Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-112399577-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 196/2017 dictada por la Aduana de Bahía Blanca, dictada el 06/10/2017, en el expediente administrativo SIGEA N° 12569-325-2011, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-21009943-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 2 de Marzo de 2026 Reunidos los Vocales de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “MALTERIA PAMPA S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, EX-2021-
112399577- -APN-SGASAD#TFN,
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, mediante RE-2021-112398805-APN-SGASAD#TFN, se presenta por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución AD BABL N° 196/2017, dictada el 06/10/2017, en el expediente administrativo SIGEA N° 12569-325-2011, en cuanto condena a la firma al pago de una multa de $ 15.813.980.-, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el apartado 1, inc. c), del artículo 954 del CÓDIGO Aduanero. Relata que el servicio aduanero habría detectado, en operaciones de triangulación, una diferencia de valor entre el valor FOB de la mercadería documentada ante la aduana de salida (Argentina) y el valor de ingreso en el país de destino (Brasil). Relata los antecedentes e indica que exportó para consumo malta de cebada cervecera (de la PA NCM 1107.10.10.190D) a la sociedad Maltería Uruguay S.A (sociedad uruguaya), quien, a su vez, actuando como un trader internacional, vendió la mercadería al mercado brasileño.
Explica que conforme surge del fallo condenatorio, de la información obtenida por el Sistema INDIRA, se habría evidenciado que la segunda venta fue concertada por un valor superior, con lo cual, a juicio de la Aduana se desprendería que no existieron dos o más operaciones, sino una única y real exportación con destino a Brasil. Sostiene la inexistencia de declaración inexacta endilgada por la DGA, toda vez que formuló una declaración jurada exacta, completa y veraz. Plantea que en el marco habitual de transacciones internacionales entre empresas vinculadas y en los casos de ventas sucesivas, ni la vinculación ni el hecho de que el precio resulte inferior a otros comparables resultan per-se suficientes para la desestimación del precio de transacción como valor aduanero.
Sostiene así que el criterio del precio contractual es fundamental en la valoración de las mercaderías que se exportan, y agrega que, no es posible descartar el precio declarado sobre una transacción comercial y reemplazarlo por otro que corresponde a otra transacción comercial distinta, transacción ésta última en la que no es parte interviniente el exportador declarante, aun cuando su comprador (el que realiza la segunda venta) sea empresa vinculada. Resalta que no existe controversia tributaria, visto que se han liquidado y abonado los tributos sobre el precio oficial de la mercadería y destaca que la imputación infraccional realizada por la Aduana se apoya solamente en la información del sistema INDIRA, o sea, sobre una base presunta.
Destaca que el precio pautado responde al precio de mercado, siendo este el precio de transacción, o sea, el precio al que cualquier vendedor podría vender su mercadería al exterior en similares condiciones. En quinto término, plantea la falta de configuración de la consecuencia prevista en el artículo 954 del Código Aduanero ap. 1 inc. c) del Código Aduanero, toda vez que ha acreditado con la certificación contable, aportada en las actuaciones administrativas, que se percibió e ingresó las divisas por la venta al comprador del Uruguay. Indica que la diferencia de precios detectada por el servicio aduanero radica en que la sociedad uruguaya actúa como un trader internacional, y amplía indicando que estos operadores por su actividad asumen los riesgos que conllevan las fluctuaciones de las tasas de cambio de las diferentes monedas en que se realizan las operaciones, las deficiencias de peso y calidad en destino, los inconvenientes derivados de la logística, cuestiones de transporte, transbordos, puertos, costos asociados a demoras de los buques en el puerto de carga y descarga, riesgos políticos.
Luego, cuestiona la facultad de la Aduana de apartarse del precio declarado como base imponible sobre la cual corresponde calcular los derechos de exportación. En subsidio, para el caso en que se considere aplicable la infracción endilgada, plantea (i) la condonación de la multa, a la luz de lo normado por el art. 56 de la ley 27.260, y (ii) la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas atento a la doctrina del plazo razonable. Cita jurisprudencia. Hace reserva del Caso Federal. Ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución recurrida en autos, con costas a cargo de la DGA.
II. Que, mediante IF-2022-11243615-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Luego de efectuar un breve resumen de los hechos acaecidos en sede aduanera, niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos esgrimidos por la contraria que no sean objeto de un especial reconocimiento de su parte. Se opone a la excepción de prescripción solicitada por la contraparte atento a que la misma no operó. Rechaza la defensa de plazo razonable, señalando que dicha garantía no resulta aplicable a personas jurídicas, conforme la Opinión Consultiva OC-22/16 de la Corte IDH. Además, entiende que no existió retardo irrazonable imputable a la DGA. Finalmente, en cuanto al fondo del asunto entiende que la infracción endilgada se ha configurado atento a la existencia de diferencias significativas entre los valores declarados por la actora en las destinaciones de exportación y los valores informados por el sistema INDIRA. Asimismo, destaca que la información obtenida mediante el sistema INDIRA constituye prueba válida y oficial, no constituyendo un mero indicio. Destaca que, verificada la materialidad objetiva de la infracción, corresponde aplicar la doctrina consolidada según la cual en materia infraccional aduanera se produce una presunción de culpabilidad, trasladándose al imputado la carga de acreditar la inexistencia de culpa, extremo que no ha sido debidamente probado por la actora. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, las que acompaña junto a su presentación. Cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal y solicita que se rechace la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12569-325-2011 se inician a fs. 1/10 con el Informe Técnico n° 282/12 elaborado por la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras Bahía Blanca, mediante la cual se detectó la utilización de operaciones de triangulación que provocan un perjuicio fiscal conforme el artículo 954 ap. 1 inciso c) del Código Aduanero. A fs. 11 obra la liquidación de la multa. A fs. 12/17 constan impresiones de pantalla del sistema “Aplicación Mercosur” de la exportación en trato. A fs. 18 luce el acta de denuncia por la diferencia de ingreso de divisas desde el exterior distinto del declarado en la destinación n° 09003EC01002922G. A fs. 19 consta el DIT en trato. A fs. 21/24 consta la Resolución 445/12 (AD BABL) de fecha 12/10/2012 mediante la cual se instruye sumario contencioso. A fs. 25 luce la determinación de la multa en pesos argentinos. A fs. 26/27 se ordena correr vista de lo actuado a la exportadora, notificada (a fs. 28) en fecha 04/04/2017. A fs. 29/42 ref. luce el descargo presentado por la firma actora. A fs. 84/97 luce el Dictamen n° 135/2017 (ASLT) de la Aduana de Bahía Blanca. A fs. 98/112 luce la Resolución N°196/2017 (AD BABL), aquí apelada.
IV. Que, bajo tales premisas, corresponde dilucidar si la resolución apelada en autos, por la que se condena a la recurrente al pago de una multa por la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso c), del Código de rito, se ajusta a derecho, en cuanto ha sido materia de recurso.
Que cabe señalar que no está en discusión la identidad entre lo declarado en la destinación y la información que surge de la documentación de respaldo – que fuera a su vez ratificada por la prueba producida en autos –, sino que la discusión gira pura y exclusivamente en torno al valor declarado.
Que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, y que dicha inexactitud haya producido o podido producir alguno de los efectos previstos en la norma de referencia. Que, el citado artículo 954, apartado 1, de la ley 22.415 señala: "El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: (…) c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia".
Que la firma actora sostiene que no existe diferencia entre lo declarado y el resultado de la comprobación, y que el hecho de haber declarado un valor de exportación distinto del que fuera declarado en el país de importación no resulta, por sí mismo, un elemento suficiente para desestimar el valor declarado como valor de transacción. Asimismo, destaca que la Aduana se apoya solamente en la información del sistema INDIRA, o sea, sobre una base presunta.
V. Que cabe aclarar que la utilización del sistema informático INDIRA, mediante el cual se habría detectado que la mercadería había sido exportada del mercado argentino a un precio inferior al que se importó en la República Federativa de Brasil no constituye, por sí sola, un elemento suficiente para reprochar la declaración efectuada por la exportadora. Los datos del referido sistema INDIRA no constituyen una prueba fehaciente, porque carecen de las debidas certificaciones y legalizaciones de las autoridades brasileñas y consulares nacionales. Que, asimismo, si bien el servicio aduanero tiene amplias facultades para controlar los precios declarados y, en consecuencia, efectuar un reclamo tributario cuando considere que dicho precio no es el que corresponde, la existencia de una venta posterior por un precio diferente al de la venta inicial, llevada a cabo por un trader vinculado (Maltería Uruguay) no demuestra por sí solo que el precio declarado es inexacto, y que se trate de una maniobra fraudulenta tendiente a alocar ganancias en otra jurisdicción o generar un menor ingreso de divisas al país.
Que, en efecto, aun cuando hubiere sido posible un ajuste a los efectos tributarios, el nuevo valor asignado no implica que el precio declarado no fuera veraz, ya que el ajuste no significa ni convierte al valor declarado en inexacto.
VI. Que, además, en lo que atañe a las ventas sucesivas o triangulación comercial entre empresas vinculadas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el expediente CAF 20/2019/CA1-CS1 “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, al dictar sentencia el 29 de febrero de 2024, haciendo suyos los fundamentos vertidos por la señora Procuradora Fiscal en el dictamen del 21 de abril de 2021, sostuvo que “el tipo infraccional del art. 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero, al sancionar la declaración aduanera que difiera de lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida produjere o hubiere podido producir ‘el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere’, circunscribe el examen de la discordancia entre el precio declarado y el importe egresado –tratándose de importaciones– a la última venta en supuestos de ventas sucesivas”. Que, en un ejercicio de parafraseo de esta doctrina judicial –la que cabe aplicar en todo su extensión, en tanto el Alto Tribunal ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores, a efectos de la adecuada salvaguarda de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, habiéndose calificado a sí misma como "intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia" - es factible afirmar que su cabal aplicación conduce a que en los casos en los que el valor FOB total declarado en el despacho de importación coincida con el consignado en la factura comercial, la importadora quede a salvo de la aplicación de la figura infraccional prevista en el artículo 954 del CÓDIGO Aduanero.
VII. Que, aun cuando resultare cuestionado el valor declarado por diferir de lo efectivamente facturado por la firma, surge de la certificación contable de fecha 18/04/2017, agregada a las actuaciones, que los importes facturados por el vendedor se corresponden con los importes cobrados al exterior para la cancelación de las acreencias comerciales de Maltería Pampa (véase fs. 50/51 ref. de las act. adm.).
VIII. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho revocar la infracción tipificada en la referida normativa, dejando a salvo mi criterio – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes ("Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación", Expte. N° 24.840, del 02/12/13; "Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación", Expte. N° 24.553-A, del 03/12/13 y "Nutribras SA c/ DGA si Apelación", Expte. N°36.507-A, del 06/03/12; entre muchos otros).
X. Que en virtud del modo en que se vota, se torna inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas en la litis.
Por ello, VOTO por:
Revocar la Resolución N° 196/2017 dictada por la Aduana de Bahía Blanca, dictada el 06/10/2017, en el expediente administrativo SIGEA N° 12569-325-2011, con costas a la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere a la propuesta del Sr Vocal Instructor en tanto recepta la doctrina de la Corte en “Pioneer” que plasma el criterio del suscripto en todos los precedentes de igual carátula que la presente.
Por ello, SE
Revocar la Resolución N° 196/2017 dictada por la Aduana de Bahía Blanca, dictada el 06/10/2017, en el expediente administrativo SIGEA N° 12569-325-2011, con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2026.02.27 20:05:09 ART Date: 2026.03.02 00:48:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.02 00:48:55 -03:00
Fin de la sentencia