Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2607/24/TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1465216-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1505956-2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2607/24/TSJ Interlocutorio N°: 3842 Actor: MANRIQUE GABRIEL SEBASTIAN Demandada: CALFRAC WELL SERVICES ARGENTINA S.A.
Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 14-11-2024 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3842 FOLIO Nº 7035/7038 PROT. ELECT. TSS1 056 I.241
Río Gallegos, 14 de noviembre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “MANRIQUE GABRIEL SEBASTIAN c/ CALFRAC WELL SERVICES ARGENTINA S.A. s/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº M-20.516/22 (M-2607/24-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Eugenio Gómez Carrasco (cfr. PE1465216- 2024), contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada y, en consecuencia, revocó la sentencia de Primera Instancia en sus puntos 1°, 3° y 5° teniendo por justificada la causa del distracto invocada por la empleadora; desestimando la demanda articulada e imponiendo las costas en ambas instancias en el orden causado (cfr. PE1445345-2024).- A su turno, el Juzgado de origen había hecho lugar parcialmente a la demanda promovida en los términos de los artículos 232 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), integración mes de despido, SAC sobre integración mes de despido, artículo 2 de la Ley N° 25.323, indemnización agravada prevista por el Decreto N° 886/21 y prestación por desempleo; rechazando la acción con relación al rubro SAC sobre preaviso y últimos siete (7) días trabajados, con costas a la demandada (cfr. PE1292261-2024,).-
II. La parte actora interpone recurso de casación acusando quebrantamiento de forma y violación o errónea aplicación de la ley, en los términos de los artículos 2° y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, también denuncia arbitrariedad (cfr. PE1465216-2024, pág. 1).-
Afirma el casacionista que la Cámara ha emitido una sentencia desprovista de fundamentos jurídicos serios, incurriendo en un silogismo absurdo, al sostener sin ningún rigor científico que el examen toxicológico que se le realizó en el nosocomio de la ciudad de Las Heras arrojó resultado negativo porque éste se llevó a cabo dos días después de otro análisis y que, la circunstancia de presentarse a laborar bajo los efectos de haber consumido cocaína, constituye un caso de injuria grave y justifica el despido, todo ello pese a que, en los hechos, se encontraba gozando de su descanso por franco compensatorio al momento que se sometió al examen toxicológico, por lo que no se habría podido configurar ninguna injuria respecto a sus deberes y obligaciones laborales. Por lo expuesto, considera el actor que la falta de subsunción correcta de los hechos y del derecho aplicable, sobre la base de una interpretación incongruente con la sana crítica, autorizan a tachar de arbitrario y absurdo el decisorio atacado (cfr. PE cit., págs. 3/4).- En lo tocante a la violación o errónea aplicación de ley, dice el recurrente que la falta de valoración por parte de la Cámara de los elementos probatorios incorporados en autos, sumado a la desvirtuación de los hechos, mediante el empleo de un razonamiento incongruente para arribar a la figura de la injuria laboral grave como elemento justificante del despido del actor, haciendo uso de una interpretación reñida con la sana crítica, en clara violación a los derechos protectorios de toda relación de empleo, darían cuenta de un fallo desprovisto del plexo normativo de insoslayable aplicación y, por ende, susceptible de revisión en esta instancia excepcional. Agrega que el pronunciamiento recurrido, al sostener enfáticamente que la conducta del actor constituye un caso de injuria grave y justifica el despido, deja traslucir un apartamiento inequívoco del marco jurídico que razonablemente debió operar en la solución de la causa, apreciándose así, según indica, una aplicación indebida de las normas y, por consiguiente, el Tribunal de Alzada habría realizado una incorrecta subsunción de los hechos en la normativa aplicable (cfr. PE cit., págs. 4/5).-
Agrega que al exceder razonablemente el fallo atacado el derecho aplicable, mediante una fundamentación aparente que se aparta del plexo normativo que debió operar en resguardo de las garantías constitucionales del trabajador, estaríamos frente a una sentencia que ha violado no sólo la ley adjetiva, en quebrantamiento de las formas, sino también la ley de fondo y, por consiguiente, resultaría descalificable como acto judicial (cfr. PE cit., págs. 5/6).-
Continúa su embate expresando que el decisorio impugnado se encontraría atiborrado de conclusiones absurdas y desprovisto de un marco jurídico con un adecuado fundamento legal, en desmedro de los intereses del trabajador, al considerar que la conducta desplegada por aquél ha comportado en los hechos una injuria laboral grave, que le ha permitido válidamente a la empleadora demandada extinguir la relación de empleo con justa causa. Asimismo, refuta, desde su particular parecer, las cuestiones fácticas sobre las que se asienta la sentencia de Cámara precisando que esta incurrió en un absurdo manifiesto, ya que la falta imputable al trabajador debe ser lo suficientemente grave como para constituir una injuria que impida la continuación de la relación de empleo (cfr. PE cit., págs. 6/7).-
En cuanto a los hechos sobre los que se afinca la causal de despido invocada, es decir la pérdida de confianza, señala que la accionada se limitó en realizar aseveraciones que no han sido objeto de comprobación en autos. Agrega que, a partir del examen médico extendido por el Hospital Distrital de Las Heras, se puede advertir que en ningún momento afectó la operatoria diaria de la patronal y que, al momento de reincorporarse a sus tareas, se encontraba en condiciones de asumir sus obligaciones laborales con absoluta normalidad y, en consecuencia, la pérdida de confianza alegada carece de un andamiaje objetivo porque no se configuraron las condiciones que la tornan operativa como causal de despido (cfr. PE cit., pág. 8).-
Refiere que el hecho enrostrado al trabajador no constituye un incumplimiento grosero a los deberes de la prestación laboral y que, en definitiva, la demandada no logra justificar el desplazamiento del principio de conservación previsto por el artículo 10 de la LCT. Asimismo, explica que no ha quedado demostrada una conducta dolosa de su parte, resultando carga de la empleadora probar los extremos fácticos en fundamento de la rescisión laboral (cfr. PE cit., pág. 9).-
Concluye manifestando que la sentencia dictada por la Cámara omite realizar una valoración prudencial acerca de la configuración de la injuria laboral que le fue imputada, tal como expresamente lo exige el artículo 242 de la LCT y los principios protectorios que rigen la materia, lo que tiñe de arbitrariedad el pronunciamiento en crisis, ya que las razones en las que se fundó el despido resultan insuficientes para tener por configurada la injuria laboral invocada por la accionada (cfr. PE cit., pág. 10).- La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto en PE1505956-2024.- Pasan los presentes al Acuerdo en PE933145-2024.-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670, entre muchos otros).-
En dicho sentido, se verifica que los planteos del recurrente remiten, ineludiblemente, al examen de típicas cuestiones de hecho y prueba (vgr. valoración de las pruebas y contrapruebas toxicológicas efectuadas al actor, ponderación de los hechos que fundan la injuria grave alegada por la demandada para extinguir el vínculo laboral, antecedentes disciplinarios del trabajador, etc.) que resultan, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en la especie.-
Al respecto, ha dicho este Alto Cuerpo que: “La impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas y de contenido procesal -se pretende aquí la revisión de los hechos y las pruebas de la causa- todo lo cual resulta extraño al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial. Nutrida jurisprudencia sobre el particular, abona este criterio: ‘...en la justificación de un despido, la determinación de la existencia o no de injuria laboral es, en principio, una cuestión de hecho y valoración de la prueba que compete a los jueces de grado y, por lo tanto, ajena a la instancia casatoria, y se convierte en materia del recurso extraordinario local en aquellos casos en que se invoque y demuestre perspícuamente absurdo o arbitrariedad...’ (cfr. STJ, Santiago del Estero, ‘Santillán Ramón Horacio y Otros c/ Panificadora García y/u Otros’, del 19/10/2009, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/56855/2009) En idéntico sentido: sum. TSJ, Córdoba, sala laboral, ‘Varela Carlos Armando c/ Lotería De La Provincia De Córdoba S.E.’, del 09/06/2010, www.infomaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/37178/2010. Asimismo, que: ‘Evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria legitimante del despido remite a típicas cuestiones de hecho inabordables en casación, salvo absurdo.’ (cfr. SCBA, sum. ‘Pucheta Luis B. c/ Royal Group Technologies del Sur S.A. y otros s/ Despido’, causa L89160 S, del 08/07/2008).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3810, Folio 6931/6935).-
A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva obrante en PE1465216-2024 no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. Ahora bien, por una cuestión de método se tratará en primer término el recurso desde el prisma del artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, ya que de existir algún supuesto de quebrantamiento de forma, resultaría innecesario analizar el resto de los agravios planteados.-
En cuanto al absurdo en la valoración de la prueba conforme aduce el recurrente, debemos precisar que este se produce cuando se materializa: “...‘…un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…’ (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; ídem, Tomo VII, Sentencia, Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984, entre otros).-
En ese orden de ideas, este Alto Cuerpo ha considerado que: “…‘…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…’ (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788)…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003).-
Así, la valoración del material probatorio y el mérito que, de las pruebas adunadas a la causa, hizo la Cámara constituye una materia privativa de los jueces de grado que no pueden ser revisadas en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante que no alcanza a demostrar la consumación de algún vicio. En efecto, el recurrente acusa el presunto absurdo en base a su particular valoración de los elementos de prueba agregados a la causa, empero no logra demostrar, nítidamente, un manifiesto desvío lógico por parte de la Alzada al momento de ponderar las piezas probatorias sobre las que se apontoca la sentencia atacada.-
Al respecto, ha señalado este Tribunal Superior de Justicia que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3034, Folio 4906/4909, entre muchos otros).-
Las consideraciones hasta aquí desarrolladas, sellan desfavorablemente el planteo introducido en torno a la admisibilidad del recurso fundado en quebrantamiento de forma.-
V. Igual suerte adversa sigue el embate relacionado con la arbitrariedad denunciada, ya que tampoco se observa, en el pronunciamiento impugnado, ninguno de los presupuestos que la configuran y el casacionista no logra poner de manifiesto que la sentencia recurrida se aparte en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezca de una carencia absoluta de fundamentación, así como también que se funde en afirmaciones meramente dogmáticas u omita pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Germán J. Bidart Campos: “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino Nueva Edición Ampliada y Actualizada”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441).-
En sintonía con lo expuesto, con cita del Máximo Tribunal Nacional, ha dicho este Alto Cuerpo que: “…‘…el apelante no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia ya que sólo se desprende del recurso una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación asignada a normas de derecho común y procesal…’ (Fallos 325:2192. Dictamen del Procurador General que la Corte comparte y al que remite).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3810, Folio 6931/6935).-
Y también que: “...‘…‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’…’ (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458 y VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).” (cfr. Interlocutorio cit.).-
VI. En lo tocante a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada, debemos recordar que resulta imperativo que la parte recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/5823, entre otros), lo que no ha acontecido en el caso bajo estudio.-
Así, bajo el manto de una presunta violación o errónea aplicación de los artículos 10 y 242 de la LCT el casacionista pretende que este Alto Cuerpo ingrese al tratamiento de cuestiones de neto corte fáctico y probatorio, en principio, vedadas en esta instancia extraordinaria, ya que, como explicáramos más arriba, no concurre en la especie un supuesto de arbitrariedad o absurda valoración de la prueba.-
Desde esa misma óptica, este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “...ha omitido, la recurrente, efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. En efecto, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias; de modo que los agravios del casacionista pretenden lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta ajeno -como ya hemos dicho- a esta instancia.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3079, Folio 5013/5016, entre otros).-
VII. En cuanto a la alegada violación de preceptos que emanan de la Constitución Nacional, concretamente los artículos 14 bis, 18, 31 y 33 entre otros, como reiteradamente ha sostenido este Tribunal Superior de Justicia, no basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar un planteo en tal sentido que: “…la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
VIII. Que, en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE1465216-2024, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1505956-2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1465216-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1505956-2024.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.- Protocolización: TSS1056I.241 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3842 Folio N°: 7035/7038 Secretaría: 1
Fin de la sentencia