Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 274.620
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue la sentencia dictada el 11 de octubre de 2020 debe ser confirmada (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 242, 253, 375, 384, 456, 474, 673 y ss. del CPCC; arts. 7, 9, 10, 961, 1893, 1996/7, 2001. 2280, 2337, 2363, 2369, 2371, 2374/5 y cc. del CCyC; arts. 3, 2505, 2692, 2715, 3410, 3417 y cc. del CC; art. 168 su doc. de la Constitución provincial).
POR ELLO: y demás fundamentos del precedente Acuerdo, se desestima la apelación interpuesta por el señor Jorge Mario Manganillo y la señora María Magdalena Manganillo, confirmándose el fallo de fecha 11 de octubre de 2020 en todo cuanto fuera materia de agravios. Y atento el resultado alcanzado, se imponen las costas de esta instancia a los recurrentes vencidos (art. 68 del CPCC), difiriéndose la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 y 51 de la Ley 8904 y 31, 51 ley 14.967).
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL 274.620 “MANGANILLO, MARÍA JIMENA C/ MANGANILLO, JORGE MARIO Y OT. S/DIVISIÓN DE CONDOMINIO”.
En la ciudad de La Plata, a los 30 días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, se reúnen en Acuerdo la señora Jueza de la Excma. Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, Dra. Irene Hooft y el señor Juez, Dr. Federico García Ceppi, para dictar sentencia en la causa caratulada: “MANGANILLO, MARÍA JIMENA C/MANGANILLO, JORGE MARIO Y OT. S/DIVISIÓN DE CONDOMINIO” y habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley el cual arrojó el siguiente orden de votación: Dres. HOOFT-GARCIA CEPPI, resolviendo el Tribunal plantear las siguientes:
PRIMERA: ¿Debe confirmarse la sentencia de fecha 11 de octubre de 2020?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION planteada, la señora Jueza, Dra. Irene Hooft dijo:
I. La Magistrada de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por María Jimena Manganillo contra Jorge Mario y María Magdalena Manganillo por división de condominio del inmueble sito en la calle Coltrinari entre Tarigo y 9 de Julio de la localidad de Roque Pérez, individualizado bajo la nomenclatura catastral: circ. I, secc. F, quinta 30, parcela 2, partida inmobiliaria 6732 y, en consecuencia, ordenó que la partición se efectuará “…en los términos previstos en el Considerando VII) y lo dispuesto por el art. 674 del CPCC”. Impuso las costas a los accionados vencidos (art. 68 y 77 del CPCC) y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad legal (art. 51 ley 8904 y 4.967).
II. Contra este fallo los demandados interponen el recurso de apelación de fecha 15/10/2020, expresando sus agravios mediante parcela electrónica del 14/12/2020, los que son replicados por la contraria a través del escrito electrónico del 29/01/2021.
II.1. En su pieza impugnativa, los accionados sostienen que su defensa de falta de legitimación activa recibió un tratamiento meramente aparente. Que si bien la actora fue declarada heredera en los autos “Manganillo, Miguel Julio s/sucesión” y “Beckford, María Beatriz s/sucesión”, en dichas causas no se denunciaron los bienes integrantes del acervo, extremo que -afirman- impide la división del inmueble o su venta a terceros.
II.2. De otra parte, tachan de nulo el fallo por haber omitido una cuestión que reputan esencial, a saber: la existencia de una obra ilegal realizada por ABSA. Señalan que aquella afecta el predio que no se encuentra delimitado ni cuenta con el plano de división respectivo, circunstancia que impacta en su eventual venta a terceros y evidencia la nocividad de la partición en los términos previstos por el art. 2001 del CCC.
II.3. Insisten, a continuación, en el carácter nocivo de la partición del inmueble que se encuentra alcanzado por la Ordenanza municipal 375/83, norma que dispone que la zona de recuperación debe conservar su uso y subdivisión y ocupación actual hasta ser recuperada y que cualquier solicitud de subdivisión debe contar con certificado de aptitud hídrica. De ahí que, en su opinión, no es posible la división en especie hasta tanto no se realicen las obras pertinentes.
Objetan, además, el parecer del perito tasador en punto a que el predio no puede dividirse en más de dos parcelas, aserción que carece de sustento. Reiteran que su división no podrá efectivizare sin contar con aptitud hídrica. Por tal motivo -entienden- concurre un supuesto de partición nociva, calificando de dogmática la división forzosa ordenada “…sin dar respuesta a toda la problemática que afecta al inmueble, como la obra de ABSA o las limitaciones de las ordenanzas tantas veces referidas”. Aducen, de otra parte, que más allá de la mención a la ordenanza 375/83 y a la del hábitat de fecha 22/10/1998, la magistrada no precisó a cuál de ellas deben someterse las partes.
Concluyen que, dadas las circunstancias apuntadas, no queda otro camino que resolver el tema de la obra clandestina (delimitando el espacio) y sanear el predio conforme la ordenanza del hábitat, para de tal modo no perjudicar a los condóminos.
II.4. Por fin, afirman que media una contradicción entre lo expresado en el considerando IV y la imposición de costas resuelta en la parte dispositiva y reclaman que los gastos del juicio sean cargados en el orden caudado puesto que, como bien se indicó en el mencionado considerando, la ordenanza vigente al momento de la traba de la litis impedía acordar el modo de dividir el inmueble para dar fin al condominio.
III. Con fecha 12/03/2021 se comunica el fallecimiento del codemandado Jorge Mario Manganillo acaecido el 02/03/2021. Ello motiva la convocatoria a sus herederos (arts. 43 y 53 del CPCC, v. proveídos de 6/04/2021, 10/05/2021 y 25/05/2021), tomando intervención en tal carácter María Susana Colombo, Mario Miguel y María Gisela Manganillo (v. escrito electrónico del 06/09/2021 y auto de 07/09/2021).
