Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 35378647-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 24/06/2024, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN), y
2Reducir los honorarios fijados por el Tribunal Fiscal de la Nación y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando X.
20371/2024 Magneti Marelli Conjuntos de Escapes SA (TF 35378647-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo Buenos Aires, 30 de mayo de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 24/06/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución n° 031/2021 (AD CORD), dictada en la Actuación Nº 17508-34-2015, en cuanto condenó a la firma Magneti Marelli CONJUNTOS DE ESCAPE S.A. por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1º, inc. a) del C.A. Impuso las costas al Fisco. Para así resolver, en cuanto aquí interesa, precisó que, la cuestión de autos radicaba en determinar si, en el caso, se había configurado la infracción de declaración inexacta prevista y penada por el artículo 954 inciso a) del Código Aduanero, en relación a la mercadería documentada por la firma Magneti Marelli Conjunto de Escapes S.A. mediante los despachos de importación detallados a fs. 6/9 de las actuaciones administrativas.
Al respecto, y preliminarmente, señaló que no se contaba con los originales de los DI cuestionados por el fisco y que, por ende, se resolvería en base a las copias acompañadas por la firma importadora en oportunidad de contestar la vista en instancia administrativa, las cuales -por lo demás- habían sido autenticadas por la Aduana de Córdoba y tenidas en cuenta a los fines de dictar la resolución aduanera apelada.
Alta en sistema: 03/06/2025 Apuntó que, conforme surgía de las actuaciones administrativas, especialmente del dictamen y de la resolución aduanera que recogía sus términos, la Aduana habría detectado una “… divergencia de tipo clasificatoria entre lo declarado por el usuario en su rol de importador y, lo constatado ex post por el servicio aduanero (se declaró P.A. 8708.92.00.100V y 8708.92.00.900N y se verifica P.A. 8409.91.15.000Z), lo que ocasionaría un tratamiento arancelario distinto como consecuencia de no aplicar el certificado de origen a los fines de la obtención del tratamiento intrazona ocasionando un perjuicio fiscal en los términos del art. 954 ap. 1 inc. a en relación al art. 956 inc. b del C.A. ...” . Postuló que, el artículo 954 del Código Aduanero tutelaba el principio de la veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentaban ante las aduanas. De este modo, la infracción descripta en el mencionado artículo requería como elemento del tipo, además de la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, que la misma resulte idónea para producir alguno de los efectos previstos en los incisos a), b) y/o c) del apartado 1 del referido artículo.
Indicó que, en el caso de autos, el servicio aduanero encuadró la infracción en el inciso a), en el cual se requiere que la inexactitud en la declaración “… produjere o hubiere podido producir: (…) un perjuicio fiscal …”.
Sentado ello, expuso que, por dicho supuesto había sido condenada la recurrente y se le habían aplicado la multa e intimado los tributos establecidos en la resolución apelada.
Puntualizó que, lo objetado resultaba ser estrictamente la divergencia clasificatoria entre las posiciones arancelarias declaradas por la firma en los despachos de importación y la que pretendía aplicable el servicio aduanero, considerando en consecuencia inválido –en su caso– el certificado de origen para las posiciones arancelarias declaradas.
Alta en sistema: 03/06/2025 Refirió que, en base a ello, la Aduana entendió que no resultaba aplicable el tratamiento preferencial a nivel arancelario, ocasionando tal circunstancia un perjuicio fiscal.
Adujo que, sin embargo, tal extremo no se encontraba reunido a los fines de tener por configurada la infracción de declaración inexacta en los términos del artículo 954 inciso a) del C.A.
Alegó que, según se observaba de la compulsa de los despachos de importación involucrados en autos, la importadora declaró mercadería originaria y procedente de Brasil que clasificó en las PA 8708.92.00.100V y 8708.92.00.900N, y la misma fue negociada al amparo del XXXVIII Protocolo Adicional del ACE 14. Indicó que, asimismo, había correspondencia entre lo declarado en cada uno de los despachos (cantidad y valor FOB total en dólares de la mercadería) con lo consignado en la factura comercial y –en su caso– en el certificado de origen.
