/2021 (AD CORD) dictada el 02/03/2021.
Que, de este modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 17/09/2015 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 02/03/2021 (fecha del dictado de la resolución aduanera), correspondiendo tomar dicha fecha en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación. Ello, sin perjuicio de la suspensión establecida mediante Ley N° 27.562, a la cual me referiré seguidamente. Que mediante el art. 17 de la referida Ley se dispuso la suspensión “(…) con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.”, es decir del 26/08/2020 al 26/08/2021.
Que, tanto el dictado de la resolución aduanera (02/03/2021) como la apelación de la misma (23/04/2021) se produjeron durante el período de suspensión determinado en la Ley. De este modo, teniendo en cuenta que dicha apelación tiene efecto suspensivo, se concluye que no se encuentra prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos, correspondiendo rechazar el planteo efectuado por la recurrente en este punto. Que, resta pues analizar la prescripción de la acción del fisco para imponer sanciones.
Que cabe recordar que el art. 934 del C.A expresa al respecto que “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del C.A establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario;...”. Por su parte, el inciso d) del art. 937 del C.A. dispone que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por “… el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.”.
Que, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que los despachos de importación involucrados en autos fueron oficializados todos en el año 2012, el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2013.
Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 17/09/15). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 18/09/2015, finalizando el 17/09/2020. Que ahora bien, como se dijo precedentemente, el art. 17 de la Ley N° 27.562 dispuso la suspensión por un año del curso de la prescripción de la acción –en cuanto aquí interesa- para aplicar multas, quedando dicho plazo establecido entre el 26/08/2020 al 26/08/2021.
Que en atención a ello, el nuevo plazo debe computarse desde el 18/09/2015 al 26/08/2020 y luego, se debería reiniciar el cómputo a partir del 26/08/2021. En efecto, del 18/09/2015 al 26/08/2020 transcurrieron 4 años, 11 meses y 8 días. Es decir que, del plazo quinquenal restaban cumplirse tan solo 22 días, los que debían computarse una vez que cesara la suspensión de la ley citada. Sin embargo, con anterioridad al vencimiento de la suspensión dispuesta por la Ley 27.562 (26/08/2021), se dictó la resolución aduanera apelada (02/03/2021).
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado, no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones.
Que, como consecuencia de todo lo antes expuesto corresponde rechazar el planteo efectuado por la actora respecto de la prescripción -asimismo- de la acción del fisco para imponer penas.
VI. Que, corresponde entonces determinar si en el caso se ha configurado la infracción de declaración inexacta prevista y penada por el artículo 954 inciso a) del Código Aduanero, en relación a la mercadería documentada por la firma MAGNETTI MARELLI CONJUNTO DE ESCAPES S.A. mediante los despachos de importación detallados a fs. 6/9 de las actuaciones administrativas. Al respecto, y preliminarmente, corresponde señalar que no se cuenta con los originales de los DI cuestionados por el fisco y que, por ende, se resolverá en base a las copias acompañadas por la firma importadora en oportunidad de contestar la vista en instancia administrativa, las cuales -por lo demás- han sido autenticadas por la Aduana de Córdoba y tenidas en cuenta a los fines de dictar la resolución aduanera aquí apelada.
Que conforme surge de las actuaciones administrativas, especialmente del dictamen y de la resolución aduanera que recoge sus términos, la Aduana habría detectado una “… divergencia de tipo clasificatoria entre lo declarado por el usuario en su rol de importador y, lo constatado ex post por el servicio aduanero (se declaró P.A. 8708.92.00.100V y 8708.92.00.900N y se verifica P.A. 8409.91.15.000Z), lo que ocasionaría un tratamiento arancelario distinto como consecuencia de no aplicar el certificado de origen a los fines de la obtención del tratamiento intrazona ocasionando un perjuicio fiscal en los términos del art. 954 ap. 1 inc. a en relación al art. 956 inc. b del C.A. ...” . (ver dictamen y resolución aduanera obrantes, respectivamente, a fs. 791/792vta. y 793/794vta. de las act. adm.)
Que el artículo 954 del Código Aduanero tutela el principio de la veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentan ante las aduanas. De este modo, la infracción descripta en el mencionado artículo requiere como elemento del tipo, además de la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, que la misma resulte idónea para producir alguno de los efectos previstos en los incisos a), b) y/o c) del apartado 1 del referido artículo. En el caso de autos, el servicio aduanero encuadró la infracción en el inciso a), en el cual se requiere que la inexactitud en la declaración “… produjere o hubiere podido producir: (…) un perjuicio fiscal …”. Por dicho supuesto ha sido condenada la recurrente y se le han aplicado la multa e intimado los tributos establecidos en la resolución aquí apelada.
Que lo objetado resulta ser estrictamente la divergencia clasificatoria entre las posiciones arancelarias declaradas por la firma en los despachos de importación y la que pretende aplicable el servicio aduanero, considerando en consecuencia inválido –en su caso- el certificado de origen para las posiciones arancelarias declaradas. En base a ello, la Aduana entiende que no resulta aplicable el tratamiento preferencial a nivel arancelario, ocasionando tal circunstancia un perjuicio fiscal.
Que, sin embargo, y tal como se verá seguidamente, tal extremo no se encuentra reunido a los fines de tener por configurada la infracción de declaración inexacta en los términos del artículo 954 inciso a) del C.A. Que, según se observa de la compulsa de los despachos de importación involucrados en autos, la importadora declaró mercadería originaria y procedente de Brasil que clasificó (entre otras, y en cuanto aquí interesa) en las PA 8708.92.00.100V y 8708.92.00.900N, y la misma fue negociada al amparo del XXXVIII Protocolo Adicional del ACE 14. Asimismo, hay correspondencia entre lo declarado en cada uno de los despachos (cantidad y valor FOB total en dólares de la mercadería) con lo consignado en la factura comercial y –en su caso- en el certificado de origen.
Que el referido Protocolo enfatiza “… La necesidad de profundizar la integración productiva entre las Partes, en especial en lo atinente a las inversiones, el comercio y la producción; La oportunidad de transformar el MERCOSUR en un polo mundial de producción y desarrollo de productos automotores; La importancia de la previsibilidad y la seguridad para la atracción de inversiones, que permitirán alcanzar esos objetivos; El entendimiento de que la aplicación transitoria de condiciones diferenciadas de acceso a mercado constituye un instrumento para consolidar el sector automotor y alcanzar un comercio sin restricciones; …”. De este modo, en el artículo 2 se dispone “Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N° 14 el “Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil”, que se incluye en anexo y que forma parte del presente Protocolo.”. Seguidamente, se establece su vigencia desde el 01/07/2008 hasta el 30/06/2014 (art. 3), comprendiendo este período las fechas de registro de las operaciones de autos, dato indicativo de que éste era el Protocolo vigente en ese momento.
Que resulta de importancia lo dispuesto en el artículo 9 del referido Protocolo, en tanto allí se determina que durante su vigencia “… los productos automotores serán comercializados entre las Partes con cien por cien (100%) de preferencia arancelaria (cero por ciento -0%- de arancel ad valorem intrazona), siempre que cumplimenten los requisitos de origen y las condiciones estipuladas en el mismo.”, y a tal fin lista en el Anexo las posiciones arancelarias comprendidas en dicha preferencia arancelaria, entre las que se encuentra la declarada por la importadora e incluso, la PA determinada por la aduana, como se verá seguidamente. Es decir que las operaciones registradas durante la vigencia del Acuerdo, que acreditaban el origen intrazona de la mercadería comercializada entre las Partes, tributaban un 0% de arancel.
Que, de este modo, en el caso de autos, la pretendida inexactitud expuesta por la Aduana respecto de la posición arancelaria declarada por la firma importadora, es decir la declaración atinente a la calidad y especie de la mercadería importada, no trajo aparejada una diferencia de valor que pueda hacer punible la declaración. Ello debido a que tanto la PA declarada por la firma como la atribuida por el servicio aduanero, se encontraban incluidas en el Anexo del XXXVIII Protocolo del ACE 14, Acuerdo bajo el cual se negociara la mercadería importada mediante los DI involucrados en autos. Así lucen ambas posiciones arancelarias en el texto de la norma en comentario:
(…)
(…)
Que, de este modo, la alegada diferencia de clasificación no ha originado cambio alguno en la valoración de la mercadería, y por tanto no existe variación en los eventuales tributos, por lo que la situación no varía en absoluto tanto desde el punto de vista infraccional, como desde la perspectiva tributaria. De esta manera, propongo revocar la resolución apelada mediante la cual la aduana condena por la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del C.A. Que, en igual sentido se resolvió en la Causa “MAGNETTI MARELLI CONJUNTOS DE ESCAPE S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, Expte. N° EX2021-35404185-APN-SGASAD#TFN, de esta Sala G mediante sentencia de fecha 21/03/2024: “… al tratarse de mercancías de origen brasilero, ambas están exentas del pago de derechos de importación (…) la errónea ubicación arancelaria de la mercadería no es determinante de la procedencia de las preferencias arancelarias, puesto que éstas se conceden a las mercaderías, dado que son las mercaderías negociadas y no las posiciones arancelarias…”. Y se concluye que “… siendo que la posición arancelaria determinada por el servicio aduanero poseía de igual manera una preferencia arancelaria del 100%, no se configura el perjuicio fiscal que justifique la imputación en los términos del art. 954, inc. a) del CA …”. Que, resulta oportuno mencionar que si bien respecto del DI N° 12017IC04000418K, no obra agregado en las actuaciones administrativas el certificado de origen correspondiente (recordemos que sólo se cuenta con las copias aportadas por la importadora en sede aduanera), se colige de forma indubitable que si la Aduana cuestionó su validez, tuvo que necesariamente haberlo tenido en cuenta. Máxime si se considera que en ningún momento se cuestionó la falta de presentación de certificado de origen alguno sino estrictamente su supuesta invalidez como consecuencia de la supuesta divergencia clasificatoria detectada por el servicio aduanero. Por lo cual, también se revoca la resolución apelada respecto del referido despacho de importación.
Que en consecuencia, corresponde revocar la multa y los tributos aplicados mediante la Resolución apelada por la actora en autos.
VII. Que en cuanto a las costas deben imponerse a la vencida de conformidad con lo dispuesto por el art. 1163 del C.A.
Por ello, voto por:
1. Revocar la Resolución N° 031/2021 (AD CORD), dictada en la Actuación Nº 17508-34-2015, en cuanto condena a la firma MAGNETI MARELLI CONJUNTOS DE ESCAPE S.A. por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1º, inc. a) del C.A.
2. Costas a la vencida.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero respecto a la valoración de la falta administrativa.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución N° 031/2021 (AD CORD), dictada en la Actuación Nº 17508-34-2015, en cuanto condena a la firma MAGNETI MARELLI CONJUNTOS DE ESCAPE S.A. por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1º, inc. a) del C.A.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2024.06.24 11:46:33 ART Date: 2024.06.24 11:51:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.24 13:01:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.24 13:02:21 -03:00
Fin de la sentencia