Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 39.278-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución Nº 364/18 (AD CAMP) dictada en la Actuación Nº 12647-140-2012 (008-SC-20-2014/0), en cuanto condena a la firma “MALTERÍA PAMPA S.A.” y a la despachante de aduana MARIA VERONICA QUIJANO, al pago de una multa por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-60701106-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 19 de Junio de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura, (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “MALTERIA PAMPA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 39.278-A, y su acumulado “QUIJANO, MARIA VERONICA C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 39.279-A .
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 20/37 se presenta la firma “MALTERIA PAMPA S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 364/18 (AD CAMP) dictada por el Jefe del Departamento Aduana de Campana en la Actuación Nº 12647-140-2012 (008-SC-20-2014/0), por la que se la condena al pago de una multa de $10.420.800.- en los términos del art. 954 ap. 1 inc. c) del C.A. respecto del PE Nº 12 008 EC01 003856 M. Reseña las actuaciones administrativas. Manifiesta que documentó al amparo de la ley 21.453 la exportación definitiva de un embarque de malta de cebada de la P.A. 1003.90.10.100G y que la venta se concertó por un valor FOB unitario de u$s275 la tonelada. Expresa que la mercadería fue vendida a Maltería Uruguay S.A., pero siendo que este comprador era un trader que, a su vez, había vendido la mercadería al mercado brasileño, éste dio instrucciones de embarque de la carga con destino a la República Federativa del Brasil.
Relata que, como consecuencia de una investigación llevada a cabo por la Aduana de Campana, a través del sistema informático INDIRA se advirtió que la segunda venta (es decir, la venta que realizó la empresa compradora radicada en Uruguay a otra empresa ubicada en Brasil) se había realizado a un precio distinto y superior. Destaca que se liquidaron y abonaron los derechos de exportación, considerando el precio oficial vigente a la fecha de las DJVE que resultó ser de u$s270 -es decir, inferior al precio de venta concertado-. Agrega que la certificación contable aportada acredita que el precio concertado, validado por la autoridad de aplicación al entregar la DJVE y declarado ante la Aduana, es veraz y exacto.
Señala que se ha condenado a la firma sobre una base presuntiva, toda vez que el servicio aduanero concluyó a partir del INDIRA que la venta concertada entre la recurrente y la empresa compradora uruguaya, operación validada por la autoridad de aplicación (Secretaría de Agricultura/ONCCA) al entregar la DJVE y cuyo cobro se acreditó con certificación contable, en realidad sería inexistente y, por lo tanto, el precio declarado inexacto. Sostiene la falta de configuración de la consecuencia prevista en el art. 954 ap. 1 inc. c) del C.A. en cuanto ha quedado debidamente acreditado con la certificación contable aportada en las actuaciones administrativas que la firma percibió e ingresó las divisas por su venta al comprador del Uruguay y que ello nada tuvo que ver con la segunda venta del cliente uruguayo con su par brasileño.
Expresa que las operaciones han sido analizadas y validadas por la DGI al fiscalizar las liquidaciones del Impuesto a las Ganancias. Señala que el tema no tiene impacto tributario atento que han sido abonados los derechos aduaneros conforme el precio oficial vigente (confr. art. 729 del C.A.). Recalca que, tratándose de una operación documentada al amparo de la Ley 21.453, los derechos de exportación tributan sobre el precio oficial vigente a la fecha de registro de la declaración jurada de venta al exterior (DJVE) que guarda relación con el precio declarado por la firma. Menciona que la facultad de la Aduana de apartarse del precio declarado en el PE a efectos de la valoración aduanera no lo autoriza a cuestionarlo como falaz e inexacto.
Cita jurisprudencia reciente de este Tribunal. Afirma que el precio de venta declarado reúne todos los requisitos exigidos por los arts. 735 y 742 del C.A. para que pueda ser considerado como valor al que cualquier exportador en similares condiciones de mercado puede vender la mercadería en trato. Concluye que la operación de ventas sucesivas investigada en autos no sólo no merece reproche infraccional alguno desde el punto de vista aduanero, sino que tampoco lo mereció desde el punto de vista fiscal, en tanto la DGI validó los estudios de precios de transferencia presentados por la compañía por los períodos que corresponden a ésta y otras operaciones. Ofrece prueba, hace reserva de plantear el caso federal y, solicita que se haga lugar al recurso y se la absuelva, con expresa imposición de costas a la contraria.
II. Que a fs. 44/49 ref. se presenta la despachante de aduana María Verónica Quijano, por derecho propio, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 364/18 (AD CAMP) dictada por el Jefe del Departamento Aduana de Campana en la Actuación Nº 12647-140-2012 (008-SC-20-2014/0), por la que se la condena –conjuntamente con la exportadora- al pago de una multa de $10.420.800.- en los términos del art. 954 ap. 1 inc. c) del C.A. respecto del PE Nº 12 008 EC01 003856 M. Reseña las actuaciones administrativas. Expone sus fundamentos del recurso de autos. Señala que la declaración del precio en el permiso fue hecha según la documentación que le proporcionó la exportadora, coincidente con la factura que luego se emitiera. Afirma que la diferencia imputada no constituye una infracción de declaración inexacta, siendo el precio declarado exacto y veraz, además de superior al oficial publicado por la autoridad de aplicación para la mercadería de que se trata. Manifiesta que actuó como mandataria de la firma exportadora y, dado que formuló la declaración de acuerdo a la documentación e instrucciones impartidas, no puede ser responsabilizada por la infracción de declaración inexacta, según lo previsto por los arts. 902 y 908 del C.A. Adhiere a los argumentos expuestos por “MALTERÍA PAMPA S.A.” en su escrito de apelación. Ofrece prueba. Solicita que, oportunamente, se revoque la resolución administrativa apelada, con costas.
III. Que a fs. 80 este Tribunal dispone la acumulación del expediente Nº 39.279-A caratulado: “Quijano, María Verónica c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”, que tramitaba por ante la Vocalía de la 15a. Nominación (Sala “E”), a la presente causa.
IV. Que a fs. 93/99 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todos y cada uno de los hechos en los que la actora sustenta su apelación, que no sean específicamente reconocidos en el curso de su responde o no surjan de las actuaciones administrativas. Refiere a la modalidad empleada en el caso por cuanto el país de importación (Brasil) difiere del país del sujeto al cual el exportador (Argentina) emite la factura y del que recibe el pago del precio (Uruguay). Afirma que el valor FOB de las operaciones de venta, aunque superior al oficial, no fue debidamente declarado (como lo establece la ley 21.453) al manipularse la cifra final por conducto de un intermediario. Expone que Uruguay era una pieza clave en la triangulación fraudulenta, no sólo para liquidar menos divisas en la Argentina sino para disponer de la divisa norteamericana (liquidez pura), en la cuenta de la firma controlada en Uruguay. Contesta los agravios de la despachante de aduana. Sostiene que no basta con la mera afirmación de haber cumplido órdenes del importador, toda vez que las condiciones de su profesión le exigen capacidad de discernimiento y conocimientos suficientes para ser auxiliar del servicio aduanero. Menciona que las constancias del sistema INDIRA encuentran respaldo en documentos emanados de organismos de los Estados Parte y, por lo tanto, públicos; siendo consecuencia indiscutible de ello que tales documentos hacen plena fe. Ofrece como prueba la Actuación Nº 12647-140-2012. Hace reserva de plantear el caso federal. Solicita que, oportunamente, se dicte sentencia que desestime los agravios de la actora, y se confirme la resolución aduanera recurrida, con expresa imposición de costas a la contraria.
V. Que a fs. 114 se declara la causa de puro derecho. A fs. 124 se elevan los autos a la Sala “G”, y a fs. 125 se los pasa a sentencia.
VI. Que la Actuación Nº 12647-140-2012 se inicia con el Informe Técnico de Fiscalización y Valoración de Exportación Nº 262/2012 (SE FVEX) mediante el cual se hacen saber las inconsistencias en los valores declarados por la firma recurrente en la destinación registrada en el SIM bajo la numeración 12 008 EC01 003856 M (fs. 1/7). A fs. 8/17 se glosa copia del 12 008 EC01 003856 M, se agregan impresiones de pantalla del sistema INDIRA relativas a la oficialización de la Destinación Nro. 1207233864 del 14/08/12, y de la factura comercial emitida por “Maltería Pampa S.A.” a “Maltería Uruguay S.A.” del 16/04/2012. A fs. 23/24 se dispone instruir sumario contencioso, en los términos del art. 1090 inc. “c” del CA, contra la despachante de aduana MARIA VERONICA QUIJANO y contra la firma MALTERIA PAMPA S.A., por presunta infracción al art. 954 inc. “c” del C.A., y se les corre vista de lo actuado (notificadas el 10/06/2014 y el 06/06/2014, respectivamente, según constancias de fs. 25 y fs. 26). A fs. 27/29 contesta vista la despachante, y a fs. 30/41 ref. lo hace la exportadora. A fs. 64/65 se emite el Dictamen Nº 285/18 (SESU AD CAMP). A fs.66/68 se dicta la Resolución Nº 364/2018 (AD CAMP). A fs. 71/72 ref. y fs. 73/74 ref. se comunica la interposición los recursos de apelación ante este Tribunal.
VII. Que corresponde resolver en autos si la resolución apelada, por la que se condena a la recurrente al pago de una multa por la infracción prevista en el art. 954, ap. 1º, inc. c) del C.A., se ajusta a derecho. Que el art. 954 del Código Aduanero tutela el principio de veracidad y exactitud de la declaración y en este sentido sanciona y reprime al que para cumplir una operación de importación o exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con el resultado de la comprobación y que de pasar inadvertida produjere o pudiere producir: c) el ingreso o egreso desde el exterior de un importe distinto del que correspondiere, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el importe de la diferencia.
Que es requisito para la configuración de la figura plasmada en el mencionado precepto legal la existencia del elemento “declaración”, entendida como un hacer positivo, veraz y suficientemente amplio y explicativo como para auxiliar al servicio aduanero en el aporte que debe efectuarse a la aduana de los datos exigidos por ésta para la correcta aplicación del régimen aduanero que correspondiere (resulta ilustrativo el Comentario 1ero, al art. 954 del “Código Aduanero Comentado”; M. Alsina, E. Barreira, R. Basaldúa, J.P. Cotter Moine y H.G. Vidal Albarracín; Ed. Abeledo Perrot, 2011, 1a ed., Tomo III, pág. 381).
VIII. Que el Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros (INDIRA) surgió, en primer término, luego de la aprobación de la Decisión CMC Nº 13/04 relativa al “Intercambio de Información a través de Sistemas Informáticos”. Posteriormente, a través de la Decisión CMC 54/04 de “Eliminación del doble cobro del AEC y distribución de la renta aduanera” y por Decisión CMC 37/05 se estableció su reglamentación. Que, en rigor, el Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros (INDIRA) es un mecanismo informático implementado entre los Estados Parte del MERCOSUR que permite la interconexión en línea de los sistemas informáticos de gestión aduanera existentes en los Estados Partes del MERCOSUR, a cuyo efecto se han acordado un conjunto de datos comunes de las operaciones aduaneras de exportación e importación de los Estados Partes, y que son objeto de intercambio a través del sistema informático.
Que las destinaciones en trato, en razón de las características de la mercadería de que se trata -producto de origen agrícola-, se encuentra legislada por la ley 21.453 (B.O., 11/11/76), que establece en su art. 6 y normas concordantes un régimen especial para la determinación y pago de los derechos de exportación respecto de los productos comprendidos en el Anexo de dicha ley (commodities agrícolas), entre los que se encuentra la malta de cebada cervecera. Se trata de los productos del Anexo de la ley 21.453 los que, justamente, revisten en la categoría de commodities.
Que el art. 1 de la ley 21.453 establece: “Las ventas al exterior de los productos de origen agrícola que se indican en la planilla anexa, quedarán sujetas a las normas que establece la presente ley (…)”. Que la ley 21.453 creó un sistema de registro de las DJVE con el objeto de fomentar las exportaciones de algunos productos mediante un sistema que facilite a los vendedores la determinación de sus costos con la debida antelación de modo de propender a un más fluido ingreso de divisas, a la vez que sirva para registrar el volumen de tales exportaciones, sin que afecte el correcto abastecimiento del mercado interno. El procedimiento propuesto y el régimen de sanciones que se prevé, tenderá a evitar maniobras especulativas que puedan distorsionar el libre juego de la oferta y la demanda, modificando mediante ventas supuestas o su anulación, los beneficios de una real competencia.
Que cabe reseñar que, entre las características principales del régimen previsto en la referida ley, es que los derechos de exportación se determinan a partir del valor promedio (precio índice FOB oficial) que diariamente publica la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentos y que se encuentra regulado por la Resolución (SAGPyA) 331/2001 (B.O.: 16/07/01), y que una vez cerrada una venta al exterior deberá declararse esa venta al día hábil siguiente, mediante la correspondiente DJVE ante la autoridad de aplicación (art. 3º del decreto 1177/92, B.O.: 16/07/92, reglamentario de la ley 21.453 y vigente en el año 2008 al momento de documentarse el PE). El decreto 1177/92 fijaba el plazo de 365 días corridos -desde la venta- para que el interesado realice la exportación, habiendo sido cerrada y registrada la venta al exterior bajo la DJVE de la ley 21.453.
IX. Que en fecha 04/04/2012 la firma “MALTERIA PAMPA S.A.” oficializó el PE Nº 12 008 EC01 003856 M por el que documentó la exportación para consumo de 24.000 toneladas de cebada que declaró por la PA SIM 1003.90.10.100G correspondiente a “A granel, con hasta 15 % de embolsado (Ley 21.453) Cervecera – Las demás CEBADA”, con un valor FOB unitario de u$s275, valor FOB total de u$s6.600.000, y se tributó según el precio oficial de u$s270 la tonelada, por lo que la autoliquidación practicada arrojó un valor en aduana de u$s6.480.000 (ver copia de la documentación obrante a fs. 8/11 de las act. adm.).
Que en el control ex-post, la División Fiscalización y Valoración de Exportación de la Dirección Regional Aduanera La Plata, al contrastarse la operación relativa al PE Nº 12 008 EC01 003856 M con su ingreso en destino mediante la utilización del sistema de consultas INDIRA, detectó diferencias entre el valor FOB declarado por el exportador en Argentina para esas mercaderías y el valor declarado por el importador ante la aduana en la República Federativa de Brasil.
Que el Informe Técnico de Fiscalización y Valoración de Exportación Nº 262/2012 (SE FVEX) destaca que “MALTERIA PAMPA S.A.” de Argentina es una empresa controlada por “COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV” de Brasil, la que posee el 60% de su capital accionario. A su vez, “MALTERIA URUGUAY S.A.” de la República Oriental del Uruguay es una sociedad controlada por la firma “MALTERIA PAMPA S.A.”, quién posee el 100% de su capital accionario (v. fs. 1/7 de la Actuación Nro. 12647-140-2012). Que, en efecto, el servicio aduanero consideró que se trataba de una operación triangulada, al haberse declarado como vendedora de las mercaderías por parte del importador en Brasil a “MALTERIA URUGUAY S.A.” de la República Oriental del Uruguay, firma que, a su vez, resultaba ser la compradora de las mercaderías exportadas desde Argentina.
Que el referido Informe señala entre sus Conclusiones que lo que “se torna insoslayable es la diferencia del importe percibido entre las dos operaciones de venta, por quien en definitiva entiendo es el mismo vendedor de la mercadería a Brasil, MALTERIA PAMPA S.A. de Argentina. Ambas sociedades, a las que no se las puede considerar ni independientes ni que hayan pactado libremente el precio de la transacción, y en donde la sociedad controladora tendría por objeto la utilización de la sociedad controlada para poder reflejar el verdadero precio pactado por la operación, y como consecuencia directa de esto dejar la ganancia obtenida de fuente argentina en el exterior, han utilizado esta metodología comercial (…) cometiendo prima facie, en opinión de esta instancia, la infracción prevista y penada por el Art. 954 Inciso c) del Código Aduanero atento al ingreso de divisas de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, por un total de U$S2.400.000,00”. Que las inconsistencias detectadas por el área de fiscalización, plasmadas en el Informe Técnico de Fiscalización y Valoración de Exportación Nº 262/2012 (SE FVEX), llevaron al servicio aduanero a descartar el valor FOB declarado por la firma y valorar las mercaderías conforme al precio documentado al ser importadas en Brasil. Ello por cuanto, la aduana consideró que a fin de concretar la exportación con destino a la República Federativa de Brasil, se utilizó una empresa controlada por la recurrente, radicada en la República Oriental del Uruguay, destacando que esa firma no recibe la mercadería, ni interviene en la carga, ni despacho, ni logística alguna de la operación, sino que aparenta una presunta adquisición de la mercadería embarcada y su posterior venta al declarante en el país de destino, con la finalidad de quedarse con la diferencia entre el precio pagado a la recurrente y las divisas recibidas de parte del comprador brasilero.
X. Que en el caso -como se dijo-, en primer lugar, en el PE N° 12 008 EC01 003856 M (oficializado el 04/04/2012, cierre de venta declarado el día 19/03/2012), se declaró como destino “Brasil”, y la venta se facturó a la firma “MALTERIA URUGUAY S.A.” por un valor FOB unitario de u$s275 la tonelada y valor FOB total de u$s6.600.000 (ver fs. 10/11 de act. adm., y factura comercial Nº 0020-00000167).
Que no se encuentra controvertido que tanto la recurrente “MALTERIA PAMPA S.A.” como el comprador en Uruguay “MALTERIA URUGUAY S.A.”, así como AMBEV -destinataria final de parte de la mercadería- se encuentran vinculadas entre sí (v. Informe Técnico de fs. 1/7 de la Actuación Nro. 12647-140-2012). Que, en segundo lugar, cabe mencionar que el Informe -fs. 1/10 de act. adm.- sostiene que, en virtud al destino de la mercadería -Brasil- y como parte de los controles rutinarios, contrastó la operación con su ingreso en destino mediante la utilización del sistema de consultas INDIRA, resultando que la mercadería fue ingresada por la Aduana de Porto de Sao Francisco do Sul mediante la oficialización de la destinación de importación 1207233864 a un valor FOB total de u$s9.000.000,00.
Que tampoco se encuentra controvertido que las transacciones comerciales relativas a la destinación de exportación de autos se estructuraron como operaciones comerciales triangulares, esto es, con la intervención de tres empresas vinculadas (empresa exportadora argentina, empresa intermediaria y empresa importadora en destino) ubicada cada una en países distintos (Argentina, Uruguay y Brasil, respectivamente).
Que en las operaciones de triangulación en exportaciones, el país de origen de la mercadería (Argentina en este caso) difiere de aquel en el que se emite la factura comercial al país de destino (desde Uruguay a Brasil en este caso, conforme la información del Sistema INDIRA que recoge el Informe Técnico), existiendo una factura previa entre el país de origen (Argentina) hacia el país de radicación del intermediario (Uruguay) girándose desde este último las divisas al país de origen (Argentina) - factura comercial Nº 0020-00000167 e informe del Banco Itaú, agregados a fs. 17 y fs. 61/63 de las act. adm., respectivamente-.
Que, como bien indica la parte actora la existencia de triangulación comercial entre empresas vinculadas en el marco de una operación de venta y tráfico internacional de mercadería resulta una praxis comercial lícita, no prohibida.
XI. Que sin perjuicio de la opinión de la suscripta sostenida en causas de igual carátula a la presente, expedientes Nros. 35.110-A y 35.512-A, que tramitaron ante esta Vocalía, entre otros precedentes de este Tribunal –como vocal subrogante-, cabe remarcar que, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en la causa “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” (Fallos: 347:83), sentencia del 29/02/24. En ese precedente, si bien la cuestión se centró en el análisis de ventas sucesivas entre vinculados en una operación de importación, resulta “mutatis mutandi” aplicable al presente por economía procesal.
En especial, la Procuradora analizó la interpretación jurisprudencial dada por el Máximo Tribunal al art. 954, ap. 1°, inc. c), del C.A. y destacó que “(…) la Cámara, sobre la base de los hechos y las pruebas rendidas en la causa, tuvo por demostrado que los precios declarados por Pioneer Argentina S.R.L. se correspondían con los efectivamente pagados por ella a POCSM por las compras realizadas, lo que eliminaba toda posibilidad de configuración de la infracción imputada” (v. punto IV del dictamen de la Procuradora Fiscal, al que remitió la Corte).
Que, en definitiva, no se consideró probada una “declaración inexacta” encuadrable en el artículo 954, ap. 1º, inc. c), del C.A.
XII. Que, en efecto, dicho Tribunal ha resuelto en el caso de Fallos 307:1094, “Cerámica San Lorenzo”, que “no obstante que la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (conf. doc. de Fallos 25:364). De esta doctrina y de la de Fallos: 212:51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia (confr. causa ‘Balbuena, César Aníbal s/ extorsión’ resuelta el 17 de noviembre de 1981)”.
XIII. Que en relación a la responsabilidad del despachante de aduana, teniendo en cuenta lo expresado en los considerandos precedentes y, en vistas de que no se ha considerado probada una inexactitud en la declaración efectuada en los términos del art. 954 del C.A., que permita avalar la imputación efectuada, no puede considerárselo como penalmente responsable de una infracción que no se ha configurado, no siendo necesario evaluar si se ha apartado o no de las instrucciones impartidas por el exportador.
XIV. Que, en definitiva, y atento con fundamento en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde revocar la Resolución Nº 364/18 (AD CAMP) dictada en la Actuación Nº 12647-140-2012 (008-SC- 20-2014/0), en cuanto condena a la firma “MALTERÍA PAMPA S.A.” y a la despachante de aduana MARIA VERONICA QUIJANO, al pago de una multa por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., con costas.
Por todo lo expuesto, voto por:
Revocar la Resolución Nº 364/18 (AD CAMP) dictada en la Actuación Nº 12647-140-2012 (008-SC-20-2014/0), en cuanto condena a la firma “MALTERÍA PAMPA S.A.” y a la despachante de aduana MARIA VERONICA QUIJANO, al pago de una multa por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., con costas. El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a VI del voto de la Dra. Sarquis, a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razones de brevedad.
II. Si bien no comparto la solución propiciada por la mayoría —tal como surge de otros precedentes en los que he votado cuestiones análogas—, las particularidades de la presente causa imponen considerar de manera específica los elementos fácticos y probatorios propios del expediente, a fin de definir con precisión la cuestión jurídica central debatida en autos, esto es, la procedencia de la infracción de declaración inexacta en el marco de una operación de exportación instrumentada mediante ventas sucesivas entre empresas vinculadas y con triangulación a través de una trader uruguaya.
III. Bajo esa premisa inicial, corresponde observar que el servicio aduanero acreditó que la mercadería fue exportada desde la República Argentina con destino final a Brasil, sin tránsito efectivo por Uruguay. A partir de allí, la operación quedó instrumentada en dos tramos sucesivos. En el primero, la empresa argentina transfirió documentalmente la mercadería a una trader uruguaya vinculada, declarando ante el servicio aduanero un valor FOB de USD 6.600.000. En el segundo tramo, la trader uruguaya —sin haber recibido físicamente la mercadería ni haber acreditado la prestación de servicios verificables que justificaran su intervención— revendió esa misma mercadería a la empresa brasilera, también vinculada, por un importe de USD 9.000.000, documentado ante la aduana de destino. En ese derrotero comercial, la mercadería nunca transitó por Uruguay. La trader operó exclusivamente como un eslabón documentario interpuesto entre la exportadora argentina y la destinataria brasilera.
De esa secuencia operativa se desprende que la diferencia entre el valor FOB declarado en la República Argentina y el documentado en Brasil asciende a USD 2.400.000, lo que representa un 36,36 % sobre el importe declarado. Ahora bien, esa brecha no encuentra explicación en la acreditación de servicios reales ni en la demostración de funciones o riesgos verificables asumidos por la intermediaria uruguaya. Una diferencia de tal magnitud entre ventas sucesivas de la misma mercadería no configura, por sí sola, la infracción investigada; con todo, constituye un indicio relevante que exige una explicación racional y documentada.
