Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 39.280-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 366/2018 (AD CAMP) recaída en el expediente SIGEA N° 12577-316- 2012, en cuanto condena a la firma MALTERIA PAMPA S.A. y a la despachante de aduanas MARÍA VERÓNICA QUIJANO al pago de una multa por la infracción prevista y penada en el artículo 954, apartado 1, inciso c), del C.A. con relación a lo declarado en el PE N° 09 008 EC01 006154 M.
2Costas al Fisco (conf. artículo 1163 del C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-18028465-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 20 de Febrero de 2026 GENERAL DE ADUANAS s/ Apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para resolver en los autos caratulados “MALTERIA PAMPA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ Apelación”, expediente N° 39.280-A y su acumulado “QUIJANO MARÍA VERÓNICA c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/ Apelación”, expediente N° 39.281-A.
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que a fs. 18/35 se presenta, por apoderado, la firma MALTERIA PAMPA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 366/2018 (AD CAMP) recaída en el expediente SIGEA N° 12577-316- 2012, en cuanto la condena al pago de una multa por la infracción prevista y penada en el artículo 954, aparatado 1, inciso c) del Código Aduanero en relación a lo declarado en la Destinación de Exportación N° 09 008 EC01 006154 M. Manifiesta que ha concertado, al amparo de la Ley 21.453, una venta de malta de cebada (P.A. 1003.00.91.100Q) con un comprador del Uruguay por un valor unitario FOB de U$S 199,50 por tonelada. Asimismo, detalla que se liquidaron y abonaron derechos de exportación por el precio oficial aplicable que, al ser de U$S 170, resultó inferior al precio de venta concertado en el PE. Informa que la mercadería fue vendida a Maltería Uruguay S.A., pero siendo este comprador un trader que, a su vez, había vendido la mercadería en el mercado brasileño, le dio instrucciones de embarque de la carga con destino a la República Federativa del Brasil, vendiendo la mercadería a un precio superior al de la primera venta. Agrega que el precio concertado es veraz y exacto y es, asimismo, el precio de mercado y responde a los parámetros definidos por el artículo 735 del C.A.
Plantea que no existe controversia tributaria y que el cuestionamiento del valor tiene por única finalidad conformar una base de imputación infraccional, la que se apoya solamente en la información del sistema INDIRA en tanto el servicio aduanero advirtió que la segunda venta se realizó a un precio distinto y superior, considerando por ello que la condena impuesta está sentada sobre una mera presunción. Destaca que en operaciones como la aquí cuestionada por el servicio aduanero “ni la vinculación ni el hecho de que el precio resulte inferior a otros comparables resulta per se suficientes para la desestimación de este precio de transacción como valor aduanero” conforme lo disponen el Acuerdo de Valor del GATT y el Código Aduanero. Debe acreditarse que el precio de transacción declarado sea “inexacto”, circunstancia que no se ha acreditado en la instancia aduanera.
Específicamente, sostiene que no se dio la consecuencia prevista en el inciso c) del artículo, ya que percibió e ingresó las divisas por su venta al comprador del Uruguay. Respecto de las diferencias de precios, manifiesta que suelen existir y responden a condiciones de mercado.
Finalmente, respecto del precio documentado argumenta que el mismo reúne todos los requisitos exigidos por las normas de valoración y que la vinculación no influyó en el precio, en condiciones de libre competencia, válido al momento en que se concretó la exportación cuestionada.
Realiza una serie de consideraciones finales, cita jurisprudencia y, finalmente, hace reserva de la cuestión federal, ofrece prueba y solicita que se haga lugar al recurso presentado, con costas.
II. Que a fs. 46/51 se presenta la despachante de aduanas María Verónica Quijano, apelando la Resolución N° 366/2018 (AD CAMP), solicita se le otorgue beneficio de litigar sin gastos, niega la imputación formulada, reproduce los agravios vertidos por la importadora y se refiere al alcance de la responsabilidad de los despachantes de aduanas.
Sostiene que la diferencia imputada no constituye infracción de declaración inexacta, siendo el precio declarado exacto, veraz y razonable y por ello “no sospechoso” al ser superior al precio oficial que la autoridad de aplicación publica para la mercadería de que se trata.
Manifiesta que el despachante de aduana actúa ante el servicio aduanero como mandatario de la firma exportadora, por lo que habiendo formulado la declaración en un todo de acuerdo a la documentación e instrucciones impartidas, no puede ser responsabilizado por la eventual infracción de declaración inexacta del precio que se le imputa. Ofrece medidas de prueba.
III. A fs.85/89 se presenta la representante fiscal y contesta los traslados que le fueran conferidos. En primer lugar, realiza una breve síntesis de los hechos. A continuación, formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por las co-actoras. Destaca que el destino de la mercadería fue Brasil y añade que el vendedor de la mercadería no fue MALTERIA PAMPA S.A. (exportador en Argentina) sino MALTERÍA URUGUAY S.A. (con asiento en la República Oriental del Uruguay), resultando finalmente el importador una empresa con sede en Brasil, AMBEV (COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS). Advierte que existe vinculación entre la totalidad de las empresas involucradas en la operación.
Señala como relevante que el valor FOB documentado en la exportación fue de U$S 199.500 por tonelada (valor unitario), alcanzando así un valor FOB total de U$S 4.608.450. Mientras que el valor al cual ingresó la mercadería en la República de Brasil fue de U$S 5.826.177,31.
Resalta que, en el marco de la investigación de la maniobra de triangulación, se constató que Maltería Uruguay S.A. pertenece en un 100% a Maltería Pampa S.A. y que ésta, a su vez, pertenece en un 60% a AMBEV. Lo que le permitió a MALTERIA PAMPA S.A. liquidar menos divisas en la Argentina, subfacturando el valor de la mercadería, pero permitiendo, a través de la utilización de un intermediario del propio grupo económico, pagar el valor correspondiente del bien comerciado en un territorio “beneficioso” o “paraíso fiscal”.
Distingue entre el valor en aduana de la mercadería y el precio de venta de la misma, señalando que allí radica la inteligencia impresa por el Servicio Aduanero para imponer la sanción penal que conforma el objeto de autos.
Según la representación fiscal, en la operación Argentina-Uruguay, al subfacturar el valor de la mercadería, el beneficio del grupo consistió en liquidar menos divisas en la Argentina (país exportador) en función del precio final abonado en Brasil. Asimismo, en la operación Uruguay-Brasil, el grupo logró fugar divisas (desde Brasil, país importador) a un paraíso fiscal (Uruguay), a través de un intermediario ( trader).
Concluye que, en la operatoria analizada, la vinculación detectada influenció definitiva y negativamente en el precio, que fue subfacturado en la Argentina en miras de liquidar menos divisas en el país y fugar la diferencia obtenida en Brasil a un paraíso fiscal, como Uruguay, a través de la triangulación. Señala que no existe razón para que Brasil adquiriera la cebada desde Uruguay y, más aún, si ésta originariamente provenía de Argentina. Considera que ha quedado demostrado que Uruguay carece de entidad en la operación del caso, pues su participación no tiene sentido logístico alguno. Entiende que, ello así, no existe duda acerca de la perpetración de una maniobra tendiente a desnaturalizar el régimen de exportación.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del caso federal y solicita se rechace el recurso, con costas a la actora.
IV. Que a fs. 91 se tiene por contestado el traslado conferido y por acompañadas las actuaciones administrativas. A fs. 94 se declara la causa de puro derecho. A fs. 104 se elevan los autos a esta Sala “F”, quedando en estado para dictar sentencia.
V. Que de la compulsa de las actuaciones administrativas que tramitaron mediante expediente SIGEA N° 12577-316-2012, resulta que las mismas se iniciaron como consecuencia del Informe Técnico N° 239/2012 (SE FVEX) , obrante a fs. 2/8, de la Sección de Fiscalización y Valoración de Exportación de la Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca, mediante el cual se informan las inconsistencias detectadas en los valores declarados por la firma recurrente en la Destinación de Exportación N° 09 008 EC01 006154 M, cuyo sobre contenedor obra agregado a fs. 2. A fs. 18/19 se instruye sumario contencioso contra la firma MALTERIA PAMPA S.A. y la despachante de aduanas MARÍA VERÓNICA QUIJANO, por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso c), del C.A., corriéndose la vista de rigor a los imputados en el mismo acto. A fs. 22/24 y 25/36 obran agregadas las contestaciones de vista de la firma y la despachante. Oportunamente, previa emisión del dictamen jurídico correspondiente, se emite la Resolución N° 366/2018 (AD CAMP), aquí apelada.
