Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8461 Sentencia: Definitiva Actor: Manrique Gabriel Sebastián.
Demandada: Calfrac Well Services Argentina S.A Objeto: Laboral Cobro de Pesos Fecha: 03-07-2.024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los tres de julio de 2024, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos "MANRIQUE, GABRIEL SEBASTIAN C/ CALFRAC WELL SERVICES ARGENTINA S.A. S/ LABORAL - COBRO DE PESOS" Expte. N° 20.516/22 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nro. Dos de esta ciudad y que ingresara, en esta instancia, bajo el Nº 8461/24. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard; Humberto Eduardo Monelos y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. En documento PE577143-2022 se presenta el Dr. Eugenio Gomez Carrasco en representación de Gabriel Sebastián Manrique deduce demanda contra CALFRAC WELL SERVICES ARGENTINA S.A., reclamando el pago de indemnización por despido incausado, antigüedad; omisión de preaviso; integración mes de despido; SAC sobre preaviso; diferencia de vacaciones no gozadas, Certificado del art. 80 de la LCT y demás rubros derivados del despido, por la suma estimada de $ 4.611.919,38 o lo que en más o en menos resulte de las distintas pruebas de autos, con más expresa imposición de costas y honorarios a cargo de accionada. Refiere que el actor trabajaba para la demandada desde noviembre de 2019 realizando tareas de chofer en transporte de cargas peligrosas en operaciones especiales, encuadrado en el CCT N° 784/21 de Petroleros y Gas Privado Santa Cruz.
Detalla la modalidad de trabajo, indica que no tuvo sanciones disciplinarias anteriores. Agrega en el 22 de febrero de 2022 previo a retomar sus tareas habituales la empleadora le informa que debía concurrir al Centro Médico Santa Cruz, con el objeto de someterse a un examen médico para detectar consumo de estupefacientes. Reconoce que se trata de testeos habituales, rápidos y aleatorios entre los dependientes de la firma. Agrega que el resultado habría dado resultado positivo para el consumo de cocaína, que los resultados no le fueron exhibidos y, tampoco, le consta que se haya realizado una contraprueba. Continúa señalando que ese día no se le permitió retomar sus tareas, que por su propia voluntad el día siguiente fue al Hospital de la ciudad de Las Heras y se sometió a un test para cocaína, arrojando el mismo resultado negativo; dio conocimiento de ello a la empleadora y durante dos semanas no le asignaron tareas ni le comunicaron alguna medida preventiva sobre la situación de salud y laboral del trabajador.
Manifiesta que el 7 de marzo del año 2.022 por medio de escribano le notifican el despido invocando pérdida de confianza y transcribe los términos lo que se tiene presente. Señala que impugó el despido mediante telagrama laboral y existió un intercambio epistolar cada parte en su postura quedando configurado el distracto laboral. Sostiene que no se encuentra debidamente configurada la causal de despido la que entiende excesiva, y opuesta al principio de conservación del empleo; que no se dan los supuestos de causalidad, proporcionalidad y contemporaneidad que requiere la figura. Se explaya y cita doctrina acorde a lo expuesto. Se refiere al derecho a la salud y a la intimidad del trabajador, sostiene que debió adoptarse una conducta preventiva en resguardo de la indemnidad del trabajador.
Solicita la aplicacón de la multa del art. 2 de la ley 25323. Plantea la inconstitucionalidad de las normas convenionales que privan de carácter remunerativo a diferentes items que se perciben en los haberes, tales como "Viandas", "Ayuda Alimentaria", "Bono Paz Social", "Adicional Torre de Campo", entre otras, en atención a lo dispuesto por el art. 103 LCT y 14 bis de la Constitución nacional. Cita antecedentes nacionales y de esta Cámara de Apelaciones que se tienen presentes. Practica liquidación, ofrece prueba y solicita se admita el reclamo.-
II. Habiendo fracasado la instancia conciliatoria prevista por la ley formal, en PE940290-2023 se presentan la Dra. Graciela B. Totino y el Dr. Carlos A. Romanut en representación de Calfrac Well Services Argentina S.A. y contestan la demanda. En su responde desconoce la documentación, niega con detalle los hechos expuestos en el escrito de demanda. Relata su versión de los hechos por entender que no se han dado las cosas tal como las plantea Manrique. Reconoce la relación de trabajo y las tareas que realizaba el actor, formas y horarios. Sostiene que la conducta adoptada por Gabriel Manrique importó una injuria grave que es causa suficiente del despido. Transcribe el acta notarial por la cual se notificó el despido donde se indica que dio positivo para consumo de cocaína en el testeo rápido lo cual fue corroborado con la debida contraprueba, lo que no debe ser tolerado por ser un chofer de cargas peligrosas y los deberes a su cargo.
Transcribe el intercambio epistolar sostenido con el actor, manteniéndose cada parte en su postura. Agrega que el día 22/02/2022 se realizó al actor un control toxicológico, conjuntamente con otros trabajadores, resultando el mismo positivo al consumo de cocaína, el mismo fue llevado adelante en el CENTRO MÉDICO SANTA CRUZ, siendo suscripto por el profesional Mario Solís. Después de ello se llevó a cabo la contraprueba el día 26/02/2022 la que también dio positivo, la misma se realizó en los IACA LABORATORIOS de la Ciudad de Bahía Blanca, suscripto dicho informe por el profesional Eugenio Ramiro Castro. Reseña que el actor consintió que se extraigan las muestras para los análisis; y que dichas muestras fueron identificadas en su presencia.
Afirma que ello reviste una situación de gravedad, una violación a la política de alcohol y drogas que rige en la empresa por lo que se lo despide con justa causa. Detalla las normas propias del ambiente de trabajo al respecto y las consecuencias del incumplimiento de las mismas; hace referencia a los controles aleatorios de rutina que se realiza a todo el personal. Recuerda la importancia del trabajo que se realiza, como también que las personas que allí se desempeñan tengan plena aptitud física y psíquica como condición de desarrollar las actividades en forma segura y confiable. Cita antecedentes jurisprudenciales. En otro contexto se refiere a la posibilidad de rehabilitación en caso de que el propio empleado reconozca la adicción y se someta a tratamiento, pero en el caso recuerda que Manrique negó el consumo.
Hace mención a los antecedentes disciplinarios del actor. Impugna la liquidación practicada, ofrece prueba y acompaña la documentación, hace referencia en su defecto de la procedencia de los topes indemnizatorios, sostiene la inaplicabilidad de los DNU 34/19, 260/2020, 528/2020, 961/2020, 39/2021 y 886/2021 para el caso, contesta los planteos de inconstitucionalidad de los rubros no remunerativos, se opone a la multa solicitada, hace reserva del caso federal.-
III. En PE602012-2023 se ordena la producción de pruebas, finalizada la misma las partes presentan alegatos. En PE1292261-2024 se dicta sentencia que declara la inconstitucionalidad de los arts. 24 y 34 del CCT 643/12, declara abstracto el planteo de inconstitucionalidad con relación a otros ítems, admite parcialmente la demanda con relación al despido incausado y su indemnización, rechaza la demanda por cobro de SAC sobre preaviso y días últimos días trabajados, difiere la regulación de honorarios y determinación de la tasa de justicia. -
IV. Contra el fallo los apoderados de la demandada deducen y fundan recurso de apelación. Se agravian por la valoración de la prueba entendiendo que no existe una sana crítica y hay arbitrariedad en lo decidido. Puntualmente señalan lo que surge de los certificados médicos e informes brindados por el Centro Médico Santa Cruz, IACA Laboratorios y Hospital Distrital de Las Heras. Agrega que se asignó turnos para realizar los controles periódicos y que el actor concurrió con otras personas, que la muestra de orina se extrajo en el lugar, con su consentimiento y delante de los profesionales y dió positiva para consumo de cocaína. Siguen diciendo que se envió muestra precintada y en el laboratorio IACA de la ciudad de Bahía Blanca arrojó mismo resultado.
Señalan que dichos informes no fueron impugnados por el actor. Entienden que el razonamiento de la magistrada es arbitrario en cuanto a la existencia de diferentes resultados por las entidades sanitarias y al otorgar mayor fuerza probaroria al examen del Hospital que presenta el actor. Les agravia que la jueza ponga en un manto de sospecha al centro médico interviniente sin parámetro alguno, cuando el propio actor no lo cuestionó. Sostienen que dicha arbitrariedad vulnera el debido proceso. Se cuestionan sobre que interés podría tener el centro médico interviniente en dar determinado resultado o favorecer a alguien. Sostienen que es arbitraria la interpretación que realiza en cuanto a la cadena de custodia de las muestras enviadas a IACA ya que las muestras enviadas fueron tomadas y precintadas con el consentimiento y en presencia del actor, quien suscribió todos los documentos respectivos.
Nadie invocó que los precintos fueran violentados ni existe norma alguna que determine otro modo de "cadena de custodia" como se sostiene. Agregan que por su parte tampoco el actor produjo contraprueba del análisis que se realizó en el Hospital de Las Heras, ni se realizó en presencia de alguien de la demandada, ni tuvo contralor. Concluyen que la valoración de dichas pruebas es arbitraria. Cita doctrina al respecto. En cuanto al ámbito de aplicación del art. 19 de la Constitución Nacional afirman que no es de aplicación en el caso. Refieren que la jueza desdeña totalmente el peligro objetivo que importa el consumo de cocaína en el ámbito de trabajo que consistía en el transporte de cargas peligrosas.
Aducen que carece de fundamento científico alguno lo sostenido en este aspecto y se desconoce precisamente el carácter preventivo que tienen los exámenes periódicos y su función como elemento de prevención del daño en una industria del petróleo y gas. Hacen referencia a las políticas de la empresa con relación al alcohol y drogas que fueron acreditadas y que la jueza interpreta en forma arbitraria. Se agravian por la interpretación que se da a la actitud del actor que primero sostiene que el consumo de cocaína no constituye una injuria grave y después dice que dicho consumo es una “enfermedad”, pero durante la relación de trabajo nada dijo; así como la actitud adoptada de ir a realizarse otro análisis.-
Les agravia la tasa de interés por la que se condena al pago de la indemnización, solicitando que eventualmente se utilice la Tasa Pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina. Cita antecedentes.
V. En documento PE1324860-2024 el actor contesta los agravios. Hace referencia al principio contenido en el art. 9 LCT, en cuanto a la interpretación que debe darse al caso. Refiere que la recurrente resta mérito al examen realizado en el Hospital de Las Heras, de fecha 23 de febrero de 2.022, es decir al día siguiente y que arrojó un resultado negativo y que se puso en conocimiento de la empleadora al momento de impugnar el despido. Refiere que la empresa le dio primacía al informe emitido por el Centro Médico Santa Cruz, y la contraprueba del Laboratorio IACA, forzando un despido precipitado que califica de arbitrario. Hace referencia a la importancia de la salud del trabajador y la necesidad de conducirse por los carriles de la buena fe. Se explaya sobre la importancia de la salud del trabajador y concluye que debió adoptarse otra postura por parte de la empleadora. Refiere que no se pone en duda la veracidad o infalibilidad de los exámenes médicos sino la actitud rupturista asumida por la recurrente, que debió buscar la forma de conservar el empleo.
VI. Establecido ello corresponde ingresar al examen del recurso debiendo tratarse en primer término si existió una justa causa de despido ya que a partir de allí se derivan los demás agravios. Así el hecho atribuido a Gabriel Manrique consiste en haber dado positivo en consumo de cocaína, tanto en el testeo rápido y posteriormente en la contraprueba y configurar ello -a criterio de la demandada- una pérdida de confianza e injuria suficiente para proceder al despido. El actor cuestiona la actitud rupturista de la empleadora pues entiende que ello no configura una justa causa de despido. La empleadora es quien invocó la justa causa y por lo tanto le corresponde probarla con una demostración suficiente para que la conducta atribuida haga imposible la prosecución del vínculo laboral.
En detalle en la diligencia notarial que acompaña el propio actor es clara la causal de despido invocada dando cumplimiento con lo dispuesto en el art. 242 de la LCT., al referir que su análisis de orina dio positivo para el consumo de cocaína y relata además la importancia de su comportamiento por tratarse de un chofer de un camón de sustancias peligrosas. El actor entiende que ello no constituye una causal suficiente para su despido. En la conducta imputada se alega la inobservancia de obligaciones resultantes del contrato laboral. En efecto, si las partes en este contrato deben obrar con buena fe y ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador en tareas de por si peligrosas, en consecuencia, hay inobservancia cuando las partes no se ajustan a esta regla de buena fe del art. 63 de la LCT incurriendo en una conducta que puede poner en resigo a si mismo o a terceros.
Los resultados de los análisis realizados son contundentes; en PE1073276-2023-IACA Laboratorio y PE1087799-2023 Centro Médico Santa Cruz. En el estudio que origina la causal invocada, tengo presente que la muestra de orina se tomó en presencia del trabajador, en los controles de rutina y aleatorios que realizan las empresas en forma periódica a los trabajadores. La muestra fue sellada y remitida a otro laboratorio (IACA Bahía Blanca) para la contraprueba, que también arrojó resultado positivo para consumo de cocaína. Existe una absurda valoración de la prueba al sostener que el análisis llevado a cabo por parte del Hospital Público tiene mayor valor probatorio que los realizados en instituciones privadas.
Todos los informes se encuentran avalados por profesionales matriculados e informados debidamente. Ello carece de una razonable objetividad al momento de analizar la prueba que tampoco ha sido materia de controversia al trabar la litis. Es también carente de razonabilidad sostener que los análisis son contradictorios, ya que el que se realiza el trabajador por su cuenta lo es dos días posteriores al que realizó el laboratorio en primer término. Sin mayor esfuerzo se sabe que los valores en la orina y la sangre tanto de alcohol como estupefacientes u otras sustancias, varían a medida que transcurre el tiempo. Por ello entiendo que no son contradictorios, sino que con dos días de diferencia los análisis arrojaron diferentes resultados.
No puede dejar de señalarse que no se cuestiona el estudio que se realiza el trabajador en el Hospital, pero éste se lleva a cabo dos días después del otro análisis. El hecho atribuido es imputable al trabajador. Cabe revisar la proporcionalidad entre la falta y la sanción. El consumo de sustancias psicotrópicas y su afectación para el trabajo guarda una estricta relación con el tipo de labor que llevaba a cabo Gabriel Manrique, en el caso chofer de sustancias peligrosas. Entiendo que la circunstancia de presentarse a laborar bajo el efecto de haber consumido cocaína, constituye un caso de injuria grave y justifica el despido. No es necesario aguardar a que ocurra un accidente para entenderlo de tal modo, sino que el peligro potencial que importa conducir un camión de un porte importante con sustancias peligrosas bajo los efectos de las drogas importa un peligro suficiente ya que puede ocasionar un daño a la persona, a terceros y a los bienes de la empresa demandada.
Son muchos los efectos que produce el consumo de sustancias en el cuerpo, a modo de información basta remitirse a la página www.argentina.gob.ar/salud donde enumera las consecuencias que produce en la conducta de las personas el consumo de sustancias y lugares donde se puede recurrir en ayuda. en la misma página se encuentra publicado un estudio de SEDRONAR donde se indica puntualmente con relación al consumo de cocaína, que "En relación con los accidentes atribuidos al consumo de alcohol o drogas, la frecuencia de accidentes de tránsito fue seis veces mayor en los consumidores de último año de cocaína y los accidentes laborales fueron 17 veces más frecuentes en el grupo de consumidores." El trabajador conocía la normativa de trabajo, suscribió un compromiso con relación a la política del uso de drogas y alcohol en el ámbito laboral y claramente faltó a sus obligaciones.
Téngase presente que guardo silencio al correrse el traslado de dicha documentación, que se acompañó al contestar la demanda. Entiendo equivocado el razonamiento de la jueza de grado al entender que se encuentra dentro de la esfera de libertad del art. 19 de la Constitución Nacional, ya que Manrique no afectó sólo a su persona, sino que claramente pudo poner en riesgo a terceros y como se señaló, a los bienes de la empleadora; puesto que no se quedaba en su domicilio, sino que después de ello se presentaba a laborar. Era su obligación concurrir al trabajo en condiciones psicofísicas óptimas en proporción a la responsabilidad que tenía, y ello implica el no consumo de alcohol o drogas con anterioridad.
Resulta casi una obviedad recordar los efectos que produce el consumo de drogas en el cuerpo, en cuanto a la deficiencia de atención y dificultades de reacción entre otras. Las normas en materia de seguridad que se exigen a las empresas requieren que se prohíba al personal que consuma alcohol u otras sustancias; ya que ello hace a la responsabilidad que se les puede imputar. A mayor peligrosidad mayores deberes de seguridad. La actitud desplegada por Gabriel Manrique importó la transgresión de sus obligaciones contractuales principales, generando desconfianza en su empleador, y es un motivo suficiente para entender que ello imposibilita la continuidad de la relación laboral ( arts. 62 y 63 LCT).
En atención a las circunstancias que han sido valoradas hacen ceder, a mi criterio el principio de conservación del empleo (arts. 10, 242, 243 y ccs. LCT). En otro orden, no corresponde el tratamiento de la cuestión de salud que introduce el actor al contestar los agravios. Se entiende de tal modo ya que ello no fue invocado tempestivamente, tampoco reconoce el trabajador haber consumido sustancias, ni manifestó en ningún momento necesitar atención por problemas de consumo. Ello hubiera permitido a la empleadora adoptar otra postura para su tratamiento de rehabilitación en su caso. Estos argumentos se apartan del principio de congruencia que debe respetarse (art. 18 Constitución Nacional); ya que el actor parte de la postura que no existe causa suficiente de distracto. - Por la forma en que se analiza la causa de despido, entiendo que los agravios deben prosperar declarando justificado el despido del actor y declarando abstracto el tratamiento de los demás agravios por la forma en que se decide.
Las costas deberán ser soportadas en el orden causado en ambas instancias, teniendo en consideración que el actor pudo creerse con derecho a accionar como lo hizo, y podría haber requerido asistencia en cuanto a su bienestar de salud (art. 68 CPCC).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VII. Que coincido con el análisis realizado en forma precedente, en cuanto a que la causal de despido se encuentra debidamente justificada. -
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. En mérito a los fundamentos expuestos en mi voto, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir los agravios formulados por la parte demandada. 2º) Revocar la sentencia de primera instancia puntos 1,3 y 5, teniendo por justificada la causa de despido y desestimar la demanda en todas sus partes. 3º) Imponer las costas en ambas instancias en el orden causado (arts. 68 CPCC por remisión de la ley 1444). 4°) Tener presente la reserva del caso federal. 5º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado. 6º) Registrar, notificar y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 3 de julio de dos mil veinticuatro.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
2. Revocar la sentencia de primera instancia puntos 1,3 y 5, teniendo por justificada la causa de despido y desestimar la demanda en todas sus partes.
3. Imponer las costas en ambas instancias en el orden causado (arts. 68 CPCC por remisión de la ley 1444).-
5. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado.-
6. Registrar, notificar y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
El Dr. Mario A. Albarrán no suscribe la presente por no existir disidencia en los firmantes y constituir mayoría. - FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201025S.241 Tomo: C Sentencia: 3065 Folio Nº: 165/171 Secretaria: 1
Fin de la sentencia