Desde una perspectiva económica y comercial, dicha plusvalía podría encontrar sustento legítimo en la prestación de servicios reales o en la asunción de funciones y riesgos por parte de la intermediaria. En esa hipótesis, podrían considerarse costos logísticos adicionales, financiación de la operación, cobertura de seguros, garantías, servicios de posventa, gestión de riesgos comerciales, pago de licencias o regalías, cumplimiento de exigencias regulatorias en destino, o procesos de almacenamiento, mezcla o fraccionamiento de la mercadería. No obstante, el núcleo del análisis reside en la trazabilidad documental de esos conceptos, la cual exige un plexo probatorio contundente integrado, entre otros elementos, por contratos de servicios, facturas comerciales, registros contables, pólizas de seguro, órdenes de compra, términos de intercambio pactados en cada tramo y documentación de transporte. Por consiguiente, frente a la ausencia de prueba respecto de tales extremos, la diferencia de precio pierde sustento económico legítimo.
IV. Sobre esta premisa, corresponde determinar si la recurrente incurrió en una declaración inexacta en los términos del artículo 954 del Código Aduanero. En tal sentido, si bien en el presente caso no se discute el valor imponible —puesto que los derechos de exportación fueron liquidados y abonados considerando el precio oficial de la mercadería—, los estándares previstos por el Código Aduanero para desconocer el precio pactado en operaciones entre vinculadas y ajustar el valor imponible resultan relevantes para examinar la exactitud del precio declarado. Desde esta perspectiva, ello constituye una pauta razonable para determinar si el servicio aduanero se encontraba en condiciones de imputar la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero.
En este marco, el primer párrafo del artículo 746 del Código Aduanero establece que la existencia de vinculación entre comprador y vendedor no constituye motivo suficiente para considerar inaceptable el precio pagado o por pagar, salvo que dicha vinculación hubiere influido en el precio. A su vez, el artículo 747 dispone que el precio será aceptado cuando el exportador demostrare que no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes resultantes de considerar el artículo 748, incisos a), b) o c). Asimismo, prevé que, cuando el servicio aduanero dispusiere de antecedentes que difieran notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir al exportador que justifique su precio de transacción, bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable.
De este modo, el Código Aduanero estructura una presunción juris tantum de influencia de la vinculación sobre el precio cuando concurren dos indicios relevantes: a) la existencia de vinculación entre las empresas intervinientes; y b) la constatación de una diferencia significativa o notoria entre los precios sometidos a comparación. En el caso de autos, la vinculación entre las firmas involucradas se encuentra acreditada y no ha sido controvertida. A su vez, la comparación de los valores involucrados arroja una diferencia de USD 2.400.000 sobre un valor FOB declarado de USD 6.600.000, lo que representa un 36,36 %. Esa diferencia puede ser razonablemente calificada como sustancial o notoria en los términos del artículo 747 del Código Aduanero, salvo que se acreditare en el expediente el valor agregado generado por la trader uruguaya mediante la exhibición de contratos de servicios, facturas comerciales, registros contables internos, pólizas de seguro, órdenes de compra u otros elementos probatorios idóneos.
V. En consecuencia, la verificación de los indicios necesarios para presumir que la vinculación influyó en la determinación del precio habilita al servicio aduanero a imputar a la actora la infracción de declaración inexacta. Sin embargo, esa habilitación inicial no agota el análisis. Acreditada, en principio, la posibilidad de configuración de la infracción tipificada en el artículo 954, inciso c), del Código Aduanero —por existir vinculación y una diferencia significativa de precios—, corresponde determinar si, a la luz de la prueba producida respecto de la operatoria triangulada objeto de autos, dicha infracción efectivamente se encuentra configurada.
VI. En esta línea de análisis, si bien es cierto que una brecha entre ventas sucesivas de la misma mercadería no acredita, por sí sola, la configuración de la infracción, también lo es que constituye un indicio relevante que exige una explicación racional. En el caso, la existencia de un diferencial del 36,36 % entre el valor FOB declarado por la exportadora argentina y el importe documentado por la trader uruguaya ante la aduana brasilera, sin tránsito físico de la mercadería por Uruguay ni acreditación de servicios o funciones reales prestados por la intermediaria, impone a la actora la carga de justificar documentalmente dicha diferencia.
En efecto, para que las explicaciones teóricas acerca de posibles conceptos aptos para sustentar esa brecha resulten atendibles, es indispensable que su existencia concreta se encuentre acreditada en el expediente mediante un plexo probatorio contundente, integrado por contratos de servicios, facturas comerciales, registros contables internos, pólizas de seguro, órdenes de compra, términos de intercambio (Incoterms) pactados en cada tramo y documentación de transporte. De lo contrario, frente a la ausencia de prueba respecto de tales extremos, la diferencia de precio carece de sustento económico legítimo.
VII. En ese contexto, la única prueba aportada por la recurrente consiste en una certificación contable que refiere a la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2012. Dicha documental, aun dentro del amplio marco cognoscitivo derivado del principio de libertad probatoria aplicable para acreditar la exactitud del precio, carece de entidad suficiente para neutralizar el fuerte indicio de inexactitud que surge del precio de reventa documentado por la trader uruguaya frente a la vinculada brasilera. Ello no implica desconocer la relevancia que la documentación impositiva reviste para la correcta determinación de la base imponible del impuesto a las ganancias en operaciones entre empresas vinculadas. Sin embargo, la declaración jurada de ganancias resulta ajena a la especificidad del ámbito aduanero y a las exigencias propias de este régimen. En efecto, el Código Aduanero contiene su propia metodología para determinar si la vinculación influyó en el precio pactado, imponiendo al exportador la carga de demostrar que dicho precio no difiere sustancialmente de los valores corrientes de mercado, extremo que no ha sido acreditado en autos.
Por ello, la documentación impositiva acompañada no demuestra el valor agregado generado por la trader uruguaya, no justifica la diferencia de USD 2.400.000 entre ambos tramos de la operación ni logra desvirtuar el indicio de inexactitud derivado del precio de reventa obtenido en el país de destino.
VIII. Así las cosas, de una adecuada valoración integral de la prueba producida en autos, conjuntamente con la necesaria correlación entre los distintos elementos probatorios e indiciarios, se desprende la configuración de la infracción investigada. Ello es así puesto que la documentación contable acompañada no constituye un justificante suficiente para neutralizar el fuerte indicio derivado del precio de reventa posterior entre las empresas vinculadas uruguaya y brasilera.
En esta misma dirección, la actora no aportó elementos probatorios idóneos que permitan acoger favorablemente su pretensión revocatoria. Reconocer a la documental ofrecida entidad suficiente para desvirtuar el indicio de inexactitud implicaría efectuar un análisis fragmentario y aislado de la prueba, incompatible con una solución jurídicamente adecuada al caso.
IX. Corresponde recordar que la parte actora tenía la carga de justificar el precio declarado, explicar las razones por las cuales lo consideraba correcto, detallar la estructura de costos que lo sustentaba, describir el proceso de formación del precio y acreditar el supuesto valor agregado generado por la trader uruguaya.
En consecuencia, no resulta suficiente limitar la defensa a sostener que la posterior venta a la vinculada brasilera constituye un negocio independiente o afirmar que no existe inconsistencia entre el precio declarado y el registrado contablemente. Cuando existe una diferencia significativa de precios, mediando vinculación entre las partes y tratándose de ventas sucesivas, la defensa exige una explicación concreta, documentada y fundada del valor declarado, extremo que no ha sido satisfecho en las presentes actuaciones.
X. Corresponde precisar que el modo en que deben resolverse controversias como la presente exige una evaluación minuciosa, racional y objetiva de todos los elementos probatorios en su conjunto. A tal efecto, la pertinencia de la prueba se encuentra estrechamente vinculada con los hechos articulados y controvertidos tanto en la apelación como en la resolución recurrida.
Asimismo, el análisis relativo a la improcedencia de extender la doctrina de “Pioneer” (Fallos: 347:83) a operaciones de exportación, la distinción estructural entre los conceptos de “importe”, “precio” y “valor en aduana”, la autonomía del principio de libertad probatoria en sede infraccional, los límites del Comentario 22.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana, la centralidad del control posterior al despacho (post clearance audit) y la racionalidad institucional que impone considerar la arquitectura integral de la operatoria en materia de lavado de activos basado en el comercio, ha sido desarrollado exhaustivamente en mi voto emitido en la causa “Maltería Pampa S.A. c/ Dirección General de Aduanas” Expte 35.806-A, al que corresponde remitirse íntegramente por razones de brevedad, en todo aquello que no resulte modificado por las particularidades fácticas del presente expediente, las cuales fueron examinados en los considerandos precedentes.
XI. En lo relativo a la situación de la despachante de aduana, adhiero al voto de la colega preopinante en cuanto a la solución propuesta, compartiendo la decisión de eximirla de responsabilidad en el marco del presente sumario por aplicación del artículo 908 del Código Aduanero. No obstante, me aparto parcialmente de los fundamentos allí desarrollados en lo atinente a la caracterización de su deber de diligencia y al alcance de su rol dentro de la operatoria de comercio exterior.
En este sentido, si bien coincido en que en el caso concreto no se advierte conducta negligente alguna por parte de la despachante, el estándar de diligencia exigible no se agota en la mera revisión mecánica de la documentación suministrada por el exportador. Antes bien, se trata —y debe continuar siendo— del estándar propio de un profesional especializado, dotado de capacidad crítica y obligado a advertir inconsistencias o anomalías documentales, así como a consultar o abstenerse de intervenir cuando la operación presente señales de alarma, aun cuando estas sean débiles.
La responsabilidad del despachante de aduana se encuentra específicamente regulada en los artículos 902 y 908 del Código Aduanero, conforme a los cuales responde solidariamente por el pago de la multa derivada de una declaración inexacta, salvo que acredite haber cumplido íntegramente con las obligaciones a su cargo, supuesto en el cual la responsabilidad recae exclusivamente sobre la persona representada.
La función del despachante de aduana no puede concebirse como la de un mero ejecutor de instrucciones ajenas. Su tarea excede la pasividad técnica, puesto que su rol se construye sobre una relación triangular en la cual no solo se vincula con el comitente, sino también —y de manera fundamental— con el Estado, a través del servicio aduanero, en virtud de su carácter de auxiliar de este conforme al artículo 36 del Código Aduanero. Esa doble dimensión —privada y pública— impone un estándar de diligencia reforzado, cuya conducta debe ajustarse no solo a la legalidad sustancial de la operación, sino también a los principios de legalidad objetiva, buena fe, cooperación y veracidad declarativa que rigen la materia aduanera.
Sobre esta base conceptual, corresponde recordar que la especial relación existente entre el servicio aduanero y quienes desarrollan profesionalmente actividades vinculadas al comercio exterior torna aplicable el principio consagrado en el artículo 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme al cual cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación de responder por las consecuencias posibles de los hechos.
Ese estándar incrementa el umbral de diligencia exigible al despachante en función de su especialidad profesional. Sin embargo, no puede operar como fundamento para transformarlo en garante universal de los riesgos inherentes al comercio internacional ni para imponerle una carga desproporcionada que desnaturalice su función. La eximente prevista en el artículo 908 del Código Aduanero no exige perfección; exige diligencia razonable. Su verificación debe efectuarse de manera objetiva y fundada, puesto que no basta la mera obediencia a las instrucciones del comitente, sino que resulta necesario acreditar que la conducta desplegada se ajustó a los deberes profesionales propios de la actividad y que, aun considerando los elementos efectivamente disponibles, la infracción no pudo ser evitada.
Ahora bien, cuando se trata de cuestiones vinculadas con la determinación del valor en aduana, la atribución de responsabilidad no puede efectuarse automáticamente. No puede exigirse al despachante que conozca el valor en aduana de todas las mercaderías que documenta ni que realice un examen exhaustivo del proceso de formación de precios, de los costos internos o de la documentación privada de las empresas intervinientes, pues ello implicaría imponerle una carga desproporcionada e incompatible con la naturaleza de su función.
En igual sentido, el deber de diligencia reforzada no puede transformarse en una obligación de omnisciencia que convierta al despachante en un inspector de hechos consumados ajenos a su esfera de actuación. El despachante responde por aquello que sabía o debía razonablemente saber conforme a los elementos que obraban efectivamente en su ámbito de conocimiento, y no por circunstancias que le resultaban ajenas o inaccesibles. Aplicado dicho estándar al caso concreto, la empresa exportadora manifestó expresamente —a fs. 104 del expediente principal— que la despachante documentó el permiso de embarque siguiendo sus instrucciones y conforme a la documentación oportunamente entregada, y que el precio declarado en el permiso coincidía con el pactado con el comprador del exterior y con la factura debidamente contabilizada.
Frente a ello, no surge de las actuaciones que la despachante hubiera tenido conocimiento del importe correspondiente a la segunda venta celebrada entre la trader uruguaya y el importador brasilero. El conocimiento del destino final de la mercadería —Brasil— no resulta, por sí solo, suficiente para imputarle conocimiento acerca de la existencia de un precio distinto al documentado ni de la estructura contractual subyacente, máxime cuando la documentación suministrada no presentaba irregularidades ostensibles que justificaran profundizar las verificaciones más allá de lo exigible conforme a su función profesional.
Por esa razón, en ausencia de señales de alarma concretas, no existía razón profesional que impusiera a la despachante desplegar una conducta de verificación más intensa que la efectivamente realizada.
En consecuencia, frente a la inexistencia de elementos ostensiblemente irregulares en la documentación puesta a su disposición y ante la falta de acreditación de que hubiera tenido conocimiento del importe correspondiente a la segunda venta, no resulta jurídicamente razonable mantener la condena solidaria impuesta a la despachante. Así, la auxiliar aduanera acreditó haber actuado conforme a las obligaciones profesionales propias de su actividad, utilizando la información suministrada por su comitente, sin que obraran en su conocimiento elementos que le impusieran una conducta distinta. Ello determina que la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre la persona representada, conforme al régimen previsto en el artículo 908 del Código Aduanero, razón por la cual corresponde revocar la condena solidaria impuesta a la despachante de aduana.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° 364/18 (AD CAMP) en cuanto condena a la exportadora MALTERIA PAMPA S.A. al pago de una multa por la comisión de la infracción al artículo 954 apartado 1 inciso c) del Código Aduanero, con costas.
2. Revocar la Resolución N° 364/18 (AD CAMP) en cuanto condena a la despachante MARIA VERONICA QUIJANO al pago de una multa por la comisión de la infracción al artículo 954 apartado 1 inciso c) del Código Aduanero, con costas.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
Revocar la Resolución Nº 364/18 (AD CAMP) dictada en la Actuación Nº 12647-140-2012 (008-SC-20-2014/0), en cuanto condena a la firma “MALTERÍA PAMPA S.A.” y a la despachante de aduana MARIA VERONICA QUIJANO, al pago de una multa por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., con costas. Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas, y archívese.
Date: 2026.06.18 11:09:07 ART Date: 2026.06.18 20:07:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.19 10:35:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.19 10:36:50 -03:00
Fin de la sentencia