Destacó que, el referido Protocolo enfatizaba “… La necesidad de profundizar la integración productiva entre las Partes, en especial en lo atinente a las inversiones, el comercio y la producción; La oportunidad de transformar el MERCOSUR en un polo mundial de producción y desarrollo de productos automotores; La importancia de la previsibilidad y la seguridad para la atracción de inversiones, que permitirán alcanzar esos objetivos; El entendimiento de que la aplicación transitoria de condiciones diferenciadas de acceso a mercado constituye un instrumento para consolidar el sector automotor y alcanzar un comercio sin restricciones; …”.
Puso de relieve que, en el artículo 2 se disponía “Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N° 14 el “Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil”, que se incluye en anexo y que forma parte del presente Protocolo.”. Seguidamente, se estableció su vigencia desde el 01/07/2008 hasta el 30/06/2014 Alta en sistema: 03/06/2025 (art. 3), comprendiendo este período las fechas de registro de las operaciones de autos, dato indicativo de que éste era el Protocolo vigente en ese momento. Manifestó que, resultaba de importancia lo dispuesto en el artículo 9 del referido Protocolo, en tanto allí se determinaba que durante su vigencia “… los productos automotores serán comercializados entre las Partes con cien por cien (100%) de preferencia arancelaria (cero por ciento -0%- de arancel ad valorem intrazona), siempre que cumplimenten los requisitos de origen y las condiciones estipuladas en el mismo.”, y a tal fin listaba en el Anexo las posiciones arancelarias comprendidas en dicha preferencia arancelaria, entre las que se encontraba la declarada por la importadora e incluso, la PA determinada por la aduana.
Es decir que las operaciones registradas durante la vigencia del Acuerdo, que acreditaban el origen intrazona de la mercadería comercializada entre las Partes, tributaban un 0% de arancel.
Alegó que, de este modo, en el caso de autos, la pretendida inexactitud expuesta por la Aduana respecto de la posición arancelaria declarada por la firma importadora, es decir la declaración atinente a la calidad y especie de la mercadería importada, no trajo aparejada una diferencia de valor que pueda hacer punible la declaración. Ello debido a que tanto la PA declarada por la firma como la atribuida por el servicio aduanero, se encontraban incluidas en el Anexo del XXXVIII Protocolo del ACE 14, Acuerdo bajo el cual se negociara la mercadería importada mediante los DI involucrados en autos.
Precisó cómo lucían ambas posiciones arancelarias en el texto de la norma en comentario:
8409.91.15 Tubos múltiples de admisión o de escape 8708.92.00 Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes.
Ponderó que, de este modo, la alegada diferencia de clasificación no había originado cambio alguno en la valoración de la mercadería, y por tanto no Alta en sistema: 03/06/2025 existía variación en los eventuales tributos, por lo que la situación no variaba en absoluto tanto desde el punto de vista infraccional, como desde la perspectiva tributaria.
Citó jurisprudencia del TFN.
Por último, añadió que, resultaba oportuno mencionar que si bien respecto del DI N° 12017IC04000418K, no obraba agregado en las actuaciones administrativas el certificado de origen correspondiente, se colegía de forma indubitable que, si la Aduana cuestionó su validez, tuvo que necesariamente haberlo tenido en cuenta. Máxime si se consideraba que en ningún momento se cuestionó la falta de presentación de certificado de origen alguno sino estrictamente su supuesta invalidez como consecuencia de la supuesta divergencia clasificatoria detectada por el servicio aduanero. Por lo cual, también se revocaba la resolución apelada respecto del referido despacho de importación. En consecuencia, se concluyó que correspondía revocar la multa y los tributos aplicados mediante la resolución apelada por la actora en autos.
II. Que contra dicho pronunciamiento el 20/08/2024 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional, expresando agravios en la misma fecha, los que fueron replicados por la contraria el 5/09/2024.
El primer agravio de la recurrente se titula “Errores formales insertas en el Certificado de Origen. Ausencia de Aplicación del Anexo I, ACE 18 (Protocolo Adicional 39)”.
