Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-1.886/11-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 594/619 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 585/591, con costas a la recurrente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-1.886/11-TSJ Interlocutorio N°: 601.-
Actor: MAIDANA LILIANA BEBA BEATRIZ Demandado: ESTEVEZ MILANO MARTIN ARIEL Objeto: S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 07-07-16 Texto: TOMO XVIII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 601 FOLIO Nº 3444/3452 PROT. ELECT. TSS1 005 S.161
Río Gallegos, 7 de julio de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “MAIDANA, LILIANA BEBA BEATRIZ C/ ESTEVEZ MILANO, MARTÍN ARIEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. N° M-21.743/03 (M-1.886/11-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que, llegan las presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 594/619, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 585/591, por cuanto confirmó la sentencia de primera instancia obrante a fs. 543/550 vta.. Esta última rechazó la demanda de daños y perjuicios promovida por la Sra. Maidana en razón del disparo que habría efectuado el demandado contra su hijo y que le habría causado su muerte, con costas.-
II. El recurso de casación se funda en las causales de violación de la ley, arbitrariedad y absurdo (conf. fs. 594). La recurrente señala que en la sentencia atacada no se realizó una correcta subsunción del hecho dañoso en la normativa legal aplicable (conf. fs. 595). Expresa que se desconoció que la muerte de su hijo Carlos Andrés López se produjo como consecuencia del disparo certero efectuado por el demandado (conf. fs. cit.). Manifiesta que si bien Estévez fue sobreseído en el fuero penal en orden al delito de homicidio en exceso de legítima defensa, la causa continuó en relación al delito de abuso de armas, por el que fue procesado; luego beneficiado con la suspensión del juicio a prueba; y finalmente sobreseído (conf. fs. cit.).
Respecto de esta última circunstancia, plantea que la Cámara hace errónea aplicación de lo dispuesto en el artículo 1103 del Código Civil derogado, toda vez que la conclusión de la causa penal, tal como fue dispuesta, no le impide al juez civil estudiar criteriosamente la mecánica del hecho conforme lo dispuesto en los artículos 907, 1066, 1067, 1072, 1113 y cctes. del C.C. (conf. fs. cit.). Califica a la sentencia de arbitraria en razón de lo expuesto y también porque se habría omitido considerar y resolver cuestiones propuestas y medulares que harían a la responsabilidad del demandado por haber dado muerte al hijo de la recurrente; “…eludiendo las particularidades y antecedentes de hecho que originaron la presente causa…” (cfr. fs. 595 vta.).
Asimismo, afirma que nada impedía al Juez Civil examinar el hecho y determinar la responsabilidad civil del demandado; pues éste habría “…obrado de manera antijurídica al decidir sobre la vida de otra persona mediante la utilización de una cosa riesgosa para luego perseguirlo y continuar disparando cuando ni siquiera representaba un peligro para su vida…” (cfr. fs. 597 vta.). Sobre esta cuestión destaca que el demandado se benefició con la suspensión del juicio a prueba y el subsiguiente sobreseimiento sin haber cumplido con el requisito de reparar el daño que exige el artículo 76 bis CP (conf. fs. 597 vta./598 vta.). Continúa diciendo que, no obstante haberse probado los extremos que hacen a la viabilidad de la acción, la Cámara se ha limitado a reproducir el auto que dispone el sobreseimiento del demandado en orden al delito de homicidio por exceso en la legítima defensa, con lo que se ha “…vulnerando abiertamente el principio de igualdad de las partes, defensa en juicio, debido proceso, debida y suficiente fundabilidad de los pronunciamientos judiciales, principio de legalidad y hasta de razonabilidad, todo de raigambre constitucional (arts. 16, 18, 19, 18 Const.
Nacional)” (cfr. fs. 599). Expresa que en la causa penal obran elementos que aseguran que ha existido una persecución del demandado en contra de su hijo y su acompañante; y que aquel hizo un uso desaprensivo, innecesario, negligente e imprudente de una cosa riesgosa cuando ya los menores no significaban un peligro para su vida ni sus bienes (conf. fs. 600). Lo antedicho la lleva a aseverar que “…nunca se dio una proporcionalidad en el medio empleado para repeler una supuesta agresión llevada a cabo por los menores…” (cfr. fs. cit.). Al respecto destaca la declaración de un testigo de la causa penal que manifestó que los jóvenes no llevaban nada en sus manos, porque al correr, realizaban los movimientos con los brazos normales (conf. fs. cit.).
Continúa diciendo que lo antedicho daría cuenta de la falta de justificación del obrar del demandado; y también de la arbitrariedad; falta de estudio; ausencia de examen criterioso de los antecedentes y de la manifiesta inequidad e injusticia de la sentencia atacada (conf. fs. 600 y vta.). Asevera que “Este marco coloca a mi parte en un estado absoluto de indefensión, importando una negación palmaria de justicia y de tutela judicial efectiva y…suficiente fundabilidad de los pronunciamientos judicailes (sic), que trastoca los derechos constitucionales más elementales (art. 16, 17, 18, 19 Constitución Nacional)…” (cfr. fs. 601). Argumenta que la sentencia en crisis vulnera tanto el derecho de propiedad (art. 17 Const.
Nacional), como el deber de no dañar a otro consagrado en el artículo 907 del Código Civil derogado y la consiguiente obligación de reparar (cfr. fs. 601 y vta.). Plantea que la Cámara ha equiparado erróneamente los efectos del sobreseimiento con los de la absolución dejándola en un estado de absoluta indefensión; y que habría justificado el obrar antijurídico del demandado únicamente en el auto de sobreseimiento en orden al delito de homicidio en exceso de legítima defensa sin meritar la existencia del abuso de armas y la responsabilidad que le cabría por haberse servido de una cosa riesgosa causando innecesariamente la muerte del hijo de la actora (conf. fs. 601 vta.). Hace reserva del caso federal (conf. fs. 618 vta.).- Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a fs. 621 y vta., se declara bien concedido a fs. 633 y vta., por este Tribunal, poniéndose los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 1687, haciendo uso de tal derecho solo la parte demandada a fs. 637/644 (conf. certificación de fs. 297).-
En esta oportunidad el demandado solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto por la contraria porque entiende que los argumentos expuestos son absolutamente improcedentes; una reiteración de los expuestos en la expresión de agravios, inadecuados e inviables para cuestionar los fundamentos de la sentencia penal y el fallo de Cámara (conf. fs. 637). Señala que las pruebas colectadas en la causa criminal han dado sustento a los magistrados para concluir que el demandado ha actuado en estado de legítima defensa, la cual es una causa de justificación y borra de plano la antijuridicidad del accionar; y por tal motivo es inexistente su obligación de indemnizar (conf. fs. 638). Plantea que si se condenara en sede civil a su defendido se produciría un escándalo jurídico en atención al sobreseimiento penal (conf. fs. 638 vta.).
Agrega que al haber resuelto el Juez penal que Estévez actuó en legítima defensa ahora es imposible establecer lo contrario (conf. fs. 640). Luego asevera, en atención a la interpretación que realiza del material probatorio, que son falaces los argumentos de la actora en su demanda, su ampliación, en su memorial de agravios y casación (conf. fs. 640 vta.). Al respecto sostiene que la distancia de disparo del proyectil que le da muerte al hijo de la actora es de un metro, no de ciento cincuenta metros y de espalda -como sostendría la actora- (conf. fs. cit.). Destaca que se encontró en poder del occiso un arma blanca (conf. fs. 641). Señala que la actora, en su absolución de posiciones, reconoció que el accionar de Estévez fue justificado; que ella nunca gozo de licencia por daño psicológico o psiquiátrico; y que jamás ha sufrido una merma de su ingreso como consecuencia del fallecimiento de su hijo (conf. fs. 641 vta.).
Agrega “…que es imposible invocar de que estamos en presencia de una responsabilidad objetiva por el ‘riesgo o vicio de la cosa’, pues para que ella se configure, resulta indispensable que no medie autoría humana…Y es obvio…que el hecho que dio muerte a López fue un acto de tales características…” (cfr. fs. 643). Finalmente solicita que se rechacen los fundamentos casatorios y se confirme la sentencia de segunda instancia con costas (conf. fs. 644).- A fs. 648/649 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresando que: “La legítima defensa es una causa de justificación que excluye la antijuridicidad del accionar y por tal motivo la obligación de indemnizar resulta inexistente pues no se ha configurado acto ilícito alguno por el cual se deba responder… Lo hasta aquí expuesto me lleva a afirmar que en la sentencia impugnada no se ha violado la ley ni existe respecto de ella arbitrariedad conforme lo alegara la recurrente, siendo opinión de esta Fiscalía que el Recurso de Casación interpuesto por la actora no debe prosperar” (cfr. fs. 649).-
A fs. 653 se llaman autos a Sentencia y a fs. 655 se suspende dicho llamado a fin de poner el expediente a disposición de las partes para que se manifiesten con relación a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (en adelante CCyC). A su turno, la parte demandada, sostuvo que se debe aplicar la legislación vigente el día del hecho que presuntamente se produjo el daño (conf. fs. 658 vta.). Por su parte, la actora, con patrocinio letrado, se limita a reiterar el núcleo de su reclamo, invocando para tal fin tanto el Código Civil derogado como el Código Civil y Comercial vigente (conf. fs. 661/664 vta.).-
A fs. 665 se reanuda el llamado de autos, volviendo los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte actora, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3 inciso a) de la Ley Nº 1.687 -recurso de casación-. Los pretensos agravios están directamente vinculados a un presunto defecto en la aplicación de los artículos 1103 (relativo a la influencia del proceso penal en el civil); 907, 1109, 1113 y cctes. del Código Civil (relacionados con la obligación de resarcir por daños y perjuicios), vigentes al momento de ocurridos los hechos que motivaron la presente acción. Asimismo, el recurrente plantea que la sentencia deviene arbitraria y absurda en atención a la falta de valoración adecuada de la prueba.- Con carácter previo a ingresar en el análisis de aquellas cuestiones, es menester determinar cuál es la legislación aplicable al sub lite en atención a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial.-
Las normas jurídicas tienen una vigencia limitada en el tiempo. Las mismas regulan hechos, situaciones y relaciones jurídicas que tienen una ubicación temporal. En función a las particularidades del caso se debe determinar la legislación que las disciplinará. En el sub lite el momento crítico a estos fines es el 5 de diciembre de 2001, fecha en que se produjo la muerte de Carlos Andrés López, como surge del certificado de defunción obrante en copia a fs. 39/40 del expediente penal “Estévez Milano, Martín Ariel s/ Abuso de Armas” Expte. N° 28.695/01, anexo al presente. En dicha época se encontraba vigente el derogado Código Civil, aprobado por la Ley 340. Recién el 1° de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación (conf. art. 7 de la Ley 26.994).- Lo tocante a la aplicación de la ley en relación al tiempo lo resuelve el artículo 7 del Código Civil y Comercial, el que dispone que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.-
En atención al texto trascripto se sigue que las leyes, en principio, sólo rigen para el futuro y que no tienen efecto retroactivo (conf. art. 7 CCyC) (conf. Código Civil y Comercial de la Nación comentado. Título Preliminar y Libro Primero, Herrera, Marisa, Caramelo, Gustavo y Picasso, Sebastián (Directores), Infojus, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015, pág. 25/27), por lo tanto la legislación de fondo que regula este caso es el derogado Código Civil y la legislación complementaria vigente el 5 de diciembre de 2001.-
Esta solución también es abonada por los dichos de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, quien nos ilustra: “Doctrina y jurisprudencia coinciden en que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso” (cfr. aut. cit. “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, pág. 100).-
Consecuentemente, sirviéndonos de la legislación apuntada es que se resolverá el sub lite.-
Ya analizado concretamente el recurso, se constata que uno de los agravios de la recurrente es que -a su entender- la Alzada aplica erróneamente lo dispuesto en el artículo 1103 del Código Civil, por tal motivo el Juez civil no habría estudiado criteriosamente la mecánica del hecho conforme lo dispuesto en los artículos 907, 1066, 1067, 1072, 1113 y cctes. del citado código (conf. fs. 595).-
Entonces, corresponde analizar la repercusión en el sub lite del sobreseimiento del demandado por el hecho calificado como homicidio por exceso en la legítima defensa (conf. resoluciones agregadas en los autos “Estévez Milano Martín Ariel s/ Abuso de Armas Exp. Nº 25.695/01 a fs. 215/221 vta., y 292 y vta.) por considerar que Estévez actuó en legítima defensa; y el procesamiento como probable autor del delito de abuso de armas (conf. fs. 139/141 vta. y 215/221 vta., de los aut. cit.).-
El artículo 1103 del Código Civil regula la influencia de la cosa juzgada penal sobre el proceso civil y en su parte pertinente reza: “Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución”.-
La finalidad de dicho artículo es evitar la existencia de sentencias contradictorias; que es lo que pasaría en muchas ocasiones si el legislador negara toda influencia de lo resuelto en la esfera penal en la civil. Sobre este tópico este Alto Tribunal ha dicho: “Lo establecido a través de los artículos 1101 y ss. del Código Civil es de orden público, con el fin de evitar que en relación a la misma imputación fáctica se dicten dos sentencias contradictorias, deviniendo un indeseado escándalo jurídico. Existe una preminencia del proceso penal sobre el civil en cuanto a la existencia del hecho y a su autoría” (cfr. Tomo XV, Sentencia, Registro 531, Folio: 2979/2985).- Por su parte, Carlos Creus afirmaba: “La jurisdicción no puede fraccionarse en compartimentos estancos, absolutamente independientes entre sí, de modo tal que un mismo hecho o un mismo acontecimiento pueda ser afirmado o negado y sus consecuencias jurídicas resueltas de distinta manera según el tribunal que lo examine.
Ese concepto de unidad de lo jurisdiccional, engendrado en esencias jurídicas lógicas, tiene un fin con el que afronta la necesidad social de lo jurídico: el de concretar la seguridad como valor equiparable, en el ordenamiento positivo, al ideal de justicia; y ese valor exige que las soluciones del poder jurisdiccional sobre el mismo acontecimiento resulten, si no uniformes, por no menos no contradictorias.” (cfr. aut. cit. “Influencias del proceso penal sobre el proceso civil”, Rubinzal y Culzoni, Santa Fe, 1977, pág. 21/22). Sobre el mismo tema Rubén Compagnucci de Caso advera: “Se trata, con ello, de evitar la duplicidad de sentencias contradictorias, lo cual llevaría al absurdo jurídico que un juez declarara que Ticio cometió tal delito, y otro magistrado juzgara que no fue su autor” (cfr. aut. cit.
“Relación entre la sentencia penal y la sentencia civil”, LL, 1990-D, pág. 55).- Respecto de la expresión “hecho principal” a la que hace referencia el artículo 1103 del Código Civil, este Cimero Tribunal ha dicho que se refiere al “…‘…hecho sustancial que se atribuye al demandado’. Comprende… las circunstancias que se estiman esenciales para resolver la cuestión...” (cfr. Tomo XII, Sentencia, Registro 409, Folio: 2220/2226). En este sentido y vinculado al caso que nos convoca se ha afirmado que: “Si el juez penal ha absuelto por mediar una causa de justificación, como la legítima defensa, ese fundamento tiene por efecto privar al acto de su condición de antijurídico y, como la antijuridicidad es una sola para todo el ordenamiento legal, cabe considerar que el acto es lícito no habiendo posibilidad que el juez civil condene al resarcimiento con fundamento en la antijuridicidad del acto” (cfr.
Tobías, José, “Las causas de justificación en la sentencia penal y su influencia en el proceso civil”, LL, 1992-E, pág. 400).- Debe destacarse que el artículo 1103 del Código Civil hace referencia a la absolución, sin embargo no contempla expresamente al sobreseimiento. Así, pareciera prima facie que no podría asimilarse el sobreseimiento a la absolución a los fines de la aplicación del mencionado artículo. No obstante lo cual cuando el sobreseimiento se dicta sobre la materialidad del hecho y la autoría tal eventualidad no puede resultar indiferente para el Juez civil. Con lo que se deberá atender a las circunstancias del caso para determinar el impacto de lo decidido en el fuero criminal respecto del civil.
En consonancia con estas ideas se ha dicho que: “Hay que partir del principio de que el artículo 1103, por las razones que fuere, no contempla el sobreseimiento sino la absolución. De manera tal que en principio el sobreseimiento no impone ninguna clase de efectos sobre la sentencia civil. Ello sin perjuicio de la consideración necesaria que debe realizar el juez civil del sobreseimiento en sede penal, y más aún particularizando en los fundamentos de éstos, o sea en la causal que llevó al sobreseimiento…” (cfr. Mosset Iturraspe Jorge y Piedecasas Miguel, “Código Civil comentado. Doctrina – Jurisprudencia – Bibliografía. Responsabilidad civil. Artículos 1066 a 1136”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2003, pág. 265) y que “Desde nuestra perspectiva, lo que hay que contemplar es que el proceso penal puede producir efectos en la sentencia civil; sin embargo, en algunos casos, los efectos están impuestos por una norma legal como es la condena y la absolución, y en otros casos los efectos dependerán de la interpretación que el juez realice de la sentencia penal y del proceso penal.
El condicionante es que no se puede dictar una sentencia civil respecto de esta clase de hechos ignorando los procesos penales y las sentencias penales, sean de sobreseimiento o de otras características que las partes hayan denunciado o que el juez haya conocido. Porque se dictaría una sentencia arbitral” (cfr. autor y ob. cit. pág. 268).- Sobre el aspecto del resolutorio estudiado la Alzada entendió que se encontraba acreditado que Estévez había ultimado al joven López, pero que tal conducta se encontraba abarcada por la causa de justificación contemplada en el artículo 34 inciso 6° del Código Penal (legítima defensa). Para arribar a tal conclusión tuvo en consideración el sobreseimiento dispuesto en favor del demandado en orden al delito de homicidio por exceso en la legítima defensa, resolución dictada en autos N° 28.695/2001 que tramitaran en el Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia (conf. fs. 589).
Sobre el particular la Cámara agrega: “No empece a ello la circunstancia de que esto se haya decidido por vía de sobreseimiento y no de sentencia absolutoria, toda vez que ha sido objeto de instrucción, prueba y decisión de los operadores jurídicos competentes, pronunciándose el juez sobre el fondo de la cuestión (la existencia del hecho, sus circunstancias, su autor y la responsabilidad de éste) y no respecto de cuestiones procesales o accesorias, como podrían ser la prescripción de la acción penal, la acreditación de que el hecho no ocurrió, de que el imputado no ha sido su autor, entre otros. Ello impide que en esta sede se discuta nuevamente sobre la existencia del hecho principal y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que han quedado firmes en sede penal y por el instituto de la prejudicialidad, no pueden volver a tratarse en este proceso civil (art. 103 del C.
Civil)…entiendo ajustado a derecho confirmar lo decidido por el juzgador de la anterior instancia desestimando todos los agravios de la actora que vuelven sobre cuestiones ya tratadas y juzgadas en sede penal por lo que deviene abstracto tratarlas de manera individual…” (cfr. fs. 589 y vta.).- Vinculado con lo antedicho es pertinente transcribir parte de lo resuelto en sede penal acerca del hecho por el cual perdiera la vida el joven López. El Juez de Recursos Subrogante, llegó a la conclusión de que la conducta de Estévez (relativa al homicidio de López) se encontraba subsumida en la causal de justificación regulada en el artículo 34 inciso 6°) del Código Penal, es decir la legítima defensa.
A este respecto afirmó: “Los hechos descriptos, cuadran… en el art. 34 inc. 6 del C.P., a saber: a) Agresión ilegítima: dos individuos, injustificadamente, después de intentos fallidos y tras forzar una ventana (…) penetran a través de ella al interior de la casa del imputado. b) racionalidad del medio empleado para impedirla o repelerla: El imputado que estaba en el interior de ella, entretenido con el armado de un rompecabezas, tarea que interrumpiera para ir al baño, a orinar, en un primer momento, estando aún en el interior del baño, creyó oír que golpeaban en la puerta de la casa, siendo alertado además por el ladrido de sus tres perros que también estaban en el interior de la casa, pero al mirar, no vio a nadie, por lo que continuó con la tarea que venía realizando, escuchando nuevamente que golpean otra vez, se acerca a una ventana ubicada en el quincho y observa que dos personas, forcejeaban la ventana principal de la casa, con golpes suaves en sus comienzos y que luego fueron más fuertes, sin embargo los animales se desplazaron hacia una puerta interior de la casa, que da a un patio y que estaba cerrada, ello motivó al Sr.
Estévez a llamar a la policía, que recibió el requerimiento, los ladridos determinaron la falta de una comunicación clara, pues los perros que se encontraban en el living de la casa se desplazaron hacia el lavadero, oportunidad en que escucha golpes en la puerta de atrás, por lo que toma un arma que estaba en el pasillo, va hacia el lavadero – dependencia que tiene una puerta que da a un patio interior de la vivienda (…) – y al no escuchar más golpes vuelve hacia el comedor y cuando ingresa por la puerta que da al living, se encuentra con las dos personas que ya estaban en el interior de la casa…la defensa fue racionalmente necesaria, la acción defensiva misma, con independencia de los procedimientos o instrumentos a los que requirió para la ejecución de tal acción, pues hay que tomar en consideración en primer lugar el ataque reiterativo que el Sr.
Estévez, advierte en su casa, en segundo lugar, que los agresores eran dos personas, cuyas contexturas físicas no eran de su conocimiento y en tercer lugar, que el nombrado desconocía si eran portadores de armas u otros elementos de agresión, sin dejar de tomar en consideración que el agredido…en un primer momento acudió al auxilio de la autoridad policial en procura de ayuda y tal como se desenvolvieron los acontecimientos debió recurrir para defender su persona y sus bienes a un arma que se encontraba al alcance de su mano… c) Falta de provocación suficiente del que se defiende: Resulta a todas luces indudable, según lo relatado por el Sr. Estévez, que además de desconocer a las personas que acceden violentamente a su casa, al momento de la agresión por parte de aquellas se encontraba en el interior de la misma entretenido, armando un rompecabezas, circunstancias que descartan la existencia de un estado de confrontación personal con los agresores, tanto con anterioridad al hecho, como contemporáneamente a él.
La última parte del artículo dispone: ‘se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche, rechazare el escalamiento o fractura de lo cercado, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia.’ Conforme lo relatado por el Sr. Estévez cuando desde el comedor ingresa al living, en su interior se encuentra con los dos agresores, uno de los cuales grita ‘quemalo, quemalo y hace el intento agazapado de intentar sacar un arma’, manifestaciones que implican la intención de ofrecer resistencia ante la presencia, no esperada del ocupante de la casa. […] Indudablemente, por el estado emocional que lo afectaba, sumado a ello las voces que emitía uno de los agresores, los amagos y la posición adoptada por ambos, no le permitía estar en condiciones de obtener una noción de sus actitudes, por lo que en tales circunstancias, temiendo por su vida, disparó su arma contra ellos…” (cfr. fs. 218 vta./220 del Expte. penal).
Añade, el Juez Penal, que: “La autopsia practicada oportunamente en el cuerpo del occiso Carlos Andrés López determinó que la causa de muerte del mismo fue un shock hipovolémico por la penetración de un proyectil de arma de fuego a nivel de la cara lateral del cuello del lado derecho del cuerpo, con orificio de salida a la altura del omóplato izquierdo, informe que es ampliado a petición de la fiscalía a fs. 127 donde el médico forense expresa que ‘conforme a los datos corroborados en la autopsia el victimario se encontraría en posición frontal, en tanto la víctima recibe el disparo en posición de perfil derecho…’ agregando que la distancia probable desde el cañón del arma al orificio de entrada de la bala en la víctima está estimada en mayor de 60 cms., se considera al respecto irrelevante la apreciación que hace el magistrado de la instancia inferior para calificar la conducta de Estévez, de que tal recorrido del proyectil resulta indicativo de que López giraba para emprender la huida posibilidad que también puso (sic) darse en la posible posición que adoptar (sic) la víctima, quien según el declarante se encontraba agachado, al momento de tratar su posición vertical u otra posible, pero lo cierto es que al momento de recibir el proyectil del disparo, se encontraba en el interior de la casa del Sr.
Estévez, y la ley no efectúa distingo alguno al decir que ‘no son punibles, cualquiera sea el daño ocasionado… respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia’…” (cfr. fs. 220 vta./221 del Expte. penal).- Respecto de la influencia del sobreseimiento en el proceso civil, la Suprema Corte bonaerense ha sostenido un similar criterio al postulado por el a quo, a saber: “El art. 1103 del Código Civil reza que ‘[d]espués de la absolución del acusado, no se podrá alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución’. Este precepto define los aspectos en que hace cosa juzgada la sentencia penal absolutoria en el fuero civil -a la que cabe asimilar el sobreseimiento definitivo dictado en beneficio de la aquí demandada M.
(conf. Ac. 76.760, sent. de 2-X-2002; C. 94.839, sent. de 25-XI-2009)- impidiendo que se pueda declarar la responsabilidad patrimonial de la accionada. En rigor, consigna una única calificación cuya definición en sede penal hace cosa juzgada en el ámbito del juicio civil: la inexistencia del hecho principal respecto del cual se absolvió o sobreseyó [...] En tal entendimiento, sólo cuando la absolución del acusado o el sobreseimiento definitivo se funda: (i) en la inexistencia del hecho principal que se le atribuye, o (ii) en la ausencia de autoría -que, como aclara Llambías, es otra manera de no existir el hecho con respecto al imputado- (conf. Llambías, Código Civil Anotado, t. II-b, Abeledo-Perrot, págs. 407/408), ese pronunciamiento no puede ser revisado en la instancia civil (conf.
C.S.J.N., causa C.1563.XXXVI, in re ‘Cohen’, sent. de 30-V-2006),” (cfr. “A.I.N. c/ M.R. y otros s/ daños y perjuicios”, Microjuris: cita: MJ-JU-M-81373-AR/MJJ81373, del 14 de marzo de 2012).- En coincidencia con la solución a que arriba la Cámara se ha decidido que: “...las conclusiones alcanzadas en la jurisdicción criminal, en los términos de los artículos citados, no son discutibles sobre la base de los mismos elementos de juicio contemplados en el proceso penal ('Fallos' 198:348; 203:343 y 249:362 y también en similar sentido ‘Fallos’ 304:1436), doctrina a la cual ha adherido reiteradamente esta Sala (ver causas 256.989 del 9-9-80, voto del Dr. Padilla; 120.053 del 26-3-93, voto del Dr.
Mirás; mi voto en 126.353 del 31-3-93; 34 del 29-3-88, voto del Dr. Dupuis; y también la Sala A en E.D. 57-211; la Sala B en E.D. 55-523; íd. en L.L. 1997-E, 864; la Sala C en E.D. 29-160 y la Sala F en L.L. 116-831, 11.240-S y L.L.1977-D, 685). Es que importaría escándalo jurídico asignar aquí un valor distinto a las mismas pruebas ya apreciadas por la justicia represiva acerca de la mecánica del hecho (ver esta Sala, c. 216.772 del 19-6-97, voto del Dr. Mirás),” (cfr. CNCiv., Sala E “Sollosqui, Irene Leontina y otro c/ Olivieri, Pablo Oscar y otros s/ daños y perjuicios, Microjuris Cita: MJ-JU-M-76096-AR/ MJJ76096, del 3 de agosto de 2012).- En el mismo sentido, se ha dicho que: “En algunos decisorios se ha juzgado que el sobreseimiento definitivo se debe equiparar a la sentencia penal absolutoria, con lo cual quedaría incluido en las prescripciones del art. 1103, Cód.
Civ. (Tr. Col. J. Oral Ros. 6, 10/12/87, J 81-181)... la influencia de la absolución en sede penal no depende de la forma, ya sea sentencia dictada en plenario o sobreseimiento en la etapa instructoria, sino de su contenido o sustancia...” (cfr. Trigo Represas, Félix, y López Mesa, Marcelo, “Código Civil anotado -Legislación Argentina vigente”, De Palma, Buenos Aires, 1999, Tomo IV A, pág. 546).-
En la causa sub examine se advierte que en sede civil no se han aportado nuevos elementos probatorios que permitan estimar que el hecho principal se ha producido de manera distinta a la fijada en sede criminal, por lo tanto no aparece como irrazonable lo decidido por la Cámara.-
En función de lo expuesto, se constata que lo resuelto por la Alzada encuentra apoyo en prestigiosas opiniones de doctrina y jurisprudencia.-
De todas formas, aún cuando no se compartiese el criterio antedicho, tampoco se advierte una valoración inadecuada del material probatorio en atención al sobreseimiento definitivo de Estévez en orden al delito de homicidio con exceso en la legítima defensa sobre el cual se apoyó la Cámara para fundamentar su sentencia. En este sentido se puede observar que el relato de Estévez en su declaración indagatoria (medio de defensa y de prueba) (conf. fs. 63/65 del expte. penal) es coincidente con el suceso que entendió acreditado la Cámara.-
El certificado de defunción (obrante en copia certificada a fs. 39/40 del expediente penal: “Estévez Milano, Martín Ariel s/ Abuso de armas – Expte. N° 28.695/01, anexo al presente) y pericial médica (agregada a fs. 127 del cit. exp.) acreditan que la muerte de López se produjo por el impacto del disparo de un arma de fuego recibido en posición de perfil derecho, encontrándose el victimario en posición frontal. A la misma conclusión arriba la autopsia de fs. 57/60 de dicho expediente.-
La lámina número 16 en el cual figura el astillamiento de la ventana de la casa de Estévez (conf. fs. 75 del expediente penal) y la foto donde consta la pisada sobre el marco de la puerta (conf. fs. 76 del cit. expte.) acreditan el lugar por donde entró López.-
La sentencia de Cámara ha tomado nota concienzudamente de lo resuelto en sede penal (conf. fs. 89/95 y 96 vta.) en cuanto a cómo sucedió el hecho y sobre esa base llegó a la conclusión de que la acción del demandado por el cual da muerte a Carlos Andrés López no fue antijurídica por encontrarse amparada en la causal de justificación de la legítima defensa, por lo tanto el agravio no puede prosperar.-
Tampoco es viable la postura de la recurrente que considera que ha existido una desproporción entre el medio empleado para repeler la agresión (conf. fs. 600). Tal como fundamenta y se describe en el relato de los hechos efectuado por el Juez de los Recursos -el cual fue compartido por la Alzada- existió proporcionalidad entre el medio empleado por el demandado para repeler la amenaza que representaban dos personas que ingresaban a su vivienda de manera furtiva, uno de los cuales dice “…quemalo, quemalo y hace el intento agazapado de intentar sacar un arma…” (cfr. fs. 220 del Expte. penal). El peligro de vida que se cernía sobre Estévez y el hecho de contar con una carabina para disipar el mismo no permiten desvirtuar la conclusión a que se arribó en sede penal y civil sobre la proporcional del medio empleado para defenderse.- En lo referente a la invocada arbitrariedad o absurdo de que adolecería la sentencia de Cámara, como, asimismo, a la pretendida arbitrariedad en la valoración de la prueba testimonial de Jorge Osvaldo Barrientos (conf. fs. 18 y 19 del expediente penal) es oportuno destacar que para descalificar una sentencia por arbitraria o absurda no es suficiente alegar tal vicio, sino que hay que demostrarlo.
Sobre esta cuestión, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr. Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788; y Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2.648, Folio 3.999/4.003). Asimismo, es tesis de este Tribunal que: “‘... La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...’ (confr.
Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2638, Folio 3963/3966)” (cfr. Tomo XV, Sentencia, Reg. 523, Folio 2.940/2.946).- En atención a lo expuesto, no se constata absurdo o arbitrariedad en la valoración de la prueba testimonial de Barrientos (conf. fs. 18/19 del expediente penal).
El testigo declara que las personas que salieron corriendo de la vivienda del demandado no tenían armas en sus manos (conf. fs. 18 vta. del cit. expte.), pero no da cuenta si tenían armas en alguna otra parte del cuerpo o en sus ropas. Además en el auto de sobreseimiento del demandado, en orden al delito de homicidio con exceso en la legítima defensa, no se analiza que el occiso o su acompañante contaran con armas al momento de ingresar a la morada del demandado, sólo dice -al ponderar sobre la proporcionalidad del medio empleado para repeler la agresión- que Estévez ignoraba “…si eran o no portadores o (sic) armas u otros elementos de agresión, como así también del grado de agresividad personal de los mismos” (cfr. fs. 219 vta. del cit. expte.).
Ergo, no se vislumbra ninguna arbitraria valoración de la prueba testimonial de marras.- Así las cosas, pasaremos a analizar si existe responsabilidad civil de Estévez por la muerte de López.-
El acto ilícito es aquel contrario a la ley (conf. arts. 897 y 898 del Código Civil). Comprende dos categorías: los delitos y los cuasidelitos. Los primeros son los ejecutados a sabiendas y con intención de dañar (conf. art. 1072 del citado código); y los segundos son los cometidos con culpa o negligencia (conf. art. 1109 del mismo), la definición de culpa es la contenida en el artículo 512 del Código Civil. El homicidio que se le imputa a Estévez es a primera vista un delito a los efectos del antiguo Código Civil.-
Lo esencial en el hecho ilícito es que la conducta sea contraria a la ley. Esta premisa es explicitada claramente en el artículo 1066 del Código Civil, el que dispone: “Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuere expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía; y a ningún acto ilícito se le podrá aplicar pena o sanción de este código, si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto”. Complementando esta disposición, la primera parte del artículo 1071 del Código Civil, establece: “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto”.- La doctrina civil considera que la legítima defensa excluye la antijuridicidad de la conducta.
Ante la ausencia de una norma general que en el derecho civil regulara la legítima defensa se debía aplicar por analogía el artículo 34 inciso 6° del Código Penal para eximir de responsabilidad a quien ocasione un daño a otro en defensa de su persona o de sus derechos (conf. Cazeaux, Pedro y Trigo Represas, Félix, “Derecho de las obligaciones”, Librería Editorial Platense S.R.L., La Plata, 1994, Tomo IV, pág. 745; y Mayo, Jorge, “Las causas de justificación”, en la obra colectiva: “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Bueres, Alberto (dirección) y Highton, Elena (coordinación), Hammurabi, José Luis Depalma Editor, Buenos Aires, 1999, Tomo 3A Obligaciones, pág. 73).
Puesto que la defensa es legítima la misma no es contraria a derecho, sino lícita, consecuentemente no existe delito civil que se deba indemnizar (conf. arts. 1066, 1071 y cctes. del Código Civil).- A la misma solución se arriba con el nuevo Código Civil y Comercial, que enumera las causas de justificación entre las cuales se encuentra la legítima defensa. Se evita, entonces, tener que recurrir por analogía a la norma penal citada. Concretamente, el artículo 1718 del CC y C dispone, en lo que aquí interesa, que: “Legítima defensa, estado de necesidad y ejercicio regular de un derecho. Está justificado el hecho que causa un daño:... b). en legítima defensa propia o de terceros, por un medio racionalmente proporcionado, frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada...” (cfr.
Lorenzetti, Ricardo Luis (Director), “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, Tomo VIII, pág. 370). Sobre esta cuestión la doctrina ha dicho: “El Código recoge una concepción de la antijuridicidad material y objetiva (es ilícito cualquier hecho u omisión que daña, sin necesidad de prohibición expresa, e independientemente de que pueda o no efectuarse un reproche subjetivo al agente)... El artículo regula algunas de las causas de justificación, es decir, las circunstancias en las cuales, pese a haber un hecho o una omisión dañosos, ellos no son antijurídicos, porque el ordenamiento jurídico permite dañar en el caso concreto. Tal cosa puede suceder - en los términos de la norma en comentario - porque el agente ha actuado ... en legítima defensa...” (cfr. autor y ob. cit. pág. 371).- Desde otro cuadrante, también es aplicable al caso sub examine lo regulado en el artículo 1111 del Código Civil, que determina que quien sufre un daño por una falta a él imputable está impedido de obtener indemnización.
En este caso, el Sr. Carlos López, se colocó en una situación de riesgo al ingresar de manera ilícita al domicilio del demandado.-
En coincidencia con la línea de razonamiento apuntada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en oportunidad de resolver sobre un pedido de indemnización por daños y perjuicios originados en un hecho ejecutado en legítima defensa por el demandado, ha expresado: “Que la exclusión de la antijuridicidad por ‘legítima defensa’ (art. 34, inc. 6°, Código Penal) tiene por fundamento el principio de la responsabilidad o el principio de ocasionamiento por parte de la víctima de la intervención (conf. Jakobs, Günther, “Derecho Penal, parte General. Fundamentos y teoría de la imputación”, trad. alemana a cargo de J. Cuello Contreras, J.L. Serrano Gonzáles de Murillo, Madrid, 1995, 11/3, pág. 421). El motivo para la justificación del comportamiento reside en que la víctima de la intervención tiene que responder por las consecuencias de su comportamiento y debe asumir el costo de que el defensor se comporte tal como le ha sido impuesto por el contacto social…Del mismo modo, desde la perspectiva del derecho civil, aquel que origina el propio daño por una falta a él mismo imputable, está impedido para pretender indemnización, por aplicación del art. 1111 del Código Civil” (cfr. Fallo 323:2131).- Existen otros precedentes jurisprudenciales que también comparten el criterio con que resolvió la Cámara, a saber:
La Suprema Corte Bonaerense ha afirmado que: “La legítima defensa -viene bien recordarlo- importa una causal de justificación de los daños personales o patrimoniales, que ocasiona quien se defiende, al autor de la agresión, en las condiciones de la ley. Aunque causar un daño a otro importa, ordinaria y formalmente, un acto ilícito que da lugar a responsabilidad (art. 1109 del C.C.), la ley justifica aquella acción, esto es la declara lícita... Las causas de justificación -entre las que se encuentra la legítima defensa- son causales de exclusión de la antijuridicidad, supuestos de hecho excepcionales que autorizan a intervenir en los bienes jurídicos ajenos, sin merecer por consiguiente un juicio de desaprobación (cfr.
“Castillo, Julio David contra Estado de la Provincia de Buenos Aires y otro. Daños y perjuicios”, Ac. 79.389, del 22 de junio de 2001).- Con el mismo criterio la doctrina ha destacado que: “La legítima defensa… excluye totalmente la responsabilidad de quien se defiende” (Borda, Guillermo, “Tratado de derecho civil. Obligaciones”, La Ley, Buenos Aires, 2008, T. II, p. 258). A la misma solución arriban Cazeaux y Trigo Represas (conf. “Derecho de las obligaciones”, Librería Editorial Platense S.R.L., La Plata, 1994, Tomo IV, págs. 743/748). Asimismo se ha afirmado que: “El análisis de la ilicitud es realizado mediante la confrontación total del ordenamiento jurídico; así, por ejemplo, la muerte de N no es ilícita si se la produjo en legítima defensa” (cfr.
Alterini Aníbal, Ameal Oscar José y López Cabana Roberto, “Derecho de obligaciones civiles y comerciales”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 161). También se ha postulado respecto de quien causa un daño en estado de legítima defensa que: “En cuanto a la reparación de los daños, no cabe duda que ella no es procedente, atento a que al haberse borrado la antijuridicidad, el daño ocasionado no es injusto, lo que resulta de diversas normas del Código Civil: los arts. 911, 1071, 1111 y 2470, sea que el daño lo sufra el agresor o un damnificado indirecto…” (cfr. Mayo, Jorge A., “Las causas de justificación”, en la obra colectiva: “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Bueres, Alberto (dirección) y Highton, Elena (coordinación), Hammurabi, José Luis Depalma Editor, Buenos Aires, 1999, Tomo 3A Obligaciones, pág. 78).
A idéntica conclusión arriba Orgaz quien, al referirse a la legítima defensa, afirma que: “Esta causa de justificación presupone que quien repele la agresión causa un daño personal o patrimonial al agresor, como consecuencia de la defensa, daño que, en principio, daría lugar a resarcimiento (art. 1109 Cód. Civil). Pero en consideración a que él se causa por necesidad de la defensa, realizada en las condiciones legales, la acción queda justificada y su autor exento de la obligación de indemnizar” (cfr. Orgaz Alfredo, “Legítima defensa”, LL 147-1972, pág. 924). En la misma inteligencia Matilde Zavala de González sostiene que: “En el Derecho penal, la mediación de una causa de justificación impide que se reprima al agente, pues su obrar es jurídicamente aprobado.
En el derecho de daños, la virtualidad práctica de las causas de justificación es más limitada. La intervención de uno de esos motivos legitimantes puede determinar la irresponsabilidad del autor, en cuya virtud el perjuicio inferido a la víctima queda irresarcible. Por ejemplo, quien reacciona contra un ataque y mata o hiere al agresor, no debe indemnizar el daño si concurren los presupuestos de la legítima defensa” (cfr. “Resarcimiento de daños 4. Presupuestos y funciones del derecho de daños”, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, pág. 351).- Por lo expuesto no es viable enrostrarle responsabilidad patrimonial al demandado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1113 del Código Civil, como pretende la actora por estimar que el arma que utilizó el demandado para terminar con la vida de Carlos Andrés López es una cosa riesgosa ya que nos encontramos ante una causa de justificación que fuera la legítima defensa.
Aquí también es aplicable lo dispuesto en el artículo 1071 del Código Civil, es decir, la ausencia de responsabilidad del demandado por haber actuado en ejercicio de un derecho (la legítima defensa).-
En síntesis, el daño por el que se reclama es consecuencia de la conducta de López que desencadena una serie de acontecimientos -previamente descriptos- que conducirán a su homicidio a manos de Estévez, quien actuó en ejercicio de la causal de justificación legítima defensa. Por lo tanto el demandado no debe resarcir los daños ocasionados.-
Pasando a otra cuestión, el recurrente señala que luego de haberse sobreseído al demandado en orden al delito de homicidio con exceso en la legítima defensa, la causa penal continuó en relación al delito de abuso de armas (conf. fs. 595). En atención a lo antedicho la actora aduce que no se valoró la existencia del abuso de armas y la responsabilidad que le cabría a Estévez por haberse servido de una cosa peligrosa que causó la muerte de su hijo (conf. fs. 601 vta.).-
Del estudio del proceso penal surge que Estévez estuvo sujeto a proceso penal por dos hechos conexos entre sí (conf. art. 35 C.P.P.) que concurrían en concurso real (art. 55 C.P.). Uno es haber ocasionado la muerte del joven López (art. 79 ccte. con arts. 34 inc. 6° y 35 C.P.) y el otro haber presuntamente cometido el delito de abuso de armas (art. 104 C.P.) (conf. fs. 141 del expte. penal).-
Estévez fue imputado por haber realizado dos conductas distintas cada una de las cuales fue abarcada por un tipo penal distinto. El hecho que ocasionó la muerte de López fue el calificado, prima facie, como homicidio con exceso en la legítima defensa (conf. art. 34 inc. 6°, 35 y 79 C.P.). Ésta conducta consistió, según lo que entendieron en sede penal y en la sentencia de Cámara, en el disparo que Estévez realizó dentro de su vivienda contra López en su intento de repeler la agresión ilegítima que sufría por parte del último. Ese disparo es la causa que a la postre produce la muerte de López y por ese hecho el demandado fue sobreseído por considerar que el homicidio se encuadró en el ejercicio de la causa de justificación legítima defensa (conf. art. 34 inc. 6° C.P.) (conf. fs. 292 del expte. penal).- Los otros disparos de Estévez, por los cuales es procesado en orden al delito de abuso de armas (conf. fs. 134/141 vta., y 215/221 vta., del cit. expte.), en nada influyeron en el resultado de la muerte de López. En atención a que no existe relación de causalidad entre estos disparos y el resultado fatal por el cual se demanda a Estévez por indemnización civil, no puede prosperar el agravio vinculado con la supuesta no evaluación de la existencia del abuso de armas al momento de resolver la acción indemnizatoria (conf. fs. 615 vta.).-
En cuanto a la alegación de que la sentencia de Cámara habría violentado las garantías y derechos consagrados en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional (conf. fs. 595 vta., 599 y 601), el recurrente no argumenta ni demuestra cómo se habría configurado tal violación, razón por la cual resulta improcedente su planteo. Es que la sola mención de normas o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellos tutelan no es base idónea de agravio (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3.143, Folio 5.153/5.156).-
Así pues, el pronunciamiento de la Excma. Cámara derivado del análisis de los hechos relatados por las partes y de acuerdo a la postura asumida por cada una de ellas, no puede ser objeto de censura en la instancia extraordinaria de casación porque es producto del ejercicio de una facultad propia de los jueces de mérito, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo o violación de la ley, circunstancia ésta que no ha ocurrido, máxime cuando la sentencia atacada, se encuentra debidamente fundada, y constituye un acto jurisdiccional válido, más allá del acuerdo, o no, que se pueda tener con el criterio sustentado (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3034, Folio 4906/4909).-
IV. Que, conforme a los argumentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, a fs. 594/619 y, en consecuencia confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 585/591 vta., difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores, con costas a la actora por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPC y C) y teniéndose presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 618 vta.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 594/619 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 585/591, con costas a la recurrente.-
3. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervi-nientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (conf. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos- Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1005S.161 Tomo: XVIII Interlocutorio: 601.-
Folio N°: 3444/3452.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia