Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación · Causa EX-2022-110877709-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la recusación con causa del Dr. Daniel Martín deducida por el recurrente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia Simple - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-77367915-APN-TFN#MEC CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Agosto de 2026 HORACIO
Las actuaciones EX-2022-110877709-APN-SGAI#TFN, caratuladas “MAGNETTO, HÉCTOR HORACIO s/apelación”;
1. Que se interpuso recurso de apelación ante este Tribunal contra la Resolución n.º 97/2022 (DV DEOB), del 23 de septiembre de 2022, por la que se determinó de oficio el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia establecido por la ley 27.605, con más intereses resarcitorios, y se aplicó una multa con sustento en el artículo 45, inciso a), de la ley 11.683.
2. Que, entre otros agravios, el recurrente sostuvo en lo fundamental que la aplicación concreta del aporte produciría un efecto confiscatorio, controvirtió determinados criterios de valuación y cuestionó cifras utilizadas en la liquidación fiscal. Fue así que, para acreditar los presupuestos fácticos de sus defensas, acompañó un informe especial suscripto por contador público independiente y ofreció prueba pericial contable e informativa.
3. Que, al respecto, cabe señalar que la pericia fue articulada en nueve puntos. Los tres primeros procuraban verificar los guarismos de los anexos del informe, recalcularlos con el importe determinado por el Fisco y establecer la porción del aporte atribuible a participaciones societarias del país. Los puntos 4 y 5 proponían cuantificar las diferencias resultantes de aplicar las escalas de los artículos 4 y 5 de la ley 27.605. El punto 6 se dirigía a determinar los créditos fiscales por los impuestos sobre los bienes personales y a las ganancias al 18 de diciembre de 2020. El punto 7 requería establecer los porcentajes de participación en Cablevisión Holding S.A. y Grupo Clarín S.A. a esa fecha, incluida la incidencia de los ADR. El punto 8 procuraba verificar el saldo de una cuenta bancaria computado en la determinación. El punto 9 comprendía otros aspectos que el experto considerase de interés para la causa.
4. Que en su responde, en cuanto aquí interesa, el Fisco Nacional se opuso a la producción de la pericia. Impugnó el informe contable, al que reprochó su factura unilateral; hizo notar que no había intervenido en su elaboración ni se le habían exhibido los papeles de trabajo; puso en duda que la renta neta fuera vara apta para medir la confiscatoriedad y advirtió que varios de los puntos encerraban discrepancias jurídicas, cuando no el propósito de rehacer, por otro camino, la determinación de oficio. No se limitó a esa objeción de conjunto, pues contestó además, uno por uno, los nueve puntos. Con todo, previendo que la prueba pudiera admitirse, propuso como perito de parte al contador Daniel Mogames.
5. Que mediante la providencia PV-2026-24186954-APN-VOCXII#TFN, del 9 de marzo de 2026, el vocal instructor tuvo por cumplida la audiencia prevista por el artículo 173 de la ley 11.683, abrió la causa a prueba por el término de sesenta días y admitió únicamente una medida informativa. A tal efecto, reformuló el punto correspondiente para que el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n.º 1, Secretaría n.º 1, informara el estado actual del expediente caratulado “MAGNETTO, HÉCTOR HORACIO C/AFIP LEY 27.605 S/PROCESO DE CONOC.” (expte. n.º 4825/2021) o remitiera copia certificada en caso de que se hubiera dictado sentencia. Las restantes medidas periciales e informativas ofrecidas no fueron admitidas por las razones desarrolladas en el considerando I de la providencia.
6. Que, en cuanto aquí interesa, la providencia expresó: «Que respecto de la pericial contable (ptos. 1, 2, 3 y 5), le asiste razón al Fisco Nacional en cuanto a que se basa en periciar respecto del “informe especial sobre efectos del aporte extraordinario y obligatorio” efectuado por los contadores públicos independientes aportado por el Sr. Magnetto, lo que resulta a todas luces inconducente e inviable al tratarse de datos propios recopilados a los que el organismo fiscal no tuvo acceso». Añadió: «Por otro lado, en lo que respecta a los puntos restantes (4, 6, 7, 8 y 9) su producción resulta dilatoria a los efectos de encausar [sic] la cuestión de fondo». Al examinar la informativa, consideró que los puntos 2 y 3 sugerían una mera dilación; que el punto 4, por sí solo, no aportaba un dato fáctico relativo a la cuestión de fondo; que los puntos 7 y 8 procuraban acreditar una cuestión no debatida y no esclarecían el impacto de la discriminación planteada; y que los puntos 5 y 6 resultaban dilatorios y carecían de vínculo con la causa. Finalmente sostuvo: «Que ello así, no existe conflicto probatorio que implique dar lugar a la audiencia prevista en el artículo 173 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.)», y tuvo por cumplida esa audiencia con invocación del principio de economía procesal y del propósito de no introducir elementos dilatorios en el proceso.
7. Que el 13 de marzo de 2026 el recurrente dedujo, por presentaciones separadas, reposición contra aquella providencia —con apelación en subsidio, planteo de inconstitucionalidad del artículo 61, in fine, del Reglamento de Procedimiento para el caso concreto, y pedido de que su tratamiento se difiriera hasta la decisión del incidente de apartamiento— y recusación con causa del vocal instructor. Fundó esta última en los artículos 150 de la ley 11.683 y 17, inciso 7, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Sostuvo que el rechazo total de la pericia, unido a las razones empleadas, anticipaba que el juzgador no examinaría con apertura el planteo de confiscatoriedad ni la impugnación de las cifras de la determinación. Invocó, además, que el mismo vocal habría admitido la pericia contable en otras causas con planteos de confiscatoriedad —mencionó, a título de ejemplo, “Hidroinvest S.A.” (EX-2025-65491439-APN-SGAI#TFN)—, de lo que derivó una contradicción de criterio y una animosidad reveladora, a su juicio, de una parcialidad manifiesta.
8. Que el 10 de junio de 2026, mediante IF-2026-57955657-APN-DTD#JGM, la recurrente solicitó la prórroga del período probatorio. Posteriormente, el 4 de agosto de 2026, el vocal instructor dictó la providencia PV-2026- 74873910-APN-VOCXII#TFN. En ella examinó el régimen de recusación incorporado al artículo 150 de la ley 11.683 por la ley 27.430 y señaló que esa disposición confiere al Presidente del Tribunal «una facultad amplia para aceptarla o rechazarla»; tuvo por presentada la recusación dentro del plazo del artículo 18 del Código Procesal y durante la etapa de instrucción; invocó la facultad que el artículo 35 del Reglamento atribuye al vocal instructor para resolver sobre la admisibilidad de la prueba y la procedencia de la audiencia prevista por el artículo 173; sostuvo que las premisas del rechazo probatorio y de su aplicación en espejo al caso «no conducen a un único desenlace»; y negó categóricamente haber tenido intención, opinión o recomendación respecto del pleito. Sobre esa base expresó su postura de que la presentación «debe rechazarse». Sin perjuicio de ello y «en rigor de la normativa establecida para estos casos», elevó la causa a esta Presidencia a sus efectos conforme el artículo 150 de la ley 11.683. Aquella conclusión constituye, por tanto, la posición expresada por el vocal recusado acerca de la procedencia del planteo, mientras que la decisión definitiva corresponde a esta Presidencia, competencia que la propia providencia reconoce. Asimismo, el vocal entendió necesario diferir el tratamiento de la reposición y del pedido de prórroga hasta que la recusación fuera formalmente resuelta.
9. Que, ante todo, cabe indicar que esta Presidencia es competente para decidir el planteo. El artículo 150 de la ley 11.683 remite a las causales del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y dispone que, aceptada la recusación por el Presidente del Tribunal, el vocal será sustituido conforme al régimen legal y reglamentario aplicable. El instituto no atribuye al recusado la decisión definitiva del incidente; la propia providencia del vocal reconoce esa competencia presidencial al señalar que el régimen de la ley 27.430 confiere al Presidente una competencia decisoria para aceptar o rechazar el planteo. A mayor abundamiento cabe indicar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ha declinado asumir competencia para revisar lo decidido por esta Presidencia en materia de apartamiento de vocales, con el argumento de que el artículo 150 no prevé recurso para quien pretenda oponerse a lo resuelto (Sala IV, “Incidente n.º 1 — Actor: Alfred C Toepfer International Argentina SRL — TF 31276-I s/ inc. de excusación”, expte. CAF 3408/2022, sentencia del 22 de marzo de 2022). La decisión que aquí se adopta es, entonces, la oportunidad efectiva de tutela de la garantía invocada.
10. Que en ese estado de cosas no puede omitirse que el artículo 61 del Reglamento establece que las providencias y resoluciones dictadas durante la tramitación de la causa sólo admiten reposición y que la decisión que recaiga no puede ser objeto de recurso alguno. Así lo ha aplicado la Cámara del fuero al declarar mal concedida la apelación deducida en subsidio contra una providencia de este Tribunal, con el fundamento de que decisiones de esa clase únicamente pueden recurrirse por revocatoria (Sala V, “Incidente n.º 1 — Actor: Salazar, Humberto Ángel [TF 27786678-I] c/ AFIP-DGI s/ inc. apelación”, expte. CAF 11275/2024, sentencia del 15 de mayo de 2025, con cita de “Gin SA”). No es dato menor que aquel precedente se haya originado en una causa referida al mismo tributo que aquí se debate. En este expediente la reposición quedó a cargo del mismo vocal y su tratamiento fue diferido —a pedido, cabe subrayarlo, de la propia recurrente— hasta la decisión de la recusación. La parte, por lo demás, dejó planteada la inconstitucionalidad del artículo 61, in fine, para el supuesto de confirmarse la providencia, planteo que no corresponde abordar aquí y cuya sola formulación confirma que la vía del apartamiento constituye, en la economía del sistema, el resguardo operativo de la garantía.
11. Que esa circunstancia no crea por sí la causal, si bien vuelve inadecuado postergar todo examen de imparcialidad hasta la sentencia. Es que, en efecto, la Corte Suprema ha resuelto que, si bien las resoluciones sobre recusación no constituyen sentencia definitiva, se equiparan a ella cuando lo decidido importa un perjuicio de tardía o insuficiente reparación ulterior, porque se hallan en juego la imparcialidad objetiva de los jueces y la doble instancia, y porque la revisión posterior implicaría un excesivo desgaste jurisdiccional (“Alonso, Paulino Ricardo y otro”, Fallos: 330:1457, sentencia del 10 de abril de 2007; en igual sentido, “Pontoriero”, Fallos: 329:2631). Si la duda objetiva ya quedó configurada respecto de la apertura con que habrá de resolverse la prueba, esperar al final puede tornar irreparable el déficit y agregar una demora contraria al plazo razonable.
12. Que, en ese orden de ideas, se impone hacer notar que la recusación fue formulada en tiempo oportuno. La causa invocada nació, según la presentación, de la providencia dictada el 9 de marzo de 2026, y el planteo fue deducido el 13 del mismo mes, dentro del plazo de cinco días previsto por el artículo 18 del Código Procesal. La providencia del 9 de marzo fue notificada el mismo día de su dictado, y la del 4 de agosto tuvo expresamente por deducida la recusación dentro del plazo del artículo 18 y en la etapa de instrucción, de modo que la tempestividad está fuera de discusión.
13. Que sentado lo que antecede, corresponde precisar desde el inicio qué debe decidirse y qué cuestiones quedan fuera. Claramente no corresponde revisar aquí si cada punto pericial es admisible, tampoco si el informe contable posee eficacia probatoria, ni si existe confiscatoriedad, menos todavía si la ley 27.605 es constitucional en su aplicación al recurrente ni si la determinación fiscal es correcta. Efectivamente, la cuestión versa sobre si el contenido, el alcance y el contexto del auto probatorio ofrecen razones objetivas suficientes para dudar de que el vocal conserva la apertura indispensable para decidir, en el futuro, los hechos y defensas que ese mismo auto dejó sin posibilidad razonable de comprobación.
14. Que esa delimitación es esencial. La recusación no puede transformarse en una apelación oblicua contra providencias desfavorables, pues ello permitiría a las partes elegir juzgador mediante la impugnación de todo acto de dirección procesal. Tampoco puede reducirse a la búsqueda imposible de una confesión de parcialidad. Entre ambos extremos se encuentra la garantía constitucional, que exige comprobar circunstancias externas, precisas y relevantes, sin juzgar la intimidad ni la honorabilidad de quien interviene. Precisamente en ese equilibrio se inscribe la doctrina de la Corte Suprema según la cual, si bien las causales de recusación deben admitirse en forma restrictiva (doctrina de Fallos: 310:2845 y sus citas), ese principio no puede ser interpretado de modo tal que torne ilusorio el uso de un instrumento concebido para asegurar la imparcialidad del órgano jurisdiccional llamado a decidir una controversia, condición de vigencia de la garantía del debido proceso (“Pontoriero”, Fallos: 329:2631). En el voto del juez Fayt esa idea alcanza su formulación más clara: el rigor en la comprensión del instituto no debe llevar al extremo de negar su existencia o de depositar en manos de los jueces poderes ilimitados en perjuicio de los justiciables (conf. Fallos: 306:1392); y cuando se invoca un motivo serio y razonable que funda el temor de parcialidad, el planteo no puede desconocerse con fundamentos de carácter ritual o aparente (voto del juez Fayt, con remisión a su disidencia de Fallos: 321:3504).
15. Que como puede observarse la imparcialidad integra la defensa en juicio del artículo 18 de la Constitución Nacional y el debido proceso reconocido por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta última norma comprende de modo expreso la determinación de derechos y obligaciones de orden fiscal y requiere que sea realizada, con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. La Corte Suprema ha explicado que las cuestiones de recusación se vinculan con la mejor administración de justicia, cuyo ejercicio imparcial es uno de los elementos de la defensa en juicio (Fallos: 198:78 y 257:132; “Alonso”, Fallos: 330:1457). Sobre esa base, en “Llerena” distinguió los planos objetivo y subjetivo de la imparcialidad y admitió el temor de parcialidad como motivo de apartamiento aun cuando no figure entre las causales escritas (Fallos: 328:1491). Poco después, en “Dieser” (Fallos: 329:3034) y en “Alonso”, fijó el criterio decisivo: establecer si, desde el punto de vista de las circunstancias externas, existen elementos que autoricen a abrigar dudas sobre la imparcialidad con que debe desempeñarse el juzgador, con prescindencia de lo que este piense en su fuero interno.