VI. Que corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada, por la que se condena a la firma exportadora y a la despachante de aduanas al pago de una multa por la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso c) del CA, resulta ajustada a derecho.
Que a los efectos de la configuración de la infracción en trato es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación. Que en fecha 29/06/2009, la firma MALTERIA PAMPA S.A. documentó mediante el PE N° 09 008 EC01 006154 M la exportación para consumo de 23.100 toneladas de mercadería que declaró bajo la PA SIM 1003.00.91.100Q “A granel, con hasta 15% de embolsado (Ley 21.453) Cervecera Las demás CEBADA”, con un valor FOB unitario de U$S 199,50 y un valor FOB total de U$S 4.608.450, habiéndose liquidado un valor en aduana idéntico de U$S 4.608.450 -ver documentación obrante en el sobre contenedor de fs. 2 de las actuaciones administrativas-.
Que en el control ex-post de la Destinación, al contrastarse la exportación de la mercadería efectuada desde Argentina con la importación registrada en Brasil, mediante la utilización del Sistema INDIRA, se detectaron diferencias entre el valor FOB declarado por el exportador en Argentina para esa carga y el valor declarado por el importador ante la aduana en la República Federativa de Brasil. En efecto, se detectó la existencia de una operación triangulada, al haberse declarado como vendedora de las mercaderías en la importación en Brasil a la firma MALTERIA URUGUAY S.A. de la República Oriental del Uruguay, firma que, a su vez, fuera la compradora de las mercaderías exportadas desde Argentina. Asimismo, según el servicio aduanero, del análisis de la documentación se observó que la firma exportadora aquí recurrente resulta ser una empresa controlada por la firma compradora en Brasil (AMBEV), por resultar ésta última poseedora del 60% del capital accionario de la primera. Que la labor del área de fiscalización llevó al servicio aduanero a descartar el valor FOB declarado por la firma y valorar las mercaderías conforme al precio documentado en la importación registrada en Brasil. Ello así, por considerar que a fin de concretar la exportación con destino a la República Federativa de Brasil, se utilizó una empresa controlada por la recurrente, radicada en la República Oriental del Uruguay, destacando que esa firma no recibe la mercadería, ni interviene en la carga, ni despacho, ni logística alguna de la operación, sino que aparenta una presunta adquisición de la mercadería embarcada y su posterior venta al declarante en el país de destino, con la finalidad de quedarse con la diferencia entre el precio pagado a la recurrente y las divisas recibidas de parte del comprador brasilero.
VII. Que, sentado lo que antecede, corresponde analizar si a los efectos aduaneros estamos en presencia de una genuina operación triangulada con ventas sucesivas regulares, o bien si se trata una triangulación nociva.
Que la triangulación, en sí misma, no se encuentra prohibida por la legislación vigente, presentándose en el comercio internacional de determinados commodities prácticas habituales de intervención de empresas intermediarias entre oferta y demanda, denominadas traders, que si bien no le añaden valor propiamente dicho a las mercaderías negociadas, brindan servicios reales y efectivos que justifican una retribución que, en caso de no facturarse como un servicio individualizado a alguna de las partes, puede deducirse del precio de compra o bien adicionarse al precio de venta, según se trate de commodities con cotización internacional “transparente” o no.
Por otro lado, también es cierto que en el tráfico internacional (no sólo de bienes -que es lo que nos ocupasino también de servicios y capitales) se recurre a triangulaciones no genuinas que pueden resultar nocivas en el plano aduanero, tributario, cambiario, societario, en materia de lavado de dinero o incluso en varios de estos planos a la vez.
Que es por ello que la existencia de una operación triangulada constituye un elemento que habilita al servicio aduanero a investigar y recabar mayor información sobre el valor declarado, a los fines de evaluar la genuinidad de la operación comercial declarada como base de la destinación aduanera.
Que, en el presente caso, la firma exportadora declaró como destino de la mercadería “Brasil”, pero facturó la venta a la firma MALTERIA URUGUAY S.A., por un precio unitario de U$S 199,50 la tonelada -ver sobre contenedor de fs. 2 del expediente administrativo y factura comercial Nº 0001- 00001324 de fs. 12).
Que, según el Informe Técnico Nº 239/2012 (SE FVEX) -fs. 2/8 del expediente administrativo- la firma AMBEV ingresó por ante la Aduana de Porto de Sao Francisco do Sul la cantidad de 23.100 toneladas de cebada cervecera a granel, por un FOB total de U$S 5.826.177,31.
Según dicho informe, como vendedor de la mercadería importada en Brasil figuraba la firma MALTERIA URUGUAY S.A., en tanto el país de facturación corresponde a la República de Uruguay.
Asimismo, como resultado de la comparación con la exportación efectuada desde Argentina, se observó que, por medio de la destinación involucrada en autos, se exportó por un FOB total de U$S 4.608.450 efectivamente la misma cantidad de cebada ingresada en Brasil, dando lugar a una diferencia de U$S 1.217.727,31 entre el precio declarado en el país de destino comparado con el declarado en el país de origen.
Cabe señalar que, no se encuentra controvertido que tanto la recurrente, MALTERIA PAMPA S.A., como el comprador en Uruguay, MALTERIA URUGUAY S.A., se encuentran vinculados entre sí.
Sin embargo, como fue mencionado ut supra, a los efectos de la configuración de la infracción en trato es presupuesto necesario, en primer lugar, la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación. Y, si bien una operación triangulada da lugar al servicio aduanero para investigar y recabar información sobre la declaración efectuada, a los fines de probar la existencia de una diferencia entre lo declarado y lo verificado, deben presentarse elementos suficientes.
Que, el hecho de que se haya comprobado, por medio de la utilización del Sistema INDIRA, que la misma mercadería fue vendida por MALTERIA PAMPA S.A. a la firma MALTERIA URUGUAY S.A., siendo ingresada al mercado brasilero y lo fue por un valor superior al que se exportó desde la República Argentina, no constituye por sí solo un elemento que resulte suficiente para poder considerar que el valor declarado en la primera de las ventas (es decir, la efectuada por la firma aquí recurrente) no resulta ser el valor real de la transacción. Es decir, el hecho que haya existido una venta posterior a un precio diferente del documentado en la venta inicial, llevada a cabo por un “trader” vinculado, esto es, MALTERIA URUGUAY S.A., no implica por sí solo que el precio declarado en la exportación desde Argentina no sea el precio real de la operación y que se trate de una maniobra fraudulenta tendiente a generar un menor ingreso de divisas al país.
En este sentido, la afirmación de la existencia de una maniobra de triangulación fraudulenta no ha sido acompañada de una investigación adecuadamente desarrollada, limitándose el servicio aduanero a descartar el valor de transacción declarado en virtud de la mera existencia de ventas sucesivas, realizadas con la intervención de operadores vinculados entre sí, pero nada ha aportado ni acreditado en el sentido de que esa maniobra haya influido en el valor de venta de la mercadería involucrada en autos, como lo exige la infracción que se ha endilgado a la recurrente.
En este orden de ideas, cabe recordar que no existe norma alguna que limite la cantidad de operadores que puedan intervenir en una operación de comercio exterior pero, lo que parecería ser una aseveración de perogrullo, en el caso de autos bastó la mera acreditación de la vinculación para que el servicio aduanero excitara una investigación concluyendo en la imposición de una multa por infracción al artículo 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero, que reprime a quien efectuare una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que ocasionara o haya podido ocasionar así el ingreso de un importe de divisas distinto del que efectivamente correspondiere.
Que esa acción debe estar blindada de un plexo probatorio suficiente que permita sustentar la imputación en los términos delineados por el servicio aduanero, pues si se considera que existió una maniobra de vinculación fraudulenta entre las tres empresas, la pesquisa hubo de direccionarse en otro sentido, excediendo el plano infraccional y el marco de esta discusión.
En efecto, no siendo materia de controversia en autos que el precio declarado resultó idéntico al precio efectivamente facturado, percibido y registrado contablemente, entiendo que no se coligen elementos que permitan sostener la imputación efectuada en los términos del inciso c) del artículo 954 del C.A. Más aún, si tenemos en cuenta que la referida vinculación a la que alude el servicio aduanero fue objeto del pronunciamiento dictado por la CSJN en la causa “Maltería Pampa SA c/ DGI” (TFN 27.000-I) de fecha 13/03/2014, en el marco de la cual se resolvieron a favor del contribuyente controversias tributarias referidas al Impuesto a las Ganancias, reconociéndose que la firma uruguaya constituye una sociedad con personería independiente y no un establecimiento estable (en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias) ni, menos aún, una ficción que oculta una venta directa a Brasil.
Para resolver como lo hizo, la Corte validó la operación de ventas sucesivas para la determinación del Impuesto a las Ganancias, reconociendo la legitimidad del precio en relación al tributo que resulta la base de tributación, por lo que –traspolando la cuestión a la de autos– podría incurrirse en un escándalo si se desconociera la inteligencia utilizada por el tribunal cimero para aseverar que esa vinculación es una realidad jurídica ilegítima.
Entonces, la sola existencia de una operación de venta de determinada mercadería a una empresa del exterior y la sucesiva venta de dicha mercadería a una tercera empresa, no es fundamento suficiente para desestimar el precio documentado en la primera operación y considerar así como válido el documentado en la segunda.
Asimismo, la referida circunstancia no podría bajo ningún motivo considerarse válida o suficiente para afirmar que la venta a Uruguay no es genuina, por tratarse en realidad de una venta a Brasil. En síntesis, el servicio aduanero sólo se limitó a descartar el valor de transacción sustentando y circunscribió la investigación a la mera existencia de más de dos operadores que guardan vinculación societaria entre sí, pero nada ha aportado ni acreditado en el sentido de que esa maniobra haya influido en el valor de venta de la mercadería que aquí se ventila, tal lo exigido en la imputación en trato. A mayor abundamiento, cabe señalar que idéntico criterio ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su sentencia de fecha 29/02/2024 in re “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” (Fallos 347:83), al confirmar la revocación resuelta por la CNACAF de la multa impuesta por infracción al artículo 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero en relación a una operación de importación, fundamentos que corresponde aplicar -mutatis mutandi- a los presentes actuados.
A lo expuesto cabe agregar que, al dictaminar en un caso sustancialmente análogo al presente, la Procuración General de la Nación se remitió a lo resuelto por el Máximo Tribunal en el precedente citado en el párrafo anterior, concluyendo que: “(…) la conducta reprochada por la aduana no permite tener por configurado el tipo infraccional previsto en el art. 954, ap. 1°, inc. c), del CA, ya que no se advierte una diferencia entre lo declarado y lo comprobado, sino la existencia de ventas sucesivas entre entidades vinculadas que, si bien se concertaron a valores diversos, no se ha demostrado que se trate de operaciones simuladas así como tampoco la falsedad o inexactitud de su precio” (conf. Dictamen PGN de fecha 04/04/2024 en autos “MALTERIA PAMPA SA TF 35123-A C/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expte. CAF N°44028/2019/CA1-CS2).
Que, sentado lo que antecede, no configurándose el presupuesto exigido por la norma, insisto, una diferencia entre lo declarado y lo constatado pasible de ocasionar un ingreso o egreso de divisas distinto del correspondiente, considero que la resolución apelada en autos debe ser revocada, con costas.
VIII. Con respecto al beneficio de litigar sin gastos solicitado por la despachante de aduanas a fs. 76/79, resulta inoficioso su tratamiento en razón del modo en que se resuelve la presente.
Que, por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 366/2018 (AD CAMP) recaída en el expediente SIGEA N° 12577-316-2012, en cuanto condena a la firma MALTERIA PAMPA S.A. y a la despachante de aduanas MARÍA VERÓNICA QUIJANO al pago de una multa por la infracción prevista y penada en el artículo 954, apartado 1, inciso c), del C.A. con relación a lo declarado en el PE N° 09 008 EC01 006154 M.
2. Costas al Fisco (conf. artículo 1163 del C.A.).
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. ASÍ LO VOTO.-
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 366/2018 (AD CAMP) recaída en el expediente SIGEA N° 12577-316- 2012, en cuanto condena a la firma MALTERIA PAMPA S.A. y a la despachante de aduanas MARÍA VERÓNICA QUIJANO al pago de una multa por la infracción prevista y penada en el artículo 954, apartado 1, inciso c), del C.A. con relación a lo declarado en el PE N° 09 008 EC01 006154 M.
2. Costas al Fisco (conf. artículo 1163 del C.A.).
Regístrese y notifíquese.
Suscriben a la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, en los términos del art. 1162 del C.A.
Date: 2026.02.18 13:40:29 ART Date: 2026.02.20 17:41:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.20 17:41:56 -03:00
Fin de la sentencia