IV. Liminarmente, he de formular una breve consideración en torno a la ley aplicable a la división de condominio debatida en autos.
IV.1. Como recuerda el doctor Soria, el artículo 7 del Código Civil y Comercial que, reitera en lo sustancial el texto del art. 3 del Código Civil -t.o por la ley 17.711-, sienta dos principios básicos: de un lado, la inmediata aplicación de la ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes al momento de su entrada en vigencia y, del otro, su retroactividad, salvo expresa disposición en contrario del legislador y en tanto no se afecten derechos amparados por garantías constitucionales (cf. sufragio citado en las causas C. 122.514, sent. de 13-II-2019; C. 121.206, sent. de 22-VIII-2018, e.o.).
Estas directivas que orientan la solución de los conflictos de aplicación de la ley en el tiempo no se contradicen, sino que se complementan. Según precisa Mosset de Espanes la aplicación inmediata de la nueva ley no es retroactiva en tanto significa aplicación de las nuevas normas para el futuro, esto es con posterioridad a su entrada en vigencia. Dicho efecto inmediato encuentra su límite en el principio de irretroactividad que veda su aplicación a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas o a efectos ya producidos (Moisset de Espanes, Luis, Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 del Código Civil. Derecho transitorio”, Córdoba, 1976, p. 16; esta sala II, causa C. 272.308, sent. de 27-VIII-2020).
De tal modo, el principio de aplicación inmediata significa que la nueva ley toma a la relación o situación jurídica preexistente en el estado en que se encuentra al tiempo en que la norma entra en vigencia y para regir los tramos de su desarrollo aún “no cumplidos, en tanto que los ya cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al momento en que tuvieron lugar” (SCBA, C.117.777, sent. del 15-VII-2015, cf. CSJN Fallos Fallos, 320:1796; 321:1757; 329:94 ). Se advierte entonces que la aplicación inmediata no promueve la retroacción legal para evitar que los vínculos jurídicos ya consumidos sean alcanzados por la nueva regla de derecho. Sin embargo, nada obsta a que la nueva norma sea operativa para la posterior modificación o extinción de las situaciones jurídicas existentes -v.gr. el condominio existente entre los aquí litigantes. En estos supuestos, las condiciones de extinción de tales situaciones se rigen por la nueva ley, sin que ello importe una retroactividad vedada (conf. Moisset de Espanes, ob. cit., p. 22 y 24; cf. voto del doctor Soria en causas C. 122.514 y C. 121.206, ya cit.).
IV.2.Trasladando estos conceptos al sub lite, si bien la constitución del condominio mediante escritura pública de 21/08/1984 se rige por la ley vigente a ese momento, a saber, el Código Civil, no cabe extender su aplicación a su extinción sobrevenida con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley. Los hechos que afectan la vida misma de una situación jurídica (constitución, modificación o extinción) se regulan por la ley vigente en el momento en que tales hechos suceden (principio de irretroactividad), por ende, si la situación se constituyó válidamente bajo el imperio de la ley antigua no puede volverse sobre ella. Empero, el principio de efecto inmediato hará que la posterior modificación o extinción de esa situación jurídica ya constituida deban juzgarse por la nueva ley (v. Mosset de Espanés, ob. cit., p. 17 y 22/24).
En la especie, el pedido de división de condominio no sólo tuvo lugar hallándose vigente el Código Civil y Comercial -nótese que la presente demanda fue promovida el 22/09/2017-, sino que la extinción aquí pretendida no tiene lugar antes de que una decisión firme así lo disponga y ella se concrete por medio de la partición. A esos fines no basta con la mera voluntad de uno de los condóminos, ni su reclamo en los estrados judiciales.
Por ello, cualquiera fuere el tiempo en que esa situación se constituyó, a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, el condominio queda regido en cuanto a su extinción por la nueva legislación (art. 7 del CCyC).
V. Efectuado el señalamiento anterior, corresponde abordar los agravios sometidos a conocimiento de este Tribunal.
V.1. En primer término, merece desestimarse la queja contra el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa (v. pto. II.1).Veamos. V.1.a. A tenor de lo dispuesto por los arts. 3410 y 3417 del CC, actuales art. 2280 y 2337 del CCyC, cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, momento a partir del cual continúa la persona del difunto y es -entre otras cosas- propietario, acreedor y deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor, con excepción de aquellos derechos que no son transmisibles por sucesión (cf. SCBA, Ac. 81.830, sent. de 5-V-2004; C. 99.117, sent. de 24-VIII-2011, e.o.). Por consiguiente, dada su condición de heredera del condómino fallecido Miguel Julio Manganillo, su hija María Jimena Manganillo se encuentra habilitada para ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante, entre ellas la enderezada a obtener la división del condominio. V.1.b. No altera tal solución la falta de inscripción registral de la transmisión mortis causa del inmueble en condominio.
Conforme ha sostenido la Suprema Corte provincial, “...en el sistema adoptado por el ordenamiento fondal el asiento registral reviste un carácter declarativo (C.S.J.N., Fallos 320:1485). El derecho real preexiste al registro, en tanto que al no ser éste constitutivo, la funcionalidad de la inscripción radica en la publicidad y oponibilidad respecto de terceros (conc. arts. 2 y 20, ley 17.801). Ahora bien, en la inoponibilidad “…subyace la idea de ajenidad o extrañeza; aquél que la invoca o reivindica ha de ser en principio ajeno o extraño a la situación que lo afecta. De ahí que, el art. 2505 del Código Civil -actual art. 1893 CCC- no habilita a cualquier tercero integrante de la comunidad para desconocer el derecho real que no ha alcanzado plena oponibilidad por falta de inscripción registral (Cons. 8). Cabe interpretar, entonces, que el tercero al que alude aquella norma no es toda persona, sino quien cuente con un interés digno de tutela, estando situado en una posición análoga a la del tercero mentado por los arts. 1195, in fine y 1199, ambos del ordenamiento civil [actuales arts. 1021/2, 1024 del CCC]. Por ende y en función de los principios que deben imperar en el marco de las relaciones jurídicas, el derecho real no inscripto será inoponible a quienes de buena fe desconocieren las falencias registrales, no ya a la persona que hubiera tenido conocimiento efectivo del acto respectivo (SCBA, C. 103.944, sent. de 14-IX-2011).
En el caso, los recurrentes han omitido precisar en dónde radicaría el conflicto entre la adquisición de la actora de la porción indivisa del comunero fallecido y su derecho de condominio, no advirtiéndose ninguna afectación para la porción dominial de los demandados. Tampoco han alegado desconocer la condición de heredera única de su sobrina, María Jimena Manganillo, respecto de Mario Jorge Manganillo, hermano y condómino de los apelantes, cuya investidura ha sido reconocida mediante declaración judicial de herederos (art. 2337 su doc. CCC) y les fue comunicada mediante cartas documento diligenciadas en mayo de 2015 (v. fs. 41/2 y 43/4 e informes del Correo Argentino de 04/04/2019 y 08/04/2019). En este contexto mal pueden pretender prevalerse de la inoponibilidad del título no inscripto (arts. 1198 doc., 3136 y nota CC; arts. 9, 961 del CCC).
V.2. En segundo lugar, dos órdenes de razones me llevan a postular el rechazo de la nulidad del pronunciamiento de grado (v. pto. II.2). V.2.a. De un lado, por cuanto no se advierte la preterición de una cuestión esencial. Me explico.
i] Según reiterada doctrina de la Corte provincial, cuestión esencial es “…aquella que según las modalidades del caso, resulta necesaria para la correcta solución del pleito y está constituida por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento, que por su naturaleza influye realmente en el fallo y está vinculada a la dimensión cuantitativa del objeto de la pretensión, o dicho de otra manera, aquellos planteos que conforman la estructura de la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución del litigio" (cf. SCBA, causas C. 95.402, sent. de 21-V-2008; C. 103.179, sent. de 31-X-2012; e.o.).
Sin embargo, no revisten tal carácter los argumentos de hecho o de derecho en que las partes sustentan sus pretensiones o defensas (SCBA, C. 102.195, sent. de 14-IX-2011; C. 120.354, sent. de 18-X-2018; C. 123.306, sent. de 25-XI-2020, e.o.).
ii] En el presente caso, la resistencia a la división de condominio se sustentó en la argüida imposibilidad de proceder a la subdivisión del predio y/o a su venta a un tercero en orden a: i] las limitaciones impuestas por la ordenanza 375/83 en cuanto establece que cualquier solicitud de subdivisión deberá contar con certificado de aptitud hídrica y ii] la existencia de una construcción realizada por ABSA que impide conocer el alcance de las restricciones, quién resulta responsable y si corresponde una indemnización por tal ocupación. Con base en tales argumentos, los demandados afirmaron el carácter nocivo de la partición y apuntaron que “...en conjunto debemos encarar el saneamiento del inmueble y la superación de los obstáculos fácticos y jurídicos que lo afectan“, fecho lo cual “...se podrían obtener tres parcelas (manzanas) y sacar de cada uno de ellas 12 o 14 lotes, que vendidos individualmente permitirían obtener un valor muy superior al actual y al de las propias ’tasaciones‘alcanzadas por la actora, más allá de permitir percibir la indemnización por la parte que ilegalmente ocupa la obra antes referida (v. fs. 72/80).
iii] Ahora bien, basta una atenta lectura de la decisión censurada para constatar que las cuestiones esenciales a atender para la solución del pleito -en particular, la procedencia de la pretensión de división de condominio y la defensa basada en la partición nociva- fueron abordadas y resueltas por la juzgadora de origen, por lo que la eventual falta de consideración de los argumentos de hecho en que aquellas se sustentaron no genera su nulidad, ya que la obligación de tratar todas las cuestiones esenciales no conlleva la de seguir a las partes en todas sus argumentaciones (cf. SCBA, C. 91.580, sent. de 23-V-2007: A. 71.495, sent. de 13-V-2015).
V.2.b. Del otro, dado que el art. 253 de Código procesal da cuenta de la carencia de autonomía funcional –aunque no conceptual- del recurso de nulidad de nuestro ordenamiento procesal civil y comercial (SCBA, Ac. 90.402, sent. de 8-III-2007), siendo que cuando se constata un vacío –vicio o defecto propio de la sentencia- que puede ser subsanado por vía del recurso de apelación, no cabe decretar la nulidad del fallo. Ello es lo que sucede cuando los tópicos que se dicen omitidos pueden ser planteados y resueltos por vía de la apelación deducida (CCCom. SN, causa 9649, sent. del 7-IV-2011; causa 852, sent. del 30-IV-2019; CCCom. SM, causa 71.164, sent. del 2-VIII-2017; Morello, Augusto M.-Lucas Sosa, G.- Berizonce, R. O., Códigos procesales en lo civil y comercial de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, Edit. Abeledo Perrot, Bs. As., t. IV, p. 200 y 216) (esta sala II, causa C. 254.398, sent. de 7-IV-2020, e.o.).
