Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 4 de San Isidro · Causa SI-12735-2023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561.
2Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557.
3Declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 conforme lo resuelto por la SCBA en los autos: L-129800- "MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA s/ACCIDENTE DE TRABAJO ACCIÓN ESPECIAL" .
4Declarar abstracto el tratamiento de los restantes planteos de inconstitucionalidad efectuados en la demanda y el tratamiento de las Resoluciones nros. 1039/19 y 332/23 dictadas por la SRT.
5Hacer lugar a la demanda promovida por CINTIA LILIANA MANQUIAN contra EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA condenando a ésta última a abonar a la parte actora la suma de PESOS UN MILLON DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 0/100 ($1.016.474) por los conceptos detallados al tratar la primera cuestión de esta sentencia.
6Actualizar dicho monto, -desde que el crédito se hizo exigible y hasta la liquidación que se practique por Secretaría, teniendo en cuenta las pautas establecidas-, conforme índice RIPTE; adicionar al capital ajustado un interés puro al 3 % anual.-
7El importe de la condena deberá ser depositado en autos a la orden del Tribunal dentro de los diez días de notificada la presente sentencia.
MANQUIAN CINTIA LILIANA C/ EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 SI-12735-2023
En la ciudad de San Isidro, reunidos el Tribunal del Trabajo Nº 4 de San Isidro, el Dr. CRISTIAN FABIAN MENA, el Dr. ALVARO GARCIA COSSOVICH y el Dr. MARIANO GABRIEL MOLLO, para dictar sentencia (arts. 54, inc. d), 57, 58, 59 y ccdtes. de la ley 15.057, Res. SCBA NRO 1840/24, de acuerdo al siguiente orden de votación: Dres. ALVARO GARCIA COSSOVICH-CRISTIAN FABIAN MENA-MARIANO GABRIEL MOLLO a los efectos de analizar las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (art. 57, inc. 4 de la ley 15.057)
1. ¿Cuáles son los hechos pertinentes que han de ser tenidos por probados en razón de no hallarse controvertidos en autos? (arts. 31, 34, y 89 de la ley 15.057, 354 inc. 1° del C.P.C.C.)
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ GARCIA COSSOVICH DIJO:
Conforme los términos vertidos en los escritos de demanda y contestación, no comprenden el área de debate los siguientes hechos:
a) Que la parte actora prestó servicios en favor y bajo la dependencia de PEDRO LLAURO, revistando aquella la condición de trabajadora y este último la de empleador (arts. 1 y 2 de la ley 26.844), realizando la actora tareas de PERSONAL PARA TAREAS GENERALES.
b) Que entre el empleador de la parte actora y la accionada suscribieron un contrato de afiliación en los términos de la ley 24.557, vigente a la fecha de denuncia de la contingencia.
c) Que el día 09/06/22 la accionada recibió una denuncia de contingencia laboral ocurrida el día 13/05/22 en la cual se vio involucrada la parte actora, realizada en los siguientes términos: "mientras se dirigía de su puesto de trabajo hacia su domicilio y se trasladaba en su bicicleta por la calle Tirso de Molina, siendo aprox. las 16.45 hs, llegando a la calle Alberdi (que la cruza), de la localidad de Tigre, se le abalanza un perro, haciéndola perder el equilibrio, cayendo de su altura, apoyando su pierna izquierda, doblándose fuertemente su rodilla izquierda".
d) Que la accionada aceptó el carácter laboral de la contingencia en los términos del Dec. 1475/15 bajo el N° de Siniestro: 2085436202202116300, brindando prestaciones médico asistenciales hasta el otorgamiento del alta definitiva en fecha 20/07/22, sin incapacidad.
e) Que en fecha 27/09/2022 la parte actora promovió el expediente N°397961/22 ante la CCMM 392 de Pilar por "DIVERGENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE INCAPACIDAD" , allí en fecha 14/12/22 se dicta la DIAPA: "[...] ARTICULO 2°.- Determínese que el/la trabajador/a Sr./a MANQUIAN CINTIA LILIANA (C.U.I.L. N° 27322543609) NO POSEE INCAPACIDAD conforme lo dictaminado por la Comisión Medica N° 392 de la localidad de PILAR, Provincia de Buenos Aires el día 5 de Diciembre del 2022, respecto de la contingencia de fecha 13 de Mayo del 2022, siendo su empleador LLAURO PEDRO (C.U.I.T. N°20272884642), afiliado a EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. al momento de la contingencia".
f) Que la parte actora nació el día 26/12/1985.
2. ¿Quedó acreditado que, como consecuencia de la contingencia padecida el día 13/05/2022, la parte actora sea portadora de una incapacidad laborativa?
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ GARCIA COSSOVICH DIJO:
Obra en la causa, en formato digital, el informe pericial médico (arts. 44, 46 y ccdtes. de la ley 15.057).
La experta, luego de auscultar a la parte actora, analizar los estudios médico complementarios y relatar los antecedentes médico legales, en fecha 25/02/25 concluye:
"[...] Consideraciones Medico Legales:
Tomando en consideración los hechos conocidos según la lectura del expediente, las constancias médicas allí presentes y la revisión del actor junto con los estudios solicitados, concluyo que: MANQUIAN CINTIA, presenta:
Rodilla izquierda, con limitación en la movilidad pasiva, secundaria a secuela de lesión del LCA (6%)
Según la fórmula de Balthazard corregido por factores de ponderación:
Factores de Ponderación: Se debe ponderar:
Dificultad para las tareas habituales: intermedia (8%)
Amerita recalificación: no
Edad: 2 %
Incapacidad total: 6,60% de la T.O.
De origen causal con los hechos relatados en autos y de carácter parcial y permanente . El porcentaje de incapacidad fue tomado de los baremos de la Ley 24557 [...]".
La parte demandada mediante las presentaciones electrónicas de fechas 14/03/25 y 08/05/24 impugna el informe de la galeno.
La experta médica brinda las explicaciones requeridas en fecha 24/04/25 ratificando el informe oportunamente presentado.
Destaco que si bien el informe ha sido objeto de impugnación por la parte demandada, juzgo que el mismo luce veraz, concordante y concluyente, dando razón científica a cada una de sus afirmaciones (art. 54 inc. d) de la ley 15.057).
Los embates formulados a la pericia médica no lograron enervar su valor científico, encontrándose la misma fundada en estudios científicos adecuados y consideraciones propias de su arte, lo que genera en mi convicción judicial el carácter de certeza, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, juzgando que el mismo luce veraz, concordante y concluyente, dando razón científica a cada una de sus afirmaciones (arts. 54 inc. d) y 57 apartados 4 y 5, 89 Ley 15.057 y 474 CPCC).
A mayor abundamiento, la SCBA ha afirmado que: "Los Tribunales del Trabajo, en ejercicio de la potestad jurisdiccional, tienen facultades para evaluar la prueba pericial médica y adecuar las conclusiones periciales a las circunstancias particulares de la causa" (L71538 SCBA S 4-4-2001 caratula "Petrocelli, Eduardo Pedro c/ Somisa s/ Indemnización") , teniendo en cuenta que juzgar el contenido y alcance de la prueba pericial es por regla, tarea privativa de los jueces de la instancia ordinaria (L 33354 SCBA S 26-03-1985 "Monfort Irene c/ Clínica y Maternidad Libertad S.A s/ cobro de dif. indemnizatorias " entre otras).