16. Que, en torno al punto bajo análisis, la jurisprudencia dejó establecido que la imparcialidad posee dos planos complementarios. El subjetivo atiende a la convicción personal del juzgador y presume su corrección mientras no exista prueba en contrario. El objetivo pregunta si, más allá de aquella convicción, el órgano ofrece garantías suficientes para excluir una duda legítima desde la perspectiva de un observador razonable que conoce las circunstancias del caso. La Corte Interamericana ha adoptado esa distinción. Ha explicado que la prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona, y ha caracterizado la recusación como una herramienta que brinda confianza a quienes acuden al Estado solicitando la intervención de órganos que deben ser y aparentar ser imparciales, con la advertencia expresa de que no debe ser vista como un enjuiciamiento de la rectitud moral del funcionario recusado (Caso “Apitz Barbera y otros [Corte Primera de lo Contencioso Administrativo] vs.Venezuela”, sentencia del 5 de agosto de 2008, Serie C n.º 182, párrs. 56, 63 y 64).
17. Que, en tales condiciones, apartar a un magistrado ante una duda objetivamente justificada no importa afirmar que actuó con dolo, animosidad o interés. Tampoco constituye una sanción. Sucede, en efecto, que la institución opera de modo preventivo al evitar que la sentencia futura nazca debilitada por un riesgo que el propio expediente permite advertir. Porque, desde ya, la independencia no pertenece a los jueces como prerrogativa corporativa; concierne a los ciudadanos como garantía de imparcialidad.
18. Que esta exigencia adquiere particular intensidad en el Tribunal Fiscal de la Nación. La justificación constitucional de una jurisdicción administrativa especializada descansa en recaudos precisos. Desde “Fernández Arias c/ Poggio” (Fallos: 247:646) hasta “Ángel Estrada y Cía. S.A.” (Fallos: 328:651, sentencia del 5 de abril de 2005), la Corte Suprema ha subordinado la validez de la atribución de funciones materialmente jurisdiccionales a órganos ajenos al Poder Judicial a que esos organismos hayan sido creados por ley, a que su independencia e imparcialidad estén aseguradas, a que el objetivo tenido en cuenta por el legislador haya sido razonable y a que sus decisiones queden sujetas a control judicial amplio y suficiente. Con tal comprensión, la imparcialidad del Tribunal Fiscal no es una cualidad ornamental; integra la razón institucional por la cual su intervención puede constituir una instancia válida de tutela frente al ente recaudador. A ello se añade un dato de arquitectura procesal que intensifica la exigencia. Ante este Tribunal se produce y se valora la prueba con amplitud, pues el artículo 164 de la ley 11.683 confiere a los vocales facultades para establecer la verdad material de los hechos con independencia de lo alegado por las partes; la instancia que le sigue, en cambio, es una apelación de alcance acotado, en la que las cuestiones de hecho y de prueba resultan por principio ajenas al recurso del artículo 86, inciso b), de esa ley, que no abre una instancia ordinaria apta para un nuevo pronunciamiento sobre la prueba, salvo error manifiesto o arbitrariedad, de modo que la Cámara debe estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (CNACAF, Sala V, «Yulan, Hugo Alberto c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo», sentencia del 29 de diciembre de 2021, y sus citas de «Quilmes Combustibles S.A.C.I.», Sala II, del 25 de marzo de 1997, «Tognola» y «Forte», de la misma Sala V; criterio reiterado, entre otros, en «Delta Fumigaciones S.R.L.», del 1° de julio de 2014, con remisión a «Merlino Automotores S.A.», Sala I, del 12 de marzo de 2009, y en «Docimo, Pedro Antonio», del 22 de febrero de 2022).
19. Que, en esa dimensión del asunto, la prueba constituye una dimensión central de aquella tutela. El derecho no se satisface con admitir que una parte formule alegaciones si, a la vez, se le impide de modo injustificado que sus razones y pruebas incidan en la decisión. El principio de verdad jurídica objetiva exige examinar el expediente completo, identificar la evidencia que sostiene cada premisa, confrontar la evidencia contraria y explicar la inferencia. Desde “Colalillo” la Corte Suprema tiene dicho que el proceso no puede ser conducido en términos estrictamente formales, que la ley acuerda a los jueces la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos, que esa facultad no puede ser renunciada cuando su eficacia para determinar la verdad sea indudable, y que la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de la justicia (Fallos: 238:550).
20. Que va de suyo que lo anterior no consagra un derecho ilimitado a producir cualquier medida. El artículo 35 del Reglamento de Procedimiento excluye las pruebas improcedentes, superfluas o meramente dilatorias y atribuye al vocal instructor la decisión acerca de la audiencia preliminar. A estas alturas resulta elocuente que la economía procesal y la razonable duración son valores de la tutela efectiva. Esa potestad, porque incide sobre la posibilidad de demostrar hechos, debe ejercerse mediante razones congruentes con las posiciones de las partes, individualizadas según el objeto de cada medida y susceptibles de control. Cabe colegir, entonces, que la celeridad consiste en la eliminación fundada de actividad inútil, sin clausurar la averiguación de los hechos conducentes. Esa comprensión cuenta con respaldo firme en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino solo en las conducentes y relevantes para decidir el caso (Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225), ni a ponderar una por una todas las pruebas agregadas, sino únicamente las apropiadas para resolver el conflicto (Fallos: 274:113; 280:320; 144:611), y la apreciación del material probatorio constituye, por vía de principio, facultad propia de los jueces de la causa (Fallos: 343:354).
21. Que, ahora bien, el reproche de dilación pide cautela. Nadie está más interesado en una decisión oportuna que el propio recurrente; si la confirmación llegara, cargaría también con los intereses devengados durante la espera. La cronología de esta causa vuelve tangible la advertencia. El recurso se interpuso el 18 de octubre de 2022 y la apertura a prueba se dispuso el 9 de marzo de 2026, de manera que los años transcurridos no son obra de la prueba ofrecida, que todavía no se había producido. Así las cosas, no cabe atribuir los años transcurridos a una prueba que nunca llegó a existir; pocas causas se habrán demorado por diligencias que no se practicaron. El ordenamiento, menos afecto a la paradoja, provee remedios más modestos y eficaces que la exclusión. El vocal instructor puede fijar plazos, concentrar puntos, ordenar que los peritos actúen en conjunto y descartar después, con la prueba ya a la vista, lo que resulte estéril, conforme el procedimiento pericial que el propio Reglamento disciplina. Suprimir la prueba para ganar tiempo equivaldría a adelantar el reloj para abolir la espera; entre cerrar la puerta de antemano y gobernar el tiempo del proceso, la tutela efectiva impone lo segundo. No es otra cosa lo que la Corte Suprema llama tutela administrativa efectiva. Desde «Astorga Bracht» tiene dicho que el artículo 18 de la Constitución Nacional y las convenciones internacionales con jerarquía constitucional resguardan el derecho de los particulares a ocurrir ante las autoridades administrativas competentes y a obtener de ellas una decisión útil relativa a sus derechos, sin que nadie sea privado arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Fallos: 327:4185). Una decisión útil supone hechos esclarecidos, y los hechos no se esclarecen clausurando de antemano la prueba que podría iluminarlos.
22. Que la preferencia recién enunciada, gobernar el tiempo del proceso sin cerrar la escucha, hunde sus raíces mucho más atrás de la dogmática del procedimiento. La exigencia de oír antes de decidir acompaña al oficio de juzgar desde sus fuentes más antiguas. Del mandato de Deuteronomio 1:16 —“oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero”— derivó Rabí Janiná la advertencia al tribunal de no escuchar los dichos de un litigante antes de que comparezca el otro, y la correlativa advertencia al litigante de no adelantar sus razones al juez en esa condición (Talmud Bavlí, Sanhedrín 7b). En el Evangelio de Juan, Nicodemo opone a la asamblea una pregunta que todavía interpela: “¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que ha hecho?” (Juan 7:51). Ninguna de esas fuentes se invoca aquí como norma aplicable, pero valen como testimonio de la antigüedad de un principio que la potestad de ordenar el proceso no puede desmentir.
23. Que el artículo 17, inciso 7, del Código Procesal contempla el supuesto de quien hubiese emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito. Su interpretación es estricta, porque el juez natural no puede ser desplazado por impresiones subjetivas ni por el solo desacuerdo con sus decisiones. Con todo, la lectura no puede ser tan estrecha que torne ilusoria la garantía de imparcialidad. No en vano la Corte Suprema ha precisado que la causal se configura cuando el juez formula, con anticipación al momento de la sentencia, una declaración en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso, o bien cuando sus expresiones permiten deducir su actuación futura por haber anticipado su criterio («Provincia del Neuquén v. Nación Argentina», Fallos: 313:1277, sentencia del 29 de noviembre de 1990). Cuando la opinión se infiere de un acto dictado en el propio expediente, sólo configura prejuzgamiento si excede lo necesario para resolver la cuestión incidental y exterioriza de manera inequívoca una posición prematura sobre un aspecto que habrá de ser decidido al sentenciar.
24. Que, en esa inteligencia se percibe que no toda valoración provisional compromete al juzgador. Al fin y al cabo, resolver una cautelar, admitir o rechazar una excepción, ordenar una medida o seleccionar prueba exige, a veces, anticipar juicios instrumentales. Lógicamente mientras esos juicios sean provisionales, se limiten al presupuesto procesal pertinente y conserven abierta la consideración ulterior de la evidencia, no existe causal, habida cuenta de que lo que se reclama es una mente todavía disponible.
25. Que más allá de lo indicado, el carácter procesal del soporte no inmuniza cualquier afirmación. Debe repararse que la garantía se afecta cuando la decisión interlocutoria deja de ser un juicio instrumental y, por sus razones o efectos, revela que una cuestión decisiva ya fue cerrada antes de la etapa destinada a demostrarla. En ese supuesto la duda no nace de que el juez haya decidido; emerge de cómo lo hizo. La Corte Suprema ha razonado en esa dirección al descalificar por arbitraria la confirmación de una sanción disciplinaria en cuyo procedimiento se había denegado la prueba testimonial y se había omitido la audiencia de vista de causa, cuya celebración el órgano sancionador dio por ocurrida: el acto se apoyaba en un antecedente de hecho inexistente, lo que configura falsa causa y lesión al debido proceso adjetivo y al derecho de defensa; y las facultades disciplinarias no habilitan a actuar de manera irrazonable con desconocimiento de las reglas procedimentales establecidas al efecto (“Machado, Jorge José c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”, Fallos: 334:1371, sentencia del 15 de noviembre de 2011, y voto de los jueces Lorenzetti y Argibay).
26. Que, en ese estado de cosas, para ofrecer una pauta clara, corresponde fijar el siguiente estándar. Una decisión sobre prueba o sobre el trámite del expediente sólo configura prejuzgamiento cuando, leída junto con el resto de las actuaciones, recae sobre un hecho o una cuestión de derecho que puede resultar decisiva para la suerte del pleito; la da por cerrada mediante una afirmación categórica, carente de fundamentación individualizada suficiente y que excede el juicio provisional de pertinencia propio de la etapa; simultaneamente clausura o reduce de modo sustancial el medio razonablemente idóneo para controvertila y la convergencia de esas circunstancias permite a un observador informado abrigar una duda objetiva y razonable acerca de la apertura futura del juzgador.
27. Que ninguno de esos extremos es invención de esta Presidencia; la tarea cumplida aquí se reduce a ordenar materiales que ya estaban en la ley y en la jurisprudencia. El primero traduce la letra del artículo 17, inciso 7, del Código Procesal, que exige una opinión emitida «acerca del pleito» y no sobre un episodio adjetivo del trámite. Es la distinción que la Corte Suprema fijó en «Provincia del Neuquén» al exigir una declaración de ciencia precisa y fundada sobre el mérito del proceso (Fallos: 313:1277), y la misma que condujo al Tribunal Europeo, en “Hauschildt”, a preguntar si la cuestión zanjada antes del juicio coincidía en sustancia con la que restaba juzgar, hasta volver tenue la diferencia entre una y otra (TEDH, “Hauschildt c. Dinamarca”, n.º 10486/83, sentencia del 24 de mayo de 1989, § 52).
28. Que el segundo reproche es de la misma estirpe. El artículo 35 del Reglamento encomienda al vocal instructor descartar las pruebas improcedentes, superfluas o meramente dilatorias. Va de suyo que los juicios instrumentales que esa tarea exige no pueden, sin injusticia, volverse en su contra. En rigor, lo que compromete la garantía no es resolver; es afirmar de más.
En efecto, como director del proceso, el vocal instructor goza de una discrecionalidad genuina para ordenar la marcha de la causa; lo único que le está vedado es ejercerla como un director manifiestamente arbitrario, porque la discrecionalidad vive de sus razones y, cuando las abandona, degenera en capricho. Lo enseña el ya citado «Provincia del Neuquén».
Precisamente, allí se había recusado al juez Petracchi por propiciar fórmulas conciliatorias, y la Corte rechazó el planteo; de esas expresiones «sólo puede inferirse el espíritu de hacer avanzar el trámite conciliatorio», animado en el propósito de «evitar el dispendio jurisdiccional», y las palabras de un magistrado no toleran ser leídas «más allá del marco en el que fueron pronunciadas» (votos de los jueces Levene (h), Cavagna Martínez, Fayt y Belluscio, considerandos 8° y 9°, y de los jueces Nazareno, Oyhanarte y Moliné O'Connor, considerando 4°). En las palabras de la Corte, quien empuja el trámite no anticipa el mérito. Si no media una declaración de ciencia precisa y fundada sobre el fondo, ni expresiones que dejen adivinar la actuación futura, la recusación es manifiestamente improcedente y se rechaza de plano (considerando 10 del primer voto, con cita de Fallos: 240:123 y 246:159).
