Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2135/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada, a fs. 221/234 vta., y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a foja 236 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2135/16-TSJ Interlocutorio N°: 3288.-
Actor: MAMANI ALEJANDRO ALBERTO Demandada: SERVICIOS PUBLICOS S.E. DISTRITO C.O.
Objeto S/ LABORAL -COBRO DE PESOS- Fecha: 21-06-2017 Texto: TOMO XXVIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3288 FOLIO Nº 5475/5478 PROT. ELECT. TSS1 026 I.171
Río Gallegos, 21 de junio de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “MAMANI ALEJANDRO ALBERTO C/ SERVICIOS PÚBLICOS S.E. DISTRITO C.O. S/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº M-16.515/13 (M-2135/16-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 221/234 vta., por el Dr. Omar Lazo, en su carácter de letrado apoderado de la demandada, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 205/214 vta..- La sentencia de Primera Instancia condenó a la demandada al pago de diferencias salariales desde febrero hasta diciembre de 2011 inclusive; desde agosto a octubre de 2012 inclusive; diferencias de SAC (1° y 2° cuota de los años 2011 y 2012) y diferencia en concepto de premio por antigüedad; con más intereses y costas (conf. foja 135 vta.).-
La sentencia de Cámara confirmó parcialmente el pronunciamiento de Primera Instancia; admitiendo el agravio referido al pago de diferencias por la primera cuota del SAC del año 2012, excluyendo tal rubro de la condena, confirmando todo lo demás que fuera materia de agravio (conf. foja 214).-
II. Contra este decisorio, la demandada interpone recurso de casación por la causal de quebrantamiento de forma, violación de la ley y doctrina legal e invoca la doctrina de la arbitrariedad (conf. foja 221 vta.).-
Tilda al fallo de arbitrario por considerar que su construcción jurídica se asienta en una doctrina que no se aplica al caso y sin considerar que el actor no habría acreditado las diferencias salariales que invoca (conf. foja 222).-
Aduce que al haberse admitido la demanda “...pese a la total orfandad argumental y probatoria de la acción...se vulnera el Principio de Primacía de la Realidad y de Primacía de la Verdad…se viola el Derecho Constitucional de Defensa y Debido Proceso y el Derecho de Propiedad.” (cfr. foja 222 vta.).-
Agrega que se configura un supuesto de fundamentación aparente o dogmática; que encontraría apoyo, tan solo, en la subjetividad y voluntad de los integrantes de cámara; y que contradeciría abiertamente las constancias de autos (conf. fs. 222 vta./223).-
Añade que el actor omitió acompañar en su demanda los recibos de haberes correspondientes a los períodos por los que reclama diferencias salariales, lo cual impide que se pueda efectuar cualquier tipo de comprobación y es imposible determinar si existen diferencias salariales (conf. foja 225 vta.).-
Dice que la Cámara le solicitó a la demandada que acompañara los recibos de haberes sin explicar porqué no los acercó el actor (conf. foja cit.).-
Afirma que siendo que la prueba que acreditaría las diferencias salariales no solamente obra en poder de la empleadora, no se le puede exigir a ella que la acompañe o exhiba al extremo de imponer la teoría de las cargas probatorias dinámicas (conf. foja 226).-
Expresa que una empresa del Estado Provincial no puede ser obligada a probar el reclamo del actor (conf. foja 226 vta.).-
Sostiene que al desconocer su parte la autenticidad probatoria de los recibos acompañados por el actor, el efecto procesal es que carecen de valor probatorio “...hasta tanto la parte actora acredite la validez probatoria de la documental...” (cfr. foja 227 vta.). Sobre este punto, sostiene que no pueden ser de aplicación las previsiones del artículo 164, inciso 5to, último párrafo del CPC y C, cuando existe una norma procesal expresa que regula este supuesto, como es el artículo 61 de la Ley Nº 1444 (conf. foja cit.).- Manifiesta que la negligencia probatoria en que habría incurrido el actor implica un quebrantamiento de forma y violación del artículo 355 del CPC y C, que impone la carga de la prueba a quien afirme la existencia de un hecho (conf. foja 228).-
Postula que al actor debía probar la incorrecta categorización y las diferencias salariales; y es evidente que no lo ha hecho en tiempo y forma (conf. foja cit.).-
Sostiene que es otro caso de quebrantamiento de formas la desestimación de la revocatoria y apelación en subsidio contra la medida para mejor proveer que le ordenó exhibir los recibos y las escalas salariales del actor durante los períodos y por los rubros reclamados (obrantes a fs. 172 y 179); pues la Cámara invocó el artículo 95 de la Ley Nº 1444 y esta norma sería inaplicable ya que no nos encontramos ante un supuesto de resolución denegatoria de prueba (conf. foja 229).- Considera como violatorio del artículo 18 de la Constitución Nacional y del artículo 355 del CPC y C, la resolución de la cámara que imputa como causa de rechazo de los agravio de la demandada, a su incumplimiento en acompañar la documentación que acreditaría las diferencias salariales de marras (conf. foja 230 vta.).-
Añade que se violó el artículo 61 de la Ley Nº 1444 pues ante el desconocimiento de la demandada se tendría que, haber tenido por no reconocida la documental acompañada por el actor (conf. foja 231).-
Destaca que la rebeldía no exime al juez de analizar la viabilidad de la petición del actor, ni puede fundar una condena (conf. foja 231 vta./232).-
Hace reserva del caso federal (conf. fs. 223 y 234).-
A foja 236 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formal-mente admisible el recurso de casación interpuesto por la demandada.-
A foja 248 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Secc. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte de la atenta lectura del escrito casatorio que el mismo no alcanza a cumplimentar con los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- Así se verifica que los planteos tienen como núcleo fundamental cuestionar la valoración de los medios probatorios por parte de la Cámara en lo relativo a si el actor percibió remuneraciones inferiores a las que le hubiesen correspondido.-
Es decir que remite al examen de cuestiones de hecho y prueba; y procesales que son, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en el sub lite (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3233, Folio 5349/5353).-
En razón de lo expuesto, es menester recordar que el absurdo en la valoración de la prueba se produce cuando nos encontramos ante “‘…un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…’ (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; ídem, Tomo VII, Sentencia, Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros)” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984).- La revocación de una sentencia por absurdo o arbitrariedad es un remedio excepcional (conf. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica.-
En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha entendido que: “‘…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…’ (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788)…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003).- Examinados los términos del recurso se observa que el mismo contiene sólo meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio en cuanto a la interpretación y valoración de la prueba, lo que hace inatendible a aquél.-
Paralelamente, se constata que la Alzada realiza una interpretación de los elementos probatorios que no se advierte como arbitraria o absurda.-
Así, la Cámara expone sobre la viabilidad de la aplicación de la carga dinámica de la prueba (conf. fs. 209 vta./210 vta.). Luego relata que corrido el traslado de la demanda y citada las partes a la audiencia prevista en el artículo 47 de la Ley Nº 1444, la demandada no concurre a la misma; y que el magistrado de Primera Instancia dispone hacer efectivos los apercibimientos previstos en los artículos 44, 50 y 61 de la Ley Nº 1444 (conf. foja 205 vta.). Destaca, entonces, que la demanda quedó sin contestar (conf. foja 210 vta.).- Es oportuno aquí transcribir, en su parte pertinente, el artículo 50 de la Ley Nº 1444: “Incomparencia del demandado. Si el demandado, debidamente citado, no compareciere a la audiencia, por si o representado en los términos del articulo 20º sin que mediare un impedimento atendible que se deberá invocar antes de la audiencia, salvo fuerza mayor, o si se negare a contestar la demanda.
Se presumirán como ciertos los hechos expuestos en ella, salvo prueba en contrario...”.- Seguidamente, la Cámara señala que ante el resultado de la medida para mejor proveer, por la cual se requirió a las partes que presentaran “...los recibos de haberes del actor durante el período y por los rubros reclamados, las escalas salariales correspondientes a la categoría 407 - Jefe de Sección Toma Estado previsto en la Estructura Orgánica aprobada por resolución SP n° 1811/92, para la gerencia distrital de Caleta Olivia o nivel equivalente…” (cfr. foja 172), sólo el actor acompañó copias de recibos de sueldo y de escalas salariales (conf. fs. 180/198). En cambio, destaca la Alzada, que la demandada sólo atina a negarle eficacia probatoria a la medida para mejor proveer y desconoce la documental presentada por el actor (conf. foja 210 vta.).- Recuerda la Cámara que es su facultad disponer medidas para mejor proveer (conf. art. 36 inc. 2 CPCC) y que se le dio oportunidad a la demandada para traer los duplicados de los recibos en su poder (conf. fs. 210 vta./211).
