Abriendo la norma
Cámara Penal Sala I de Morón · Causa 27.951
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos de apelación interpuestos por el señor Agente Fiscal y la señora Particular Damnificada juntamente con su letrado patrocinante, a fs. 431/433 vta. (fs. 454) y 434/440, respectivamente, y en cuanto fue materia de impugnación corresponde confirmar el veredicto absolutorio pronunciado en favor de JORGE NAUN MALCOFF, de datos personales obrantes en autos, cuya fotocopia autenticada luce a fs. 392/426, respecto del hecho que tuvo lugar el día 6 de julio de 2012 en la localidad de Villa Sarmiento, partido de Morón, sin costas. (Arts. 21 inc. 4, 421 párrafo segundo, 434, 439, 440, 441, 442 párrafo primero, 445 párrafo segundo, 530 y 532 del C.P.P.).
En la ciudad de Morón, a los 25 días del mes de abril año dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Uno de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, Doctores Diego Matías Grau, Fabián Cardoso y Fernando Gabriel Bellido, bajo la Presidencia de su Titular nombrado en primer término, a fin de dictar sentencia en esta causa Nº 27.951 caratulada: “Malcoff, Jorge Naún s/Incidente de apelación” (causa Nº 0997 del Juzgado Correccional Nº 5 Departamental). Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: GRAU - BELLIDO - CARDOSO.
I. La señora Juez Titular del Juzgado en lo Correccional Nº 5 Departamental, Dra. Graciela Julia Angriman, con fecha 14 de septiembre de 2015 pronunció veredicto absolutorio, cuya fotocopia certificada obra a fs. 392/426 de la presente incidencia, respecto de Jorge Naún Malcoff, en orden al delito de homicidio culposo agravado por haber sido cometido en la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por el suceso ocurrido el día 6 de julio de 2012 en la Localidad de Villa Sarmiento, Partido de Morón, sin imposición de costas.
II. Que contra dicho pronunciamiento, el señor Agente Fiscal a fs. 431/433 vta. y la señora María Eugenia Mayada, en su carácter de Particular Damnificada, junto al letrado patrocinante Dr. Ricardo Malvicini, a fs. 434/440, interpusieron los recursos de apelación que fueron concedidos a fs. 442/443, el pasado 1 de octubre, y mantenido el superior jerárquico el primero de ellos a fs. 454. De este modo, encontrándose la causa en condiciones de ser resuelta, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: En cuanto quedó recurrido, ¿se ajusta a derecho el veredicto absolutorio dictado a fs. 392/426?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: El Señor Juez Doctor Diego Matías Grau dijo:
I. De la lectura de las constancias que integran el proceso surge que –una vez abierto el debate (cfr. fs. 383/385)- el Fiscal interviniente, junto a la defensa particular del imputado y la particular damnificada con el letrado que la patrocina, acordaron ante la Sra. Juez omitir la producción de la prueba en base a una interpretación de lo establecido por los arts. 378 y concordantes del C.P.P., disponiendo nueva audiencia a fin de efectuar los alegatos correspondientes, cuya recepción ha quedado documentada a fs. 386/390 (siempre del presente incidente).
Que Jorge Naún Malcoff fue llevado a juicio por el hecho que tuvo lugar el día 06 de junio de 2012 aproximadamente a las 11:40 horas, en circunstancias en que el nombrado conducía el camión marca Mercedes Benz, dominio HZX-589, con acoplado IFI-903, por la calle Díaz Vélez de la localidad de Villa Sarmiento, Partido de Morón, violó el objetivo deber de cuidado, dado que giró hacia la derecha e ingresó en la calle Marcos Alarcón (Colectora Autopista), infringiendo lo normado en los arts. 39 inc. b) y 41 inc. e) de la Ley Nacional de Tránsito, siendo que con la rueda delantera derecha del acoplado impactó con tal fuerza en el biciclo y el cuerpo de la víctima Gustavo Walter Pereyra, cuando éste se hallaba en la senda peatonal, que le provocó lesiones de enorme magnitud que consecuentemente ocasionaron su deceso (ver fs. 250-II/vta.).
Viene al caso consignar, a los fines de completar los alcances de la imputación, que el artículo 39 inciso b de la ley nacional 24.449 y sus modificatorias dice “…Los conductores deben: (…) b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito. Utilizarán únicamente la calzada, sobre la derecha y en el sentido señalizado, respetando las vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito establecidos…”, en tanto que el artículo 41 inciso e del mismo cuerpo legal reza “…Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: (…) e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón…”.
Ahora bien, la titular del Juzgado en lo Correccional N° 5 Departamental (cfr. fs. 392/426), tras valorar la evidencia reunida en la investigación, concluyó en que al existir acuerdo de las partes en torno a la circunstancia fáctica del resultado lesivo como consecuencia de un siniestro vial, limitó la controversia a la connotación jurídica del mismo, es decir a la observancia de las normas de cuidado debido que rigen el tránsito vehicular; y fundamentó su decisión en las constancias incorporadas al proceso, que la llevaron -como se dijo- a dictar veredicto absolutorio, basado en la inidoneidad que a su juicio emerge de ese conjunto probatorio en punto a la materialización de la infracción a las normas de cuidado sugerida por las partes acusadoras.
En este sentido la sentenciante entendió que, por un lado, a partir de la selección de la vía del art. 338 inc. 6 del C.P.P., se ha imposibilitado disponer del resultado del interrogatorio cruzado por parte de los sujetos que han elaborado los dictámenes periciales contradictorios; y por el otro, la falta de preservación del lugar del hecho, la intempestiva remoción del cuerpo de la víctima (ver fs.26/27), la vulneración del escenario del suceso –alteración de la ubicación de los vehículos involucrados (fs. 32/vta. y 79, entre otras)-, y la ausencia de una pericia planimétrica, han restringido la debida reconstrucción del evento materia de enjuiciamiento.
Asimismo, la a quo consideró que la solidez de los peritajes, corroborados por las inferencias aportadas por sus informantes (en alusión a los oficiales), no fue desestabilizada por la solitaria disidencia del perito de parte (cfr. fs. 414vta.), extremo que, sumado a la abstracción en la que se ha transformado la discusión respecto de la prohibición de circulación del camión por colectora, y a la omisión pesquisitiva (no obstante que las circunstancias de tiempo y lugar del suceso favorecían la posibilidad de hallar plurales testimonios y mayores recursos para su esclarecimiento) devienen insalvables en el razonamiento de la Magistrada; todo lo cual la condujo al dictado del pronunciamiento absolutorio a favor del causante.
II. A fs. 431/433 vta., el Ministerio Público Fiscal expresó sus agravios manifestando que a su entender se encuentra perfectamente acreditado el acontecimiento fáctico ventilado en la presente causa, el cual conforme lo acordaron las partes se desarrolló según la materialidad ilícita plasmada en la requisitoria de elevación a juicio, y descripta más arriba.
Que la discusión consiste básicamente –según postula- en la adecuación legal que se le debe otorgar a los hechos que nadie cuestiona, y que incluso, el mismo imputado confesó en forma inequívoca, lo cual resulta conteste con el resto de la prueba documental incorporada por lectura al debate.
Aclaró que de acuerdo a lo anterior, el camión giró hacia la derecha en una maniobra harto prohibida, que violó todos los deberes a su cargo y que puso en riesgo la vida de la víctima hasta producir su deceso. Para ello acudió a la pericia accidentológica que determinó que la causa basal del accidente resultó ser la peligrosa maniobra de giro a la derecha realizada por el camión en un ángulo cerrado para circular por la colectora de la autopista, y afirmó que dicha conducta de manejo imprudente fue realizada y confesada por el propio imputado, cuya declaración fue prescindida por la a quo constituyendo lo decidido un acto completamente arbitrario que no merece el nombre de sentencia y que ni siquiera puede ser considerado como válido.
Por lo expuesto, solicitó que se haga lugar el presente recurso, revocándose el auto atacado y disponiendo que se condene el encartado de acuerdo con la acusación plasmada en el acta de debate.
III. En su oportunidad la particular damnificada, María Eugenia Mayada, juntamente con el letrado que la patrocina, luego de asumir como propias las conclusiones del acuse, se agravió de cada aspecto del resolutorio. Y así, valoró la maniobra de giro obligatoriamente cerrada y la mayor exigencia de recaudos objetivos que le imponía la detención del rodado ante la presencia de un peatón en la senda correspondiente.
Asimismo entendió que en realidad, la violación al deber de cuidado del imputado se debió a la falta de atención a la maniobra que realizara con el vehículo de gran porte que conducía.
Luego, se refirió a los testimonios de las tres personas que presenciaron el momento en que ocurrió el suceso, Lisandro Federico Villamil, Alfredo Gastón D´Aquino y Carlos Alberto Gallego, a los que restó credibilidad por los motivos que detalló en su presentación y en definitiva por ser todos ellos “conocidos” del imputado y por hallarse “casualmente” en las cercanías del lugar; ello, pese a las constancias asentadas en el acta de procedimiento en cuanto a que se procedió a levantar el cuerpo debido a la acumulación de personas que comenzaron a gritar, y a que se intentó ubicar testigos del hecho y resultó infructuosa tal diligencia. Cuestionó además el informe elaborado por la perito en accidentología vial Nancy Mabel Acosta, toda vez que ésta contempló la posibilidad de que el ciclista pudo haber perdido la estabilidad sin intervención del camión, lo que la impugnante descartó y calificó como una conclusión “muy poco seria”. Finalmente, discrepó con la postura de la a quo y consideró que los dichos de Malcoff resultan una confesión, pues reconoció la maniobra peligrosa que realizó; por otra parte dijo que éste no vio a la víctima cuando debió haberla visto, y que tenía la posibilidad de pasar por debajo de la autopista y tomar otro camino para evitar poner en situación de peligro a terceros.
Concluyó la particular damnificada en que más allá de quién colocara los carteles que impedían la circulación de camiones de más de cuatro toneladas por colectora, y que los peritos no pudieran determinar la mecánica del hecho, lo concreto es que Malcoff en forma imprudente, sin el pleno dominio del vehículo, realizando un giro peligroso sin tomar los recaudos para ver si alguna persona podía ser arrollada, produjo el hecho dañoso por el cual debe responder. En mérito de los fundamentos vertidos, solicitó que se revoque la absolución atacada y que se reenvíe la causa a la anterior instancia a fin de que juez hábil dicte el veredicto condenatorio y sentencia correspondientes.
IV. En los términos en que viene planteada la apelación del Ministerio Público Fiscal, corresponde ante todo destacar lo que emerge del acta obrante a fs. 383/385 -en la que se materializó la audiencia en los términos del art. 354 del C.P.P.-, en cuanto se hace constar que ha mediado consenso entre todas las partes en omitir la producción de la prueba en el debate, ya que consideraron que el hecho materia de acusación no es controvertido en cuanto a la situación fáctica y mecánica del mismo “… sin perjuicio de la discusión que podría generarse en lo que respecta a la situación jurídica…” -textual-.
A este respecto vale resaltar que, de conformidad con lo establecido por el 338 inc. 6 del C.P.P., y teniendo en cuenta los agravios de los apelantes y el análisis de la Magistrado sobre la evidencia colectada (ver fs. 412/vta.), en dicho acto se concluyó en que el acuerdo probatorio ha mediado en torno a la corroboración del resultado lesivo, es decir la muerte de Gustavo Walter Pereyra como consecuencia de un siniestro vial ocurrido el día 6 de julio de 2012, cerca de las 11:40 horas; por lo que, según lo allí convenido, la controversia gira en relación a la observancia por parte de Malcoff de las normas de cuidado debido que rigen el tránsito vehicular, y a partir de ella habilitarse la tarea intelectual que permita concluir en la existencia, o no, de una conducta de relevancia jurídica penal pasible de sanción.
Entonces, y a partir del modo en que vienen planteadas las cosas, entiendo adecuado que el primer aspecto a abordar sea el relativo a dilucidar si efectivamente hubo confesión por parte del acusado, argumento que con un peso protagónico viene destacado por el Agente Fiscal en su impugnación (fs. 432), dato que a su vez se tuvo en cuenta para autorizar el procedimiento excepcional de omisión de prueba.
Veamos entonces que al declarar, en los términos del art. 308 del C.P.P., el imputado manifestó que “… cuando el semáforo da la luz verde, miro hacia atrás por el espejo retrovisor derecho y veo que no viene nadie … Entonces avanzo y giro hacia la derecha y tomo colectora para subir a la autopista …Cuando estoy terminando de girar sentí un ruido … paré, me bajé del rodado y miré de mi lado, no vi nada, pasé por delante de la trompa del camión hacia el lado derecho y ahí vi que había una persona en el piso …”; que respecto del cartel que prohíbe transitar por colectora con más de cuatro toneladas expresó que si bien el vehículo que conduce excede dicho peso, el trayecto recorrido “…es la salida al acceso oeste, y es el camino que debo hacer desde hace aproximadamente 11 años, por los viajes que hago a la Provincia de Corrientes …” y que “… no transito por colectora, solo giro por colectora para subir a la autopista …” (fs. 154/156).
A partir de ello podemos decir que, si bien existe coincidencia respecto de que la muerte de Pereyra se produjo en el marco de la mecánica vial descripta, el imputado no admitió imprudencia en la conducción e incluso aportó los datos de plurales testigos que pudieron advertir circunstancias del hecho en los que la defensa basó su petición de absolución (fs. 156 y 164), por lo que -demás está decir- no hubo acuerdo en ese punto (art. 338 inc. 6 cit.).
Y esto deviene imperativo pues, intentando encontrar el alcance que la convención le otorga a las palabras -cuestión de suma trascendencia que merece una atención especial en cada ocasión en la que deban resolverse conflictos de relevancia jurídica-, una tarea de suyo imperativa precede a la conclusión de que no nos encontraríamos ante una confesión propiamente dicha, y ello –en el caso- emerge como un problema que debe ser atendido.
SOLER supo decir que, cuando nos referimos al poder creador del hombre y su relación con la palabra, pensamos separadamente en el poder de creación verbal, de creación de significaciones, y en el poder de creación real, esto es, el de hacer las cosas mismas significadas, pues su propuesta, como primer paso, consistió en mostrar y destacar las relaciones que guarda el lenguaje articulado con éste segundo poder, el de hacer cosas. Sostuvo también la necesidad de investigar si el lenguaje es constitutivo para la acción en general, pues consideró que ese tema, además de poseer importancia humana, permite proyectar sobre el Derecho una claridad insospechada. (SOLER, Sebastián, “Las palabras de la ley”, 1ra. Edición, Praxis Jurídica, Veracruz, México, 1974, pág. 14.).
Efectivamente esto es así, mas aún en el supuesto de posibles puntos de contacto entre la disponibilidad de ciertos bienes que reclamen la claridad que el autor citado promueve, desde que todo método que pretenda ser racional sugiere un previo esfuerzo en dar con el significado correcto y los elementos de cada uno de los términos a los que se alude –especialmente si de ello depende la preservación de derechos fundamentales-, o de todo aquel fenómeno que pueda tener incidencia; para recién luego poner a consideración su identificación con el caso específico que lo demande.
Tal es el peso de este plano –el lingüistico- en la estructura de una decisión judicial, que hasta pueda admitirse que su negación importe la autorización de transformar la naturaleza descriptiva de un término –en tanto se formula en relación a un acto ya creado y conocido-, tornando a la acepción en una suerte de medio sensible a cualquier razonamiento individual a partir del cual pueda intentarse constituir –o construir- un fenómeno otorgándole alcances nunca pensados por aquellos que acordaron su significado –el que, vale decir, no es mas que el comúnmente atribuído-.
Es entonces, entiendo, momento propicio para ingresar en el análisis de esta noción atendiendo al acuerdo sobre el significado de los términos, y su incidencia en un posible estudio posterior de los alcances de los derechos, como sus límites. En consecuencia, la presencia real que pueda tener en un escenario concreto, o, por caso, desentrañar un intento de enarbolar su vigencia cuando ella no encontraría en el argumento un lugar tan claro como el pretendido, pues, como supo indicar Nino, el identificar “…los hechos, actividades o cosas que una palabra comprende es condición necesaria para la descripción de esos hechos, actividades o cosas”. (Cfr. Nino, Carlos Santiago, “Consideraciones sobre la dogmática jurídica”, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1989 –primera edición 1984-, pág. 9). Y en esa faena, es decir, buscando argumentos de peso que permitan superar el obstáculo, podemos traer a colación que en una ocasión Michel Foucault supo abordar el tema y, como era común en la obra de dicho exponente crítico, se sumergió en las entrañas del asunto para entregar conclusiones que no se privaban de la solidez que a veces el derecho reclama. Dijo que una confesión no se diferenciaba de una declaración en la forma en que lo hace lo desconocido de lo conocido, lo invisible de lo visible, sino que lo determinante es un cierto costo de enunciación.
Sostenía, además, que esa confesión, que por definición debe ser libre - aspecto que en este caso no parecería necesario tocar-, es una suerte de compromiso en el que quien habla se compromete a ser lo que afirma, y precisamente porque lo es.
Quien confiesa un crimen, continuaba reflexionando, se compromete en cierto modo a ser su autor, no solo acepta la responsabilidad por el crimen, sino que funda esa aceptación en que efectivamente, lo ha cometido. En la confesión quien habla se obliga a ser lo que dice ser, se obliga a ser quien ha hecho tal o cual cosa, quien experimenta tal o cual sentimiento; y se obliga porque es verdad (prácticamente textual, extraído de Foucault, Michel “Obrar mal, decir la verdad - La función de la confesión en la justicia-”, 1ra. Edición, Siglo veintiuno Editores, 2014, pág. 26).
De allí que, en buen romance, pueda decirse que no habría confesión cuando las expresiones no lleven implícito un costo, por lo que en un supuesto como el de autos el ensayo debió, entonces, encontrarse complementado con el reconocimiento de la responsabilidad penal en el desenlace, pues recién a partir de allí pudo por caso sostenerse que admitió la consecuencia legal que el Estado pueda imponerle –que es uno de los lugares en los que reposa el costo-, y ello, vale decir, no parece ser lo que ocurrió en la audiencia de marras.
Y es que, parafraseando nuevamente al autor citado, todo nos lleva a nutrir el razonamiento con la idea de que la confesión sería un acto verbal libre mediante el cual se plantea una afirmación sobre lo que el mismo es, se compromete con esa verdad, se pone en una relación de dependencia con respecto a otro y modifica a su vez la relación que tiene con sí mismo (Op. Cit. Foucault, pág. 27).
De este modo, aquello que palmariamente se evidenciaba desde una mirada apriorística -hablo de la falta del ánimo necesario en el acusado que reclama el procedimiento excepcional elegido- pueda ahora complementarse con una visión que parece acertada -al menos así lo entiendo- y que difícilmente pueda discutirse, la que en definitiva afianza la idea de que, sin dudas, no pueda admitirse que el relato del acusado se identifique con una confesión a los fines de este proceso.
Véase, en respaldo de lo expuesto, que inclusive la letra de la norma procesal (me refiero el artículo 378 del C.P.P.) parece haber tenido en cuenta las diversas interpretaciones que un único término pudo generar, en tanto a modo de reaseguro condicionó la omisión de prueba solo en el caso de que el imputado confesara circunstanciada y llanamente, características éstas de esa exteriorización verbal que, requeridas de la forma en que lo son, intentan evitar que se considere como tal a una mera enunciación que no se compadezca en un todo con aquello por lo que viene acusado.
Y esto en sí mismo impresiona como determinante, ya que se posiciona como una arista que sella la suerte de cualquier intento de sostener una realidad contraria. Deviene entonces necesario que esa confesión -integrada en su caso por cada uno de los aspectos antes indicados, como ser la libertad, el costo, lo real del enunciado, y la colocación del hablante en posición de dependencia de otro, como así también generador del cambio de la relación que posee consigo mismo-, deba estrictamente identificarse con el suceso que integra la intimación. Y esta última cuestión, si de encontrar la eficacia procesal se trata, mereció una detenida lectura, la que desarrollada que fue por quien provee, entregó racionalmente un estado de cosas en el que aquello que pudo ser un acto jurídico alcanzado por el significado pretendido, no superó la mera potencia (el acto designa lo que es acabado y perfecto, en oposición a la noción de potencia, en tanto ésta solo se concibe en relación al acto. La potencia es la capacidad real de llegar a ser algo, en el caso el acto. Cfr. Gómez Pérez, Rafael, “Introducción a la metafísica…”, Rialp, Madrid, 1978, págs. 221 y 249), o no llegó a perfeccionarse como tal, quedando trunca desde el momento en el que no se incorporó al relato los elementos que la figura penal reclama como esencial para considerar que ha admitido su relación directa con, al menos, el injusto propuesto por las acusaciones.
Y en ese orden quizás debamos recordar que una figura culposa, y en especial aquella que se encuentra prevista en el artículo 84 del código de fondo, no solo requiere la causa en sentido estricto, sino que pide que se encuentren presentes imprudencia, negligencia, o violación de deber objetivo de cuidado o de reglamentos que regían la actividad en cuyo contexto se produjo el desenlace. El tipo, visto de esta manera, y en cuanto estamos en presencia de una actividad reglamentada, se completa con la norma de tránsito, la que debe haber sido desoída, y esa ausencia de vinculación al precepto debe erigirse como el determinante de la muerte -nexo de determinación-.
Nada de esto aparece en la suerte de confesión incompleta a la que se echa mano, pues, como vemos, ésta debió, para ser tal, integrarse con la aceptación de que el desenlace tuvo lugar en relación directa al incumplimiento de una norma de tránsito o a la conducción negligente y/o imprudente. En suma, tampoco alcanza lo brevemente expuesto por las partes en el inicio del juicio oral para satisfacer este último aspecto, careciendo así de la eficacia que la norma pretende, y que las partes sostienen presente, pues esa “connotación jurídica” que dejan sometida a la decisión jurisdiccional debió, al menos en el sentido propuesto, hallarse como aceptación en las expresiones de Malcoff.
V. Todo lo previamente expuesto, y en cuanto permite concluir en la ausencia de uno de los requisitos esenciales del procedimiento elegido por las partes -el que, vale decir, parece impresionar como el conato de un juicio abreviado que para ese entonces no se encontraba autorizado (ver artículo 397 2do. párrafo del C.P.)-, no me impide avanzar en el análisis de las pruebas reunidas, pues de su estudio parecen surgir mayores argumentos que justifican y respaldan la posición que he de adoptar.
Y esta faena pueda por caso sostenerse como autorizada en este caso concreto por encontrarse habilitada la instancia en base a recursos de las acusaciones contra una absolución, estado de cosas que genera la necesidad de tomar mayores recaudos ante un posible reenvío que se traduzca en la disminución del nivel de disponibilidad del justiciable con un derecho constitucionalmente consagrado, dada la íntima relación que la comunidad académica encuentra en esos supuestos con el ne bis in idem, o por caso, la incidencia negativa que al principio pro homine provoca la extensión temporal de los procesos, en tanto opera per se en el seno del conflicto como generador de males.
Además, y como se verá del análisis de los elementos que intentan generar convicción, el dato objetivo del tiempo transcurrido -traducible en una suerte de atentando al hallazgo de nuevas pruebas-, como las falencias que en materia de preservación de elementos de interés pericial parecen surgir a la luz -las que por su carácter no pueden a esta altura modificarse-, complementan los argumentos del camino elegido, en tanto estos datos operan como claros límites para la incorporación de algo nuevo que pueda modificar el panorama tal cual hoy se nos presenta.
Resulta entonces que el informe elaborado por el señor Juan José Atencio en su carácter de empleado del Departamento Policía de Tránsito - Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Morón, comunicó que “…sobre la calle Marcos de Alarcón (Colectora de Autopista) y Avenida Díaz Vélez no existe cartel vial que prohíba el tránsito pesado. Que los camiones de gran porte que circulan por Avenida Díaz Vélez y luego retoman calle Marcos de Alarcón a pocos metros ingresan a Autopista del Oeste …” (fs. 223), por lo que resulta acertada la abstracción que la Sra. Juez consideró existente en torno a su discusión (ver fs. 421 segundo párrafo).
Al respecto, nos encontramos con lo desarrollado por el mismo testigo en su declaración de fs. 243/244, quien en lo que aquí interesa dijo que los carteles de figuración en el croquis ilustrativo de fs. 245 han sido “…colocados por la autopista (porque no son los utilizados por el Municipio de Morón) y en su predio (lugar donde nosotros no podemos colocar carteles) … aclaro que si los camiones decidieran continuar por colectora podrían hacerlo porque el cartel no es municipal …” concluyendo además que pueden hacerlo porque sino no tendrían el camino alternativo, y quedaría bloqueada la circulación de esa clase de vehículos, por no contar con otra salida hacia Luján.
Con ello, entiendo que la maniobra de giro a la derecha en la individualizada intersección, y con fines de ingreso a la autopista, debe considerarse en el contexto de este conflicto penal como permitida para el rodado con doble acoplado de autos; a lo que debe sumarse que aunque Malcoff pudo haber tomado otro camino, como lo planteó la particular damnificada, ello no se transforma en un factor determinante de un absoluto que alcance per se el reproche que la impugnación pretende, pues la presencia de más de una opción válida, y el dato de que de haber optado por la que en un juicio de probabilidad no hubiese causado el desenlace hoy ventilado, no se posiciona dentro del objeto de este juicio como revelador de cuestionamiento jurídicamente relevante de la dirección que finalmente tomó.
De allí que, al caer la violación de una reglamentación que integraría en su caso el tipo abierto -en tanto la exhibida parece inválida-, y correr la misma suerte la certeza sobre la presencia de negligencia o imprudencia en la conducción del rodado, la suerte de las impugnaciones campea por lugares distantes a los reclamados en sus argumentaciones.
De conformidad a este razonamiento, deja de coexistir uno de los requisitos del tipo culposo ya que el aspecto objetivo vinculado al deber de cuidado, que necesariamente debe determinar el resultado acaecido, no ha sido demostrado en autos. Es que la inobservancia por parte de Malcoff a los reglamentos de tránsito, alegada por los apelantes y contemplada a su vez por el deber de cuidado que le es exigible al mismo, no se ha establecido en el conjunto probatorio reunido y convenido por las partes, por lo que aquella relación de determinación que la une al resultado letal, desaparece y hace caer -como dijeuno de los elementos de la figura culposa.
VI. En cuanto a la falta de atención que la particular damnificada alegó en su agravio, respecto de la maniobra que el encausado debió ejecutar con el camión de gran porte que comandaba, coincido en que la masa de la cosa riesgosa impone al conductor mayores recaudos, empero su eventual ausencia debe también surgir de la prueba documental y testimonial incorporada a la investigación, y siempre analizada ésta en los términos del art. 210 del C.P.P. Sobre este particular, contamos por un lado, con el informe accidentológico y las pericias mecánica, y de accidentología vial, practicados a fs. 77/92, 122/124 vta. y 359/362, respectivamente.
De ellos surge que los vehículos intervinientes fueron removidos de su posición final post impacto; que sin perjuicio de esa desinteligencia se pudo constatar sobre la senda peatonal de la calle Díaz Vélez intersección Marcos Alarcón la existencia de restregones, arrastre y arañazos, insuficientes para determinar pericialmente la acción del ciclista previo al hecho, es decir si estaba montado sobre el biciclo o bien caminando a su par, ni tampoco si éste tuvo contacto directo con el camión, o bien si pudo trastabillar y caer sobre la trayectoria del mismo, en conclusión, no existen datos concretos que permitan establecer, con la certeza que reclama una condena, una u otra hipótesis posibles. En lo que respecta a la disidencia planteada por el perito Ángel José Martín obrante a fs. 368/382, advierto que la misma toma como ciertas algunas circunstancias del hecho que da por ocurridas, cuando existen declaraciones que aportan una situación diferente. Con ello me refiero a que no encuentro sustento a la conclusión de dicho profesional en cuanto a que “el biciclo se introduce en el espacio dejado por el camión. En esas circunstancias, el camión inicia el giro cerrado a la derecha” (fs. 374/vta.), toda vez que a partir del relato de Lisandro Federico Giménez Villamil surge una sucesión de acontecimientos que tuvieron lugar en el siguiente orden: que el mencionado testigo venía conduciendo su rodado por la avenida Díaz Vélez; que el tráfico vehicular se detuvo debido a que el semáforo ubicado en la intersección con Colectora -en sentido hacia provinciase hallaba en rojo; que el nombrado estaba a una distancia de tres o cuatro autos del primero, siendo éste el camión con acoplado; que el semáforo se puso en verde; que el camión comenzó a doblar tomando la Colectora en el sentido ya indicado; que entonces todos comenzaron a circular; que la bicicleta pasó por su derecha, se subió en una plazoleta por una rampa que tiene para subir en una cortada y bajó en Colectora por otra rampa igual; que cuando el camión ya estaba en la Colectora lo chocó en la zona del acoplado; que la bicicleta no se detuvo para subir a la plazoleta, subió directamente por la rampa, circuló por la plazoleta, bajó por la otra y luego chocó al camión (fs. 167 vta./168).
Que este testimonio, corroborado por las restantes declaraciones obrantes a fs. 169/171 y 173/174, descartan totalmente una posible hipótesis de haber cometido Malcoff una maniobra en infracción a la señal lumínica prohibitiva impartida por el semáforo existente en la aludida intersección -cuestión que por otra parte, no viene discutida en absoluto-. Asimismo, y a contrario de lo expresado por la impugnante (ver tercer párrafo del punto III de este voto), entiendo que no debe restarse credibilidad a dicho material probatorio, por el hecho de resultar los nombrados Villamil, D´Aquino y Gallego “conocidos” del encausado; siendo que, cada uno a su turno, han manifestado que estaban presentes en el lugar con anterioridad al arribo del personal médico y policial, es decir en el momento exacto de ocurrir el hecho, que ofrecieron su ayuda al causante, explicando sus razones sobre el por qué se encontraban allí y, principalmente, al declarar lo hicieron bajo juramento de decir verdad (fs. 167/170 y 173/174). Tampoco puede desatenderse que sus exposiciones poseen cierta coherencia con otros elementos incorporados, dato que permite relativizar el cuestionamiento que se les dirige.
Ante este panorama, no puede más que concluirse que el universo probatorio incorporado al caso no permite, en un juicio racional, dar respaldo a una hipótesis que muestre en forma palmaria, y con certeza, que pueda vencerse la presunción de inocencia. Y en relación a esto, se comparte la inquietud de la Magistrada en cuanto a que habría sido posible sortear las dudas en el marco de un contradictorio que las mismas partes decidieron no transitar, cuestión que limita todo estudio a las constancias escriturales agregadas, las que –alcanzadas incluso por las propias limitaciones de los signos- no permiten alcanzar el estándar de conocimiento que los impugnantes pretenden, especialmente en lo que tenga vinculación con el necesario nexo de determinación, y en su caso la relación de este con la violación del deber objetivo de cuidado consecuente de la conducción antirreglamentaria, escuetamente detallada en la intimación, el que me permito reiterar, viene relativizado por la propia prueba ventilada.
VII. Finalmente entiendo adecuado, desde que puede operar en el razonamiento como un dato concluyente sobre la justicia de la decisión, intentar demostrar que, una vez iniciado en este proceso el trabajo intelectual de la Sra. Juez Correccional, es decir, luego de que se diera por finalizado el acuerdo y las alegaciones, difícilmente pudo la Magistrada haber tomado una decisión contraria a la impugnada, inclusive en caso de encontrar idoneidad en la prueba para reconstruir el evento de la forma que intentan transmitir los acusadores, ya que el estado de cosas presente -y recordemos que promovidos por las partes, inclusive por quienes acusaron- generaría la violación de garantías reconocidas en un Estado de Derecho, como ser los preceptos imperativos de la defensa eficaz y el control de la prueba.
Es ese orden, y más allá de considerar inadecuada la exégesis armoniosa que entre los artículos 378 y 338 inciso 6to. del ritual cita la a quo -pues las previsiones poseen naturalezas que las distancian-, viene al caso decir que ninguna de las posibilidades que tales normas autorizan encuentra identidad con el supuesto ventilado en la especie.
El artículo 378 del C.P.P. permite la omisión del contradictorio solo en caso de confesión circunstanciada y llana, erigiéndose así -y por las características necesarias en esa confesión, de lo que se habló extensamente más arriba- en un estricto marco reglado a partir del que, en una interpretación sistemática, pueda excepcionalmente concebirse el optar por este mecanismo como una suerte de renuncia al derecho al control de los actos de la etapa de investigación, desde que el precepto imperativo se posiciona frente a un estado de cosas que asegura lo ajustado a derecho del proceso que ha de concluir con una decisión.
De otra parte, y tocando tangencialmente una crítica a aquella interpretación armoniosa planteada, debe repararse en que el artículo 338 inciso 6to. del mismo cuerpo legal no parece entregar una forma de abordaje del juicio que permita sortear en forma extensa las reglas básicas de la oralidad, pues emerge claramente de su letra que el acuerdo probatorio puede aplicarse sobre “aspectos” -de allí que no pueda ser de un todo-, y siempre y cuando no implique renuncia de derechos constitucionales.
Así es que, retomando esta última premisa -hablo del respeto de los derechos fundamentales-, e ingresándola como otro límite a considerar en el razonamiento, nunca podría aceptarse la validez del traslado al proceso del allanamiento absoluto de los interesados en materia de prueba, pues en ese caso nos encontraríamos ante una palmaria violación de la innegable potestad que tiene todo imputado de controlar aquello en base a lo que se lo acusa -salvo, demás está decir, que se trate de un caso correccional y hubiese confesión; o de un juicio abreviado (art. 395 y cc. del C.P.P.)-.
Viene así a colación la línea doctrinal que transmite el máximo Tribunal Nacional a través del fallo “Benítez”, en cuyo texto se destaca que el imputado debe tener una oportunidad adecuada y apropiada para desafiar y cuestionar a un testigo o cualquiera que hubiera hecho declaraciones en su contra (se cita el fallo TEDH, caso Saidi vs Francia, Serie A, N° 261-C, sentencia del 20 de septiembre de 1994, entre otros).
También destaca la Corte en dicho precedente que “lo decisivo no es la legitimidad del procedimiento de incorporación por lectura -lo que más allá el nomen iuris sucedió en la especie-, el cual, bajo ciertas condiciones, bien puede resultar admisible, sino que lo que se debe garantizar es que al utilizar tales declaraciones como prueba se respete el derecho de defensa del acusado (cfr. TEDH, caso Unterpertinger vs. Austria, Serie A, N° 110, sentencia del 24 de noviembre de 1986, esp. Párr. 31)” -lo destacado me pertenece-.
Es entonces que, tomando como guía las consideraciones de la línea doctrinal destacada, la proyección de que en el caso de autos se hubiese arribado a una condena, conllevaría que ella habría estado fundada en prueba de cargo que la defensa ni el imputado hubiesen podido controlar, supuesto fáctico en el que se habrían visto afectadas garantías individuales que evidenciarían lo inadecuado de la autorización de resolver sin permitir la contradicción (cfr. artículo 8.2 de la C.A.D.H. y 14.3 del P.Y.D.C y P.).
Por lo demás, y doctrina de los actos propios mediante -de la que cabe aclarar que aunque nacida en el marco del principio de buena fe, no parece en el caso de autos ser su ausencia la generadora, empero los requisitos formales aparecen a la medida de los vaivenes de este proceso-, la articulación del acuerdo a instancia de quienes hoy recurren se muestra como un dato singular que generaría una desproporción en cuanto a oportunidades si ante algún vicio se optara por una nueva actuación de quien contribuyó a construir el cauce que hubiese desencadenado en una decisión inválida. Y esta suerte de regla de actuación parece, y ahora sí en una exégesis armoniosa, encontrar en el artículo 204 del ritual un lugar para considerar que la interacción en la causal determina los alcances de una eventual queja.
Por todo lo expuesto es que, en definitiva, propongo al acuerdo la confirmación del veredicto absolutorio criticado, pues a la par de carecerse de una confesión válida, la prueba reunida y sometida a consideración de la jurisdicción, no permite reconstruir los hechos de relevancia jurídico penal de la forma propuesta por los acusadores, apareciendo sino palmaria la ausencia de los elementos que deben componer el tipo culposo pretendido, al menos un claro marco de duda que impide por imperativo legal tener por superado el estado de inocencia que la Constitución y el Derecho Convencional asegura a toda persona. En consecuencia, y ante la primera cuestión sometida al acuerdo, voto por la AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTION: el Señor Juez Doctor Fernando Bellido dijo:
Que por compartir los fundamentos del voto que antecede, a los que adhiere, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION: el Señor Juez Doctor Diego Matias Grau dijo:
Atento al resultado que arrojó la primera cuestión corresponde, rechazar los recursos de apelación introducidos por el Señor Agente Fiscal y la particular damnificada, y en consecuencia, confirmar en lo que fue materia de impugnación el veredicto absolutorio pronunciado en estos autos respecto de Jorge Naún Malcoff, por el hecho que resultó objeto de acusación ocurrido el día 6 de julio de 2012 en la localidad de Villa Sarmiento, partido de Morón, sin costas. Así lo voto.
A LA MISMA SEGUNDA CUESTION: el Señor Juez Doctor Fernando Bellido dijo:
Por compartir lo precedentemente expuesto, votó en el mismo sentido. Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, expidiéndose la siguiente:
Por lo decidido en el Acuerdo que antecede, y citas legales que contiene, este Tribunal RESUELVE: Rechazar los recursos de apelación interpuestos por el señor Agente Fiscal y la señora Particular Damnificada juntamente con su letrado patrocinante, a fs. 431/433 vta. (fs. 454) y 434/440, respectivamente, y en cuanto fue materia de impugnación corresponde confirmar el veredicto absolutorio pronunciado en favor de JORGE NAUN MALCOFF, de datos personales obrantes en autos, cuya fotocopia autenticada luce a fs. 392/426, respecto del hecho que tuvo lugar el día 6 de julio de 2012 en la localidad de Villa Sarmiento, partido de Morón, sin costas. (Arts. 21 inc. 4, 421 párrafo segundo, 434, 439, 440, 441, 442 párrafo primero, 445 párrafo segundo, 530 y 532 del C.P.P.).
Regístrese copia de la presente. Notifíquesela al Señor Fiscal General Departamental y devuélvase esta causa al Juzgado que la elevara, quedando a cargo de la Secretaría del mismo, las notificaciones de rigor. A tal fin sirva esta resolución de atenta nota de envío. FIRMADO: DRES. DIEGO MATÍAS GRAU.
FERNANDO GABRIEL BELLIDO. JUECES DE CÁMARA. ANTE: DRA. MARCELA V. IACOBACCI. SECRETARIA.-----------------------------------------
Fin de la sentencia