De esta manera resulta claro que lo decisivo es que la perito médica ha constatado en la actora secuelas denunciadas oportunamente. Habiendo expresado que el daño resulta ser una consecuencia disvaliosa sobreviniente, su evaluación deberá ser efectuada al momento de practicarse el estudio, por cuanto lo que el ordenamiento jurídico repara no son accidentes, sino sus consecuencias lesivas y/o dañosas.
Por ello, en la medida que se produjo un daño físico en la salud de la actora a causa de las dolencias objeto del reclamo de autos, encuentro adecuada la atribución de la causalidad con absoluta independencia de la labilidad o resiliencia del sujeto.
Resultando en consecuencia, estar el informe pericial médico fundado en principios técnicos y científicos correctos, respecto a las secuelas incapacitantes en la actora, de lo cual no surge otra prueba que los desvirtúe, suministrando los antecedentes y explicaciones que justifican la convicción sobre la materia en que se expide, prestando así asesoramiento al órgano jurisdiccional; resulta prudente aceptar tales conclusiones frente a la imposibilidad de la parte que lo impugna, de oponer argumentos científicos de mayor valor, que permitan advertir fehacientemente el error o el uso inadecuado que el perito hubiese hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título ha de suponérselo dotado.
Tiene dicho la SCBA que: "La pericia médica resulta ser el único o al menos más idóneo medio probatorio para establecer la etiología de la dolencia que afecta al trabajador" (SCBA, LP, L. 62.544, S. 23/02/1999, "Reboredo, José c/ Empresa del Oeste S.A. s/ Enfermedad profesional") . En consecuencia, considero que la afección descripta por la perito médica se corresponde con la zona del cuerpo afectada por la dolencia sufrida por el actora -según surge de demanda y expediente administrativo-, las cuales se encuentran vinculadas causalmente con el siniestro objeto de la presente acción de revisión.
Teniendo en cuenta el informe pericial psicológico obrante en autos (presentación electrónica de fecha 18/11/24) la experta concluye:
"[...] CONCLUSION:
La actora presenta un cuadro compatible con una Neurosis Obsesiva -RVAN con Manifestación Depresiva -con incapacidad global (vida)-de 20%.
Es importante entender que la incapacidad resultante incluye un monto considerable vinculado a la historia vital que declara respecto a: comenzar a trabajar desde temprana edad abandonando la escolaridad separación de los padres y precaria situación económica, y casarse en la adolescencia, criar a sus hijos.
El accidente sufrido por la actora con motivo del hecho de autos, intensifica lo vivido, como personalidad previa.
Lo que demostraré a través de las pruebas es que el Nivel moderado de Patología, resultado de las Escalas Clínicas del test de Minnesota, ubican a la actora con buen pronóstico, acompañando un proceso psicoterapéutico.
Por lo expuesto, se considera un 10% de incapacidad psíquica relacionada con la total obrera -secuela Postraumática del accidente de autos , sobre una Incapacidad Global -total-de 20%, incluyendo la personalidad previa.
De acuerdo al Baremo A .R. T. "Las incapacidades psiquiátricas parciales, si existiera mas de un diagnóstico, no será sumatorias, sino que se reconocerá la de mayor incapacidad."
Cabe destacar que estos diagnósticos han sido elaborados en base a datos que se exponen en el dictamen pericial [...]".
Destaco que el informe no ha sido objeto de impugnación por las partes, por ello juzgo que el mismo luce veraz, concordante y concluyente, dando razón científica a cada una de sus afirmaciones (art. 54 inc. d) de la ley 15.057).
Concluyo que la actora padece una incapacidad parcial y permanente que asciende a 16,60% de la t.o.
Consecuentemente, VOTO POR LA AFIRMATIVA, tanto del daño físico y como del daño psicológico.
3. ¿A cuánto asciende el valor del ingreso base mensual de la parte actora en los términos de la ley 27.348?
A LA TERCERA CUESTIÓN EL JUEZ GARCIA COSSOVICH DIJO:
La parte actora denunció un salario, a los fines indicados, que asciende a la suma de pesos $ 36.000 (art. 31 de la ley 15.057).
La parte demandada desconoció tal afirmación (art. 34 de la ley 15.057) pero omitió indicar cuál era el salario de nómina informado por el empleador.
De igual modo, conforme se desprende las contestaciones de oficio electrónicas efectuada por la AFIP -en fechas 07/04/25 y 10/07/25- dicha entidad informa: a) rechazo del oficio oportunamente remitido y b) "[...] se acompaña el detalle de aportes y contribuciones declaradas a favor de MANQUINIAN CINTIA LILIANA, con CUIL Nº 27-32254360-9, en calidad de trabajadora bajo el Régimen de Personal de Casas Particulares, en donde consta los respectivos períodos. Adicionalmente, se remiten las registraciones laborales denunciadas por los distintos empleadores. Es preciso destacar que los empleadores del Régimen de Personal de Casas Particulares no se encuentran obligados a presentar declaraciones juradas, razón por la cual solo se cuenta con el dato retribución/hora, y por ese motivo no resulta posible expedirnos fuera de la información que aquí se proporciona [...]".
Asimismo, por un lado, la accionante acompaña los recibos de sueldo obrantes en su poder (escrito de demanda y presentación de fecha 08/08/25) , resultando los mismos insuficientes para determinar el IBM correspondiente.
Por otro lado, mediante el escrito electrónico de fecha 14/09/26 la parte actora sostiene que: "[...] la imposibilidad informada por ARCA no impide la determinación del ingreso base, toda vez que el régimen aplicable al Personal de Casas Particulares contiene una previsión específica para su establecimiento. En tal sentido, el art. 74 inc. d) del Decreto 467/2014 , reglamentario de la Ley 26.844, establece que, a los fines de determinar el Valor Mensual del Ingreso Base previsto en el art. 12 de la Ley 24.557 respecto del Personal de Casas Particulares, deberá considerarse la remuneración mensual mínima fijada para la categoría correspondiente [...]" . Practicando liquidación del IBM según sus términos.
Ahora bien, frente al desconocimiento efectuado por la parte demandada, me permito analizar las restantes pruebas ofrecidas y producidas en autos.
IBM según demanda: $36.000
IBM según recibos acompañados: $49.335
IBM según liquidación practicada en fecha 14/09/26: $43.199
Por lo expuesto, atento la orfandad probatoria y habiendo la parte demandada incumplido en su carga (art. 375 CPCC), por razones de economía y celeridad procesal (arts. 1 y 12 de la ley 15.057), he de considerar el salario que surge de las copias de los recibos de haberes acompañados por la accionante -inicio de demanda y escrito de fecha 08/08/25- a los fines pertinentes; de modo tal que el VIBM asciende a la suma de pesos $49.335 que propicio considerar como I.B.M (art. 11 de la ley 27.348).
Asimismo, no resulta óbice lo oportunamente ordenado por el Tribunal en la Audiencia para brindar explicaciones llevada a cabo el día 28/08/26 en donde se dispuso un nuevo libramiento de oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que informe los salarios, por cuanto la respuesta será la misma a la ya informada en fecha 10/07/25 teniendo en cuenta el régimen de trabajo de la actora (Casas Particulares) , por ello corresponde dejarla sin efecto (art. 12 ley 15.057).
ASI LO VOTO (art. 54 inc. d) de la ley 15.057)
4. ¿Qué hechos no han quedado debidamente probados en autos?
