Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-13650-NE1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada el 2-3-2026 y confirmar la sentencia dictada el 19-2-2026 en cuanto fue materia de apelación. Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (art. 51 inc, 1°, parte del C.C.A.).
2Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en las causas C-13650-NE1E "MANQUEO MARTIN JEREMIAS c. MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA S. PROC. SUMARIO CONTRA SANCIONES EN MAT. DE EMPLEO PUBLICO" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Mora y Ucín.
I. Con fecha 19-2-2026 el Titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Necochea hizo lugar a la demanda iniciada por Martín Jeremías Manqueo y decretó la nuilidad de la Resolución N° 502/23 dictada por la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Necochea y del Decreto N° 1389/23 dictado por el Intendente Municipal de Necochea, ordenando, en consecuencia, el reconocimiento y retribución de los haberes dejados de percibir con más sus intereses, conforme lo dispuesto precedentemente 0.(arts. 50 inc.7 y 77 del C.P.C.A. y 166 de la Constitución de la Pcia. Bs. As.). Impuso las costas del proceso a cargo de la demandada vencida (art.51 inc.1 del C.P.C.C.) y difirió la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.
II. Declarada mediante auto de Presidencia de fecha 5-6-2026 la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto electrónicamente por la parte demandada el 2-3-2026 -replicado el 9-4-2026 por la actora- y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. El a quo dictó sentencia en los términos indicados en el apartado "I." de los Antecedentes.
1.1. Recordó que el actor articuló demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Necochea con el objeto de obtener la nulidad de la Resolución N° 502/23 y del Decreto N° 1389/23, así como de los arts. 118 y 121 del Convenio Colectivo de Trabajo n° 25/17 y que, como consecuencia de ello, solicitó que se eliminara de su legajo personal la sanción disciplinaria impuesta y se le reconocieran y abonaran los salarios dejados de percibir durante los diez días de suspensión sin goce de haberes decidida. Sustentó su pretensión, esencialmente, en la vulneración de su derecho de defensa en tanto, según afirmó, la sanción había sido aplicada sin brindarle previamente la posibilidad de efectuar un descargo ni de ofrecer prueba respecto de los hechos que le habían sido imputados.
1.2. En tal contexto pretensional, el magistrado entendió que la cuestión a decidir consistía en determinar si resultaba o no legítima la sanción disciplinaria de suspensión por diez días sin goce de haberes aplicada al actor y, en especial, si el procedimiento seguido por la Municipalidad de Necochea había respetado las garantías del debido proceso y del derecho de defensa exigibles aún para aquellas sanciones respecto de las cuales no resultaba necesaria la instrucción de sumario administrativo.
El magistrado señaló, inicialmente, que Manqueo revestía como agente de la Municipalidad de Necochea y prestaba servicios como guardavidas.
Recordó, luego, que los municipios de la Provincia de Buenos Aires se encontraban sometidos a la Ordenanza General N° 267 y que el régimen de vicios y nulidades de los actos administrativos debía examinarse atendiendo a la trascendencia de la irregularidad surgida del contraste entre el régimen jurídico aplicable y el acto administrativo concreto dictado.
Seguidamente, examinó las actuaciones administrativas producidas y tuvo por acreditado que: (i) el 6-2-2023 el jefe de Guardavidas y otro funcionario habían informado a la Dirección de Recursos Humanos que, de acuerdo con los registros de asistencia (fichadas), el actor no registraba entradas y salidas en determinados días; (ii) posteriormente la Secretaría de Gobierno, por Resolución N° 502, había dispuesto su suspensión por diez días con sustento en el art. 118 del CCT 25/17; y (iii) frente a ello, Manqueo había interpuesto recurso jerárquico contra esa decisión, rechazado por decreto del Intendente Municipal N° 1389/23.
Indicó que el núcleo del planteo del accionante radicaba en la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa con anterioridad a la aplicación de la sanción. Precisó que aquel había controvertido los hechos imputados y sostenido que, de habérsele permitido efectuar un descargo, habría podido ofrecer medios probatorios destinados a demostrar su versión de lo acontecido.
A continuación, determinó el régimen jurídico aplicable. Explicó que la ley 14.656 había reconocido a los municipios la potestad de dictar su propio régimen jurídico de empleo municipal y que la Municipalidad de Necochea había ejercido esa facultad mediante la Ordenanza N° 9198, aprobatoria del Convenio Colectivo N° 25.
1.3. Sin embargo, consideró que asistía razón al actor al denunciar la ilegalidad del procedimiento disciplinario. Señaló que, antes del dictado de la resolución sancionatoria, la Administración había omitido comunicarle la imputación para que pudiera formular un descargo, negar los hechos atribuidos y ofrecer los medios probatorios que estimara pertinentes. Destacó que el art. 24 de la ley 14.656 establecía que, aun cuando la sanción no exigiera sumario previo, debía preverse un procedimiento breve que asegurara las garantías del debido proceso.
En ese sentido, sostuvo que el derecho de defensa encontraba tutela en los arts. 15 de la Constitución provincial, 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Añadió que la imposibilidad de conocer previamente los hechos imputados y de ofrecer prueba configuraba una lesión directa de aquella garantía, incompatible con la tutela efectiva y continua en sede administrativa y con el principio de legalidad al que se encontraba sometida la Administración Pública.
Asimismo, examinó el vicio referido a la causa del acto administrativo. Advirtió que la resolución había imputado al actor diversas conductas ocurridas durante enero de 2023, pero que la negligencia en el cumplimiento de sus deberes no había sido acreditada más allá del informe que había dado origen al procedimiento. Consideró trascendente esa circunstancia, pues entendió que, de haber podido ejercer adecuadamente su derecho de defensa, el accionante habría tenido la posibilidad de producir prueba apta para esclarecer la veracidad de los hechos denunciados.
Sobre tales fundamentos, concluyó que correspondía dejar sin efecto la Resolución N° 502/23 dictada por la Secretaría de Gobierno y el Decreto N° 1389/23 dictado por el Intendente Municipal de Necochea, mediante los cuales se había impuesto al actor la sanción de suspensión por diez días, y ordenó la devolución de los haberes dejados de percibir, todo ello dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de quedar firme la sentencia.
1.4. En cuanto a la recomposición patrimonial, sostuvo que debía preservarse el derecho de propiedad del actor conforme la doctrina legal de la Suprema Corte provincial sentada, entre otras, en las causas C. 121.134, "Nidera S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", y B. 60.558, "González, Juan Carlos", en consonancia con lo dispuesto por el art. 772 del Código Civil y Comercial respecto de las obligaciones de valor.
Respecto de los intereses, con sustento en los precedentes de la Suprema Corte provincial C. 120.536, "Vera", y C. 121.134, "Nidera S.A.", dispuso la aplicación de una tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho -16-3-2023- hasta el momento considerado para la evaluación del crédito, que identificó con la firmeza de la liquidación. A partir de allí, estableció que debía aplicarse la tasa de interés que pagara el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, conforme la doctrina de la causa B. 62.488, "Ubertalli".
Finalmente, dejó expresada la coincidencia de la solución adoptada con lo resuelto por ese mismo juzgado en los autos "Diez Joel Jerónimo y otros c/ Municipalidad de Necochea s/ Pretensión Anulatoria", sentencia del 20-9-2023, que había sido confirmada por esta Alzada el 21-8-2025.
2. La demandada recurre la sentencia.
2.1. En primer término, se agravia de la interpretación que el juez efectúa del art. 24 de la ley 14.656. Afirma que dicha norma no resulta supletoria ni contraria al régimen de sanciones directas previsto por el CCT 25/17, puesto que ambos regulan supuestos diferentes. Señala que el fallo considera inválida la suspensión de diez días por no haberse conferido al agente un traslado previo para formular descargo, conclusión que -a su entender- deriva de una interpretación extensiva del art. 24 que no se corresponde ni con su texto ni con la lógica del sistema disciplinario. Explica que la norma distingue entre sanciones superiores a diez días, que requieren sumario administrativo, y sanciones de hasta diez días, respecto de las cuales sólo exige un procedimiento breve que asegure el debido proceso.
Sostiene que ese procedimiento breve se encuentra precisamente regulado por los arts. 118 y 119 del CCT 25/17, que permiten imponer sanciones directas de hasta diez días sin instrucción sumarial, mediante resolución fundada, posterior notificación al trabajador y posibilidad de interponer recursos administrativos. Afirma que la sanción aplicada al actor fue dictada mediante resolución fundada, con indicación de los hechos, debidamente notificada y susceptible de revisión a través de los recursos correspondientes. En ese marco, cuestiona que el a quo exija un traslado previo formal, pues considera que de ese modo desnaturaliza el régimen de sanción directa y lo equipara indebidamente al procedimiento sumarial previsto para faltas de mayor gravedad.
Relacionado con lo anterior, se agravia de que la sentencia considere inexistente una instancia de descargo. Señala que el fallo concluye que la Administración vulneró el derecho de defensa por no haber permitido al actor efectuar un descargo antes del dictado de la sanción, pero sostiene que esa conclusión desconoce tanto las constancias del expediente administrativo como el régimen establecido por los arts. 118 y 119 del CCT 25/17. Refiere que en sede administrativa se dejó expresamente establecido que el mecanismo defensivo previsto consistía en la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico, conforme los arts. 86 y 89 de la Ordenanza General N° 267/80.
Añade que el actor fue notificado de la resolución, conoció los hechos imputados e interpuso efectivamente recurso jerárquico, oportunidad en la cual pudo formular todas las manifestaciones y producir los elementos probatorios que considerara pertinentes. De allí concluye que no existió indefensión material y que la sentencia pone el acento exclusivamente en la ausencia de un descargo previo, sin ponderar que el derecho de defensa fue ejercido en sede recursiva.
También se agravia de la falta de consideración del art. 119 del CCT 25/17. Destaca que dicha norma, que regula específicamente el procedimiento aplicable a las sanciones directas, no es siquiera mencionada en la sentencia. Sostiene que el fallo invalida los actos administrativos por un supuesto vicio procedimental sin analizar la estructura normativa prevista para ese tipo de sanciones y sin que el procedimiento establecido por el art. 119 hubiera sido objeto de impugnación concreta en la demanda. Afirma, por ello, que no podía declararse la invalidez de los actos con fundamento en un vicio del procedimiento que no había sido atacado. Añade que el art. 121 del CCT 25/17, cuestionado por el actor, regula un procedimiento sumarial distinto y, por ello, no resulta aplicable al caso.
En otro orden, se agravia de la inexistencia de un perjuicio concreto que justifique la invalidez decretada. Afirma que el actor sostiene que habría podido formular un descargo previo, pero nunca identifica cuál habría sido su contenido ni acredita de qué manera esa instancia hubiera modificado el resultado del procedimiento. Señala que, aun al ejercer los recursos administrativos, no demuestra la imposibilidad de registrar correctamente sus ingresos y egresos, que hubiera concurrido efectivamente en los horarios consignados ni la existencia de errores en el sistema de control horario.
Agrega que la imputación se sustenta en constancias objetivas del sistema de registración y que la sentencia presume, de manera meramente conjetural, que la existencia de un descargo previo podría haber alterado la decisión. Sostiene que el actor pudo plantear en sede recursiva todo aquello que hubiera podido alegar con anterioridad al dictado de la sanción y que, en materia de nulidades administrativas, rige el principio de trascendencia, de modo que no existe nulidad sin perjuicio efectivo. Concluye que la invalidez se apoya en una hipótesis abstracta y no en una afectación material concretamente demostrada.
2.2. También cuestiona que el eventual defecto procedimental determine automáticamente la anulación de los actos y el reconocimiento de los haberes dejados de percibir. Afirma que, aún si se considerara existente una omisión en el procedimiento, la solución adecuada habría sido retrotraer las actuaciones a fin de subsanarla y preservar la presunción de legitimidad del acto administrativo. Sostiene que la sentencia transforma un eventual defecto formal subsanable en una condena patrimonial directa contra el municipio, sin ponderar el principio de conservación del acto administrativo.
2.3. Finalmente, se agravia del régimen de intereses fijado. Señala que el juez aplica la doctrina elaborada para deudas de valor en los precedentes "Vera" y "Nidera", estableciendo una tasa pura del 6% anual hasta la firmeza de la liquidación y luego una tasa bancaria, pese a que el actor había reclamado expresamente la aplicación de la tasa pasiva BIP del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Sostiene que el fallo excede nuevamente los términos en que quedó trabada la litis, pues introduce de oficio un mecanismo de actualización que no había sido solicitado.
Afirma, además, que los haberes dejados de percibir constituyen una deuda de dinero y no una deuda de valor, pues el objeto de la obligación consiste en una suma dineraria determinada o determinable. Con apoyo en precedentes de esta Cámara, distingue ambas categorías y concluye que resulta improcedente aplicar al crédito reclamado un mecanismo previsto para obligaciones de valor. Por ello, solicita que, en caso de mantenerse la condena, se aplique la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la mora y hasta el efectivo pago.
3. La parte actora brinda réplica al memorial de agravios y solicita su confirmación.
II. El recurso no se estima.
1. Ingresando al tratamiento de los agravios traídos por la Municipalidad de Necochea, verifico -tal como remarcó el juez de grado- que la cuestión sustancial aquí debatida guarda sustancial analogía con la examinada por este Tribunal en la causa "Diez Joel Jerónimo y otros c/ Municipalidad de Necochea s/ Pretensión Anulatoria", sent. de 21-8-2025, cuyas consideraciones resultan plenamente trasladables al presente caso.
En efecto, al igual que en aquel precedente, corresponde examinar si los actos mediante los cuales se impuso al agente una sanción disciplinaria directa fueron dictados en observancia de las garantías del debido proceso y del principio de legalidad.
1.1. La Ley 14.656 establece en su art. 24 que ninguna sanción que importe suspensión mayor de diez días o más severa, puede imponerse sin sumario administrativo previo y aun cuando la sanción no lo exigiere, debe asegurarse un procedimiento breve que garantice el derecho de defensa. Dicha normativa guarda concordancia con jurisprudencia de la Suprema Corte provincial, que, aunque refiriéndose a la derogada ley 11.757 (art. 67), sentó la premisa de que debe garantizarse al destinatario de una medida sancionatoria, un procedimiento breve en resguardo del debido proceso (argto. S.C.B.A, CAUSA B 64669 "Rocha", sent. de 11-4-2018), más allá de que ni la derogada norma ni el actual art. 24 de la ley 14.656 describen un procedimiento específico a transitar como paso previo a la imposición de la sanción.
En el caso, la Resolución N° 502/23 impuso una suspensión sin goce de haberes de diez días, sin haberse dado intervención previa al agente para que efectuara descargo ni ofreciera prueba. Así, el procedimiento seguido por la Municipalidad, limitado a la decisión directa de la autoridad, omitió esa instancia mínima de defensa, lo que configura un vicio sustancial -por ello mismo, grave- que justifica la anulación del procedimiento.
Y si bien la administración, en apoyo a su postura, invocó el CCT 25/17, la interpretación de los arts. 118 y 119 no puede desconocer la preeminencia del marco superior de garantías constitucionales, convencionales y legales vigentes. Así lo prevé expresamente su art. 5 en cuanto establece que "la relación de empleo de los trabajadores dependientes de la Municipalidad de Necochea se regirá en orden creciente de jerarquía por las siguientes normas: a. La Constitución Nacional y las normas provenientes de los Tratados y Convenios a que hace referencia en su Artículo 75 inc. 22; b. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires. c. La ley 14.656; d. Por este Convenio Colectivo y las demás normas que se dicten en su consecuencia; e. Por los Contratos individuales de Trabajo"
Por ello, la previsión de sanciones directas no libera a la autoridad de asegurar un procedimiento, aunque sea breve, que permita al agente conocer la imputación y defenderse. La Administración se encuentra vinculada a la ley y al derecho cuando dicta resoluciones concretas, no obstante que éstas eventualmente tengan su origen en potestades discrecionales. Y el escrutinio judicial de tal actividad no importa la sustitución del criterio de la Administración por el del propio juez, sino que conlleva la constatación de que aquélla se ajustó al ordenamiento jurídico y cumplió con la finalidad perseguida por el legislador al asignarle una facultad de esa naturaleza (S.C.B.A, causa B. 55.958, "Morosi de Ferraro"; B. 61.139, "Credaro").
Y, en contraposición a la postura que enarbola la recurrente, respecto de la posible corrección de vicios graves del procedimiento en sede administrativa o juidicial, en la causa "Caselli", la Suprema Corte Bonaerense adoptó la postura opuesta a la que cita el impugnante ya que la posición mayoritaria de ese Tribunal se inclinó por rechazar de plano la teoría de la subsanación. En la causa aludida se dijo que: "en punto a la posibilidad de subsanar en sede judicial las ilegitimidades del trámite administrativo, para disminuir el factor invalidante de las nulidades acontecidas por vicios en el procedimiento, no es aceptable como regla general de la materia" (causa B 59.986 "Caselli", sent. de 4-9-2000).
1.2. La pretensa devolución del expediente a la Administración para que dicte un nuevo acto resulta improcedente.
El proceder del juez, al anular la Resolución N° 502/23 y el Decreto N° 1289/23, no solo respetó adecuadamente el debido procedimiento administrativo sino que se avino a conductas semejantes evaluadas por este Tribunal en causas en las que, decretada la nulidad del acto sancionatorio se reconoció el derecho del trabajador que había sido vulnerado a través del acto administrativo ilegítimo, ya sea mediante una sanción expulsiva, ordenando su reincorporación (C-10.724-BB1 "Almada", 1-6-2023), ya sea mediante una sanción correctiva, anulando la suspensión (causa C-9884-BB1 "Brugniere", sent. de 3-3-2022).
Por ello, corresponde desestimar el agravio deducido por la accionada.
1.3. Por último, resta tratar el cuestionamiento que la demandada formula contra el modo de cálculo de los haberes establecido en el pronunciamiento de grado. En particular, sostiene que el crédito reconocido constituye una deuda de dinero y no una deuda de valor, por lo que reputa improcedente el criterio de actualidad adoptado por el magistrado y la aplicación de la doctrina de los precedentes "Vera" y "Nidera", postulando, en cambio, la aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la mora y hasta el efectivo pago.
Cabe recordar, que conforme sostuvo esta Alzada en la causa C-15019-BB1E "Sánchez", sent. del 17-3-2026, donde se abordó un agravio análogo al presente, la indemnización derivada de un acto ilegítimo constituye una obligación de valor regida por el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación que particulariza el criterio del "realismo económico", con amplia recepción en la legislación vigente y en la doctrina jurisprudencial imperante (cfr. arg. doct. C.S.J.N. causas "Melgarejo", Fallos: 316:1972; "Segovia", Fallos: 317:836; "Román Benítez", Fallos: 317:989; "Escobar", Fallos: 319:2420).
Por ello, la fijación del quantum con apego a los criterios sentados por el magistrado de grado se ajusta a los principios que informan la reparación bajo pautas de actualidad. La solución propuesta, a su vez, luce coherente con la consolidada línea jurisprudencial que el Supremo Tribunal provincial ha fijado en casos de cesantías ilegítimas (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causas B. 74.138 "Gelvez", sent. del 27-11-2019 -por mayoría-; B. 64.394 "Lazzatti", sent. del 31-08-2021; A. 75.705 "Vallejos", sent. del 22-12-2021), al tiempo que se aviene al renovado temperamento que fluye -en el mismo sentido- del fallo dictado por la Casación provincial en el precedente C. 124.096 "Barrios" (sent. del 17-04-2024), cuyos alcances -en materia indemnizatoria- han sido sopesados e interpretados por esta Alzada en la causa C-4939-BB1 "Tuccio", sent. del 04-04-2024 y posteriores, a cuyos argumentos cabe remitirse por razones de brevedad (C-15019-BB1E "Sánchez", sent. del 17-3-2026).
En consecuencia, corresponde desestimar el agravio y confirmar, también en este aspecto, el pronunciamiento apelado.
III. Si lo expuesto es compartido propongo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada el 2-3-2026 y confirmar la sentencia dictada el 19-2-206 en cuanto fue materia de apelación. Las costas de Alzada deberían imponerse al apelante vencido (art. 51 inc, 1° del C.C.A.).
Con el alcance indicado, voto la cuestión planteada por la negativa .
El señor Juez doctor Ucín , con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a cuestión planteada también por la negativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente :
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada el 2-3-2026 y confirmar la sentencia dictada el 19-2-2026 en cuanto fue materia de apelación. Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (art. 51 inc, 1°, parte del C.C.A.).
2. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente conforme art. 10 del Anexo Único del Acuerdo 4013/21 -t.o. AC. SCBA 4039/21-. Cumplido, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1013-2026
Fin de la sentencia