Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 12686141-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del pronunciamiento apelado. En consecuencia, vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo, y
2Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado (conf. artículo 68, segundo párrafo del CPCCN).
17.238/2021 “Mannor Hause SA (TF 12686141-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
///nos Aires, 4 de julio de 2025.-
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Por resolución del 16/10/2020 la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación se declaró incompetente, en razón del monto, y rechazó in limine el recurso de apelación intentado por la firma actora contra la Resolución “DE-PRLA-7973/15”, dictada en el expediente SIGEA N° 15163-232-2012. Sin costas, en razón de no existir actividad profesional realizada por su contraria, salvo en lo atinente a la tasa de actuación que redujeron al tercio, cuyo pago no se intimó por carecer de interés fiscal ($ 25) conforme a lo estipulado en la Acordada 2.139, emitida por ese Tribunal, en fecha 25/4/2008.
Para así decidir, en primer lugar hicieron referencia a los requisitos formales de admisibilidad y al alcance de la competencia de ese Tribunal en los presentes autos.
Luego, en cuanto a los antecedentes del caso indicaron que oportunamente intimaron a la firma actora para que expresara cual era el monto involucrado en la presente, dado que no surgía del formulario “F4”.
Ante tal requisitoria, señalaron que la firma actora manifestó que el monto del proceso era indeterminado, debido a que el objeto de la apelación era la resolución condenatoria que establecía que el pago efectuado por su mandante no poseía los efectos extintivos de la acción penal (art. 930/932, CA) por lo que se lo condenó con el registro del antecedente infraccional.
De ese modo, sostuvieron que la ley 25.964 no prevé casos de “monto indeterminado”, por lo cual a los fines de establecer el monto del caso de marras debía computarse el importe de la multa objeto del procedimiento, es decir mil pesos ($ 1000.-). Por lo cual advirtieron que dicha suma no alcanzaba el mínimo legal requerido, por resultar inferior al valor indicado actualmente por el artículo 1.025 del Código Aduanero. Por consiguiente, de acuerdo a lo previsto por el artículo quinto de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos -de aplicación supletoria en dicha instancia- remitieron la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza (v. págs. 279/81 del DEO: 3906410 -Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 20/10/2021 ).
II. Disconforme con lo resuelto, Mannor Hause SA interpuso recurso de apelación en los términos del artículo 1171 del Código Aduanero, fundándolo oportunamente (v. págs. 307/25 del DEO: 3906410 - Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 20/10/2021). En primer lugar, manifestó que el Tribunal Fiscal de la Nación entendía que el objeto que motivó su apelación era la sanción de multa por un importe de $ 1.000.
Arguyó que al momento de contestar el traslado realizado por el TFN (cuando se intimó a “MHSA” a manifestar el importe apelado para calcular la tasa de justicia) siempre afirmó que el objeto de la apelación era y es que se revoque la decisión de la Aduana de Mendoza que lo condenaba con el registro de un antecedente infraccional, por no brindar los efectos extintivos que prevén los arts. 930/932 al pago voluntario de la multa realizado.
Asimismo, se quejó de que el Tribunal Fiscal ni siquiera corrió traslado del recurso presentado a la DGA, declarándose incompetente al tomar como única pena el importe de la multa pagada y decidiendo remitir las actuaciones a los Jueces Federales de Primera Instancia de Mendoza, sin tener en consideración que la firma actora, si se tomaba el importe de $ 1.000, tampoco podría acudir a la Justicia Federal (Art. 1024, CA), aunque no era ello lo que su parte apelaba.
Planteó la existencia de una incompetencia negativa al comprender que no podía acceder a la justicia federal ni a la del Tribunal Fiscal de la Nación al ser el monto menor al mínimo por el cual ambos Tribunales debían y decidir.
Como consencuencia de ello, manifestó que se estaría violando el principio del debido proceso y defensa en juicio por aplicar una doble incompetencia negativa en razón del monto involucrado entre los dos tribunales con competencia material -derecho aduanero- para este tipo de cuestiones infraccionales (siendo especializada en el caso del Tribunal Fiscal, genérica en el caso del Juzgado Federal de Mendoza).
A su vez, remarcó que “[…] el TFN al decidir entiende que la única sanción impuesta es la multa, hecho que es absolutamente erróneo, ya que a mi mandante le perjudica mucho más el hecho de que se grave el antecedente infraccional que el pago de una multa de $ 1.000 -que abonó voluntariamente. […] y agrega que […] además, para dar cumplimiento a lo normado por el art. 5 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el TFN decide remitir las actuaciones a la Justicia Federal de la Provincia de Mendoza, referenciado el Art. 1024 C.A., pero yerra el Excelentísimo Tribunal ya que de la propia lectura del artículo citado surge que también resultaría incompetente, por el monto, la Justicia Federal.” (sic).
A fin de cuentas, consideró que siguiendo lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación, su mandante no podría solicitar una revisión de la sanción, ni ante la Justicia Federal ni tampoco ante el Tribunal Fiscal. Por otra parte, sostuvo que si bien era cierto que el Código Aduanero en todo momento refería al carácter de las infracciones, también era cierto que las infracciones eran la contracara de un delito penal, tenían una especie de virtualidad punitiva, máxime teniendo en cuenta que, una vez firme el antecedente, se podía llegar hasta la inhabilitación de su mandante.
Citó los artículos 915 y 892 del Código referido.
Al respecto, esgrimió que “[…] el registro del antecedente infraccional y su permanencia afecta a mi mandante respecto de la comisión de eventuales nuevas infracciones, como del goce eventual de regímenes especiales o beneficios tributarios o del comercio exterior. No puede entonces ponerse en tela de juicio la naturaleza jurídica de verdadera pena o sanción que reviste el antecedente infraccional registrado contra mi mandante por la Aduana de Mendoza, al no haber dispuesto -pese al pago de la multa- la extinción de la acción punitiva aduanera. Siendo ello así se impone la necesidad de una intervención revisora por parte del servicio de justicia, que debe ser inmediata y eficaz para cumplir con las garantías del art. 18 de la Constitución Nacional.” (sic). Asimismo, aclaró que su mandante poseía otro expediente ante el Tribunal Fiscal de la Nación por los mismos errores de la Aduana de Mendoza. Así, señaló que sin la protección judicial que aquí solicitaba, se llegaría al absurdo de registrar dos antecedentes a su mandante, por casos en los que la acción penal debería estar extinta. En esa linea, destacó que “[…] en los dos procedimientos ante la aduana de Mendoza, MHSA ha pagado la multa y la Administración NO le ha otorgado el efecto extintivo que prevé el código aduanero (Art. 930/932), pero como el TFN toma el monto de la multa pagada por MHSA NO se le permite entrar en el fondo de la cuestión y por ende se le niega el acceso a la justicia.- Por ello, sin protección jurisdiccional mi mandante corre el riesgo de que se le registren varios antecedentes por presuntas infracciones cometidas hace más de 10 años y en los que se allanó al pago voluntario de la multa para que se extinga la acción penal y se le está negando.” (sic).
Reiteró que en el caso se dio un supuesto excepcional de doble incompetencia en razón del monto.
Subrayó que “[…] no debe perderse de vista que las normas de competencia son instrumentales respecto de la labor jurisdiccional esencial que debe prestar el estado -una división del trabajo entre los tribunales-. Esa labor jurisdiccional, en sí misma, debe prestarse de modo inmediato y eficaz cuando se trata de cuestiones de naturaleza punitiva, que suponen una mácula en la conducta de los contribuyentes. Tal labor constituye un imperativo inexcusable que pesa sobre el estado, que no debe eludirse ni posponerse temporalmente de modo indefinido. El diferimiento temporal de la revisión judicial suma un nuevo daño al perjuicio de una pena o imputación que puede ser ilegítima. La interpretación razonable (art. 28 de la Constitución Nacional) de las normas legales de competencia debe tener como norte que se cumpla inalterable el cometido constitucional del art. 18 de la Carta Magna, no que se frustre. Como corolario de ello deben desecharse aquellas interpretaciones -afectadas por un rigorismo formal- de las normas de competencia que conducen a diferir la prestación del servicio jurisdiccional, excusando temporalmente un deber estatal inexcusable, operativo e inmediato. Al ser el Tribunal Fiscal el primer tribunal federal con intervención y con competencia material para este tipo de cuestiones, igualado en ello con la Justicia Federal -ambos incompetentes en razón del monto en este caso- corresponde entonces que sea el TFN el que decida de modo inmediato la contienda.” (sic). Sobre ello, advirtió que de seguir el criterio del Tribunal Fiscal su mandante deberá volver a plantear judicialmente la cuestión en una demanda contenciosa, ante un Tribunal Federal que resultará una instancia sustancialmente idéntica a la del Tribunal que está actuando ahora, en tiempo presente y corriendo su mandante el riesgo que el Tribunal Federal se declare incompetente también por el monto. Por ese motivo, afirmó que correspondería que, en casos como el presente, donde los dos tribunales con competencia material no pueden intervenir por el monto, la resolución del litigio sea asumida por el primer tribunal constitucional interviniente establecido por el Congreso (art. 75 inc. 20), para que actúe de modo expeditivo y eficaz, en aplicación directa del art. 18 de la Constitución Nacional.
Asimismo, entendió que resultaban aplicables a esta materia infraccional, mutatis mutandi, las consideraciones de la Corte Suprema respecto de las disposiciones de la ley de procedimiento tributario 11.683, las que citó a modo de respaldo de sus argumentos.
A su vez, indicó que el art. 897 del Código Aduanero contempla el principio de “non bis in ídem”, pero en el caso de su mandante -según comprendió- fue condenado y vuelto a condenar por el mismo hecho.
Citó doctrina y jurisprudencia que –según entendióavalaría su postura.
Al respecto, advirtió que en la especie, por omisión, se había afectado la garantía del debido proceso adjetivo, lesionando el derecho constitucional de defensa en juicio de su mandante.
En tal sentido, esgrimió que el Tribunal Fiscal de la Nación no podía desconocer que al momento de declararse incompetente, el registro de su mandante como infractor le va a causar demasiados perjuicios en un futuro.
Señaló que su mandante se vio privado de ejercer su derecho de defensa en juicio. Además, agregó que tampoco podría su mandante haber concurrido para solicitar la inconstitucionalidad del art. 1.025 C.A. por lo dispuesto por 1.164 del mismo cuerpo legal.
No obstante, sobre el punto alegó que no escapa a su parte que el art. 1.053 del C.A. en su inc. e) contempla la apelación ante el Tribunal Fiscal por dichas multas, pero añadió que, si se escapa a su parte que de haber recurrido por esa vía, no podría haber planteado la inconstitucionalidad de la misma por la prohibición establecida en el art. 1.164 que ya citó.
Por tales argumentos, estimó que “[…] Dada la naturaleza de carácter penal de la multa –y que su antecedente en un registro aduanero es accesoria a la multa impuesta- solicito, de ser necesario, se declare la inconstitucionalidad del art. 1025 del C.A., haciendo caer el antecedente que le fuera impuesto a MHSA, todo ellos en base a las consideraciones de hecho y derecho y la normativa constitucional y supraconstitucional invocada.” (sic).
En segundo lugar, se quejó de la actuación de la aduana mendocina, por lo que entendió que se violó el derecho de defensa de su parte, no pudiendo obtener una decisión en tiempo razonable.
Se remitió a los puntos “IV.-2” y “IV.-3” del recurso de apelación presentado ante el TFN.
Manifestó que recién “con fecha 03/12/2014, la aduana instruyó sumario contra MHSA ya habiendo transcurrido 3 años y 5 meses. Es decir, faltando 1 año y medio para que prescriba la presunta infracción, la aduana da inicio al procedimiento por lo que, y según lo normado en el art 937, el plazo liberatorio comienzo a computarse de 0.-
Ya habiendo dictado la resolución de apertura del sumario administrativo en la fecha anteriormente mencionada, recién el día 26/10/2015, la aduana le notifica a MHSA mediante SICNEA la apertura del sumario. Increíblemente, la aduana se demoró 11 meses en notificarle tal decisión a mi mandante, sumándole el dato de color que la notificación es electrónica -mediante SICNEA-.-
Al haber recibido el SICNEA, mi mandante abona la multa el día 04/11/2015 y lo acredita en el expediente administrativo solicitando la extinción de la acción penal y que no se registre el antecedente.- No existe discusión de que el pago se realizó en tiempo y forma, ya que el plazo para contestar la vista corrida vencía el 04/11/2015, y si no fuera suficiente esto, al tener mi mandante domicilio en la Ciudad Autónoma de Bs As, a más de 1.000 km de la sede de la aduana, se debió prorrogar el plazo en razón de 1 día por cada 200 km (Art 1036 C.A.), contando MHSA con 15 días hábiles para abonar la multa y solicitar los efectos del art 930/932 C.A.” (sic).
Así, consideró importante aclarar que existen dos formas de abonar importes ante la aduana, una de ellas es a través de la Subcuenta María del administrado y la otra es generando un VEP y abonándolo por cualquier de las formas que se permiten.
Explicó que la diferencia la principal diferencia radica en que, si se quiere abonar a través de una Subcuenta María, el administrado debe informarle a la aduana la cuenta de donde se va a realizar el débito, y es la propia aduana quien se toma los fondos para imputarlos a la operación. En este caso, el administrado debe procurar que la cuenta informada cuente con fondos al momento en que la aduana va a realizar el débito. Mientras que, si se utiliza la opción de generar un VEP y abonarlo, la aduana no debe debitar el importe de una cuenta del administrado, porque el dinero ingresa a las arcas del estado al momento del pago del VEP, siendo que la aduana solo debe imputarlo a la operación.
Indicó que esa diferencia no es de menor importancia, ya que fue esto lo generó -según creyó- confusión en la administración y llevó a una serie de errores por parte de la aduana que terminaron en que la administración injustamente quiera imponerle un antecedente a su mandante.
Alegó que su mandante al contestar la vista optó por adherirse al pago voluntario. Es decir, que optó por la opción de generar un VEP y lo abonó el día 03/11/2015, por lo que fue ese mismo día el momento en que el dinero ingreso a las arcas del estado.
A tal fin, su mandante presentó el escrito solicitando que el VEP abonado sea imputado a la multa del expediente referenciado. Añadió que del expediente aduanero surge el escrito y el comprobante de pago del VEP presentado por su mandante. Y luego, con fecha 13/11/2015 se giró el expediente a la Sección Económica Financiera de la aduana para que sea imputado el VEP a este expediente.
De ese modo, se quejó de que el 18/12/2025 la “Sección Económica Financiera” de la aduana le informó a la “Sección Sumarios” que no pudo afectar el pago por la inexistencia del VEP, por lo que devolvió las actuaciones.
Al respecto, manifestó que bien su mandante erró en no haber acompañado el VEP, se encuentra probado que acompañó el comprobante de pago de ese Volante Electrónico de Pago, es decir, el razonamiento da a entender que si se acompaña el volante de pago de un VEP anteriormente se generó un VEP.
Pero además, advirtió que “[…] en el comprobante de pago del VEP presentado ante la aduana, bajo el detalle titulado 'Factura', se establece el número de VEP, siendo este el 0002235917990000000.-
Por ello, la aduana de solo mirar el comprobante de pago del volante electrónico tenía forma de saber cuál era el número de VEP, y en el peor de los casos, debería haber intimado a MHSA a que presente el volante electrónico de pago, ya que el dinero ingreso al estado pero no se podía imputar.-
El principio de informalismo a favor del administrado debe ser aplicado en casos como este, en el cual, queda en claro que MHSA en todo momento cumplió con la aduana.” (sic).
En esa linea, arguyó que el principio del informalismo a favor del administrado es uno de los aspectos fundamentales del procedimiento. Consiste en la dispensa a los administrados de cumplir con las formas no esenciales.
Estimó que no se le puede imponer a su mandante una sanción por no haber acompañado un VEP siendo que si acompañó el comprobante de pago del mismo.
Luego, siguió con el analisis del expediente administrativo e indicó que la “Sección Sumarios” tuvo el expediente en su poder cuatro años sin siquiera emitir una resolución, es por ello que su mandante consideró que ese expediente estaba terminado, ya que había abonado en tiempo y forma y habiendo solicitado la extinción de la acción penal.
Sostuvo que la resolución emitida extemporalmente por la aduana, el día 06/09/2019 y que fue notificada a su mandante el día 30/09/2019, era errónea desde todo punto de vista.
En primer lugar, porque la aduana emitió cuatro años después de que su mandante presentó el escrito con el comprobante de pago y en segundo lugar porque no le solicitó a la administración que haga un débito de la Subcuenta María, sino por el contrario, utilizó otro medio de pago de la multa, abonando mediante la generación y el pago de un volante electrónico de pago, lo que se condecía con lo manifestado por la “Sección Económica y Financiera” de la Aduana.
A su vez, esgrimió que el único argumento por el que se está condenando a su mandante, es porque nunca se le ha dado la posibilidad de defenderse, ya que discutiendo ante la aduana (siendo ésta juez y parte) nunca se va a obtener un fallo conforme a derecho, por lo que se ha solicitado la revisión por algún juez/tribunal que sea imparcial y que devuelva el reinado de la justicia.
Citó doctrina y jurisprudencia a modo de respaldo de sus argumentos.
Finalmente concluyó esa idea señalando que se han violado todos los derechos y garantías constitucionales en contra de su mandante.
En tercer lugar, indicó que “[…] Sin perjuicio de que el TFN en su decisorio determinó que las actuaciones debían remitirse el expediente a la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y no reencuadró tales dentro del recurso jerárquico, mi mandante desde ya se opone a tal decisión, que no haría mas que seguir violando sus derechos. ” (sic).
Luego de referirse al punto anterior manifestó que se observó una presunta infracción cometida el día 06/07/2011 y que la aduana dictó la resolución definitiva el día 26/11/2019 y la notificó 30/01/2020.
De acuerdo a ello, alegó que su mandante no puede volver a confiar en la administración.
Así, por todo lo manifestado, sostuvo que se opone tajantemente a que se reencuadren las actuaciones como recurso jerárquico “menor” previsto en los arts. 89, 90 y 93 del decreto reglamentario de la ley nacional de procedimientos administrativos. Por otra parte, acompañó como prueba documental la sentencia dictada por ante el TFN el 21/09/2020 en los autos caratulados “EX2020-13476724-APN-SGASAD#TFN (MANNOR HAUSE SA)” en el cual se condenó a su mandante con el registró de un antecedente por un hecho idéntico al caso.
Dicha presentación no fue replicada por el Fisco Nacional (v. fs. 332 - nota de elevación del DEO: 3906410 -Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 20/10/2021).
Con fecha 23/04/2025 emitió su dictamen el señor Fiscal de Cámara III.- Que, de manera inicial, cabe señalar que, del análisis de las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación y el expediente administrativo SIGEA 15163-232-2012 anexado, se puede observar que:
- La firma actora con fecha 26/02/2020, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación en los términos del art. 1.132 y cc. del Código Aduanero, contra la resolución DE-PRLA 7973/2015 dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de Mendoza con fecha 26/11/2019 y que le fue notificada el 1/02/2020, solicitando que sea revocada.
- De la documental anexada a dicho recurso surge copia del expediente SIGEA 15163-232-2012, en el cual se labró un acta a la firma actora (1245/11) por un arribo de un transporte a ella vinculado, al ACI de Uspallata (Mendoza) fuera del plazo otorgado en el campo 40 del MIC/DTA que ampara la operación. Como consecuencia de ello, el 3/12/2014 el Administrador de la Aduana de Mendoza a través de la resolución n° 1150/2014/5 (AD MEND) instruyó sumario contencioso (art. 1.019, inc. c], C.A.) contra Mannor House SA por la infracción prevista y penada por el art. 995 del Código Aduanero. Dicho sumario, concluyó, con el dictado Resolución Fallo 436/2019 (AD MEND) de fecha 26/11/2019 mediante la cual se resolvió condenar a la firma actora con registro de antecedente infraccional por haber abonado el importe correspondiente a la multa mínima establecida fuera del plazo legal dispuesto por el art. 1.011 del Código Adunero.
- Con fecha 26 de febrero de 2020 en el marco de las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación el representante de la firma actora aclaró que con fecha 20/02/2020 había presentado un recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación que tramita bajo el número “EX-2020- 12040340- -APN-SGASAD#TFN” y que por cuestiones de economía procesal solicitó que se vincularan los expedientes Nros. “EX-2020- 12040340- -APN-SGASAD#TFN” y “EX-2020-12686141- -APN- SGASAD#TFN”.
- Finalmente, por sentencia del 16/10/2020 la Sala “E”
del Tribunal Fiscal de la Nación se declaró incompetente, en razón del monto, y rechazó in limine el recurso de apelación intentado por la firma actora contra la Resolución “DE-PRLA-7973/15”, dictada en el expediente SIGEA N° 15163-232-2012.
IV. Que de lo expuesto, se desprende que, en el escrito recursivo presentado ante el Tribunal Fiscal de la Nación con fecha 26/02/2020, la actora hace referencia a una supuesta resolución identificada como "DE-PRLA 7973/2015" dictada —según surge de sus dichos— por la Aduana de Buenos Aires. Dicha resolución no obra ni en el expediente administrativo acompañado ni en las actuaciones judiciales. Tampoco hay constancia de que haya sido dictada en el marco del expediente SIGEA N° 15163-232-2012.
En efecto, cabe destacar que, el expediente administrativo indicado contiene el sumario administrativo que culminó con el dictado de la resolución 436/2019 (AD MEND) del 26/11/2019, notificada a la firma actora con fecha 30/01/2020.
Esta falta de identificación precisa del acto administrativo impugnado, sumada a la incongruencia entre lo consignado por la parte actora y los antecedentes administrativos acompañados, impide conocer con certeza el objeto del recurso y, por ende, la validez de la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación. No sólo no hay una resolución DE-PRLA 7973/2015 en el expediente, sino que la que efectivamente obra en el legajo es la Resolución N° 436/2019 (AD MEND) de la Aduana de Mendoza, sobre la cual no se expidió el Tribunal Fiscal en su decisión. En consencuencia, corresponde declarar la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación por falta de adecuación entre el objeto impugnado y el objeto resuelto, lo que configura una violación al principio de congruencia procesal, por lo que corresponde descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido. En consecuencia, vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo.
V. Que, en atención al modo en que se resuelve y las particularidades que se desprenden de los considerandos precedentes, las costas de esta instancia judicial se distribuyen por su orden (conf. artículo 68, segundo párrafo del CPCCN).
Por lo expuesto, habiendo dictaminado por el Sr. Fiscal General, el Tribunal RESUELVE: 1°) declarar la nulidad del pronunciamiento apelado. En consecuencia, vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo, y 2°) distribuir las costas de esta instancia en el orden causado (conf. artículo 68, segundo párrafo del CPCCN).
Regístrese, notifíquese a las partes y al señor Fiscal general de Cámara, gírense las actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación, a sus efectos.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia