Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-110877709-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al recurso de reposición y MANTENER la resolución INLEG-2026-77367915-
APN-TFN#MEC en cuanto hizo lugar a la recusación con causa del doctor Daniel Martín y dispuso la sustitución correspondiente, con el alcance de la rectificación establecida en el punto siguiente.
2Dejar sin efecto el considerando 40 de la resolución INLEG-2026-77367915-APN-TFN#MEC, exclusivamente en cuanto infirió de la propuesta subsidiaria de perito formulada por la representación fiscal una confirmación de la viabilidad del contradictorio técnico.
3Declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto en subsidio, de conformidad con el artículo 61, último párrafo, del Reglamento de Procedimiento.
4DISTRIBUIR LAS COSTAS POR SU ORDEN, por las razones expuestas en el considerando 34º.
1. Que se anticipa que la reposición no habrá de prosperar, sin perjuicio de una rectificación puntual relativa al valor atribuido en el pronunciamiento anterior a la propuesta subsidiaria de perito formulada por la representación fiscal.
2. Que, en lo que atañe a la admisibilidad, cabe recordar que el artículo 61 del Reglamento de Procedimiento dispone que las providencias o resoluciones dictadas durante la tramitación de la causa, distintas de las sentencias definitivas y de los pronunciamientos allí individualizados, sólo pueden ser objeto de recurso de reposición, regido en cuanto a su forma y trámite por los artículos 239 y 240 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En ese sentido cabe reparar que la resolución del 11 de agosto de 2026 se encuentra comprendida en ese régimen y, por consiguiente, corresponde tener por formalmente admisible la reposición deducida.
3. Que no resulta necesario formular una definición acerca de la posición procesal que correspondía reconocer a la representación fiscal dentro del incidente originario. En efecto, su agravio central consiste en no haber sido oída antes del dictado de la resolución, y el recurso articulado le ha permitido exponer íntegramente sus objeciones. Por razones de tutela efectiva y de economía procesal, corresponde tratarlas en toda su extensión.
4. Que, sin embargo, distinta solución merece la apelación interpuesta en subsidio con invocación de los artículos 242, 248 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Corresponde hacer notar que el último párrafo del artículo 61 del Reglamento establece de manera expresa que la resolución que recaiga en la reposición no podrá ser objeto de recurso alguno. A su vez, el artículo 150 de la ley 11.683, que atribuye al Presidente del Tribunal la decisión sobre la recusación de sus vocales, no instituye una vía de apelación autónoma contra ese pronunciamiento. No otra cosa surge de la jurisprudencia del fuero recordada en la resolución recurrida. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ha declinado asumir competencia para revisar lo decidido por esta Presidencia en materia de apartamiento de vocales, con el argumento de que el artículo 150 no prevé recurso para quien pretenda oponerse a lo resuelto (Sala IV, “Incidente n.º 1 – Actor: Alfred C Toepfer International Argentina SRL – TF 31276-I s/ inc. de excusación”, expte. CAF 3408/2022, sentencia del 22 de marzo de 2022), y ha declarado mal concedida la apelación deducida en subsidio contra providencias de este Tribunal, que únicamente pueden recurrirse por revocatoria (Sala V, “Incidente n.º 1 – Actor: Salazar, Humberto Ángel [TF 27786678-I] c/ AFIP-DGI s/ inc. apelación”, expte. CAF 11275/2024, sentencia del 15 de mayo de 2025).
5. Que, por ello, la apelación subsidiaria debe ser declarada inadmisible. Ciertamente esa conclusión no importa pronunciamiento alguno sobre el alcance que eventualmente corresponda atribuir a la reserva formulada por la representación fiscal para la oportunidad prevista en el artículo 192 de la ley 11.683, la cual será tenida presente.
6. Que así despejada la admisibilidad, cabe abordar el agravio referido al derecho de defensa. La representación fiscal sostiene que la resolución recurrida fue dictada sin traslado previo y que esa circunstancia la colocó en estado de indefensión.
7. Que el agravio no demuestra la infracción de una regla expresa aplicable al trámite. El artículo 150 de la ley 11.683 remite a los supuestos de apartamiento contemplados por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Tomadas como pauta supletoria, las disposiciones específicas de ese Código prevén la comunicación de la recusación al magistrado cuestionado para que produzca el informe correspondiente, la formación del incidente si los hechos son negados, la eventual apertura a prueba y una nueva vista al juez recusado. Efectivamente no establecen un traslado previo e ineludible a la contraparte como condición de validez de la decisión. En el caso, cabe apuntalarlo, ese cauce fue observado porque el vocal recusado produjo su informe mediante la providencia PV-2026-74873910-APN-VOCXII#TFN, del 4 de agosto de 2026, y elevó las actuaciones a esta Presidencia conforme al artículo 150 citado.
8. Que, en todo caso, aun si se entendiera que la naturaleza de la controversia aconsejaba oír también a la representación fiscal, lo cierto es que esa intervención se encuentra actualmente satisfecha. El organismo dedujo un recurso fundado, la parte apelante lo contestó y este pronunciamiento examina cada una de las objeciones formuladas. No subsiste, por ende, una restricción concreta que pueda ser reparada mediante la anulación y repetición de actos ya cumplidos con plena bilateralidad.
9. Que, en lo que concierne a la garantía del juez natural, si bien asiste razón a la representación fiscal cuando recuerda que las causales de recusación deben interpretarse restrictivamente, porque su aplicación desplaza la competencia legal y ordinaria del vocal llamado a intervenir, no es menos cierto que el argumento no la favorece, habida cuenta de que esa regla fue expresamente reconocida en la resolución recurrida, que la tomó como punto de partida del análisis y no como su negación.
10. Que, en ese sentido, se impone señalar que la garantía del juez natural no impide el apartamiento decidido por la autoridad competente mediante un procedimiento general, anterior al caso y aplicable por igual a todos los litigantes. Es que, en efecto, el artículo 150 de la ley 11.683 contempla expresamente la recusación de los vocales del Tribunal Fiscal y atribuye su aceptación o rechazo al Presidente. Al unísono el artículo 7º del Reglamento de Procedimiento regula la sustitución mediante desinsaculación. No hubo, pues, designación ad hoc ni creación de una competencia especial para este expediente.
11. Que en la misma inteligencia se advierte que tampoco se creó una causal ajena al artículo 17 del Código Procesal. La resolución se fundó en su inciso 7º, referido a la emisión anticipada de opinión acerca del pleito. La perspectiva objetiva empleada para apreciar esa causal no amplía su enumeración, sino que determina el modo de examinar si las circunstancias externas permiten abrigar una duda razonable sobre la apertura futura del juzgador, con independencia de su convicción íntima. Ese criterio se corresponde con la doctrina citada en el pronunciamiento recurrido en materia de imparcialidad objetiva (Fallos 328:1491; 329:3034; 330;1457)
12. Que precisamente para evitar que cualquier desacuerdo procesal se transforme en una recusación, la resolución del 11 de agosto fijó un estándar acumulativo y exigente. Una decisión sobre prueba o trámite sólo puede configurar prejuzgamiento cuando concurren las condiciones que siguen. a) recae sobre un hecho o una cuestión jurídica susceptible de resultar decisiva. b) la presenta como cerrada mediante una afirmación categórica que excede el juicio provisional propio de la etapa. c) clausura o reduce sustancialmente el medio razonablemente idóneo para controvertirla. d) la convergencia de esas circunstancias permite a un observador informado abrigar una duda objetiva y razonable.
13. Que la resolución recurrida, además, descartó de manera expresa las imputaciones de animosidad y parcialidad subjetiva formuladas contra el vocal instructor. El apartamiento no se sustentó en un reproche personal ni disciplinario, sino exclusivamente en el efecto objetivo que producían, consideradas en conjunto, determinadas decisiones y expresiones incorporadas al expediente.
14. Que la representación fiscal afirma, asimismo, que la recusación fue utilizada como una apelación oblicua contra la denegación de prueba. El planteo nuevamente obliga a distinguir con precisión el objeto de cada remedio.
15. Que la reposición prevista en el artículo 61 del Reglamento permite discutir el acierto del auto probatorio, esto es, si una medida era procedente, conducente, superflua o meramente dilatoria. Pero va de suyo que la recusación no revisa ese juicio ni sustituye al vocal instructor en la dirección del proceso. Su pregunta es otra, y la diferencia importa. Examina si el contenido, el contexto y los efectos de la decisión ofrecen razones objetivas suficientes para dudar de la apertura con la que deberán apreciarse más adelante los hechos y defensas involucrados.
16. Que precisamente la resolución recurrida delimitó expresamente esa diferencia. No decidió si los puntos periciales debían admitirse, tampoco atribuyó eficacia al informe contable acompañado por la parte apelante, mucho menos resolvió la defensa de confiscatoriedad ni adelantó criterio sobre la validez de la ley 27.605 o sobre la corrección de la determinación fiscal. Tales cuestiones permanecen ajenas a este incidente y deberán ser resueltas por el órgano competente en la oportunidad procesal correspondiente.
17. Que, de igual modo, la sola existencia de la reposición del artículo 61 no excluye la procedencia de la recusación cuando sus presupuestos propios se encuentran configurados. Ambos institutos protegen bienes distintos. Lo relevante es la concurrencia excepcional de las condiciones descriptas en el considerando 12º.
18. Que, sentado lo anterior, corresponde ingresar en los agravios sustanciales. La pericia contable ofrecida no versaba únicamente sobre un elemento lateral del proceso. Conforme surge del recurso de apelación y de la contestación fiscal, recaía sobre cifras, valuaciones, participaciones societarias, saldos y relaciones cuantitativas vinculadas con las defensas de confiscatoriedad, igualdad, capacidad contributiva y correcta determinación del aporte. Se trataba, por tanto, de extremos fácticos cuya existencia, exactitud y significado se encontraban controvertidos.
19. Que en tales condiciones se impone señalar que la resolución recurrida no extrajo la centralidad de la pericia del solo hecho de la oposición, sino del modo en que quedó trabada la litis, ya que las defensas deducidas dependen de cifras y valuaciones cuya existencia o exactitud está discutida. La contestación fiscal fue valorada, en ese esquema, como constancia documental de que la controversia técnica era real y conocida, no como una admisión de relevancia ni como fuente autónoma del juicio de importancia.
20. Que la representación fiscal insiste en que el informe contable acompañado por la parte apelante era unilateral y había sido elaborado con información a la que el organismo no tuvo acceso, y agrega que la pericia no estaba destinada a subsanar esa carencia, pues la propia actora delimitó su objeto sobre la base de aquel documento. Esa objeción puede ser legítima al momento de valorar el informe y de discutir la pertinencia de los puntos propuestos. Sin embargo, no neutraliza el aspecto central considerado en la resolución recurrida respecto de que la pericia había sido ofrecida, precisamente, como procedimiento contradictorio para verificar o refutar las cifras del informe mediante la compulsa de la documentación respaldatoria, bajo intervención de expertos de ambas partes y control del Tribunal. La doctrina recordada en el pronunciamiento impugnado ilustra el punto. En “Candy S.A.” (Fallos: 332:1571), frente a la objeción fiscal al informe de parte, el juez de la causa designó un experto contable para que realice pericia ratificando o rectificando el contenido del informe contable cuestionado, y fue esa pericia —no el informe unilateral, inidóneo por sí mismo para acreditar la afectación— la que brindó “un acabado sustento” a la pretensión.
21. Que, en la misma línea, la afirmación de que una pericia contable sólo revestiría aptitud probatoria practicada sobre documentación obligatoria y de respaldo concierne al acierto intrínseco del auto probatorio y a la extensión que corresponda asignar a la labor pericial, esto es, a la materia propia de la reposición del artículo 61 y, en su caso, de la decisión que adopte la vocalía competente. Ese debate excede el objeto de este incidente, que no radica en establecer cuál era la solución probatoria correcta, sino en verificar si el modo en que se resolvió ofrecía razones objetivas para dudar de la apertura futura del juzgador.
22. Que la providencia PV-2026-24186954-APN-VOCXII#TFN, del 9 de marzo de 2026, sostuvo que la pericial contable, en sus puntos 1, 2, 3 y 5, se apoyaba en periciar sobre el informe especial acompañado por la parte apelante y que en ese punto “le asiste razón al Fisco Nacional”, “lo que resulta a todas luces inconducente e inviable al tratarse de datos propios recopilados a los que el organismo fiscal no tuvo acceso”. Calificó la producción de los puntos restantes (4, 6, 7, 8 y 9) de “dilatoria a los efectos de encausar [sic] la cuestión de fondo”. Admitió únicamente una medida informativa, previa reformulación. Concluyó, por último, que “no existe conflicto probatorio que implique dar lugar a la audiencia prevista en el artículo 173 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.)”, de modo que tuvo esa audiencia por cumplida sin celebrarla y, al mismo tiempo, abrió la causa a prueba por sesenta días. No se trató, pues, de una mera decisión adversa considerada en forma aislada, sino de un conjunto de afirmaciones categóricas que alcanzó simultáneamente el valor del soporte documental, la posibilidad de someterlo a contradicción y la existencia misma de una controversia fáctica que ameritara la audiencia preliminar.
23. Que en tales condiciones la contestación de traslado presentada por la parte apelante no aporta un hecho nuevo que modifique el objeto del incidente, pero confirma la persistencia de la controversia que debía permanecer abierta. Allí se explica que la labor pericial partiría del informe para identificar los guarismos y relaciones que debían ser verificados mediante documentación respaldatoria y con participación de ambas partes. También se señala que la prueba se dirigía a los presupuestos fácticos exigidos para la defensa de confiscatoriedad. Estas razones coinciden con elementos que ya surgían de los escritos principales al momento de dictarse la resolución recurrida.
24. Que, apreciadas en su conjunto, las circunstancias mantienen la fuerza objetiva que se les atribuyó habida cuenta de que la prueba se vinculaba con hechos potencialmente decisivos. En esos términos se puede reparar que la denegación fue formulada en términos categóricos. Sucede, en efecto, que la misma razón invocada para descalificar el informe fue utilizada para impedir el mecanismo propuesto para someterlo a control contradictorio. Finalmente, se juzgó inexistente un conflicto probatorio que ameritara la audiencia preliminar, cuando lo cierto fue que los escritos de ambas partes exhibían la controversia de manera concreta.
25. Que en ese estado de situación no obsta a esa conclusión que la providencia no hubiera expresado de manera literal cuál sería la solución final de la causa. El prejuzgamiento previsto en el artículo 17, inciso 7º, bien puede manifestarse respecto de una premisa fáctica o probatoria decisiva cuando, al mismo tiempo, se reduce sustancialmente la oportunidad de demostrarla. El estándar objetivo no exige una confesión de parcialidad ni una sentencia anticipada formal. En rigor de verdad exige circunstancias externas serias que permitan dudar razonablemente de que la cuestión permanezca abierta. Por esa razón tampoco conmueve lo expuesto la réplica según la cual el razonamiento edificaría un falso silogismo, porque las premisas del rechazo probatorio admitirían más de un desenlace, porque el estándar aplicado no exige que la inferencia adversa sea la única posible, sino que resulte razonable para un observador informado de las actuaciones y la convergencia descripta alcanza ese umbral.
26. Que, en consecuencia, los agravios sustanciales no logran desvirtuar la razón determinante de la resolución recurrida. El apartamiento continuó siendo una medida preventiva destinada a preservar la confianza en el proceso y no una sanción al vocal instructor, cuya honorabilidad y corrección subjetiva no han sido puestas en cuestión por esta Presidencia.
27. Que, no obstante lo anterior, asiste razón a la representación fiscal en cuanto objeta la inferencia extraída de su propuesta subsidiaria de perito. La resolución del 11 de agosto consideró, como argumento corroborante, que aquella propuesta demostraba que el contradictorio técnico era procesalmente posible.
28. Que el artículo 43 del Reglamento de Procedimiento establece que la parte actora debe proponer su perito y formular los puntos de pericia al interponer el recurso, mientras que la representación fiscal debe proponer el suyo al contestarlo. Se trata de una carga que debe cumplirse en esa oportunidad con independencia de que, simultáneamente, se cuestione la procedencia de la prueba. Por consiguiente, la propuesta de perito formulada a todo evento no puede ser interpretada como reconocimiento, concesión ni admisión de la viabilidad sustancial de la pericia, tal como la propia recurrente lo puntualiza al explicar que aquella designación procuró asegurar su participación para el supuesto de que su oposición no prosperara.
29. Que corresponde, entonces, dejar sin efecto el considerando 40 de la resolución INLEG-2026- 77367915-APN-TFN#MEC, en cuanto atribuyó ese significado a la propuesta fiscal. Así y todo la decisión de apartamiento se sostuvo, de manera autónoma, en la centralidad de los hechos involucrados, el carácter categórico de las expresiones utilizadas, el rechazo conjunto de los principales medios de comprobación y la prescindencia de la audiencia preliminar pese a la controversia técnica documentada. Su supresión no modifica, por tanto, la conclusión alcanzada ni la parte dispositiva de la resolución.
30. Que, por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de reposición, mantener la resolución INLEG-2026-77367915-APN-TFN#MEC en cuanto hizo lugar a la recusación y dispuso la sustitución del vocal instructor, introducir la rectificación puntual indicada y declarar inadmisible la apelación subsidiaria.
34. Que las costas deben distribuirse por su orden. La representación fiscal obtuvo acogimiento respecto de una cuestión accesoria que justificó la rectificación del pronunciamiento y la controversia planteó aspectos institucionales que pudieron dar lugar a una razonable discrepancia.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 150 de la ley 11.683 y de conformidad con los artículos 17, inciso 7º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 18 de la Constitución Nacional, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7º, 43 y 61 del Reglamento de Procedimiento de este Tribunal, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
1. NO HACER LUGAR al recurso de reposición y MANTENER la resolución INLEG-2026-77367915-
APN-TFN#MEC en cuanto hizo lugar a la recusación con causa del doctor Daniel Martín y dispuso la sustitución correspondiente, con el alcance de la rectificación establecida en el punto siguiente.
2. DEJAR SIN EFECTO el considerando 40 de la resolución INLEG-2026-77367915-APN-TFN#MEC, exclusivamente en cuanto infirió de la propuesta subsidiaria de perito formulada por la representación fiscal una confirmación de la viabilidad del contradictorio técnico.
3. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto en subsidio, de conformidad con el artículo 61, último párrafo, del Reglamento de Procedimiento.
4. DISTRIBUIR LAS COSTAS POR SU ORDEN, por las razones expuestas en el considerando 34º.
REGÍSTRESE, notifíquese a las partes por medios electrónicos y oportunamente continúese con el trámite de la causa según su estado.
Date: 2026.08.26 16:58:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.26 16:58:44 -03:00
Fin de la sentencia