Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 44300-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la resolución de fojas 210/5 del Tribunal Fiscal de la Nación;
2Imponer las costas de esta instancia a la recurrente vencida (art. 68, 1º párrafo, CPCCCN).
El Sr. Juez de Cámara Dr. Jorge Federico Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° CAF 29565/2022 MAISTERRENA, JUAN PABLO - TF 44300-I C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de mayo de 2024.-
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que mediante la resolución de fojas 210/15 (de la causa en formato papel) la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente las resoluciones Nº 203 y 204 del año 2015 dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en las que se determinan de oficio las obligaciones del actor en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2006 y en el impuesto sobre los bienes personales de tos períodos fiscales 2006 y 2007, y se lo intima a ingresar las sumas de $370.624,72 en la primera, y $8.232,20 y $8.663,07, en la segunda, más intereses resarcitorios. Impuso las costas en proporción a los respectivos vencimientos.
Para decidir de esa forma, comenzó por descartar el planteo de prescripción de las facultades del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos reclamados. En el caso de autos –explicó-, teniendo en cuenta el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas de los periodos fiscales 2006 y 2007, el plazo de prescripción inició el 1/01/2008, para el primero, y el 1/01/2009, para el otro, por lo que su fenecimiento se hubiera producido el 1/01/2013 y el 1 /01/2014, respectivamente. Sin embargo –añadió- esos plazos fueron incididos por las suspensiones dispuestas por el art. 44 de la ley 26.476 (BO 24/12/2008), y por el artículo 17 de la ley 26.860 (BO 3/6/2013). Además, explicó que el plazo relativo al reclamo del impuesto a las ganancias fue incidido por la suspensión de un año dispuesta en el artículo agregado a continuación del art. 65 de la ley 11.683, a partir de la reforma de la ley 26.063 (BO 9/2/2005), la notificación de la vista a la que se refiere el art. 17 de dicha ley se efectuó el 22 de diciembre de 2014 (y fs. 93/94 de las actuaciones administrativas) es decir dentro de los 180 días corridos previos a las fechas en que se hubiera producido la prescripción del periodo 2006.
En segundo lugar, descartó la tacha de nulidad de los procedimientos determinativos, fundada en la presunta ilegitimidad de la información proveniente de la administración tributaria francesa, Alta en sistema: 15/05/2024 destacando que la documentación en la que el Fisco Nacional sustentó el ajuste (Fichas BUP) es la misma con la que inició la causa penal y la que a su turno el Ministerio Público Fiscal consideró válida para impulsar la acción penal. Puso de relieve que al fallar en el “Incidente de Nulidad sobre el origen de la prueba formado en la Causa Nº CRE 1652/2014, caratulada "HSBC Bank Argentina SA s/infracción ley 24.769", sentencia del 7/03/2017, confirmada por la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la sentencia del 22/12/2017, el tribunal oral había convalidado este método de obtención de información fiscal.
Adicionalmente, puso de resalto que la recurrente había tenido posibilidad de alegar sus defensas y de probar sus dichos en todas las instancias previstas para ello en la Ley nº 11.683 y también ante ese tribunal.
Sin embargo, en punto al fondo de la discusión, señaló que la exigencia fiscal únicamente podía alcanzar a la parte del incremento patrimonial que surge de la documentación que el propio Fisco Nacional había hecho valer para fundar su pretensión (ya declarada admisible). Y concluyó por eso que el único monto alcanzado por la presunción del art. 18 de La ley n° 11.683 era la diferencia de U$S10.412 detectada en la cuenta de marras entre el cierre del período 2005 y la fecha en la que la cuenta bancaria había sido cerrada (04 /2006). Además, descartó la defensa referida a que la cuenta bancaria en cuestión tenía cotitulares, indicando que no había constancias en autos de que el Fisco hubiera iniciado el mismo reclamo (o una parte de este) contra alguno de los demás co-titulares.
Finalmente, declaró parcialmente nula la Resolución N° 204/2015 que determinó de oficio las obligaciones de la aquí recurrente en el impuesto sobre los bienes personales de los períodos fiscales 2006 y 2007 en cuanto al ajuste por el saldo de la cuenta bancaria, arguyendo que de las planillas empleadas por el propio Fisco para realizar el ajuste surgía que la cuenta bancaria había sido cerrada con anterioridad al 31 /12/2006. Consideró irrelevante –a los fines de esta determinación presuntiva- que el contribuyente no hubiese acreditado el destino que había dado a los fondos anteriormente existentes en aquella cuenta. Por esas mismas razones concluyó que no existía causa para presumir la materia imponible en el período fiscal 2007 en el que la recurrente no había presentado siquiera la declaración jurada. En cambio, confirmó el ajuste de base imponible por la mayor valuación del automotor declarado en el período fiscal 2006 y por la falta de declaración de un automotor en el período fiscal 2007, arguyendo que la recurrente no presentó agravios a este respecto. Alta en sistema: 15/05/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Por todo lo anterior, ordenó la reliquidación de las obligaciones en ambos períodos a efectos de establecer sus cuantías, si estas excedían los mínimos imponibles según la ley vigente en cada uno de ellos y, en su caso, el saldo de impuestos a ingresar.
II. Que contra la decisión reseñada en el considerando anterior, la parte demandada apeló a fojas 225 y expresó agravios a fojas 246/55, que fueron replicados mediante el escrito de fojas 260/7. En su memorial, luego de recodar los antecedentes del caso, manifiesta que desiste –con arreglo a la autorización acompañadade la apelación con relación a la revocación de la Resolución nº 203/15. Con respecto a la determinación de bienes personales de los períodos 2006 y 2007 reedita el argumento ofrecido en la instancia anterior sosteniendo que incumbía al actor demostrar el destino que había dado a los fondos retirados de la cuenta bancaria cerrada en 2006; advirtiendo además que la declaración del año 2006 no refleja la exteriorización de bienes no gravados o exentos.
Subsidiariamente, solicita que se modifique la imposición de costas en lo referido al debate de la Resolución nº 203/15, y que estas sean impuestas al accionante.
III. Que esta Cámara ha señalado el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683, de modo tal que cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/2009; Sala II, in re “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12 /2009; Sala IV, in re “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/2010; esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L (TF 31471-I) c/ DGI”, del 6/3/2014). Tal principio, sin embargo, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L”, cit.).
En otras palabras, el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (esta Sala, in re “Amadeo Camogli y Ciminari SC”, del 01/11/2007, entre muchos otros).
III.1. Con esa premisa de análisis, cabe señalar que la recurrente se agravia de la apreciación del material probatorio, Alta en sistema: 15/05/2024 proponiendo una interpretación diversa en torno a la existencia de indicios que habilitaran el empleo de la determinación sobre base presunta. Cabe destacar que al valorar la información recabada en autos, y la producida durante la sustanciación del proceso determinativo, el Tribunal Fiscal de la Nación observó lo siguiente:
a) el Administrador Federal de Ingresos Públicos accedió a un listado de clientes de una entidad financiera de Suiza a través del Convenio para evitar la doble imposición suscripto entre nuestro país y la República francesa (ley N° 22.357 y su protocolo modificatorio Ley N° 26.276), que regula el intercambio de información entre ambos Estados, a partir del cual la Hacienda Francesa remitió al organismo recaudador de nuestro país información en soporte magnético (CD ROM) sobre las cuentas bancarias de residentes argentinos al 31 de diciembre de 2006; b) la documentación recibida (denominada “Ficha BUP”)
motivó el inicio de la fiscalización tendiente a establecer si los depósitos allí consignados habían sido declarados ante el Fisco Nacional en el impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales, conforme lo establecido por el art. 27 del decreto 1344/98 reglamentario de la ley del citado gravamen (fs. 198, 199/201 y 202 de la causa);
c) las planillas obrantes a fs. 4/6 de las actuaciones administrativas muestran que el saldo de la cuenta bancaria cuya titularidad se atribuye al señor Maisterrena al 12/2005 era de U$S349.294 y que en 4/2006 -fecha en que según la misma documentación la cuenta fue cerrada- era de U$5359.706 (de ello el Tribunal derivó que el único monto alcanzado por la presunción del art. 18 de Ley nº 11.683, a los efectos del impuesto a las ganancias, era de U$S10.412);
d) “la Resolución Nº 204/2015 que determinó de oficio las obligaciones de la aquí recurrente en el impuesto sobre los bienes personales de los períodos fiscales 2006 y 2007 debe ser revocada en cuanto al ajuste por el saldo de la cuenta bancaria, ya que de las planillas utilizadas para su liquidación -Fichas BUP- que […] fueron consideradas válidas y hábiles corno indicio de la presunción, surge que la cuenta en cuestión fue cerrada por el señor Juan Pablo Maisterrena el 23 de mayo de 2006, es decir que la determinación se aparta del art. 16 de la ley 23.966 que dispone que el gravamen se aplica sobre los bienes existentes al 31 de diciembre de cada año, situados en el país y en el exterior”; y agregó que por este motivo en las Planillas, en el Campo Patrimonio a Diciembre de 2006, se había consignado que no existía información;
Alta en sistema: 15/05/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V e) y agregó que no obstaba a lo anterior “[…]como sostiene la jueza administrativa, que el señor Maisterrena no haya demostrado el destino de los fondos de la cuenta a la adquisición de bienes no gravados, ya que se trata de una exigencia que no surge de ley alguna, ni tampoco de sus reglamentaciones, y la cuestión solo puede ser resuelta bajo el principio de legalidad que con especial énfasis y por mandato constitucional rige en materia tributaria”;
f) Por las mismas razones expresadas en los puntos anteriores –añadió-, no existe causa para presumir la materia imponible en el período fiscal 2007 en el que la recurrente no presentó la declaración jurada, por lo que corresponde dejar sin efecto también la determinación de oficio del impuesto sobre los bienes personales de ese período por este concepto;
Estos fueron los elementos de juicio tenidos en cuenta por la Sala interviniente del Tribunal Fiscal –por unanimidad- para considerar la existencia y cuantía de la materia imponible.
En tales condiciones, no se advierte que la apreciación de la prueba efectuada por el tribunal a quo haya sido arbitraria o irrazonable, de modo tal que justifique desechar las conclusiones vertidas sobre el punto en el pronunciamiento apelado. En efecto, el recurso de la demandada sólo contiene expresiones de su disconformidad con la forma en que el a quo valoró la prueba para decidir del modo en el que lo hizo. Sin embargo, no puntualiza de qué modo los elementos de juicio presuntamente omitidos permitirían modificar la solución del caso, ante los elementos reunidos para sustentar la conclusión del Tribunal Fiscal, en cuanto sostiene la imposibilidad de determinar presuntivamente la materia imponible sobre la base de una cuenta que había sido cerrada al 31 de diciembre del primer período fiscal considerado (2006); y, en el segundo (2007) ante la falta de presentación de declaración jurada (arg. esta Sala, causas n° 49616/2018 “Eco Suelo SRL c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 25/06/2019; n° 83481/2015 “Proms SA c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 2/07/2019; y n° 28553/2019 “Desartex SA c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 18/07/2019; entre muchas otras).
En consecuencia, corresponde desestimar estos los agravios de la parte demandada sobre este aspecto, y confirmar la resolución apelada.
Alta en sistema: 15/05/2024 III.2.- El resultado de la controversia en la instancia previa justifica razonablemente la distribución de costas decidida por el a quo, por lo que también el agravio referido a este punto debe desestimarse (arts. 184, Ley Nº 11.683, 68 y 71, CPCCN).
IV. Que por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación de fojas 210/5. Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida (art. 68, 1º párrafo, CPCCCN). En virtud de las consideraciones precedentes, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la resolución de fojas 210/5 del Tribunal Fiscal de la Nación; 2) Imponer las costas de esta instancia a la recurrente vencida (art. 68, 1º párrafo, CPCCCN).
El Sr. Juez de Cámara Dr. Jorge Federico Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN). Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 15/05/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Alta en sistema: 15/05/2024
Fin de la sentencia