En el mismo sentido, la Suprema Corte de los Estados Unidos lo dijo con una fórmula que no ha perdido el filo. Las decisiones judiciales, por sí solas, casi nunca constituyen base válida para un planteo de parcialidad, y las opiniones que el juez se forma con los hechos y episodios del propio proceso sólo la justifican cuando delatan un favoritismo o un antagonismo tan hondo que vuelve imposible el juicio ecuánime (“Liteky v. United States”, 510 U.S. 540, 555 [1994]).
En consecuencia, lo que delata no es la decisión sino la gratuidad, aquello que se afirma de manera categórica sin que haga falta para resolver lo que se resuelve; ese excedente es el que la doctrina de «Provincia del Neuquén» (Fallos: 313:1277) considera revelador.
29. Que el tercero está tomado de la letra de la ley 11.683. El artículo 164 ordena al Tribunal impulsar de oficio el procedimiento y le confiere amplias facultades para establecer la verdad de los hechos, de modo que el cierre de la vía probatoria sobre un punto decisivo nunca es un episodio neutro del trámite. A ello se suma la línea recordada en el considerando 18, que condiciona la validez constitucional de esta jurisdicción a que el justiciable conserve la posibilidad efectiva de producir prueba, y la doctrina de “Machado”, que trató la denegatoria probatoria acumulada a la omisión de la audiencia como un vicio capaz de invalidar el acto sancionatorio y el procedimiento que lo precedió.
30. Que el cuarto fija el punto de vista desde el cual se juzgan los tres anteriores. Es el test objetivo que la Corte Suprema adoptó en “Llerena” y precisó en “Dieser” y en “Alonso”, atento a las circunstancias externas y con prescindencia del fuero interno del juzgador; el que la Corte Interamericana formula como la carga de despejar los temores legítimos y las fundadas sospechas de parcialidad (“Apitz Barbera”, párr. 56); y el que el Tribunal Europeo condensa al exigir que el temor esté objetivamente justificado. El viejo adagio recogido en “Micallef” —la justicia no sólo debe hacerse; también debe verse hacer— protege la confianza que los tribunales deben inspirar al público en una sociedad democrática (TEDH, Gran Sala, “Micallef c. Malta”, n.º 17056/06, sentencia del 15 de octubre de 2009, § 98, con cita de “De Cubber c. Bélgica”, § 26). Por eso el examen descarta el simple desacierto y la mera desazón de quien pierde como fuentes válidas de la duda.
31. Que la novedad del estándar, si alguna tiene, reside en exigir la concurrencia simultánea de esos cuatro extremos. Con toda verdad, la exigencia viene dictada por el propio sistema. Las causales de apartamiento son de interpretación restrictiva porque desplazan la competencia legal y normal de los jueces y alteran el principio del juez natural (Fallos: 319:758 y 326:1512), pero la restricción no pueda llevarse al punto de tornar ilusoria la garantía (“Pontoriero”, Fallos: 329:2631). Precisamente un estándar conjuntivo mantiene la recusación como remedio excepcional y, a la vez, le conserva contenido operativo ya que deja fuera la decisión meramente adversa, la denegatoria fundada y aun el error corregible por vía de reposición. Por lo que la doctrina aplicable reserva el apartamiento para el supuesto en que lo actuado alberga una duda objetivamente justificada acerca de que el resultado permanezca genuinamente abierta.
32. Que el estándar es severo, y lo es a conciencia. Casi todos los reproches que un litigante puede dirigir contra un auto mueren antes de la frontera, y está bien que así sea; para el error está la reposición, para el agravio la impugnación de la sentencia, para lo demás el control judicial ulterior. El litigante disconforme dispone de una caja completa de remedios, y ninguno lo obliga a mirar al juez con desconfianza; cuando los cuatro extremos concurren, en cambio, el desacuerdo procesal muda de naturaleza y se convierte en un problema de imparcialidad; ya no se discute lo que el juez resolvió sino lo que el juez es, en esa causa, para ese justiciable. La severidad cumple entonces una doble cortesía. Ya que, en efecto, protege al magistrado de la sospecha fácil, que convertiría cada providencia en una ocasión de agravio, y tutela al justiciable de la sospecha tardía, la que se descubre cuando la sentencia ya nació debilitada y ningún recurso alcanza a enderezarla del todo. Un estándar que casi nunca se cumple, pero que cuando se cumple no admite disimulo, es acaso la descripción más honesta de lo que la imparcialidad exige.
33. Que los tribunales internacionales razonan del mismo modo, y con una serenidad que instruye. El Tribunal Europeo empieza por descartar el reflejo fácil; que un juez haya adoptado decisiones previas al juicio no autoriza, por sí solo, a temer de su imparcialidad. Es que precisamente la garantía padece recién cuando esas decisiones lo obligaron a formarse, sobre la cuestión misma que debía juzgar, una convicción de intensidad tal que la distancia entre lo resuelto entonces y lo que restaba sentenciar se volvió tenue, casi una formalidad (“Hauschildt”, § 52). Y no se detiene en el fuero íntimo; hasta las apariencias importan, porque lo que se juega no es el honor de un juez sino la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar al público (“Micallef”, § 98). Porque es sabido que la justicia, además de hacerse, tiene que verse. La Corte Interamericana mira el mismo paisaje desde la otra orilla. La recusación es un instrumento procesal destinado a proteger el derecho a ser juzgado por un órgano imparcial, no un elemento constitutivo de ese derecho (“Apitz Barbera”, párr. 64), y cumple un doble fin, pues actúa como garantía para las partes y a la vez procura conservar la credibilidad de la función jurisdiccional (párr. 63).
La conclusión es de una modestia engañosa. Nadie pide demostrar que el resultado ya está escrito, ni salir a buscar animosidades personales en el juzgador; alcanza con que la pérdida de apertura se muestre de un modo serio, concreto y razonable. El justiciable no tiene que probar que el barco va a hundirse; le basta con indicar que ya no queda margen de maniobra para esquivar el iceberg.
34. Que el estándar recién descripto encuentra en esta causa una aplicación evidente. La pericia contable no apuntaba a un detalle lateral del pleito, toda vez que se dirigía a los hechos que el propio recurso presentó como decisivos para defensas de confiscatoriedad, igualdad, capacidad contributiva y correcta cuantificación del aporte. Basta con verificar que, tal como quedó trabada la litis, dependen en buena medida de cifras, valuaciones, participaciones y saldos cuya existencia o exactitud está discutida.
35. Que la importancia de esa prueba, por lo demás, no la certifica únicamente quien recusa; la certifica, mejor que nadie, su adversario. El Fisco impugnó el informe contable acompañado y negó que sirviera para demostrar la confiscatoriedad alegada; señaló que se había confeccionado sin su participación; objetó no haber podido controlar la información; y respondió uno por uno los puntos de pericia. Esa respuesta acredita, por sí sola, que las partes discrepaban sobre el origen de las cifras, sobre su control y sobre su significado.
36. Que aquella discrepancia no es un matiz contable. Toca el nervio de la defensa, porque la Corte Suprema exige que la confiscatoriedad tributaria se demuestre de manera concreta y circunstanciada, y su jurisprudencia enseña, con la paciencia de las cosas repetidas, que el papel de parte no suple a la prueba de la causa. La historia de “Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo” (Fallos: 332:1571, sentencia del 3 de julio de 2009) lo cuenta mejor que cualquier teoría. Era una acción de amparo; la actora había acompañado un informe especial de contador público y la demandada lo objetó. El juez de primera instancia no archivó la discusión ni la difirió; respondió a las objeciones designando un experto contable «para que realice pericia ratificando o rectificando el contenido del informe contable cuestionado» (considerando 9°).
Esa pericia, que no mereció objeciones de ninguna de las partes, brindó «un acabado sustento» a la pretensión; sobre ella, y no sobre el informe unilateral, inidóneo «por sí mismo» para acreditar la afectación, el Tribunal tuvo por configurada la confiscatoriedad, «según cabe tener por acreditado con la pericia contable» (considerandos 8°, 9° y 15). Ni siquiera las impugnaciones que el Fisco había dirigido contra el informe de parte quedaron sin respuesta, habida cuenta de que la Corte las examinó y las descartó por tratarse de «meras discrepancias que carecen de un adecuado desarrollo argumental», inidóneas para restar fuerza de convicción a las probanzas rendidas (considerando 10). Las objeciones, en suma, se pesaron dentro del contradictorio; no sirvieron para clausurarlo.
La lección inversa ya la había dejado «Santiago Dugan Trocello» (Fallos: 328:2567), donde la prueba documental elaborada por la propia actora, huérfana de respaldo pericial, no alcanzó para tener por probada la confiscatoriedad. Allí quedó dicha, además, la contracara del criterio; quien tacha de inconstitucional una norma tributaria por violar sus derechos de propiedad e igualdad debe probar de modo concluyente cómo tal afectación ha tenido lugar (dictamen del Procurador General del 19 de noviembre de 2004, cuyos fundamentos la Corte compartió e hizo suyos por remisión, con argumento de Fallos: 314:1293 y 320:1166), y el propio Tribunal agregó que el mero cotejo entre la liquidación practicada sin ajuste y la que resultaría de aplicarlo, presentado por la demandante sin intervención ni oportunidad de adecuado control del organismo recaudador, no es apto para acreditar la afectación del derecho de propiedad invocada.
Casi un año después de «Candy», el tríptico quedó completo con «Bertoto, Bruera y Cía. S.A.C. y F. c/ Estado Nacional – AFIP – DGI» (Fallos: 333:631, sentencia del 19 de mayo de 2010) la Corte rechazó allí la demanda de repetición «al no haberse producido en estos autos un peritaje contable», porque sin él no existían «suficientes elementos de prueba» para juzgar una confiscatoriedad que en «Candy» se había tenido por demostrada «sobre la base, precisamente, del peritaje contable que obraba en tales actuaciones» (considerando 2°); y añadió que las rigurosas exigencias que rodean ese agravio constitucional no condicen con admitirlo «teniendo como único medio de prueba la documentación confeccionada y presentada en forma unilateral por las accionantes, aunque ésta incluya un informe o certificación de contador público» (considerando 3°, con remisión a Fallos: 314:1293).
La pericia, en esa trilogía, es la bisagra sobre la que gira la suerte del planteo. La Procuración General, al dictaminar en la propia causa «Candy», lo dijo con todas las letras. Determinar si el gravamen se torna confiscatorio «remite ineludiblemente al examen y valoración de las pruebas rendidas en autos». La cuestión, antes que doctrinaria, es probatoria; y la prueba, para ser valorada, primero tiene que poder producirse.
Claramente no es esta la ocasión de decidir si aquellos precedentes gobiernan este aporte, ni cuál sería el parámetro correcto, pero basta una previsión de sentido común, una defensa de esa naturaleza va a necesitar evidencia técnica seria. Hecha la reserva, la comparación se dibuja sola y no necesita comentario. En «Candy», ante la objeción fiscal al informe de parte, el juez respondió ordenando la pericia que terminó por decidir el pleito; aquí, ante una objeción análoga, la respuesta fue suprimir la pericia que podía decidirlo. Ningún proceso tolera la doble operación de negar hoy la pericia y reclamar mañana la prueba concluyente; quien cierra la puerta no puede quejarse después de que nadie haya entrado.
37. Que, en esa inteligencia, el vicio se concentra en la razón principal empleada para no admitir los puntos 1, 2, 3 y 5, donde la insuficiencia explicativa y el efecto de exclusión sobre el principal medio técnico aparecen unidos. La providencia calificó la pericia como “a todas luces inconducente e inviable” porque se refería a un informe confeccionado con datos propios recopilados a los que el organismo fiscal no había accedido. El razonamiento toma como obstáculo definitivo la carencia misma que la pericia contradictoria estaba destinada a remediar.
38. Que aquel obstáculo, presentado como definitivo, ni siquiera era una fatalidad; la práctica del fuero demuestra que la cuestión admitía la solución inversa. Al confirmar una sentencia de este Tribunal que había tenido por acreditada la confiscatoriedad sobre la base del informe pericial conjunto de los peritos contadores, la Cámara reprodujo el razonamiento con el que se desestimó una objeción análoga en un aspecto relevante a la aquí acogida: a los efectos de responder los puntos de pericia no es óbice que los peritos no hubieran intervenido en la auditoría de los estados contables, puesto que la información a brindar es la que surge de los libros de la recurrente; y el propio perito del Fisco reconoció haber tenido a la vista los papeles de trabajo y los estados contables de la contribuyente (Sala V, “Fidia SA [TF 48412-I] c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, expte. CAF 25286/2023, sentencia del 18 de junio de 2024). No se trata aquí de establecer cuál de las dos lecturas es la correcta, sino de constatar que el punto era seriamente controvertible, de modo que ningún observador informado del fuero podía tenerlo por resuelto “a todas luces”.
39. Que no cabe afirmar que la providencia haya carecido de toda razón para no admitir los puntos 1, 2, 3 y 5. La exteriorizó al sostener que la pericia se basaba en examinar el informe especial acompañado por el recurrente y que ello resultaba «a todas luces inconducente e inviable al tratarse de datos propios recopilados a los que el organismo fiscal no tuvo acceso». Para los fines limitados de este incidente, la cuestión relevante no reside en negar la existencia formal de esa explicación ni en sustituir mediante la recusación el examen propio de la reposición. Consiste en advertir que la razón proporcionada no explica por qué la falta de acceso anterior del organismo debía permanecer insuperable dentro del procedimiento pericial regulado por el Reglamento, que contempla peritos de ambas partes, actuación conjunta, asistencia a las operaciones, informe común, pedidos de aclaración y nuevas pericias de control. La falta de contradictorio previo fue así considerada un impedimento para admitir el medio que, según su estructura procesal, estaba destinado precisamente a establecer ese contradictorio. Esa insuficiencia explicativa, apreciada junto con los restantes elementos de la causa y no como un desacierto aislado, integra el examen objetivo de la apariencia de imparcialidad.
40. Que más aún la contradicción se vuelve verificable al confrontar el auto con la contestación fiscal. Después de impugnar el informe por unilateral, la representación fiscal propuso un perito de parte “a todo evento”. Esa propuesta confirmó que el contradictorio técnico era procesalmente posible. La providencia hizo suya la objeción sobre el acceso previo sin explicar por qué no podía ser superada mediante la participación que el propio Fisco había previsto de modo subsidiario.
41. Que lo resuelto merece que nos demoremos un momento en su significado. En un juicio civil, cuando una parte acompaña un documento y la otra desconoce la firma, a ningún juez se le ocurre rechazar la pericia caligráfica con el argumento de que el documento lo trajo el interesado. Ordena la pericia, precisamente, para saber si la firma es auténtica. El origen unilateral del material no es un motivo para cerrar la prueba sino la razón exacta para abrirla; el procedimiento pericial existe para eso, para transformar en verificable lo que hasta entonces era la palabra de una parte. Los peritos de cada lado, la asistencia a las operaciones, el informe conjunto, las impugnaciones y los pedidos de explicaciones son las piezas de una maquinaria modesta y probada, la que el derecho usa para convertir un número discutido en un hecho probado o descartado. Invertir ese orden, negar la pericia porque el dato no fue controlado antes, encierra una doble exigencia que ningún litigante puede satisfacer; se le pide que llegue con la prueba ya producida y, en el mismo acto, se le niega el único instrumento con que se la produce.
Precisamente el expediente reproduce la escena con una fidelidad que exime de mayor esfuerzo. El desconocimiento de la firma tiene aquí su equivalente en la impugnación fiscal del informe como certificación unilateral y extraprocesal; la pericia caligráfica, en el punto 1 del recurso, que pidió validar los guarismos de los anexos "conforme el procedimiento y documentación cuya verificación allí se señala"; la contraparte que, tras desconocer el documento, designa de todos modos su calígrafo, en la propuesta fiscal del perito de parte "a todo evento". Inclusive resta un dato que la analogía civil ni siquiera necesita porque entre los «datos propios recopilados a los que el organismo fiscal no tuvo acceso» se cuentan las declaraciones juradas impositivas del contribuyente y los registros de la propia ARCA-DGI, documentación que obra en poder del organismo por definición. La premisa de la inaccesibilidad queda desmentida, en parte, por los archivos del propio impugnante.
42. Que a la doble exigencia se añade un defecto de trato; los nueve puntos no formaban una masa homogénea, no obstante la providencia los despachó como si lo fueran en dos grupos sin explicar individualmente su conducente o efecto dilatorio. Los puntos 6, 7 y 8 preguntaban por datos concretos: los créditos fiscales a una fecha determinada, porcentajes de participación societaria y la incidencia de ADR, y el saldo de una cuenta bancaria utilizado en la liquidación. Calificar en bloque la comprobación de esas cifras como “dilatoria”, sin una razón individual que conecte el objeto de cada punto con una demora inútil, trascendió una selección razonada de prueba. Llamar dilatoria a la verificación de esas cifras supone haber decidido de antemano que no pueden alterar el resultado porque esas cifras integran la base sobre la que habrá de dictarse la sentencia.
43. Que asimismo el expediente muestra, además, que la comprobación pedida no era una pesquisa a ciegas. El recurso ya había denunciado divergencias puntuales y cuantificadas (recurso de apelación, IF-2022-110877618- APN-DTD#JGM, acápites IV.E.2, págs. 109/110, y IV.E.3, págs. 111/112). Cabe hacer notar que la primera favorece al recurrente: los rubros "anticipos sobre bienes personales" e "impuesto a las ganancias" fueron computados como créditos en el país por $20.425.172,68 y $5.278.435,89, cuando los impuestos que les daban causa superaban esas sumas, de modo que aquellos pagos a cuenta no subsistían como créditos en su patrimonio a la fecha de corte. Las otras dos, en cambio, lo perjudican, y conviene decirlo con todas las letras porque ahí reside la singularidad del planteo: la parte denunció que su participación en Cablevisión Holding S.A. y Grupo Clarín S.A. asciende al 11,68 % por la incidencia de los ADR, y que el Fisco la computó al 11,6565 % — es decir, afirmó tener más de lo que el organismo le atribuyó—; y denunció que el saldo de su caja de ahorro fue tomado por $3.333.467,14 al 21 de diciembre de 2020, cuando al 18 de diciembre —fecha de corte fijada por la propia ley del aporte— ascendía a $3.401.467,14, importe también superior al considerado. Dos de las tres diferencias, verificadas, aumentarían la base sobre la que se calcula el aporte que se le reclama.
Esa aparente anomalía tiene una explicación precisa, que el propio recurso declara. El artículo 19 de la ley 11.683 dispone, en su primer párrafo, que si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad queda subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pena de las sanciones de la ley; y añade que la determinación, una vez firme, sólo podrá ser modificada en contra del contribuyente en los dos supuestos que sus incisos enumeran: la constancia expresa del carácter parcial de la determinación practicada, con definición de los aspectos fiscalizados, o la aparición de nuevos elementos de juicio o la comprobación de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los datos que sirvieron de base a la determinación anterior. Sobre ese entramado el recurrente construyó su posición ya que denunció las diferencias en cumplimiento de aquella obligación, sostuvo que los incisos no resultan aplicables a su caso y dejó expresamente asentado que, de no rectificarse la liquidación pese a la denuncia oportuna, ninguna obligación de integrar las eventuales diferencias podrá serle reclamada después. Sea cual fuere la suerte final de esa tesis —sobre la que nada corresponde adelantar aquí—, ella exhibe un interés jurídico serio y actual en la comprobación: el valor liberatorio que el recurrente atribuye a su postulación depende de que la divergencia quede acreditada en el expediente, y el principal medio contradictorio razonablemente idóneo ofrecido en esa etapa de acreditación era la prueba que se le negó.
44. Que la afirmación relativa al conflicto probatorio debe ser leída en su integridad y dentro del marco en que fue formulada. La providencia no declaró, sin más, que no existiera controversia fáctica ni que nada quedara por probar; sostuvo que «no existe conflicto probatorio que implique dar lugar a la audiencia prevista en el artículo 173 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.)». En el mismo acto abrió la causa a prueba por sesenta días y admitió una medida informativa, de modo que no sería correcto convertir aquella expresión en una negación universal de toda actividad probatoria. Considerada aisladamente, la decisión de prescindir de la audiencia prevista por el artículo 173 —materia cuya procedencia el artículo 35 del Reglamento encomienda al vocal instructor— tampoco proporcionaría fundamento para su apartamiento. Su relevancia objetiva es más acotada y sólo aparece al ser leída en convergencia con los restantes efectos de la providencia: pese a que los escritos principales exhibían posiciones enfrentadas sobre el valor del informe, la disponibilidad de sus fuentes, las cifras de la determinación y su incidencia en las defensas deducidas, se juzgó innecesario el ámbito previsto para oír a las partes acerca de los hechos controvertidos y de la prueba propuesta y, simultáneamente, no se admitió ninguno de los nueve puntos periciales destinados a someter el núcleo técnico del litigio a comprobación contradictoria. No es, por tanto, la frase aislada ni la mera prescindencia de la audiencia lo que adquiere significación, sino su concurrencia con la reducción sustancial de los medios razonablemente idóneos para esclarecer los hechos decisivos.
45. Que igualmente la contestación fiscal, leída a la fecha del auto, documenta esa controversia con precisión de fojas. Allí el informe acompañado quedó calificado como certificación de escasa validez probatoria, con invocación de la Resolución Técnica 7 y del carácter extraprocesal de la prueba (IF-2022-136449267-APN- DTD#JGM, págs. 113/114); la aptitud de la renta neta como parámetro de la confiscatoriedad fue puesta en cuestión (pág. 113); la falta de acceso a la información de base se sostuvo con remisión al informe final de fiscalización n.º 2 del 12 de enero de 2022 (págs. 114/115 y 117); y cada uno de los nueve puntos de la pericia recibió una oposición individual, mientras que los oficios de la informativa fueron resistidos con una oposición general fundada en el artículo 166 de la ley 11.683 y con objeciones específicas, algunas por oficio y otras por grupos de oficios (págs. 114/119). El despliegue argumental de la contestación no demuestra, por sí solo, que la celebración de la audiencia fuera jurídicamente obligatoria; sí acredita, en cambio, que existía una controversia técnica real, documentada y conocida al momento de dictarse la providencia.
46. Que, por lo demás, la única informativa admitida no neutraliza ese efecto. El recurrente había solicitado la remisión íntegra del expediente conexo, ad effectum videndi et probandi, o copia certificada de esas actuaciones, y el propio recurso describió aquella causa como en estado de dictar sentencia con la totalidad de la prueba producida, cuyas conclusiones calificó de fundamentales para el caso. La providencia redujo ese pedido a que el juzgado informara el estado de la causa o remitiera la sentencia si la hubiera dictado, con lo cual quedó fuera del oficio, pese al anuncio que el propio recurso contenía, el material probatorio reunido en aquel proceso. Tras la decisión, el informe privado permanecía impugnado por falta de contradictorio, mientras se clausuraban a la vez la pericia ofrecida para bilateralizarlo y el acceso a las constancias técnicas de la causa conexa, cuya existencia invocó el recurrente de inmediato, al deducir la reposición.
47. Que la combinación relevante es excepcional: una defensa de presupuesto esencialmente fáctico; un informe privado impugnado por unilateral; una pericia cuyos nueve puntos no fueron admitidos, con apoyo en la misma carencia de contradictorio que venía a remediar; puntos relativos a cifras concretas descartados en bloque como dilatorios; una informativa reducida a informar el estado del proceso —o, si se hubiera dictado sentencia, a remitir copia certificada de ésta—, que dejó fuera el expediente y sus restantes constancias probatorias; y la decisión de prescindir de la audiencia prevista por el artículo 173 pese a la controversia técnica documentada en los escritos principales. Es cierto que el mismo acto abrió la causa a prueba por sesenta días y admitió aquella informativa reformulada; ese dato debe dejarse a salvo, aunque no neutraliza la falta de admisión de las vías ofrecidas para comprobar los hechos centrales. Cada elemento considerado aisladamente podría admitir una explicación procesal. Su convergencia crea una apariencia cualitativamente distinta.
48. Que el lenguaje categórico empleado conserva relevancia, aunque debe apreciarse dentro del marco preciso en que fue utilizado. La calificación de la pericia como «a todas luces inconducente e inviable» no formula una reserva provisional ni distingue entre deficiencias subsanables y obstáculos definitivos. Por su parte, la afirmación de que no existía un conflicto probatorio que justificara la audiencia no niega, por sí sola, toda controversia ni todo presupuesto de actividad probatoria, como demuestra la apertura de la causa por sesenta días; tampoco bastaría, aisladamente considerada, para configurar una causal de apartamiento. Pero, situada junto a la falta de admisión de cualquiera de los nueve puntos periciales y al recorte de la informativa, expresa que el desacuerdo técnico central no merecía ni la audiencia prevista por el artículo 173 para delimitar los hechos controvertidos ni el principal medio contradictorio ofrecido para esclarecerlos. No es, por consiguiente, una frase aislada, sino la convergencia entre las razones empleadas y los efectos probatorios producidos, la que permite a un observador informado abrigar una duda razonable acerca de que la valoración final permanezca genuinamente abierta.
49. Que en ese mismo orden de ideas tampoco es decisivo —y así responde esta Presidencia al señalamiento de la providencia sobre la falta de exhibición concreta de una conclusión de fondo— que la providencia no contenga una conclusión expresa sobre la confiscatoriedad o el monto debido. El prejuzgamiento objetivo puede configurarse respecto de la premisa probatoria que condiciona una defensa, si al mismo tiempo se suprime su oportunidad razonable de demostración. Una sentencia formalmente abierta pero privada de la evidencia necesaria para examinar el hecho controvertido corre el riesgo de quedar materialmente predeterminada.
50. Que, en efecto, la providencia del vocal recusado no disipa la duda objetiva. Su negativa categórica de haber tenido intención, opinión o recomendación concierne al plano subjetivo, y esta Presidencia no tiene motivo para ponerla en duda. Por la misma razón, no se adoptan las imputaciones de parcialidad manifiesta y de animosidad que la recusante formuló en su presentación: el estándar aplicable prescinde de la intención para atender a lo que un tercero informado puede inferir de los actos. Tampoco es necesario verificar ni ponderar la divergencia alegada con lo decidido por el mismo vocal en otras causas con planteos de confiscatoriedad, pues los jueces pueden modular su criterio de una causa a otra en atención a las circunstancias de cada expediente, y esa disparidad, por sí sola, no configuraría la causal; el apartamiento que aquí se dispone no depende de ella.
51. Que las manifestaciones contenidas en la providencia PV-2026-74873910-APN-VOCXII#TFN, según las cuales los términos empleados por la recurrente agraviaban la profesionalidad y la capacidad de análisis y resolución del vocal y ponían en duda su independencia de criterio y ecuanimidad, no deben erigirse en una causal nueva ni recibir valoración disciplinaria en este incidente. Tampoco corresponde extraer una consecuencia adversa del hecho de que el magistrado haya defendido la pertinencia de su decisión probatoria, negado toda intención de anticipar el pleito y postulado el rechazo de la recusación, pues tales manifestaciones integran la posición que estaba habilitado a exponer antes de elevar las actuaciones. La recusación objetiva no acusa falta de honor sino que protege la autoridad institucional del proceso. Resolverla favorablemente no descalifica al magistrado; antes bien, reconoce que, aun presumida su honestidad subjetiva, las circunstancias externas alcanzaron el umbral que aconseja su sustitución (Fallos: 328:1491; “Apitz Barbera”, párrs. 56 y 63).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 150 de la ley 11.683, los artículos 17, inciso 7, y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y de conformidad con los artículos 18, 31 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
HACER LUGAR a la recusación con causa del Dr. Daniel Martín deducida por el recurrente.
Hágase saber al Vocal recusado, regístrese, notifíquese a las partes y a la Secretaría General de Asuntos Impositivos a efectos de la desinsaculación de la Vocalía sustituta y de la compensación al Vocal recusado, en los términos del art. 7° del Reglamento de Procedimiento ante este Tribunal.
Date: 2026.08.11 12:16:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Presidente ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.11 12:18:04 -03:00
Fin de la sentencia