Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-763/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa inter- puesta a fs. 37/41 vta. por el Sr. Alejandro Alberto Mallada contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: M-763/16-TSJ Sentencia N°: 1062 Actor: MALLADA ALEJANDRO ALBERTO Demandado: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 26/02/20 Texto:
TOMO XVII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1062 FOLIO Nº 3345 PROT. ELECT. TSS1001C.201
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 26 días del mes de febrero de dos mil veinte, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos: “MALLADA ALEJANDRO ALBERTO C/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº M-763/16-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 4º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión el Dr. Peretti dijo:
I. Que a fs. 37/41 vta., el Sr. Alejandro Alberto Mallada, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Silvia Cristina Riente, promueve demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz “…pretendiendo la anulación del Acuerdo N° 2069 de la Caja de Previsión Social con fecha 20 de agosto del 2015 y que fuera objeto de recurso de reconsideración con Alzada en subsidio, con resultado negativo mediante Decreto del Poder Ejecutivo N° 334/16, con lo cual ha quedado agotada la vía administrativa.” (cfr. foja 37). Todo ello para que se deje sin efecto lo resuelto en dichos actos administrativos y se le conceda la pensión que, considera, le corresponde por el fallecimiento de quien fuera su cónyuge, Sra. Beatriz Abal.- Refiere que con fecha 20/11/2014 falleció su esposa, quien era beneficiaria de la jubilación ordinaria otorgada por la Caja de Previsión Social (Beneficio N° 313.808). Por ello, en forma inmediata solicitó ante la Caja el beneficio de pensión -presentando en dicha oportunidad la documentación requerida-, el cual le fue denegado mediante el Acuerdo N° 2069 del 20 de agosto del 2015, por no acreditar las exigencias establecidas en la ley al efecto (cfr. foja 37 vta.).-
El rechazo lo fue por no acreditar el actor convivencia con la causante a la fecha de fallecimiento. Dice que el Organismo sustenta su decisión en que en el certificado de supervivencia del año 2011, la causante declaró como estado civil separada de hecho y a raíz de ello, en base a la previsión contenida en el artículo 76 inciso a) de la Ley Nº 1782 no hizo lugar a su pedido (cfr. foja cit.).-
Explica que: “...si bien y circunstancialmente los cónyuges han vivido en domicilios diferentes, esencialmente por cuestiones laborales y de educa-ción de los hijos, en principio, y luego los nietos, ello no obstó a que continuaran con el estado de familia con todas sus características esenciales y en cuanto a la cuestión que aquí nos ocupa las notas de indivisibilidad, oponibilidad e imprescriptibilidad […] En el aspecto económico la Sra. Abal contribuyó siempre con sus ingresos a las necesidades del Sr. Mallada, muy especialmente frente a las dificultades de su esposo en razón [de] una declaración de quiebra de la empresa que presidía que recién fue concluida mediante resolución de fecha 20 de noviembre de 2012 […] Si bien la causante pudo haber invocado una separación de hecho en su declaración jurada, ello no autoriza a una interpretación forzada de sus alcances y efectos: nunca manifestó la causante su voluntad de no volver a unirse con el Sr.
Mallada. Es fundamental establecer la diferencia entre una separación de hecho y una separación de hecho sin voluntad de volverse a unir. Ello porque el matrimonio Abal-Mallada, pese a sus esporádicas y circunstanciales separaciones de hecho siempre reanudó la convivencia y aún en las oportunidades que no cohabitaron ello no obstaba a que continuaran manteniendo un trato cariñoso y familiar...” (cfr. fs. 37 vta./38).- Seguidamente plantea la inconstitucionalidad de los artículos 8º y 76 de la Ley Nº 1782, puesto que en ellos, basó la accionada, su rechazo al beneficio perseguido por el actor. Como fundamento de esta pretensión esgrime que existe una prevalencia en la jurisprudencia que obliga a examinar la culpa en la ruptura del vínculo matrimonial y en base a éste se decide si corresponde o no la pensión.
Básicamente, únicamente el cónyuge culpable en la separación pierde el derecho, mientras que el inocente lo conserva. Así es que considera que se halla amparado por la presunción de inocencia en la separación y quien invoca lo contrario debe probarlo. Por otro lado, refuta, también, el otro fundamento utilizado para rechazar el beneficio, este es que el reclamante, no percibía alimentos de la causante (v. Decreto 334/16 a fs. 33/35) porque, según dice, dicho deber deriva del vínculo conyugal y no de la cohabitación. Concluye su argumentación señalando que, a su entender, se ha violado el principio de legalidad, porque al derogarse en el nuevo Código Civil y Comercial “…el régimen de divorcio incausado, la violación al deber de cohabitar no daría lugar a sanción alguna.
En otras palabras y como contracara de la misma moneda, al desaparecer la causal de divorcio culpable de abandono voluntario del régimen actual, el deber de cohabitación no generaría ningún efecto ante su incumplimiento y por lo tanto, queda inexorablemente en el plano axiológico o moral...Esta es la única interpretación posible en el contexto del Código fundado, entre otros principios, en el de autonomía y libertad, de conformidad con la manda del artículo 19 de la Constitución Nacional...El CC y C regula el deber alimentario de los cónyuges separados de hecho; por ello es evidente que la normativa previsional está en franca contradicción con el mismo y de allí resulta su inaplicabilidad y debe ser objeto de reforma.
En tanto ello no ocurra su aplicación deviene inconsti-tucional…” (cfr. foja 40).- Fundamenta también la inconstitucionalidad en lo que a su modo de ver sería una violación a la seguridad jurídica, que se configuraría porque “El reglamento impugnado al dejar librado al exclusivo arbitrio [de] la autoridad administrativa la determinación de la procedencia o improcedencia del derecho de pensión por viudez con parámetros meramente subjetivos vulnera claramente la seguridad jurídica […] El acto impugnado, ha sido dictado por [la] CPS y resuelto con absoluta prescindencia de las normas legales y constitucionales aplicables, resulta -además- manifiestamente arbitrario e irrazonable, vulnerando los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional.” (cfr. foja 40 y vta.).- Finalmente, denuncia en este acápite, violación al derecho de propiedad que, a su entender, se configuraría al exigir a la autoridad administrativa, recaudos que van más allá de las previsiones legales, basadas en su sola voluntad (cfr. fs. 40 vta./41).-
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal (cfr. foja 41 y vta.).-
II. A fs. 68/71 la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz contesta demanda. Comienza negando en lo general y luego porme-norizadamente los hechos y el derecho invocados por la actora y desconoce la documental por ésta adjuntada.-
A continuación da su versión de los hechos, haciendo inicial referencia al carácter del régimen de jubilaciones y pensiones provinciales, destaca la universalidad y solidaridad del sistema, de allí la necesidad de velar por su preservación financiera. La accionada es quien tiene como premisa a su cargo la estabilidad y sustentabilidad financiera del sistema previsional público (cfr. foja 69 vta.).-
En lo que respecta al concreto reclamo de autos, dice que el rechazo se basó en el artículo 76 de la Ley Nº 1782, que niega el derecho cuando el reclamante se encuentra en la situación del Sr. Alejandro Alberto Mallada. Transcribe el artículo referido y explica que: “...el derecho de pensión es una prestación que el sistema de la seguridad social le reconoce a los causahabientes, cuando ocurre la muerte de la persona a cuyo cargo se encontraban o de quien contribuía a la economía familiar. La explicación está en que el deceso ocasiona la privación de los ingresos con que subsistían quienes eran mantenidos por el o la causante, de allí que el sistema previsional está obligado a sustituir ese ingreso con el beneficio pensionario […] Por ello, ante la clara discordancia de domicilios, situación ratificada por el carácter de separada de hecho que ha denunciado la propia causante, destierran aquella idea de grupo familiar y de necesidad de sustituir un ingreso. Por el contrario, ha llevado a la convicción de esta Caja como de la máxima instancia del Poder Ejecutivo, de la existencia de una separación de hecho… que impiden toda concesión pensionaria […] La misma accionante admite en ciertos párrafos de su relato esta circunstancia, esto es que entre ambos se habría producido una separación de hecho, aunque forzadamente intenta minimizarlo o relativizarlo.” (cfr. foja 70 y vta.).- Ofrece prueba y funda su derecho (cfr. fs. 70 vta./71).-
A foja 73 y vta. contesta vista el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictamina que: “…es formalmente admisible la demanda instau-rada...”, pudiendo ingresar este Alto Cuerpo al conocimiento de las actuaciones.-
A foja 75 se ordenó la apertura a prueba de la causa y puestas las presentes actuaciones a disposición de las partes para alegar, hizo uso de ese dere- cho la actora a fs. 161/162 y la demandada a fs. 157/159 vta..-
A foja 163 se llamó autos para sentencia, pasando a estudio a foja 164.-
III. En primer lugar deberá atenderse el planteo de inconstitu-cionalidad de los artículos 8º y 76 inciso a) de la Ley Nº 1782, formulado a fs. 38 vta./41, pues ha sido, en dicha normativa, en la cual ha basado la accionada su dene-gatoria y consecuentemente, de prosperar esta pretensión, será innecesario atender a las demás pretensiones.-
El artículo 8º prevé que el derecho para las pensiones será el vigente a la fecha de la muerte del causante y el artículo 76 inciso a), en lo que interesa, que no tendrá derecho a pensión el cónyuge supérstite, separado de hecho, a menos que hubiera estado recibiendo alimentos del causante. Ahora bien, el actor no explica, siquiera mínimamente, como es que los artículos citados vulneran la Consti- tución Nacional.-
Tal como se reseñara supra, el Sr. Alejandro Alberto Mallada acusa, en sustento de la declaración de inconstitucionalidad que propugna, violación de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y derecho de propiedad. Ahora bien, la lectura de la formulación desnuda una vaga y genérica mención de los derechos, emanados de la Carta Magna, supuestamente violados, exhibiendo una manifiesta carencia de fundamentos que la tornan inhábil para el fin que persigue; toda vez que resulta indispensable precisar de que modo las normas impugnadas habrían quebran-tado las garantías constitucionales cuya tutela se procura.- Este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho, ante plantea-mientos como el que estamos analizando: “En cuanto, a la alegada violación de principios y garantías que emanan de la Constitución Nacional, no podemos soslayar que el recurrente sólo se ha limitado a enumerar artículos que considera violados sin explicar, de qué manera el fallo de cámara produjo esa violación. No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar un planteo en tal sentido. Este Tribunal en reiteradas oportunidades ha puntualizado que ‘...la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio...’ (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156). De la reseña efectuada, surge que el libelo recursivo carece de fundamentación suficiente y los escasos argumentos brindados no han sido acabadamente relacionados con los hechos de la causa, limitándose a ser meras expresiones dogmáticas desvinculadas del proceso.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594).- En síntesis, el éxito de una impugnación de carácter consti-tucional requiere, necesariamente, la exposición del modo en que la norma cuestio-nada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas, tarea que ha omitido por completo el actor.-
Tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación reiterada-mente ha señalado: “...la declaración de inconstitucionalidad es un acto de gravedad institucional que debe ser considerada como la ultima ratio del orden jurídico (Fallos 288:325; 292:190; 302:457). Por su parte, el control de constitucionalidad que incumbe a los tribunales no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (Fallos 300:642), puesto que existiendo la facultad de legislar en el Congreso, corresponde a éste apreciar las ventajas e inconvenientes de las leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiere obrado el cuerpo legislativo ajeno al Poder Judicial, que no tiene misión sino para pronunciarse de conformidad a lo establecido por la ley, y aun en la hipótesis de que se arguyera o pretendiera que la ley es dura o injusta (Fallos 68:238).” (cfr.
“Galíndez Nicolás Emanuel c. Ministerio Público Fiscal de la Nación s/ amparo ley 16.986”, 09/11/2017, www.informaciónlegal.com.ar.. Cita Online: AR/JUR/78743/2017). De allí proviene la mayor exigencia en torno a los requisitos que debe observar quién procura la declaración de inconstitucionalidad de una norma.- Si bien con lo expuesto precedentemente existe razón suficiente para rechazar la inconstitucionalidad, a mayor abundamiento vale la pena acotar que la restricción impuesta por la norma local para el otorgamiento de pensiones (cfr. art. 76 de la Ley Nº 1782) no se presenta como incompatible con la Constitución Nacional. Sabido es que todos los derechos se subordinan, en principio, a las leyes que los reglamentan (cfr. art. 14 C.N.) y lógicamente, no está excluida de esa reglamentación el derecho a pensión del cónyuge supérstite, en el contexto de armonizar, con razonabilidad y equidad, la extensión del beneficio y la sustenta- bilidad del sistema previsional.
En el ordenamiento jurídico nacional no existen derechos absolutos, es decir, insusceptibles de adecuada, prudente y razonable reglamentación (CS, Fallos 257:275; 258:364) (cfr. CCiv. y Com. Azul, Sala II, Leveroni Virginia G. c. Olazábal, Ramón D. y otros”, 28/08/2001, www.información-legal.com.ar.. Cita Online: AR/JUR/2339/2001).- Conteste con los lineamientos descriptos, este Tribunal Superior de Justicia ha señalado “...que un derecho puede ser reglamentado por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, deben estar claramente previstas en ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de necesidad y proporcionalidad entre la restricción y el bien que con ella se pretende tutelar.” (cfr.
Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 592, Folio 3399/3406). Reiterando entonces, que excluir del beneficio pensionario al cónyuge supérstite que se encon-traba separado de hecho de la causante, al tiempo del fallecimiento, no resulta una limitación irrazonable al derecho.- En cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 8º de la Ley Nº 1782, debemos añadir a lo ya señalado precedentemente, que el accionante además de no explicar siquiera mínimamente como es que la norma citada agravia la Consti-tución Nacional tampoco ha expresado cual es el perjuicio que concretamente le cau-sa.-
Por lo expuesto precedentemente, cabe concluir que la incons-titucionalidad planteada respecto a los artículo 8º y 76 de la Ley Nº 1782 debe ser desestimada.-
IV. El Sr. Alejandro Alberto Mallada, interpuso esta acción contencioso administrativa, tendiente a obtener se declare la nulidad del Acuerdo N° 2069 de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz de fecha 20 de agosto de 2015 y del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 334/16 que decidió el recurso de reconsideración con alzada en subsidio que interpuso contra el primero, negándole en ambos instrumentos el derecho a pensión que considera le corresponde a raíz del fallecimiento de su cónyuge Sra. Beatriz Abal. Su pretensión final es que se ordene dictar un nuevo acto administrativo que disponga el pago del beneficio que reclama.- A su turno la accionada justifica su negativa arguyendo que la causante, al momento de su fallecimiento, se encontraba separada de hecho del actor. Tal circunstancia, dice, fue manifestada por la propia Sra. Beatriz Abal y, además, agrega, se encuentra demostrado que vivían en domicilios distintos.-
En definitiva, la controversia gira en torno a determinar si le corresponde o no el beneficio de pensión al actor, a raíz del deceso de quien fuera su cónyuge. La norma que gobierna en la materia es la Ley Provincial Nº 1782 -y sus modificatorias-, en este particular caso el artículo 76 inciso a) que es aquel en cuyo mérito fue rechazada la pretensión del Sr. Alejandro Alberto Mallada.-
Expresa el mentado artículo, cuya constitucionalidad ya fue aprobada en el anterior considerando: “...No tendrán derecho a pensión: a) El cónyuge separado de hecho o que por su culpa o culpa de ambos, estuviere divorciado o separado legalmente al momento de la muerte del causante, salvo que el causante hubiere estado contribuyendo, mediante sentencia judicial, al pago de alimentos al supérstite...”.-
No es necesario emprender una esforzada labor hermenéutica cuando de la letra de la ley surge indubitable lo que ella quiere decir. Así también lo dispone el Código Civil y Comercial que en su artículo 2° edicta que, en primer lugar la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras. Estas previsiones se aplican a la norma transcripta, de la cual surge evidente que mediando separación de hecho se pierde el derecho a pensión, sin importar si hubo culpa de uno o ambos en dicha separación y sólo podrá acceder al beneficio el cónyuge supérstite si el causante por sentencia judicial le pagaba alimentos. La separación de hecho de los cónyuges es una causal objetiva de pérdida del derecho pensionario salvo que exista un derecho alimentario a su favor (cfr.
Amanda L. Pawlowski de Pose, “¿La separación de hecho constituye causa de pérdida del derecho pensionario?”, www.informaciónlegal.com.ar.. Cita Online: AR/DOC/3436/ 2005).- Debe tenerse en cuenta, dada la finalidad tuitiva y sustitutiva del derecho a pensión, propia de toda tutela previsional que resulta un requisito relevante para establecer el derecho a pensión del cónyuge divorciado o separado de hecho -con el fin de mantener la misma situación de la que gozaba en vida del causante- acreditar la preexistencia de una real prestación alimentaria (cfr. Cámara Contenciosoadministrativa de 1a Nominación de Córdoba, “Perafan, Eulogia Emma c. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba s/ plena jurisdicción”, 03/06/2014, www.informaciónlegal.com.ar..
Cita Online: AR/JUR/39068/2014).- Dado la remisión a la norma nacional (cfr. art. 1° inc. a) de la Ley Nº 17.562, modificado por Ley Nº 23.263) que el peticionario realiza (cfr. foja 39 vta.), debe aclararse que para la ley provincial, a diferencia de aquella, la sola separación de hecho hace perder el derecho a pensión, sin importar, como en la nacional, si ella se produjo por culpa de uno o de ambos cónyuges. De manera tal que son inconducentes los planteos en torno a la culpa de los cónyuges en la separación que introduce el actor; quien refiere a su falta de culpa en la separación, lo cual, amén de que no ha sido demostrado, resulta intrascendente en el ámbito provincial, aún cuando acreditase la culpabilidad de la causante.- En efecto, de la atenta lectura de la norma local (transcripta), surgen dos supuestos de denegatoria del beneficio: por una parte, los separados de hecho, y por la otra, los divorciados o separados legalmente por su culpa o culpa de ambos, siempre y cuando el causante no estuviere contribuyendo con el pago de alimentos al posible beneficiario.
La segunda causal exige para su configuración el elemento subjetivo de la atribución de culpa en la separación o el divorcio, empero no ocurre lo mismo con la primera en donde la circunstancia objetiva de la separación de hecho es suficiente para excluir al cónyuge supérstite como beneficiario del derecho a pensión. Es decir que según las normas citadas, para el órgano previsional provincial sólo es necesario acreditar los supuestos fácticos de la separación de hecho y la no prestación alimentaria, sin que interese la atribución de culpa. Esto último es lo que acontece en autos.-
V. Con las premisas reseñadas precedentemente, es oportuno señalar que la denegatoria de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, se basó en lo manifestado por la causante Sra. Beatriz Abal quien en el certifi-cado de supervivencia del año 2014 (cfr. foja 61 del Expte. Administrativo N° 254639/15), declaró que se encontraba separada de hecho del Sr. Alejandro Alberto Mallada. Asimismo observa el ente previsional que no vivían en el mismo domicilio pues del certificado de defunción de la primera surge como domicilio el de la calle Julio Argentino Roca N° 909, Dpto. 2, de la localidad de Gobernador Gregores, Provincia de Santa Cruz, mientras que el del segundo sería en la calle Alberdi N° 463 de la misma localidad (todo lo cual se desprende del Expte.
Administrativo N° 254639/15, donde tramitó la pensión solicitada por el aquí actor). Correspondía entonces al accionante desvirtuar dichas pruebas, demostrando que convivía con la causante al tiempo de su muerte o que a esta última, por sentencia judicial, le pagaba alimentos.- Ahora bien, de la demanda surge que el accionante no ha presentado ninguna constancia fehaciente para demostrar la inexactitud de la reso-lución cuya nulidad persigue. En efecto no ha aportado evidencia objetiva que permita verificar certeramente que convivía con la causante al tiempo de su falleci- miento o que ésta le pagara alimentos. Sólo se ha limitado a manifestar que si bien vivían en distintos domicilios, continuaban con el estado de familia con todas sus características, mostrando como ejemplo que pasaban las fiestas juntos, así como también los cumpleaños de sus hijos y nietos entre otras cosas que, dice, hacían juntos.
Añade que cuando tuvo problemas económicos la causante aportó para su subsistencia. Asimismo agrega documentación que acredita que mantuvieron y ad-quirieron bienes en común luego de su separación. En este sentido obran en autos constancias de adicionales de tarjeta de crédito de la causante a favor del demandante (cfr. fs. 16 y 18), la adquisición de un automóvil (en el año 2014) por la Sra. Beatriz Abal en la cual se declara casada con el actor (cfr. foja 17 y vta.), certificación que ambos quedaron a cargo de sus nietos, cuando su hija se ausentó del domicilio (cfr. foja 10), declaración jurada del actor, donde expresa que convivió con la causante hasta su muerte (cfr. foja 24), documento en el cual esta última designa al Sr.
Alejandro Alberto Mallada como beneficiario de un plan de Autocredito S.A. (cfr. fs. 49/50 vta.), la titularidad conjunta de una cuenta en el Banco Santa Cruz (cfr. fs. 94/99), factura del teléfono del domicilio de la Sra. Beatriz Abal que muestra que éste se hallaba a nombre del actor (cfr. foja 29), contrato de locación de un inmueble en la localidad de Bahía Blanca en el cual la causante figura como locataria y el actor -como representante de la empresa Estancia Manuel Espejo S.A.- suscribe como fiador, el 31 de octubre de 2014 (cfr. fs. 102/104). Por otro lado, a fin de acreditar sus vicisitudes económicas, ofreció como prueba resoluciones que acreditan que la firma que integraba, Cuericar S.A., fue concursada y finalmente quebró y que pesó sobre el reclamante inhibición general de bienes, la que fue levantada el 18 de marzo de 2013 (fs. 106/114 y fs. 122/129 vta.).
Esta circunstancia, dice, fue la que motivó que la causante tuviera que ayudarlo para su subsistencia. A fs. 130/131 incorpora instru-mento del cual surge que fue declarado heredero de la Sra. Beatriz Abal.- Del análisis de la prueba colectada en autos no surge que el reclamante haya logrado demostrar en forma clara, precisa y contundente que se encuentre dentro de los extremos que exige la ley para conceder el beneficio que pretende. Ningún elemento, de los aportados por la actora, alcanza para desvirtuar las conclusiones a las que se arribó en las actuaciones administrativas. Tampoco ha acompañado instrumentos de las características que exige la ley que corroboren la asistencia alimentaria alegada.-
Sobre este último aspecto, vale la pena destacar que del con-trato de locación agregado a fs. 102/104, el cual el Sr. Alejandro Alberto Mallada suscribe como fiador, lo hace en nombre de una Sociedad Anónima, de la cual resulta ser su representante legal, la cual, además fue aceptada como garante por el locador, lo que permite presumir la existencia de un patrimonio con el cual hacer frente a la obligación asumida.-
Como corolario de lo examinado, el análisis de las pruebas producidas en autos de conformidad con las reglas de la sana crítica, no logran desvirtuar los argumentos que justificaron el dictado de las resoluciones adminis-trativas impugnadas. Cabe entonces concluir que el Acuerdo N° 2069/15 y el Decreto N° 334/16 no contienen vicio alguno que torne procedente su nulidad, y por ende, la demanda no puede prosperar.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma negativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto del Dr. Enrique Osvaldo Peretti.-
A la segunda cuestión el Dr. Peretti dijo:
Atento la forma en que me he pronunciado respecto de la Pri- mera Cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 37/41 vta. por el Sr. Alejandro Alberto Mallada contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz; imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; teniendo presente la reserva del caso federal efectuada por el actor a fs. 41 vta., y difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al pronunciamiento propuesto por el Dr. Enrique Osvaldo Peretti.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 26 de febrero de 2020.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y de la Sra. Presi- denta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa inter- puesta a fs. 37/41 vta. por el Sr. Alejandro Alberto Mallada contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
3. Difiriendo la regulación de honorarios de la letrada intervi-niente -por la actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta-, Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1001C.201 Tomo: XVII Sentencia: 1062 Folio N°: 3345/3350 Secretaría: 1
Fin de la sentencia