Al respecto, la apelante sostiene que, el primer agravio se relaciona con la errónea aplicación de la jurisprudencia alegada por el sentenciante en la resolución apelada; se trata del antecedente “YPF S.A. c/ DGA”, 29/08/00 de la CNac.A.Cont.Adm.Fed., y en la sentencia de la misma en “MAGNETTI MARELLI CONJUNTOS DE ESCAPE S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, Expte. N° EX2021-
35404185-APN-SGASAD#TFN en la cual se consideró que “(…) al tratarse de mercancías de origen brasilero, ambas están exentas del pago de derechos de Alta en sistema: 03/06/2025 importación (…) la errónea ubicación arancelaria de la mercadería no es determinante de la procedencia de las preferencias arancelarias, puesto que éstas se conceden a las mercaderías, dado que son las mercaderías negociadas y no las posiciones arancelarias…”. Y se concluye que “… siendo que la posición arancelaria determinada por el servicio aduanero poseía de igual manera una preferencia arancelaria del 100%, no se configura el perjuicio fiscal que justifique la imputación en los términos del art. 954, inc. a) del CA …”.
En relación a lo expuesto, refiere que se trata de conclusiones puramente pragmáticas y sin fundamentación ni sustento.
Resalta que, prueba de ello es que justamente a la fecha de la Oficialización del Despacho en cuestión, se encontraba vigente el Anexo I, del ACE 14 (Protocolo Adicional N.º 38) en el cual se determina lo siguiente: “(…) La necesidad de profundizar la integración productiva entre las Partes, en especial en lo atinente a las inversiones, el comercio y la producción; La oportunidad de transformar el MERCOSUR en un polo mundial de producción y desarrollo de productos automotores; La importancia de la previsibilidad y la seguridad para la atracción de inversiones, que permitirán alcanzar esos objetivos; El entendimiento de que la aplicación transitoria de condiciones diferenciadas de acceso a mercado constituye un instrumento para consolidar el sector automotor y alcanzar un comercio sin restricciones; (…)”.
De este modo, en el artículo 2 se dispone “Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N° 14 el “Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil”, que se incluye en anexo y que forma parte del presente Protocolo.”.
Por eso, entiende que, no puede más que negarse la aplicación de la jurisprudencia aplicada, así como las conclusiones que objeta por carentes de fundamento, a las cuales el Tribunal arribó en la sentencia apelada. Alta en sistema: 03/06/2025 Considera que, de este modo, la sentencia, se torna en arbitraria, no sólo por la errónea aplicación del caso jurisprudencial, sino porque no fundamenta en este aspecto de la sentencia -punto IV- sus dichos.
En segundo agravio se titula “Configuración de la infracción endilgada. Perjuicio Fiscal”.
Refiere que, siguiendo con la misma línea, el Tribunal entendió remitiendo a lo resuelto en la actuación “MAGNETTI MARELLI CONJUNTOS DE ESCAPE S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, Expte. N° EX2021-35404185-APN- SGASAD#TFN, de esa misma Sala y Vocalía “(…) siendo que la posición arancelaria determinada por el servicio aduanero poseía de igual manera una preferencia arancelaria del 100%, no se configura el perjuicio fiscal que justifique la imputación en los términos del art. 954, inc. a) del CA (…)”.
Postula que su parte también se agravia por esas afirmaciones sin sustento ni fáctico ni normativo. En efecto, la infracción cometida por la actora no se mide o configura en términos monetarios, tal como pretende hacerlo parecer el sentenciante.
Aduce que, en relación a los dichos por el TFN en la sentencia apelada sobre la inexistencia de perjuicio fiscal por encontrarse abonados los tributos, es dable señalar que los mismos fueron abonados luego de iniciado un procedimiento posterior impulsado para el cobro.
Esgrime que, tal cual surge de la letra del inciso, a) del art. 954, el perjuicio se configura cuando la declaración inexacta “en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiese podido producir (…) un perjuicio fiscal”, lo que en el caso, según asevera, ha ocurrido.
Postula que, asimismo, es relevante tener presente que ese artículo se encuentra ligado al art. 956 inciso b del C.A., cuando refiere que “… se entiende por perjuicio fiscal la falta de ingreso al servicio aduanero del importe correspondiente por tributos cuya percepción le estuviere encomendada, el Alta en sistema: 03/06/2025 ingreso de un importe menor al que correspondiere por tal concepto o el pago por el fisco de un importe que no correspondiere por estímulos a la exportación …”. Es decir, tal como refiere el Dr. Alais, en “Régimen Infraccional Aduanero”, Ed. Marcial Pons, 2011, “… la declaración comprometida siempre en esencia ha de tener repercusión en orden a los tributos que se han de abonar con motivo de las declaraciones …”.
Al respecto, considera que, el hecho gravado conlleva la obligación del pago de tributos en el sentido amplio, aún cuando la declaración aduanera hubiera sido realizada con inexactitudes como ocurrió en el presente; el hecho de que hayan sido abonados no impide la configuración de la infracción dado que, de no haber sido advertido por su parte, no hubieran sido abonados.
Hace hincapié en que la norma es clara y alcanza a ambos supuestos dado que el bien jurídico no es la recaudación sino el control aduanero. Así, la importadora con su actuar obstaculizó y actualmente continúa obstaculizando el debido control que la Aduana debe realizar sobre las mercaderías que ingresan y egresan al país. Intenta sin medirse dejar impune su conducta, resultando incluso desleal y notorio su actuar, justamente contrario a “un buen hombre de negocios”.
Observa que, a diferencia de los dichos por el sentenciante en la sentencia apelada, en el presente caso, nos encontramos ante el cumplimiento de los dos elementos previstos por la norma, es decir, nos encontramos ante una declaración que difiere de lo declarado y la comprobación, pero además la exportadora ha producido o podido producir un perjuicio fiscal; asimismo no se trata de ninguno de los supuestos previstos por la norma para eximirlo de la comisión de la infracción endilgada en el art. 954 del C.A.
Esto es, el art. 958 enumera los supuestos en los cuales no será sancionado el que hubiere presentado una declaración inexacta, refiere que “… a) la inexactitud fuere comprobable de la simple lectura de la propia declaración o Alta en sistema: 03/06/2025 circunstancia; b) la diferencia resultante de la inexactitud únicamente causare o pudiere causar un perjuicio fiscal y su monto fuere menor de %58,10; c) la diferencia de cantidad de mercadería de una misma posición arancelaria no excediere del Dos, 2% por ciento sobre la unidad de medida que correspondiere a la misma …”.
Con relación a ello, manifiesta que ninguno de esos supuestos referidos se cumple en estos actuados. Es decir que, se observa el cabal cumplimiento de ambos elementos de la infracción.
Recalca que, el sistema aduanero se basa en la veracidad y exactitud de las declaraciones sobre la naturaleza, calidad, propiedades, valor - entre otros datos- de las mercaderías objeto de las destinaciones presentadas ante el servicio aduanero. Por eso es necesario que los operadores del comercio exterior presenten a la Aduana todos los elementos necesarios para que el servicio aduanero pueda ejercer el debido control, así como la determinación tributaria, facultades propias de este organismo.
III. Que mediante el pronunciamiento del 12/07/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios del Dr. Javier Zunino por su actuación profesional ante este Tribunal en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la actora, en 2.827,93 UMA equivalente a la suma de pesos ciento cuarenta y ocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cuatro ($ 148.494.604-), mandando adicionar el monto de pesos treinta y un millones ciento ochenta y tres mil ochocientos sesenta y seis con 84/100 ($ 31.183.866,84.-) en concepto de IVA.
Contra dicho pronunciamiento, con fecha 2/08/2024 interpuso recurso de apelación el letrado de la parte actora y el 5/08/2024 el Fisco Nacional. El letrado de la actora y el Fisco nacional contestaron los traslados el 09/08/2024 y el 14/08/2024 respectivamente.
Alta en sistema: 03/06/2025 IV.- Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto - Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836).
Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
V. Que en el sub examine, mientras el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para revocar la resolución AD CORD n° 31/21, se sustentó en que, al encontrarse acreditado que la actora había importado mercadería originaria y procedente de Brasil, negociada al amparo del 38 Protocolo Adicional del ACE 14 y que, dicho Protocolo, en su artículo 9° establecía que “… los productos automotores serán comercializados entre las Partes con cien por cien (100%) de preferencia arancelaria (cero por ciento -0%- de arancel ad valorem intrazona), siempre que cumplimenten los requisitos de origen y las condiciones estipuladas en el mismo” y asimismo, en su Anexo, listaba las P.A. comprendidas en la preferencia arancelaria, encontrándose tanto la P.A. consignada por la actora Alta en sistema: 03/06/2025 (8708.92.00.100V y 8708.92.00.900N) como la verificada por el servicio aduanero (8409.91.15.000Z), no se advertía perjuicio fiscal alguno, dado que, aun en la hipótesis de que la clasificación pretendida por el Fisco Nacional fuera acertada, lo cierto era que la mercadería comercializada no tributaba arancel alguno; la recurrente sólo ha efectuado manifestaciones y valoraciones que no están dirigidas a criticar la sentencia que se recurre ni se corresponden con los argumentos que sustentaron el decisorio impugnado.
Nótese que no se advierte en el recurso de la DGA una crítica o cuestionamiento al derecho aplicable o a los fundamentos de la sentencia del Tribunal Fiscal. Pues, no se observa la existencia de agravios referidos al caso concreto, sino un cúmulo de discrepancias genéricas, que no logran enervar los sólidos argumentos jurídicos expuestos por el Tribunal Fiscal, en su sentencia, que deberá ser confirmada.
VI. Que, en efecto, el título del primer agravio, refiere a una supuesta ausencia de aplicación del Protocolo 39 del ACE 18.
Y así, la recurrente, omite considerar que la controversia planteada ha sido expresamente considerada en el Protocolo 38 del ACE 14, cuya aplicación no controvirtió ni en sede administrativa ni al contestar el traslado del recurso de la actora ante el TFN.
Incluso al desarrollar el agravio, la apelante, expresamente refiere: “Prueba de ello es que justamente a la fecha de la Oficialización del Despacho en cuestión, se encontraba vigente el Anexo I, del ACE 14 (Protocolo Adicional N.º 38) (…)”, por lo cual la orfandad argumental en punto a los efectos de la aplicación de dicho régimen, queda expuesta de manera insalvable.
En este punto, la recurrente no controvierte lo afirmado por el Tribunal a quo, en el sentido que, la preferencia arancelaria de la mercadería, se encontraba negociada e incluida en la Lista del Protocolo 38° del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica 14 celebrado con la República Alta en sistema: 03/06/2025 Federativa del Brasil en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con idénticos requisitos de origen, para cualquiera de las posiciones arancelarias, es decir, tanto para las 8708.92.00.100V y 8708.92.00.900N, declaradas por la actora, como la 8409.91.15.000Z denunciada por la Aduana. Por otra parte, y con respecto a una supuesta errónea aplicación de la jurisprudencia citada por el Tribunal en su sentencia, cabe aclarar, que en momento alguno el TFN citó el precedente “YPF c/DGA” del 29/08/00 de esta Cámara.
Y en cuanto, al precedente del TFN, “Magneti Marelli”, expte. 2021-
35404185-APN-SGASADA, cuadra señalar que, dicha sentencia fue citada por el Tribunal a quo, a efectos de exponer que la cuestión ya había sido resuelta por esa misma Sala “G” en un caso similar al de autos.
La apelante omite considerar y por lo mismo, cuestionar, la conclusión del organismo jurisdiccional administrativo relativa a que ambas posiciones arancelarias (la declarada y la denunciada) se encuentran negociadas en el ACE 14, por lo cual tienen bajo los mismos condicionamientos, la misma preferencia arancelaria (100 %) y el 0% de arancel ad valorem, por lo cual no se modifica el tratamiento tributario de la mercadería y/o sus exigencias de origen y no se configura una declaración inexacta.
VII. Que, por otra parte, el segundo agravio, sin perjuicio de su improcedencia jurídica, lo cierto es que se funda en hechos y/o afirmaciones que no se corresponden ni tienen punto de conexión con los hechos documentados en este expediente, sino que presumiblemente refiere a otra causa.
