Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 35125-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación del Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 4/11/2019, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.); y
2Modificar y elevar los honorarios de conformidad a lo expresado en el considerando XI y fijar los de esta instancia según se establece en dicho considerando.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
19.247/2021 Maltería Pampa SA y otro c/ DGA s/recurso directo de organismo externo Buenos Aires, 17 de febrero de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 4/11/2019 el Tribunal Fiscal de la Nación -por mayoría- revocó la resolución n° 330/2014 (AD BABL) recaída en el expediente SIGEA n° 14517-10-2010, en cuanto condena a la firma Maltería Pampa SA al pago de una multa por la infracción prevista y penada en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A., con relación a lo declarado en los PE nros. 08-003-EC01-005411-B y 08-003- EC01-0005412-C. Ordenó remitir copia de lo resuelto a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, a los fines de desinsacular Juzgado y Secretaría para que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública, acaecido en el marco de las operaciones de exportación en cuestión.
Para así decidir, sostuvo que, en primer lugar correspondía dilucidar si la resolución apelada se ajustaba a derecho en lo que había sido materia de recurso.
Señaló que, a los efectos de la configuración de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A., era presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación.
Precisó que, el 13/08/2008 la actora documentó mediante el PE 08-003-EC01-005411-B, la exportación para consumo de 21,200 toneladas de malta que declaró bajo la PA SIM 1003.00.91.100Q que comprendía “A granel con hasta 15% de embolsado (21.453) cervecera las demás cebada”, con un valor FOB unitario de US$ 311,29 y un valor FOB total de US$ 350 la tonelada con lo cual la autoliquidación practicada arrojó un valor en aduana de US$ 7.420.000”. El día 20/08/2008 registró una declaración de post embarque por las 21.080 toneladas embarcadas arrojando un valor FOB total de U$S 6.561.993,20 y la autoliquidación practicada un valor en aduana de U$S 7.378.000.
Con fecha 13/08/2008 la actora documentó mediante el PE 08-003- EC01-005412-C la exportación para consumo de 1240 toneladas de malta declaró bajo la PA SIM 1003.00.91.100Q qué comprendía “A granel con hasta 15% de embolsado (21.453) cervecera las demás cebada” con un valor FOB unitario de U$S 311,29 y un valor FOB total de U$S 385.999,60, habiendo tributado según el precio oficial de U$S 360, con lo cual la autoliquidación practicada arrojó un valor en aduana de 446.400. Refirió que, en el control ex post, la División Fiscalización y Valoración de Exportación de la Aduana de Bahía Blanca, al contrastarse las operaciones con sus ingresos en destino mediante la utilización del sistema de consultas INDIRA, se detectaron diferencias entre el FOB declarado por el exportador en Argentina para esas mercaderías y el valor declarado por el importador ante la Aduana en la República Federativa de Brasil. En efecto, detectó la existencia de una operación triangulada al ser declarada como vendedora de las mercaderías por parte del importador en Brasil, la firma Maltería Uruguay S.A. de la República Oriental del Uruguay, empresa a su vez compradora de las mercaderías exportadas desde Argentina. Observó que según el servicio aduanero, del análisis de la documentación se advirtió que la firma actora resultaba ser una empresa controlada por la firma compradora en Brasil (AMBEV), la cual resultaba ser poseedora del 60% del capital accionario.
La labor del área de fiscalización llevó al servicio aduanero a descartar el valor FOB declarado por la firma y valorar las mercaderías conforme al precio documentado al ser importadas en Brasil. Ello por cuanto la Aduana consideró que a fin de concretar la exportación con destino a la República Federativa de Brasil, se utilizó una empresa controlada por la recurrente, radicada en la República Oriental del Uruguay, destacando que esa firma no recibe la mercadería, no interviene en la carga, ni en el despacho, ni lleva a cabo logística alguna de la operación, sino que aparenta una presunta adquisición de la mercadería embarcada y su posterior venta al declarante en el país de destino, con la finalidad de retener la diferencia entre el precio pagado la recurrente y las divisas recibidas de parte del comprador brasilero.
En tales condiciones, consideró que correspondía analizar si se estaba en presencia de una genuina operación triangulada con ventas sucesivas regulares o si se trataba de una triangulación nociva. Argumentó que la triangulación en sí misma no se encontraba prohibida por la legislación vigente presentándose en el comercio CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II internacional de determinados commodities prácticas habituales de intervención de empresas intermediarias entre oferta y demanda, denominadas traders, que si bien no le añadían valor propiamente dicho a las mercaderías negociadas brindaban servicios reales y efectivos que justificaban una retribución que en caso de no facturarse como un servicio individualizado a alguna de las partes, se adicionaba al precio de venta según se trate de commodities con cotización internacional “transparente” o no.
Añadió que, también era cierto que en el tráfico internacional las triangulaciones podían resultar nocivas en el plano aduanero, tributario, cambiario, societario, o en materia de lavado de dinero o incluso varios de esos planos a la vez.
Explicó que, la existencia de una operación triangulada constituía un elemento que habilitaba al servicio aduanero a investigar y recabar mayor información sobre el valor declarado, a los fines de evaluar la operación comercial declarada como de base a la destinación aduanera. Afirmó que, en el caso de autos, en los permisos de embarque involucrados, la recurrente había declarado, como destino Brasil, pero facturó la venta a la firma Maltería Uruguay SA, por un precio unitario de U$S 311,29 la tonelada.
Apuntó que, según el informe técnico n° 01/10 de fecha 22/08/08, la firma AMBEV había ingresado por ante la Aduana de Imbituba 22.320 toneladas de malta por un total de U$S 7.505.992,80, siendo el precio unitario de U$S 6.947.992,80, dando lugar a una diferencia de U$S 558.000 entre el precio declarado en el país de destino respecto al declarado en el país de origen.
Adujo que tampoco se encontraba controvertido que tanto la recurrente, Maltería Pampa S.A., como el teórico comprador en Uruguay, Maltería Uruguay SA, se encontraban vinculadas entre sí. En efecto, la vinculación entre el exportador y la firma compradora fue declarada en la “Declaración de los elementos relativos al valor de exportación” adjunta a la declaración de exportación. Indicó que, por otra parte en el Informe Técnico n° 01/10 se afirmaba que la firma Maltería Uruguay SA era controlada en un 100 % por la firma argentina y que está a su vez era controlada por la firma brasilera (AMBEV) que posee un 60% del capital accionario.
En dicho contexto, indicó que, a los efectos de la configuración de la infracción de declaración inexacta es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación y si bien una operación triangulada daba lugar al servicio para investigar y recabar información sobre la declaración efectuada, a los fines de probar la existencia de una diferencia entre declarado y lo verificado, debían presentarse elementos suficientes.
Puntualizó que el hecho de que por medio de la utilización del sistema INDIRA, la misma mercadería que fue vendida por Maltería Pampa SA a la firma Maltería Uruguay SA fue ingresada al mercado brasilero y lo fue por un valor superior al que se exportó desde la República Argentina, no constituía por sí solo un elemento que resulte suficiente para poder considerar que el valor declarado en la primera de las ventas por la firma aquí recurrente no resultaba ser el valor real de la transacción. Es decir, el hecho que haya existido una venta posterior por un precio diferente al de la venta inicial llevada a cabo por un trader vinculado, esto es, Maltería Uruguay, no implicaba por sí solo que el precio declarado no sea el precio de transacción y que se trate de una maniobra fraudulenta tendiente a generar un menor ingreso de divisas al país.
Destacó que, la afirmación de la existencia de una maniobra de triangulación fraudulenta no había sido acompañada de una investigación adecuadamente desarrollada limitándose el servicio aduanero a descartar el valor de transacción declarado por la mera existencia de ventas sucesivas realizadas con la intervención de operadores vinculados entre sí pero nada había aportado acreditado en el sentido de que esa maniobra haya influido en el valor de venta de la mercadería involucrada en autos como lo exigía la infracción que se había endilgado a la recurrente.
Adujo que no existía norma alguna que limite la cantidad de operadores que puedan intervenir en una operación de comercio exterior pero lo que parecería ser una aseveración de perogrullo, la vinculación acreditada bastó para que el servicio aduanero iniciara una investigación concluyendo la imposición de una multa por infracción al artículo 954 inciso c) del C.A.
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Ponderó que, esa acción debía estar blindada de un plexo probatorio suficiente para sustentar la imputación en los términos delineados por el servicio aduanero pues si se consideraba que había tenido lugar en el caso una maniobra de vinculación fraudulenta entre las tres empresas la pesquisa hubo de direccionarse en otro sentido excediendo el plano infraccional.
Puso de relieve, que no siendo materia de controversia en autos que el precio declarado resultó idéntico al precio efectivamente facturado percibido y registrado contablemente no se coligen elementos que permitieran sostener la imputación efectuada, en los términos del inciso c) del artículo 954 del C.A.
En este contexto añadió que la referida vinculación a la que alude el servicio aduanero, a la luz del pronunciamiento dictado por la CSJN, en la causa “Maltería Pampa SA c / DGI”, de fecha 13/03/2014, en la que se resolvieron controversias tributarias referidas al impuesto a las ganancias en las ventas, objeto del presente, el Máximo Tribunal, falló en favor del contribuyente reconociendo que la firma uruguaya constituía una sociedad con personería independiente y no un establecimiento estable y menos aún una ficción que oculta una venta directo a Brasil.
Sostuvo que la sola existencia de una operación de venta de determinada mercadería a una empresa del exterior y la venta de dicha mercadería a una tercera empresa no era fundamento suficiente para desestimar el precio documentado en la primera operación y considerar como válido el documentado en la segunda.
Agregó que la referida circunstancia no podría bajo ningún motivo considerarse válida o suficiente para afirmar que la venta a Uruguay no era genuina por tratarse en realidad de una venta a Brasil.
Consideró que, el servicio aduanero sólo se limitó a descartar el valor de transacción, sustentando y circunscribiendo la investigación a la mera existencia de más de dos operadores que guardaban vinculación societaria entre sí pero nada había aportado ni acreditado, en el sentido de que esa maniobra haya influido en el valor de venta de la mercadería, tal lo exigido en la imputación en trato.
Manifestó que, de haberse demostrado la hipótesis de una venta simulada u operaciones no genuinas a través de andamiajes societarios ficticios o mediante instrumentos ideológica o materialmente apócrifos la solución habría sido distinta.
Por último estimó procedente remitir copia de lo resuelto a la Cámara Federal de apelaciones de Bahía Blanca, a los fines de que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública, acaecido en el marco de las operaciones de exportación objeto de autos En definitiva, entendió que no configurándose el presupuesto exigido por el artículo 954 del C.A., es decir, una diferencia entre lo declarado y lo constatado, pasible de ocasionar un ingreso o egreso de divisas distinto del correspondiente, la resolución apelada debía ser revocada.
II. Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 11/02/2020 Estado Nacional -AFIP- DGA interpuso recurso de apelación, expresando agravios el 5/03/2020, los que fueron contestados por la contraria el 19/08/2021.
Sostiene la recurrente que, el mismo Tribunal Fiscal receptando la prueba producida en el transcurso del sumario contencioso, asume que las firmas MALTERIA PAMPA S.A., MALTERIA URUGUAY y AMBEV resultan ser sociedades vinculadas más allá del carácter de trader que pretendió darles la actora. Sin embargo, descarta el ajuste efectuado por el servicio aduanero por entender que la utilización del sistema INDIRA desvirtúa totalmente la investigación efectuada por la Aduana de Bahía Blanca.
Afirma que, el sistema INDIRA no ha sido el único elemento utilizado por la Aduana de Bahía Blanca para concluir que la actora declaró erróneamente el valor FOB de la operación con el fin de ingresar menos divisas en el país, toda vez que se ha desarrollado una exhaustiva investigación que ha dado como conclusión la vinculación societaria entre las empresas que intervienen en la operatoria.
Expone que, básicamente, el Tribunal Fiscal de la Nación descarta el ajuste por el menor ingreso de divisas con fundamento en que no existirían pruebas suficientes; pero si acepta la vinculación comercial entre las firmas, a raíz de la investigación llevada a cabo por la Aduana. Esgrime que el Sistema INDIRA, actuó como el disparador de la investigación. Es un medio, no un fin en sí mismo. Tal es así que, gracias CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II al procedimiento de análisis efectuado, se detectaron todas las partes intervinientes y, a continuación, se pudo delinear la conexión societaria. Pone de relieve que, se equivoca el Tribunal Fiscal de la Nación cuando expone que la utilización del Sistema INDIRA no constituye prueba suficiente de la diferencia de valores detectada toda vez que surge claramente de las actuaciones que se ha realizado una exhaustiva investigación que ha dado como resultado el control societario de la actora sobre las otras dos firmas. Es decir que, el grado de vinculación que se ha probado que existe entre la vendedora y la compradora no hace más que llevar a la conclusión que los valores declarados por la exportadora no pueden ser analizados sino a través del concepto de precio de transferencia toda vez que no se trata en el caso del precio pactado entre firmas independientes.
En ese orden, destaca, el antecedente jurisprudencial del Máximo Tribunal en la causa “Eduardo Loussinian S.A.C.F.I.A. s/ recurso de apelación”, Fallos 305:1411, sentencia del 20/09/83 en el cual, la Corte Suprema se expidió en el sentido de que el precio pactado entre firmas independientes no podía ser cuestionado, caso que no es el que aquí se analiza donde se ha probado acabadamente el control de parte de la firma Maltería Pampa y las otras dos sociedades.
En síntesis, advierte que la acción típica, consiste en efectuar ante el servicio aduanero una declaración respecto de destinaciones aduaneras de importación o exportación que difiera con la comprobación practicada por la Aduana, y que produzca o pueda producir en caso de pasar inadvertida, alguno de los supuestos previstos en los tres incisos de ese precepto o uno de ellos, como es en el presente caso.
III. Que con fecha 11/12/2019, el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios del Dr. Juan Patricio Cotter por su actuación en dicha instancia en la suma de $258.000.
Dichos emolumentos fueron apelados el 11/02/2020 por el Dr. Juan Patricio Cotter, por bajos y el 11/02/2020 por el Fisco Nacional, por altos. Con fecha 20/10/2021, la demandada contestó el traslado de los agravios de la actora.
IV. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836). Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
V. Que en el sub examine, mientras el núcleo de la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación para dejar sin efecto la Resolución nº 330/14, se sustentó, básicamente, en que, a los efectos de la configuración de la infracción de declaración inexacta, era presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación y, si bien una operación triangulada daba lugar al servicio para investigar y recabar información sobre la declaración efectuada, a los fines de probar la existencia de una diferencia entre declarado y lo verificado, debían presentarse elementos suficientes.
Así, precisó que, en el caso en examen, el precio declarado en los P.E. involucrados resultaba idéntico al precio efectivamente facturado, percibido y registrado contablemente, por lo que no se configuraban los elementos que permitieran sostener la imputación efectuada en los términos del inc. c) del art. 954 del C.A. Pues, la afirmación de la existencia de una maniobra de triangulación fraudulenta no había sido acompañada de una investigación adecuadamente desarrollada, toda vez que, nada se había aportado ni acreditado en el sentido de que esa maniobra haya influido en el valor de venta de la mercadería. Frente a ello, la contraria, se limitó a manifestar su disconformidad con lo resuelto, sin cuestionar ni rebatir ninguno de los argumentos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II desarrollados por el TFN. Simplemente describió que en autos por medio del sistema INDIRA se comprobó que existió un esquema de ventas sucesivas y que, por estar vinculadas entre sí las partes, habría razón suficiente como para descartar el valor de la operación y condenar a firma actora por la infracción de declaración inexacta.
El apelante manifiesta que los valores declarados por la firma actora deben ser analizados a través del concepto y mecanismo de análisis correspondiente a los precios de transferencia, mas no se hace cargo de refutar los argumentos del fallo recurrido.
En definitiva, resulta evidente que la contraria no aporta ningún argumento novedoso que pretenda, siquiera, conmover, al menos mínimamente, la contundente conclusión a la que arribó el Tribunal a quo.
VI. Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar que el art. 954 del Código Aduanero dispone lo siguiente: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en su caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: (…) c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de la diferencia”.
VII. Que de las constancias acompañadas al sub lite surge:
(i) Que en el marco de la Actuación Nº 14517-10-2010, se dictó el Informe Técnico Nº 01/10 (SE FEBB), en el cual se determinó que no había existido perjuicio fiscal y que la cuestión a tratar era la diferencia del importe percibido entre las dos operaciones de venta por quien – entendía– que era el mismo vendedor de la mercadería a Brasil (fs. 1/10 exp. adm. cit.).
(ii) Que, a fs. 18/19 del citado expediente administrativo obran los sobres contenedores de los PE Nº 08-003-EC01-005411B y 08-003- EC01-005412C y su documentación complementaria, entre las cuales se encuentra la factura mediante la que Maltería Pampa SA (Argentina) le vendió a Maltería Uruguay SA (Uruguay) 22.320 toneladas de cebada cervecera por un precio unitario de U$S 311,29.
(iii) Que, con fecha 19/03/2010, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo en los términos del art. 1090, inc. c) y 1094 del Código Aduanero, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 954 apartado 1 inc. c) del CA (cfr. fs. 20/25 exp. adm. cit.).
(iv) Que, mediante la Resolución Nº 330/2014 (AD BABL), aquí impugnada, se condenó a la actora al pago de una multa por violación al art. 954, ap. 1, inc. c) del Código Aduanero (cfr. 81/86 exp. adm. cit.).
VIII. Que de lo expuesto, resulta que la circunstancia que dio lugar a la instrucción del sumario bajo análisis radicó en la existencia de una triangulación entre distintos operadores con vinculación societaria radicados en las Repúblicas Argentina, Oriental del Uruguay y Federativa de Brasil, siendo ésta el destinatario final de la mercadería en trato. En este sentido, y de manera preliminar, cabe señalar la centralización de las ventas de exportación por intermedio de terceras sociedades (o “traders”), como sería el caso de Maltería Uruguay SA resulta perfectamente lícito, siempre y cuando no se trate de una “maniobra” para perjudicar intereses fiscales (confr., Sala III, in re, “Maltería Pampa c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 49.492/2018, del 23/04/2019).
Lo expuesto precedentemente, se condice con la conclusión a la que arribó el a quo, el cual sostuvo, por un lado, que no había sido materia de controversia que el precio declarado había resultado idéntico al precio efectivamente facturado, percibido y registrado contablemente y, por el otro, que no existía norma alguna que limitara la cantidad de operadores que pudieran intervenir en una operación de comercio exterior, por lo que a fin de sustentar la imputación determinada por el servicio aduanero era necesario contar con un plexo probatorio suficiente. Sin embargo, debe tenerse presente que el ámbito sancionatorio requiere extremar el análisis de los recaudos propios de cada una de las faltas que se imputan a los involucrados, de conformidad con el carácter penal que subyace, con mayor o menor intensidad, detrás de las sanciones aduaneras, y particularmente de la infracción examinada (confr., esta Sala II, in rebus: “IMHDA SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 39197/2017, del 24/8/2017 y; “Peugeot Citroen Argentina SA y otro c/ DGA”, del 27/4/2017 y; Sala IV, in re: “Dibella Sergio Gabriel (TF 26205-A) c/ DGA”, del 8/3/2012).
Tal es así que, conforme surge de las constancias de autos, no se dan en el caso bajo análisis los elementos necesarios para sostener que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II se ha configurado un supuesto de declaración inexacta, por cuanto no se advierte una diferencia entre la declaración comprometida y el resultado de la comprobación. Lo cual se desprende del hecho de que el valor FOB declarado en los permisos de embarque EC01 005411B y EC01 005412C fue el que posteriormente se consignó en la factura comercial remitida a Maltería Uruguay S.A. (confr. factura obrante en el sobre contenedor de fs. 18 del exp. adm. cit.).
A su vez, de la Resolución Nº 158/10 (AD BABL) de fecha 19/03/2010 –mediante la cual se ordena la apertura del sumario–, se desprende que la firma exportadora concertó la venta de mercadería por un valor FOB unitario de U$S 311,29/TM, amparada en las DJVE 08001DJVE002260Z y DJVE 08001DJVE001098B del registro de la Aduana de Buenos Aires, nro. DJVE SAGPYA ROE 100001028 Y 00072746 a las que les correspondió un valor unitario de U$S 350,00/TM y U$S 360,00/TM respectivamente, que obró como base de tributación de las operaciones bajo análisis (confr., fs. 18 y 19 del exp. adm. cit.). Por lo tanto, la mercadería fue vendida a su comprador vinculado (lo cual surge de la factura obrante en el sobre contenedor de fs. 18 del exp. adm. cit.), Malteria Uruguay SA, quien en su carácter de trader, a su vez, la había vendido al mercado brasilero y le había dado instrucciones a la firma actora para que embarcara la mercadería con destino final a la República Federativa de Brasil.
En este contexto, la constatación a través de la utilización del sistema informático INDIRA, de que la mercadería había sido importada en el mercado brasilero a un valor superior al que se exportó desde la República Argentina no constituye per se un elemento suficiente para reprochar el valor de la primera venta declarada. Ello, ya que la utilización de un esquema de ventas trianguladas (sucesivas) y el hecho de que las empresas argentinas y uruguaya fueran vinculadas no define que se haya tratado de una maniobra simulada que encubría una venta directa al Brasil tendiente a reducir la base de tributación para el Impuesto a las Ganancias y a concretar un ingreso de divisas por una suma menor a la que hubiese correspondido (confr., Sala V, in re: “Maltería Pampa SA c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 20412/2018, del 11/9/2018).
La suposición acerca de la existencia de una simulación en las operaciones trianguladas (o de ventas sucesivas) no ha sido debidamente probada en la causa y no se corresponde con los extremos constatados en autos.
Cuanto se lleva expuesto permite afirmar que el servicio aduanero que en el caso, no probó que la intermediación de la empresa vinculada haya influido en el precio documentado por la primera venta. El hecho de que haya existido una venta posterior concertada entre el trader vinculado y una tercera empresa por un precio diferente, no obsta en modo alguno a la veracidad del valor declarado.
Tales extremos -y naturalmente su resultado en el orden fiscalpueden y deben ser analizados y determinados desde el punto de vista tributario a los fines de verificar si la base de tributación utilizada fue la correcta; más en el supuesto que nos ocupa aquello tampoco pudo -en principio- tener virtualidad por cuanto los derechos de exportación se liquidan sobre la base del precio oficial vigente para la mercadería al tiempo de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), que en el caso, resultó inferior al que se pactó por esa venta con el comprador uruguayo.
El precio de la segunda venta es ajeno al exportador en tanto, sin perjuicio de la vinculación declarada, aquello no influyó en el precio, por cuanto la firma uruguaya se comportó como una sociedad con personería jurídica propia y de tal modo concertó las segundas ventas por las que obtuvo una ganancia que no puede reputarse como de fuente argentina, en la medida en que no se ha probado que esas operaciones fueran en realidad ventas directas al Brasil simuladas por la firma actora a través de la utilización de la empresa controlada Maltería Uruguay SA (confr., esta Cámara, Sala V, in re: “Maltería Pampa”, citado).
Por lo tanto, la circunstancia reprochada por la Aduana, es decir, que la declaración del precio de exportación difiere del precio declarado por el importador brasilero, no configura el tipo previsto en el art. 954, apartado 1, inc. c) del CA, ya que en los hechos no se advierte una diferencia entre lo declarado y lo verificado, sino que se evidencia la existencia de dos ventas sucesivas, a dos valores diversos y respecto de los cuales no se ha probado que se trate de operaciones simuladas.
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Conforme lo ut supra expuesto, y debido a que no es la modalidad de triangulación lo que tipifica por sí misma la conducta del administrado y considerando que el hecho infraccional (a los fines que aquí conciernen, en torno de la conducta imputada y los hechos comprobados), únicamente puede darse en el supuesto en que se constate una diferencia entre el precio declarado y el constatado –lo cual en el caso no se configura–, o bien que se advierta una manipulación artificiosa del precio para obtener una ventaja fiscal –que tampoco fue probado–, cabe concluir que no se configuró en autos el presupuesto exigido por el art. 954, inc. c) del CA, correspondiendo por lo tanto confirmar la sentencia apelada.
IX. Que, en igual sentido se ha pronunciado la Sala III del Fuero, en autos 49492/2018 “Maltería Pampa SA c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, resol. del 23/04/2019.
X. Que, atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no existen razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas de Alzada a la parte demandada, vencida en autos (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
XI. Que, a fin de tratar los recursos interpuestos, cabe recordar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.”, del 2-IV-98, entre otras). Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). Y, recientemente en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos: 341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons. 3° y 4° del voto mayoritario). Cabe señalar que el tratamiento de los recursos se lleva a cabo abordando la regulación según la ley aplicable a cada lapso de actuación profesional cumplida, siguiendo las pautas interpretativas fijadas por el Alto Tribunal en el mencionado precedente; por lo que corresponde modificar la regulación de fecha 11/12/2019, elevando los emolumentos allí fijados en favor de la dirección letrada y representación de la actora, cabiendo el siguiente fraccionamiento:
-por las tareas desarrolladas durante la vigencia de la ley 21.839, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y monto involucrado -conf. fs. 1 (F4), lo resuelto con fecha 04/11/2019 y precedentemente-; atento el mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos desarrollados durante las dos etapas del pleito cumplidas; corresponde fijar en la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($234.000) los honorarios del DR. JUAN PATRICIO COTTER, por la dirección letrada y representación de la actora (arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). -que, respecto a las tareas cumplidas con relación a la presentación de fecha 12/09/2019 (alegato), cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y el monto involucrado - conf. fs. 1 (F4), lo resuelto con fecha 04/11/2019 y precedentemente-; atento al valor, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito; cabe fijar en la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($87.568) –equivalente a 8,42 UMA-, los emolumentos del DR. JUAN PATRICIO COTTER, letrado apoderado, actuante en defensa de la actora (arts. 16, 21, 20, 24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 – Dto. 1077/17).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, y lo resuelto por la CSJN doctr. Fallo “Las Marías”, corresponde regular en la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO ($78.728) -equivalente a 7,57 UMA- los emolumentos del DR. JUAN PATRICIO COTTER, letrado apoderado, actuante en defensa de la actora (arts. 16, 20, 21, 29, 30, 44 inc. b) y ccdtes. y citados de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo –c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996). ASÍ SE DECLARA.
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: 1°) rechazar el recurso de apelación del Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 4/11/2019, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.); y 2°) modificar y elevar los honorarios de conformidad a lo expresado en el considerando XI y fijar los de esta instancia según se establece en dicho considerando.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia