Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 40.595
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) ADECUAR el rubro incapacidad psicofísica al importe de pesos OCHOCIENTOS MIL ($800.000,00); b) disponer que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por las Resoluciones de SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada; c) FIJAR que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 7/07/2016 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, en este caso concreto dadas sus especiales características y circunstancias particulares que rodean al mismo, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos;
2Confirmar el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios;
3Imponer las costas generadas en esta instancia recursiva a la parte demandada vencida y su aseguradora en la medida del seguro, atento a la forma en que se resuelve y principio de reparación integral de la …
MAMANI ROGELIO FERNANDO C/ LEMACHA JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
LM-40595-2016 JUZ. CIV. Y COM. N° 9
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primeracelebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “MAMANI ROGELIO FERNANDO C/ LEMACHA JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”
LM-40595-2016 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI - POSCA - PEREZ CATELLA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
2. cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso Con fecha 20/10/2020 el Sentenciante de origen resolvió: “Hacer lugar a la demanda promovida por la parte actora y, en su consecuencia, condenar a Juan Carlos Lemacha, Leandro Exequiel Lemacha y "Caja de Seguros S.A.", ésta última dentro de los límites del contrato de seguro celebrado, a abonar a Rogelio Fernando Mamani la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($2.761.500), con más los intereses establecidos en el apartado pertinente, dentro del plazo de diez días de quedar firme la liquidación que al efecto deberá practicarse una vez que ésta sentencia adquiera firmeza, bajo apercibimiento de ejecución”. Asimismo, impuso las costas a la parte demandada y citada en garantía y difirió la regulación de honorarios de los letrados y demás profesionales intervinientes para el momento procesal oportuno.
Contra tal forma de decidir, interpusieron recurso de apelación el demandado Juan Carlos Lemacha y la citada en garantía en fecha 20/10/2020, la parte actora el día 21/10/2020 y el demandado Leandro Exequiel Lemacha el día 7/06/2021. Remedios que han sido concedidos libremente mediante las providencias dictadas los días 21/10/2020, 22/10/2020 y 15/06/2021 respectivamente.
Habiéndose elevado las actuaciones a esta instancia, conforme proveído de fecha 24/06/2021, se radicaron las presentes ante esta Sala Primera.
Por lo cual, una vez en condiciones con fecha 3/09/2021 se llamó a expresar agravios a los apelantes, cumpliendo con dicha carga procesal solo la parte demandada y citada en garantía mediante escrito electrónico del día 17/09/2021. A raíz de ello, el día 6/10/2021 se declaró desierto por ausencia de fundamentación el recurso de apelación incoado por la parte actora y se le corrió traslado de los agravios expresados por la contraria.
De esta manera, el día 28/10/2021 contestó los agravios la accionante, pasando los autos para sentencia en fecha 10/11/2021 y posterior sorteo orden de estudio con fecha 13/12/2021.
II. Los agravios de la parte demandada y citada en garantía De la expresión de agravios presentada, primeramente se observa que los apelantes se agravian porque –a su forma de ver- la sentencia apelada omitiría dar tratamiento a la compensación solicitada en relación al pago recibido por el actor de su ART. En este sentido, expresaron que el Magistrado de origen debería haber determinado en la sentencia “…el quantum indemnizatorio, monto de condena, y sobre dicho capital sin intereses, realizar la compensación […] Y debió asimismo, ordenar que sobre el capital de condena con la compensación ya efectuada (es decir con la deducción de los $800.000 ya percibidos por el accionante), indicar el cálculo de la tasa de interés pura del 6% hasta la fecha de la sentencia y de ahí en más tasa digital…”
Acto seguido, se vislumbra que –en lo medular- la sentencia apelada los agravia por los montos otorgados en autos. Así, en primer lugar, destacan que al haberse estimado en un solo rubro al daño físico y psicológico, se tornaría excesivamente onerosa la indemnización otorgada al actor, en especial en la valoración del punto de incapacidad psicológica. A su vez, consideraron “excesivo” el monto otorgado en concepto de incapacidad psicofísica y mencionaron que devendría improcedente la utilización de una fórmula matemática en el caso.
Por otro lado, expusieron que en la causa no habría prueba alguna que acredite la merma económica ni las diferencias entre la vida pasada y actual del actor, más aún que del beneficio de litigar sin gastos surgiría que el actor conservó su puesto de trabajo. Además, remarcaron que la ART habría determinado al actor una incapacidad del 24%, diferencia “abismal” frente a la incapacidad del 64% determinada por el perito designado en autos.
En segundo lugar, respecto al dictamen de la perito psicóloga, se agraviaron por el baremo utilizado. Consideraron que el porcentaje fijado por la perito sería mucho mayor al previsto en otro baremos aplicables en la materia como por ejemplo el Baremo Decreto 659/96 utilizado para la evaluación de incapacidades laborales y mencionaron que al menos se podrá haber estimado en autos un promedio entre ambos baremos.
En tercer lugar, los apelantes se quejaron por el monto otorgado en concepto de consecuencias no patrimoniales, al cual consideraron elevado por haberse relacionado con el daño físico.
En cuarto lugar, generó agravio a los recurrentes la indemnización otorgada por gastos de atención médica, medicamentos y transporte. A dicho fin, resaltaron que la jurisprudencia dispensaría de adjuntar los comprobantes de estos gastos solo por montos razonables que puedan ser consecuencia del hecho más no cuando se trata de sumas importantes como es el caso de autos. Asimismo, puntualizaron que el actor habría sido tratado desde el mismo momento del hecho y hasta su alta por Prevención ART. Por último, con respecto al cálculo de los intereses, los apelantes solicitaron se aclare cuál resultaría ser el momento tenido en cuenta para la estimación del daño, refiriendo que de que existir algún tipo de modificación, el momento para dicha evaluación sería la sentencia de Segunda Instancia.
LA SOLUCION
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
III. La incapacidad psicofísica Que el Código Civil y Comercial de la Nación en su título V denominado: Otras fuentes de las obligaciones”, regula a partir del artículo 1708 sobre la Responsabilidad Civil. Asimismo, y en lo que nos interesa, a partir del artículo 1737 regla respecto del daño resarcible, disponiendo que: “Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”. Del mismo modo, determina que “la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida” (art. 1738). En su artículo siguiente, regula que para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador (art. 1739).
En consecuencia, se determina que la reparación del daño debe ser plena. Conceptualmente, la indemnización de las consecuencias resarcibles es un mecanismo para colocar a la víctima del daño, jurídicamente hablando, en la misma situación a la que se encontraba antes del hecho dañoso, ni mejor, ni peor. Lo contrario, implicaría un enriquecimiento sin causa, sea para la víctima del daño (si recibe de más), o para el responsable (si es obligado a pagar de menos). (Ossola, A. Federico. “Responsabilidad Civil”. Ed. Abeledo-Perrot, págs. 229/230).
Como vemos, consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable. (art. 1740).
Dicha norma no puede ser interpretada de manera literal porque es claro que en muchos casos el daño no puede ser plenamente resarcido. Piénsese en el caso del pianista destacado que pierde una mano; cualquier indemnización que se fije no podrá reparar plenamente el daño sufrido. La plenitud de la reparación debe ser considerada jurídicamente y no en el plano material. Lo que se procura es que sea lo más completa posible, que alcance la mayor adecuación entre el efectivo perjuicio sufrido y lo recibido a titulo resarcitorio.
Respecto a lo que debe indemnizarse, hablamos de la pérdida o disminución del patrimonio (daño emergente), al lucro cesante y a la pérdida de chance. También se dispone que deben indemnizarse las consecuencias patrimoniales de daños que son extrapatrimoniales.
Por otra parte, el daño psicológico consiste en la perturbación permanente del equilibrio espiritual preexistente, de carácter patológica, causada por un hecho ilícito, que genera en el sujeto que lo padece la posibilidad de reclamar el resarcimiento o la indemnización de tal concepto contra quien ha ocasionado el daño y debe responder por ello. El daño psicológico no es una afección emotiva espiritual, el padecer de los sentimientos, pues ello encuadra dentro del concepto de daño moral. Aquél se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, una perturbación profunda del equilibrio regulado por el razonamiento, que guarda un adecuado nexo causal con el hecho dañoso. Ya encontraba su encuadre en la norma genérica del art. 1068 CC, que pertinentemente decía: "...Habrá daño siempre que se cause a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria... por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades". "El daño psicológico se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el medio social". El daño psicológico es una lesión al funcionamiento del cerebro, que altera el razonamiento o las facultades intelectuales de la persona humana y produce una incapacidad a nivel psíquico o de la mente, ya sea transitoria o permanente. En cambio del daño moral, que sucede prevalecientemente en la esfera del sentimiento de la persona, el psíquico afecta preponderantemente en la del razonamiento. Para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del daño moral, la incapacidad a resarcir que puede derivar del daño psíquico es la permanente o transitoria. Además, hay que agregar que el daño psicológico, para que sea resarcible debe ser traumático, patológico. Traumatismo, es un término general que comprende todas las lesiones internas y externas provocadas por una violencia exterior, como también es el estado del organismo afectado de una herida grave. Asimismo, llámase patológico a aquello perteneciente o relativo a la patología y dícese de este último término, que es la rama de la medicina que estudia las enfermedades y los trastornos que se producen en el organismo. Celular: Estudio de las alteraciones de los elementos anatómicos como punto de partida del estudio general de los fenómenos morbosos.
El bien jurídico protegido. Según Hernán Daray corresponde considerar el campo denotado por la expresión perturbación del equilibrio espiritual, dado que esta última noción constituiría el "bien jurídico protegido". De allí que se diferencie el daño psicológico del agravio moral, por el carácter patológico del detrimento. Con acierto Zavala de González define al daño psíquico como "una perturbación patológica de la personalidad" de la víctima que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente (autores cits. por Taraborrelli José Nicolás, en Daño Psicológico, J. A. 1997-II-777, Abeledo-Perrot, OnLine. Cit. Lexis, 7/8/04).
Diferencias entre el daño psíquico y las consecuencias no patrimoniales: El daño psíquico: a) Perturba el equilibrio de la personalidad., b) Tiene un origen patológico la perturbación del equilibrio espiritual o de la personalidad; asume en el daño psicológico el nivel de las patologías y requiere para su determinación el auxilio de la psiquiatría o de la teoría psicoanalítica. Se caracteriza por ser irreversible o irrecuperable o reversible. c) Debe probarse; d) Afecta al individuo en actividad laborativa de poder desempeñarse, como en su capacidad, en su vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o capacidad para disfrutar de la vida. Puede constituir una incapacidad permanente o temporaria o transitoria; e) Conforme mi opinión, resulta resarcible en los dos regímenes de responsabilidad; f) En función de la condena, el daño psicológico es siempre resarcitorio. g) Parámetros para la fijación: tiene importancia según se lo pida como grado de incapacidad laborativa o el grado de incapacidad que le produce en la vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o si se incluyen o no los costos del tratamiento, o si se lo reclama en forma autónoma o integrando otros rubros., h) Legitimación activa: Según el art.
(1079 CC. ) otorga acción no sólo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente,, sino respecto de toda persona,, que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta., i) Según Hernán Daray requiere en principio, que el evento desencadenante revista carácter traumático, ya sea por la importancia del impacto corporal y su consecuencia, por la forma de ocurrir el hecho o por la muerte de un ser querido muy allegado al reclamante., j) Constituye un daño material, ya sea que cause un grado de incapacidad psíquica, mensurable en dinero y/o que se reclamen los costos del tratamiento psicológico. En cambio, las consecuencias no patrimoniales: a) Perturba el equilibrio espiritual. b) No tiene origen patológico. c) El daño moral se presume. d) No causa grado de incapacidad, sino que afecta a la dignidad, al honor de la persona; produce dolor, angustia, pero sin producir grado de incapacidad. e) El daño moral es resarcible tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual. f) En función de la condena, para la minoría sostiene que el daño moral se fundamenta en la sanción ejemplar de carácter punitivo (Llambías, etc.), es una pena civil y no resarcitoria como lo afirma la mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional. g) Parámetros para su fijación: para los que afirman la condición punitiva el daño moral evaluará la gravedad del accionar del responsable; los que se apoyan en la naturaleza resarcitoria tendrán en cuenta la importancia o los padecimientos experimentados, la edad, el sexo y demás circunstancias personales de la víctima, según que el menoscabo sea actual o futuro. h) Legitimación activa: La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos, no iure hereditatis sino iure propio (art. art. 1078 C.C.). i) La jurisprudencia lo admite aún en el caso de que el reclamante haya padecido lesiones leves. j) Es un daño inmaterial, que afecta a la dignidad, al honor de la persona o es causa del dolor, del sufrimiento, etc.
Por lo tanto, se advierte que la incapacidad que corresponde indemnizar en sede civil no es solo la laborativa, debiendo considerarse la disminución de la aptitud genérica del sujeto afectado en su vida de relación familiar, social, etc.
Por otro lado, para establecer la indemnización que corresponde fijar por lesiones o incapacidad física o psíquica o psicofísica que sufre una persona humana, el Código Civil y Comercial introduce una fórmula de matemática financiera que considera la actividad del damnificado y el tiempo razonable durante el cual puede realizar actividades productivas o económicas valorables.
En efecto, el artículo 1746 regula la: “Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño, aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado”. La fórmula matemática procura evitar la existencia de indemnizaciones muy diferentes frente a situaciones similares, considerándose para ello los ingresos de la víctima, el contenido patrimonial de labores que no se cobran (como la actividad del ama de casa) o de actividades sociales que dejará de realizar por la propia lesión o incapacidad. Asimismo, deberá considerar el tiempo durante el cual pudo hacer la actividad productiva, para lo cual podrá considerarse la edad necesaria para obtener la jubilación o la edad promedio de vida. Esta última es más alta, pero también parece más razonable desde que la actividad de la persona humana suele extenderse más allá de la jubilación. También deberá tenerse en cuenta el grado y tipo de incapacidad, recordando que los porcentajes de incapacidad física y psíquica no se suman, sino que deben armonizarse. Del mismo modo, deben indemnizarse los gastos que sean razonables con relación a la índole de la incapacidad o lesión, sin necesidad de aportar prueba directa de ellos. Claro está, se trata de una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario de la accionada. Finalmente, debe recordarse que el daño puede ser superior a la ganancia que pueda obtenerse de la tarea remunerada. (Borda Alejandro, “Derecho Civil y Comercial, Obligaciones”. Ed. La Ley. Págs. 398/400).
Finalmente, respecto a la valuación del daño, importa traer a la memoria que valorar un daño significa medirlo, cuantificarlo. Se trata del valor de los perjuicios sufridos, para restituir a la víctima al estado anterior al hecho dañoso (en la medida de las posibilidades). En términos llanos, consiste en ponerle precio al perjuicio. Dicha valuación de la indemnización de daños podrá tener lugar por vía convencional, legal, judicial o arbitral. A los efectos de realizar una correcta valuación del daño será necesario discriminar diferentes variables que impactan en la reparación del daño, tales como el sexo, la edad, el estado civil, los estudios realizados, la profesión y/o empleo, la composición del núcleo familiar, etcétera, a lo que debe sumarse el dato clave consistente en el porcentaje de incapacidad física y/o psíquica sufrida por el sujeto. (Borda, Alejandro, op. cit., pág. 404). En cuanto a la extensión del resarcimiento, el art. 1726 del C. C. y C., dispone como regla, la indemnización de las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles, consideradas bajo los postulados de la causalidad adecuada, salvo disposición legal en contrario. (Ossola, A. Federico. Op. cit. pág. 217).
Sin perjuicio de lo expuesto, considero que no puedo dejar de advertir que si bien se introduce para calcular la indemnización que le corresponderá a la víctima por lesiones o incapacidad física o psicofísica, una fórmula de matemática financiera, esta Alzada se ha enrolado desde años en la teoría de considerar a la víctima en su totalidad “tesis de la inviolabilidad de la persona humana”, considerando el juzgador, de tal forma, a la salud en su cabal integridad, tratando de resarcir a la persona humana por la totalidad de los menoscabos que hayan afectado a la integridad material y espiritual que constituye. Por lo cual, los cálculos financieros matemáticos serán tenidos en cuenta como un elemento más para la cuantificación.
Bajo tales premisas, los cálculos que puedan realizarse por aplicación de una fórmula matemática financiera o cualquier otro tipo de sistema, de ninguna manera pueden atar al sentenciante a la hora de otorgar una indemnización, sino más bien servir como pauta orientadora más, a los fines de obtener una suma que pueda remediar en una suerte de equivalencia para hacer frente al menoscabo que la víctima de un daño sufra en su plenitud psicofísica.
A mayor abundamiento, esta Alzada, ya se ha pronunciado, manifestando que: “Por otra parte, y a los fines de su cuantificación debo recordar que el derecho a la reparación del daño injustamente sufrido ha sido emplazado por la Corte Suprema de Justicia, en numerosos fallos, como un derecho constitucional que tiene fundamento en el principio “neminem laedere” del artículo 19 de la Constitución Nacional. Así, a través de una interpretación extensiva del mencionado art. 19 CN, la Corte Suprema ha perfilado y complementado racionalmente las bases del derecho a no ser dañado y a obtener una justa y plena reparación (conf. causas “Santa Coloma”, Fallos, 308:1160 (LA LEY, 1979-D, 615 (35.292-S); “Ghünter”, Fallos 308:1118; “Luján”, Fallos 308:1109). Tales conceptos han sido consagrados en el art. 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación, que se titula “reparación plena” y que el texto describe como “…la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie”. En este sentido los montos resarcitorios a la luz de lo dispuesto por el nuevo art. 1746 del CCC, adopta el método de capital humano, que expresan las fórmulas Vuotto o Marshall (conf. Acciarri, H.A., “Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código”, Revista La Ley del 15/7/2015). Es por ello que en cuanto a fórmulas matemáticas se refiere el artículo 1746 del Código fondo, es dable destacar que si bien la utilización de cálculos matemáticos o actuariales para cuantificar la indemnización constituye un instrumento destinado a dotar de mayor objetividad al sistema, existen variables que requieren interpretación en el caso concreto, vale decir, particularidades de la situación que no pueden ser encapsuladas en rígidas fórmulas matemáticas pues exigen una subjetiva ponderación, lo que permite recurrir a las fórmulas como un elemento más a considerar. Como ha señalado con acierto Jorge Galdós (“Cuatro reglas sobre la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad”, RCyS 2016-XII, tapa, Cita Online:
AR/DOC/3677/2016), la utilización de las denominadas fórmulas matemáticas no conduce a la aplicación automática e inexorable del resultado numérico al que se arribe, sino que constituyen un elemento más que no excluye a los otros parámetros provenientes de la sana crítica, la experiencia vital y el sentido común, pudiendo el apartarse el judicante de la cuantía matemática fundando los motivos o razones por los que se reduce o incrementa aquél monto”. “En este sentido conviene recordar que el art. 165 del CPCC, faculta a los jueces a fijar el importe de los daños y perjuicios reclamados, ejerciendo esa aptitud conforme a las reglas de la sana crítica, con explicación de los fundamentos empleadas para arribar a la decisión. Sobre la base de estos contados artículos, los principales criterios jurisprudenciales vigentes para cuantificar las indemnizaciones por daños son los siguientes: 1) El prudente arbitrio judicial sobre la base de la sana crítica y las circunstancias particulares de cada víctima; 2) las matemáticas puras; 3) los baremos de incapacidad; 4) las circunstancias particulares de la víctima: la proyección que la lesión pueda tener sobre el futuro, sobre la base de la edad a la época del accidente, estado de salud, actividad habitual, condición social, familiar o económica”. “En este contexto, una fórmula, cualquier fórmula, en la redacción del art. 1746, solo es un punto de partida para la determinación integral del daño, conforme las pruebas arrimadas al juicio, y que el Juez deberá valorar con ajuste al principio general de reparación plena y los presupuestos de responsabilidad acreditados en el pleito. Criterio que en definitiva ha venido sosteniendo la CSJN, en los precedentes "Arostegui", "Aquino", "Díaz c. Vaspia" "Llosco" y otros fallos, sosteniendo que la Constitución Nacional dispone para los daños una indemnización plena o integral, las fórmulas pueden ser empleadas solamente como un punto de partida o marco referencial "mínimo".(Schick, Horacio Publicado en: DT 2014 (diciembre), 3248 Un nuevo viraje regresivo en materia de reparación de daños en general, con incidencia en los infortunios laborales: la tarifación del daño en materia de lesiones en el Código Civil y Comercial unificado)”.
“Del mismo modo, se ha señalado por parte de quienes redactaron el Código vigente que: “a fines de la cuantificación del daño por incapacidad, prevista en el art. 1746 del CCC, “la determinación del capital que genere rentas no está sindicada como la única modalidad de cuantificación, y mantienen vigor los criterios interpretativos que confieren al razonable arbitrio judicial la función correctora por excelencia para cuantificar daños.” (Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Dir. Lorenzetti, Ricardo Luis, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, t. VIII, pág. 527)” (“Romero Sierra Ana y otros c/ Vox 33 SRL y otros s/ Daños y Perjuicios” (causa nro. 5292/1) (04/09/2018), RSD Nro.: 206 /18 Folio Nro.: 1470, voto de mi colega Dr. Pérez Catella).
En consecuencia, y de conformidad a la doctrina expuesta precedentemente, corresponde señalar las diferencias existentes entre el término: “valorar los daños a la persona humana”, del concepto: “cuantificar económicamente la lesión sobreviniente”.
Valorar el daño significa jurídicamente considerar y determinar la magnitud del mismo, su grado de incapacidad, sus características y su clasificación o calificación, etcétera; cuyos elementos serán tomados especialmente de todos los medios probatorios rendidos en autos, entre ellos la pericia producida por el médico forense, etcétera; sin dejar de lado el nexo causal existente entre el hecho y la consecuencia dañosa.
En cambio, y considerada esta primera etapa del daño, el juez pasa seguidamente a una segunda etapa: denominada de “la cuantificación aritmética o económica del daño a la persona”, en oportunidad de fijar el quantum resarcitorio por las lesiones producidas, liquidando un precio indemnizatorio y que en forma subsidiaria compensa y repone las cosas al estado anterior, dentro de un marco de un sistema económico capitalista. En suma, dilucidada la cuestión expuesta precedentemente, a los efectos de fijar la suma indemnizatoria compensatoria de la incapacidad psicofísica sobreviniente, se tomarán en cuenta las siguientes pautas: edad de la víctima a la fecha del hecho, su situación socioeconómica, profesión u oficio, monto mensual de sus ingresos, estado de salud antes del accidente (que se presume optimo, salvo prueba en contrario), estado civil, grado de incapacidad atribuida, etcétera, todo ello sin perjuicio del auxilio que prestan las fórmulas matemáticas financieras, claro está, sin atarse rigurosamente a las mismas, por cuanto como se expuso precedentemente, se toman en cuenta otras circunstancias o aspectos que rodean el daño.
Por lo cual, en la especie corresponde someter a revisión judicial en esta Alzada las quejas expuestas por la parte demandada y citada en garantía, todo ello con el fin u objeto de juzgar si los montos otorgados por el concepto de daño a la persona resultan justos y equitativos.
III. a.- Incapacidad psicofísica del señor Mamani Ahora bien, continuando con la resolución del caso bajo juzgamiento, primeramente, observo que la perito psicóloga Dra. Zapata, con fecha 10/03/2019 concluyó en su experticia que: “…como análisis integral de los tests, la entrevista libre y los resultados obtenidos se infiere que existe corroboración entre los dichos en la entrevista libre y los resultados por los tests. Las alteraciones anímicas, la tendencia a la depresión, al aislamiento, la pobreza yoica para enfrentar situaciones de estrés, la desconexión con la realidad. El vínculo familiar se vio claramente afectado por las secuelas físicas y el cambio de rol del peritado, que hasta el momento del accidente se desempeñaba como sostén de familia y referente parental. Se deduce de las técnicas que su autoestima se vio afectada por el evento de autos, dejándolo en condiciones de dependencia y vulnerabilidad. Respecto de la atención psicológica y psiquiátrica, el actor no recibió atención hasta que presentó un trastorno severo como un intento autolítico, que requirió de medicación y seguimiento […] Su vida presenta un corte antes y después del accidente: desde sus lesiones físicas, los cambios psíquicos que le produjo el accidente (cambios de estado de ánimo, alteraciones psíquicas, medicación psiquiátrica), y cambios en su vida familiar y social como consecuencia”.
A ello, la experta agregó que: “…En este caso las consecuencias del hecho de autos dejaron al actor desprovisto de recursos defensivos y de adaptabilidad para enfrentar un hecho de gravedad como el que nos convoca. Para cuantificar el daño psíquico que presenta el actor en relación concausal con el hecho de autos, corresponde al cuadro que el BAREMO NACIONAL DECRETO 478/98 o su reemplazo decreto 1290/94 categoriza como R.V.A.N. NEUROSIS DEPRESIVA GRADO III, considerándose un 30% su nivel de incapacidad actual, del que un 70% corresponde atribuir al accidente sufrido motivo de las presentes actuaciones y el resto (30%) a su personalidad de base y a la dinámica de su historia vital”.
Asimismo, dictaminó que: “Requiere de un tratamiento psicológico de frecuencia semanal, con un profesional de experiencia, por un tiempo de como mínimo un año más, del que ya viene realizando, siendo el costo de la sesión $600 (seiscientos). Dado que el seguimiento que viene realizando y por haber tenido una internación se sugiere que continúe con su tratamiento psiquiátrico”.
Dicha pericia resultó cuestionada por la contraria y recibió pedido de explicaciones mediante presentación electrónica de fecha 26/03/2019, habiendo la perito con fecha 17/04/2019 ratificado su dictamen presentado en autos, exponiendo que “Las reacciones vivenciales anormales grado III requieren un tratamiento más intensivo; la remisión de los síntomas agudos (aun cuando sean severos) puede observarse en forma notable a los 60-90 días. Sus relaciones con el medio circundante y laboral están más comprometidas que en los grados anteriores, se verifican trastornos de memoria y concentración francas durante el examen psiquiátrico y psicodiagnóstico. Las conversiones, las crisis de pánico, la subordinación de la conducta a rituales e ideas parásitas y fobias pueden encontrarse en las distintas formas clínicas de estas reacciones psicógenas, que suelen revertir con tratamiento psicofarmacológico y terapéutico adecuado." y, asimismo, en fecha 28/04/2019 explicó en torno al baremo utilizado que se había seleccionado el mismo “…por reunir las características necesarias para poder cuantificar el daño en este caso, dado que un porcentaje único, en un cuadro psicopatológico, no permite tener en cuenta la particularidad del caso”.
A la par, se vislumbra que el perito médico Dr. Hermida ha dictaminado con fecha 22/03/2020 que: “De todos los elementos obrantes en autos, del examen anatómo-clínico-funcional y de los exámenes complementarios en la persona del actor, se demostró que presenta secuelas físicas de cervico-lumbalgía postraumática, fractura expuesta de cubito y radio de antebrazo izquierdo, luxo-fractura trapecio-metacarpiana de mano derecha y fractura expuesta supra e intercondílea de fémur izquierdo, intervenidas quirúrgicamente […] Este caso fue una fractura Gustilo III A en fémur”. Y finalizó exponiendo que: “Según referencia y documental; el actor sufrió un accidente de tránsito el día 7/07/16, moto-auto, siendo trasladado en ambulancia al Hospital Paroissien donde fue ingresado por guardia y luego derivado por su ART a la Clínica Modelo Morón donde constataron traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, fractura expuesta de radio y cúbito izquierdo, luxo-fractura trapecio metacarpiana de pulgar derecho, fractura expuesta de rótula, de fémur izquierdo, fue intervenido quirúrgicamente en tres oportunidades se le colocaron material de osteosíntesis. Permaneció internado hasta el 18/07/16. Luego alta hospitalaria y reposo domiciliario. Le colocaron yeso en ambos brazos y pierna izquierda. Estuvo convaleciente por espacio de un año. Dichas afecciones guardan relación de causalidad con el accidente denunciado. El actor presenta una incapacidad parcial y permanente, del 12% por cervicolumbalgía, del 15% por fractura de antebrazo, lado no dominante, del 12% por luxo-fractura trapecio metacarpiana de dedo pulgar, lado dominante, y del 25% por fractura de diáfisis femoral, con consolidación viciosa, según el tratado de traumatología médico-legal de los Dres. Defilippis Novoa- Sagatume”.
Ante esta pericia presentada en autos, con fecha 18/04/2020 nuevamente la contraria pidió explicaciones solicitando se calcule la capacidad residual del actor. Así, en fecha 20/04/2020 el perito Dr. Hermida explicó que: “La incapacidad del actor TOTAL es del 64%”.
Ahora bien, es doctrina legal reiterada de esta Sala I, que integro con mis distinguidos colegas los Dres. Posca y Pérez Catella, que los porcentajes de incapacidad dictaminados por los expertos, constituyen una mera orientación para el magistrado que debe sentenciar y que ello no implica aferrarse técnicamente a esos porcentajes: En su consecuencia, probado el daño resarcible (sus cualidades, su calificación, su clasificación, su magnitud y alcance, sus caracteres jurídicos, etc.), seguidamente viene la etapa de cuantificación económica del mismo.
En efecto, esta Sala ha resuelto que: "Los porcentajes de incapacidad, o baremos de aplicación a otros fueros, no son sino uno y no el único elemento a ponderar para la justa indemnización pretendida". (CNCivil, Sala G, 24/9/99, "Miranda de Barca, Ana M. c/ Echeverría Antonio C. y otros s/ daños y perjuicios", cit. por H. Daray, op.cit,, pág. 39, nro. 40). Además no debe perderse de vista que: "En la incapacidad sobreviniente lo importante es la descripción y valoración de las lesiones y sus consecuencias, más que la exactitud de la disminución representada por un porcentual".(CNCivil,Sala F, 13/8/99, "Díaz, Norberto C. c/ Juárez, Luis D. s/ daños y perjuicios", cit. por H.Daray, op. cit. pág. 37, nro. 30). Cabe recordar que los porcentajes de incapacidad determinados por los peritos constituyen una calificación genérica y abstracta cuya valoración corresponde a los jueces que han de considerar la trascendencia en el caso particular, es decir sus repercusiones en la faz productiva y de relación del damnificado. De allí que a diferencia del derecho laboral donde los módulos tienen otra trascendencia, en el ámbito de la responsabilidad civil inciden todas las facetas del individuo, especialmente la llamada vida de relación que comprende las distintas actividades, (laborales, deportivas, recreativa, sociales). En todas esas áreas es factible la pérdida de chances. Es decir, se califica con criterio amplio el daño vital y la integridad psicofísica. (Esta Sala Primera In re: “DOMÍNGUEZ, Delmiro c/ EDENOR S.A., Emp.Distrib..y Comer. Norte S.A. s/ Daños y Perjuicios”, Causa Nº 707/1, rsd n17/07 sentencia del 22/03/07). A mayor abundamiento, ha sido conteste la jurisprudencia al sentenciar que: “A diferencia de la legislación laboral, en materia civil la indemnización no está tarifada en razón de baremos de incapacidad previamente establecidos. De allí que el baremo escogido en la pericia médica -los hay numerosos y distintos- no limita la facultad judicial para apreciar libremente la real entidad del daño, y en consecuencia fijar la indemnización. Lo significativo en la pericia citada es la comprobación y descripción de las lesiones y sus secuelas. (CC0100 SN 992201 RSD-257-99 S 14/12/1999 Carátula: Gorbarán María Rosa c/Mezzera Carlos Tomás s/Daños y perjuicios B854473).
Sentado ello, estimo que las pericias presentadas en el expediente por parte de la perito psicóloga Dra. Zapata y el perito médico Dr. Hermina y sus explicaciones, se ajustan a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituyen dictámenes con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia de los peritos, los principios científicos en que se fundan y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece, entre ellas la causa penal Nro.: 05-01-005839-16/00, que por el principio de adquisición procesal, prueba en contra o a favor de cualquiera de las partes.
En efecto, en dicha IPP a fs. 25 se observa la denuncia efectuada por la víctima, quien habría manifestado: “Siendo las 06.45 horas aproximadamente, circunstancias que circulaba en su motocicleta […] al llegar a la calle López May, imprevistamente vehículo que circulaba en dirección contraria gira hacia la izquierda para tomar la arteria López May, ante esto el dicente trata de esquivarlo pero no lo logra siendo embestido con la trompa del vehículo en el lateral izquierdo de su motocicleta, provocando que el mismo salga despedido, golpeándose contra el rodado para luego quedar tendido en el suelo, en forma inmediata es auxiliado por los conductores de los rodados que circulaban por la Ruta, quienes comenzaron a cortar el tráfico […] posteriormente el hablante es trasladado en ambulancia al Hospital Diego Paroissien de Isidro Casanova, recuperando el alta médica luego del medio día, que debido al choque el declarante sufrió una fractura en pierna izquierda, brazo y mano derecha”, y copia del precario médico “Mamani Fernando, paciente ingresa por politraumatismo TEC c/ pérdida de conocimiento por accidente en vía pública. Presenta fractura de antebrazo y rodilla”.
Que asimismo, a fs. 3 de los autos principales obra un precario médico realizado en el Hospital Paroissien, a fs. 5 se observan cuatro fotografías acompañadas por el actor, las cuales ilustran los daños padecidos en el accidente y que considero resultan válidas conforme el principio de la prueba compuesta.
A fs. 329/504 se encuentra glosada la historia clínica del actor remitida por la “Clínica Modelo de Morón”. Surgiendo del informe de atención médica inicial: “Paciente que asiste derivado de Hospital Paroissien, por accidente en motocicleta mientras se trasladaba a lugar de trabajo en donde fue atendido a quien le orden tac de cerebro con protocolo de tec el cual no se observa lesiones agudas de sangrado ni fracturas en tabla ósea, además tra Rx de antebrazo que muestra fractura de radio y cubito y fractura izquierdo de fémur izquierdo de tercio proximal desplazada…” (sic).
Por otra parte, a fs. 440 surge del parte operatorio de fecha 7/07/2016 “…Incisión en cara anterior de muslo y pierna (x2 en cada sector) dieresis por planos. Se colocan 2 schanz 6 mm en fémur y 2 schanz 5 mm en tibia. Armado de tutor externo tubular tipo AO. Se realiza reducción fracturaría y fijación de tutor externo. Curación”. En este sentido, a fs. 443 se vislumbra un certificado de implante realizado al paciente Mamani en el cual se describe la utilización de los siguientes materiales: “2 clavos 5 mm x 150. 2 clavos 6 mm x 160. 2 rótulas tubo-tubo. 4 rótulas tubo schanz. 3 barras 150 mm, 300 mm, 350 mm”.
Más adelante, obra copia de los partes operatorios realizados el día 16/07/2016 informando: “1) Se identifica fractura de polo proximal de rótula izquierda. Curetaje de bordes de fragmentos fracturarios. Se realiza reducción con clamps en pelvis. Se colocan 2 tornillos canulados de 3,8 con arandelas. 2) Se identifica sección parcial de tendón recto anterior (región medial). Se realiza tenorrafia termino-terminal. Se realiza reparación de retinaculo medial. Lavado profuso. Cierre por planos y de piel. 3) Se realiza retiro de tutor externo. Curetaje de orificios de pin de hueso y partes blandas. Lavado profuso. Curación. Valva de yeso” (v. fs. 446). “…1) Se observa fractura diastasada de cóndilo medial con alteración de superficie articular. Reducción articular y colocación de 2 tornillos de 6,5 de rosca parcial. 2) Se realiza reducción de fractura supracondilea. Se coloca clamps en pelvis para mantener reducción. Se coloca un tornillo interfragmentario de 4,5 cortical. 3) Se coloca placa lateral de fémur distal de 4,5 bloqueada de 8 orificios. Se colocan sus respectivos tornillos de cortical y bloqueo de 4,5” (v. fs. 447). “…Se realiza incisión por vía de Henry divulsión por planos se evidencia ruptura de pronador redondo se realiza desbridamiento de tejido desvitalizado. Se realiza reducción interfragmentaria con tornillos de 2.0 se coloca placa de 9 orificios se constata buena reducción bajo Rx tv. Se realiza tenoplastia de pronador redondo. Hemostasia prolija y cierre por planos. Se realiza incisión por vía cubital divulsión por planos se constata fractura segmentaria de cúbito se coloca placa puente de 12 orificios se constata buena reducción bajo Rx tv…” (v. fs. 448).
A lo cual se suma la declaración efectuada por el testigo Julio Edgardo Troiano, quien vio al señor Mamani momentos luego del accidente en el lugar del hecho – v. cd de audiencia de vista de causa-.
Por lo tanto, en virtud de la prueba “ut supra” destacada le otorgo pleno valor y fuerza probatoria a los dictámenes periciales que se han mencionado.
El Dr. Jorge M. Galdós ha escrito una monografía jurídica intitulada: “Cuatro reglas sobre la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad (el art. 1746 CCCN), (Pub. en portada (Columna de Opinión) en RCyS, Diciembre 2016, Cita: AR/DOC/3677/2016) y parafraseando el título y los lineamientos de un clásico trabajo de Mosset Iturrraspe para el daño moral, se propone enunciar brevemente las cuatro reglas vertebrales que -creemos- rigen la cuestión: “- Sí a la aplicación de las fórmulas matemáticas. -Sí a la aplicación de la fórmula que el juez elija fundadamente.- No a la aplicación automática y obligatoria del resultado matemático que arroje la fórmula.- Sí al arbitrio judicial para ponderar y evaluar la integridad del daño, conforme la singularidad del caso”.
En el mismo estudio sobre el tema de referencia –desde ya valioso a la hora de decidir- el Galdós indica que: “Estas fórmulas constituyen la vía instrumental que permiten la determinación orientativa del capital al que se refiere el art 1746 CCCN. Se erigen como un valioso parámetro o guía que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de medir los daños por discapacidad física o psíquica. Empero, la utilización obligatoria de las denominadas fórmulas matemáticas no conduce a la aplicación automática e inexorable del resultado numérico al que se arribe; por ende cabe concluir que el referido imperativo legal debe ser interpretado como una herramienta de estimación ineludible para el juez, pero que no excluye a los otros parámetros, provenientes de la sana crítica, la experiencia vital y el sentido común, pudiendo apartarse de la cuantía matemática fundando los motivos o razones por los que se reduce o incrementa aquél monto.
Dicha cuantía matemática no es de acatamiento obligatorio y vinculante. A ello corresponde agregar que en esta etapa de implementación del Código Civil y Comercial se irán superando, mediante los aportes de la doctrina y la jurisprudencia, algunas cuestiones, sobre todo de técnica matemática en la utilización y aplicación de las fórmulas, porque -como dijimos- coexisten varias de ellas y la selección de las variables a considerar (por caso la edad de vida útil, la tasa de amortización) revela que la conclusión matemática podrá resultar muy variable. Si para el mismo supuesto de hecho se emplea una u otra fórmula o se computan una u otra variable (reiteramos, por caso, la edad máxima de la víctima, la tasa de amortización etc.), los resultados serán distintos y dispares.
Por eso no existe ni obligatoriedad de acudir a una específica y determinada fórmula ni de acatar la cuantía que arroje. La norma del art 1746 CCCN no dice que la indemnización "deberá ser calculada o fijada únicamente" sino que establece que "debe ser evaluada", lo que según el Diccionario significa que se debe "estimar, apreciar, calcular el valor de algo", lo que comprende la facultad judicial de emitir el juicio de ponderación conforme la singularidad del caso, la naturaleza y entidad del daño, las circunstancias existenciales de la víctima y la realidad económica. Creemos que mantienen vigencia las pautas interpretativas desarrolladas anteriormente en cuanto que el juzgador no está atado a pautas matemáticas inflexibles, fórmulas rígidas o cerradas, porcentajes de incapacidad herméticos o relaciones actuariales.
La referencia a un capital que genere rentas no es la única e infalible modalidad de determinación del "quantum" del daño por discapacidad permanente, física y psíquica, porque ésta comprende no sólo la capacidad laborativa o productiva, o sea la pérdida de ingresos o rentas por la afectación a la actividad productiva o económicamente valorable, sino que también contempla, conforme inveterada jurisprudencia, la capacidad vital o intrínseca de la persona, más allá de su idoneidad laboral o para generar ingresos, y el daño a la vida de relación, es decir la lesión de los aspectos de la personalidad vinculados con el ámbito social, doméstico, cultural y deportivo del damnificado. Es que tanto para el nuevo Código como para el viejo, el arbitrio judicial no es (ni debe ser) arbitrariedad porque se trata, en suma, de fundar razonablemente la cuantía de la indemnización, en el marco de la realidad circundante y la experiencia vital” (Galdós Jorge, op. cit.)
Por nuestra parte, como Juez de primer voto, debemos en primer término valorar judicialmente el daño causado en la salud del actor, es decir clasificarlo o calificarlo: resulta ser una incapacidad psicofísica que le genera un daño patrimonial; la naturaleza y la identidad del daño, con sus caracteres jurídicos: personal, es un daño presente, cierto y tiene actualidad a la hora de sentenciar; en cuando a su magnitud o extensión el perito médico ha dictaminado un “…12% por cervico-lumbalgía, del 15% por fractura de antebrazo, lado no dominante, del 12% por luxo-fractura trapecio metacarpiana de dedo pulgar, lado dominante, y del 25% por fractura de diáfisis femoral” (50,63% por el principio de la capacidad restante) y la perito psicóloga ha dictaminado una incapacidad del 30% -correspondiendo el 70% de dicho porcentaje al hecho de autos- (21%), todas estas (incapacidades) que sirven de orientación para el magistrado; hay que tener en cuenta que frente a este daño patrimonial por incapacidad: “el daño es la medida de su cuantificación económica o matemática”, dentro del contexto de un sistema económico capitalista; las condiciones personales de la víctima, su edad, ocupación, estado civil, su estado de salud antes de producirse el infortunio, su situación socioeconómica, promedio de vida útil del hombre y demás circunstancias que rodean a dicho sujeto, etc. Luego viene la segunda etapa de cuantificación económica o matemática del daño, en donde el Juez liquida y fija el “quantum” indemnizatorio, a modo de compensación –reponiendo las cosas al estado anterior- con aplicación del sentido común, las reglas de la “sana critica” como metodología de apreciación judicial de los hechos y de las pruebas aportadas en el juicio, la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez; y que al justipreciar el daño lo hará con razonabilidad, prudencia y equidad, aplicando las reglas de la lógica y del buen entendimiento humano. Finalmente, respecto a las críticas que hace la apelante sobre la cuantificación conjunta de los rubros daño físico y psicológico, trayendo a colación jurisprudencia que -según expone- es aplicada por los Tribunales de Morón, tampoco podrán prosperar.
En efecto, manifestó que el daño psicológico debe tener un “menor valor” respecto al daño físico e insistió que: “S.S., (…) consideró ambos rubros juntos, otorgando una cuantiosa indemnización por ende al actor, al haberle dado el mismo tratamiento al daño psicológico que al físico. Con un criterio errado a entender de esta parte”.
Esta Sala ya se ha expedido en numerosos antecedentes manifestando que el daño “psíquico” no constituye un rubro autónomo puesto que integra el extenso campo de las incapacidades, y que en ciertos casos se ha admitido tan solo su cuantificación por separado para una mejor apreciación de su incidencia en la incapacidad psicofísica. Por lo cual, en el caso si bien no ha sido discriminado por el juez de grado al momento de cuantificar el rubro, si ha sido –a ver de este juzgador- correctamente valorado el daño, su incidencia, importancia, actualidad, etc. Incluso, no puede perderse de vista que en la especie el sentenciante de grado ha determinado la incapacidad del actor utilizando el principio de la capacidad restante entre lo detectado por el perito médico y la experta en psicología.
Por otra parte, los grados o porcentajes de incapacidad fijados por la ART son sobre la base de una tabla de baremos que se utiliza para los accidentes de trabajo, que distan y difieren mucho de los baremos que se utilizan judicialmente en sede civil a los efectos de dictaminar el grado de incapacidad física y psíquica de las víctimas de accidentes, y que responden al principio de reparación integral o plena, cuyo norte se ilumina con el otro principio de la: “inviolabilidad de la persona humana”. Y que el primero solo tiene en consideración la incapacidad laborativa, sin tener en cuenta los daños producidos en la víctima en su vida de relación familiar, social, deportiva, de esparcimiento, etc, y cuya indemnización es tarifada, sin consideración absoluta al principio de reparación integral o plena, como prolijamente se tiene en cuenta en el sistema y en la órbita del Derecho Civil. De manera pues y de este modo se informa que, resulta improcedente y no adecuado a derecho, tomar como referencia el exiguo porcentaje de incapacidad otorgado en sede laboral administrativa (ART) del 24%, cuando en sede civil y judicial se le ha otorgado el porcentaje del 60,99% de incapacidad psicofísica.
En su consecuencia, considerando que el actor Rogelio Fernando Mamani tenía a la época del accidente 35 años de edad, se encontraba en pareja, con siete hijos, desempeñándose laboralmente en “Edenor SA”, su estado de salud previo a la ocurrencia del accidente, el grado de incapacidad psicofísica parcial y permanente del 60,99% conforme el principio de la capacidad restante, siendo los mismos orientativos para el juzgador, guardando dichas lesiones relación causal con el hecho de autos (el daño psicológico preexistente, debidamente descontado a los fines de su cuantificación), según el curso natural y ordinario de las cosas, y la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez (arts. 1726 y 1727 del C. C. y C.; 472 y 474 del Cód. Proc.), estimo justo, razonable, prudente y equitativo confirmar el monto otorgado por el Juez de la Instancia de origen en la suma de Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS MIL ($1.800.000,00) (art. 1737, 1738, 1739, 1740 y 1746 del Cód. Civ. Com., y 165, 375, 384, 456, del Cód. Proc.).
Por último, corresponde dar tratamiento al agravio de los accionantes que giran en torno a la compensación de las sumas percibidas por el actor oportunamente a través de su ART, ello en función de lo dispuesto por el artículo 273 del CPCC.
III. b.- Compensatio lucri cum damno (la compensación del daño con el lucro)
Ahora bien, con respecto a la aplicación al caso de autos del principio romanístico: “compensatio lucri cum damno”, del cual se extrae que la víctima del daño no debe enriquecerse con el resarcimiento de los daños causados. En tal sentido y parafraseando a Alfredo Orgaz (en su obra “El daño resarcible”, Ed. Marcos Lener, año 1992, págs. 185 en adelante) indica que las condiciones necesarias y generales para que pueda haber esta compensación son la siguientes: 1) Ante todo, los beneficios y los daños a compensar deberán provenir del mismo acto ilícito. Esto es, en efecto, uno de los requisitos ineludibles de esta compensación dentro de cualquier doctrina. Es decir que el mismo sujeto, actor, percibe una indemnización por parte de la ART, causa por un accidente de trabajo “in-itinere” y, por otra parte, percibe la indemnización plena fijada en sede civil, ambos resarcimientos tienen su causa en un solo hecho ilícito. 2) La segunda condición necesaria es que, como hemos dicho, el acto ilícito sea realmente la causa tanto de los daños como de los lucros a compensar y no solamente la ocasión en que nacen. El citado autor cita como ejemplo a uno de nuestros Tribunales al considerar la indemnización debida a un particular responsable de la muerte de un agente de policía, declaró que del importe de la indemnización debían descontarse la pensión que pagaba el Estado a la viuda y el subsidio de la Caja de Seguros de la Policía, porque de otro modo “el fallecimiento se convertiría en fuente de lucro que chocaría con normas morales y equitativas y que iría en esencia contra el fundamento de la obligación de indemnizar, que consiste en colocar al perjudicado en situación económica análoga –dentro de lo humanamente posible- a la que se encontraba antes de ocurrir el hecho”. Y agregó “la ley busca reparar el perjuicio pero no pretende que la muerte de una persona suponga beneficio económico para sus deudos”; (La Ley, 15-225, cit. por Alfredo Orgaz, op. cit. págs. 187/188). En síntesis, nadie puede enriquecerse sin una causa justa y lícita.
En su consecuencia, si bien la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del art. 7° de ésta, en el que sólo cambió el término "australes" por "pesos", estableciendo que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada y que en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, en la especie entiendo que resulta justo y equitativo que al importe de $1.800.000,00, fijado en concepto de incapacidad psicofísica sobreviniente, se le descuente la suma de $800.000,00 por un 24% de incapacidad otorgado en la instancia de SECLO, de acuerdo a las constancias de autos que surgen de fs. 533 y 561, cuyo pago por parte de la ART se habría verificado aproximadamente en el mes de noviembre del año 2018.
De este modo, atendiendo a las especiales circunstancias y caracteres particulares que rodean al presente caso sometido a consideración en esta Alzada, corresponde reajustar o actualizar dicha suma de modo y forma equitativa, siendo la equidad y los principios generales del Derecho una fuente legal para actualizar el monto percibido en concepto de resarcimiento por accidente “in-itinere”, y que seguidamente paso a fundamentar las razones jurídicas que le dan sustento.
Con respecto a la aplicación de la “equidad”, en este tópico en especial y para dar solución al interrogante, con criterio jusnaturalista, entendiendo que se trata de grandes principios del derecho natural, que se pronuncian afirmativamente Llerena, Borda, Llambias, quienes destacan la obligación de considerar las circunstancias del caso, por la cual el juez formulará un juicio de equidad aplicando el derecho natural (véase Belluiscio- Zannoni, Cód. Civ., anotado, Tº 1º, Ed. Astrea, año 1988, p. 90).
“La equidad no es sino una de las expresiones de la idea de justicia y puesto que esta es un ingrediente necesario del orden jurídico positivo, la equidad viene a formar parte de él. Está vinculada con el principio de justicia que exige: “dar a cada uno lo suyo”. Los jueces echan mano de ella para atenuar el rigor de una disposición legal, para hacer imperar el equilibrio en las relaciones humanas, para suplir el silencio de la ley dictando una sentencia que resuelva los intereses en juego conforme lo haría una conciencia honrada y ecuánime” (Borda GuiIlermo A., Tratado de derecho civil, TºI, Ed. Perrot, Bs. As. 1959, p.93/4).
Jorge J. Llambías parafraseando a Cáceres, “ha visto con singular lucidez cuales son las virtualidades de este principio de operación jurídica que es la equidad. Comienza por establecer el principio general y esencial de la Constitución Nacional expresado en el preámbulo, según el cual uno de los fines de la organización político-social argentina, es “afianzar la justica” “que no significa solamente afianzar el Poder Judicial. Una magistratura sabiamente organizada, obligada a aplicar sin recurso alguno leyes inicuas, no afianza la justicia sino la inequidad”. En suma, la equidad es incuestionablemente una fuente de derecho, o medio de expresión del mismo (Llambías Jorge J. Tratado de Derecho Civil TºI, Ed. Perrot, Bs. As. año 1991 págs. 90/92).
La equidad siguiendo a Albaladejo, podemos decir que puede tener dos sentidos: a) Mitigación del rigor de la ley: aplicándomela templada por humanitas, pietas o benignitas. b) Adaptación de la ley a las circunstancias del caso concreto, de tal forma que aquella resulte más justa de lo que resultaría si tal caso se resolviese sin ponderar sus particularidades. De modo que la equidad hace a la aplicación de las leyes (Rivera Julio C. Instituciones de Derecho Civil, Tº I, E. Abeledo-Perrot, Bs. AS. año 1994, págs.149/150). Vale recordar que Vélez Sarsfield en la nota al art. 2567 del Código Civil, ratifica que: “La equidad debe dirigir la resolución de los jueces”. Al hilo de esta consideración queda confirmado que el recurso a la equidad es competencia de los jueces, a la hora de resolver los casos que tienen bajo su jurisdicción (Vigo Rodolfo Luis, Distintas concepciones de equidad, La Ley 11/5/2.015, cit. Online, AR/DOC/1431/2.015).
“La Equidad” como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre los seres humanos, respetando las características particulares de cada caso, para darle a cada uno lo que le corresponde o merece. Según Aristóteles: “La equidad es la justicia aplicada al caso concreto”. Interpreto a mi juicio, que su aplicación surge del art. 2º del Cód. Civ. y Com. (“los principios y los valores jurídicos”), en concordancia con los preceptos legales de los arts. 1º y 3º del mismo Código.
De este modo, y con aplicación de las reglas de la equidad, estimo que corresponde adecuar la suma percibida en concepto de indemnización por accidente “in-itinere” al importe de pesos un millón ($1.000.000,00), los cuales corresponde deducírsele a la suma de pesos un millón ochocientos ($1.800.000,00) fijados en esta sentencia, resultando ser acreedor el actor por el importe de pesos ochocientos mil ($800.000) en concepto de incapacidad psicofísica parcial y permanente, ello dadas las circunstancias particulares del caso bajo examen, en el cual se le ha dado por decaído al actor el derecho a expresar agravios.
IV. Consecuencias no patrimoniales En primer lugar, destaco que probado el hecho ilícito y la consecuente responsabilidad civil de los demandados, el daño moral se presume. El artículo 1738 regula: “La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”. Asimismo, dicho cuerpo legal dispone en su artículo 1741 la: “Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible. La acción sólo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”. Ahora bien, cuando comenzamos a tratar, conforme el texto del artículo, cuales son las consecuencias de las afecciones espirituales legítimas, antes denominado daño moral, debemos recordar que este perjuicio fue descripto como el menoscabo que sufre una persona en su bienestar psíquico sin que ese estado negativo o disvalioso sobreviniente (tristeza, dolor, amargura, inseguridad, angustia, etc.) llegue a configurar una situación patológica como consecuencia de la vulneración de un derecho o interés generado por un hecho antijurídico y reprochable. (Alterini, Jorge H. Código Civil y Comercial comentado. TVIII. Arts. 1738/1741, pág. 246).
El daño extrapatrimonial (o moral) es la modificación disvaliosa del espíritu de una persona, también productor (“consecuencia”) de la lesión a un interés extrapatrimonial, que reposa sobre un derecho de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial; y que se traduce en un modo de estar de la persona distinto producto de ese hecho lesivo, y anímicamente perjudicial. (Ossola, op. cit. pàgs140).
Si bien en el CCyC no se lo define de manera explícita, en el art. 1741 se dispone respecto de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales derivadas del suceso lesivo. Esta locución tiene una amplitud tal, que permite abarcar todas las repercusiones anímicamente perjudiciales derivadas de un suceso dañoso, se trate de un damnificado directo o indirecto, en tanto y en cuanto guarden adecuada relación de causalidad con el hecho y estén comprendidas en el elenco de las consecuencias indemnizables (art. 1726 CCyC). No cabe dudar que el daño moral comprende todas las consecuencias perjudiciales en las capacidades del entender, querer y sentir, derivadas de la lesión a intereses no patrimoniales, y que se traducen en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba el damnificado antes del hecho, como consecuencia de este, y anímicamente perjudicial. Así las cosas, son dos las operaciones que deben realizarse: en primer lugar, determinar la entidad cualitativa del daño moral (su “valoración”). Luego de ello, sigue lo más difícil: determinar su entidad cuantitativa (esto es, la cuantificación). (Ossola, op.cit. págs. 156).
En cuanto al monto de la indemnización, en el estado actual del Derecho Argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador. Ello es así, evidentemente, por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero, además, debido a que falta todo criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición, prudencia y discrecionalidad judicial.
Por otra parte, considero oportuno fijar pautas a efectos de contar con ciertos parámetros orientadores en la materia, a saber: edad del reclamante, sexo, sus circunstancias personales, aspectos que hacen a la vida de relación, condición socio-económica, posibilidades de reinserción en el mercado laboral, gravedad del daño, repercusión de las secuelas en la vida de relación, como también la índole del hecho generador del daño, las circunstancias vividas y protagonizadas como consecuencia del hecho y los demás sufrimientos y padecimientos, etc. Como se observa todas estas pautas giran en torno a las víctimas y no alrededor del victimario pues la tendencia generalizada de la jurisprudencia apunta a la teoría resarcitoria que le da fundamento jurídico.
Atento a las pautas vertidas, las circunstancias personales de la víctima mencionadas “ut supra” al tratar el resarcimiento de la incapacidad psicofísica, realizando un análisis de los elementos de prueba producidos en autos (pericia médica, psicológica, constancias de la causa penal), las circunstancias en que se produjo el hecho que se ventila, las cicatrices constatadas por el perito médico, el tiempo en convalecencia y considerando en su conjunto los padecimientos sufridos en su espíritu y paz, estimo que corresponde confirmar el monto otorgado en concepto de consecuencias no patrimoniales en la suma de pesos OCHOCIENTOS MIL ($800.000,00), la cual considero justa y equitativa.(art. 1738, 1741 CCCN y art. 165 CPCC).
V. Gastos de atención médica, medicamentos y transporte Sabido es que para la procedencia de estos reclamos no se requiere prueba cierta y determinada y deben ser abonados cuando es presumible su existencia en virtud de la índole de las afecciones sufridas. Siendo ello así, la determinación de su monto ha de quedar librada al prudente arbitrio judicial por aplicación de lo dispuesto en el art. 165 del Código Procesal. En otro orden de ideas, deben admitirse tales gastos, aun cuando la asistencia se hubiere brindado por intermedio de obras sociales, hospitales públicos, o bien por un sistema privado de medicina pre-pago, porque de ordinario los pacientes deben hacerse cargo de ciertas prestaciones no amparadas en tales servicios y de una parte del precio de los medicamentos. El monto a liquidar por el juez debe guardar relación con la prueba documental agregada en autos y con la pericia médica producida.
En función de tales consideraciones, atento las constancias de la causa (pericia médica, pericia psicológica, atenciones médicas, fotografías, constancias de la causa penal, etc) las afecciones que padeciera el actor, pues ha sufrido fracturas de ambos brazos y pierna, lo cual demuestra que se ha visto imposibilitado de utilizar transportes públicos, el tiempo de los tratamientos a los que debió someterse y de acuerdo a la naturaleza de lo que aquí se reclama, propongo se confirme en la suma de pesos VEINTIDOS MIL ($22.000,00) por dichos conceptos, otorgada a favor del señor Mamani, importe que considero justo y equitativo. (arts. 1740 del CCyCN, y art. 165 del CPCC).
VI. – Adecuación límite cobertura Al contestar la demanda la citada en garantía ha referido que el límite de la cobertura, conforme póliza contratada con su asegurado ascendía al importe de pesos cuatro millones.
Por lo cual, paso de oficio a dar los fundamentos y las razones jurídicas por las cuales corresponde actualizar dicho límite de la cobertura previsto en el contrato de póliza de seguro adjuntado en autos (17/06/2021), en virtud de las siguientes consideraciones que paso a exponer.
Recientemente he tenido oportunidad de expedirme sobre un caso similar al presente, en los autos caratulados: “Acuña Rubén Alejandro C/ Guillen Rafael Alcides Y Otro S/ Daños Y Perjuicios” (6265/1) 08/09/2020. En efecto, en dicha sentencia expuse que: “a los efectos de la adecuación o de la actualización del límite de la cobertura o del contrato de seguro, en los supuestos de responsabilidad civil hacia terceros, resultan de aplicación los siguientes principios fundamentales, que hacen a la Constitucionalización del Derecho Privado. De este modo: “Los Principios de Justicia (Preámbulo: “afianzar la justicia”), y “La Equidad”: “Los consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo”, a “La seguridad e intereses económicos”, al trato “Equitativo y Digno” y a una “Información adecuada y veraz” (Art. 42 de la Constitución Nacional)”.
“La Justicia se afirma en el principio de equidad, es decir, dar a cada uno lo suyo, que es la base jurídica de nuestro sistema legal, como modo de defensa de nuestra Constitución Nacional y Los tratados de Derechos Humanos. La aplicación de las normas constitucionales se vincula con la Equidad y se encuentra estrechamente relacionado con el Art. 42 de nuestra Carta Magna, que ordena brindarle al consumidor un trato equitativo. La no actualización monetaria de las sumas aseguradas y/o de los topes o limites resarcitorios en las pólizas de seguro, importa un trato inequitativo de los asegurados, consumidores, y/o terceros beneficiarios de los de seguros, en los supuestos -como en el presente “sub-judice” de responsabilidad civil hacia terceros (estipulación o contrato a favor de tercero) dado que es una de las situaciones más evidentes de desprotección de los más vulnerables. En cuanto a la Dignidad: se violaría el principio de Dignidad de los más débiles: consumidores, o terceros beneficiarios, si no se reajustan los topes resarcitorios en los contratos de seguros. La dignidad de la persona humana constituye el eje sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional y el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual se afirma que: “Toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Va de suyo, que la actualización monetaria no viola la dignidad de la persona humana, dado que interpretar lo contrario y sin fundamento lógico ni racional, se beneficiaría a las Empresas o Compañías de Seguros, al obtener un lucro a costa de los asegurados”.
“Los Derechos de los Consumidores forman parte de los Derechos Humanos. Los Tratados Internacionales, con categoría supralegal, de conformidad al art. 75, Inciso 22, verifican el respecto al principio de la dignidad de las personas (entre ellos: los consumidores), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establecen: Los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, de libertad, justicia y paz, tienen como base, el reconocimiento de la dignidad, inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”. “Lo contrario importaría un beneficio a las Aseguradoras por la transferencia sin causa e impropia de beneficios financieros y económicos a dichas Compañías de Seguros, al no reajustar durante 16 años las sumas aseguradas y/o los topes resarcitorios.
El sentido común y el sentido económico-financiero-jurídico afirman lo contrario. Ello me lleva a reflexionar con prudencia y razonabilidad que se produciría un verdadero enriquecimiento sin causa (art. 1.794 del C. C. y C.) de las empresas aseguradoras, toda vez que al percibir las primas proporcionales a las sumas aseguradas, abonarían importes indemnizatorios a valores históricos. Y a su vez, incurrirían en un abuso de derecho por la posición dominante que ejercen en el mercado consumidor, en desmedro de los intereses subjetivos del beneficiario tercero de la póliza de seguros (arts. 9, 10 y 11 del C. C. y C.). La actualización monetaria de las sumas aseguradas, es una herramienta jurídica que los Jueces aplican para logar un equilibrio entre las contraprestaciones asumidas por las partes en el contrato, con aplicación del principio: “conmutativo” al determinar que el monto de la cobertura se actualiza a la fecha del pronunciamiento judicial de conformidad a los topes y/o tablas que aplica y autoriza la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo a las pautas inflacionarias de nuestro país, porque las primas actuales son proporcionales a los montos asegurados, teniendo en cuenta los costos, costes y beneficios económicos-financieros, bajo la óptica de la interpretación económica de los contratos.
Se respeta así el principio receptado en nuestro Código Civil y Comercial de la “reparación plena” o integral como lo anunciaba el Código de Vélez Sarsfield. Según el Código Civil y Comercial de la Nación existe un Bloque Legal de Derecho de Consumo, conforme los arts. 963 y 1094 del C. C. y C.), bajo el título de "Prelación Normativa" al ordenar que las normas deben ser aplicadas conforme con el principio de protección al consumidor o usuarios”.
“De modo tal que siendo el asegurado un consumidor (en los términos del art. 1.092 del C. C. y C.) según sostiene la doctrina y la jurisprudencia, incluyéndose a la víctima del siniestro también, como un consumidor, no hay duda que la actualización por depreciación monetaria de la suma asegurada, va en sintonía con los derechos de los consumidores, amparados por el Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley de Defensa del Consumidor, por el art. 25 de la Ley 20.091 -que ordena que las cláusulas de los contratos de seguros sean “equitativas”-, arts. 42 y 17 de la Constitución Nacional y el art. 75, inciso 22 de la Carta Magna y los Tratados de Derechos Humanos”.
“El tope de la suma de dinero, por el cual responde la aseguradora, frente a los daños a terceros beneficiarios del seguro, no está determinada 'in obligatione' sino "in solutione", esto último como una respuesta eficaz a una cuestión económica-jurídica, como un fin o resultado positivo de un proceso o acción. De allí que las sumas aseguradas se deben pagar al momento de siniestro, al monto real que corresponda tomar en cuenta para la liquidación de la deuda, es decir – reitero- al momento del pago del siniestro. En el seguro de responsabilidad civil, la suma asegurada es la "indemnización a la víctima" (art. 68 de la Ley 24.449) y la "indemnidad del asegurado", como protección a su patrimonio (art. 109 de la Ley de Seguros) y con mayor razón tratándose de un “seguro obligatorio de responsabilidad civil hacia terceros”. “Ahora bien, memoro que reiteradamente nuestro Tribunal Superior Provincial, ha tenido oportunidad de expedirse respecto a los límites del contrato de seguro. Es así que en tales circunstancias ha resuelto que: “En este sentido esta Corte ha decidido que al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas, aun aquéllas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad, sin distinguir en la naturaleza que éstas pudieran tener. Ello es así porque esa prescripción quiere significar que el tercero está subordinado, le son oponibles, lo afectan o se encuentra enmarcado por determinadas estipulaciones contractuales, aun cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto (conf. Ac. 65.395, sent. del 24-III-1998; Ac. 83.726, sent. del 5-V-2004; C. 94.988, sent. del 23-IV-2008 cit.). C. 102.992, "Díaz, Alicia Susana contra Moreno, Carlos. Daños y perjuicios. 17/08/2011)”.
No obstante ello, en un fallo de esta Sala Primera con voto de mi Colega Dr. Posca in re: “Turellas Daniel Alejandro C/ Benitez Mario Pedro Y Otros S/ Daños Y Perjuicios (Causa Nº 5203/ 1 R.S.D. Nº: 170 /18 Folio Nº: 1146 29/06/2018), se ha sentenciado sobre la cuestión siguiendo los nuevos argumentos brindados por nuestro Máximo Tribunal Provincial.
“En consecuencia, en dicha causa referenciada se resolvió que:
“Es así la SCBA ha establecido –por mayoría- en la C. 119.088, "Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y perjuicios". (sentencia del 21/02/2018) que: “…considero que los reproches afincados en la pretendida inoponibilidad de dicho límite literal de la cobertura tanto al asegurado como a la víctima del siniestro, por su violación al deber de reparación integral y a las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (v. fs. 402/403), resultan atendibles.” (…) “En el presente caso, el demandado tomador del seguro tenía contratada a la fecha del siniestro solamente la cobertura base o garantía mínima obligatoria, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000), tal como se expuso en la sentencia aclaratoria del Tribunal de Alzada (v. fs. 384 vta. y sigs.) con referencia a los dictámenes contables obrantes en la causa (v. fs. 180/181, 194, 220).”
“Pues bien, a la luz de las circunstancias narradas considero que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho (cobertura básica obligatoria), no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód.
Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430).” (…).“ Asimismo, en aquella oportunidad también se destacó que: “Tal evolución del monto mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto a una valuación actualizada de los perjuicios derivados del siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de las prestaciones oportunamente acordadas (conf. art. 163, inc. 6, 2do. párr., CPCC). El transcurso del tiempo, el diferimiento del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la aseguradora y la valuación judicial actual del daño ocasionado han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura contratada en la cuantía de la indemnización finalmente resultante.” (…).
“En efecto, si bien el límite de cobertura constituye una cuestión esencial y subordinante de los demás elementos del seguro, también es cierto que al tiempo en que la compañía debe honrar sus compromisos asumidos el interés oportunamente asegurado luce sensiblemente reducido. Y en el marco de la cobertura básica del seguro de responsabilidad civil, ello implica que la prestación a cargo de la aseguradora sea finalmente por un monto muy inferior al de la garantía mínima vigente en tal momento, desvaneciéndose la tutela del damnificado para la efectiva percepción de su indemnización.”
“Así, si la suma asegurada constituye de ordinario el límite de la obligación de la aseguradora, en la póliza básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil está determina la cobertura mínima que el sistema ha instituido como umbral para afrontar el daño real y cierto que el siniestro haya causado a la víctima. Por lo que el sobreviniente carácter irrisorio de su cuantía finalmente resultante implica en los hechos que se constate un infraseguro, al evidenciar un monto tan exiguo en relación con la valuación actual del daño que la gran parte de éste queda fuera de la garantía, a cargo exclusivo del asegurado, como si no hubiese mediado seguro alguno (conf. arts. 499, 953, 1.071 y concs., Cód. Civ.).”
“Si bien la magnitud de los daños provenientes de la responsabilidad civil automotor (en los términos del art. 68, ley 24.449) no puede ser lógicamente apreciada de antemano, el valor mínimo de la cobertura asegurada -que sí lo es- debe de algún modo mantener su relación con los mecanismos de valuación de los perjuicios derivados del siniestro (estimados al tiempo de la sentencia), pues la pérdida de dicha proporción o ratio -tal como sucede en autos- lleva a la destrucción del interés asegurado y a la ausencia de equivalencia en las prestaciones resultantes (ratio premio/riesgo).” “II.3.b. A la vez patentiza un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora, reflejando una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód.
Civ.).” (…)“De modo que el orden público económico de protección al asegurado y a la víctima impone en estos casos, sin dilatar la esfera obligacional de la aseguradora, una revisión equitativa del contrato originario, lo que ha de implicar -por lo que se viene diciendo- incluir en la medida del seguro al valor de la garantía mínima vigente al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva (conf. arts. 953, 1.037, 1.071, 1.137, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; arts. 61, 109, 118 y concs., LS).” (…)“ II.3.d. Para más, una aplicación literal de la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza resultaría asimismo sobrevinientemente frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio (contrariando la indemnidad del patrimonio del asegurado, dejándolo desprotegido por una cobertura proporcionalmente muy inferior en relación con la magnitud del daño finalmente estimado, debiendo asumir la financiación de su descontextualización temporal) y destructora de su función preventiva (al desvirtuar la razón que diera nacimiento a la obligación del tomador de prevenir las consecuencias derivadas de su daño eventual, conf. art. 68, ley 24.449).” (…)“II.3.e.
Situación que adicionalmente repercutiría en la víctima,(…) frente a quien se respondería en muy inferior proporción, frustrando el carácter obligatorio del seguro y su naturaleza indemnizatoria, con agravamiento del principio de efectiva reparación integral del daño padecido por aquélla, en perjuicio de su integridad, dignidad y propiedad, derechos amparados por garantías constitucionales (arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 31 y concs., Const. prov.; 1.068, 1.069, 1.109, 1.077, 1.079 y concs., Cód. Civ.).”
“Es que el art. 68 de la ley 24.449, al imponer el requisito del seguro obligatorio, no pretende otra cosa que proteger -con carácter de orden público- a las víctimas de accidentes de tránsito y asegurar su reparación, poseyendo un verdadero fundamento tuitivo, de seguridad social.” (…)“ II.4. De esta forma, en autos, siendo (i) que al momento del siniestro las resoluciones generales SSN 21.999/92 y 22.058/93 establecían para la póliza básica del seguro de responsabilidad civil obligatorio, la cobertura hacia terceros por muerte o incapacidad total y permanente en treinta mil pesos ($30.000; conf. art. 1); (ii) que el tomador del seguro tenía contratada dicha garantía mínima, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000, v. fs. 180/181, 194, 220, 384 vta. y sigs.); y (iii) que al momento de la sentencia definitiva del Tribunal de Alzada la mentada garantía básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil había sido elevada por la autoridad administrativa a la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) por muerte o incapacidad total y permanente (conf. resolución general SSN 36.100/11); (iv) considero entonces -por las razones expuestas- que la revisión equitativa del contrato originario debe extender el seguro contratado incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, en sustitución de su valor histórico, llevando en el caso la garantía a la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) por lesiones o muerte, y manteniéndola en la suma de cien mil pesos ($100.000) por daños materiales.” (conf. vot.
Cit).“ Por otra parte, la Cámara Nacional Sala J en los autos caratulados: “RISSER PATRICIA ELIZABETH c/ MALDONADO RAUL AMERICO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE) 39821/2011 04/05/2018), también ha resuelto sobre la necesidad de actualizar los límites de cobertura. En efecto, dicha Sala, expuso que: “Quizás, de haberse cuantificado los montos de condena a la fecha del hecho y haberse abonado de inmediato, el límite de cobertura hubiera resultado suficiente para cubrir todos o una parte sustancial del valor de los perjuicios sufridos. El problema se presenta cuando el monto pactado o fijado por la SSN data de cinco, diez o incluso veinticinco años atrás (…) Este obvio desajuste, en un país con una economía inflacionaria, resulta claramente violatorio del más mínimo sentido de justicia y termina premiando a quienes han dilatado los pleitos por años y años, impidiendo que la víctima perciba un resarcimiento adecuado en el momento más próximo al daño sufrido.
No podemos entonces considerar que lo que fue válido en su origen resulta luego nulo por efecto del transcurso del tiempo. Pero sí podemos afirmar que resulta violatorio de los más elementales derechos constitucionales admitir su vigencia actual, cuando en forma notoria consagra una injusticia. (…) Cuando a partir del año 1993 se estableció un límite de treinta mil pesos ($ 30.000), esa suma equivalía a la misma cifra expresada en dólares estadounidenses (Resolución SSN Nº 22.058 del 22/01/1993), y no obstante haberse abandonado la convertibilidad recién en el año 2009 se elevó ese monto por muerte o incapacidad total y permanente a noventa mil pesos $90.000 (Resolución SSN Nº 34225/2009). En el tercer considerando de la Resolución Nº39.927/2016, la propia Superintendencia de Seguros de la Nación indica textualmente “Que habiéndose analizado las Sumas Aseguradas previstas en las citadas condiciones se ha observado que resulta imperioso proceder a su actualización, tanto del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil (SORC), del Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros, así como las sumas definidas en la cobertura para los Gastos Sanatoriales como para Gastos de Sepelio” (la transcripción completa no se encuentra en www.infoleg.gov.ar, sino que está consignada en la página www.ssn.gov.ar, debiendo efectuarse la búsqueda a través de http://kronos.ssn.gob.ar/sce/public/publicNavigate.faces?_cid=2c1)”.
“En función de ello eleva todos los montos de los límites de responsabilidad. Para seguir con el mismo ejemplo, en caso de muerte o incapacidad alcanza la cifra de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000.). Es evidente que la propia autoridad de aplicación, aún antes de la reforma introducida en el año 2016, tenía clara conciencia de la insuficiencia de los límites vigentes antes de su dictado. En efecto, mediante Resolución SSN N°35.863/2011 (10/06/2011) se habían establecido nuevos límites para la cobertura de la Responsabilidad Civil, que fueran ampliados mediante Resolución SSN N°38.065/2013 (27/12/2013), en cuyos considerandos se consigna: “Que una de las políticas a desarrollarse dentro del Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020 (PlaNeS) que lleva adelante esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, es la ampliación del seguro existente: mayor cobertura, mayor prestación y mejor recaudación para los Seguros de Vehículos Automotores y/o Remolcados.
Que en el marco de dicho Plan…resulta necesario establecer nuevos límites máximos de cobertura para los riesgos que tengan por objeto mantener indemne al asegurado frente a Terceros por la Responsabilidad Civil en que incurra por el uso de un vehículo automotor.”
“Por lo cual, el fallo citado, reconoce que “la actual normativa vigente, emanada de la propia Superintendencia de Seguros de la Nación, ha reconocido expresamente la necesidad de actualizar los montos. Y este es un punto de partida válido”. (conf. Fallo citado Cam. Civ. Nac. Sala J)”. (Acuña c Guillen s/ daños y perjuicios. Voto citado).
Además, repárese que desde la fecha en que se produjo el accidente (7/07/2016) hasta el día de hoy, han transcurrido más de cinco años, sin que se le indemnizaran la totalidad de los daños al actor, así que de limitarse el resarcimiento de los perjuicios causados a la víctima, al límite de la cobertura contratada a la fecha de emisión de la póliza de seguro, constituye un verdadero abuso de derecho (arts. 9, 10, 11 y 12 del C. C. y C.), y un enriquecimiento sin causa en cabeza de la aseguradora (art. 1794 del C. C. y C.), toda vez que se ha producido un hecho público, evidente y notorio –y que no necesita ser probado- que es la depreciación de nuestro signo monetario, como consecuencia de un proceso inflacionario, que autoriza –sin hesitación- a adecuar o actualizar monetariamente el límite de la cobertura a la fecha del pago de las indemnizaciones y sus accesorios, según las resoluciones y límites establecidos por S.S.N., en vigencia a la fecha del integro pago.
Así las cosas, entiendo que en función de todos los argumentos expuestos, doctrina y jurisprudencia citada, corresponde en la especie, tener por actualizado el límite de cobertura fijado en la póliza de seguros de conformidad con las reglamentaciones dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En consecuencia, resuelvo que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por las Resoluciones de SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada.
VII. Cómputo de los intereses Que los apelantes han solicitado que para el supuesto de que se modifique en el caso la cuantificación de alguna partida resarcitoria determinándola a valor actual de acuerdo a lo previsto en el art. 773 del CCCN, los intereses del 6% anual que fueran establecidos en la sentencia de primera instancia hasta la fecha de su dictado, se extiendan hasta la fecha del dictado de la sentencia de segunda instancia, ello conforme a la doctrina legal de la SCBA instaurada desde el fallo “Vera Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios”.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la SCBA en los autos caratulados: "Paredes, Roberto Gabriel Horacio contra Transporte La Perlita S.A. y otros. Daños y perjuicios" C. 123.090, Ac. 2078, ha afirmado que: “…deviene aplicable la doctrina legal recientemente sentada por este Tribunal en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), a la que adherí tras una nueva y circunstanciada reflexión, suscitada teniendo fundamentalmente en consideración las sobrevinientes vicisitudes de cada caso (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 165 y concs., CPCC), el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años (art. 384 y concs., CPCC), el principio de reparación integral que campea ante daños derivados de hechos ilícitos (arg. arts. 1, 16, 17, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; arts. 1.069, 1.109 y concs., Cód.
Civ.; hoy 1.740, 1.746 y concs., Cód. Civ. y Com.), el carácter de deuda de cierto valor que cabe asignarle a las indemnizaciones fijadas con criterios de actualidad en momentos muy posteriores a la ocurrencia de los daños que resarcen (hoy arg. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), y el principio de indemnización justa que limita todo posible enriquecimiento incausado que refleje una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.; ley 24.283; hoy, 9, 10, 1.794 y concs., Cód. Civ. y Com.).” (conf. causa cit.) y que “… para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód.
Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (conf. arts. 7, 768 inc. "c", 770 y concs., Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 109.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016 y posteriores, dejando a salvo la opinión que adoptara en tales precedentes).” (conf. causa cit), poco trecho queda recorrer para advertirse que en la especie corresponde fijar que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 7/07/2016 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, en este caso concreto dadas sus especiales características y circunstancias particulares que rodean al mismo, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos (conf.
Doctrina legal S.C.B.A “Cabrera” C. 119.176 sent. 15-5-2016, “Vera” C. nro.: 120.536 sent. 18/04/ 2018).
VIII. - Las costas de Alzada Atento al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial, y considerando el principio de reparación integral de la víctima, estimo que las costas generadas en esta Instancia recursiva deben ser impuestas a la parte demandada vencida y su aseguradora en la medida del seguro (art. 68 del C.P.C.C.).
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos el Doctor Posca y el Doctor Pérez Catella también VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que: 1º) SE MODIFIQUE LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) SE ADECUE el rubro incapacidad psicofísica al importe de pesos OCHOCIENTOS MIL ($800.000,00); b) SE DISPONGA que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por las Resoluciones de SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada; c) SE FIJE que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 7/07/2016 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, en este caso concreto dadas sus especiales características y circunstancias particulares que rodean al mismo, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; 2°) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 3°) SE IMPONGAN las costas generadas en esta instancia recursiva a la parte demandada vencida y su aseguradora en la medida del seguro, atento a la forma en que se resuelve y principio de reparación integral de la víctima. (arts. 68 2° párrafo del C.P.C.C.). 4°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO. -
Por análogos fundamentos, el Doctor Posca y el Doctor Pérez Catella adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1. MODIFICAR LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) ADECUAR el rubro incapacidad psicofísica al importe de pesos OCHOCIENTOS MIL ($800.000,00); b) DISPONER que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por las Resoluciones de SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada; c) FIJAR que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 7/07/2016 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, en este caso concreto dadas sus especiales características y circunstancias particulares que rodean al mismo, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; 2°) CONFIRMAR el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 3°) IMPONER las costas generadas en esta instancia recursiva a la parte demandada vencida y su aseguradora en la medida del seguro, atento a la forma en que se resuelve y principio de reparación integral de la víctima. (arts. 68 del C.P.C.C.). 4°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, respectivos, los que se consignan seguidamente. Oportunamente, DEVUELVASE. -
Fin de la sentencia