V.3. Igual suerte adversa han de seguir las protestas en torno al carácter nocivo de la partición (v. pto. II.3.).
V.3.a. Para arribar a la decisión estimatoria de la acción impetrada, la magistrada examinó los diversos elementos de convicción aportados al proceso.
i] Así, tuvo presente que el predio en condominio se encuentra afectado por la ordenanza municipal nro. 375/83, cuyo artículo 16 determina que la zona de recuperación “…deberá conservar su uso y subdivisión y ocupación actual hasta tanto sea recuperada. La zonificación según usos fijará su utilización que podrá efectivizarse cuando haya sido saneada. Cualquier solicitud de subdivisión deberá contar con certificado de aptitud hídrica... (ver fs.52 a fs.59)”.
Tuvo en cuenta, además, que el Intendente de la Municipalidad de Roque Pérez indicó “…que el inmueble está incluido en una zona pasible de urbanización como lote de servicios de acuerdo a la Ordenanza de Hábitat Nro.2196 desde el 22 de octubre de 2018, aclarando que ella modificó la Ordenanza de zonificación de zona urbana de recuperación a lote con servicio y que la sanción de la Ordenanza posibilita la subdivisión del predio que se encontraba vedada por encontrarse hasta entonces en zona urbana de recuperación (ver fs.117/118)”.
Ponderó, asimismo, los dichos de Sciani quien efectuó una tasación del inmueble que arrojó la suma de u$s 240.000 y refirió que:“…logrando aptitud hídrica aumentaría su valor. Aclarando que este predio podría adherirse a la ordenanza de plusvalía] explicando que el proceso consistiría en generar un consorcio, donde el Municipio se queda con un 25% descontando calles, espacios verdes y espacio público o de manera privada cediéndole una plusvalía del 20% al Municipio también en las mismas condiciones que la anterior y demás trámites técnicos”; que hace dos o tres años se construyó un desagüe y que “…el Municipio tendría que encargarse de la infraestructura por electrificación, apertura de calles y desagües pluviales y cunetas...”.
Valoró, seguidamente, el testimonio de Leguizamón que“…reconoció que María Jimena Manganillo le ofreció en venta el lote de su parte indivisa pero dijo que no porque le interesaba la totalidad por estar lindero a su terreno que antes le había ofrecido María Magdalena” Manganillo.
A lo anterior, adunó las conclusiones del perito tasador. En este sentido señaló que el experto describió el inmueble como una fracción baldía, con innumerables desniveles de piso, con buen escurrimiento de agua; que tiene “…en uno de sus márgenes, construida una obra de la empresa Absa, que según los Letrados de ambas partes, ninguno de los propietarios dio el permiso para dicha construcción lo que da a entender que es netamente ilegal, y según averiguaciones hechas en la zona se trataría de una planta de bombeo de líquidos cloacales"; que todo a su alrededor “…es una zona netamente urbana, y por lo que se puede observar en crecimiento…"; que se trata de “…una zona de la ciudad denominada actualmente como AREA DE RECUPERACION, que por ordenanza 375 y 381 del año 1983, esa zona no puede dividirse más que en dos parcelas” y para su subdivisión en mayor cantidad “…se necesitan realizar varios trabajos, entre ellos, los que permitan lograr aptitud hidráulica, esto es rellenar y nivelar todo el terreno, lograr la aptitud eléctrica, planos y cableados eléctricos, además de depender de la sanción de una nueva Ordenanza Municipal, para poder transformarla en una zona urbana, lo que permitiría dividir el inmueble en cuestión en lotes, cómo se detalla más arriba y así su valor seria otro, seguramente más elevado. Pero todo esto último solo habla de un posible potencial, un imaginario potencial y mayor valor, que hoy no lo tiene…”.Destacó la sentenciante que la reseñada descripción del predio resultaba coincidente con lo constatado en la diligencia realizada el 22 de octubre de 2018.
Por lo demás, puntualizó que se acreditó la autenticidad de las cartas documentos remitidas por la accionante a los demandados reclamando la división del condominio (cf. informativa al Correo Argentino del 04/04/2019).
ii] Sobre tal base, la Jueza de la instancia juzgó procedente la división de condómino impetrada (arts. 269 y ss. del C.C.; Ordenanza 375/83 y Ordenanza Municipal de Hábitat del 22/10/2018.; arts. 726, 730, 731, 767, 768, 769, 1983 sig. y concs. del CC; arts. 34 inc. 4º, 59, 60, 163, 165, 354, 375, 384, 385 y concs. del CPCC). Ello así, sin perjuicio de “integrar” la condena con la “…convocatoria de las partes para que convengan la forma de división e, incluso, si éstas lo entendieron conveniente y estuvieren de acuerdo en que la forma de división se haga a través de la venta del bien, para que propongan martillero y tasador de ser necesario con antelación a esa audiencia o convengan su designación en la misma” (arts. 34 inc. 4 y 5, 676, 674 del CPCC; Cám.1°, Sala III c.239.259 del 9/2002), bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de resolver la venta del bien”.
Por fin, señaló que la acción fue promovida cuando el bien estaba alcanzado por la Ordenanza 375/83 que imponía su saneamiento y que el hecho nuevo acaecido a raíz de la sanción de la Ordenanza del Hábitat posibilitaba que la zona urbana de recuperación se transforme en lote de servicio. Por ello, interpretó que, en su momento,“…aunque los demandados tuvieran intención de efectuar la división conforme pretendía la actora se encontraban impedidos de prestar conformidad con la división requerida”. Tal extremo, adelantó, determinaba que las costas debían ser impuestas por su orden, no obstante que, finalmente, en la parte dispositiva las cargó a los demandados en su condición de vencidos (v. cons. IV y pto. 3 del resolutorio).
V.3.b. Frente a tal base y desarrollos argumentales, los demandados exponen los agravios “ut supra” reseñados (v. pto. II.3) los que -adelanto- no logran conmover lo sustancial de la decisión que, por las razones y con el alcance que expondré, debe ser confirmada.
i] En el condominio sin indivisión forzosa cualquiera de los condóminos está autorizado para pedir, en cualquier tiempo, la división de la cosa común (art. 1997 del CCyC; 2692 CC derogado), cuya forma corriente de concreción es la partición (art. 1996, 2363 y 2369 y ss. CCyC). La partición es el acto por medio del cual el derecho “inmaterial” del condómino sobre la porción indivisa se transforma en un lote material, equivalente a su interés en la cosa (cf. Lafaille, Héctor, Tratado de los derechos reales, Ediar, Bs. As., 1944, vol. II, p. 243). De tal modo el condómino ha sido autorizado a poner fin a la comunidad, haciendo que cada uno adquiera materializada la cuota que le corresponde, siempre que no se encontrare sometida, en razón de su naturaleza o destino, a una indivisión forzosa. Este principio es de orden público (art. 1197 del CCyC y 2692 del CC) y la amplitud con que está concebido traduce el pensamiento del legislador quien, lejos de fomentar el condominio, suministra a los interesados los medios adecuados para ponerle fin (cf.CSJN, Fallos 311:977, cons. 8; CNCiv., sala G, “Vázquez”, sent. de 06-VI-2012, Lleyonline AR/JUR/30500/2012).
ii] Por fuera de los supuestos de indivisión temporaria que surgen de la voluntad de los comuneros o del testador (art. 2000 CCyC), la ley contempla ciertos casos de indivisibilidad (arts. 1894, 2001, 2004 del CCyC; arts. 2710, 2715 y 2716 del CC), entre los que interesa detenerse en la denominada “partición nociva”.
Este supuesto especial se encontraba regulado en el art. 2715 del Código Civil que, en su último párrafo, enuncia que habrá también indivisión forzosa “cuando la división fuere nociva por cualquier motivo, en cuyo caso debe ser demorada cuanto sea necesario para que no haya perjuicio a los condóminos”. Pese a la formulación amplia del derogado precepto, la jurisprudencia postulaba su operatividad ante circunstancias excepcionales cuya entidad debía ser evaluada con prudencia por el juez en la medida que la decisión trae aparejada una indivisión forzosa. Se exigía, en suma, la concurrencia de situaciones objetivas, graves y excepcionales (cf. Mariani de Vidal, Marina, Curso de Derechos reales, Zavalía ed., Bs. As., 1993, t. 2, p. 110 y 143/144).
Bajo ese entendimiento, se juzgó que no justifica tal restricción la mera alegación de la simple conveniencia para los intereses del comunero oponente (cf. CNCiv., sala F, 03-VII-2000, elDial.com.AA5F0), en tanto no se advierta que el reclamo denote un obrar antifuncional o abusivo; ni la invocación que en el predio funcione una estación de servicio o garage comercial (cf. CNCiv., sala G, “Vázquez”, ya cit.) o la situación económica del país que torne inconveniente la partición (cf. CNCiv., sala L, “Lambruschi”, sent. de 08-V-2013, Lleyonline AR/JUR/23309/2013); o la desvalorización propia de las subastas, la potencial afectación del personal y del fondo de comercio (CCCom.1° LP, sala III, sent. de 04-III-1997, elDial.com.WDOB4); o la baja del valor de la propiedad salvo que se trate de una depresión excepcional (CNEsp.Ccom., sala I, sent. de 19-II-1988, SAIJ sum. P0001979), por cuanto aquello que la ley procura evitar es que uno de los condóminos no pueda, en circunstancias extraordinarias y perjudiciales, requerir la división en perjuicio de los restantes comuneros (CCCom. y Lab. Rafaela, sent. de 13-VIII-1994, JA 1994-IV, síntesis).
En cambio, sí se admitió el diferimiento de la partición frente a especiales circunstancias de vulnerabilidad del condómino que habita el bien (cf. CNCiv., sala H, “S., I.T.”, sent. de 06-VI-2015, LLeyonline AR/JUR/36017/2015), o cuando la división del condominio resulta perjudicial al interés familiar (CNCiv., sala J, “D., C.A.” sent. de 4-III-2021, Lleyonline AR/JUR/1557/2021; íd. sala M, “G., A.M.” sent. de 8-V-2015, Lleyonline AR/JUR/18695/2015).
Con todo, durante la vigencia del Código Civil, no faltaron voces que alertaron sobre la ausencia de motivo legal para otorgar a la partición nociva el ámbito de actuación restringido al que la relegaban la doctrina y jurisprudencia, entendiendo que si bien debían excluirse los detrimentos propios de toda partición no querida por un condómino, bastaba una causa seria que agrave dicha situación para que la fórmula legal resulte aplicable (cf. Cossari, Nelson, Condominio y partición nociva, LL 2004-B, 1051).
El nuevo Código Civil y Comercial también erigió como excepción la posibilidad de demorar la partición en caso de nocividad. De ello se ocupa el art. 2001 cuya formulación da cabida a una amplia gama de situaciones.
De todos modos, no cualquier contingencia puede justificar esta indivisión circunstancial. Por lo pronto, cuando la nocividad se proyecta respecto de uno de los condóminos, se requiere la concurrencia de “circunstancias graves”, esto es razones de cierta entidad que lo justifiquen. En cambio, si aquella es perjudicial para el interés de todos -incluido para quien pide la partición- no se exigen motivos graves, aunque, con razón, se ha indicado que aquellos deben ser serios. Por fin, el precepto contempla una causal objetiva que tiene lugar cuando la partición es perjudicial al aprovechamiento de la cosa según su naturaleza y destino económico, hipótesis que refiere los supuestos en que la división perjudica la explotación del bien, obteniéndose un provecho menor que si se la deja indivisa (cf. Cossari, Nelson en Alterini, Jorge H., Código Civil y Comercial, La Ley, Bs., As., 2016, t. IX, p. 473 y ss.; Malizia, Roberto en Lorenzetti, Ricardo -dir-, Código Civil y Comercial de la Nación, comentado, Edit. RubinzalCulzoni, Santa Fe, 2015, t. IX p. 375/376; Ferrari, Martín Facundo, La indivisión del condominio por nocividad en el Código Civil y Comercial, DJ 19/08/2015, 1). De verificarse los presupuestos legales, la fuente de la indivisión será la sentencia judicial en la cual el juez resuelve demorar la partición por el término necesario y/o adecuado para neutralizar el perjuicio de que se trate, reforzando sí el citado art. 2001 su carácter transitorio al establecer un límite máximo de 5 años, el que podrá renovarse por única vez.
V.3.c. A la luz de los parámetros expuestos cabe, ahora, examinar la decisión de grado que descartó la postergación reclamada por los apelantes.
i] Al oponerse a la división de condominio, los demandados sostuvieron que el caso encuadraba en las previsiones del art. 2001 del CCyC en tanto mediaban “`circunstancias graves’ que afectarán a todos los condóminos si se dispusiera el fin del condominio por venta a un tercero”. Puntualmente, esgrimieron el supuesto de una “marcada depreciación circunstancial del valor de las cosas objeto del condominio” cuya venta llevaría a obtener un precio inferior “al de los períodos normales”, observando en tal sentido que de llevarse a cabo el saneamiento del inmueble y superarse los diversos obstáculos imperantes, “se podrían obtener tres parcelas (manzanas) y sacar de cada uno de ellas 12 o 14 lotes que vendidos individualmente permitirían obtener un valor muy superior al actual y al de las propias tasaciones alcanzadas por la actora, más allá de permitir percibir la indemnización por la parte ilegalmente ocupada por la obra” de ABSA. (v. fs. 77vta./78).
ii] Al acoger la división de condominio pretendida por la actora, el fallo censurado brindó una respuesta, si se quiere indirecta, a dicho planteo (v. pto. V.3.a.).
En su discurrir, sin embargo, se vislumbra cierta confusión entre lo que atañe a la imposibilidad de subdivisión en especie bajo la vigencia de la Ordenanza Municipal de Zonificación 375/83 de la Municipalidad de Roque Pérez (v. copia obrante a fs. 59/62) con lo concerniente a la indivisión forzosa del condominio (cf. cons. IV). Puntualmente, la sentenciante consideró que “…aunque los demandados tuvieran intención de efectuar la división conforme pretendía la actora se encontraban impedidos de prestar conformidad con la división requerida” a raíz de la Ordenanza 375/83 que recién fue modificada mediante Ordenanza del Hábitat sancionada en 2018 (v. cons. IV).
Ahora bien, tal como denunció la actora en su escrito inaugural (v. fs. 32/34), en vista de lo establecido por la Ordenanza de Zonificación de 1983, el predio motivo de esta litis no podía ser subdivido en especie sin contar previamente con el certificado de aptitud hídrica (art. 16 inc. b de la ord. 375/83), extremo que también es esgrimido por los demandados en su expresión de agravios.
A lo anterior se sumaba que la subdivisión mínima del área complementaria, cumplidos los pasos previos exigidos, lo era de una superficie de 1,5 hectáreas (art. 28 párrafo 2° de la cit. ord. -fs. 61/62- e informe de fs. 18), por lo que al contar el inmueble con 2 hectáreas, 79 áreas y 57 centiáreas (v. fs. 7 vta. e informe del 28/08/2018 de la Inmobiliaria Ruiz) pareciera, al menos en principio, que su superficie no alcanzaba para su potencial fraccionamiento en dos parcelas, y menos aun en tres de similar valor que permitiera su distribución entre los tres condóminos (art. 2374 su doc. CCyC).
Fue bajo ese escenario que, ante la falta de acuerdo de los comuneros a efectos de llevar a cabo una partición privada, la accionante requirió la venta del bien en su totalidad para, una vez obtenido su precio, proceder a su distribución entre los condóminos (v. fs. 33 vta.). Los reclamos extrajudiciales en ese sentido se retrotraen a mayo de 2015, conforme se desprende de las cartas documento glosadas a fs. 41/42 y 43/44 cuya autenticidad, pese al desconocimiento de los demandados, ha quedado acreditada mediante informe del Correo Argentino de fechas 04/04/2019 y 08/04/2019. En dichas misivas, María Jimena Manganillo ofreció vender a los accionados su porción indivisa y, en su defecto, abrió la posibilidad para que los nombrados propusieran martillero para la venta privada del predio, bajo apercibimiento de reclamar judicialmente la división del condominio que finalmente promovió en septiembre de 2017 (v. fs. 37 vta.), tras cerrarse sin éxito la etapa de mediación desarrollada entre mayo y agosto de igual año (v. fs. 4) (arts. 2369, 2371 inc. a y c su doc. CCyC).
En suma, ante la imposibilidad de división en especie -cuanto menos, bajo las condiciones imperantes bajo la Ordenanza 375/83- y la falta de acuerdo de los condóminos, la extinción del condominio requería de una partición judicial (art. 2371 inc. c CCyC) a concretarse mediante la venta del bien y distribución de su producido (art. 2374 su doc. CCyC), tal lo reclamado en la demanda.
iii] Como se ha mostrado, la imposibilidad de subdividir en especie el predio no importaba una restricción a la transmisión íntegra del inmueble, ni vedaba que cualquiera de los condóminos requiriera, en cualquier tiempo, la extinción del condominio.
El informe inmobiliario de fecha 28/08/2018 dio cuenta de esa posibilidad con antelación a la sanción de la Ordenanzas del Hábitat e incluso el testigo Leguizamón refirió su interés en la compra del predio “…en su totalidad por estar lindero a un terreno suyo…”, el cual le fue ofrecido, en primer lugar y por el todo, por la codemandada María Manganillo y, posteriormente, por la actora ya sólo por su porción indivisa hasta que “…comenzó el lío del juicio[y] no tuvo más contacto con ella (v. testimonio de 08/05/2019). El testigo Sciani también aludió a la existencia de ofertas (v. declaración de 22/10/2018).
No fue sino luego de promovida y trabada esta litis que el Municipio de Roque Pérez dictó la Ordenanza 2196/18 de “Acceso Justo al Hábitat” que habilitó la subdivisión, cumpliendo con lo prescripto en el referido marco legal.
Como fuere, según surge del informe municipal de noviembre de 2018, el inmueble “…será pasible de cualquier subdivisión una vez habilitado el saneamiento del Área”, debiendo cumplirse¸ “…previo a la negociación de la cesión de la plusvalía, la reserva de uso público previsto en la Ley 8.912, a cuenta de la cual se considerará la superficie donde se encuentra emplazada la estación de bombeo de cloacas” (el resaltado me pertenece). Es decir, tal posibilidad queda igualmente condicionada a una serie de recaudos: v.gr. la habilitación del saneamiento y la determinación de la participación municipal en la valorización inmobiliaria conforme a la ordenanza 2196/2018, participación que habrá de variar ya sea que se viabilice el fraccionamiento de áreas anteriormente no permitidas o medie su transferencia sin fraccionamiento (art. 3), computándose en ambos casos la construcción realizada por ABSA. De ello resulta que, hoy día, el potencial loteo ha de sortear diversos condicionantes. Al respecto, el testigo Sciani -concejal municipal y de profesión martillero y maestro mayor de obra- ilustró que aquel depende de “…una serie de pasos previos” y que si bien el valor del bien aumentaría esa posibilidad requiere -de un lado- llevar a cabo todo lo necesario para obtener de la provincia la correspondiente aptitud hídrica y -del otro- la adhesión de los condóminos al régimen de plusvalía recientemente aprobado para lo cual “…Debería darse un proceso que consiste en: 1) generar un consorcio con el Municipio (gestión pública y privada) y donde el Municipio se quedaría un 25 % (descontando calles, espacios verdes y espacio público), 2) de manera privada cediéndole una plusvalía del 20 % al Municipio también, en las mismas condiciones que la anterior. Después hay cuestiones que son propias del Municipio que tienen datos técnicos donde deben tener similitud a lo lindero. En la actualidad no hay predio alguno que cumpla con todos estos recaudos. Dio cuenta, asimismo, que “…el municipio debería encargarse de la infraestructura por electrificación, apertura de calles y desagües pluviales y cunetas”, destacando finalmente que si bien siempre hay inversores, ignora si actualmente están interesados (v. testimonio de fecha 22/10/2018).
En forma sustancialmente coincidente, el Intendente de Roque Pérez sostuvo que el inmueble “…está incluido en una zona pasible de urbanización como lote con servicios, de acuerdo a la ordenanza del hábitat n° 2196, desde el 22 de octubre de 2018”, recordando que la actora se hizo presente “…en distintas oportunidades en la Municipalidad, a los efectos de interiorizarse sobre la posibilidad de urbanizarlo para posibilitar su venta”. Que la referida ordenanza “…modifica la Ordenanza de Zonificación, de zona urbana de recuperación a lote con servicio, lo cual posibilita la subdivisión del predio que se encontraba vedada por encontrarse hasta entonces en zona urbana de recuperación y que, en caso de materializarse la subdivisión, ceda un 20 o 25 % según sea el caso” (v. declaración por oficio de agosto de 2019).
A su turno, el perito martillero precisó que el inmueble es una fracción baldía que cuenta con una superficie de 2 hectáreas, 79 áreas y 57 centiáreas, la cual “…presenta innumerables desniveles de piso, el escurrimiento del agua dentro del mismo es bueno y tiene en uno de sus márgenes, construida una obra de la empresa Absa, que según los letrados de ambas partes, ninguno de los propietarios dio el permiso para dicha construcción lo que da a entender que es netamente ilegal…”. Describió, a continuación, sus alrededores como “…una zona netamente urbana, y por lo que se puede observar en crecimiento…”. Sostuvo, por lo demás, que encontrándose en un AREA DE RECUPERACION por ordenanzas municipales no puede dividirse más que en dos parcelas. Que para su subdivisión en mayor cantidad de fracciones independientes, “…se necesitan realizar varios trabajos, entre ellos, los que permitan lograr aptitud hidráulica, esto es rellenar y nivelar todo el terreno, lograr la aptitud eléctrica, planos y cableados eléctricos, además de depender de la sanción de una nueva Ordenanza Municipal, para poder transformarla en una zona urbana, lo que permitiría dividir el inmueble en cuestión en lotes, como se detalla más arriba y así su valor seria otro, seguramente más elevado. Pero todo esto último solo habla de un posible potencial, un imaginario potencial y mayor valor, que hoy no lo tiene…”.
Cierto es que al reseñado dictamen sobrevino la modificación del régimen municipal mediante la Ordenanza del Hábitat. Sin embargo, conforme el nuevo régimen local, la posibilidad de fraccionamiento permanece condicionada a un sin número de tareas para su saneamiento y obtención de aptitud hídrica, a lo que se adiciona la determinación de la plusvalía correspondiente.
En conclusión, en la actualidad, los condicionantes para la pretendida subdivisión en especie -a cuyos fines se insiste en la postergación de la división del condominio- subsisten, sin que -de otra partelos condóminos demandados hayan formulado una propuesta concreta enderezada a sortearlos pese al largo tiempo transcurrido. Nótese que el primer paso está dado por las diversas tareas a cumplir a fin de obtener el saneamiento del predio y certificado de aptitud hídrica, requerimiento para la subdivisión que ya existía a la época de la conformación del condominio hace 37 años atrás (a saber, en el año 1984, datando la Ordenanza Municipal de Zonificación 375 del año 1983). Ninguna labor en dicha dirección se demostró haber sido siquiera intentada por los interesados. Para más, desde las intimaciones extrajudiciales cursadas por la actora en mayo de 2015 transcurrieron ya 6 años; desde la promoción de la demanda en 2017, se sucedieron 4 años y, a partir de la entrada en vigencia de la Ordenanza del Hábitat en 2018, pasaron 3 años, sin que -reitero- los comuneros arbitraran medidas o iniciaran las acciones necesarias para avanzar en el potencial fraccionamiento del inmueble en condominio. En este contexto, el ejercicio por parte de la actora de su derecho a reclamar la división del condominio (art. 1997 del CCyC) no luce abusivo en tanto no denota un obrar contrario a los fines del ordenamiento jurídico, ni excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (art. 10 su doc. CCyC). No se advierte tampoco que las circunstancias imperantes permitan encuadrar el caso en el supuesto de partición nociva que autorice a continuar demorando la extinción del condominio (art. 2001 su doc. CCyC). Las razones invocadas exceden lo propio de una indivisión circunstancial como la allí contemplada, debiendo además repararse en las variables en juego para el potencial loteo y las tareas previas que habrían de demandar no sólo tiempo, sino costos, sin que pueda definirse el concreto margen de la rentabilidad de un proyecto inmobiliario de esa envergadura.
En adición, si bien el cambio normativo que habilita la posibilidad de subdividir el inmueble no se patrimonializa automáticamente, es decir de modo directo e inmediato, de suyo en el mercado habrá de redundar en un mayor valor del bien pues, de ser cierto el potencial económico denunciado, éste habrá de ser considerado ante eventuales inversores, sin hacer recaer sobre las espaldas de los condóminos el tiempo y los indudables costos para su puesta en condiciones. De tal modo la citada regulación municipal provee una opción favorable a una alternativa de disposición del bien que descarta la idea de una partición de por sí nociva. Por los fundamentos y con el alcance expuesto, he de proponer la confirmación del fallo de grado. Esta propuesta, claro está, no obsta a que, en el marco de la convocatoria formulada por la judicante de grado en el considerando VII de su decisión, las partes convengan la modalidad de partición, pudiendo -entre otras- acordar afrontar los costos y realización de las tareas de saneamiento y adhesión al régimen de plusvalía de la ordenanza del Hábitat.
VI. Por fin, no son de recibo los cuestionamientos contra la imposición de costas.
Más allá de la discordancia entre lo expresado en el considerando IV y la parte dispositiva del pronunciamiento, en esta última se plasmó claramente que las costas devengadas en el proceso son impuestas a la parte demandada. Esta solución, como reclama la accionante al contestar los agravios quien, en orden a lo así decidido, carecía de interés en su impugnación (art. 242 su doc. CPCC), es conteste con el resultado al que se arriba (art. 68 del CPCC).
Voto, en consecuencia, por la AFIRMATIVA.
El Señor Juez Doctor Federico García Ceppi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, la señora Jueza, Doctora Irene Hooft, dijo:
En atención a lo expuesto precedentemente corresponde rechazar la apelación interpuesta por los demandados y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada el 11 de octubre de 2020, en todo cuanto fuera materia de agravio (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 242, 253, 375, 384, 456, 474, 673 y ss. del CPCC; arts. 7, 9, 10, 961, 1893, 1996/7, 2001. 2280, 2337, 2363, 2369, 2371, 2374/5 y cc. del CCyC; arts. 3, 2505, 2692, 2715, 3410, 3417 y cc.del CC; art. 168 su doc. de la Constitución provincial). Las costas de esta instancia se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 68, 266, 267 y 269, CPCC).Así lo voto.
El señor Juez, Doctor Federico García Ceppi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
S E N T E N C I A AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que la sentencia dictada el 11 de octubre de 2020 debe ser confirmada (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 242, 253, 375, 384, 456, 474, 673 y ss. del CPCC; arts. 7, 9, 10, 961, 1893, 1996/7, 2001. 2280, 2337, 2363, 2369, 2371, 2374/5 y cc. del CCyC; arts. 3, 2505, 2692, 2715, 3410, 3417 y cc. del CC; art. 168 su doc. de la Constitución provincial).
POR ELLO: y demás fundamentos del precedente Acuerdo, se desestima la apelación interpuesta por el señor Jorge Mario Manganillo y la señora María Magdalena Manganillo, confirmándose el fallo de fecha 11 de octubre de 2020 en todo cuanto fuera materia de agravios. Y atento el resultado alcanzado, se imponen las costas de esta instancia a los recurrentes vencidos (art. 68 del CPCC), difiriéndose la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 y 51 de la Ley 8904 y 31, 51 ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase a la instancia de origen.
Fin de la sentencia