A LA CUARTA CUESTIÓN EL JUEZ GARCIA COSSOVICH DIJO:
Apreciando la prueba rendida en autos de acuerdo a las reglas de la sana crítica (art. 54 inc. d) de la ley 15.057), tengo por no acreditado que la accionada hubiere abonado a la parte actora los rubros indemnizatorios reclamados.
ASI LO VOTO.
A las mismas cuestiones el Dr. MENA y el Dr. MOLLO ; votaron en el mismo sentido por compartir los fundamentos del Sr. Juez preopinante.
En el entendimiento que, en la actualidad, el relato de los antecedentes de la causa en el pronunciamiento definitivo (art. 57 inc. 3 de la ley 15.057) ha perdido su razón de ser, habida cuenta de que los escritos constitutivos del expediente y la totalidad de los actos procesales consumados en los procesos, obran en formato digital y a ellos puede accederse públicamente merced a la implementación de la Mesa de Entradas Virtual ( https://mev.scba.gov.ar/loguin.asp); permitiendo a terceros ajenos a la litis interiorizarse de los mismos sin la necesidad de concurrir físicamente ante estos Estrados, concluyo, por estos fundamentos, que me encuentro eximido de efectuar su relato in extenso.
En función de ello, y dando cumplimiento a lo dispuesto por el art. 57 inc. 5 de la ley 15.057, se deciden votar las siguientes
1. ¿Es procedente la demanda interpuesta?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ GARCIA COSSOVICH DIJO:
I. ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITÍNERE. INCAPACIDAD PERMANENTE, PARCIAL Y DEFINITIVA (I.P.P.D.). INDEMNIZACION ART. 14 INC. 2 AP. A) LEY 24.557. CONFORME DECRETO 1694/09, LEY 26.773.
La ley 24.557 definió al accidente como el acontecimiento súbito y violento ocurrido con motivo o en ocasión del trabajo. A su vez, la citada norma prevé que el accidente ocurrido en el trayecto desde el domicilio de la persona que trabaja hacia su lugar de prestación de tareas, o viceversa, también será una contingencia prevista por el sistema de la ley de riesgos del trabajo.
En virtud de lo expuesto en el Veredicto, propicio calificar como "in itínere" el accidente padecido por la parte actora (conf. art. 6 ley 24.557).
Precisado el ámbito de imputación de responsabilidad de la demandada (sistémico) y el porcentaje de incapacidad permanente, parcial y definitivo de la actora, cabe estipular la cuantificación de la reparación en base a la fórmula prevista en el art. 14 inc. 2 ap. a) de la ley 24.557, conf. Dec. 1694/2009, ley 26.773 y ley 27.348.
53 x $ 49.335 x 16,60 % x 65/36 = $ 783.700
II. EL INDICADOR ECONÓMICO RIPTE Y LOS "IMPORTES" SOBRE LOS CUALES CORRESPONDE APLICARLO.
Uno de los objetivos de la ley 26.773 es la mejora de las prestaciones dinerarias. A tal efecto, implementó tres mejoras básicas y generales en lo que respecta a las prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo. Ellas son: i. el principio de pago único para todo tipo de prestaciones dinerarias; ii. el ajuste por RIPTE de las prestaciones dinerarias por incapacidades permanentes (arts. 8 y 17.6) y iii. el incremento del 20% para dar cobertura a otros daños "extrapatrimoniales" (art. 3°).
Normativamente, los artículos 8° y 17.6 de la ley 26.773 hablan de que los importes y/o las prestaciones en dinero "se ajustarán" semestralmente y de modo general. Según la exposición de motivos de la reforma, con el RIPTE se prescribe un ajuste general de los importes por incapacidad laboral previstos en las normas de reparación (Exposición de motivos de la ley 26.773 obrante en el proyecto enviado por el PEN al Congreso de la Nación el día 19/10/2012).
De acuerdo a lo sentado por el art. 8 de la ley 26.773 o mediante remisión (art. 2.2 del Dec. 472/2014), se impone que el ajuste que debe realizarse, conforme RIPTE, será exclusivamente sobre los pisos mínimos que integran el régimen de reparación y las compensaciones adicionales de pago único.
Por ello no puedo sino concluir que tanto el Decreto 472/2014 y las Resoluciones dictadas por la Secretaría de Seguridad Social de la Nación entienden el texto de los artículos 8° y 17, apartado 6 de la ley 26.773 como dirigido exclusivamente a ajustar semestralmente -conforme RIPTE- las prestaciones adicionales del artículo 11 L.R.T. y los mínimos derivados de la acción del Decreto 1694/09 para la fijación de ciertas indemnizaciones: las de los artículos 14 para incapacidades parciales, y 15 para la incapacidad absoluta.
Por último, el considerando 8° del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Espósito" y el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en el precedente "Godón" se inscriben en orden al razonamiento efectuado.
A los fines de realizar la correspondiente comparación entre el resultado nominal que arrojó la fórmula polinómica y el correspondiente piso actualizado por RIPTE a la fecha del accidente, he de considerar las importes establecidos en la Res. SRT vigente a la fecha de la PMI.
Pues bien, a la fecha del accidente in-itinere padecido por la actora el índice RIPTE sobre el piso indemnizatorio del art. 14 inc. 2) ap. a) de la ley 24.557 (conf. Res. SRT 15/2022) ascendió a la suma de $ 6.123.338 x 16,60% = $1.016.474
Siendo este importe mayor, habré de considerarlo por sobre el que arrojó la fórmula polinómica (nótese que tomando cualquiera de los tres IBM señalados en la tercera cuestión el resultado sería el mismo, por cuanto en todos los supuestos debería de estarse al piso por sobre la fórmula polinómica).
III. INDEMNIZACIÓN ADICIONAL DE PAGO ÚNICO EN COMPENSACIÓN POR CUALQUIER OTRO DAÑO NO REPARADO POR LAS FÓRMULAS PREVISTAS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL.
La ley 26.773, que pregona como uno de sus objetivos mejorar las prestaciones dinerarias de la L.R.T., creó una "indemnización adicional de pago único", que se suma a las ya existentes (art. 3°), equivalente al 20% de las indemnizaciones y prestaciones dinerarias previstas en el régimen.
La citada norma menciona: "Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento de esa suma. Es caso de muerte o incapacidad total, esta indemnización nunca será inferior a pesos setenta mil" .
Asimismo, el accionante solicita la indemnización adicional de pago único reglada por el art. 3 de la ley 26.773. Haciendo propia la opinión sostenida por el Tribunal, cabe señalar que el Congreso Nacional al dictar esa normativa decidió, en un giro histórico en la evolución del régimen especial en esta materia, extender la cobertura tarifada más allá del tradicionalmente cubierto daño material salarial presunto, para hacerse cargo -en forma tasada- de otros posibles segmentos del daño (daño material estético, daño del plan de vida, daño moral, etc.), sin exigir su identificación (".en compensación de cualquier otro daño no reparado por las fórmulas.") ni su acreditación (CNAT Sala II, 07/05/2015, SD 104322, "Barroso, Juan Armando c/ José Ernesto Kondratzky y otros s/ Accidente - acción civil").
Al respecto debo realizar un reconto de lo que he ameritado oportunamente con respecto a la aplicación de la indemnización contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 a los denominados accidentes "in itínere".
