Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 42.025-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros.159/2014, 160/14 y 151/15, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Manos del Delta S.A., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la etapa cumplida y el resultado obtenido, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 en las sumas de:
A. $49.814 por la representación procesal y $124.604 por el patrocinio letrado por las tareas desarrolladas en el Expediente N° 42.025-I.
B. $49.262 por la representación procesal y $75.789 por el patrocinio letrado, por las tareas desarrolladas en el Expediente N° 42.028-I.
C. $49.262 por la representación procesal y $75.789 por el patrocinio letrado, por las tareas desarrolladas en el Expediente N° 44.816-I.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-141877837-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Diciembre de 2025 Delta S.R.L.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 42.025-I (y sus acumulados Nros. 42.028-I y 44.816-I) caratulado “Manos del Delta S.R.L. s/ recurso de apelación”
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Manos del Delta S.R.L. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas en la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Bahía Blanca de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos:
a. la Resolución N°159/2014, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias por los periodos fiscales 2008 y 2009, y se la intimó a ingresar la suma total de $261.096,07, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Además, se le aplicó una multa por defraudación de $783.288,21 (art. 46, ley)
b. la Resolución N°160/2014, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 1/2008 al 2/2010 y se la intimó a ingresar la suma total de $1.091.696,2, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Además, allí se le aplicó una multa por defraudación por los periodos 1/2010 y 2/2010 de $326.961,57 (art. 46, ley) y se hizo reserva de juzgar la conducta infraccional de sus responsables por las obligaciones de los períodos fiscales 2008 y 2009, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
c. la Resolución N°151/2015, en la que se le aplicó una multa de $786.167,21 por omisión en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los periodos fiscales 2/2008 a 12/2009 (art. 45, ley).
En sus presentaciones ante este Tribunal, explica que su actividad principal es la prestación de servicios y venta de muebles, con domicilio fiscal en la Ciudad de Buenos Aires, y que tiene actividades también en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Santa Rosa y Neuquén.
Plantea, en primer lugar, la nulidad de la Resoluciones Nros. 159/2014 y 160/2014, por haberse dictado por funcionario incompetente, en incumplimiento a lo dispuesto en los arts. 2 y 3 de la Disposición N° 666/2003 -prórroga de jurisdicción- ya que su domicilio fiscal está en la Ciudad de Buenos Aires, primero en la Agencia N° 10, luego cambiado a la N° 50, el que nunca fue impugnado. Sostiene que no hay argumento para fiscalizar a una empresa correspondiente a otra jurisdicción, ya que el domicilio fiscal determina la competencia jurisdiccional del Fisco Nacional. En cuanto a la cuestión de fondo, alega que el juez administrativo determinó de oficio ventas sin declarar a partir de las acreditaciones en cuentas bancarias en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en el BBVA y mediante tarjetas de crédito y débito –FAVACARD, VISA, NUEVA CARD Y FIRST DATA- que pertenecían a otras personas, no a Manos del Delta S.R.L.
Detalla que se tomaron como ingresos gravados propios los montos operados en dichas entidades a nombre de Sres. Gerardo Germán Pereyra y Gustavo Martin Mancinella solamente porque ante la fiscalización dichas personas dijeron que eran empleados de Manos del Delta S.R.L. y que en sus cuentas se depositaban los ingresos y las tarjetas rendían las liquidaciones de dicha firma.
Entonces, sostiene que el organismo fiscal se basó en información parcial. Agrega que el Sr. Pereyra dijo en forma verbal que no era el titular real de las ventas originadas en las tarjetas de crédito ni los ingresos en la cuenta bancaria de su titularidad en el Banco Provincia. Consideró así que la postura fiscal es “infantil” por “creerles a ciertos contribuyentes para no creerles a otros”. Agrega que en vez de profundizar la fiscalización a quienes eran los titulares de las cuentas bancarias y tarjetas, simplemente por los dichos de los titulares de las cuentas, determinaron los impuestos a Manos del Delta S.R.L.
Menciona en este sentido que el domicilio del Sr. Pereyra era en la calle Sarmiento 977, ciudad de Bahía Blanca, que es el domicilio que se consigna en las liquidaciones de las tarjetas de crédito y de la entidad bancaria Banco Provincia de Buenos Aires.
Continúa explicando que el Sr. Pereyra no era solamente un empleado, sino que era monotributista desde el período 4/2005, lo que condice con su alta como titular de un comercio para operar con tarjetas de crédito. A su vez, dicha persona prestaba servicios de flete para clientes particulares según surge del acta testimonial en sede administrativa, y estaba realizando fletes para la firma AP4 S.R.L., firma a la que Manos del Delta S.R.L. le transfirió el fondo de comercio.
Destaca que si bien la fiscalización impulsó la responsabilidad solidaria de los Sres. Mancinella y De Carolis, no hizo lo mismo con AP4 S.R.L. y con el Sr. Pereyra.
Por otro lado, agrega que respecto del camión dominio BOL 217, se incorporó un acta confeccionada en la instancia administrativa en otra fiscalización a una firma supuestamente relacionada con Manos del Delta S.R.L. -Pampa Muebles S.R.L.-. Explicó que el acta se realizó en el domicilio de la empresa Forestal Cacuatí S.R.L., supuestamente continuadora de Manos del Delta S.R.L., y allí fue donde se observaron dos camiones.
Por esto señala que el Sr. Pereyra era más que un empleado de Manos del Delta S.R.L., ya que continuó trabajando con el Sr. De Carolis en la empresa continuadora, no como titular de cuentas sino como titular de la empresa que facturaba los fletes para AP4 S.R.L., y la que según lo manifestado por la fiscalización es la empresa que compró Manos del Delta S.R.L.
Sostiene así que el camión era de propiedad del Sr. Pereyra, no de Manos del Delta S.R.L.
Agrega que el Fisco Nacional descalificó la prueba pericial contable rendida en sede administrativa con datos que no tienen relación con la realidad que muestra el expediente administrativo.
Invoca que nada se dijo respecto a los contratos con las tarjetas de crédito, prueba que no fue incorporada al expediente porque no se solicitó y que podía demostrar que el titular era un inscripto al régimen del monotributo, ni tampoco se le requirió al Banco Provincia de Buenos Aires que informara las personas que retiraban dinero en efectivo de las cuentas. Agrega que la fiscalización tampoco solicitó copias de los contratos de apertura de cuentas con las tarjetas ni de los cupones de venta liquidados para verificar que dichas ventas eran efectuadas por Manos del Delta S.R.L. Entiende así que, según lo sostenido por la fiscalización, no se pudo determinar si las ventas efectuadas mediante el sistema de tarjetas de crédito se corresponden a ventas de muebles o actividades de Manos del Delta S.R.L., y no a ventas de otras empresas relacionadas o al mismo titular Pereyra, o a Mancinella o De Carolis, o a Diego López, o a Celia Maldonado, o a Mariana Mazza, o a Pablo Dambolena.
Además, respecto de la determinación practicada en el impuesto a las ganancias se agravia de:
1. Que se aplicó en el periodo fiscal 2008 un margen bruto de ganancia de 35% y en el ejercicio fiscal 2009 uno de 26%, siendo que la actividad que desarrolló fue la misma en los dos años. Por ello, solicita que se aplique el mismo margen -de 26%- para ambos periodos.
2. Que en el periodo fiscal 2009 es erróneo el monto de facturación con tarjetas de crédito-débito de $1.613.053,04, dado que si se solicitó información a las empresas proveedoras del servicio, se debió haber consignado el monto informado por éstas.
3. No se computó el gasto de comisiones por la gestión de liquidación de las tarjetas de crédito/débito, ni las comisiones bancarias y el impuesto a los débitos y créditos contenido en los extractos bancarios del Banco La Pampa. Respecto al impuesto al valor agregado, sostuvo que correspondía el cómputo del crédito fiscal en cabeza de Manos del Delta S.R.L. aun cuando los comprobantes estaban a nombre de otras personas por ser el verdadero titular de las operaciones y que debía computarse también el crédito de operaciones que no fueron consideradas -1) Grainco S.A. (alquileres), 2) Coto Pinturerías Bahía Blanca, 3) Expreso Naposta S.R.L., 4) Enchapadora Delta S.R.L., 5) EDES S.A. (energía eléctrica), 6) Telefónica de Argentina (teléfono), 7) Equilum S.R.L., 8) Madergold. S.A., 9) Fortime S.R.L., 10) Fabricamas, 11) Centro del Color S.R.L., 12) La Morocha S.A. y 13) José Luis Marconetto (alquileres)-. Solicita para ello que se efectúe la medida de compulsa por parte del organismo fiscal de las operaciones desarrolladas con las empresas citadas.
Agrega que el alquiler facturado por la firma Grainco S.A. es un local comercial en un shopping de Bahía Blanca, pero la fiscalización nunca se acercó al local a solicitar información. Es así que, entiende que todo fue una “vendetta” contra Manos del Delta S.R.L.
Por todo lo expuesto, solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones o, en su caso, que se reliquiden los montos determinados en ellas.
En cuanto a las sanciones de defraudación aplicadas en las Resoluciones Nros. 159/2014 y 160/2014 sostiene que no hay indicio alguno de la evasión que se le imputa y que tratándose de un ajuste sobre base presunta, el mismo no resulta válido para tener por configurada una infracción atento a la falta de certeza, por lo que resultaba improcedente presumir el dolo en su conducta.
En cuanto a la sanción de omisión aplicada en la Resolución N° 151/2015, invoca como único agravio la incompetencia del juez administrativo. Para ello, explica que Manos del Delta S.R.L. estaba inscripta bajo la jurisdicción de la Dirección Regional Microcentro, pero la Dirección Regional Bahía Blanca mediante resolución fundada, se arrogó facultades y competencias que no tenía para aplicar la multa.
Por ello, entiende errónea la aplicación de la Disposición N° 666/2003 mediante la cual se autoriza a los jueces administrativos delegados a intervenir de manera excepcional, fuera del ámbito territorial de las dependencias a su cargo en el procedimiento de determinación de oficio en supuestos.
Aporta prueba documental, ofrece la producción de prueba informativa, y solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones, con costas.
II. Por su parte, a fs. 92/112, 202/220 y 282/290, el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos, solicitando que se confirmen las Resoluciones, también con costas.
Respecto a las nulidades planteadas por incompetencia sostuvo que la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Bahía Blanca de la AFIP era competente para dictar las Resoluciones conforme a la Disposición N° 666/2003.
Es así que tal como surge de la Disposición en su art. a), los jueces administrativos sustitutos podrán tener atribuciones inherentes a la calidad de juez administrativo en el ámbito territorial en que deba ejercerse, como es en el caso aquí analizado.
En cuanto a la cuestión de fondo, alega que con la documentación acompañada por las entidades financieras respecto a los Sres. López y Rodríguez, pudo observar que carecían de autorización para utilizar la única cuenta a nombre de Manos del Delta S.R.L. y que tampoco poseían cuentas propias. Se constató otra cuenta a nombre de Gerardo Germán Pereyra quien manifestó que era para depositar fondos a nombre de Manos del Delta S.R.L.
A su vez, el Banco Provincia de La Pampa informó que la cuenta a nombre de la recurrente tenía como autorizados a los Sres. Mancinella y De Carolis, los que informaron ser empleados.
De los requerimientos cursados a ambos empleados, el Sr. Mancinella informó que en las cuentas operaba Manos del Delta S.R.L. y que no poseía ninguna documentación. El Sr. De Carolis no pudo ser localizado en el domicilio declarado. Por otro lado, respecto al Sr. Facundo Rodríguez -socio de la empresa-, tampoco pudo ser localizado en su domicilio. Destaca que Manos del Delta S.R.L. estaba relacionada con la empresa Pampa Muebles S.R.L., ambas con los mismos socios y apoderados.
Ante la falta de información procedieron al análisis de la información en la base de datos del organismo. Pudieron observar que para el año 2008 que el importe de las ventas y el débito fiscal declarado resultaron superiores a las ventas informadas por las entidades emisoras de tarjetas de crédito-debito, por lo que no hicieron ajuste.
En cuanto al ajuste en el débito fiscal declarado para el periodo fiscal 2009 y 1 y 2/2010 se comparó entre las ventas más los débitos fiscales declarados que resultaron inferiores con el total de las ventas informadas por las empresas emisoras de tarjetas y a las acreditaciones bancarias depuradas.
Además se impugnó el crédito fiscal de los periodos fiscales 1/2008 a 2/2010 ante la falta de documentación que respaldara los importes de las declaraciones juradas presentadas. Por esto procedió a computar el crédito fiscal que le fuera debitado en los resúmenes de la cuenta corriente de la que era titular.
Agrega que las retenciones y percepciones fueron computadas conforme la información obrante en el sistema del organismo.
Resalta que el total de las operaciones informadas por las entidades emisoras de tarjetas de crédito-débito se le detrajeron las exteriorizadas en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y con el fin de establecer la diferencia por base presunta se consideraron los depósitos bancarios debidamente disminuidos de los montos provenientes de las liquidaciones de tarjetas conforme lo informado por terceros, por ello no se encuentra duplicado ningún importe en el impuesto al valor agregado como sostiene la recurrente.
Sostiene que la falta de depuración de las cuentas bancarias, y agrega que efectuaba extracciones en efectivo de algunas de las cuentas bancarias que eran depositadas en otras. Se agravia de que no se depuraron las acreditaciones bancarias por aportes de los socios, ni de movimientos bancarios entre las mismas, ni por los montos no provenientes de las ventas, aunque no aporta documentación.
Tampoco aportó prueba de los dichos en cuanto se tuvo en cuenta la totalidad de las acreditaciones bancarias de cuentas de un empleado y de un apoderado, sin realizar depuraciones, agravio del que tampoco aportó prueba, que contrarié lo manifestado por Mancinella y Peralta -empleado-, quienes manifestaron que la cuenta bancaria se utilizaba para operaciones de Manos del Delta S.R.L., lo que tampoco fue demostrado.
Por otro lado, sostuvo que no se computaron créditos fiscales por compras de materias primas o servicios, de los que tampoco aportó prueba que los demostraran.
III. A fs. 225 y 313 se decidió por Tribunal en Pleno acumular el Expediente N° 42.028-I al N° 42.025-I y el 44.816-I a este último.
A fs. 237/238 por sentencia de esta Sala se resolvió rechazar el planteo de incompetencia del juez administrativo en el dictado de las Resoluciones N° 159/2014 y N° 160/2014, con costas, y a fs. 242 se regularon los honorarios profesionales. A fs. 245 se rechaza la prueba informativa ofrecida en los Expedientes Nros. 42.025-I y 42.028-I por improcedente y a fs. 324 se elevan los autos a la Sala. A fs. 329 quedan en estado de dictarse la sentencia.
IV. Corresponde resolver sobre la validez y legitimidad de las Resoluciones Nros. 159/2014, 160/2014 y 151/2015 a partir de los agravios y pruebas conducentes para adoptar la decisión.
Para ello cabe tener en cuenta que la empresa, cuya actividad es la venta de muebles en sucursales en diferentes ciudades del país, se agravia que el juez administrativo le atribuya ingresos y ventas omitidas, tanto en el impuesto a las ganancias como en el impuesto al valor agregado, respectivamente, respecto de las acreditaciones y liquidaciones de tarjetas de crédito y de débito en las cuentas de los Sres. Gerardo Germán Pereyra y Gustavo Martín Mancinella. Ello, a partir de las manifestaciones de dichas personas que ante la fiscalización reconocieron que eran empleados de Manos del Delta S.R.L. y que los importes acreditados en sus cuentas correspondían a operaciones de dicha firma.
La fiscalización fue iniciada porque al organismo fiscal le llamó la atención que los socios de la empresa no tenían cuentas bancarias, ni tampoco tenían autorización para intervenir en las cuentas de Manos del Delta S.R.L., autorización que sí tenían dos personas que contaban con un poder.
Toda vez que dicha empresa no contestó los requerimientos de documentación e información, los ajustes fueron practicados con elementos recabados por la fiscalización, en particular la información obtenida de las empresas de tarjetas y por las acreditaciones bancarias que fueron depuradas (sobre base cierta), y a partir de la presunción del art. 18, primer párrafo, de la ley 11.683 por la diferencia que no pudo justificar.
Correspondía a Manos del Delta S.R.L. probar en contrario, tanto respecto de las mayores ventas e ingresos atribuidos, como los créditos fiscales del impuesto al valor agregado que pretendió computar, cuya documentación de respaldo no exhibió.
En sede administrativa se produjo una prueba pericial contable, así como también se dispusieron medidas para mejor proveer cuyo objetivo era depurar los montos acreditados en las cuentas y, principalmente, determinar los créditos fiscales computables a partir de los registros contables, los comprobantes y la documentación en poder de la empresa, toda vez que, en subsidio solicitó que se detraigan de la liquidación (conf. Res. N° 17/2014, fs. 1494/1522).
De los Considerandos de las Resoluciones surge que la medida para mejor proveer no pudo ser cumplida en su totalidad ya que la empresa informó que no tenía ninguna documentación.
Sí, en cambio, fue producida la prueba pericial contable. Allí el experto designado por Manos del Delta S.R.L. informa que no hay elementos para atribuirle las ventas acreditadas a los Sres. Pereyra y Mancinella.
Si bien alega que el juez administrativo confunde cotitular con cofirmante, no explica por qué las rendiciones eran en las cuentas de dichas personas, empleados en nómina de la empresa, máxime cuando las liquidaciones que adjunta como prueba documental de Cabal, Favacar y Visa aparece el nombre de la empresa con la dirección en el local de la calle Sarmiento 997 de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, dando clara cuenta correspondían a la operatoria de la mueblería Manos del Delta S.A.
Ello, sumado a los reconocimientos de los sus propios empleados cuando fueron fiscalizados.
A fs. 1333 de las actuaciones administrativas obra el acta labrada al Sr. Pereyra en la que indica que las acreditaciones son de Manos del Delta S.A. y a fs. 327 la del Sr. Mancinella en el mismo sentido. No se encuentra discutido la relación laboral de ambas personas con Manos del Delta S.A.
Ninguna de las alegaciones de la recurrente en relación a la situación personal o fiscal de dichas personas permiten justificar en el sistema diseñado para que el cobro de las operaciones comerciales de Manos del Delta S.R.L., por qué intervinieron sus empleados y en el caso de Mancinella, apoderado también.
En definitiva, no explica el apoderado de Manos del Delta S.A. por qué los montos de las ventas no se acreditaban en sus propias cuentas, lo que es propio de cualquier actividad comercial.
Ello, sumado a la documentación emitidas por las tarjetas emisoras y las entidades bancarias en la que se identifica expresamente a Manos del Delta como la explotación comercial que motiva las liquidaciones deja, de nuevo, sin sustento sus defensas en cuanto a la titularidad de las acreditaciones.
Lo antedicho, por sí solo es suficiente para confirmar las determinaciones tanto respecto de los mayores ingresos como débitos fiscales en el período fiscal 2009 y enero y febrero de 2010, que se atribuyen a la recurrente. Más aún cuando no ofreció prueba alguna ante este Tribunal para refutarlo, es decir, no se esforzó por validar las conclusiones de la prueba pericial contable rendida en sede administrativa, ni suplir la omisión de aportar documentación en el procedimiento de la medida para mejor proveer sustanciada allí también.
En cuanto a la liquidación de las obligaciones en el impuesto a las ganancias, el juez administrativo descontó los montos de las retenciones, el impuesto sobre los ingresos brutos, los sueldos y las tasas municipales, sin que se advierta entonces error en la misma, ni tampoco se han ofrecido pruebas concretas para considerar que la liquidación tiene errores. Respecto de los créditos fiscales computados en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado en todos los períodos fiscales que fueron impugnados por falta de comprobantes de respaldo a nombre de Manos del Delta S.A., deben ser confirmados por ausencia de prueba sobre su existencia, mientras que el juez administrativo computó el surgido de las liquidaciones de las tarjetas de crédito por las ventas que se le atribuyen, por lo que no existe en este punto objeciones a la liquidación practicada.
Ello, sin perjuicio de la contradicción en la que incurre Manos del Delta S.A. ya que por un lado desconoce las ventas y por otro pide que se computen costos que presuponen su previa existencia y titularidad. Si bien en la instancia administrativa previa solicitó que se compulsaran a las empresas con las que operó, no aportó documentación en el procedimiento de la medida para mejor proveer que tenía precisamente dicho propósito. Los créditos fiscales que pretende, entonces, no fueron probados en dicha instancia y no es este Tribunal la instancia indicada para que el organismo fiscal realice dicha verificación.
Queda decir, respecto de la liquidación del impuesto a las ganancias, que el juez administrativo aplicó un margen de utilidad bruta de acuerdo a las empresas del mismo rubro obrante en la Dirección Regional Bahía Blanca. El único agravio que al respecto formula Manos del Delta S.R.L. es que se aplique el mismo para ambos períodos, pero no tiene sustento más que en sus meras afirmaciones, sin sustento probatorio que permita hacer la asimilación entre ambos períodos.
Por lo expuesto, deben confirmarse las Resoluciones Nros. 159/14 y 160/14 en todas sus partes, con costas. Por último, corresponde referirse a las sanciones aplicadas en las Resoluciones recurridas.
Respecto de la multa de omisión notificada en la Resolución N° 151/2015, se advierte que el único agravio que se formula es incompetencia del juez administrativo que ya fue resuelto en la sentencia obrante a fs. 237/238, a cuyos fundamentos debe remitirse.
Sobre las sanciones de defraudación aplicadas en las Resoluciones Nros. 159/2014 y 160/2014, las consideraciones ya realizadas dan clara cuenta que las infracciones fueron cometidas ya que las declaraciones juradas de ambos gravámenes fueron presentadas en forma inexacta, sin declarar ventas e ingresos, y computándose créditos fiscales sin respaldo documental, lo que a las claras configura el elemento subjetivo del art. 46 de la ley 11.683.
Cabe recordar el criterio en esta materia, tal lo que la Cámara pusiera de manifiesto al fallar en “Desartex S.A.”, del 18 de julio de 2019, es que “… la figura de la defraudación -tipificada en el artículo 46 de la Ley Nº 11.683- requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Ello, en la medida en que no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error en la víctima de defraudación (in rebus “Carlos Romero Hijos y Cía. S.A.”, del 02/05/05 y “Sacks, Santiago (TF 20.669-I) c/ DGI”, del 15/09/10)”.
En el caso, resulta indudable la maniobra adoptada por Manos del Delta S.A. al valerse de terceras personas, empleados además, para canalizar ventas y sustraerlas de su propia obligación de tributar, maniobra que hubiera pasado desapercibida sin la investigación fiscal.
Por ello, corresponde confirmar las sanciones aplicadas en las Resoluciones recurridas, también con costas. El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
En atención al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones Nros.159/2014, 160/14 y 151/15, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Manos del Delta S.A., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la etapa cumplida y el resultado obtenido, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 en las sumas de:
a. $49.814 por la representación procesal y $124.604 por el patrocinio letrado por las tareas desarrolladas en el Expediente N° 42.025-I.
b. $49.262 por la representación procesal y $75.789 por el patrocinio letrado, por las tareas desarrolladas en el Expediente N° 42.028-I.
c. $49.262 por la representación procesal y $75.789 por el patrocinio letrado, por las tareas desarrolladas en el Expediente N° 44.816-I.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese.
Date: 2025.12.22 17:23:59 -03:00 Date: 2025.12.22 17:25:03 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.23 09:55:19 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.23 09:55:20 -03:00
Fin de la sentencia