Quien -según su razonamiento- tenía la obligación de conservarlos, en atención a lo previsto en el artículo 143 de la LCT ya que no había operado en favor de Servicios Públicos la prescripción liberatoria (conf. foja 211). Se transcribe, en lo que aquí interesa, el artículo 143 de la LCT: “Conservación - Plazo. El empleador deberá conservar los recibos y otras constancias de pago durante todo el plazo correspondiente a la prescripción liberatoria del beneficio de que se trate.”.- Ante este cuadro de situación, el Tribunal de Grado concluye: “...entiendo que la demandada debió presentar los duplicados en su poder de los recibos de sueldo, que son respaldatorios de su contabilidad. Ello es así por cuanto el art. 34 inciso 5° apartado d) del CPCC, aplicable en el proceso laboral, indica que son deberes de los jueces el 'prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe;' que se deben los litigantes de tal modo que el magistrado podrá en la sentencia ponderar la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso como un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones (art. 164 inciso 5º último párrafo del CPCC) y es concordante con la obligación de las partes de obrar de buena fe que impone el art. 63 de la LCT.
Ello sumado a la necesidad que las partes contribuyan con los magistrados, colaborando en esclarecer la verdad con los elementos de prueba que se les requiera con una medida para mejor proveer cuando están en mejores condiciones para aportarlos, como impone la teoría de las cargas probatorias dinámicas...Y por ello no admito que se discuta con una fácil negativa que, si fuera sincera, se hubiera debido acompañar con los libros laborales para demostrar la falsedad de los recibos acompañados por el actor en cumplimiento de la medida para mejor proveer dispuesta en esta instancia. Importaría renunciar a establecer la verdad.” (cfr. fs. 211 vta./212).- En la misma línea argumental de la Cámara, este Alto Tribunal, ha sostenido que: “‘Es obligación exclusivamente a cargo de la patronal acreditar el pago salarial y su monto mediante recibos y registraciones laborales, constituyendo grave presunción en contra del empleador su falta o forma irregular de llevarlos, por lo que debe estarse a lo sostenido por los accionantes en su demanda ante la falta de prueba por parte de la demandada’ (confr. ‘Navarro, Ramón F. y otro c.
Ducilo, S. A. y otro’, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I, 24/07/1981, DT 1981-B, 1525, LL Online: AR/JUR/1411/1981).” (cfr. Sentencia, Tomo XV, Reg. 513, Folio 2877/2883).- Se observa, entonces, que el recurrente pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2701, Folio 4131/4135), lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.- Conforme lo antedicho, es aplicable, mutatis mutandis, al caso sub examine lo dicho por la Suprema Corte de Justicia Bonaerense: “...no advierto que el recurrente aporte ningún elemento convincente que verdaderamente demuestre que la solución dada al caso no es la correcta, ni tampoco que se ocupe de acreditar con términos precisos cuál sería la que él propone, derivando la queja en una contraposición de criterios que resultan inidóneos a los fines del recurso deducido (conf. causas L. 97.855, ‘Obiol’, sent. del 22-IV-2009; L. 90.219, ‘Torres’, sent. del 12-XII-2007).
Olvida el compareciente que la apreciación del material probatorio, el análisis y establecimiento de conclusiones referidas a la categoría laboral del trabajador y su salario...constituyen cuestiones de hecho reservadas a la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración del absurdo (conf. causas L. 100.946, ‘Piza’, sent. del 2-VII-2010; L. 99.698, ‘Piccirilli’, sent. del 5-V-2010; L. 93.732, ‘Kanemann’, sent. del 16-XII-2009; L. 97.450, ‘Pichuin’, sent. del 26-VIII-2009; L. 90.784, ‘Trojelli’, sent. del 28-V-2008; L. 83.291, ‘Flores’, sent. del 8-XI-2006), extremo que no se verifica en la especie.” (cfr. “Avit, Gustavo Rubén c/ Disco S.A.
Indemnización por despido”, del 10 de agosto de 2011, LP L 104546).- Asimismo, en cuanto a la invocada violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso; del derecho de propiedad; y del artículo 18 de la Constitución Nacional se advierte que el recurrente se circunscribe a invocarlos sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituye base idónea de agravio (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156).- En conclusión, se constata que las críticas del recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.
Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara resulta coherente y debidamente fundada. En esta inteligencia, tiene dicho este Tribunal “…que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3109, Folio 5085/5088 y Reg. 3122, Folio 5111/5113, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo; violación de la ley o de la doctrina legal; y/o quebrantamiento de forma, circunstancia ésta que no se advierte en el caso de autos.-
IV. Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, el recurso de casación articulado por la demandada a fs. 221/234 vta., no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 236 y vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Re-curso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniéndose presente las reservas del caso federal efectuadas a fs. 223 y 234.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada, a fs. 221/234 vta., y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a foja 236 y vta.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1026I.171 Tomo: XXVIII Interlocutorio: 3.288.-
Folio N°:5475/5478.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia