Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 35.392-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 114/14 (AD BABL) dictada en la Actuación Nº 14517-105-2009, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-61545229-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 22 de Junio de 2026 Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura, (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “MALTERIA PAMPA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 35.392-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 25/44 se presenta la firma “MALTERIA PAMPA S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 114/14 (AD BABL) dictada por el Administrador (I) de la División Aduana de Bahía Blanca en la Actuación Nº 14517-105-2009, por la que se la condena al pago de una multa de $2.119.000.- en los términos del art. 954 ap. 1 inc. c) del C.A. Manifiesta que documentó al amparo de la ley 21.453 la exportación definitiva de un embarque de malta de cebada de la P.A. 1107.10.10.190D y que la venta se concertó por un valor FOB unitario de u$s280 la tonelada. Expresa que la mercadería fue vendida a Maltería Uruguay S.A., pero siendo que este comprador era un trader que, a su vez, había vendido la mercadería al mercado brasileño, éste dio instrucciones de embarque de la carga con destino a la República Federativa del Brasil.
Relata que, como consecuencia de una investigación llevada a cabo por la Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca, a través del sistema informático INDIRA se advirtió que la segunda venta (es decir, la venta que realizó la empresa compradora radicada en Uruguay a otra empresa ubicada en Brasil) se había realizado a un precio distinto y superior. Destaca que se liquidaron y abonaron los derechos de exportación, considerando el precio oficial vigente a la fecha de las DJVE que resultó ser de u$s285 -es decir, superior-. Agrega que la certificación contable aportada acredita que el precio concertado, validado por la autoridad de aplicación al entregar la DJVE y declarado ante la Aduana, es veraz y exacto.
Señala que se ha condenado a la firma sobre una base presuntiva, toda vez que el servicio aduanero concluyó a partir del INDIRA que la venta concertada entre la recurrente y la empresa compradora uruguaya, operación validada por la autoridad de aplicación (Secretaría de Agricultura/ONCCA) al entregar la DJVE y cuyo cobro se acreditó con certificación contable, en realidad sería inexistente y, por lo tanto, el precio declarado sería inexacto. Sostiene la falta de configuración de la consecuencia prevista en el art. 954 ap. 1 inc. c) del C.A. en cuanto ha quedado debidamente acreditado con la certificación contable aportada en las actuaciones administrativas que la firma percibió e ingresó las divisas por su venta al comprador del Uruguay y que ello nada tuvo que ver con la segunda venta del cliente uruguayo con su par brasileño.
Expresa que las operaciones han sido analizadas y validadas por la DGI al fiscalizar las liquidaciones del Impuesto a las Ganancias. Señala que el tema no tiene impacto tributario atento que han sido abonados los derechos aduaneros conforme el precio oficial vigente (confr. art. 729 del C.A.). Recalca que, tratándose de una operación documentada al amparo de la Ley 21.453, los derechos de exportación tributan sobre el precio oficial vigente a la fecha de registro de la declaración jurada de venta al exterior (DJVE) que guarda relación con el precio declarado por la firma. Menciona que la facultad de la Aduana de apartarse del precio declarado en el PE a efectos de la valoración aduanera no lo autoriza a cuestionarlo como falaz e inexacto.
Afirma que el precio de venta declarado reúne todos los requisitos exigidos por los arts. 735 y 742 del C.A. para que pueda ser considerado como valor al que cualquier exportador en similares condiciones de mercado puede vender la mercadería en trato. Concluye que la operación de ventas sucesivas investigada en autos no sólo no merece reproche infraccional alguno desde el punto de vista aduanero, sino que tampoco lo mereció desde el punto de vista fiscal, en tanto la DGI validó los estudios de precios de transferencia presentados por la compañía por los períodos que corresponden a esta y otras operaciones. Ofrece prueba, hace reserva de plantear el caso federal y, solicita que se haga lugar al recurso y se absuelva a la actora con expresa imposición de costas a la contraria.
II. Que a fs. 58/66 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una reseña de los antecedentes de la causa. Destaca que la recurrente nunca negó la vinculación existente y denunciada por el servicio aduanero en las actuaciones administrativas. Refiere a la modalidad empleada en el caso por cuanto el país de importación (Brasil) difiere del país del sujeto al cual el exportador (Argentina) emite la factura y del que recibe el pago del precio (Uruguay). Destaca que la vinculación influenció definitiva y negativamente en el precio que fue subfacturado en Argentina, en miras de materializar beneficios para el grupo económico. Sostiene que el precio final -entendido como el real- de la mercadería (no el valor en aduana) fue el abonado en la importación genuina materializada en Brasil. Expresa que ese fue el precio que efectivamente pagó la empresa cabeza del grupo (AMBEV, propietaria en un 60% de Maltería Pampa, que a su vez controla en un 100% a Maltería Uruguay). Alude a los beneficios concretos que este tipo de maniobras representan para el grupo económico. Destaca que Uruguay era una pieza clave en la triangulación fraudulenta, no sólo para liquidar menos divisas en la Argentina sino para disponer de la divisa norteamericana (liquidez pura), en la cuenta de la firma controlada en Uruguay. Considera que se ha demostrado que a través de la reducción del valor de la mercadería -no el valor en aduana, determinado por un precio oficial- se llevó a cabo la denominada “planificación fiscal nociva”, permitiendo que no se ingresen al país las divisas que la operación real implicaba. Refiere a la utilización del sistema INDIRA, y plantea que constituye un elemento coadyuvante en la lucha contra el ilícito aduanero, actuando como un disparador de la investigación, siendo un medio, y no un fin en sí mismo. Sostiene que en el caso la inaplicabilidad de los arts. 735 y ss. del C.A., toda vez que en el caso no se discuten derechos de exportación. Ofrece prueba. Hace reserva de plantear el caso federal. Solicita que, oportunamente, se dicte sentencia que rechace la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 68 se abre la causa a prueba. A fs. 90 se declara cerrado el período probatorio. A fs. 151 se elevan los autos a la Sala “G”, y a fs. 152 se los pone para alegar, agregándose a fs. 155/161 el alegato presentado por la actora, sin haber hecho uso el Fisco del derecho conferido. A fs. 163 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que a fs. 1/10 de la Actuación Nº 14517-105-2009 se glosa el Informe Técnico Nº 46/09 (SE FEBB) de la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras de la Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca mediante el cual se hacen saber las inconsistencias en los valores declarados por la firma recurrente en la destinación registrada en el SIM bajo la numeración 06 003 EC01 006189 M. A fs. 12/17 se agregan impresiones de pantalla del sistema INDIRA del 15/04/09 relativas a la oficialización de las Destinaciones Nros. 615163038 y 615186631. A fs. 18 luce la Denuncia Nº 031/09 (SE FEBB) formulada contra “MALTERIA PAMPA S.A.” por infracción al art. 954 inc. c) del C.A. por “diferencia de ingreso de divisas desde el exterior distinto del declarado. - 06 003 EC01 006189 M”. A fs. 19 obra el sobre contenedor del PE Nro. 06 003 EC01 006189 M con su documentación complementaria. A fs. 21/25 se le instruye sumario contencioso. A fs. 26 la Sección “V” de la Aduana de Bahía Blanca informa la diferencia entre el precio declarado en el PE y el valor efectivamente abonado en destino. A fs. 32/33 con fecha 14/09/09 se ordena correr vista de todo lo actuado a la firma “MALTERIA PAMPA S.A.” y a la despachante de aduanas Ana María Fredes. A fs. 34/35 obra cédula cursada a la despachante (notificada el 28/09/09). A fs. 39/43 presenta su descargo la despachante. A fs. 55/56 obra cédula cursada a la firma (notificada el 08/10/09, según Aviso de Recibo del Correo Argentino de fs. 57). A fs. 58/70vta. ref. la firma contesta vista. A fs. 75/81 ref. la firma adjunta documentación -certificación contable -. A fs. 86/87 se emite el Dictamen Nro. 349/11 (SEC. “S”). A fs. 91/97 se dicta la Resolución Nro. 114/14 (AD BABL).
V. Que corresponde resolver en autos si la resolución apelada, por la que se condena a la recurrente al pago de una multa por la infracción prevista en el art. 954, ap. 1º, inc. c) del C.A., se ajusta a derecho. Que el art. 954 del Código Aduanero tutela el principio de veracidad y exactitud de la declaración y en este sentido sanciona y reprime al que para cumplir una operación de importación o exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con el resultado de la comprobación y que de pasar inadvertida produjere o pudiere producir: c) el ingreso o egreso desde el exterior de un importe distinto del que correspondiere, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el importe de la diferencia.
Que es requisito para la configuración de la figura plasmada en el mencionado precepto legal la existencia del elemento “declaración”, entendida como un hacer positivo, veraz y suficientemente amplio y explicativo como para auxiliar al servicio aduanero en el aporte que debe efectuarse a la aduana de los datos exigidos por ésta para la correcta aplicación del régimen aduanero que correspondiere (resulta ilustrativo el Comentario 1ero, al art. 954 del “Código Aduanero Comentado”; M. Alsina, E. Barreira, R. Basaldúa, J.P. Cotter Moine y H.G. Vidal Albarracín; Ed. Abeledo Perrot, 2011, 1a ed., Tomo III, pág. 381).
Que el Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros (INDIRA) surgió, en primer término, luego de la aprobación de la Decisión CMC Nº 13/04 relativa al “Intercambio de Información a través de Sistemas Informáticos”. Posteriormente, a través de la Decisión CMC 54/04 de “Eliminación del doble cobro del AEC y distribución de la renta aduanera” y por Decisión CMC 37/05 se estableció su reglamentación. Que, en rigor, el Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros (INDIRA) es un mecanismo informático implementado entre los Estados Parte del MERCOSUR que permite la interconexión en línea de los sistemas informáticos de gestión aduanera existentes en los Estados Partes del MERCOSUR, a cuyo efecto se han acordado un conjunto de datos comunes de las operaciones aduaneras de exportación e importación de los Estados Partes, y que son objeto de intercambio a través del sistema informático.
VI. Que la destinación en trato, en razón de las características de la mercadería de que se trata -producto de origen agrícola-, se encuentra legislada por la ley 21.453 (B.O., 11/11/76), que establece en su art. 6 y normas concordantes un régimen especial para la determinación y pago de los derechos de exportación respecto de los productos comprendidos en el Anexo de dicha ley (commodities agrícolas), entre los que se encuentra la malta de cebada cervecera. Se trata de los productos del Anexo de la ley 21.453 los que, justamente, revisten en la categoría de commodities.
Que el art. 1 de la ley 21.453 establece: “Las ventas al exterior de los productos de origen agrícola que se indican en la planilla anexa, quedarán sujetas a las normas que establece la presente ley (…)”. Que la ley 21.453 creó un sistema de registro de las DJVE con el objeto de fomentar las exportaciones de algunos productos mediante un sistema que facilite a los vendedores la determinación de sus costos con la debida antelación de modo de propender a un más fluido ingreso de divisas, a la vez que sirva para registrar el volumen de tales exportaciones, sin que afecte el correcto abastecimiento del mercado interno. El procedimiento propuesto y el régimen de sanciones que se prevé, tenderá a evitar maniobras especulativas que puedan distorsionar el libre juego de la oferta y la demanda, modificando mediante ventas supuestas o su anulación, los beneficios de una real competencia.
Que cabe reseñar que, entre las características principales del régimen previsto en la referida ley, es que los derechos de exportación se determinan a partir del valor promedio (precio índice FOB oficial) que diariamente publica la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentos y que se encuentra regulado por la Resolución (SAGPyA) 331/2001 (B.O.: 16/07/01), y que una vez cerrada una venta al exterior deberá declararse esa venta al día hábil siguiente, mediante la correspondiente DJVE ante la autoridad de aplicación (art. 3º del decreto 1177/92, B.O.: 16/07/92, reglamentario de la ley 21.453 y vigente en el año 2006 al momento de documentarse el PE). El decreto 1177/92 fijaba el plazo de 365 días corridos -desde la venta- para que el interesado realice la exportación, habiendo sido cerrada y registrada la venta al exterior bajo la DJVE de la ley 21.453.
VII. Que en fecha 01/12/06 la firma “MALTERIA PAMPA S.A.” oficializó el PE Nro. 06 003 EC01 006189 M y documentó la exportación para consumo de 14.000 toneladas de malta que declaró por la PA SIM 1107.10.10.190D correspondiente a “Los demás De cebada cervecera (Ley 21.453) Entera o partida -Sin tostar MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES), INCLUSO TOSTADA”, con un valor FOB unitario de u$s280 y un valor FOB total de u$s3.920.000, y se tributó según el precio oficial de u$s285 la tonelada, por lo que la autoliquidación practicada arrojó un valor en aduana de u$s3.990.000 –respectivamente-. Precio oficial al que documentó las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior Ley 21.453 Nro. 06 001 DJVE 005472 W del 30/11/2006 (ver documentación obrante en la carpeta del PE, a fs. 19 de las act. adm.).
Que en el control ex-post, la División Fiscalización y Valoración de Exportación de la Aduana de Bahía Blanca, al contrastarse la operación con su ingreso en destino mediante la utilización del sistema de consultas INDIRA, detectó diferencias entre el valor FOB declarado por el exportador en Argentina para esas mercaderías y el valor declarado por el importador ante la aduana en la República Federativa de Brasil.
Que el Informe Técnico Nº 46/09 (SE FEBB) de la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras de la Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca destaca que “MALTERIA PAMPA S.A.” de Argentina es una empresa controlada por “COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV” de Brasil, la que posee el 60% de su capital accionario. A su vez, “MALTERIA URUGUAY S.A.” de la República Oriental del Uruguay es una sociedad controlada por la firma “MALTERIA PAMPA S.A.”, quién posee el 100% de su capital accionario. Asimismo, expresa que “SERTRADING (BR) LTDA.” no guardaría relación con el grupo –v. fs. 1/10 de las act. adm.-.
Que, en efecto, el servicio aduanero consideró que se trataba de una operación triangulada, al haberse declarado como vendedora de las mercaderías por parte del importador en Brasil a “MALTERIA URUGUAY S.A.” de la República Oriental del Uruguay, firma que, a su vez, resultaba ser la compradora de las mercaderías exportadas desde Argentina.
Que el referido Informe señala entre sus Conclusiones que lo que “se torna insoslayable es la diferencia del importe percibido entre las dos operaciones de venta, por quien en definitiva entiendo es el mismo vendedor de la mercadería a Brasil, MALTERIA PAMPA S.A. de Argentina. Ambas sociedades, a las que no se las puede considerar ni independientes ni que hayan pactado libremente el precio de la transacción, y en donde la sociedad controladora tiene por objeto la utilización de la sociedad controlada para poder reflejar el verdadero precio pactado por la operación, y como consecuencia directa de esto dejar la ganancia obtenida de fuente argentina en el exterior, han utilizado esta metodología comercial cometiendo prima facie, en opinión de esta instancia, la infracción prevista y penada por el Art. 954 Inciso c) del Código Aduanero atento al ingreso de divisas desde el exterior distinto del declarado, por un total de U$S 700.000”.
Que las inconsistencias detectadas por el área de fiscalización, plasmadas en el Informe Técnico Nº 46/09 (SE FEBB), llevaron al servicio aduanero a descartar el valor FOB declarado por la firma y valorar las mercaderías conforme al precio documentado al ser importadas en Brasil. Ello por cuanto, la aduana consideró que a fin de concretar la exportación con destino a la República Federativa de Brasil, se utilizó una empresa controlada por la recurrente, radicada en la República Oriental del Uruguay, destacando que esa firma no recibe la mercadería, ni interviene en la carga, ni despacho, ni logística alguna de la operación, sino que aparenta una presunta adquisición de la mercadería embarcada y su posterior venta al declarante en el país de destino, con la finalidad de quedarse con la diferencia entre el precio pagado a la recurrente y las divisas recibidas de parte del comprador brasilero.
VIII. Que en el caso -como se dijo-, en primer lugar, en el PE Nro. 06 003 EC01 006189 M (oficializado el 01/12/06, cierre de venta declarado el día 29/11/06, registrando en el SIM las DJVE Nros. 06 001 DJVE 005472 W del 30/11/06), se declaró como destino “Brasil”, pero la venta se facturó a la firma “MALTERIA URUGUAY S.A.” por un precio unitario de u$s285 la tonelada (ver sobre contenedor de fs. 19 de act. adm., facturas comerciales Nros. 0001-00001179 y 0001-00001180).
Que, asimismo, cabe mencionar que el Informe -fs. 1/10 de act. adm.- sostiene que, en virtud al destino de la mercadería -Brasil- y como parte de los controles rutinarios, contrastó la operación con su ingreso en destino mediante la utilización del sistema de consultas INDIRA, resultando lo siguiente:
La mercadería fue ingresada por la Aduana de Porto de Vitoria el 13/12/2006 mediante la oficialización de 2 destinaciones de importación el siguiente detalle:
Destinación Toneladas Fob Unitario Fob Total Importador 615186631 3.000 330 990.000 Ambev 615163038 11.000 330 3.630.000 Sertrading (Br) Ltda 14.000TN u$s4.620.000 Que no se encuentra controvertido que tanto la recurrente “MALTERIA PAMPA S.A.” como el comprador en Uruguay “MALTERIA URUGUAY S.A.”, y AMBEV –destinataria final de parte de la mercadería en Brasil- se encuentran vinculados entre sí. Mientras en el caso la firma “SERTRADING (BR) LTDA” –también destinataria de la mercadería en Brasil- no consta que se encuentre vinculada con las sociedades antes mencionadas –v. Informe Técnico de fs. 1/10 de las act. adm.-.
Que tampoco se encuentra controvertido que las transacciones comerciales relativas a la destinación de exportación de autos se estructuraron como operaciones comerciales triangulares, esto es, con la intervención de tres empresas vinculadas (empresa exportadora argentina, empresa intermediaria y empresa importadora en destino –esto último, en el caso de AMBEV-) ubicada cada una en países distintos (Argentina, Uruguay y Brasil, respectivamente).
Que en las operaciones de triangulación en exportaciones, el país de origen de la mercadería (Argentina en este caso) difiere de aquel en el que se emite la factura comercial al país de destino (desde Uruguay a Brasil en este caso, conforme la información del Sistema INDIRA que recoge el Informe Técnico), existiendo una factura previa entre el país de origen (Argentina) hacia el país de radicación del intermediario (Uruguay) girándose desde este último las divisas al país de origen (Argentina) -este primer tramo de facturación se encuentra demostrado por la certificación contable aportada por la actora a fs. 14/15 de autos, y responde a las facturas 0001-00001179 y 0001-00001180 de fecha 6/12/2006 en el sobre de fs. 19 de las actuaciones administrativas-.
Que, como bien indica la parte actora la existencia de triangulación comercial entre empresas vinculadas en el marco de una operación de venta y tráfico internacional de mercadería resulta una praxis comercial lícita, no prohibida.
IX. Que sin perjuicio de la opinión de la suscripta sostenida en causas de igual carátula a la presente, expedientes Nros. 35.110-A y 35.512-A, que tramitaron ante esta Vocalía, entre otros precedentes de este Tribunal –como vocal subrogante-, cabe remarcar que, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en la causa “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” (Fallos: 347:83), sentencia del 29/02/24. En ese precedente, si bien la cuestión se centró en el análisis de ventas sucesivas entre vinculados en una operación de importación, resulta “mutatis mutandi” aplicable al presente por economía procesal.
En especial, la Procuradora analizó la interpretación jurisprudencial dada por el Máximo Tribunal al art. 954, ap. 1°, inc. c), del C.A. y destacó que “(…) la Cámara, sobre la base de los hechos y las pruebas rendidas en la causa, tuvo por demostrado que los precios declarados por Pioneer Argentina S.R.L. se correspondían con los efectivamente pagados por ella a POCSM por las compras realizadas, lo que eliminaba toda posibilidad de configuración de la infracción imputada” (v. punto IV del dictamen de la Procuradora Fiscal, al que remitió la Corte).
Que, en definitiva, no se consideró probada una “declaración inexacta” encuadrable en el artículo 954, ap. 1º, inc. c), del C.A.
X. Que, en efecto, dicho Tribunal ha resuelto en el caso de Fallos 307:1094, “Cerámica San Lorenzo”, que “no obstante que la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (conf. doc. de Fallos 25:364). De esta doctrina y de la de Fallos: 212:51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia (confr. causa ‘Balbuena, César Aníbal s/ extorsión’ resuelta el 17 de noviembre de 1981)”.
XI. Que, en definitiva, y atento con fundamento en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde revocar la Resolución N° 114/14 (AD BABL) dictada en la Actuación Nº 14517-105-2009, con costas.
Por todo lo expuesto, voto por:
Revocar la Resolución N° 114/14 (AD BABL) dictada en la Actuación Nº 14517-105-2009, con costas. El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a VI del voto de la Dra. Sarquis, a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razones de brevedad.
II. Si bien no comparto la solución propiciada por la mayoría —tal como surge de otros precedentes en los que he votado cuestiones análogas—, las particularidades de la presente causa imponen considerar de manera específica los elementos fácticos y probatorios propios del expediente, a fin de definir con precisión la cuestión jurídica central debatida en autos, esto es, la procedencia de la infracción de declaración inexacta en el marco de una operación de exportación instrumentada mediante ventas sucesivas entre empresas vinculadas y no vinculadas y con triangulación a través de una trader uruguaya.
El servicio aduanero acreditó que la mercadería fue exportada desde la República Argentina con destino final a Brasil, sin tránsito efectivo por Uruguay. La operación quedó instrumentada en dos tramos sucesivos. En el primero, la empresa argentina transfirió documentalmente la mercadería a una trader uruguaya vinculada, declarando ante el servicio aduanero un valor FOB de USD 3.920.000. En el segundo tramo, la trader uruguaya —sin haber recibido físicamente la mercadería ni haber acreditado la prestación de servicios verificables que justificaran su intervención— revendió esa misma mercadería a dos empresas brasileras, una también vinculada, por un importe FOB de USD 4.620.000, documentado ante la aduana de destino. La mercadería nunca transitó por Uruguay. La trader operó exclusivamente como un eslabón documentario interpuesto entre la exportadora argentina y las destinatarias brasileras.
La operación bajo examen involucra 14.000 toneladas documentadas a un precio unitario de USD 280 por tonelada, lo que arroja un valor FOB total declarado de USD 3.920.000. El precio documentado en el segundo tramo ascendió a USD 330 por tonelada, totalizando USD 4.620.000. La diferencia entre ambos valores asciende a USD 700.000, lo que representa un 17,86% del valor FOB declarado ante el servicio aduanero. Esa brecha no encuentra explicación en la acreditación de servicios reales ni en la demostración de funciones o riesgos verificables asumidos por la intermediaria uruguaya.
Sobre esta premisa, corresponde determinar si la recurrente incurrió en una declaración inexacta en los términos del artículo 954 del Código Aduanero. En tal sentido, si bien en el presente caso no se discute el valor imponible —puesto que los derechos de exportación fueron liquidados y abonados considerando el precio oficial de la mercadería—, los estándares previstos por el Código Aduanero para examinar el precio pactado en operaciones entre vinculadas resultan relevantes para analizar la exactitud del precio declarado. Esos parámetros no operan como una tipificación indirecta de la infracción prevista en el artículo 954, sino como pautas objetivas de valoración destinadas a examinar si el importe documentado reflejaba razonablemente el valor económico de la operación declarada y, consecuentemente, la eventual configuración de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero.
El primer párrafo del artículo 746 del Código Aduanero establece que la existencia de vinculación entre comprador y vendedor no constituye motivo suficiente para considerar inaceptable el precio pagado o por pagar, salvo que dicha vinculación hubiere influido en el precio. A su vez, el artículo 747 dispone que el precio será aceptado cuando el exportador demostrare que no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes resultantes de considerar el artículo 748, incisos a), b) o c); y prevé que, cuando el servicio aduanero dispusiere de antecedentes que difieran notoriamente del precio declarado, podrá exigir al exportador que justifique su precio de transacción. El Código autoriza inferir, con carácter indiciario y susceptible de prueba en contrario, que la vinculación pudo influir en la determinación del precio cuando concurren dos indicios relevantes: la existencia de vinculación entre las empresas intervinientes y la constatación de una diferencia significativa o notoria entre los precios sometidos a comparación. En el caso de autos, ambos indicios concurren. La vinculación entre las firmas involucradas se encuentra acreditada y no ha sido controvertida. La diferencia de USD 700.000 sobre un valor FOB declarado de USD 3.920.000, equivalente al 17,86%, puede ser razonablemente calificada como sustancial o notoria en los términos del artículo 747, particularmente si se considera que recae sobre la misma mercadería, comercializada en el mismo período temporal, con idéntico destino económico y sin que se hubieran acreditado funciones, riesgos o prestaciones verificables que justificaran objetivamente el diferencial observado. La estructura integral de la operatoria genera así un cuadro indiciario suficientemente grave, preciso y concordante como para poner en crisis la razonabilidad económica del precio declarado y exigir una justificación objetiva que no fue producida.
III. Para que las explicaciones teóricas acerca de posibles conceptos aptos para sustentar esa brecha resulten atendibles, es indispensable que su existencia concreta se encuentre acreditada en el expediente mediante un plexo probatorio contundente, integrado por contratos de servicios, facturas comerciales, registros contables internos, pólizas de seguro, órdenes de compra, términos de intercambio pactados en cada tramo y documentación de transporte. De lo contrario, frente a la ausencia de prueba respecto de tales extremos, la diferencia de precio carece de sustento económico legítimo.
La recurrente no ha arrimado prueba que justifique la referida diferencia que surge del sistema INDIRA. Acompañó una planilla de consulta emitida por la firma Penta, obrante a fs. 7/8 del expediente principal. Dicha planilla no prueba que el precio pactado corresponda al mismo momento que la operación cuestionada ni que sea un precio de mercado —cuando no constan operaciones de exportación de la mercadería a Uruguay—; y si se consideran las operaciones efectuadas a Brasil, solo se identifican dos operaciones a cantidades sustancialmente inferiores a la objetada en autos, lo que impide utilizarlas como parámetro válido de comparación. La documental tampoco goza de aptitud para rebatir el fuerte indicio de declaración inexacta que surge del precio de reventa posterior de la trader uruguaya a las importadoras brasileras, una de las cuales integra el mismo grupo económico de la trader y del exportador.
La documentación acompañada a fs. 9/17 del expediente principal —copia certificada de una certificación contable sobre resultado de exportación de cebada y malta para los ejercicios fiscales finalizados el 30 de septiembre de 2007, 2008 y 2009, junto con los formularios F. 8000, F. 8.600/l y F. 8900— tampoco satisface ese estándar. Esa documental, y en especial la referencia al estudio de precios de transferencia, carece de entidad para neutralizar el fuerte indicio de inexactitud sustancial del precio declarado. Ello no implica desconocer la importancia que el estudio de precios de transferencia tiene para la correcta determinación de la base imponible en el impuesto a las ganancias cuando se trate de operaciones entre empresas vinculadas. Lo que se señala es que la documentación impositiva acompañada no demuestra el valor agregado generado por la trader uruguaya ni justifica la diferencia de USD 700.000 entre ambos tramos de la operación.
Para valorar la magnitud de ese diferencial corresponde tener en cuenta que la misma trader uruguaya y la misma exportadora argentina protagonizaron operaciones de idéntica estructura durante 2007 y 2008 en las que el diferencial entre el precio declarado ante el servicio aduanero argentino y el documentado ante la aduana de destino osciló entre un 17% y un 103% según la operación de que se trate, tal como se acredita en los expedientes TFN, Maltería Pampa S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación, expediente N° 35.393- A, sentencia del 28 de abril de 2023; TFN, Maltería Pampa S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación, expediente N° 35.129-A, sentencia del 17 de mayo de 2023; TFN, Maltería Pampa S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación, expediente N° 35.097-A, sentencia del 17 de mayo de 2023;TFN, Maltería Pampa S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación, expediente N° 35.533-A, sentencia del 23 de mayo de 2023; TFN, Maltería Pampa S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación, expediente N° 36.401-A, sentencia del 24 de mayo de 2023).
Una variación de esa amplitud en el margen capturado por la intermediaria sobre la misma mercadería y en el mismo período es incompatible con la hipótesis de que la trader cumpliera funciones económicas genuinas retribuidas a precio de mercado. Si el supuesto valor agregado de un intermediario puede oscilar en esa proporción según la operación, lo que en realidad varía no es la retribución de un servicio sino la porción del precio final de mercado que el intermediario retiene para sí. La inferencia que se impone es que la trader uruguaya capturaba en cada operación una parte de la diferencia entre el precio que el grupo hubiera obtenido en una venta directa a destino y el precio declarado ante el servicio aduanero argentino, adaptando ese margen a las condiciones de mercado de cada momento.
Que en el presente caso ese diferencial represente un 17,86% —el extremo inferior del rango observado en la serie de expedientes relacionados— no atenúa el indicio, sino que lo confirma, en el sentido de que la variación del margen responde a la fluctuación del precio de mercado de la malta, no a ninguna función real prestada por la intermediaria. La parte actora era quien se encontraba en la mejor posición para explicar de qué manera la trader generaba valor en cada una de esas operaciones y por qué ese valor fluctuaba en la proporción observada. Es de sentido común colegir que quien se encontraba en mejores condiciones de hacerlo, debió explicar las diferencias de facturación entre las distintas operaciones.
Al no haberlo hecho, el cuadro indiciario permanece sin contrapeso. La parte actora, ubicada en una posición probatoria claramente más favorable, tenía el deber de justificar el precio declarado y explicar la razón económica del diferencial observado; su silencio frente a ese deber no es procesalmente neutro. Corresponde precisar que la relevancia jurídica del cuadro indiciario examinado no depende exclusivamente de la existencia de una operación posterior celebrada con un adquirente independiente ni de la determinación concluyente de un único valor de mercado incontrovertido. En efecto, aun en supuestos donde las operaciones sucesivas se desarrollen íntegramente entre empresas vinculadas, la concurrencia de la ausencia de tránsito físico de la mercadería por el país de la trader interpuesta, la inexistencia de funciones económicas verificables atribuibles a dicha intermediaria, la existencia de diferencias significativas entre precios sucesivos y la falta de justificación objetiva y documentada del diferencial observado constituye una base indiciaria jurídicamente relevante para examinar la razonabilidad económica del precio declarado y la eventual configuración de una declaración inexacta en los términos del artículo 954 del Código Aduanero.
De una adecuada valoración integral de la prueba producida en autos, conjuntamente con la necesaria correlación entre los distintos elementos probatorios e indiciarios, surgen elementos concordantes suficientemente relevantes para tener por configurada la infracción investigada. La documentación contable acompañada no constituye un justificante suficiente para neutralizar el fuerte indicio derivado del precio de reventa posterior ni permite demostrar que el precio declarado resultara económicamente consistente con la estructura integral de la operatoria examinada. Reconocer a la documental ofrecida entidad suficiente para desvirtuar el indicio de inexactitud implicaría efectuar un análisis fragmentario y aislado de la prueba, incompatible con una solución jurídicamente adecuada al caso. No resulta suficiente limitar la defensa a sostener que la posterior venta a la vinculada brasilera constituye un negocio independiente o afirmar que no existe inconsistencia entre el precio declarado y el registrado contablemente. Cuando existe una diferencia significativa de precios, mediando vinculación entre las partes y tratándose de ventas sucesivas, la defensa exige una explicación concreta, documentada y fundada del valor declarado, extremo que no ha sido satisfecho en las presentes actuaciones.
IV. Corresponde destacar, por constituir un elemento de particular eficacia demostrativa, la información que surge del Informe Técnico N° 46/09 (SE FEBB) obrante en las actuaciones administrativas. Dicho informe descompone la operatoria de reventa efectuada por la trader uruguaya en el mercado brasilero. De las 14.000 toneladas transferidas por la actora, 3.000 fueron adquiridas por AMBEV —empresa que controlaba el 60% del capital accionario de la propia exportadora— y las 11.000 toneladas restantes por Sertrading (BR) Ltda., empresa respecto de la cual no se acreditó vínculo alguno con el grupo económico. Ninguna de estas circunstancias fue controvertida por las partes en ninguna instancia del proceso.
La composición de esa operatoria tiene una consecuencia que trasciende la cuestión del precio y que afecta directamente a la razón de ser de la intermediación. Si el 79% de las toneladas exportadas —11.000 de las 14.000— tuvo como destinatario final a una única empresa independiente del grupo, la actora mantenía con esa empresa una relación comercial de una magnitud tal que tornaba estructuralmente innecesaria la interposición de la trader uruguaya. Identificar compradores, abrir mercados o gestionar relaciones comerciales en destino son funciones que solo tienen sentido económico cuando el exportador carece de acceso directo a su contraparte. Ninguna de esas funciones es concebible cuando el 79% de la operación se concentra en un único adquirente con el que, por la propia escala de la transacción, existía una relación comercial preestablecida y estable. La interposición de Maltería Uruguay S.A. entre la exportadora argentina y ese comprador dominante no añadió valor identificable a la cadena, no resolvió ningún problema de acceso al mercado y no asumió ningún riesgo que la actora no pudiera haber gestionado directamente. Los USD 50 por tonelada capturados por la trader sobre esas 11.000 toneladas —USD 550.000 de los USD 700.000 totales que conforman el diferencial de la operación— carecen, en ese contexto, de toda justificación económica legítima.
Ambas operaciones del segundo tramo se realizaron al mismo precio unitario de USD 330 por tonelada. La uniformidad de ese precio —aplicado indistintamente a un comprador vinculado y a uno independiente— constituye un elemento particularmente significativo para considerar que USD 330 por tonelada representaba el valor real de la mercadería en las condiciones económicas verificadas en el mercado de destino. Un adquirente sin lazo alguno con la estructura grupal no habría adquirido 11.000 toneladas —equivalentes al 79% del total exportado— a ese precio si no hubiera reflejado condiciones reales de mercado.
En este punto, la operación entre la trader uruguaya y Sertrading (BR) Ltda. constituye un elemento de validación externa particularmente relevante para robustecer el cuadro indiciario previamente desarrollado. Se trata de una transacción entre partes sin vinculación que condicionara su voluntad contractual, sobre la misma mercadería, en el mismo momento temporal, en el mismo mercado de destino y en volumen significativo. No existe en el derecho de valoración aduanera un parámetro de comparación más confiable que el precio efectivamente pagado por un comprador independiente en circunstancias análogas, precisamente porque en él no opera ninguna de las distorsiones que el régimen de vinculación está diseñado para neutralizar.
Desde esta perspectiva, la operación celebrada con Sertrading (BR) Ltda. no sustituye el cuadro indiciario previamente desarrollado, sino que lo robustece mediante un elemento adicional de validación externa particularmente significativo en las circunstancias del caso. Corresponde considerar no solo que la vinculación influyó en el precio declarado —extremo que quedó establecido en los considerandos precedentes— sino que el precio de USD 330 por tonelada constituye el parámetro comparativo que las circunstancias acreditadas en autos imponen y que la diferencia con lo declarado carece de toda explicación económica legítima.
La actora no ofreció explicación alguna sobre esta circunstancia. No alegó que el precio declarado coincidiera con los valores de mercado para operaciones entre partes independientes, ni aportó antecedentes comparables que lo corroboraran. No describió por qué resultaba razonable el importe de USD 280 pactado con la trader uruguaya frente a los USD 330 que Sertrading (BR) Ltda. —sin ningún vínculo que condicionara su voluntad contractual— aceptó abonar por el mismo bien, en el mismo momento y en el mismo destino. Esa omisión no es procesalmente neutra en el contexto del cuadro indiciario previamente desarrollado. En el marco de la carga probatoria que establece el artículo 747 del Código Aduanero, la ausencia de toda explicación frente a una transacción entre partes independientes que acredita el valor de mercado constituye, por sí misma, el incumplimiento del deber de justificación que la norma impone al exportador.
El precio de USD 280 por tonelada declarado por la exportadora argentina no refleja, en consecuencia, una pauta económicamente razonable frente al cuadro indiciario integral verificado en la causa. La diferencia de USD 700.000 sobre el total de la operación fue retenida fuera del precio de exportación declarado mediante la interposición de una intermediaria que, además de no haber acreditado funciones económicas verificables, riesgos efectivamente asumidos ni prestaciones concretas, era estructuralmente prescindible para el 79% de la operación que tenía como destinatario a un único comprador independiente al que la actora podría haber accedido directamente.
V. A mayor abundamiento, la validez jurídica del antecedente incorporado a través del Sistema INDIRA encuentra respaldo directo en la lectura sistemática de los artículos 747 y 748 del Código Aduanero. El precio registrado ante la aduana brasilera como consecuencia de la reventa de la mercadería exportada constituye un antecedente jurídicamente válido en los términos del artículo 747 del Código Aduanero, y su utilización como parámetro de comparación se ajusta plenamente al sistema normativo de valoración de exportaciones. Esta conclusión no reposa en una extensión analógica ni en una interpretación que exceda el texto de la ley, sino en la lectura sistemática y contextual de las propias normas del Código, cuya letra, función y teleología imponen reconocer que los valores de referencia contemplados en el artículo 748 solo cobran sentido operativo cuando se obtienen, al menos en parte, a partir de información proveniente del país de destino de la exportación. El fundamento normativo central de esta conclusión radica en el inciso a) del artículo 748 del Código Aduanero, que establece como parámetro de valoración el valor obtenido por estimación comparativa con mercadería idéntica o, en su defecto, similar competitiva, que hubiere sido objeto de despacho, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación. Los tres elementos que la norma exige concurren con precisión en los hechos de la causa. La mercadería es idéntica: se trata de la misma malta cebada cervecera, con idéntica posición arancelaria y características, exportada en el mismo período. Fue objeto de despacho: la operación de reventa efectuada por la trader uruguaya a Sertrading (BR) Ltda. y a AMBEV fue registrada como importación ante la aduana brasilera, generando el asiento que el Sistema INDIRA captura. El precio FOB de ese despacho ascendió a USD 330 por tonelada. Ese importe constituye, en los términos precisos del artículo 748, inciso a), el resultado de una estimación comparativa con mercadería idéntica que fue objeto de despacho.
La identificación del antecedente con el inciso a) tiene una consecuencia normativa directa ya que ese inciso es uno de los tres criterios que el artículo 747 habilita expresamente, tanto para que el exportador demuestre que su precio es correcto como para que el servicio aduanero exija justificación cuando dispone de antecedentes que difieren notoriamente del precio declarado. El dato que surge de INDIRA encuadra dentro del inciso a). No es necesario recurrir a ningún otro método de valoración para habilitar el mecanismo de comparación del artículo 747 ya que el antecedente disponible satisface directamente uno de los criterios que la norma contempla. El artículo 747 habilita al servicio aduanero a exigir que el exportador justifique su precio de transacción cuando dispone de antecedentes, tomados en consideración los mismos criterios previstos en el artículo 748, incisos a), b) o c), que difieren notoriamente del precio declarado. El término "antecedentes" es empleado por el legislador sin restricción geográfica alguna. Ningún texto de la norma acota ese concepto a los registros de la aduana argentina ni a operaciones cuya documentación haya sido presentada ante el servicio aduanero local. La expresión admite, en su literalidad, toda clase de información idónea para establecer el valor corriente de la mercadería según los criterios de los incisos a), b) o c), con independencia del país en que esa información haya sido generada. Interpretar que los únicos antecedentes válidos son los producidos por la aduana exportadora implicaría privar al inciso a) de toda operatividad en los supuestos donde la distorsión de precio se produce precisamente en el tramo ulterior de la cadena comercial, es decir aquellos en que la misma mercadería, luego de exportada a precio significativamente inferior al posteriormente documentado, es despachada ante la aduana del país receptor a un precio que refleja el valor real. Una restricción que el legislador no introdujo no puede ser incorporada por vía interpretativa para neutralizar la eficacia de la norma en los casos donde más se la necesita.
La lectura sistemática de los artículos 747 y 748 confirma esta conclusión. El artículo 747 consagra la posibilidad bidireccional de comparación: el exportador puede invocar los valores del artículo 748 para defender su precio, y el servicio aduanero puede invocar los mismos valores para cuestionarlo. Si los criterios de comparación son los mismos para ambas partes, y si uno de esos criterios es el precio de mercadería idéntica que fue objeto de despacho conforme al inciso a), se sigue necesariamente que el servicio aduanero puede fundar su cuestionamiento en el precio registrado ante la aduana del país de destino para esa misma mercadería. Un sistema de control que solo pudiera operar con información de la aduana exportadora quedaría estructuralmente inhabilitado para detectar el tipo de subfacturación que se verifica en la especie, es decir, aquella en la que el precio declarado en la salida es artificialmente bajo y la mercadería es posteriormente documentada a un precio significativamente superior en el tramo siguiente de la cadena, registrado ante la aduana del país receptor, que es exactamente la información que el artículo 747 fue diseñado para aprovechar.
El Sistema INDIRA —Intercambio de Información de Registros Aduaneros— es el canal institucional a través del cual el servicio aduanero obtiene los datos de importación registrados ante las aduanas del país receptor. La información que surge de ese sistema no es ajena al ordenamiento ni externa al procedimiento aduanero, sino más bien es la modalidad concreta en que el servicio "dispone de antecedentes" en los términos del artículo 747. Resulta manifiestamente equivocado sostener que los datos provenientes de INDIRA son insuficientes por no haber sido corroborados por medios de prueba directos adicionales. La exigencia de prueba directa no surge de norma alguna del Código Aduanero ni de regla procesal aplicable al procedimiento tributario aduanero. La diferencia de valor verificada mediante ese sistema es un dato objetivo, cuantificable y registrado ante una autoridad pública extranjera, y la convicción jurídica puede fundarse en él, aun sin prueba inequívoca, siempre que dicho antecedente sea valorado conjuntamente con los restantes elementos indiciarios incorporados válidamente al expediente y no de manera aislada o autosuficiente. Si los hechos probados permiten diversas conclusiones, el juzgador deberá explicar las razones de su elección; pero cuando la inferencia es unívoca y el responsable no ha aportado elementos para romper la cadena de indicios concatenados, la decisión fundada en prueba indiciaria es jurídicamente razonable y suficiente.
La verificación conjunta de los dos indicios que el Código Aduanero contempla —existencia de vinculación entre las empresas involucradas y diferencia significativa entre los precios registrados en ventas sucesivas sobre la misma mercadería— genera una presunción iuris tantum de que la vinculación influyó en el precio declarado. Ello genera para el exportador la carga procesal de aportar elementos idóneos que permitan explicar razonablemente el diferencial verificado y desvirtuar la fuerza de convicción del cuadro indiciario reunido en autos. Si las diferencias entre el precio declarado en la exportación y el precio registrado en la reventa posterior no responden a un patrón razonable de intermediación —esto es, si no existe una explicación económicamente coherente que vincule la magnitud del diferencial con funciones reales, riesgos efectivamente asumidos o valor verificablemente agregado por la intermediaria— la inferencia de influencia de la vinculación se consolida. La presentación de una descripción genérica de la operatoria o de un contrato cuyo contenido no guarda correspondencia cuantificable con el incremento de precio no constituye justificación suficiente a los efectos del artículo 747. La actora no ha aportado elementos que desvirtúen los indicios señalados ni que expliquen, sobre la base de funciones o riesgos verificables, la diferencia de USD 700.000 entre el importe declarado y el importe obtenido en la reventa en Brasil. En ese estado de cosas, el antecedente incorporado a través del Sistema INDIRA adquiere particular relevancia como parámetro de comparación en los términos del artículo 747, y el precio declarado no satisface el estándar que esa norma impone.
VI. Por último, corresponde precisar que el modo en que deben resolverse controversias como la presente exige una evaluación minuciosa, racional y objetiva de todos los elementos probatorios en su conjunto. A tal efecto, la pertinencia de la prueba se encuentra estrechamente vinculada con los hechos articulados y controvertidos tanto en la apelación como en la resolución recurrida.
Asimismo, el análisis relativo a la improcedencia de extender la doctrina de "Pioneer" (Fallos: 347:83) a operaciones de exportación, la distinción estructural entre los conceptos de "importe", "precio" y "valor en aduana", la autonomía del principio de libertad probatoria en sede infraccional, los límites del Comentario 22.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana, la centralidad del control posterior al despacho (post clearance audit) y la racionalidad institucional que impone considerar la arquitectura integral de la operatoria en materia de lavado de activos basado en el comercio, ha sido desarrollado exhaustivamente en mi voto emitido en la causa "Maltería Pampa S.A. c/ Dirección General de Aduanas" Expte. 35.806-A, INLEG-2026-52189278-APN- VOCXX#TFN, al que corresponde remitirse íntegramente por razones de brevedad, en todo aquello que no resulte modificado por las particularidades fácticas del presente expediente, las cuales fueron examinadas en los considerandos precedentes.
En definitiva, la conclusión alcanzada no deriva de una mera diferencia abstracta de precios ni de la sola existencia de vinculación entre las empresas intervinientes. Por el contrario, se sustenta en la valoración integral y concordante de múltiples elementos indiciarios: la existencia de ventas sucesivas sobre la misma mercadería; la intervención de empresas vinculadas; la ausencia de tránsito físico por Uruguay; la comprobación de una reventa inmediata a un precio significativamente superior; la existencia de una operación con un adquirente independiente que aportó un elemento externo particularmente significativo para examinar la razonabilidad de USD 330 por tonelada; y, finalmente, la ausencia de acreditación suficiente de funciones económicas, riesgos efectivamente asumidos o prestaciones verificables que justificaran razonablemente la magnitud del diferencial observado. Bajo estas circunstancias particulares, el Tribunal adquiere convicción suficiente acerca de que el precio documentado en la exportación no reflejó adecuadamente la realidad económica de la operación instrumentada, a la luz del cuadro indiciario integral y concordante desarrollado en los considerandos precedentes, configurándose así la declaración inexacta prevista por el artículo 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° 114/14 (AD BABL) en cuanto condena a la exportadora MALTERÍA PAMPA S.A. al pago de una multa por la comisión de la infracción al artículo 954 apartado 1 inciso c) del Código Aduanero, con costas.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
Revocar la Resolución N° 114/14 (AD BABL) dictada en la Actuación Nº 14517-105-2009, con costas. Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas, y archívese.
Date: 2026.06.05 17:01:14 ART Date: 2026.06.22 18:42:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.22 21:52:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.22 21:53:29 -03:00
Fin de la sentencia