Sostiene la recurrente que el tipo infraccional no requiere la comisión, ni potencial, ni concreta, de un perjuicio fiscal, sino que la mera constatación de la inexactitud, haría procedente la imputación en los términos del art. 954 inc. a) del CA.
Alta en sistema: 03/06/2025 En este punto, cabe referir que la Aduana tipificó la conducta de la importadora en los términos del art. 954 inc a) del CA, cuya tipicidad, requiere inevitablemente la concurrencia del perjuicio fiscal, encontrándose debidamente que en el caso no se verificó la existencia de tal detrimento.
Por otra parte, se sostiene en la expresión de agravios que: “en relación a los dichos por el TFN en la sentencia apelada sobre la inexistencia de perjuicio fiscal por encontrarse abonados los tributos, es dable que V.E. tenga en cuenta que los mismos fueron abonados luego de iniciado un procedimiento posterior impulsado para el cobro”.
Al respecto, cabe destacar que lo alegado, nada tiene que ver con este expediente. Pues, el Tribunal Fiscal nunca se refirió al pago de los tributos y tampoco la parte actora reviste la calidad de exportadora, sino de importadora. En definitiva, de lo expuesto, resulta que el Fisco Nacional en su apelación sólo plantea una mera discrepancia con la decisión arribada, pero la misma no llega a conformar una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado, lo que determina su rechazo.
VIII. Que, sin perjuicio de lo expuesto, resulta del caso destacar que, la Aduana no cuestionó en ningún momento el origen declarado, ni la cantidad, calidad o especie de la mercadería declarada. No se trató de una hipótesis en que la mercadería verificada fuese distinta de la declarada en los despachos y en la documentación complementaria (certificado de origen, factura y conocimiento rodoviario); tampoco se cuestionó la aplicación del Protocolo 38 del ACE 14, cuya vigencia fue prorrogada desde el 1/7/2014 al 30/6/2015 por el “40 Protocolo”, ni que el mismo estuviera vigente a la fecha de oficialización de las Destinaciones de Importación, objeto de autos (año 2012); sino que, sólo cuestionó la posición arancelaria, cuya divergencia, no tenía efecto aduanero alguno, porque la misma mercadería, se encontraba negociada en el mismo acuerdo de integración, en ambas posiciones arancelarias y con idénticos requisitos de origen.
Alta en sistema: 03/06/2025 La Aduana omitió considerar que la divergencia planteada por el organismo, no tenía efecto tributario alguno, por cuanto la mercadería se encontraba negociada en el mismo acuerdo de integración económica por la dos posiciones arancelarias (la declarada y la denunciada) con idénticos requisitos de origen, por lo cual se trataba a todas luces de una cuestión abstracta, pues cualquiera fuese la posición arancelaria aplicable, la importación de la mercadería comercializada estaba exenta de derechos de importación.
Todo lo cual determina el rechazo del recurso.
IX. Que las costas se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio de la derrota, del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del CPCCN).
X. Que a fin de tratar los recursos interpuestos en referencia a la remuneración de los profesionales intervinientes; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 - Alta en sistema: 03/06/2025 XII-97, y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.”, del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados - conf. Resol 31/2021 del 02/03/2021 -convertido a pesos-, lo resuelto con fecha 24/06/2024 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante las tres etapa del pleito cumplidas, corresponde reducir a la suma de PESOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS ($60.668.322) – equivalente a 858 UMA- los honorarios del DR. JAVIER ZUNINO, letrado apoderado, actuante en la defensa de la actora (arts.16, 20, 21, 24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. y citados de la ley 27.423).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido y el modo en que se impusieron las costas, corresponde regular en la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($18.200.496,60) - equivalente a 257,40 UMA-; los emolumentos del DR. JAVIER ZUNINO, letrado apoderado, actuante en la defensa de la actora (arts. 20, 24, 29, 30, 44 inc b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Alta en sistema: 03/06/2025 Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 24/06/2024, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN), y 2°) reducir los honorarios fijados por el Tribunal Fiscal de la Nación y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando X.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Alta en sistema: 03/06/2025
Fin de la sentencia