Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 36.671-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones S/N dictada el 31 de julio de 2012 y N° 80/12, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Majul Maquinarias S.R.L., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido:
I. en la suma de $276.673 por la representación procesal y de $691.682, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en las dos primeras etapas cumplidas del Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Ii. en la suma de $645.540 equivalente a 6,98 UMA por la representación procesal y de $1.613.849 equivalente a 17,45 UMA por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la última etapa cumplida del Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
3Regular los honorarios del CP Mauricio L. Olijavetsky, los que quedan a cargo de Majul Maquinarias S.R.L. en la suma de $ 282.961 por su actuación en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, de acuerdo con las pautas del decreto-ley 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-63743452-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 29 de Junio de 2026 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Martín para resolver el Expediente N° 36.671-I caratulado “Majul Maquinarias S.R.L. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Majul Maquinarias S.R.L. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas en la Dirección Regional Rio Cuarto de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos:
- S/N dictada el 31 de julio de 2012, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2006 y marzo, mayo a octubre de 2007, por los que se la intimó a ingresar la suma de $1.681.378,47 más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Asimismo, se determinó de oficio la disminución del saldo a su favor por los períodos fiscales enero, febrero, abril, julio y octubre de 2006 y enero, febrero, abril, noviembre y diciembre de 2007.
- N° 80/12, dictada el 31 de julio de 2012, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2006 y 2007 y se la intimó a ingresar la suma de $2.197.346,41, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
Asimismo, en ambos actos, se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
En su presentación ante este Tribunal, en primer término, opone la nulidad de las Resoluciones porque el Fisco Nacional realizó una gravosa determinación de tributos, que excede ampliamente el capital social de la empresa, al presumir -sin fundamentos- ventas omitidas de declarar. Agrega que estaba transitando momentos de gran desconcierto por el fallecimiento de su fundador y socio gerente, Sr. José Ángel Majul, a fines del año 2005, que la llevaron a cometer algunas desprolijidades a la hora de confeccionar sus declaraciones juradas.
Resalta que la existencia de mayores compras no implica necesariamente mayores ventas ya que, de ser así, no existirían los saldos técnicos ni los quebrantos impositivos que las leyes de los impuestos expresamente prevén.
Manifiesta que la metodología estimativa utilizada no fue la adecuada y afirma que por ello se obtuvieron conclusiones alejadas de la realidad y demuestra la arbitrariedad del accionar fiscalizador.
Advierte contradicciones en la forma en la que se practicaron los ajustes sobre los gastos declarados por no contar con documentación respaldatoria o no estar relacionados con la actividad gravada, tales como sobre la compra de bienes de uso, sobre los contratos de alquiler de los inmuebles donde se alojaba el personal directivo, sobre los gastos de marketing, todos –afirma- relacionados con la actividad comercial, entre otros. Igual crítica realiza respecto del ajuste por las diferencias entre los montos declarados en las declaraciones juradas originales y los libros de IVA.
Por otra parte, asegura que los funcionarios actuantes transgredieron las instrucciones internas que deben cumplir al fiscalizar. Dice que descartaron la prueba aportada sin haber intentado siquiera arribar a la verdadera realidad económica de las operaciones conforme el art. 2 de la ley 11.683. Afirma que se presumieron las supuestas ventas marginales sin tener en cuenta la copiosa documentación que la empresa puso a disposición en su domicilio fiscal y cuya falta de consideración, según entiende, afectó su derecho de defensa.
También invoca la falsedad de la prueba aportada por terceros durante el trámite administrativo, la que además fue incorporada de forma ilícita.
Por todo ello, es que solicita la nulidad de las Resoluciones.
A continuación, sobre la legitimidad de los ajustes, expresa los siguientes agravios:
- Cuestiona la utilización de presunciones elaboradas a partir de otras presunciones. Aduce que se presumió la existencia de ventas sin declarar porque se comprobó la existencia de más gastos computables que los declarados para luego, sobre ello, presumir una supuesta rentabilidad para determinar tributos y se utilizó la misma para desvirtuar la ecuación de costo, sin valorar para ello adecuadamente la cuantiosa prueba ofrecida y aportada.
- Plantea la inconstitucionalidad de la ley 25.345 en tanto produce una confiscatoriedad desmedida de su patrimonio, viola la garantía de la propiedad privada y altera así el principio de capacidad contributiva.
- Sostiene que existe un evidente conflicto entre exceso de determinación y el principio de razonabilidad, que se ve afectado al basarse los actos apelados en prueba falsa y mal habida -que niega que le haya pertenecido- y en hechos que fueron sido debidamente acreditados.
Aporta prueba documental en más de 1850 hojas y ofrece la producción de informativa y pericial contable y solicita que se revoquen las Resoluciones, con costas.
II. A su turno, la representación fiscal contesta el traslado del recurso y por las consideraciones que expone que remiten a los actos apelados, pide su confirmación, también con costas.
III. A fs. 1917 se abrió el Expediente a prueba y se hizo lugar a la prueba pericial contable cuyo resultado se encuentra agregado a fs. 1934/1945.
A fs. 1970 se le requirió al Fisco Nacional que informara el estado de la denuncia penal formulada contra la recurrente y/o sus directivos o responsables, en relación a las obligaciones determinadas en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 1/2006 a 12/2007 y en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2006 y 2007. A fs. 1980 la representación fiscal contestó que la causa N° 53130003/2013 “Majul Maquinarias S.R.L. S/ Infracción ley 24.769”, relacionada a las obligaciones mencionadas se encontraba en trámite (al 26/12/26), elevada a juicio por ante el Tribunal Oral N° 2 de la ciudad de Córdoba, sin sentencia.
A partir de dicha información, luego, de la consulta en la página del Poder Judicial de la Nación se tomó conocimiento del dictado de la sentencia en dicha causa. De los Considerandos del decisorio surge que Majul Maquinarias S.R.L. había incluido las obligaciones recurridas en este Expediente en un plan de facilidades de pago, por lo que en la PV-2026- 12628168-APN-VOCXI#TFN se solicitó al Fisco Nacional que indicara si tales obligaciones fueron regularizadas y, en su caso, el estado de los planes.
Luego de varias prórrogas, la representación fiscal contestó el requerimiento a fs. 2004/2005.
Hizo saber allí que según lo informado por el Distrito Bell Ville correspondiente al domicilio de Majul Maquinarias S.R.L., las obligaciones fueron incluidas el 31 de marzo de 2022 en el plan de pagos N° Q053856 de la ley 27.653. Informó también que el 18 de julio de 2022 se declaró la caducidad del plan por falta de pago de sus cuotas y detalló los montos de las obligaciones que estaban impagas que eran las determinadas de oficio en las Resoluciones a las que se les había detraído el monto del pago a cuenta y de los anticipos cancelados.
Puso en conocimiento de este Tribunal, asimismo, que las obligaciones impagas antes mencionadas fueron incluidas en la Boleta de Deuda N° 273/05464/001/2022 y que la Administración Tributaria inició el juicio de ejecución fiscal, conforme el art. 92 de la ley 11.683, que tramitó en el Expediente N° 30362/2022 en el Juzgado Federal N° 1, Secretaría de Ejecuciones Fiscales de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, conforme detalle que adjunta a fs. 1998/1999. Además, adjuntó formularios N° 8003, el detalle de la deuda impaga del plan de pagos N° Q053856, el detalle del plan de pagos y de su caducidad y las consultas al Sistema de Cuentas Tributarias (v. 1988/2003).
En atención a lo informado, a fs. 2006 se decide clausurar el período probatorio y a fs. 2012 elevar el Expediente a la Sala. A continuación, se notifica a las partes para que presenten su alegato, derecho que ejerce únicamente la representación fiscal a fs. 2024/2026.
A fs. 2029 queda en estado de dictarse la sentencia.
IV. Corresponde resolver, en primer término, el planteo de nulidad, aún cuando debe destacarse sus argumentos se vinculan más con la cuestión de fondo discutida que con vicios en los actos administrativos recurridos. De cualquier modo, de su lectura se advierte que las Resoluciones se encuentran debida y suficientemente motivadas en los antecedentes de hecho y de derecho que surgen de las actuaciones administrativas, por lo que no se constata violación alguna a las disposiciones de la ley 19.549 como así tampoco a la ley 11.683, ni media afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio que invoca. Prueba de ello es que Majul Maquinarias S.R.L. tuvo la posibilidad de presentar sus defensas en la instancia administrativa previa y ahora ante este Tribunal.
Concretamente, respecto de la valoración de la prueba que aportara y ofreciera en la instancia previa debe señalarse que la misma fue apreciada en ejercicio de la facultad que la ley 11.683 le acuerda a los jueces administrativos para estimarlas como adecuadas para la resolución del conflicto, valorando su pertinencia y admisibilidad.
En cuanto a la utilización de presunciones por parte del Fisco Nacional a la hora de determinar de oficio, más allá de que su pertinencia en el caso concreto se relaciona más con la procedencia de los ajustes como se dijo y en su análisis se verá si con ello se obtuvieron conclusiones alejadas de la realidad, en cuanto al accionar fiscal, debe recordarse que el art. 18 de la ley 11.683 otorga facultades a la Administración Tributaria para practicar determinaciones estimativas en base a presunciones, que debe decirse, también allí expresamente se prevé que los contribuyentes pueden presentar prueba en contrario.
Cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido.
Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. “Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre otros-.
Por lo expuesto, debe rechazarse el planteo de nulidad, sin costas (“Bolland”, Fallos 336:70).
V. Seguidamente corresponde resolver si se ajustan a derecho las Resoluciones recurridas ante este Tribunal. Para ello debe analizarse los efectos que tuvo la inclusión de las obligaciones en el plan de facilidades de pagos -N° Q053856- de acuerdo al régimen previsto por la ley 27.653, sus modif. y sus reglam., tal como se encuentra acreditado con la documentación agregada por la representación fiscal a fs. 1988/2003.
Cabe recordar que la ley 27.653 (B.O. 11/11/2021), en su art. 5, amplió el régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras aprobada por la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, modificada por la ley 27.562, para que los contribuyentes y responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización estaba a cargo de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, pudieran acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones.
En el segundo párrafo del art. 7, dispuso que el acogimiento tendría como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos así como el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas.
Por su parte, la R.G. N° 5101/21 que reglamentó a dicha norma, estableció en su art. 49 que la adhesión al régimen de regularización en los términos y las condiciones establecidos en la ley implicaría para el sujeto interesado el reconocimiento de la deuda incluida en el mismo y, en consecuencia, la interrupción de la prescripción respecto de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el gravamen de que se trate y sus accesorios, así como para aplicar las multas correspondientes, aun cuando la adhesión resultara rechazada o se produzca la ulterior caducidad del acogimiento. Idéntico efecto produciría el pago de cada una de las cuotas del plan respecto del saldo pendiente. En el caso, el propio Fisco Nacional informó que Majul Maquinarias S.R.L. incluyó las obligaciones determinadas de oficio en las Resoluciones recurridas en este Expediente en el mencionado Régimen -plan N°Q053856-, plan que posteriormente se declaró caduco por falta de pago de sus cuotas, con los efectos que ello tiene según sus propias normas. Así, debe ponerse de relieve, que el art. 49 de la R.G. N° 5101/21, que reglamentó a la ley 27.653, estableció que la adhesión implicaría el reconocimiento de la deuda incluida en los planes de facilidades de pago, mientras que el art. 30, en su último párrafo, dispuso que en el caso de decretarse la caducidad del plan por falta de pago de sus cuotas, que es lo que también está acreditado en este Expediente, el Fisco Nacional quedaba habilitado para disponer el inicio de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado mediante la emisión de la respectiva boleta de deuda. Esas acciones judiciales no son otras que las previstas en el art. 92 de la ley 11.683, esto es el juicio de ejecución fiscal tendiente al cobro coactivo de una suma reconocida por la propia recurrente al conformar la pretensión fiscal y adherirse a un plan de facilidades de pago cuyas condiciones no cumplió. Eso es lo que sucedió conforme surge de la información aportada por la representación fiscal a fs. 1998/1999, según boleta de deuda N° 273/05464/001/2022 ejecutada en el Expediente N° 30362/2022 que tramitó ante el Juzgado Federal N° 1, Secretaría de Ejecuciones Fiscales de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba. Se advierte de las constancias acompañadas, que en dicho expediente se dictó sentencia de ejecución y que la misma adquirió firmeza, lo que también se corrobora de la consulta del Expediente en la página web del Poder Judicial de la Nación.
Es claro, entonces, que al regularizar sus obligaciones en el régimen creado por la ley 27.653, Majul Maquinarias S.R.L. se adhirió a sus términos y condiciones que implicaron, entre otros efectos, el reconocimiento de la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones recurridas ante este Tribunal. Dichas normas, inclusive, prevén las consecuencias del incumplimiento del plan que no son otras que la caducidad y la pérdida de sus beneficios, así como también la habilitación al Fisco Nacional para tramitar el cobro de los saldos pendientes de pago en forma coactiva por la vía prevista en el art. 92 de la ley 11.683 que, ya se dijo, es precisamente lo que tuvo lugar conforme obra también acreditado en este Expediente.
Ello así, se advierte que teniendo en cuenta el accionar de la recurrente al incluir en el año 2022 las deudas en un plan de facilidades de pago, cuya presentación no informó a este Tribunal, hace que pierda sentido expedirse en los agravios formulados en su recurso de apelación en relación a la legitimidad de los ajustes notificados en las Resoluciones. Así, la Corte Suprema de Justicia expresó en Fallos: 341:1619, entre otros, “Que es jurisprudencia tradicional de esta Corte que sus sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas (Fallos: 301:693; 310:670; 320:2603), pues como órgano judicial tiene vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual (Fallos: 320:2603; 322:1436; 329:1898 y 330:5070)”, entre muchos otros.
Por lo expuesto, corresponde confirmar las Resoluciones recurridas, con costas.
Por la forma en que se resuelve, resulta insustancial referirse al resto de los agravios.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto precedente.
En atención al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones S/N dictada el 31 de julio de 2012 y N° 80/12, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Majul Maquinarias S.R.L., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido:
i. en la suma de $276.673 por la representación procesal y de $691.682, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en las dos primeras etapas cumplidas del Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
ii. en la suma de $645.540 equivalente a 6,98 UMA por la representación procesal y de $1.613.849 equivalente a 17,45 UMA por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la última etapa cumplida del Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
3. Regular los honorarios del CP Mauricio L. Olijavetsky, los que quedan a cargo de Majul Maquinarias S.R.L. en la suma de $ 282.961 por su actuación en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, de acuerdo con las pautas del decreto-ley 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se hace constar que esta sentencia se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia la Vocal Titular de la 10° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183).
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y oportunamente, archívese.
Date: 2026.06.29 12:27:53 -03:00 Date: 2026.06.29 12:40:44 -03:00 Daniel Alejandro Martín Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.29 12:40:44 -03:00
Fin de la sentencia