En primer término he de destacar que en el precedente antes citado, dictado por éste órgano el día 31 de mayo de 2017,en los autos caratulados "Quiles, Cristian Andrés c/Aseguradora de Riesgos del Trabajo Liderar s/ Accidente de trabajo - Acción especial" (Exp.N° 20.326/2014) , se ha decidido la aplicación de la indemnización prevista en el art. 3 de la ley la ley 26.773 a los accidentes ocurridos en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, a través de una interpretación de la norma en modo más favorable al trabajador (conf. art. 9 LCT), entendiendo, -en el sentido establecido por la Sala IX de la CNAT con fecha 09/12/2015 en los autos caratulados "López, Cristian Ezequiel c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente - Ley especial"-, que en el momento del acaecimiento del siniestro, se verifica una suerte de puesta a disposición "relativa" sin prestación efectiva ni poder de dirección del dependiente en favor del empleador, y que colabora a dicha interpretación el hecho que para que se configure tal contingencia el trayecto no puede ser alterado, interrumpido o modificado por voluntad unilateral del dependiente dado que tal proceder se encuentra sujeto a la reglamentación contenida en el art. 4, Decreto 491/1997.-
Ahora bien, el Máximo Tribunal Pcial. se ha pronunciado respecto a la inaplicabilidad del art.3 de la ley 26.773 a siniestros como el aquí debatido en los autos caratulados "Carabajal,María Isabel y otro c/ Provincia ART SA y otro s/ Accidente in itinere" (Ac. 119002,25/04/2018) .
Acatando a la doctrina dictada por la Suprema Corte Pcial. por resultar de obligatoria aplicación ética para todos su Tribunales o jueces de anterior grado, ello en razón de la organización jurídica vertical y en resguardo del derecho de defensa en juicio (Conf. Arts. 5, 18 y 31 CN; 160 y 161 inc. 3) a) Const. Prov. de Bs. As.; 278, 288 y 289 del CPCC; 89 Ley 15.057), estimo acertado dejar a salvo mi opinión.
En la redacción del texto el legislador se apartó de los términos clásicos " por el hecho y en ocasión del trabajo", y prefirió elegir otros vocablos que, por su novedad, provocan dudas en su interpretación.
Así, la disposición refiere que el daño a la persona del trabajador que genera el derecho a la indemnización adicional (del 20%) debe haber ocurrido en el lugar de trabajo, o bien fuera de éste, pero mientras el trabajador se encuentre a disposición del empleador.
No puedo más que compartir el razonamiento efectuado por Luis Ramírez: "La contingencia social que se intenta amparar es la incapacidad laboral o la muerte del trabajador, derivados de un siniestro laboral. En la L.R.T. el accidente in itinere es una de las contingencias cubiertas. Por lo tanto, no se alcanza a entender cuál es la diferencia, a los ojos de la Seguridad Social, entre un trabajador que sufre una amputación en un siniestro ocurrido "por el hecho del trabajo", y otro trabajador que padece la misma amputación en un accidente in itinere. Si la situación es idéntica, respecto al impacto económico de la minusvalía laboral, el trato discriminatorio de la cobertura a brindar no parece llevarse bien con el art. 16 de nuestra Constitución nacional" (Ramírez, Luis Enrique, Las prestaciones dinerarias de la L.R.T., después de la ley 26.773: un modelo para armar, en RDL 2013-1, Ley de Riesgos del Trabajo IV, Rubinzal-Culzoni).
Rodriguez Mancini advierte: "...no obstante este juicio positivo sobre la reforma se enturbia con la exclusión -inexplicable e inexplicada- de los supuestos de accidentes que no hayan ocurrido en el lugar de trabajo o mientras el trabajador se encuentre a disposición del empleador, con clara intención de marginar del alcance de la cobertura adicional a los accidentes in itinere que forman parte del ámbito de responsabilidad impuestos por las A.R.T. (arts. 6.1 no modificado por la nueva ley). Se trata de una marginación irrazonable..." (Rodriguez Mancini, Jorge La nueva Ley de Riesgos del Trabajo, en Etala, Juan José (h) - Simón, Julio César (directores), Nueva Ley de Riesgos del Trabajo, Suplemento especial, La Ley, 2012, p. 6).
En igual sentido, la Dra. Laura M. Soage en su voto en autos "Arzac, Ana María c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro A.R.T. s/ Cobro de pesos (Accidente de Trabajo), ha dicho: " Se trata del daño en la persona del trabajador derivado de un accidente in itinere, por lo que tratándose de una contingencia cubierta por el sistema de la L.R.T., y de una indemnización prevista en el sistema tarifado, no existe causa razonable para efectuar una distinción respecto de otros trabajadores accidentados por el hecho del trabajo. La reparación del daño debe ser igual para todos los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo y, si conforme los objetivos de la ley, el adicional se inserta "de modo tal que el régimen ofrezca una reparación plena del daño", no puede dejar fuera de la misma a los trabajadores de accidentes in itinere" (Sala de Trabajo de la Exma. Cámara de Apelaciones de Concordia, provincia de Entre Ríos, sent. 17.12.2014, Expte. 2584).
Más allá de la interpretación que pueda dársele al término "mientras se encuentre a disposición de...", lo cierto es que la eventual exclusión nos enfrenta a un simple cuestionamiento: ¿La salud no es la misma para todos los seres humanos? Quién se accidenta en el trayecto hacia su trabajo, ¿se convierte en un trabajador con menos derechos? ¿Existe alguna diferencia entre una misma persona, que sufre un accidente en el trabajo, que lo tenga fuera del ámbito, pero con motivo o en ocasión.
No encuentro una explicación objetiva que permita blandir una argumentación a favor de la legalidad y razonabilidad en la diferenciación, excluyendo a esta clase de infortunios.
Se trata de comparar las respuestas indemnizatorias ofrecidas a los trabajadores dentro del sistema de riesgos del trabajo y no -como el fallo bajo análisis sostiene-, entre los sistemas indemnizatorios civil y laboral para el caso del accidente in itinere .
Lo importante es la contingencia que se quiere amparar -daño en la salud o en la vida del trabajador-, con independencia de la órbita de responsabilidad de los sujetos intervinientes en el siniestro.
Es claro entonces que la ley 26.773 discrimina el daño a la salud de los trabajadores por un accidente sufrido en el trayecto al trabajo cuando otorga una indemnización adicional del 20% a los infortunios mencionados en el art. 3°, otorgando de tal forma, una disparidad de trato, en igualdad de condiciones, resultando contrario al principio de igualdad en la protección de los trabajadores siniestrados (art. 16 C.N.), lo cual permite tachar la norma por irrazonable (art. 28 de la C.N.).
Dejo a salvo, en consecuencia, mi opinión sobre la procedencia de dicho importe, más no puedo sino acatar la Doctrina legal de la S.C.B.A. sentada en los autos "Carabajal, María Isabel y otro contra Provincia A.R.T. S.A. y otro s./ Accidente in itinere", sent. 25.04.2018 (L. 119.002), en donde estableció que no corresponde adicionar al resultado de la fórmula de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557 el 20% establecido por el art. 3° de la ley 26.773 en los accidentes in itinere, por los fundamentos que allí se exponen.
IV. DNU N° 669/19 INCONSTITUCIONALIDAD. NUEVA DOCTRINA LEGAL DE LA S.C.B.A. VIGENCIA Y APLICACIÓN AL CASO DE AUTOS. ALCANCES. INCONSTITUCIONALIDAD ART. 11 LEY 27.348 EN CUANTO MODIFICA EL ART. 12 INC. 2 DE LA LEY 24.557 Y LA DEL ART. 7 DE LA LEY 23.928 TEXTO SEGÚN LEY 25.561 .
A partir del reciente fallo L-129800- "MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA s/ACCIDENTE DE TRABAJO ACCIÓN ESPECIAL" en el que ratificó la declaración de inconstitucionalidad del DNU 669/19 realizada por el tribunal de origen, y encontrándose vigente a la fecha del infortunio la ley 27.348, modificatoria de la Ley de Riesgos del Trabajo; se genera la contradicción a dilucidar en la presente cuestión. Es decir, que, sin perjuicio de acatar la Doctrina de la SCBA, y consecuentemente declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19, no obstaculiza la posibilidad de generar algún mecanismo que pulverice el crédito del actor.
De tal modo en casos excepcionales, es decir, en aquéllos supuestos en los que el tiempo que insumió el proceso judicial lo amerite y en el marco de un grave y persistente proceso inflacionario que aqueja a nuestra economía y altera sustancialmente el valor del crédito controvertido, aún con prescindencia del DNU 669/19, interpreto que a partir de la nueva doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que emana del precedente C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otro C/Lascano, Sandra Beatríz y otra S/Daños y Perjuicios", sent. del 17.04.2024 , exige por parte de la judicatura sopesar el impacto de la inflación sobre el valor económico de la prestación debida a efectos de evitar la pulverización real del crédito indemnizatorio reclamado.
En dicho precedente, el Superior Tribunal puso de manifiesto las distorsiones económicas que, durante los últimos años, han experimentado las tasas de interés bancarias (y, entre ellas, la tasa activa), llevando a descartar su aplicación como una opción adecuada para salvaguardar el contenido patrimonial de los créditos. En los nombrados actuados, el Máximo Tribunal Provincial practica una comparación entre métodos de indexación y formas de cálculo de los intereses, concluyendo que las últimas arrojan un resultado apreciablemente menor que el de la evolución de la tasa inflación. Importando ello un disvalor económico del crédito reconocido, incumpliendo el criterio de razonabilidad que impone la justa decisión de un caso por afectar el equilibrio económico de las prestaciones entre acreedor y deudor con la correspondiente afectación del Derecho de Propiedad (art. 17 CN).
Teniendo en contexto el alto porcentaje de inflación habido en los últimos años que afectó a la República Argentina, y como eje central la protección del crédito de un trabajador - sujeto de preferente tutela constitucional - afectado en su salud, analizaré si el mecanismo de actualización fijado por el art. 12 de la ley 24.557 resulta ser constitucional o no.
En lo que aquí interesa forzoso resulta concluir que aún partiendo de la base que las previsiones del apartado segundo del artículo 12 de la ley 27.348, en donde se establece que "Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina." . Refiriéndose a un "mecanismo de actualización", por todo lo expuesto, con sustento en la referida doctrina del caso "Barrios", -y con absoluta prescindencia del DNU 669/19-, considero que el mismo deviene notoriamente insuficiente en relación a las circunstancias económicas vigentes en este país, por lo que técnicamente corresponde descalificarlo por inconstitucional.
En palabras de la SCJBA "El control judicial difuso, adoptado por nuestro país, faculta a todos los magistrados del territorio a ejercer el control de constitucionalidad, sin hacer diferencias entre jueces nacionales y provinciales." (SCBA LP L 117573 S 28/09/2016, del voto de la Dra. KOGAN en mayoría, correspondiente a los autos "Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. s/Apelación de resolución administrativa." )
Asimismo en dicho precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires revisó su doctrina legal en materia de actualización de créditos, señalando que la aplicación de tasas nominales que no reflejan adecuadamente la depreciación monetaria provoca una licuación del crédito , afectando el derecho de propiedad del acreedor y frustrando la garantía de reparación plena.
Adentrándome ya en el análisis sobre la constitucionalidad del mecanismo de actualización impuesto por el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557 (texto modificado por art. 11 ley 27.348), como así también de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, en la búsqueda de preservar el valor real de la obligación frente al proceso inflacionario, al menos, acompasado a la evolución de los salarios, ello desde la lógica de que éstos son precisamente los que marcan también el incremento de las alícuotas que perciben las aseguradoras, las que crecen en la medida que lo hagan las remuneraciones de los dependientes de sus asegurados.
El art. 11, inc. 3º de la ley 24.557 expresamente otorga al Poder Ejecutivo nacional la facultad de "mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en [tal]. ley cuando las condiciones económicas financieras generales del sistema así lo permitan", encomienda que constituye una auténtica delegación de una facultad destinada a mejorar el contenido económico de las reparaciones, en un todo de acuerdo con el principio de progresividad que debe imperar en la disciplina (art. 26 Convención Americana sobre Derecho Humanos - Pacto San José de Costa Rica).
Desde este punto de vista, y pese a la inconstitucionalidad del DNU 669/19 decretada por nuestro Superior Tribunal, nada impediría emplear una hermenéutica que permita resguardar las mejoras que sus preceptos consagran para los trabajadores afectados por una minusvalía derivada de una contingencia laboral.
Por ello, la Suprema Corte ha resuelto que el juez o tribunal interviniente "debe realizar adecuaciones en las relaciones jurídicas concernidas, en cuanto fuere necesario para observar la incolumidad del crédito". Incolumidad, significa "sano, sin lesión ni menoscabo". Se impone la indemnidad. Principio que, no es vano recordarlo, en la Provincia de Buenos Aires rige explícitamente por mandato constitucional (art. 39, ap. 3°, Const. Provincial), y que es obligación de los Jueces resguardar mas aún, cuando se trata de créditos alimentarios pertenecientes a sujetos de especial tutela y, en casos como este, cuando se encuentra afectada su integridad psicofísica.
A efectos de ilustrar la postura que propicio, resulta útil graficar la evolución de la tasa de interés activa del Banco de la nación Argentina que se establece en el inc. 2) del art. 12 de la ley 24.557 en su redacción modificada por el art. 11 de la ley 27.348 en diferentes períodos hasta la fecha:
Periodo
Tasa Activa Banco Nación acumulada
Variación indice RIPTE
2017 - 2025
482%
7296,26%
2018 - 2025
457%
5718,31%
2019 - 2025
417%
4356,36%
2020 - 2025
358%
2986,87%
2021 - 2025
321%
2188,47%
2022 - 2025
281%
1391,66%
2023 - 2025
218%
688,10%
2024 - 2025
105%
215,98%
Consecuentemente, alojada la inconstitucionalidad del artículo 12 inciso 2° de la ley 24.557 exclusivamente en el método empleado para la actualización de los ingresos obtenidos de la manera que indica el artículo 12 inc. 1° de ese mismo cuerpo legal, es preciso adoptar un mecanismo razonable.
Creo conveniente recalcar que la evolución mensual de las RIPTE, se mide en porcentajes acumulativos y no aritméticos ; por lo que el porcentaje de aumento salarial reflejado en un mes, está calculado en base al mes anterior, que ya tenía acumulado el incremento porcentual del mes precedente. Es decir que el método propiciado se va capitalizando mensualmente. Justamente es debido a ello que, en la publicación de los índices, en la columna de los porcentajes se consigna la leyenda: "variación % respecto del mes anterior".
Esto implica que la regla para medir esa evolución, sin alterar esa 'capitalización mensual', será dividir el coeficiente último (fecha de la liquidación) por el de la fecha de PMI, obteniéndose un coeficiente multiplicador que se debe aplicar al resultado de la fórmula respectiva (o el piso actualizado por RIPTE a la fecha de la PMI, lo que resulte mayor), para traerlo al momento pretendido a valor 'actual salarial'.
Con este mecanismo, se evita la pulverización del crédito, considerando el más idóneo, justo y equitativo. Y entiendo que ello es así ya que la reforma de la ley de riesgos a través de la ley 27.348, buscó actualizar el cálculo del ingreso base a través de dicho índice, reservando la tasa activa para el cálculo de la indemnización, que debía ser en un plazo razonable.
Por lo expuesto, propongo declarar la inconstitucionalidad del art. 11 ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 y la del art. 7 de la ley 23.928 - texto según ley 25.561 -
En suma, por todo lo expuesto, considero que el capital histórico de condena deberá actualizarse desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento en que se practique la liquidación según el coeficiente que surja de dividir el índice RIPTE a la fecha de la PMI y el último índice RIPTE publicado hasta el momento en que se practique la liquidación correspondiente.
Ahora bien, si la aplicación del RIPTE que prevé el segundo inciso del artículo 12 de la ley 24.557 (según decreto 669/2019) está prevista a los efectos de actualizar una de las variables de la fórmula, está claro que no cumple el propósito de compensar al acreedor o acreedora laboral por la privación del capital. Como la indemnización se calcula a valores actuales, parece correcto liquidar los intereses compensatorios devengados aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación con todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro (art. 767 CCCN); es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes (entre otros, la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, producto del fenómeno inflacionario) a fin de evitar distorsiones en el cálculo. Estimo razonable, manteniendo la regla utilizada en los reclamos por siniestros y enfermedades cuya primera manifestación invalidante resulte de fecha anterior al 5/03/2017 y en aquellos derivados de relaciones individuales de trabajo, conforme doctrina 'Barrios' -, utilizar una tasa de interés puro del 3% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio en cuestión desde que el crédito se hizo exigible hasta la actualidad (arts. 772 y 1748 Código Civil y Comercial). Por todo lo expuesto, considero que el capital de condena deberá calcularse desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento en que se practique la liquidación según la variación del índice RIPTE y, sobre dicho resultado, corresponde añadir un interés puro del 3% desde la fecha de la PMI y hasta el momento en que se practique la liquidación correspondiente.
Por último, declarada la inconstitucionalidad del DNU 669/19, deviene abstracto el tratamiento de las Resoluciones nros. 1039/19 y 332/23 , dictadas en su consecuencia por la SRT, por carecer de sustento normativo válido.
V. PAUTAS PARA LA LIQUIDACIÓN.
En razón de lo expuesto, entiendo acertado clarificar las pautas para el cálculo; teniendo en cuenta que he propuesto actualizar el crédito para el período comprendido desde la primera manifestación invalidante y hasta el momento en que se practique la liquidación por Secretaría, deviene acertado tomar como referencia la información suministrada por la Secretaría de Seguridad Social a través de la página web https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte, y con los datos brindados por la misma, corresponde en primera instancia establecer el índice RIPTE de origen, -fecha en que el crédito se hizo exigible-, y el de destino, -último publicado- hasta el momento en que se practique la liquidación correspondiente, a continuación dividir éste último por el primero, operación que arrojará como resultado el valor de ajuste, el cual se deber multiplicar por el monto de capital nominal; al monto actualizado se le adicionará el interés del 3 % anual.
No corresponde la aplicación al caso de autos de lo dispuesto por el art. 770 inc. b) del CCCN toda vez que el interés puro determinado en un 3% anual no refiere a uno de los supuestos contemplados por el art. 768 CCCN, único supuesto habilitado para la capitalización.
VI. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.
En caso de mora deberá estarse a lo dispuesto por el art. 12 apartado c) de la ley 24.557 (conforme el art. 11 de la ley 27.348) : "3°. A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación" .
De acuerdo a la forma en la cual ha quedada resuelta la cuestión, el tratamiento de los restantes planteos de inconstitucionalidad deviene abstracto.
En este apartado me permito señalar, por último, que el artículo 3 del Decreto 549/2025 establece que: "La TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES, sustituida por el artículo 1° del presente decreto, entrará en vigencia a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, esto es, a partir del 2 de febrero de 2026, y desde esa fecha resultará de aplicación a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentre".
Sin perjuicio de ello, en el caso de autos, la incapacidad laboral del actor fue oportunamente determinada a través de la pericia médica producida en la causa -la cual este voto hace propia-, dictamen que fue elaborado conforme el baremo vigente al momento de su confección, esto es, el previsto por el Decreto 659/96 y sus modificatorios.
En tales condiciones, no corresponde la aplicación del nuevo baremo al presente supuesto, no sólo porque el mismo no se encontraba vigente al momento del siniestro ni de la evaluación pericial, sino además porque se trata de una norma de naturaleza sustancial que integra uno de los elementos centrales de la fórmula indemnizatoria del sistema de riesgos del trabajo. Su aplicación retroactiva importaría una alteración de los parámetros legales utilizados para la determinación de la incapacidad laboral, con afectación del principio de irretroactividad de la ley, de la seguridad jurídica y del derecho de propiedad del trabajador.
En consecuencia, la valoración de la incapacidad efectuada en autos debe fundarse en las previsiones del baremo establecido por el Decreto 659/96 y sus modificatorios.
VIII. APLICABILIDAD DE LA LEY 24.432.
La doctrina legal del Alto Tribunal Provincial determinada en el precedente "Ghibaudi, Ana María c/ Municipalidad de Pinamar y otros s/ Demanda originaria" (L 75.597, sentencia 22-10-2003) , ha dispuesto la aplicabilidad del tope que establece tanto el art. 505 del Código Civil como el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La Ley 24.432 en el tramo que modifica las normas sustanciales citadas tiene operatividad en toda la Nación , en virtud de que la Legislatura actuó en esa oportunidad conforme a las facultades que emanan del art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional. Es decir que se aplica en la Provincia sin que ello implique vulnerar, en modo alguno, la autonomía local.
La Corte Nacional ha dispuesto en el precedente "Fox Hector c/ Siderca" (sentencia del 28-VII-2005) que la aplicación del art. 277 LCT modificado por la Ley 24.432 no importa "... un desplazamiento del régimen arancelario provincial, toda vez que dicha legislación no avanza sobre el modo regulatorio imponiendo pautas a las provincias, sino que establece límite de responsabilidad para el pago de las obligaciones que se devenguen de las costas, materia básicamente común, legislada por la Nación en el marco de las facultades conferidas por el art. 67 inciso 11, hoy 75 inciso 12 de la Constitución Nacional...".
La ley otorga el mismo tratamiento a todos los profesionales que asisten a la parte no condenada en costas, sea ésta la actora o demandada, trabajador o empresario, con el objetivo de disminuir los gastos procesales.
El art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o Ley 24.432) en su parte pertinente expresa que: " ... la responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados...no excederán del veinticinco porciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todos los profesionales y especialidades, superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios...". Conforme a los precedentes jurisprudenciales y normativa detallados, propicio la aplicación a autos de los parámetros dispuestos por la Ley 24.432 en cuanto a la limitación de la responsabilidad por costas incorporada por el art. 730 del Código Civil y Comercial de La Nación.
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión, los Dres. MENA y MOLLO por compartir los fundamentos expuestos, votan en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ GARCIA COSSOVICH DIJO:
Conforme el resultado recaído al votarse la primera cuestión, propicio:
1. Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561.
2. Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557.
3. Declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 conforme lo resuelto por la SCBA en los autos: L-129800- "MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA s/ACCIDENTE DE TRABAJO ACCIÓN ESPECIAL" .
4. Declarar abstracto el tratamiento de los restantes planteos de inconstitucionalidad efectuados en la demanda y el tratamiento de las Resoluciones nros. 1039/19 y 332/23 dictadas por la SRT.
5. Hacer lugar a la demanda promovida por CINTIA LILIANA MANQUIAN contra EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA condenando a ésta última a abonar a la parte actora la suma de PESOS UN MILLON DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 0/100 ($1.016.474) por los conceptos detallados al tratar la primera cuestión de esta sentencia.
6. Actualizar dicho monto, -desde que el crédito se hizo exigible y hasta la liquidación que se practique por Secretaría, teniendo en cuenta las pautas establecidas-, conforme índice RIPTE; adicionar al capital ajustado un interés puro al 3 % anual.-
7. El importe de la condena deberá ser depositado en autos a la orden del Tribunal dentro de los diez días de notificada la presente sentencia.
HAGASE SABER a las partes la modalidad a los efectos del pago de las obligaciones inherentes y reconocidas en autos de conformidad con lo dispuesto por el art. 17 Ley 27.348..
Sobre el Capital Indemnizatorio a favor de la Parte Actora (Trabajador) reconocido en autos. La demandada deberá depositar el Capital en la cuenta sueldo del trabajador (actora) siempre que aquella se encuentre disponible y habilitada. A tal fin, hágase saber a la parte actora que deberá dentro de dos (2) días de la notificación de la presente, denunciar y acreditar fehacientemente en autos titularidad y datos de la cuenta sueldo respectiva (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° DE DNI Y CUIT), adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, a fin de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos. En el caso de que la parte actora (parte trabajadora) no cuente con cuenta sueldo y posea cuenta bancaria de su titularidad, deberá dentro de dos (2) días de la notificación de la presente, denunciar y acreditar fehacientemente en autos dicha titularidad y datos de la referida cuenta (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° de DNI y CUIT), adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, bajo su exclusiva responsabilidad personal y patrimonial; a efectos de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos, haciendo saber que hasta tanto se encuentre acreditada debidamente en autos la cuenta a nombre del actor el plazo para el pago a cargo de la demandada se encuentra SUSPENDIDO.
Cumplido ello, en orden al principio de economía procesal y en uso de las facultades ordenatorias previstas por el artículo 12 de la Ley 15.057, autorícese a la condenada a efectivizar el pago mediante depósitos en la cuenta cuya titularidad exclusiva denuncie y acredite la parte actora en autos (conf. art. 17 Ley 27.348).
Quedan excluidos todos los sistemas de pago dispuestos en plataformas virtuales no bancarias. Supuesto de ausencia de cuenta sueldo o cuenta bancaria de titularidad de la parte actora (trabajadora).
8. En caso de mora deberá estarse a lo dispuesto por el art. 12 apartado c) de la ley 24.557 (conforme el art. 11 de la ley 27.348) : "3°. A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación" .
9. Propicio se impongan las costas a la demandada por haber sido vencida (art. 24 de la ley 15.057).
10. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes de la siguiente manera -teniendo en cuenta la regulación oportunamente dispuesta en la sentencia interlocutoria de fecha 18/06/24- :
Por la parte actora: Dr. PATRICIO HERNAN CASIRIAIN FEBRE en 16% y Dr. RICARDO NAHUEL ALMIRON en 1 JUS.
Por la parte demandada: Dr. FERNANDO FABIAN LORDI en 12%
Se deja constancia que la presente regulación resulta omnicomprensiva de las tareas desplegadas en la presente causa.
Hácese saber a los letrados que deberán acreditar en autos el pago de los aportes en los términos del art. 21 de la ley 6716, bajo apercibimiento de dar intervención a la Caja para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Para los peritos:
Perito MEDICA: MARIA BELEN AIZCORBE en 4% con más el 10% de aportes de ley conforme art. 35 inc. q del Dto. Ley 8.999/62 mod. por Ley 6.742/60.
Perito PSICÓLOGA: CARMEN BEATRIZ PADILLA en 4% con más el 10% de aportes de ley conforme art. 40 inc. c de la Ley 12.163.
A los honorarios regulados deberá adicionarse el 21% en concepto de I.V.A. en los casos que corresponda y que se encuentren debidamente acreditados en autos.
Los honorarios han sido regulados considerando el valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, complejidad y novedad de la cuestión planteada, resultado obtenido, y trascendencia de la resolución (conf. SCBA I 73016 en autos "MORCILLO HUGO HECTOR C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. DECR.-LEY 9020" sentencia del 08-11-2017 y arts. 1, 2, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 51, 54 y ccdtes. ley 14967, SCBA Resolución de Presidencia 873/26) .
11. Corresponde hacer saber a la parte demandada que deberá al momento de efectuar el deposito en el Banco Provincia Sucursal Tribunales de San Isidro consignar en la boleta de deposito correspondiente que lo realiza a la orden del Tribunal del Trabajo Nº 4 de San Isidro perteneciente a los autos: " MANQUIAN CINTIA LILIANA C/ EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 " Expte. N° SI-12735-2023
Consecuentemente, procédase por Secretaría a la apertura de cuenta judicial automática en la forma prevista en el Ac. 4233/26.
Hágase saber a las partes que la cuenta bancaria judicial y/o consulta de saldo en linea de la misma podrán ser visualizadas desde el "Portal de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas" de los profesionales intervinientes (Res. SC N° 1204/25 SCBA).
A sus efectos, podrán acceder a dicha herramienta de la siguiente manera:
3. Botón "Ver Cuentas Bancarias" en cada causa.
En caso de que la parte actora (trabajadora) no hubiese denunciado en los plazos indicados precedentemente cuenta alguna, o para el caso en que hubiese manifestado que no posee cuenta personal bajo su titularidad, se hace saber a la parte demandada (y obligada al pago) que deberá proceder a depositar el monto adeudado en la cuenta de autos.
12. Una vez practicada la liquidación por Secretaria, intimar a la demandada para que dentro del término de diez días, deposite los montos correspondientes a la tasa y sobretasa de Justicia -conforme ley 15.563-, mediante el formulario 9555 R- 516 V 2, conforme lo dispone la S.C.B.A en la página web: www.scba.gov.ar., bajo apercibimiento de comunicación a la SECRETARIA DE SERVICIOS JURISDICCIONALES departamental, (arts. 280 y 295 del Código Fiscal - Ley 10.397 t.o. y art. 5 Ley 11.594, Acuerdos SCBA: nros 3500/10, 3536, 3894).
13. Atento las constancias de autos y conforme han quedado resueltas las cuestiones, dejar sin efecto el nuevo libramiento de oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos oportunamente dispuesto en el acta de audiencia de fecha 28/08/26.
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión los Sres. Jueces Dres. MENA y MOLLO , votan en igual sentido por compartir los fundamentos del Sr. Juez preopinante.
Por ello el TRIBUNAL FALLA:
1. Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561. 2°) Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557. 3°) Declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 conforme lo resuelto por la SCBA en los autos: L-129800- "MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA s/ACCIDENTE DE TRABAJO ACCIÓN ESPECIAL" . 4°) Declarar abstracto el tratamiento de los restantes planteos de inconstitucionalidad efectuados en la demanda y el tratamiento de las Resoluciones nros. 1039/19 y 332/23 dictadas por la SRT.
5. Hacer lugar a la demanda promovida por CINTIA LILIANA MANQUIAN contra EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA condenando a ésta última a abonar a la parte actora la suma de PESOS UN MILLON DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 0/100 ($1.016.474) por los conceptos detallados al tratar la primera cuestión de esta sentencia.
6. Actualizar dicho monto, -desde que el crédito se hizo exigible y hasta la liquidación que se practique por Secretaría, teniendo en cuenta las pautas establecidas-, conforme índice RIPTE; adicionar al capital ajustado un interés puro al 3 % anual.-
7. El importe de la condena deberá ser depositado en autos a la orden del Tribunal dentro de los diez días de notificada la presente sentencia.
HAGASE SABER a las partes la modalidad a los efectos del pago de las obligaciones inherentes y reconocidas en autos de conformidad con lo dispuesto por el art. 17 Ley 27.348..
Sobre el Capital Indemnizatorio a favor de la Parte Actora (Trabajador) reconocido en autos. La demandada deberá depositar el Capital en la cuenta sueldo del trabajador (actora) siempre que aquella se encuentre disponible y habilitada. A tal fin, hágase saber a la parte actora que deberá dentro de dos (2) días de la notificación de la presente, denunciar y acreditar fehacientemente en autos titularidad y datos de la cuenta sueldo respectiva (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° DE DNI Y CUIT), adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, a fin de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos. En el caso de que la parte actora (parte trabajadora) no cuente con cuenta sueldo y posea cuenta bancaria de su titularidad, deberá dentro de dos (2) días de la notificación de la presente, denunciar y acreditar fehacientemente en autos dicha titularidad y datos de la referida cuenta (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° de DNI y CUIT), adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, bajo su exclusiva responsabilidad personal y patrimonial; a efectos de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos, haciendo saber que hasta tanto se encuentre acreditada debidamente en autos la cuenta a nombre del actor el plazo para el pago a cargo de la demandada se encuentra SUSPENDIDO.
Cumplido ello, en orden al principio de economía procesal y en uso de las facultades ordenatorias previstas por el artículo 12 de la Ley 15.057, autorícese a la condenada a efectivizar el pago mediante depósitos en la cuenta cuya titularidad exclusiva denuncie y acredite la parte actora en autos (conf. art. 17 Ley 27.348).
Quedan excluidos todos los sistemas de pago dispuestos en plataformas virtuales no bancarias. Supuesto de ausencia de cuenta sueldo o cuenta bancaria de titularidad de la parte actora (trabajadora).
8. En caso de mora deberá estarse a lo dispuesto por el art. 12 apartado c) de la ley 24.557 (conforme el art. 11 de la ley 27.348) : "3°. A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación" .
9. Imponer las costas a la demandada por haber sido vencida (art. 24 de la ley 15.057).
10. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes de la siguiente manera -teniendo en cuenta la regulación oportunamente dispuesta en la sentencia interlocutoria de fecha 18/06/24- :
Por la parte actora: Dr. PATRICIO HERNAN CASIRIAIN FEBRE en 16% y Dr. RICARDO NAHUEL ALMIRON en 1 JUS.
Por la parte demandada: Dr. FERNANDO FABIAN LORDI en 12%
Se deja constancia que la presente regulación resulta omnicomprensiva de las tareas desplegadas en la presente causa.
Hácese saber a los letrados que deberán acreditar en autos el pago de los aportes en los términos del art. 21 de la ley 6716, bajo apercibimiento de dar intervención a la Caja para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Para los peritos:
Perito MEDICA: MARIA BELEN AIZCORBE en 4% con más el 10% de aportes de ley conforme art. 35 inc. q del Dto. Ley 8.999/62 mod. por Ley 6.742/60.
Perito PSICÓLOGA: CARMEN BEATRIZ PADILLA en 4% con más el 10% de aportes de ley conforme art. 40 inc. c de la Ley 12.163.
A los honorarios regulados deberá adicionarse el 21% en concepto de I.V.A. en los casos que corresponda y que se encuentren debidamente acreditados en autos.
Los honorarios han sido regulados considerando el valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, complejidad y novedad de la cuestión planteada, resultado obtenido, y trascendencia de la resolución (conf. SCBA I 73016 en autos "MORCILLO HUGO HECTOR C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. DECR.-LEY 9020" sentencia del 08-11-2017 y arts. 1, 2, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 51, 54 y ccdtes. ley 14967, SCBA Resolución de Presidencia 873/26) .
11. Corresponde hacer saber a la parte demandada que deberá al momento de efectuar el deposito en el Banco Provincia Sucursal Tribunales de San Isidro consignar en la boleta de deposito correspondiente que lo realiza a la orden del Tribunal del Trabajo Nº 4 de San Isidro perteneciente a los autos: " MANQUIAN CINTIA LILIANA C/ EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 " Expte. N° SI-12735-2023
Consecuentemente, procédase por Secretaría a la apertura de cuenta judicial automática en la forma prevista en el Ac. 4233/26.
Hágase saber a las partes que la cuenta bancaria judicial y/o consulta de saldo en linea de la misma podrán ser visualizadas desde el "Portal de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas" de los profesionales intervinientes (Res. SC N° 1204/25 SCBA).
A sus efectos, podrán acceder a dicha herramienta de la siguiente manera:
3. Botón "Ver Cuentas Bancarias" en cada causa.
En caso de que la parte actora (trabajadora) no hubiese denunciado en los plazos indicados precedentemente cuenta alguna, o para el caso en que hubiese manifestado que no posee cuenta personal bajo su titularidad, se hace saber a la parte demandada (y obligada al pago) que deberá proceder a depositar el monto adeudado en la cuenta de autos.
12. Una vez practicada la liquidación por Secretaria, intimar a la demandada para que dentro del término de diez días, deposite los montos correspondientes a la tasa y sobretasa de Justicia -conforme ley 15.563-, mediante el formulario 9555 R- 516 V 2, conforme lo dispone la S.C.B.A en la página web: www.scba.gov.ar., bajo apercibimiento de comunicación a la SECRETARIA DE SERVICIOS JURISDICCIONALES departamental, (arts. 280 y 295 del Código Fiscal - Ley 10.397 t.o. y art. 5 Ley 11.594, Acuerdos SCBA: nros 3500/10, 3536, 3894).
13. Atento las constancias de autos y conforme han quedado resueltas las cuestiones, dejar sin efecto el nuevo libramiento de oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos oportunamente dispuesto en el acta de audiencia de fecha 28/08/26.
14. Hágase saber a las partes que se encuentra publicado en la Mesa de Entradas Virtual (MEV) de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (www.scba.gov.ar) el texto completo de la sentencia y de los fundamentos del presente fallo.
15. REGÍSTRESE, LIQUÍDESE por Secretaría a cargo de la Actuaria, NOTIFIQUESE conforme Ac. 4013 y 4040/21 SCBA, y oportunamente ARCHÍVESE.
Firmas
Funcionario firmante: MENA Cristian Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: MOLLO Mariano Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA COSSOVICH Alvaro - JUEZ
Funcionario firmante: MAZZIOTTI Veronica - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 338-2026
Fin de la sentencia