Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 33.984-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de prescripción opuesta por las recurrentes, sin costas.
2Confirmar la Resolución DE PRLA N° 5485/2013, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 13696-30-2007.
3Costas a las co-recurrentes vencidas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-152837192-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 26 de Diciembre de 2023 Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente N° 33.984-A y su acumulado N° 33.985-A.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, el Dra. Christian M. González Palazzo y la Dra. Claudia B. Sarquís, para dictar sentencia en los autos caratulados “MAIDANA MARCELO c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente N° 33.984-A y su acumulado N° 33.985-A, El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I. A fs. 6-13 se presenta, con patrocinio letrado, el despachante de aduana Sr. Marcelo Maidana e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 5485/13 dictada el 29/08/13 en el expediente SIGEA N° 13696-30-2007, por la que resultó condenado solidariamente con la firma ECO – COM S.A., al pago de una multa, por la presunta infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inciso b) del Código Aduanero (CA). Todo ello en relación a la destinación de exportación N° 03001EC01087296 P. Opone la prescripción de la infracción aduanera. Sostiene que el extenso plazo transcurrido entre la fecha de la comisión de la supuesta infracción y la de corrida de vista del sumario vulnera las garantías constitucionales del art. 18 de la Constitución Nacional (CN). Ofrece prueba. Cita jurisprudencia. Formula reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia decretando la prescripción de la acción penal.
II. Por su parte, se presenta por apoderado la firma ECO-COM S.A. e interpone recurso de apelación —el cual es incorporado a fs. 47-54 de autos— contra la resolución mencionada precedentemente, por la que se la condenó en forma solidaria en los términos del art. 954, inc. b) del CA al pago de la multa en relación a la destinación de exportación referida. Opone excepción de prescripción de la acción del fisco para imponer multas. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Formula reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia decretando la prescripción de la acción penal.
III. A fs. 23-27 se presenta la representación fiscal. Opone excepción de cosa juzgada. Subsidiariamente contesta el traslado conferido respecto de la apelación interpuesta por el despachante de aduana Sr. Marcelo Maidana. Niega todos y cada uno de los hechos expresados en la apelación, no reconocidos expresamente. Realiza un breve resumen de los antecedentes del caso. Efectúa consideraciones en relación al planteo de prescripción opuesto por la actora y respecto de las obligaciones y responsabilidades frente a la Aduana del despachante en virtud del principio de “despacho en confianza”. Cita jurisprudencia. Formula reserva del caso federal. Ofrece prueba. Solicita se rechace la apelación interpuesta y se confirme la resolución apelada, con costas.
Asimismo, a fs. 65-67 el representante fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la firma ECO- COM S.A. Realiza una descripción sucinta de los hechos y lo actuado en sede administrativa. Niega genéricamente los asertos esgrimidos por la actora, no reconocidos expresamente. Realiza consideraciones en relación a la prescripción opuesta por la recurrente. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba el expediente administrativo vinculado. Formula reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
IV. La representación fiscal acompañó el sustento documental de la litis, las actuaciones administrativas SIGEA N° 13696-30-2007 en soporte papel y en un cuerpo de 65 fojas, en las cuales obra la resolución apelada ante esta instancia jurisdiccional. Dichas actuaciones se encuentran agregadas por cuerda en autos. A fs. 77 se declara la causa como de puro derecho. A fs. 88 se dispuso como medida para mejor proveer en los términos de los arts. 1143 y 1156 del CA, un oficio dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el cual fue contestado según constancias de fs. 92-93.
A fs. 101 quedan los autos en estado de dictar sentencia.
V. La Actuación n° 13696-30-2007 se inicia a raíz del acta de denuncia n° 13/2007, obrante a fs. 1, labrada por la División Control de Operaciones Aduaneras, por la que se dejó constancia de que la firma ECO-COM-S.A. presentó el permiso de embarque 03001EC01087296 P, el cual tramitó por canal verde de selectividad. En la verificación ex post de la operación de exportación en cuestión, se detectó una presunta inexactitud en la declaración presentada, cuya infracción se encuentra tipificada en el art. 965 del CA.
Mediante el permiso de embarque referido se oficializó la exportación de 126.520 kg. de matas de cobre. En dicha operación intervino el despachante de aduana Marcelo Eduardo Maidana, coactor en autos. A fs. 3-3 vta. de las actuaciones obra el informe de la División Control de Operaciones Aduaneras, adjunto a la denuncia, mediante el cual expresó que: “De la supervisión del permiso de embarque SIM 03001EC01087296P, canal VERDE se constató que la empresa exportadora no cumple con las condiciones impuestas como condición para la excepción a una prohibición de carácter no económica a la exportación, situación ésta que constituye “prima facie” una infracción tipificada Art. 965 a) con arreglo al Art. 922 de la ley 22.425. A los efectos del Art. 954 DEL CODIGO ADUANERO”
El informe referido precedentemente tiene su fundamento en la Nota N° 018/07 Ramo III (Productos Químicos y Minerales) emitida el 6/2/07 (fs. 15 de las actuaciones), mediante la cual el Licenciado Hernán Briola expresa que: “La mercadería descripta como CENIZAS Y RESIDUOS QUE CONTENGAN PRINCIPALMENTE COBRE, hubo de ser documentada en el ítem 1 de la mencionada destinación, por la posición arancelaria SIM 2620.30.00.000Q, de lo manifestado, más las intervenciones que fueran realizadas por personal de este Ramo Productos Químicos y Minerales, la firma exportadora no registra al momento de realizar la exportación de esta mercadería la INSCRIPCIÓN COMO OPERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL AMBITO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, incumpliendo con las obligaciones que le hubieran condicionado el otorgamiento de una excepción a la exportación…”
A fs. 19 vta. se practicó liquidación de la multa y el 16/12/08 se dispuso la apertura del sumario en los términos del art. 1090 del CA. A fs. 20 se corrió vista a la firma exportadora, quien la contestó a fs. 24-30 de las actuaciones y al despachante de aduana, Sr. Maidana quien, por su parte, la contestó a fs. 42-48. A fs. 53-54 vta. se dictó la resolución apelada.
El servicio aduanero consideró que se configuró la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1, inc. b) del CA por cuanto la exportadora no registraba inscripción en el Registro de Residuos Peligrosos y en consecuencia, dicho incumplimiento, tornó de condición prohibida a la mercadería exportada.
V. Previo a adentrarme en el análisis de las cuestiones de fondo, corresponde expedirme sobre el planteo de prescripción de las acciones del fisco opuesto por las coactoras en sus escritos recursivos y la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada.
En cuanto a la excepción de prescripción, las recurrentes afirman que el acto de apertura sumarial debe ser notificado para que tenga eficacia y efecto interruptivo. Sostienen que en el año 2007 se inició el sumario administrativo y que recién en 2011 fueron notificadas de la corrida de vista, con lo cual, dicha situación provoca que tengan que defenderse recabando documentación de una operación efectuada 7 años antes y que en la mayoría de los casos, la Aduana alega no conservar, hecho que consideran como de grave afectación al derecho de defensa y la seguridad jurídica de los administrados.
Cabe destacar que, de las constancias de las actuaciones administrativas compulsadas surge que la instrucción del sumario se ordenó el 16/12/08 (ver fs. 19 vta) —no en 2007 como lo sostienen las recurrentes—.
En lo que respecta a la prescripción propiamente dicha, el legislador estableció que por el transcurso del plazo de cinco años se prescribe la acción del Fisco para imponer penas o percibir tributos regidos por la legislación aduanera. El plazo de prescripción quinquenal comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o de la fecha en que se hubiese producido el hecho gravado. En el caso de autos, el hecho se produjo en enero de 2004, con lo cual el plazo de prescripción comienzó a correr a partir del 1/01/2005.
Asimismo el CA establece las causales de interrupción de dicho plazo.
A su vez, las causales de suspensión del plazo del Fisco para imponer penas están enumeradas en el art. 937 del citado cuerpo legal. En su inc. a) establece como causal de suspensión del plazo de la prescripción del Fisco para imponer penas, el acto de apertura sumarial.
En el caso de marras el acto interruptivo se produjo el 16/12/08, según constancias obrantes a fs. 19 vta. de las actuaciones vinculadas. Asimismo la resolución apelada se dictó el 29/08/2013 según constancias de fs. 53 de las actuaciones mencionadas.
Por lo tanto, el computo de los plazos que realiza la recurrente, resulta desacertado a los efectos de determinar que ha operado la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, dado que, si bien la disposición de apertura sumarial interrumpe el plazo de prescripción, nada dice la norma en cuanto a que debe efectuarse la notificación de dicho acto. En efecto la apertura sumarial constituye el acto por el cual comienza la investigación administrativa en procura de establecer si se ha cometido o no la infracción denunciada. El Administrador debe cumplimentar una serie de pasos procesales previos (art. 1094 del CA) a correr vista de lo actuado a los presuntos responsables (art. 1101 del CA).
El legislador, al redactar la norma como lo hizo, no estableció la notificación del acto de apertura sumarial. Ello por cuanto dicho acto da inicio a la investigación en la cual se deberá determinar quienes son los posibles responsables del hecho ilícito. Por ende sería a todas luces arbitrario pretender supeditar el cómputo del plazo de prescripción de las acciones que pudieran corresponder al Fisco en “virtud” de una notificación no contemplada en el ordenamiento legal aplicable.
Con lo cual, visto que desde el comienzo del plazo de prescripción quinquenal, el 1/01/05 y hasta la instrucción del sumario (16/12/08), momento a partir del cual aquel se interrumpe y comienza a contarse nuevamente desde el día siguiente y hasta el dictado de la resolución apelada (29/09/2013) no han vencido los 5 años. Ello por el juego de los arts. 934 y 937, inc. a) del CA.
En consecuencia, la acción del Fisco para imponer penas, no se encuentra prescripta, por lo que corresponde rechazar la excepción opuesta por las recurrentes en ese sentido.
VI. En cuanto a la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada, la representación fiscal sostiene que en la apelación interpuesta por el despachante de aduana, Sr. Maidana, en el punto I (fs. 6 de autos) se refiere a la Resolución DE PRLA 5487 de fecha 23/08/13 y en el punto VIII (fs. 13) se refiere a la Resolución 5485. Asimismo en el formulario de inicio (fs. 1) expresa que la fecha de notificación de la resolución apelada fue el 17/10/13 cuando en realidad se notificó el 18/10/13. Ello según constancias de fs. 55 vta. de las actuaciones administrativas. La demandada alega que no queda claro cuál es la resolución apelada, con lo cual la decisión del Juez Administrativo se encuentra firme y deviene cosa juzgada en virtud de lo dispuesto por los arts. 1139 y 1183 del CA.
Cabe destacar que el fundamento de la excepción opuesta resulta de una liviandad llamativa. Su pobreza de argumentos jurídicos no logran convencer a este juzgador, puesto que resulta evidente que la coactora ha cometido un simple error de tipeo al consignar el número de resolución apelada en su presentación recursiva. Ello queda demostrado al detallarse la prueba documental ofrecida en el punto VI de su presentación (fs. 12 vta.) donde expresa que acompaña copia de la resolución apelada y a fs. 2-5 de autos obra la resolución DE PRLA 5485/2013.
No obstante ello, a fs. 28 de autos se intimó a la recurrente para que en el término de cinco (5) días aclarase cual es la resolución que apela. A fs. 57 la actora contesta dicha intimación aclarando que la resolución que recurre es la DE PRLA N° 5485 y salva así el error de tipeo cometido.
En cuanto a la fecha de notificación de dicha resolución, a fs. 55-55 vta. de las actuaciones administrativas vinculadas obra la cédula dirigida al despachante de aduana notificada el 18/10/2013 con lo cual, el plazo para interponer el recurso de apelación de marras vencía el 8/11/2013. Según las constancias de autos, dicho recurso fue interpuesto el 6/11/2013, es decir, dos días antes del vencimiento del plazo conforme lo establecido en el art. 1133 del CA. No existe duda alguna en cuanto a que el recurso ha sido interpuesto en legal tiempo y forma.
En definitiva, la resolución aquí apelada no se encontraba firme al momento de interponerse el recurso en cuestión, por lo tanto no se dan los presupuestos requeridos para que prospere la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada. En consecuencia corresponde su rechazo.
VII. Sentado lo que antecede, incumbe analizar si es ajustada a derecho la resolución que aquí se apela, en cuanto condena en forma solidaria a la firma exportadora ECO – COM S.A. y al despachante de aduana, Marcelo Maidana, por infracción al art. 954, inc. b), del C.A.
En primer lugar cabe destacar que no se encuentra controvertido en autos que la firma recurrente, mediante PE 03001EC01087296P, realizó la exportación de 126.520 kg de mercadería clasificada en la Posición Arancelaria (P.A.) 2620.30.00.00Q, descripta como cenizas y residuos que contengan principalmente cobre. En dicha operación intervino el despachante de aduana Sr. Marcelo Maidana, coactor. De la comprobación realizada por el servicio aduanero, surge que la firma recurrente habría incurrido en una declaración inexacta, al oficializar el despacho de exportación referido dado que la mercadería allí documentada, en razón de sus características y composición requeriría, a los fines de su exportación, la previa inscripción de la exportadora como operadora de residuos peligrosos en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La cuestión a dilucidar es si esa conducta omisiva de la importadora configura la infracción endilgada por el servicio aduanero.
El art. 954 del CA sanciona al que para cumplir una operación de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que en caso de pasar inadvertida produjere o pudiere producir: “… inc. b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación será sancionada con una multa de uno a cinco veces el valor en aduana de la mercadería en infracción.”
Las prohibiciones o restricciones a la importación y exportación previstas en el Código Aduanero, Sección VIII, constituyen disposiciones que impiden o limitan la introducción o salida de la mercadería al o del territorio aduanero. Se trata de normas que expresamente prohíben en forma absoluta o relativa la importación o exportación de cierta mercadería, como también el sometimiento de la mercadería a otras restricciones, tales como normas de calidad, de acondicionamiento, la presentación de autorizaciones, certificados, en el momento indicado por las normas, ya sea al momento del registro del despacho o en un momento posterior.
El art. 610 del C.A. establece, entre otras prohibiciones no económicas, aquellas referidas a preservación del ambiente, conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación (inc. h, incorporado por art. 1° de la Ley N° 24.611 B.O. 16/1/1996.). Las prohibiciones a la importación por razones no económicas deben ser establecidas por ley o por el Poder Ejecutivo de acuerdo con las facultades conferidas por el CA o por el Ministerio de Economía, en virtud del ejercicio de facultades delegadas conforme las normas del Dto. 2752/91 y Ley 22.792.
En este sentido La Ley N° 24051 establece en su art. 2° que: “Será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en el Anexo II de esta ley. Las disposiciones de la presente serán también de aplicación a aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales...”
Asimismo la ley citada, en su art. 4° prescribe: “La autoridad de aplicación llevará y mantendrá actualizado un Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, en el que deberán inscribirse las personas físicas o Jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.”
Por otra parte, la misma ley, en su art. 5°dispone que: “Los generadores y operadores de residuos peligrosos deberán cumplimentar, para su inscripción en el Registro, los requisitos indicados en los artículos 15, 23 y 34, según corresponda. Cumplidos los requisitos exigibles, la autoridad de aplicación otorgará el Certificado Ambiental, instrumento que acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de manipulación, transporte, tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos. Este Certificado Ambiental será renovado en forma anual.”
El certificado referido precedentemente es necesario para que la autoridad que corresponda habilite las respectivas industrias, transportes, plantas de tratamiento o disposición y otras actividades en general que generen u operen con residuos peligrosos.
En su ANEXO I dicha ley incluye dentro de las categorías sometidas a control desechos que tengan como constituyente “…Y24 Arsénico, compuestos de arsénico.” (el resaltado me pertenece)
Por último la ley en análisis, en los capítulos VII, VIII y IX, establece las responsabilidades, sanciones por infracciones y el régimen penal para los casos en que se utilizaren los residuos a los que se refiere y de esa manera envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Cabe destacar, asimismo, que en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) del 12/6/2012, recaída en los autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A)”, con remisión al fundado dictamen de la Procuración General de la Nación del 4/10/2010, el más Alto Tribunal recordó que las prohibiciones de importación o exportación habrán de surgir de manera expresa de la norma. Allí se señaló que las prohibiciones deben surgir de la legislación que corresponda a la materia de que se trate, de forma tal que su existencia como regla general merecedora de acatamiento, como así de la respectiva sanción a su inobservancia, puedan ser efectivamente discernidas y constatadas. En el caso de autos y según lo informado por el organismo de control competente —Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación—, en virtud de la contestación de fs. 92-93 al pedido de informe dispuesto mediante medida para mejor proveer ordenada a fs. 88, la mercadería exportada, según su descripción: “escorias (matas) de cobre o que contengan principalmente cenizas y residuos (excepto los de siderurgia) que contengan arsénico, metal o compuestos metálicos” y clasificada en la P.A. 2620.30.00.000Q se trata de residuo peligroso en los términos de la Ley 24051, dado que se encuentra contenida en el listado del Anexo I de dicha norma, dentro de la categoría Y.24 (arsénico, compuestos de arsénico).
Cabe destacar que la firma exportadora no ha cuestionado, ni se encuentra controvertida en autos, la clasificación de la mercadería en la categoría mencionada.
Nos encontramos, entonces, frente a un indudable caso de prohibición legal de carácter no económica, conforme le establecido en el art. 610, inc. h) del CA.
Dicha prohibición, a su vez, resulta relativa (art. 612 del CA) dado que se prevén excepciones a favor de una o varias personas, en determinadas condiciones y bajo ciertos requisitos.
En este sentido —como también lo informó el organismo de control consultado—, cualquier firma que pretenda exportar residuos calificados como peligrosos —como en el caso de autos— debe cumplimentar una serie de exigencias y requisitos establecidos por la normativa específica en la materia, a saber: Resolución N° 184/1995 de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, Resolución N° 58/2017 de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental y la Resolución N° 896/2002 de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En el caso en análisis, conforme las constancias obrantes en las actuaciones administrativas vinculadas y demás documentación obrante en autos, la firma recurrente no ha demostrado haber cumplido con los requisitos legales exigidos, antes mencionados, que habrían permitido exceptuar a la mercadería en trato de la regla general de prohibición de su exportación.
Por lo expuesto hasta aquí considero que corresponde confirmar la resolución apelada, en cuanto condena a la firma exportadora ECO-COM S.A. por la comisión de la infracción establecida en el art. 954, ap. 1 inc. b) del CA.
VIII. De la misma manera, resulta necesario precisar el alcance de las obligaciones del despachante de aduana y ahondar en la responsabilidad que le compete en el caso de marras. Ello a fin de determinar si se ajusta a derecho la condena atribuida mediante la resolución apelada.
En efecto, como ya se ha expresado, la mercadería documentada resultaba de exportación prohibida —prohibición no económica y relativa—.
El Sr. Marcelo Maidana, coactor en autos, en su calidad de sujeto auxiliar del servicio aduanero y en virtud de las responsabilidades que le competen como tal, en especial en relación a la clasificación arancelaria de la mercadería, no pudo haber desconocido justificadamente, al momento de formalizar el despacho de exportación en cuestión, los requisitos legales establecidos en virtud de las especiales características de la mercadería en cuestión (art. 902, ap. 2 del CA). Como sujeto responsable en la gestión ante la Aduana de la operación de exportación debió advertir, a la firma exportadora representada, las exigencias legales establecidas para la exportación de la mercadería en trato.
En cuanto a la posibilidad de eximirse de responsabilidad conforme lo establecen los arts. 902, ap. 1 y 908 del CA, el despachante de aduana no ha demostrado en autos haber cumplido con las obligaciones a su cargo, en el caso de autos, informar a la firma exportadora y exigirle el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en las normas detalladas en el considerando anterior. Tampoco ha demostrado haber seguido expresas instrucciones de su mandante en cuanto a la documentación presentada en oportunidad de efectuar la declaración en Aduana.
Por los fundamentos vertidos, se colige que no se encuentran acreditados en autos los extremos legales que permitirían eximir de responsabilidad al despachante.
Corresponde, entonces, también confirmar la resolución apelada en relación al Sr. Marcelo Maidana.
VIII. Respecto de las costas del proceso, en virtud de lo expuesto precedentemente, no advierto razones que ameriten apartarme del principio general de la derrota, por lo que estimo ajustado a derecho imponerlas a la c-oactoras perdidosas.
Por ello, VOTO por:
1. Rechazar la excepción de prescripción opuesta por las recurrentes, sin costas.
2. Confirmar la Resolución DE PRLA N° 5485/2013 dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 13696-30-2007.
3. Costas a las co-recurrentes vencidas.
Así voto.
La Dra. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo.
Así lo voto.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de prescripción opuesta por las recurrentes, sin costas.
2. Confirmar la Resolución DE PRLA N° 5485/2013, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 13696-30-2007.
3. Costas a las co-recurrentes vencidas.
Suscriben la presente el Dr. Christian M. González Palazzo y la Dra. Claudia B. Sarquís —Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación— conforme lo dispuesto en el art. 52 del RPTFN. Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.12.26 10:35:54 -03:00 Date: 2023.12.26 15:01:14 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.26 15:01:15 -03:00
Fin de la sentencia