Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 112708
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas.
II. Casar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 5 de Quilmes – a nivel de la calificación legal y la pena impuesta-; y condenar a Pablo Leonardo Mallol, por resultar autor del delito de homicidio, a la pena de doce (12) años de prisión, manteniendo el resto de las declaraciones de la sentencia.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22, de la Constitución Nacional;
8.2.h., de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 45 y 79, del Código Penal; 209, 210, 211, 371, 373, 450, 454, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Fernando Luis María Mancini (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 112708 caratulada “MALLOL PABLO LEONARDO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – MANCINI.
I. En lo que aquí interesa destacar, el Tribunal Criminal n° 5 de Quilmes, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de septiembre de 2019, condenó a Pablo Leonardo Mallol a la pena de quince (15) años de prisión, por resultar autor del delito de homicidio agravado por la intervención de una persona menor de edad (arts. 41 quater, 45 y 79, Cód. Penal).
II. La defensa de Pablo Leonardo Mallo interpuso recurso de casación.
En primer término se agravió por dos decisiones que adoptó el tribunal durante el debate, contra las cuales formuló protesta de recurrir ante esta instancia (art. 429, CPP.).
Explicó la letrada que el día del inicio del juicio, al ingresar a la sala de audiencias, observó que había colgada una bandera de gran tamaño (en la que se veía una imagen de una de las víctimas del suceso), la cual se encontraba “extendida frente a los tres jueces”, y a la vez “a la vista de todos y cada uno de los testigos que ingresaba a declarar”.
Acompañó a su presentación recursiva una fotografía (en blanco y negro) de la bandera y del lugar en el que fue colgada. Ante ello, como cuestión preliminar, la letrada solicitó el retiro de la bandera “a los fines de garantizar a mi defendido un debido proceso”.
Expresó la defensa que su petición fue contestada por la magistrada que ejercía la presidencia del tribunal, quien le expresó que la bandera “...le permitía a ella tener presente el rostro de la víctima…”, resolviendo el órgano jurisdiccional por unanimidad rechazar la petición de la defensa.
Ante esa decisión formuló protesta de recurrir ante esta instancia, expresando en la presentación recursiva en trato, que se ha “violado una garantía constitucional”, razón por la cual hizo reserva de caso federal.
Por otro lado, la defensa relató la incidencia ocurrida durante la declaración testifical de Martín Paredes. Explicó que la fiscalía le solicitó al testigo que diga si los dos imputados “eran los que efectivamente habían participado de la pelea en la cual había fallecido Gómez”, pregunta a la que se opuso la letrada defensora, por entender que “los reconocimientos en la Sala de Juicio no están permitidos”, invocando la norma establecida en el art. 362 del ordenamiento adjetivo.
El tribunal no aceptó la oposición de la defensa, señalando que el reconocimiento que había realizado el testigo se tomaría “como parte de su testimonio”.
Alegó la defensa que la afirmación del tribunal no es cierta, “porque el testigo no había hecho un señalamiento espontáneo sino que señaló a los dos imputados por pedido expreso de la Fiscalía”.
Seguidamente, la impugnante desarrolló tres motivos por los que se agravió del veredicto y de la sentencia condenatoria dictada respecto de su asistido.
En el primero de ellos planteó la inobservancia de las reglas contempladas en los arts. 210 y 373 del ordenamiento adjetivo.
En esa dirección, detalló el contenido de las declaraciones de tres de los testigos que declararon en el juicio (integrantes del grupo de jóvenes entre quienes se encontraba la víctima fallecida), a partir de lo cual la letrado afirmó que lo expuesto “por los propios amigos de Gómez permite saber que todo comenzó por lo que Gómez le dijo a una de las chicas del otro grupo. También esos amigos coinciden en que Avalos se sacó la remera incitando la pelea”.
Por tal motivo, consideró errada la conclusión probatoria a la que arribó el tribunal, en cuanto entendió demostrado que “un grupo de jóvenes acomete contra Lucas Agustín Gómez y sus amigos”, cuando la prueba antes mencionada indica (desde su punto de vista) que quienes incitaron a la pelea fueron Lucas Agustín Gómez y Abel Avalos.
Luego, la defensa continuó con el detalle de la prueba testifical rendida en el juicio, y una vez concluida esa descripción, criticó la actuación que le cupo a la fiscalía durante el juicio, por haber convocado a testificar al oficial de policía Rubén Darío Banegas.
En ese orden de ideas, expuso que a raíz de que los testigos “mencionaban a los que participaban en la pelea por sus vestimentas sin saber la identidad de cada uno de ellos”, la fiscalía convocó al oficial Banegas para que “tres años después, afirmara cómo estaban vestidos el día del hecho cada uno de los hoy imputados”.
Alegó la asistencia técnica de Pablo Mallol, que es “ridículo pensar que ese policía no fue preparado por la fiscalía para que, no más sentarse frente al Tribunal para declarar, ´en forma espontánea´, es decir, sin que nadie le preguntara nada abriera la boca y dijera ´...el de campera blanca era Gimenez y el de campera roja era Mallol...´. Imposible que esa información, así, con colores y nombres de los imputados, con esa precisión y con ese ritmo de verso aprehendido, la pudiera haber brindado alguien que no hubiera sido encomendado en forma expresa a la tarea de aportar esa información…”.
Por esas razones, concluyó en que la declaración del oficial Banegas “jamás puede ser considerado un testimonio apto”, agregando que ese elemento fue el que valoró el tribunal para tener por demostrado que el acusado era el sujeto que vestía “campera roja”, apartándose de las reglas de valoración probatoria contemplada en los arts. 210 y 373 del ritual. En segundo lugar, la defensa denunció la inobservancia del art. 95 del Código Penal.
En este punto, planteó que la prueba rendida en el juicio no fue suficiente para poder establecer quién le aplicó a Lucas Agustín Gómez el puntazo con el cuchillo que le provocó la muerte.
Destacó el testimonio de uno de los testigos presenciales del hecho, Martín Paredes (integrante del grupo entre quienes se encontraban las víctimas), en tanto el nombrado expresó que fueron dos sujetos los que lesionaron a Lucas Agustín Gómez con un arma blanca, “el de campera blanca” (Sergio Daniel Giménez Sosa) y “el de campera roja” (Pablo Leonardo Mallol).
En ese orden de ideas, hizo hincapié en el testimonio de la médica que realizó la autopsia, doctora Cecilia Botella, quien expresó que si bien la víctima presentaba muchas heridas, una sola fue la que le provocó la muerte.
Por tales motivos, concluyó el impugnante que no se demostró “cuál de los dos, si Jimenez o Mallol, fue el que con su accionar causó la herida que llevó a Gómez a la muerte”.
De allí que planteó que en el caso se encuentran reunidos los presupuestos de la figura contemplada en el art. 95 del código sustantivo (homicidio en riña), solicitando en consecuencia la modificación del encuadre legal establecido en la sentencia (homicidio simple, art. 79, Cód. Penal).
En tercer lugar, la defensa consideró que la agravante contemplada en el art. 41 quater del Código Penal fue erróneamente aplicada, por tres motivos.
Por un lado, sostuvo que no fue debidamente acreditada la edad de la persona señalada como menor, en tanto no se contó con la partida o certificado de nacimiento, invocando el art. 79 del Código Civil Por otro lado, señaló que la aplicación de la agravante exige la demostración del conocimiento por parte del mayor de la edad de la persona menor de edad “interviniente” en el hecho, y ese requisito tampoco estaría cumplido en este caso.
Por último, planteó que para la procedencia de la agravante debía demostrarse que el acusado, Pablo Leonardo Mallol, actuó “con la finalidad de descargar su responsabilidad en un menor”, citando jurisprudencia en apoyo de su posición, y esgrimiendo que este extremo tampoco se demostró.
En función de todo lo expuesto, solicitó que se absuelva a su asistido, y en subsidio, que se modifique el encuadre legal establecido en la sentencia.
III. Radicado el recurso en la Sala, se notificó a las partes (fs. 42/vta.).
El señor fiscal ante esta instancia postuló el rechazo del recurso deducido por la defensa, por las razones que desarrolló en la presentación electrónica del 19 de octubre de 2021.
El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral expresó:
I. En primer término, corresponde abordar el agravio desarrollado por la defensa en el inicio de su presentación recursiva, vinculado con la incidencia ocurrida en la apertura del debate, oportunidad en la cual la defensa solicitó el retiro de una bandera que había sido colocada en la sala de audiencias (con la imagen de una de las víctimas, Agustín Gómez), petición a la que el Tribunal de la instancia, por unanimidad, no hizo lugar.
En este punto, interesa destacar por un lado, que en la presentación recursiva en trato la letrada defensora le adjudica a la presidenta del tribunal una respuesta que no consta en el acta de debate, y ante la ausencia de un registro audiovisual del juicio, el análisis del planteo debe realizarse en función de las constancias que surgen del acta aludida. De allí se desprende que los colegas de la instancia no encontraron motivo alguno para presumir, que los testigos que comparecieran al juicio pudieran verse afectados por la existencia en la sala de una bandera con la imagen de una de las víctimas.
También interesa destacar, que si bien la parte recurrente aportó una fotografía del lugar de la sala de audiencias donde se colgó la bandera, las características de la imagen acompañada (en blanco y negro) sólo permiten un conocimiento parcial de la situación en la que la impugnante apoya su reclamo.
A ello se le suma que este Tribunal sólo cuenta con las constancias del acta del debate (como se dijera, no hay registro audiovisual del juicio), documento que por sus propias características no contiene información que permita superar las dificultades de apreciación de una situación como la denunciada, para quienes no estuvieron presentes durante el desarrollo de la audiencia.
En ese contexto, no puede pasarse por alto la escasez de argumentos desarrollados por la defensa para avalar la procedencia de su reclamo.
En efecto, del recurso en trato sólo surge una descripción de la incidencia planteada al inicio del juicio, sin ningún otro agregado que permita conocer a este Tribunal revisor, de qué manera la decisión cuestionada importó la afectación de la garantía constitucional del debido proceso.
Tal deficiencia resulta decisiva a la hora de concluir en la improcedencia del planteo, en tanto la sola invocación de una situación como la denunciada (la colocación de una bandera en la sala de audiencias) no resulta demostrativa de un vicio que conlleve la descalificación de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional.
II. Seguidamente, se abordarán el agravio planteado por la defensa, mediante el cual cuestionó la conclusión probatoria a la que arribó el órgano juzgador, por entender que el razonamiento esbozado en el veredicto resultó arbitrario.
En esa dirección, interesa destacar que el tribunal de la instancia, luego de celebrado el debate, tuvo por comprobada la siguiente materialidad infraccionaria: “el día 25 de abril de 2016 siendo las 6.30 hs aproximadamente, Lucas Agustín Gómez se encontraba junto a Abel Avalos y otros dos sujetos masculinos en la estación de servicio Shell, sita en la intersección de las calles Cravioto y Calchaquí de Quilmes Oeste, cuando acometen contra ellos un grupo de jóvenes luego identificados como Carlos Catriel Mallol, Pablo Leonardo Mallol, Sergio Daniel Gimenez, Daiana Gimenez, Mariel Gimenez y Agustina Belén López (menor de edad). El masculino que vestía campera blanca (identificado como Sergio Gimenez) asestó una puñalada en el sector izquierdo de la espalda de Abel Avalos con claras intenciones de darle muerte para luego entre todos los sindicados comenzar a golpear violentamente a Lucas Agustín Gómez efectuándole fuertes patadas en la cabeza mientras el mismo se encontraba en el piso, momento en que Sergio Giménez prestó una colaboración esencial al entregarle el cuchillo a quien llevaba una campera roja (más tarde identificado como Pablo Leonardo Mallol) quien con el evidente propósito de ocasionarle la muerte le aplicó un puntazo en el pecho a Gómez provocando el deceso de éste, siendo aprehendidos los sujetos a pocos metros del lugar del hecho, encontrándose en poder de Pablo Leonardo Mallol un cortaplumas con empuñadura negra con hoja de 12 cm de largo por 2 cm de ancho y una hoja de acero inoxidable la que tenía manchas hemáticas”.
III. El tribunal de la instancia tuvo por comprobada la materialidad infraccionaria descripta, y la intervención que se le adjudicó a Pablo Leonardo Mallol, luego de ponderar la prueba rendida en el juicio, que estuvo integrada por los siguientes elementos.
En primer lugar, los testimonios de Abel Avalos, Oscar Hugo Castillo y Martín Paredes. Los tres nombrados se encontraban junto a Lucas Agustín Gómez en el momento en el que se produjo la discusión con el grupo que integraba el acusado Mallol junto a Sergio Daniel Giménez Sosa (condenado en el mismo pronunciamiento), Carlos Catriel Mallol, y tres personas del sexo femenino, entre ellas Agustina Belen López (menor de edad).
Los testigos mencionados en el párrafo anterior describieron el inicio de la discusión que enfrentó a los dos grupos de jóvenes, y explicaron quiénes intervinieron en la gresca, individualizando a sus contrincantes por las prendas de vestir. De sus declaraciones resulta razonable inferir que Abel Avalos se enfrentó a Sergio Daniel Giménez (quien vestía una campera blanca), Lucas Agustín Gómez se enfrentó a Pablo Leonardo MallolI (quien vestía una campera rayada, en la que se destacaba el color rojo), mientras que Oscar Hugo Castillo se enfrentó a Carlos Catriel Mallol (quien vestía una campera camuflada); permaneciendo Martín Paredes en estado de shock, sin intervenir en la gresca. Testificaron en el juicio otras personas que, por diversas razones, se encontraban en la estación de servicio donde se produjeron los acontecimientos, o en las cercanías de ese establecimiento, tratándose de Federico Ariel Carrizo (quien cargaba combustible en la estación de servicio), Julio Alberto Galeano y Gustavo Ariel Galeano (quienes trabajaban en un puesto de diario ubicado enfrente de dicho establecimiento), y Gustavo Nicolás Galeano (empleado de la estación de servicio).
También declaró en la audiencia Jonatan Lodolo, quien prestaba servicios de policía adicional en la estación de servicio. El nombrado observó la gresca e intervino para separar a los jóvenes (utilizando gas pimienta), luego de lo cual fue informado que había una persona que había resultado herida con un arma blanca.
A partir de allí, el oficial Lodolfo detalló la secuencia que culminó con la aprehensión de – entre otros- Pablo Leonardo Mallol, en los siguientes términos: “(…) Uno le dice ´yo los vi para dónde fueron´, se sube al auto que se acercó, un Clío con un amigo de este chico, salen a Calchaquí, hicieron una cuadra, antes cuando salió del baño vio un chico con un buzo rayado, encima del problema, en actitud agresiva. Bajan por Calchaquí, ven una remisería, de la Shell casi cien metros para el norte, ven al de rayado con dos chicas, pide móvil de apoyo, baja, da la voz de alto policía, llega el móvil de apoyo, requisan en presencia del dueño del auto y del muchacho y el de buzo rayado tenía una navaja en el bolsillo del pantalón. Los aprehenden a los dos masculinos, uno de buzo rayado y otro algo clarito. Uno de los chicos le dijo que uno había estado en el problema, se acuerda del de buzo rayado. La navaja se la secuestró al de buzo a rayas…”.
Por último, fue valorado el testimonio de Rubén Darío Banegas, jefe de judiciales de la seccional con jurisdicción en el lugar, quien describió la vestimenta que tenían los dos jóvenes aprehendidos, “Gimenez con campera blanca con vivos celestes con manchas hemáticas y pantalón de jean. Mallol Pablo con campera bordó rayada y pantalón jean, ambas camperas con manchas hemáticas las que fueron secuestradas”. Reconoció el testigo su firma en el acta de fs. 83.
Por otro lado, el tribunal tuvo en consideración distintas evidencias incorporadas por lectura al debaten.
Entre ellas, cabe destacar el informe de autopsia, cuyas conclusiones fueron las siguientes: “(…) Las lesiones sufridas ocasionaron una importante pérdida de sangre derivando en un shock hipovolémico y consiguiente paro cardiorrespiratorio. Cabe destacar que la herida cardíaca era de carácter mortal por sí misma con muy pocas chances de sobrevida, aun recibiendo tratamiento en tiempo y forma”.
En igual sentido, el contenido de distintas filmaciones obtenidas por cámaras ubicadas en las cercanías del lugar de los hechos, en las que se observaron las diferentes secuencias del enfrentamiento entre los dos grupos de jóvenes, más allá de que no se detectaron imágenes del momento concreto en el que la víctima recibió el puntazo con el arma blanca que le provocó la muerte.
También fue valorada la información que surgió de los peritajes químicos que se llevaron a cabo, con el objeto de cotejar las muestras de ADN de los involucrados en el hecho, con las manchas hemáticas que se detectaron en la navaja secuestrada, en la remisería donde se produjo la aprehensión de los acusados, y en las prendas de vestir, entre ellas “una campera color blanca marca Lotto con vivos negros (rotulada Sergio Daniel Giménez), una campera de algodón con rayas horizontales bordó, gris y negro (rotulada Pablo Mallol)…”.
En lo que aquí interesa destacar, el resultado de los cotejos fue el siguiente: “En la muestra identificada como Buzo M26 (mismo buzo según fs. 313vta.), perteneciente a Mallol, el perfil genético masculino hallado coincide con el perfil genético masculino hallado en la gasa navaja M1, Buzo M19, M21, M24 (Mallol), y el otro perfil de la mezcla coincide con el 50% del perfil genético analizada en la muestra sanguínea perteneciente a la madre alegada de la víctima de autos, con un índice de maternidad de 99,9& de la muestra tomada del buzo M26”.
El testimonio de Juan Carlos Barbozo fue incorporado por lectura, del que surge que se encontraba cargando nafta en la estación de servicio, junto a su amigo Federico Carrizo, en el momento en el que se produjo la gresca. Explicó que fue a buscar al policía que se encontraba en la estación, y en su automóvil trasladó al oficial hasta una remisería cercana donde se produjo la aprehensión de los agresores.
Por último, cabe destacar que los colegas de la instancia tuvieron en consideración las fotografías obrantes a fs. 158/159 de la causa principal (incorporadas por acuerdo de partes), en las que se podían apreciar las vestimentas que tenían el día del hecho los dos individuos aprehendidos. En la primera imagen mencionada, se advirtió que Pablo Mallol “vestía buzo a rayas horizontales de color verdes, rojas y negras y pantalón de jean, el que a simple vista presentaba manchas rojizas”.
IV. Ahora bien, con base en la prueba que fue sucintamente descripta en el apartado anterior, el tribunal tuvo por comprobada la materialidad infraccionaria sostenida por la acusación.
En esa dirección, fue destacado el testimonio de Martín Paredes, quien al no haber intervenido en la pelea (permaneciendo paralizado por el estado de shock en el que se encontraba), reveló cuáles fueron las circunstancias en las que uno de sus amigos resultó herido (Abel Avalos) y otro fallecido (Lucas Agustín Gómez).
Así, contó lo siguiente: “Abel (Avalos) pelea con el de campera blanca, Oscar (Castillo) con el de mangas camufladas y Lucas (Gómez) con el de campera roja a rayas. El dicente no sabía qué hacer. Peleaban a puño. Mira a Abel, ve que se saca la remera, el de campera blanca hace un movimiento de gancho y le ve como un cuchillo. De gancho quiere decir que fue para las costillas, a la espalda (hace el gesto), se va corriendo contra Lucas (Gómez) que ya estaba en el piso inconsciente de los golpes que ya le habían dado, ahí estaba el de campera roja a rayas y las chicas le pegaban con los zapatos en la cabeza. Lucas (Gómez) ya estaba inconsciente va contra Lucas y el de campera roja a rayas que lo estaba pateando, ve que le pasa el cuchillo al de campera roja y ve cuando le da la puntada en el pecho, el de campera roja a rayas, en el medio del pecho…”.
Respecto del testimonio de Martín Paredes, la señora jueza preopinante concluyó que era creíble, en tanto no encontró motivo alguno para sospechar de un intento de perjudicar a los acusados a través de un relato falaz.
Asimismo, la magistrada tuvo en consideración que, en la audiencia, Paredes señaló a los dos imputados como los sujetos agresores que había descripto en su declaración, extremo respecto del cual la colega de la instancia expuso lo siguiente: “(…) Respondiendo a la Defensa sobre estos señalamientos, además de no estar vedado lo que llevó a cabo Paredes, aunque éste no los hubiera señalado en el marco de su testimonio, hay elementos suficientes para saber qué o cómo vestía cada uno. A la sazón, es la misma descripción que hizo Banegas en el acta ya reseñada y que ilustran las fotos tomadas inmediatamente luego de ser aprehendidos. No hay confusión posible”.
V. Sentado lo anterior, corresponde abordar los argumentos planteados por la parte recurrente, con base en los cuales sostuvo que el tribunal de la instancia valoró la prueba en forma arbitraria.
En ese sentido, la defensa criticó el veredicto en el que el tribunal tuvo por demostrado que Abel Avalos y Lucas Agustín Gómez fueron atacados por un grupo de seis jóvenes (entre quienes se encontraba Pablo Leonardo Mallol), cuando, afirma la parte recurrente, los testimonios de los amigos de los nombrados revelan que fueron Avalos y Gómez quienes iniciaron la pelea.
En mi opinión, no le asiste la razón a la defensa, puesto que la secuencia relatada por los diversos testigos e intervinientes en los sucesos bajo examen, permite distinguir tres momentos. El primero de ellos, cuando se inició la discusión verbal entre ambos grupos, situación generada por algunas palabras proferidas por Lucas Agustín Gómez, según lo relataran sus amigos Abel Avalos, Oscar Castillo y Martín Paredes. Luego de ello se inició la pelea, y es allí donde varias personas atacaron a golpes a Lucas Agustín Gómez, tal como se describió en la materialidad infraccionaria que se tuvo por comprobada.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que el núcleo de la imputación dirigida a Pablo Leonardo Mallol está dado por un momento posterior al mencionado en el párrafo anterior, esto es, cuando Lucas Agustín Gómez se encontraba en el piso, en estado de inconsciencia, situación en la que Mallol le aplicó un puntazo en el tórax que le provocó la muerte.
De allí que no se advierta relevancia alguna en la cuestión planteada por la defensa, puesto que más allá de quién o quiénes hayan sido los agresores o los agredidos en el inicio de la gresca, el desarrollo posterior de la misma llevó a que la víctima Gómez quedara en el piso en estado de inconsciencia, momento en el que el acusado Pablo Leonardo Mallol llevó a cabo la conducta que en la sentencia en crisis fue considerada como constitutiva del delito de homicidio.
VI. Seguidamente, se abordará el planteo de la defensa de Pablo Leonardo Mallol, dirigido a cuestionar la decisión que adoptaron los jueces del debate, en oportunidad de producirse la declaración en el juicio del testigo Martín Paredes.
Cabe destacar en este punto, las manifestaciones del testigo Paredes que se consignaron en el veredicto: “El de campera blanca era petiso, morocho. El de campera roja era alto, morocho, pelo corto y jean. Los señala en la audiencia. Señala a Gimenez como el de campera blanca y señala a Mallol como el de campera roja”.
También interesan relevar las constancias del acta del debate, de la que surge lo siguiente: “Cedida la palabra a la Sra. Fiscal, interroga al testigo. La Dra. Trapé se opone, expresa que no está permitido la indicación de los imputados en la sala a modo de reconocimiento. El tribunal por unanimidad no hace lugar a la oposición porque lo que realiza el testigo no es un reconocimiento de persona estricto sensu, es una descripción física, es un señalamiento que va a ser ponderado y valorado con ese alcance”.
Los elementos señalados otorgan suficiente respaldo al planteo de la defensa, conforme con el cual el señalamiento que hizo el testigo Martín Paredes en la audiencia, a instancias de la fiscalía y a pesar de la oposición de la defensa, identificando a los dos acusados como los sujetos que agredieron a sus compañeros (Abel Avalos y Agustín Gómez), fue realizado sin cumplirse con los requisitos establecidos en el art. 362 del ordenamiento adjetivo (texto según ley 15.001).
Sobre esta cuestión, he analizado en una oportunidad anterior los efectos del incumplimiento de las pautas establecidas en la norma mencionada: “(…) En mi parecer, no puede perderse de vista que las formas procesales son mecanismos de protección. En palabras de Binder, ´las formas son la garantía misma que permite detectar la violación de uno de sus principios´. Es entonces que para garantizar el cumplimiento del principio, en este caso de defensa en juicio, el legislador ha establecido requisitos concretos para el desarrollo de los actos procesales, tal como se desprende de la regulación de los arts.362 y 259 del rito que mutan en estos supuestos, como formas esenciales que deben resguardarse. Corolario de un sistema de garantías es que cuando no se cumple una forma (se incumple un requisito legal o se rompe una secuencia necesaria) la actividad procesal se vuelve inválida o defectuosa. Vale entonces concluir que la lesión a una norma de adquisición probatoria sólo puede conducir a la invalidez del acto, es decir a la privación de efectos jurídicos que ordinariamente produciría el acto de haber sido válidamente realizado (incorporación y valoración de la prueba)”.
“Como consecuencia de ello entiendo que – aun cuando el reconocimiento amerite ser valorado en el contexto de la declaración testimonial - el resultado positivo de la diligencia no puede ser estimado para reforzar la corroboración de la hipótesis fiscal pues la información obtenida ha sido producto de una trasgresión de orden constitucional al violentar con ello la defensa material en juicio y el debido proceso (arts.18, 28,33, CN, 211, 362 del CPP)” (conf. Causa N° 90485, “ROMERO JARA JORGE HERNAN S/ RECURSO DE CASACION”, sent. del 6/6/2019; entre otros). Sin embargo, a la hora de establecer el impacto de esta cuestión en las posibilidades de éxito del agravio planteado, no puede pasarse por alto que en el voto de la magistrada preopinante se analizó concretamente el peso convictivo del señalamiento realizado por el testigo Paredes, brindando la jueza buenas razones para sostener que existían pruebas independientes de aquel testimonio, que avalaban suficientemente la conclusión probatoria sobre la intervención que se le asignó a Pablo Mallol en la conducta infraccionaria descripta.
En efecto, la lectura del veredicto permite apreciar que la presencia de Pablo Leonardo Mallol en el momento y en el lugar en que se desarrollaron los acontecimientos resulta indiscutida, en tanto fue aprehendido a poco más de media cuadra de la estación de servicio donde se produjo la pelea, escasos minutos después de que concluyera, además de que el propio acusado reconoció su intervención en la gresca. De allí que el reclamo de la defensa no estuviera dirigido a cuestionar concretamente la identificación de Pablo Leonardo Mallol como uno de los sujetos intervinientes en la pelea, sino que se ciñó a poner en duda que haya sido su asistido quien le aplicó a la víctima el puntazo que le provocó la muerte.
En ese marco entonces, la señora jueza preopinante sostuvo que aun cuando se omitiera considerar el señalamiento que hizo el testigo Martín Paredes en la audiencia, existían pruebas suficientes que permitían demostrar la intervención que la fiscalía le adjudicó a Pablo Leonardo Mallol en el suceso en trato.
En ese orden de ideas, la magistrada tuvo en consideración que antes de realizar aquel señalamiento, Martín Paredes identificó al sujeto que le aplicó el puntazo en el tórax a Lucas Agustín Gómez, describiendo una campera que llevaba puesta en el momento del hecho (a rayas rojas), vestimenta que también había sido destacada por otros testigos del evento (Oscar Hugo Castillo, Abel Avalos, Federico Ariel Carrizo, Jonatan Lodolo y Juan Carlos Barbozo).
En consonancia con lo anterior, fueron valorados los dichos del oficial de policía Banegas, quien manifestó que se desempeñaba en el área de judiciales de la seccional preventora, y en ese contexto recordó la vestimenta de las dos personas aprehendidas a raíz de los hechos en trato (“Gimenez con campera blanca con vivos celestes con manchas hemáticas y pantalón de jean. Mallol Pablo con campera bordo rayada y pantalón jean, ambas camperas con manchas hemáticas las que fueron secuestradas”), luego de lo cual reconoció su firma y ratificó el contenido del acta de procedimiento de fs. 83/vta de la causa principal, en la que se describió la vestimenta de Pablo Leonardo Mallol (“jean celeste, buzo tipo campera de algodón color bordo con rayas horizontales negras y grises”) en similares términos a los expuestos por el testigo en la audiencia.
También fue ponderada la fotografía incorporada al debate con acuerdo de las partes, obrante en la foja 158 de la causa principal, en cuanto permitió apreciar que el día del hecho, Pablo Leonardo Mallol vestía un “buzo a rayas horizontales de color verdes, rojas y negras y pantalón de jean el que a simple vista presentaba manchas rojizas”.
La letrada defensora cuestionó el valor convictivo que se le asignó al testimonio del oficial Banegas, pero sus argumentos no resultan eficaces para demostrar la arbitrariedad que le adjudica al fallo. Ello es así, puesto que se limitó a afirmar que no podía aceptarse que el oficial recordara la identidad y la vestimenta de los sujetos aprehendidos, tres años después de ocurrido el hecho, alegando que sus manifestaciones sólo pudieron obedecer a una indicación de la fiscalía. Sin embargo, del relevamiento que se hizo en el veredicto del testimonio de Rubén Darío Banegas, surge que la descripción que brindó en la audiencia, de la vestimenta que tenía Pablo Leonardo Mallol, resultó coincidente con las constancias volcadas en el acta de procedimiento en el que reconoció su firma, además de negar toda influencia de la fiscalía en el contenido de sus manifestaciones en el juicio.
En ese marco entonces, el tiempo transcurrido entre el momento del hecho y la audiencia de debate, no aparece como un elemento que por sí solo permita sospechar sobre la credibilidad del testigo, como lo pretende la defensa.
Más aún cuando, como se dijera, la información que reveló el testigo sobre la cual recae la crítica de la defensa (las características de la prenda de vestir de Pablo Leonardo Mallol al momento de su aprehensión), resulta concordante con la fotografía del acusado agregada a fs. 158 de la causa principal.
Por lo demás, no puede desconocerse que, en el momento de la aprehensión del acusado, a menos de una cuadra del lugar del hecho, y escasos minutos después de ocurrido, se le incautó una navaja con manchas hemáticas, sobre las cuales se practicó el peritaje de cotejo de ADN que determinó la presencia de material genético correspondiente a la víctima Lucas Agustín Gómez.
Por último, es dable señalar que en el veredicto se tuvo en consideración el descargo realizado por Pablo Leonardo Mallol, advirtiéndose las contradicciones que surgían al ser comparado con la versión de los hechos que presentó Sergio Daniel Giménez Sosa, y la escasez de información relevante para enfrentar el peso convictivo de la prueba de cargo esgrimida por la acusación.
En ese sentido, la magistrada preopinante expresó que las declaraciones de ambos acusados “constituyen infructuosos intentos por colocarse en mejor situación (un cuchillo plantado por el custodio de la Shell, haber intervenido solo en una pelea a piñas desconociendo quién dio las puñaladas, atribuir al otro la portación inicial del cuchillo y la puñalada mortal) pero que sucumben frente al peso de la prueba de cargo que no merece tacha en mi criterio”.
En función de todo lo expresado, cabe concluir que la apreciación de la capacidad individual de rendimiento más la armónica consideración de todos los elementos de prueba consignados, conduce razonablemente a la conclusión a la que ha llegado el tribunal sentenciante, en orden a la materialidad infraccionaria y la intervención que se le atribuyó al acusado Pablo Leonardo Mallol.
No huelga recordar en orden a los cuestionamientos efectuados por el imputado Mallol y su asistencia técnica, que el vicio de absurdo no se consuma por el hecho de que el tribunal de grado prefiera o atribuya trascendencia a un medio probatorio respecto de otro, o se incline por la verosimilitud de alguna prueba en particular en desmedro de otra, sino que se debe evidenciar un error grave, manifiesto y fundamental que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa, lo que en el particular de acuerdo a los argumentos vertidos en los párrafos precedentes no ha ocurrido.
VII. Se abordará, a continuación, el agravio presentado por la asistencia técnica del acusado, contra el encuadre legal de la conducta atribuida a Pablo Leonardo Mallol, en el delito de homicidio agravado por su comisión con la intervención de una persona menor de edad (arts.41 quater y 79, Cód, Penal).
La defensa plantea que la conducta endilgada a su asistido debió considerarse constitutiva del delito de homicidio en riña (art. 95, Cód. Penal), puesto que, desde su punto de vista, no se comprobó quién de los dos acusados (Gimenez Sosa o Mallol) fue el que le provocó a la víctima la herida mortal.
Sin embargo, la parte recurrente invoca en apoyo de su pretensión, un testimonio del que no surge la información que la defensa dice que contiene.
En efecto, contrariamente a lo sostenido en el recurso en trato, la lectura del veredicto en la parte en la que se relevó el contenido del testimonio de Martín Paredes, indica que el testigo identificó claramente a la persona que le aplicó el puntazo en el tórax a Lucas Agustín Gómez. El testigo fue claro al relatar el momento en el que Sergio Daniel Giménez Sosa (vestido con una campera blanca) le pasó un cuchillo a Pablo Leonardo Mallol (vestido con una campera a rayas), y este último se lo clavó en el pecho a la víctima: “(…) ve que le pasa el cuchillo al de campera roja y ve cuando le da la puntada en el pecho, el de campera roja a rayas, en el medio del pecho”.
Por si quedaba alguna duda sobre el extremo en trato, en la parte final de su declaración el testigo Paredes dijo: “(…) La navaja era chica, plateada, con mango marrón. La navaja la sacó del bolsillo derecho, tenía jean claro, campera blanca y zapatillas deportivas (…) Luego, no la guardó, fue contra Lucas (Gómez) y le pasó el cuchillo al de campera roja a rayas, que le dio el puntazo en el pecho. El de campera blanca no lo apuñaló a Lucas, sólo le pasó el cuchillo al de campera roja a rayas…”. La duda que intenta plantear la defensa no es tal, puesto que la prueba rendida en el debate, y fundamentalmente el testimonio de Martín Paredes, permiten concluir que si bien fueron varias las personas que golpearon a Lucas Agustín Gómez, sólo una de ellas le aplicó una puñalada en el tórax, tratándose de Pablo Leonardo Mallol, resultando ser esa herida la que le provocó la muerte, extremo este último comprobado a partir del informe de autopsia y el testimonio de la médica que la llevó a cabo, doctora Cecilia Botella.
Por tales motivos, la pretensión de la defensa de modificar el encuadre legal por la figura contemplada en el art. 95 del Código Penal, debe ser desestimada.
VIII. Finalmente, corresponde abordar los cuestionamientos esgrimidos por la asistencia técnica del acusado, contra la aplicación de la agravante contemplada en el art. 41 quater del código sustantivo.
El primer argumento planteado por la defensa, vinculado con la comprobación de la minoría de edad de la persona identificada en la plataforma infraccionaria, debe ser descartado, puesto que en el fallo se identificó claramente la constancia documental que se tuvo en cuenta, esto es, el certificado de nacimiento de Agustina Belén López, que indicaba como fecha de nacimiento el 24 de mayo de 1998.
Es decir que, al 25 de abril del año 2016 (fecha de comisión del hecho), contaba con diecisiete (17) años de edad.
También debe ser descartado el argumento desarrollado por la parte recurrente, conforme con el cual la aplicación de la agravante requiere que el sujeto activo actúe con la finalidad de descargar su responsabilidad en un menor.
En este punto, debo señalar mi cambio de postura expresado en un pronunciamiento anterior (causa nro. 106741, “Ortíz, Jonathan Ezequiel s/recurso de queja – art. 433, CPP-), en lo que se refiere a la interpretación que propone la defensa de la regla del artículo 41 quater del Código Penal.
En aquella oportunidad expresé que la persistente jurisprudencia que sobre esta temática ha emanado de nuestro Superior Tribunal de provincia (vgr. P.144.546, entre muchos otros), más la consideración de la primacía de los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y Niñas, incorporado como parte del bloque constitucional federal, que en su art. 3ro. dispone que los Estados Partes deben adecuar sus legislaciones en atención al “interés superior del niño” (inc. 1) y para asegurarle “la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar” (inc. 2), me persuaden de un esquema donde el legislador, más allá de algunas contradicciones en el debate parlamentario que abrieran las distintas alternativas en su exégesis, ha perseguido una finalidad eminentemente tuitiva cuya característica central es la protección. Esta ha sido la opinión consolidada de nuestros colegas de la Casación Federal que encuentran el fundamento de la ratio agravatoria en proteger especialmente al menor, castigando más severamente a aquellos que los involucran en situaciones delictivas (CFCP- Sala 4- CCC 49867/2009/TO1/CFC1).
Por estas razones, entiendo que no puede ser receptada favorablemente la interpretación que propone la defensa para descartar la aplicación de la agravante cuestionada.
IX. En cambio, entiendo que resulta atendible el planteo de la defensa que se vincula con la comprobación del elemento subjetivo exigible para la aplicación de la agravante.
En efecto, en primer término, cabe recordar lo dicho por el Máximo Tribunal de la Provincia, en un precedente en el que ratificó el criterio de interpretación del art. 41 quater del Código Penal al que se hiciera mención en el apartado anterior. En esa oportunidad, indicó que “aun cuando no se requiera aquel plus al que refiriera el fallo casatorio (inducir, influir, instigar, aprovecharse de), debe existir el elemento subjetivo exigible respecto de cualquier circunstancia que integra el tipo objetivo en los delitos dolosos”.
En ese marco de análisis, interesa destacar que si bien no quedaron dudas sobre la comprobación de la conducta dolosa de Pablo Leonardo Mallol consistente en provocar la muerte de la víctima (art. 79, Cód Penal) – extremo que no fue materia de agravio por parte de la recurrente-, no sucede lo mismo con el conocimiento que tuvo el acusado, al momento de emprender su accionar, sobre la intervención de una persona menor de edad (art. 41 quater, Cód Penal).
Por un lado, la defensa alega que su asistido (de diecinueve años de edad al momento del hecho) no conocía la edad exacta de Agustina Belén López (quien cumplía dieciocho años al mes siguiente), en tanto la noche previa al evento en trato sólo habían concurrido en el mismo grupo de jóvenes a bailar, sin que ninguna otra circunstancia comprobada en el veredicto revele un grado de conocimiento mayor al alegado por la defensa. El argumento resulta atendible, y se complementa con las circunstancias fácticas comprobadas del caso aquí analizado, que difieren sustancialmente del supuesto que se analizó en el fallo del Máximo Tribunal antes mencionado (se trataba de dos individuos, uno de 21 años y otro de 17 años, que ingresaron con un arma de fuego a un comercio con fines de robo).
En este caso, la prueba valorada en el veredicto permite apreciar que se trató de un hecho ocurrido a partir del inicio de una discusión entre jóvenes a la salida de un local bailable, circunstancias que revelan el carácter espontáneo de la situación en el marco de la cual el acusado llevó a cabo la conducta ilícita que se le atribuyó.
A ello se le suma la dinámica de los hechos ocurridos en pocos minutos (peleas en las que se vieron involucradas diferentes personas de uno y otro grupo), y la repentina decisión del acusado Mallol de utilizar el cuchillo o navaja que instantes antes le alcanzara Sosa Giménez, para provocar la herida en el tórax de la víctima.
El carácter repentino de la conducta emprendida por Pablo Leonardo Mallol, en el contexto de un enfrentamiento espontáneo entre dos grupos de jóvenes, me llevan a considerar que al momento de llevarla a cabo, el nombrado no tuvo el conocimiento actual y necesario sobre la intervención de la menor de edad que se requiere para la aplicación de la agravante en trato, motivo por el cual concluyo en que corresponde su obliteración.
En función de lo expuesto, entiendo que corresponde ajustar el monto de la sanción que se le impuso, puesto que de aquella propuesta se deriva la disminución de la entidad del injusto atribuido, y con base en las pautas agravantes y atenuantes de la sanción valoradas en el fallo, que no han sido materia de agravio (arts. 40 y 41, Cód. Penal). En ese sentido, advierto que corresponde a este tribunal asumir competencia positiva, con base en razones de economía procesal, y readecuar la sanción correspondiente a Pablo Leonardo Mallol, en función del grado del injusto por el que se mantendrá la sentencia condenatoria dictada, y el correspondiente reproche que se le ha endilgado.
Por todo lo que llevo dicho, de conformidad con la entidad del injusto y la calificación legal establecida (homicidio simple en carácter de autor), estimo justo imponer a Pablo Leonardo Mallol la pena de doce (12) años de prisión, manteniendo el resto de las declaraciones de la sentencia (arts. 45 y 79, Cód. Penal). Con el alcance señalado, a esta primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto del Dr. Carral, en el mismo sentido y por los mismos fundamentos. VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: Hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido por la defensa de Pablo Leonardo Mallol, sin costas; Casar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 5 de Quilmes, obliterando la aplicación de la agravante contemplada en el art. 41 quater del Código Penal; y Condenar a Pablo Leonardo Mallol, por resultar autor del delito de homicidio, a la pena de doce (12) años de prisión, manteniendo el resto de las declaraciones de la sentencia (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.2.h, CADH.; 14.5, PIDCyP.; 15, 168 y 171, Const. Pcia.; 45 y 79, Cód. Penal; 209, 210, 371, 373, 450, 454, 459, 460, 530 y 531, CPP). ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto del doctor Carral, y me pronuncio en igual sentido.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas.
II. CASAR parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 5 de Quilmes – a nivel de la calificación legal y la pena impuesta-; y CONDENAR a Pablo Leonardo Mallol, por resultar autor del delito de homicidio, a la pena de doce (12) años de prisión, manteniendo el resto de las declaraciones de la sentencia.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22, de la Constitución Nacional;
8.2.h., de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 45 y 79, del Código Penal; 209, 210, 211, 371, 373, 450, 454, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese electrónicamente, notifíquese y oportunamente radíquese en el organismo de origen.
Fin de la sentencia