Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2021-35404185-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 34/2021 (AD CORD), dictada en las actuaciones SIGEA Nº 17508-36-2015.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-29962839-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 21 de Marzo de 2024 (Sentencia)
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “MAGNETI MARELLI CONJUNTOS DE ESCAPE S.A. s/recurso de apelación”, Expediente Nº EX-2021-
35404185-APN-SGASAD#TFN,
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso que se presenta a consideración, el servicio aduanero exigió el pago de una multa a la empresa “Magneti Marelli Conjuntos de Escape SA”, junto con los tributos en concepto de derechos de importación adeudados. Dicha imposición se basa en la consideración de que el certificado de origen presentado por la empresa no es aplicable debido a una discrepancia en la clasificación de la mercancía importada. Por lo tanto, se sostiene que la empresa está obligada a cumplir con las obligaciones tributarias bajo el régimen general y no puede beneficiarse de las ventajas asociadas a la importación intrazona. Los argumentos de la parte actora se basan, en prieta síntesis, en sostener que la mercadería fue correctamente clasificada y que no existe en el caso de marras perjuicio fiscal, puesto que se trata de mercadería negociada en la ALADI con idéntica preferencia e iguales requisitos de origen.
II. Por su parte, la representación fiscal defiende la validez del acto administrativo recurrido. Luego de efectuar la negativa genérica de rigor y un sucinto relato de los hechos, menciona que en el caso no solo hay una clara declaración inexacta, sino que se configura una clara discordancia entre la mercadería efectivamente amparada por el certificado de origen y aquella ingresada al territorio aduanero nacional. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada.
III. En las condiciones indicadas, la cuestión central de autos radica en determinar si el certificado de origen acompañado resulta aplicable en virtud de la divergencia en el criterio clasificatorio por parte del servicio aduanero, lo que configuraría la infracción prevista en el art. 954, inc. a) del CA con relación a la mercadería importada bajo la destinación N° 15017IC04003251L y haría que esta tribute por el régimen general.
Al respecto, la recurrente sostiene que dicha imputación por el presunto perjuicio fiscal resulta ser injustificada, dado que ambas posiciones (tanto la declarada inicialmente como la reputada como válida por el servicio aduanero) gozan de la misma preferencia arancelaria. En otras palabras, al tratarse de mercancías de origen brasilero, ambas están exentas del pago de derechos de importación. Sobre este asunto, el Tribunal ya se ha expedido con anterioridad, en el sentido que:... la errónea ubicación arancelaria de la mercadería no es determinante de la procedencia de las preferencias arancelarias, puesto que éstas se conceden a las mercaderías, dado que son las mercaderías negociadas y no las posiciones arancelarias, aunque dichas posiciones arancelarias brinden una ubicación de las mercaderías en la nomenclatura (conf.
CNACAF, sentencia del 29.08.00 in re“ YPF S.A. (TF 11.119A), e igual criterio en la sentencia de esta Sala “E”, con otra composición, in re “Aluar Aluminio Argentino S.A.” del 12.04.02.)” En ese orden de ideas, debe recordarse que, al momento de interpretar una norma, los magistrados deben actuar con prudencia y evitar que un excesivo rigor en los razonamientos desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción. La interpretación de la ley no debe llevar a la pérdida de un derecho ni turbar el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, ya que esto resulta lesivo del adecuado servicio de justicia garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional de la República Argentina. En ese sentido, la CSJN ha enfatizado la necesidad de considerar la finalidad, el espíritu y la intención del legislador en la interpretación de las leyes, evitando una aplicación mecánica y formalista de las normas y buscando siempre una solución justa y acorde con los principios constitucionales y también ha señalado que su misión es proteger la vigencia real y efectiva de los principios constitucionales, evitando la aplicación mecánica e indiscriminada de la norma, lo que podría vulnerar derechos fundamentales y alejar a la justicia del propósito de afianzarla enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional.
A fin de cuentas, el derecho y la justicia no pueden ser entendidos exclusivamente desde una perspectiva lógica o axiomática, ya que es necesario considerar la experiencia, los valores y la realidad social en la que se desenvuelven. La lógica, aunque importante, no es suficiente por sí sola para comprender y aplicar el derecho de manera justa y adecuada en cada caso concreto. Por lo tanto, al momento de realizar un encuadre, es necesario conducirse de manera tal que el propósito de la ley se cumpla. Esto implica que el operador respete los propósitos generales plasmados en la regulación administrativa y no estar limitado por una lectura estricta de las mandas legales. En este sentido, debe remarcarse que el conocimiento de la ley demandaba de la máxima prudencia a fin de cuidar que el excesivo rigor formal de los razonamientos no terminase desnaturalizando el espíritu que había inspirado la sanción de la norma.
En conclusión, debe subrayarse la importancia de una interpretación razonable y discreta de las normas para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y evitar interpretaciones arbitrarias. En este sentido, se debía dar prioridad a la intención del legislador y velar por que el propósito de la ley se cumpla, sin estar limitado por una lectura estricta de las mandas legales.
IV. En consecuencia, atento a que el certificado de origen presentado por la actora permite identificar adecuadamente el origen de la mercadería involucrada en autos (no discutido por el servicio aduanero) y siendo que la posición arancelaria determinada por el servicio aduanero poseía de igual manera una preferencia arancelaria del 100%, no se configura el perjuicio fiscal que justifique la imputación en los términos del art. 954, inc. a) del CA y, por lo anteriormente expuesto, el certificado de origen presentado es plenamente válido para todos sus efectos.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 34/2021 (AD CORD), dictada en las actuaciones SIGEA Nº 17508-36-2015.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución N° 34/2021 (AD CORD), dictada en las actuaciones SIGEA Nº 17508-36-2015.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2024.03.19 17:26:03 ART Date: 2024.03.20 09:42:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.21 14:32:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.21 14:33:09 -03:00
Fin de la sentencia