Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35100-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de la parte actora, revocar la decisión de fs. 166/173vta. y, en consecuencia, dejar sin efecto la multa impuesta en la resolución (AD BABL) 305/14.
2Imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arg. arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párr., y 279 del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
3675/2024 “MALTERIA PAMPA SA (TF 35100-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, abril de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 166/173vta., el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución (AD BABL) 305/14, recaída en la actuación SIGEA 14517-159- 2009, en cuanto había condenado a Maltería Pampa SA al pago de una multa de $3.229.812,10 en los términos del artículo 954, apartado 1º, inciso c, del Código Aduanero, tras detectar una diferencia entre el precio de la mercadería declarado en las destinaciones de exportación para consumo 07 003 EC01 5706H y 07 003 EC01 5707X, y aquél al que fue importada en la República Federativa de Brasil; el cual se obtuvo a través del Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros (INDIRA). Impuso las costas a la actora vencida.
Al resolver, tuvo en cuenta los siguientes antecedentes:
-La transacción comercial cuestionada se estructuró como una operación triangular entre empresas vinculadas.
Por empezar, mediante el permiso de embarque 07 003 EC01 5706H, registrado el 31/10/07, Maltería Pampa SA documentó la exportación de un total de 7.100 toneladas de malta bajo el régimen de la ley 21.453, destinada a Brasil, con un valor FOB unitario de U$S 335 por tonelada, y con referencia a una venta cerrada el 9/1/07, amparada por la Declaración Jurada de Venta al Exterior 07 001 DJVE 4803U. Los derechos de exportación se liquidaron y abonaron considerando como base imponible el precio FOB oficial vigente a la fecha de cierre de venta, que fue de U$S 285 por tonelada; es decir, inferior al valor de transacción concertado. A su vez, mediante el permiso de embarque 07 003 EC01 5707X, registrado el 31/10/07, exportó un total de 1.821,64 toneladas de malta bajo el régimen de la ley 21.453, destinada a Brasil, con un valor FOB unitario de U$S 335 por tonelada, y con referencia a una venta cerrada el 26/10/07, amparada por la Declaración Jurada de Venta al Exterior 07 001 DJVE 4832W. Los derechos de exportación se liquidaron y abonaron considerando como base imponible el precio FOB oficial vigente a la fecha de cierre de venta, que fue de U$S 370 por tonelada; es decir, superior al valor de transacción concertado (v. sobres contenedores de las destinaciones, a fs. 1/2 de la actuación administrativa). Tales operaciones se celebraron entre Maltería Pampa SA y Maltería Uruguay SA, una empresa intermediaria radicada en la República Oriental del Uruguay y cuya vinculación con la primera no fue desconocida; por el contrario, quedó admitido que ambas integraban el grupo multinacional Companhía de Bebidas Das Americas - AmBev, y que la aquí actora controlaba en un 100% el capital accionario de la intermediaria uruguaya.
La mercadería se embarcó entre el 3/11/07 y el 4/11/07.
Ese primer tramo de la operación quedó demostrado a partir de la certificación contable aportada por la actora a fs. 8/9 de autos, y respaldado por la factura 001- 00001229 (emitida por un precio unitario de U$S335 por tonelada), así como por la constancia del ingreso de divisas agregada en los antecedentes administrativos. Maltería Uruguay SA no era la destinataria final de la mercadería. La había vendido en el mercado brasileño, por lo que dio a la exportadora local instrucciones de carga con destino a Brasil; lugar al que efectivamente se dirigió el embarque realizado en la República Argentina.
Esta venta se concretó por un valor distinto y superior al de la primera. En efecto, pudo comprobarse a través del sistema INDIRA que la mercadería ingresó por la Aduana de Recife (Brasil) el 12/11/07, mediante la oficialización de la destinación de importación 715619807, registrada por AmBev. El vendedor fue Maltería Uruguay SA y se declaró un valor FOB unitario de U$S 450 por tonelada. Es decir, que se registró una diferencia de U$S 115 en más con respecto al valor FOB unitario declarado por la exportadora argentina, y una diferencia de U$S 1.025.988,60 en el valor FOB total de las 8.921,64 toneladas efectivamente embarcadas.
La resolución (AD BABL) 305/14 no objetó la base de tributación ni determinó perjuicio fiscal alguno, ya que los gravámenes habían sido liquidados y abonados a partir del precio FOB oficial establecido por la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentos (SGAPyA), y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 21.453. En cambio, indicó que el importe facturado y declarado por Maltería Pampa SA no reflejaba el realmente abonado por la operación; es decir, que tuvo por acreditada la falsedad del precio declarado.
Remitió a los términos del informe técnico, en donde se había planteado que la sociedad controladora utilizaba a la controlada para poder reflejar el verdadero precio pactado por la operación y, como consecuencia directa de ello, ocasionar un ingreso de divisas inferior al correspondiente, con una diferencia total de U$S 1.025.988,60 –U$S 115 por tonelada– (fs. 84, act. adm.). Sobre esa base, concluyó que no existían “dos o más operaciones como pretende el encartado, sino una única y real exportación con destino a Brasil” (fs. 87, act. adm.).
En el contexto descripto, los vocales que conformaron la mayoría de fundamentos, decidieron que se había configurado el tipo previsto por el artículo 954, apartado 1º, inciso c, del Código Aduanero, al declararse un importe distinto al que hubiese correspondido.
En esencia, Licht y Sarquis partieron de la base de que el legislador había buscado perseguir la subfacturación en la exportación, y coincidieron en que el precio de la primera venta se había visto influido por la vinculación y correspondía su reemplazo por el de la segunda, que reflejaba la realidad de la operación. Sin embargo, el primero sostuvo esa conclusión en las normas del Código Aduanero que rigen la valoración en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 3675/2024 “MALTERIA PAMPA SA (TF 35100-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
exportación de las mercaderías; mientras que la segunda afirmó que la existencia de triangulación entre empresas vinculadas, sumada a la diferencia en el importe percibido por las dos operaciones por quien, en definitiva, era el mismo vendedor de la mercadería a Brasil, servían como indicios de falsedad del precio documentado.
Más allá de la señalada discrepancia de argumentos, ambos coincidieron en que el valor de importación en Brasil (por la misma cantidad y calidad de mercadería, y apenas 12 días después de la oficialización de las destinaciones de exportación) constituía el importe realmente pagado por los bienes. Es decir, que ese precio configuraba la diferencia de importe —en más— que la actora debió ingresar por cada permiso de embarque, con su implicancia en lo que hace a la declaración veraz que protege el artículo 954.
A su vez, concordaron en que la actora no había proporcionado suficientes elementos para sostener la veracidad y exactitud del precio declarado en los permisos de embarque involucrados, para así desvirtuar la imputación.
Los argumentos particulares del Vocal Licht pueden sintetizarse de este modo: -La figura aplicable requiere de una comprobación del servicio aduanero destinada a formarse la convicción acerca de la veracidad y exactitud de la declaración, en este caso, en lo relativo al precio. Sin embargo, tratándose de una falta administrativa y no de un delito, no es necesario obtener una prueba inequívoca de la falta de exactitud del precio más allá de toda duda razonable, sino que podría válidamente sancionarse en base a elementos indiciarios que permitan colegir que existe mayor probabilidad de que lo afirmado en sede aduanera no sea exacto. Además, la figura tampoco requiere demostrar que la subfacturación constituye una maniobra dolosa para inducir a error al servicio aduanero.
-Suponer que, a los fines de la configuración de una declaración inexacta, sólo interesa que, en una operación de exportación, el precio declarado coincida con el que surge de la factura comercial y los registros contables de la empresa, refleja una interpretación limitada de esta figura infraccional, que no condice con la voluntad que tuvo el legislador de evitar la subfacturación.
-En el caso, existe prueba clara y convincente de que los hechos no ocurrieron como fueron declarados. La subfacturación se deduce razonablemente de la información arrojada por el sistema INDIRA (mediante el cual se detectaron ventas sucesivas a precios significativamente distintos); que, por otra parte, no fue desvirtuada con elementos de igual preponderancia.
-Las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de precios de transferencia, en tanto implican un análisis y eventual apartamiento de los precios convenidos entre las partes para que se ajusten al principio de plena competencia, afectan tanto la base imponible del impuesto a la renta como la de los tributos que gravan el comercio exterior, por una cuestión de coherencia fiscal. Por esto mismo, las Guías OCDE en materia aduanera recomiendan la cooperación entre las administraciones tributaria y aduanera de un mismo país, para ayudar a reducir los supuestos en que la valoración aduanera no resulte aceptable a efectos fiscales, y viceversa.
-Esos mismos principios han sido receptados en la legislación interna a través de nuestro Código Aduanero, especialmente en sus artículos 735, 742, 746, 747 y 748. De allí resulta que, establecida la vinculación entre comprador y vendedor, primero debe determinarse si tal relación incidió en el precio de la transacción, lo que surgirá de la existencia o no de una diferencia sustancial entre el precio pagado o por pagar y alguno de los valores corrientes determinados de conformidad con los incisos a, b, o c, del artículo 748. Si ese fuera el caso, tal hecho confirmaría la inexactitud en los términos del mencionado artículo 954 del código, habilitando el apartamiento del valor declarado, y forzando la aplicación de un ajuste de valor mediante el empleo de algunos de los métodos enumerados en el art. 748, incisos a, a g, del mismo cuerpo legal, según corresponda.
-Lo antes expuesto debe articularse con las disposiciones que emergen de la ley 21.453, específica en lo que a la exportación de ciertos productos agrícolas se refiere (arts. 1º, 6º, 7º y concordantes). Consecuentemente, el precio índice establecido por la SAGPyA es el que debe considerarse para la valoración de la mercadería a efectos tributarios y, el valor FOB para el ingreso de divisas, ambos tomados a la fecha de cierre de cada venta.
-En el caso es ostensible que la relación entre las firmas vinculadas incidió en el precio convenido, porque éste último resultó sustancialmente diferente al que hubiesen establecido firmas no relacionadas para bienes de iguales características, calidad y volumen, conforme con lo previsto en el artículo 748, inciso a, del Código Aduanero. En ese sentido, debe ponderarse que cumpliría con los parámetros de la norma citada la constatación a través del sistema INDIRA de una diferencia con respecto al precio abonado en Brasil por la misma mercadería, pocos días después de salir de la República Argentina y sin cambiar de transporte.
-Si bien la recurrente planteó que la vinculación no era causa suficiente de sospecha y que la intervención de intermediarios era habitual en el comercio de este tipo de productos, no acompañó prueba en sustento de sus dichos. Únicamente proporcionó un listado de exportaciones supuestamente similares, que en realidad comprendían un gran rango de fechas, precios unitarios y cantidades, por lo que no resultaba determinante.
2. Que, disconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación a fs. 187, que se fundó a fs. 190/213vta., se concedió a fs. 215 y fue replicado a fs. 218/229vta.
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Ante todo, dejó en claro que había declarado el precio concertado con el comprador uruguayo; importe, éste, que (como logró acreditar con la certificación correspondiente) estaba registrado contablemente y tenía correspondencia con las divisas efectivamente percibidas y liquidadas. A su vez, hizo hincapié en que, tanto la vinculación existente con el comprador uruguayo como el destino de la mercadería, habían sido oportunamente denunciados ante el servicio aduanero, evidenciándose de tal manera el esquema de ventas sucesivas.
Argumentó que, en ese contexto, era improcedente la pretensión del servicio aduanero —más tarde ratificada por el tribunal fiscal— de desestimar la veracidad del precio declarado y presumir que era exacto el de la segunda venta con sustento en las normas de valoración del Código Aduanero, o bien, basándose en la existencia de indicios concordantes de falsedad.
Hizo hincapié en que no se hallaba normativamente prevista la obligación de declarar un valor en aduana aceptable, sino el precio certero de cada transacción. Remarcó que el hecho de que un precio no resultase válido como base de imposición no suponía que fuese inexacto en los términos exigidos por el artículo 954 del Código Aduanero y que, al fallar como lo hizo, el tribunal de origen soslayó los principios de legalidad y tipicidad aplicables en materia de infracciones. Citó doctrina y jurisprudencia —en especial, de esta Cámara— para sostener que el precio declarado debía considerarse genuino, veraz y exacto cuando, como en el caso, encontraba debido respaldo en la documentación comercial y en los asientos contables; aunque no coincidiese con el valor aceptable desde el punto de vista aduanero. Insistió en que el servicio aduanero no había constatado una subfacturación o una falsedad en la declaración, como hubiese debido si pretendía aplicar una sanción, sino que impulsó una discusión técnica sobre la aceptabilidad del precio de venta como base de tributación; lo que en materia de exportación de productos agrícolas era incluso un contrasentido, toda vez que los derechos se abonaban sobre el precio oficial definido por el propio Poder Ejecutivo con arreglo a la ley 21.453. Añadió que ese precio oficial se fijaba en consideración a la cotización internacional de la mercadería —por lo que, necesariamente, resultaba de mercado— y que, en el caso particular, había sido menor al concertado con Maltería Uruguay SA.
Indicó que los dos vocales que conformaron la mayoría presumieron, por la sola existencia de vinculación, que había perpetrado una maniobra para ingresar menores divisas desde el exterior; sin embargo, ninguno justificó adecuadamente la incidencia de la vinculación en el precio.
En especial, cuestionó que ambos hubiesen asumido la falta de sustancia económica del intermediario, en oposición a lo que ya había resuelto la Corte federal en la causa “Maltería Pampa SA (TF 27000-I) c/ DGI”, del 24/2/15 (Fallos: 338:88). En particular, cuestionó el camino escogido por Licht para determinar el precio exacto de la operación, porque no contempló que era materialmente imposible para el exportador conocer, al momento de la declaración, el precio de una segunda venta de la que no formaba parte. También porque el Código Aduanero no otorga facultades discrecionales para escoger la base de valoración, sino que obliga a utilizar el método “más adecuado” dentro de los previstos en el artículo 748, y el vocal no dio motivos para apartarse de la base establecida en el régimen especial de la ley 21.453.
3. Que, ante todo, cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas conducentes para sustentar sus conclusiones (Fallos: 258:308; 278:271; 301:970; y esta Sala, causas “Larraburu”, del 7/4/92 y “Sambataro”, del 2/9/14, entre otras).
4. Que la configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 954 del Código Aduanero queda condicionada a la concurrencia de dos elementos sin los cuales no puede considerarse, desde el punto de vista objetivo, que exista conducta reprochable: a) la constatación de una diferencia entre la declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, y el resultado de la comprobación física o documental que realice el servicio aduanero; y b) que esa inexactitud produzca, o pueda producir, alguna de las consecuencias previstas en los incisos a, b, o c, de la norma. Pues, como también lo establece la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma” (cfr. esta Sala, causas 10060/12 “Bankboston National Association”, sentencia del 14/8/12; y 56316/15 “Atanor SCA”, fallo del 3/3/16, entre otros; con referencia a la doctrina de Fallos: 312:1997; 315:929 y 942; 321:1614; 322:355; 325:786 y 830; y causa R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/DGA”, resol. del 23/9/14).
Con relación al primer requisito, se ha señalado —en más de una oportunidad—, que la falta de correspondencia debe recaer sobre un dato exigible de la declaración; de manera que es el precio de la mercadería, no su “valor en aduana” o “valor imponible”, el que compromete la responsabilidad infraccional del declarante. Esto es así en tanto, con arreglo al texto de los artículos 234 y 332 del Código Aduanero —e incluso tras la reforma introducida por la ley 25.986—, la correcta valoración de la mercadería es una función primordial asignada “al servicio aduanero” (cfr. esta Sala, causas 30153/11 “Dibella”, sent. del 8/3/12; 56708/15 “Peugeot Citroen Argentina SA”, sent. del 25/8/16, y sus citas).
En cuanto al alcance que corresponde asignar al efecto lesivo previsto en el inciso c, de la norma (“el ingreso o el egreso, desde o hacia el exterior, de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere”), debe recordarse CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 3675/2024 “MALTERIA PAMPA SA (TF 35100-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
que en los precedentes “Bunge y Born” (Fallos: 321:1614) y “Free Port Importación SRL” (Fallos: 322:355) la Corte entendió que no es indiferente al control aduanero la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas. Y añadió que el tipo infraccional abarca tanto a las diferencias en más como en menos, ya sea que se trate de destinaciones de importación o de exportación (doctrina reiterada, a su vez, en Fallos: 325:786). Resta mencionar que, siguiendo esa línea interpretativa, esta Sala precisó que, para tener por configurado un ilícito merecedor de sanción, la inexactitud del precio declarado en una operación (es decir, que aquél no fuese verdaderamente el importe pagado o por pagar) no podía presumirse, sino que debía quedar suficientemente demostrada por el servicio aduanero (cfr. causa 18731/08 “First Rate SA”, sent. del 15/7/14; énfasis añadido).
5. Que, en causas análogas a la presente, que involucraron a la misma empresa actora y en las que también se habían evidenciado ventas sucesivas entre partes vinculadas a valores diversos, otras Salas de esta Cámara entendieron que no se configuraba la infracción prevista por el artículo 954, apartado 1º, inciso c, del Código Aduanero (cfr. Sala I, expte. 22091/18, sent. del 9/5/19; Sala II, expte. 19247/21, sent. del 17/2/23; entre otras).
Lo hicieron en base a los siguientes argumentos, que son aplicables al caso bajo examen y este Tribunal comparte, en tanto —esencialmente— se enderezan a exigir que el servicio aduanero acredite de manera fehaciente la falta de correspondencia entre el precio declarado y el resultante de una comprobación sobre la operación efectivamente realizada:
a) No se puede sostener la imputación si el precio FOB declarado en el permiso de embarque resulta coincidente con el que surge de la factura comercial remitida a Maltería Uruguay SA; el cual, además, se corresponde con la suma que por tal operación fue remitida al exportador y que éste consignó en sus libros contables. (Idéntica situación se presenta en la especie, donde no se probó que la actora hubiese percibido por la mercadería de los permisos de embarque 07 003 EC01 5706H y 07 003 EC01 5707X un importe mayor al declarado, facturado y registrado contablemente; v. fs. 56 y 63/80, act. adm.).
b) La utilización de un esquema triangular de ventas o de ventas sucesivas entre empresas vinculadas es un hecho lícito que, por sí solo, no tipifica la conducta. Si bien puede justificar que el servicio aduanero inicie una investigación y recabe información, la manipulación del precio declarado por la primera venta —es decir, que aquél no fuese el precio real de la transacción—, debe quedar suficientemente demostrada, ya que el ámbito sancionatorio requiere extremar el análisis de los recaudos propios de cada una de las faltas que se imputan a los administrados. c) La circunstancia de que haya existido una venta posterior concertada entre el intermediario vinculado y una tercera empresa, y la constatación a través del sistema informático INDIRA de que la mercadería fue importada en el país de destino a un valor superior al que se exportó desde la República Argentina, no es un elemento suficiente para descartar la veracidad del precio declarado por la primera venta, y sostener la configuración de la falta.
d) El precio de la segunda venta resulta ajeno al exportador en tanto, sin perjuicio de la vinculación declarada, Maltería Uruguay SA se comportó como una sociedad con personería jurídica propia y de tal modo concertó la segunda venta, por la que obtuvo una ganancia que no puede reputarse de fuente argentina, tal como lo determinó la Corte en Fallos: 338:88, al señalar que el Fisco Nacional no puso en práctica las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico para demostrar la existencia de una verdad empírica diferente de la jurídica y auténticamente querida por el sujeto contribuyente. Lo que hubiera permitido acreditar —en su caso— si esa operación era en realidad una venta directa a Brasil encubierta por la firma actora a través de la utilización de la empresa controlada Maltería Uruguay SA, a fin de reducir la base de imposición para el Impuesto a las Ganancias y generar un menor ingreso de divisas al país.
6. Que, toda vez que uno de los vocales de la mayoría convalidó la aplicación de las normas de valoración del Código Aduanero para tener por acreditada la subfacturación de la primera venta y arribar al precio real de la operación (el cual se presenta como equiparable al precio “no influenciado por la vinculación”), se dan por reproducidos los considerandos 9º a 11 de la sentencia dictada por esta Sala en la causa 44732/22 “Maltería Pampa SA (TF 37319-A) c/ DGA”, el 6/6/22.
Allí se afirmó, en sustancia, que no existe obligación legal de declarar un precio de mercado o un valor en aduana aceptable y, por consiguiente, que es ilegítimo e inconstitucional asumir como “debidos” importes que se determinan en función de metodologías correctivas de bases imponibles, para así calificar una declaración aduanera como inexacta a efectos infraccionales.
7. Que, independientemente de lo decidido en aquel precedente, no es ocioso señalar que el voto que consideró apropiado probar la influencia de la vinculación y la falsedad del precio a partir de las normas de valoración del Código Aduanero, tampoco fundó con el rigor necesario la desestimación del valor obtenido a partir de la cotización internacional del bien como método más adecuado para aproximarse al valor real de la mercadería o al precio de compraventa entre un comprador y un vendedor independientes uno de otro (arg. art. 748, inc. b, del CA).
En ese sentido, pudo haberse evaluado que la actora había concertado con Maltería Uruguay SA, y declarado ante el servicio aduanero, un precio unitario (U$S CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 3675/2024 “MALTERIA PAMPA SA (TF 35100-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
335/TM) que no resultó sustancialmente inferior al FOB oficial SGAPyA para la fecha de la última carga (U$S 3851); como así también, que éste último precio reflejaba —por definición— la realidad de los mercados (cfr. art. 8º del dto. 1177/92, reglamentario de la ley 21.453, resol. SAGPyA 331/01 y sus modificatorias, referidos en el considerando 12 de la sentencia citada).
8. Que, en definitiva, se parte de la base de interpretar que la intervención de intermediarios vinculados no es, de por sí, ilícita, y que es a la Aduana a quien le incumbe acreditar la falsedad del precio documentado, ya sea por medios directos de prueba, o bien, en base a prueba indiciaria.
Sin embargo, no se comparte que en el caso concurran indicios suficientes, claros y concordantes que sustenten la falsedad del precio declarado en los PE 07 003 EC01 5706H y 07 003 EC01 5707X, como sostiene el pronunciamiento apelado. Esto es así, porque el precio de importación de la mercadería en Brasil obtenido mediante el sistema INDIRA —aunque resultó más alto que el declarado en las destinaciones de exportación cuestionadas— constituye un solo indicio que, sopesado con aquellos otros que respaldan la posición de la actora (a saber, la coincidencia entre el precio declarado, facturado y registrado contablemente; la constancia del ingreso de divisas; la convalidación de la sustancia económica del intermediario; y el hecho de que la diferencia con el precio FOB oficial vigente a la fecha del último embarque haya sido del 12,9%), no permite formar el convencimiento acerca de la falsedad de lo declarado, con la rigurosidad propia del ámbito sancionatorio.
9. Que, por último aunque sólo a mayor abundamiento, cabe transcribir algunas afirmaciones que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un pronunciamiento reciente CAF 20/2019 “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 29/2/24, que, si bien se refiere a un caso de ventas sucesivas entre vinculados en un supuesto de importación, convalida la interpretación que viene haciendo el Tribunal en causas análogas a la presente.
Allí se afirma que, en tanto se pueda tener por probado que los precios declarados se corresponden con los efectivamente percibidos por las operaciones, queda eliminada toda posibilidad de configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 954, apartado 1º, inciso c, del Código Aduanero (v. punto IV del dictamen de la Procuradora Fiscal, al que remitió la Corte).
Por su parte, los jueces que conformaron la mayoría añadieron que “…el texto del art. 954, ap. I, inc. c, del Código Aduanero, al no contemplar el supuesto de ventas sucesivas de una misma mercadería, tampoco prevé que —a los efectos de establecer el 1 De acuerdo con la información que brinda la sección FOB Oficiales - Precios por Producto y por Mes, del sitio oficial de la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/fob_oficiales/. precio que `efectivamente correspondiere´— deba…atenderse a los precios de las ventas anteriores [ulteriores, en el caso de las exportaciones]. Aún más, no surge de dicha norma presunción alguna que, para el caso de ventas sucesivas entre partes vinculadas, establezca que la diferencia de precios que pudiese existir obedezca a dicha vinculación, imponiendo por tal razón la inversión de la carga de la prueba y colocando en cabeza del importador o del exportador la demostración de que la vinculación no incidió en el precio o que tal precio es propio de una transacción celebrada entre partes independientes” (párrafo 7).
De consideraciones posteriores puede inferir que, en defecto de tales previsiones en el tipo infraccional, el hecho de que la venta entre partes vinculadas hubiese estado seguida por una venta a un precio mayor, o “incluso sustancialmente” mayor, “no alcanza para desplazar la carga de la prueba… [en nuestro caso, hacia el exportador] a fin de que éste demuestre que se trató del precio que efectivamente correspondía a las mercaderías…” (párrafo 8).
Finalmente, concluyeron: “independientemente del juicio de desvalor que puedan merecer las ventas sucesivas (triangulaciones) que involucren la sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones, que van más allá de la materia aduanera para comprometer aspectos cambiarios y fiscales, no corresponde a los jueces juzgar el acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus facultades propias, debiendo limitarse a su aplicación tal como estos la concibieron…” (párrafo 9).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar al recurso de la parte actora, revocar la decisión de fs. 166/173vta. y, en consecuencia, dejar sin efecto la multa impuesta en la resolución (AD BABL) 305/14.
2. Imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arg. arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párr., y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia